DIRECTIVA PRESIDENCIAL 12 DE 1997 

(Julio 24)

Con el propósito de garantizar que la ejecución y desarrollo de las decisiones adoptadas en los decretos expedidos por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 344 de 1996 se adelante, no sólo en los términos establecidos, sino también con la necesaria coherencia y unidad de criterio, he decidido asignar al Departamento Administrativo de la Función Pública la coordinación, orientación técnica y seguimiento de este proceso.

Por lo tanto, les ruego observar las instrucciones que se exponen a continuación.

1. Las entidades a que se refiere la presente directiva presentarán al Departamento Administrativo de la Función Pública, los proyectos de: estructura interna, planta de personal, programa de supresión de empleos y régimen de transición, así como el proyecto de decreto reglamentado para llevar a cabo la liquidación de aquellas entidades suprimidas, de conformidad con lo dispuesto en los respectivos decretos de fusión o supresión de entidades, órganos o dependencias y en la presente directiva presidencial.

Los proyectos citados deberán ser presentados por el ministro, director o gerente con la anticipación necesaria para dar cumplimento a los términos de los decretos.

Una vez presentados los correspondientes proyectos, el Departamento Administrativo de la Función Pública coordinará, con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, su estudio y evaluación con el propósito de facilitar a las entidades el cumplimiento de los trámites que, conforme a las disposiciones vigentes, se deben surtir para su aprobación.

2. Aunque las disposiciones vigentes establecen las condiciones y procedimiento para la liquidación y pago de las indemnizaciones a que tiene derecho los servidores públicos a quienes se suprima el cargo que ocupan, el Departamento Administrativo de la Función Pública preparará y distribuirá un instructivo al respecto garantizando la aplicación e interpretación uniforme, tanto de las normas aplicables, como de la jurisprudencia existente sobre la materia.

3. El proyecto del programa de supresión de empleos que deben presentar al Departamento Administrativo de la Función Pública las entidades en las cuales se presente esta situación, contemplará los siguientes aspectos:

a) Fechas previstas para la supresión de empleos;

b) Cargos a suprimir en cada una de tales fechas, y

c) Valor de las indemnizaciones a pagar.

Deben tenerse en cuenta las disposiciones sobre adaptación laboral, servicio que servirá de apoyo a los servidores públicos a quienes se les suprima el empleo, cuyo objeto es procurar mayores posibilidades de acceso al mercado laboral o de emprender por cuenta propia actividades lucrativas. Les ruego por tanto promover su desarrollo al interior de las entidades a su cargo.

4. Las entidades remitirán al Departamento Administrativo de la Función Pública los proyectos de planta de personal, de conformidad con las disposiciones vigentes e informarán la reducción y racionalización del gasto público que conllevan.

5. Es necesario dar estricto cumplimiento a las disposiciones sobre supresión de cargos, derecho de preferencia e indemnizaciones a que tienen derecho los empleados públicos de carrera administrativa, así como a los contratos de trabajo, reglamento interno, convención colectiva, pactos colectivos, laudos arbitrales y normas generales aplicables a los trabajadores oficiales.

6. Las entidades cuya supresión se ha ordenado deberán elaborar el proyecto de decreto que contenga la reglamentación de liquidación, con base en el formato que les remitirá la misión de reforma y racionalización de la administración pública - Departamento Administrativo de la Función Pública.

Así mismo, el ministerio al cual se encuentren adscritas o vinculadas las entidades suprimidas deberán tramitar la designación del liquidador.

7. Las entidades fusionadas en virtud de los decretos leyes, deberán elaborar e implementar un régimen de transición, con el objeto de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios a cargo de cada entidad, evitando así la suspensión o el traumatismo de los mismos en perjuicio de los usuarios.

En el caso de las entidades con dependencias que se fusionan o suprimen, el régimen de transición formará, parte integrante del proyecto de reestructuración interna que presente la respectiva entidad.

8. La defensa jurídica de los decretos expedidos en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el artículo 30 de la Ley 344 de 1996 que sean demandados por razones de inconstitucionalidad será coordinada por la misión de reforma y racionalización de la administración pública - Departamento Administrativo de la Función Pública y la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.

Por tanto, solicito a las entidades que conozcan o sean notificadas de demandas contra los decretos, informar inmediatamente a la misión de reforma y racionalización de la administración pública del Departamento Administrativo de la Función Pública y prestarle toda la colaboración necesaria para garantizar el uso oportuno y eficaz de los medios de defensa correspondientes.

N. del D.: Esta directiva va dirigida a los ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, presidentes, directores o gerentes de unidades administrativas especiales, establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado, cuyas entidades a cargo fueron objeto del ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el artículo 30 de la Ley 344 de 1996.

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