DIRECTIVA PRESIDENCIAL 15 DE 1998 

(Junio 18)

Asunto. Autorización a las entidades públicas para efectuar depósitos en cooperativas de ahorro y crédito y en cooperativas multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito.

Los acontecimientos que se han venido presentando en el sector cooperativo, han determinado que el Gobierno Nacional, en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución Política y la ley, haya expedido varias medidas en materia de actividad financiera cooperativa, a saber:

El Decreto 1688 de 1997, el cual se expidió con base en el artículo 30 de la Ley 344 de 1996, en su artículo 17, parágrafo 2º, determinó que a partir del 27 de junio de 1998, el control y vigilancia de las cooperativas que adelantan en forma especializada la actividad financiera estaría a cargo de la Superintendencia Bancaria. Actualmente su control y vigilancia lo ejerce el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas.

De manera concordante y con el propósito de que el desarrollo de las actividades financieras que realizan las cooperativas se efectúe en condiciones similares a las que rigen en el sector financiero no solidario, se dispuso el cumplimiento por parte de tales entidades de disposiciones especiales en materia de patrimonio adecuado, de acuerdo con los principios señalados por el Comité de Basilea para supervisores bancarios, adoptando al efecto como reglas: la fijación de niveles adecuados que protegieran la confianza del público y aseguraran su competitividad, el establecimiento de límites a los cupos individuales de crédito para evitar una excesiva concentración de riesgos, se determinaron las sanciones personales e institucionales derivadas del incumplimiento a las reglas establecidas por el Decreto 1840 de 1997.

De otra parte, el Decreto 2188 de 1997 estableció las reglas bajo las cuales las entidades del orden nacional pueden invertir en cooperativas que adelantan actividad financiera, señalando para este efecto que deberá mediar certificación del revisor fiscal de la cooperativa en la cual conste que la entidad viene cumpliendo con las disposiciones del Decreto 1840 de 1997, esto es, como ya se señaló, las reglas sobre patrimonio adecuado, margen de solvencia y límites de cupo individual de crédito, aspectos que se consideran indispensables para salvaguardar la confianza del público en el sector financiero.

Por último, el Decreto 619 de 1998 dispone que la Superintendencia Bancaria deberá asumir a más tardar el 1º de enero de 1999 la vigilancia sobre las cooperativas multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito y cooperativas de ahorro y crédito que reúnan las condiciones que allí se describen.

Ahora bien, se hace necesario precisar el alcance de las disposiciones dictadas, con el objeto de dar claridad en relación con los objetivos buscados por el gobierno con su expedición, los cuales no eran otros que fortalecer el marco de regulación y supervisión sobre el sector financiero cooperativo, el cual, debido al importante crecimiento que venía presentando, requería de una vigilancia y supervisión más especializada.

Debe precisarse que las disposiciones dictadas para regular las condiciones de la inversión de los recursos de las entidades públicas, no tenían otro propósito que el de promover entre los administradores de las entidades públicas la debida diligencia y cuidado al momento de tomar las decisiones de inversión sobre las entidades financieras a las cuales se confiarían los recursos de la Nación.

Por lo anterior, se estima que si se da debido cumplimiento a las disposiciones señaladas, no existen obstáculos financieros o jurídicos que impidan la inversión de los recursos de las entidades públicas en cooperativas dedicadas a adelantar actividades financieras, siempre y cuando los funcionarios responsables de la adopción de estas decisiones verifiquen debidamente la situación financiera de la entidad receptora de los recursos, deber que por demás, debe cumplirse respecto de toda entidad en la cual se pretenda realizar un depósito o efectuar una inversión.

Finalmente, algunas cooperativas que desarrollan actividades financieras han sido objeto de medidas por parte del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, Dancoop, en cumplimiento de las funciones que en tal sentido le asignan las leyes 24 de 1981 y 79 de 1988. Ello no significa que en desarrollo de la autorización impartida por el Decreto 2188 de 1997, las entidades del orden nacional no puedan realizar operaciones con aquellas cooperativas que reúnan las debidas condiciones de solvencia y liquidez, para garantizar la adecuada inversión de los recursos de la Nación, por cuanto la mayoría de los entes cooperativos desarrollan su actividad de manera transparente prestando un servicio importante a la economía solidaria.

N del D.: Esta directiva presidencial va dirigida a ministros del despacho, directores de departamento administrativo, superintendentes, presidentes, directores o gerentes de unidades administrativas especiales, establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta, y demás entidades del Estado.

________________________________