DIRECTIVA PRESIDENCIAL 15 DE 1997 

(Septiembre 3)

Con el propósito de hacer efectivas las sanciones legales contra los servidores públicos corruptos y lograr que éstas se constituyan en ejemplo para los que actúen fuera del marco de la ley, considero conveniente enfatizar sobre la existencia de varias normas de obligatoria aplicación.

Lo primero que hay que tener presente es que en la legislación colombiana, quien cometa un delito o, por su culpa, produzca un daño a otro, está obligado a indemnizarlo, sin perjuicio de la sanción penal que la ley imponga por esa culpa o delito.

En el caso de las personas jurídicas públicas no cabe la posibilidad de la responsabilidad penal ya que ésta únicamente es aplicable a las personas naturales. En consecuencia, si un funcionario actúa ilícitamente, la posible responsabilidad penal recae sobre él y no sobre aquella persona jurídica pública, en cuya representación actúa.

La Constitución de 1991 consagra expresamente la acción de repetición en el inciso 2º del artículo 90. Esta consiste en que en el evento de ser condenado un ente del Estado, por el juez contencioso administrativo, a la reparación patrimonial de un daño causado por la acción o la omisión de alguno de sus agentes, por conducta dolosa o gravemente culposa, la entidad tiene la obligación de repetir contra este funcionario.

Siempre que se den los siguientes requisitos será obligatoria la postulación de la acción.

a) Que el comportamiento del agente esté revestido de culpa grave o dolo;

b) Que se haya obrado en su calidad de servidor público, y

c) Que la actuación sea el origen de una condena

que obligue al Estado a la reparación patrimonial.

En conclusión, la acción de reparación directa, que

persigue el reembolso de lo pagado por el Estado como consecuencia de un reconocimiento indemnizatorio

previamente decretado por el juez competente, genera la obligación, para la persona jurídica pública afectada, de interponer acción de reparación directa contra el funcionario, siempre que se reúnan las tres características.

Este artículo de la Constitución ha sido desarrollado por la Ley 80 de 1993 —Estatuto de Contratación Estatal y la Ley 270 de 1996 ––Estatutaria de la Administración de Justicia—.

A su vez, el Código Contencioso Administrativo permite la cabal aplicación de la citada acción.

Además del artículo 90, el 124 de la Constitución Política establece que la ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva.

Como desarrollo de este precepto y en aras de ampliar la responsabilidad penal de los servidores públicos, el Estatuto Anticorrupción (L.190/95), en su segundo acápite, introduce algunas modificaciones al régimen penal, ampliando las conductas típicas, estableciendo nuevos tipos y modificando las sanciones para los delitos contra la administración pública.

Para el tema de la sanción a servidores públicos corruptos, resulta de trascendencia el artículo 36 de la ley que establece para todo proceso por delito contra la administración pública la obligación, a cargo de la persona jurídica de derecho público perjudicada, de constituirse en parte civil. El incumplimiento de esta norma acarreará causal de mala conducta para el funcionario que la incumpla.

En la práctica, la importancia de esta norma radica en que además de las sanciones penales, el servidor público tendrá una sanción de tipo económico y que será resarcitoria de los perjuicios causados.

La Ley 333 de 1996 concede al Estado la atribución de extinguir el dominio de todos los bienes relacionados con actos punibles atribuibles tanto a particulares como a servidores públicos, con lo cual se logra una modalidad de resarcimiento del daño causado al revertir a favor del Estado el derecho de dominio inicialmente radicado en cabeza de la persona particular.

Quiero insistir en la importancia de aplicar estas normas, toda vez que son mecanismos efectivos para sancionar a los funcionarios que obren por fuera de la ley.

N. del D. Esta directiva va dirigida a los Ministros del despacho, directores de departamento administrativos,

superintendentes, gerentes, directores y/o presidentes de entidades descentralizadas del orden nacional.

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