DIRECTIVA PRESIDENCIAL 14 DE 1998 

(Mayo 19)

Asunto: Jornada electoral del 31 de mayo de 1998.

Como es de su conocimiento, el próximo 31 de mayo se realizarán las elecciones para elegir Presidente y Vicepresidente de la República, razón por la cual en atención al deber constitucional que tienen las autoridades de la República de brindar protección a los ciudadanos y a sus derechos, y en especial al derecho a elegir y ser elegido, me permito solicitarles se sirvan atender las siguientes instrucciones:

1. Para garantizar el normal desarrollo del certamen electoral, se expidió el Decreto 821 de 1998, por el cual se establece que los programas, mensajes, entrevistas o ruedas de prensa que se transmitan con candidatos y dirigentes políticos, así como la propaganda electoral, debe efectuarse dentro de los parámetros del respeto a la honra, al buen nombre y a la intimidad de los demás aspirantes y de las personas en general. En consecuencia, los concesionarios de los servicios de radiodifusión sonora, de espacios de televisión o del servicio de televisión por suscripción y los contratistas de los canales regionales serán responsables de las informaciones que transmitan durante el período de elecciones y deberán garantizar el pluralismo, la imparcialidad y el equilibrio informativo.

Para el día de elecciones, y de conformidad con las leyes 130 y 163 de 1994, se prohíbe toda clase de propaganda, manifestaciones, comunicados y entrevistas con fines político-electorates a través de radio, prensa y televisión, así cómo toda clase de propaganda móvil, estática, o sonora, camisetas, sombreros, cualquier otra prenda de vestir, banderas, globos aerostáticos, casetas, afiches, vallas, volantes, gacetas o documentos similares que inviten a votar por determinado candidato o simplemente le hagan propaganda a este respecto, las autoridades competentes deberán retirar todos los elementos por medio de los cuales se haga propaganda político-electoral.

Desde el viernes veintinueve (29) hasta el lunes primero (1º) de junio de 1998, los medios de comunicación darán prelación a los mensajes emitidos por las autoridades electorales.

Con el fin de asegurar el cumplimiento de lo establecido en materia de información durante el período de elecciones, las estaciones de radiodifusión deberán mantener a disposición de las autoridades, por lo menos durante treinta (30) días, la grabación completa de todos los programas que se transmitan desde el lunes veinticinco (25) de mayo hasta el lunes primero (1º) de junio del presente año. Así mismo, las autoridades públicas a quienes corresponde la inspección y vigilancia sobre la radio, la televisión y otros medios audiovisuales y de comunicaciones, vigilarán el cumplimiento de lo dispuesto en materia de comunicaciones por el Decreto 821 de 1998.

Sobre la realización de encuestas el día de las elecciones, los medios de comunicación no podrán divulgar proyecciones con fundamento en los dates recibidos, ni difundir resultados de encuestas sobre la manera en que los electores ejercieron el derecho al voto o sobre la manera como piensan ejercerlo.

2. En materia de información de resultados electorales, el día de las elecciones, mientras tiene lugar el acto electoral, los medios de comunicación, sólo podrán suministrar información sobre el número de personas que emitieron su voto, señalando la identificación de la correspondiente mesa. Igualmente, con posterioridad al cierre de votación, darán a conocer únicamente los resultados electorales provenientes de las autoridades electorales de las mesas de votación, de las registradurías municipales, auxiliares, especiales, distritales, y zonales de las delegaciones departamentales de la registraduría y de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

3. En desarrollo del decreto citado, se reitera el control previo que tienen los alcaldes en materia de manifestaciones y actos públicos de carácter político que se pretendan realizar en espacios abiertos. Se debe dar aviso a las respectivas autoridades con anterioridad a su realización para que tomen las determinaciones del caso.

Por otra parte, se impone una restricción desde el lunes veinticinco (25) de mayo hasta el lunes primero (1º) de junio de 1998, término durante el cual sólo se podrán realizar reuniones de carácter político en recintos cerrados. En caso de que se dé aviso de la intención de realizar reuniones en espacios abiertos durante estas fechas, el alcalde dispondrá su aplazamiento.

4. Sobre propaganda en espacios públicos, se establece que corresponde a los alcaldes, conjuntamente con los registradores municipales, atendiendo la reglamentación expedida por el Consejo Nacional Electoral, regular la forma, lugares y condiciones para fijar carteles, pasacalles, afiches y vallas, garantizando el acceso equitativo a todos los partidos, movimientos, agrupaciones y candidatos, pudiendo prever limitaciones en caso de ser necesario, en cuanto al número de éstos a utilizar.

En estos términos, no se permitirá realizar propaganda político-electoral en sitios públicos no autorizados y en caso de que ello ocurra, el alcalde podrá exigir el restablecimiento del espacio público al estado en que se encontraba. La utilización de espacios privados para colocar propaganda político-electoral, debe contar con la autorización del dueño de dicho espacio.

5. En cuanto a la información sobre la situación del orden público, los medios de comunicación sólo podrán transmitir aquella información que sea confirmada por fuentes oficiales.

Para proteger el normal desarrollo de la jornada electoral y evitar alteraciones en el orden público, se prohíbe en todo el territorio nacional la venta y consumo de bebidas alcohólicas desde las seis (6) de la tarde del viernes veintinueve (29) de mayo hasta las seis (6) de la mañana del lunes primero (1º) de junio de 1998. El plazo definido para la restricción a la venta y consumo de bebidas embriagantes podrá ser ampliado por el gobernador respectivo, de conformidad con lo decidido en el consejo departamental de seguridad.

Se restringe igualmente el porte de armas desde el viernes veintinueve (29) hasta el lunes primero (1º) de junio de 1998, plazo que también puede ser ampliado por el gobernador según lo determine el consejo regional de seguridad.

Los gobernadores y alcaldes podrán, según lo decida el consejo regional de seguridad respectivo y con el objeto de conservar el orden público, decretar el toque de queda, así como restringir el transporte fluvial y el tránsito de vehículos automotores incluyendo el de motocicletas y de éstas con acompañante, desde las seis (6) de la tarde hasta las seis (6) de la mañana, durante el término que consideren conveniente.

6. En materia de transporte, se obliga a las empresas transportadoras a prestar el servicio el día de elecciones al menos con el setenta por ciento (70%) de su parque automotor durante las horas de votación.

En desarrollo de esta prescripción, los gobernadores, alcaldes distritales y municipales y las autoridades de tránsito adoptarán las medidas necesarias para establecer rutas intermunicipales, urbanas o veredales que garanticen la movilización y traslado de los ciudadanos a los centros de votación y posteriormente de regreso a sus sitios de origen. Dichas rutas serán dadas a conocer a la ciudadanía por las autoridades, con la debida antelación. Para tal efecto, el Ministerio de Transporte permitirá los cambios de ruta que sean necesarios.

En cuanto a las sanciones a las empresas de transporte que incumplan las previsiones sobre traslado de los ciudadanos, se establece que se aplicarán las normas que rigen la materia y en especial lo establecido en el artículo 48 de la Ley 336 de 1996.

Los vehículos que presten el servicio de transporte terrestre, bien sean éstos de servicio público o particular, están protegidos por una póliza que ampara tanto los daños parciales como la pérdida total que sean causados por actos de grupos subversivos o terroristas. Dicha póliza ampara de igual manera a los conductores y ocupantes de los referidos vehículos, y su cubrimiento se ampliará durante los días 30 y 31 de mayo, a los vehículos que se encuentren en parqueaderos y terminales de transporte terrestre, salvo que estén inhabilitados para operar por carecer de la autorización de la autoridad competente, no estén los parqueaderos debidamente vigilados o los vehículos estén amparados por este mismo riesgo con pólizas expedidas por otras compañías de seguro privadas. Las pólizas contratadas también cubrirán las embarcaciones de transporte fluvial que presten su servicio durante la jornada electoral.

7. Por último, el Gobierno Nacional, ha designado para cada uno de los departamentos y para el Distrito Capital, un funcionario del nivel nacional, quien el día de las elecciones deberá realizar el seguimiento del proceso electoral.

N del D.: Esta directiva presidencia va dirigida a los gobernadores y alcaldes.

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