DIRECTIVA PRESIDENCIAL 11 DE 1998 

(Abril 14)

I. Introducción. La Constitución Política de Colombia establece que el Presidente de la República, como jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa, tiene la función, entre otras, de conservar el orden público en todo el territorio nacional y restablecerlo en donde fuere turbado.

Para el cumplimiento de esta función, puede apoyarse en los mecanismos administrativos que la ley le otorga, así como en las autoridades territoriales, que para tales efectos, son agentes del Presidente, de conformidad con los artículos 303 y 315 de la Constitución Política.

La Ley 65 de 1993 contempla una serie de disposiciones en las cuales los entes territoriales cumplen una función importante y decidida en el mantenimiento de las condiciones de prevención del delito, policivas, de gestión penitenciaria y carcelaria, que en últimas, se reflejan en el mantenimiento del orden público territorial y nacional.

El hacinamiento carcelario requiere que se intensifiquen los esfuerzos de prevención del delito, y se amplíen la infraestructura y las políticas de atención y asistencia social, labor en la cual resulta necesario reorientar y reforzar los programas de atención y trato a las personas privadas de su libertad, contando con la participación de los entes territoriales y nacionales.

La Ley 65 de 1993, en su artículo 17, establece a cargo de los departamentos, municipios, áreas metropolitanas y del Distrito Capital de Santafé de Bogotá, la creación, fusión o supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente, y para aquéllas condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad.

Con este propósito, la misma disposición contempla la obligación de que en los presupuestos municipales y departamentales se incluyan las partidas necesarias para los gastos de sus cárceles, tales como pago de empleados, raciones de presos, vigilancia de los mismos, gastos de remisiones y viáticos, materiales y suministros, compra de equipos y demás servicios, debiendo los gobernadores y alcaldes abstenerse de aprobar o sancionar, según el caso, los presupuestos departamentales y municipales que no cumplan con este requisito.

II. Directiva del Gobierno Nacional para el cumplimiento de las funciones a cargo del nivel territorial en asuntos penitenciarios y carcelarios. Para cumplir las obligaciones previstas en la Ley 65 de 1993, de conformidad con las competencias en asuntos penitenciarios y carcelarios en los niveles territoriales, y en el entendido de que estas medidas aseguran la conservación del orden público tanto a nivel regional como nacional, el Presidente de la República recuerda a sus agentes que deberán:

a) Crear establecimentos de reclusión a cargo de los departamentos, municipios, áreas metropolitanas y Distrito Capital de Santafé de Bogotá.

De conformidad con el artículo 17 de la Ley 65 de 1993, las entidades territoriales mencionadas tienen a su cargo la responsabilidad de la creación, fusión o supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para personas detenidas preventivamente, y de aquellas condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad;

b) Incluir en los presupuestos partidas necesarias para los gastos de sus cárceles.

Para dar aplicación a este imperativo, los jefes de la respectiva administración territorial están en la obligación de incluir en el proyecto de presupuesto que presenten a consideración de la corporación administrativa correspondiente, las partidas necesarias para atender los gastos de sus establecimientos de reclusión, tales como pago de empleados, raciones de presos, vigilancia de los mismos, gastos de remisiones y viáticos, materiales y suministros, compra de equipos y demás servicios.

El gobernador o alcalde que encuentre que el presupuesto de la actual vigencia no contemple esta partida, deberá, previos los trámites establecidos, presentar a consideración de la respectiva corporación administrativa el proyecto de adición presupuestal, con el fin de subsanar el incumplimiento legal;

c) Abstenerse de sancionar o aprobar los presupuestos que no incluyan estas partidas.

Como control adicional que garantice la destinación de rubros para atender las necesidades inherentes a sus cárceles, el jefe de la respectiva administración territorial tiene la obligación de improbar o no sancionar el presupuesto que no cumpla con los anteriores requisitos, en cumplimiento de la responsabilidad que tiene el representante legal del ente administrativa de observar los imperativos de la Ley 65 de 1993;

d) Promover la integración territorial.

Atendiendo a la obligación de todos los entes territoriales de contar con centros de reclusión, y en el evento de que la densidad poblacional y el índice y frecuencia en la comisión de delitos de la municipalidad no ameriten la creación de una cárcel exclusiva para éste, los alcaldes, en su condición de primera autoridad policiva y administrativo, y en desarrollo del artículo 18 de la Ley 65 de 1993, deberán estudiar la viabilidad y factibilidad de celebrar convenios con municipios circunvecinos, para la creación, organización, administración y sostenimiento conjunto de establecimientos de reclusión, atendiendo los principios de inmediación judicial y acercamiento familiar, y

e) Celebrar convenios con entidades del orden nacional.

Las autoridades territoriales podrán contratar provisionalmente con el Inpec, mediante la suscripción de convenios, el recibo de sus presos, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 65 de 1993.

Igualmente, en las mismas condiciones, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, deberá estudiar la viabilidad de contratar con los municipios, distritos, áreas metropolitanas y departamentos, según el caso, la recepción de presos del orden nacional en los centros carcelarios territoriales.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, dentro del mes siguiente a la expedición de la presente directiva, deberá presentar a este despacho presidencial y al despacho del Ministro de Justicia y del Derecho, un informe detallado sobre la existencia y cumplimiento de los convenios celebrados. De igual manera, deberá presentar un censo de aquellos municipios que cuentan con un elevado número de personas recluidas y que carecen de cárceles municipales o cupos suficientes en las mismas.

____________________________________