DIRECTIVA PRESIDENCIAL 17 DE 1998 

(Junio 24)

Asunto: Cumplimiento Decreto 1365 de 1992 y artículo 170 de la Ley 65 de 1993.

El Decreto 1365 de 1992, creó una comisión de vigilancia y seguimiento del régimen penitenciario, con funciones de supervisión a los niveles de seguridad de los centros penitenciarios, evaluación de la organización y de los funcionarios del sistema carcelario vigente, proposición de las modificaciones y recomendaciones necesarias al Gobierno Nacional, para la adopción de directrices que aseguren los fines del sistema penitenciario, y vigilancia de la efectividad de los derechos humanos de los internos, de acuerdo a su situación jurídica, entre otras.

Dicha norma en su artículo 5º ordena constituir comisiones de inspección y seguimiento del régimen penitenciario en cada departamento, las cuales serán presididas por los secretarios de gobierno respectivos.

A su vez, la Ley 65 de 1993, hace especial énfasis en integrar la gestión de los entes territoriales y de la Nación para el cumplimiento de la política penitenciaria y carcelaria. En su artículo 170, en concordancia con los artículos 17, 18 y 19 de la misma norma, incorpora el Decreto 1365 de 1992 y le confiere fuerza de ley a su funcionamiento y búsqueda de sus fines.

Considerando que las responsabilidades derivadas de las normas penales y carcelarias competen tanto al nivel central como al nivel territorial, y con fundamento en lo establecido el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, que a su tenor ordena “ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes, este despacho:

1. Convoca a las autoridades integrantes de las comisiones de inspección y seguimiento del régimen penitenciario, para que antes del 30 de junio de 1998 reinicien sus labores, y en sesión extraordinaria, sometan a homologación de su respectiva comisión, el reglamento adoptado por la comisión del nivel nacional que se anexa a esta directiva.

2. Requiere a las comisiones del nivel departamental para que a partir de la fecha de adopción de los respectivos reglamentos, remitan mensualmente al despacho de la Ministra de Justicia y del Derecho, los informes y respectivas propuestas.

3. Ordena a la señora Ministra de Justicia y del Derecho delegar en los funcionarios integrantes del grupo interdisciplinario de seguimiento y monitoreo a las normas penitenciarias y carcelarias - Decreto 1542 de 1997, la asistencia en representación de su cartera a las sesiones de las comisiones departamentales, en cumplimiento del artículo 5º del Decreto 1365 de 1992.

4. Dispone que los señores gobernadores, para efectos de la delegación de la consejería presidencial para los derechos humanos, designen el funcionario que ejerza estas funciones en el respectivo departamento, quien deberá rendirle informes de sus actuaciones, con copia a la mencionada consejería.

5. Exhorta al director general de la policía para que designe como su delegado, al correspondiente comandante departamental de policía, para que apoye las obligaciones establecidas en el Decreto 1365 de 1992.

6. Exige a los integrantes del consejo nacional de política penitenciaria y carcelaria, promover el reinicio de las labores de las comisiones de vigilancia y seguimiento del régimen penitenciario, instruirlas sobre el ejercicio de sus funciones y prestarles la asesoría necesaria en cumplimiento del artículo 170 de la Ley 65 de 1993.7. Ordena al Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, disponer que los directores de los establecimientos de reclusión proporcionen la información y el apoyo necesarios a las labores de esta comisión; y ordenar a los directores de la cárcel de varones de la respectiva ciudad capital, para que se desempeñen como secretarios técnicos de las comisiones departamentales.

8. Dispone compulsar copia de la presente a los despachos del señor Procurador General de la Nación, del señor Fiscal General de la Nación, del Presidente de la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia y del señor Defensor del Pueblo.

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