DIRECTIVA PRESIDENCIAL 2 DE 1995 

(Junio 4)

1. Pequeños y medianos productores agrícolas. Como es de su conocimiento, el gobierno que presido se ha comprometido con una política integral de modernización agropecuaria y rural encaminada a hacer frente a los problemas derivados de los fenómenos económicos, sociales y políticos, teniendo en cuenta su interdependencia y a promover condiciones de equidad social, sostenibilidad del desarrollo y competitividad económica.

Especial énfasis debe dársele a la ejecución de los programas productivos y sociales dirigidos a los pequeños y medianos productores agrícolas. Por ello, nuestra política estatal busca facilitar y fortalecer el acceso progresivo de este sector de agricultores a los factores productivos como tierra, crédito, tecnología y capacitación empresarial, a los servicios públicos y sociales, es decir, vivienda rural, saneamiento básico. Igualmente es prioritaria la promoción de programas de generación de empleo, de modernización y diversificación productiva.

Esta política debe desarrollarse de manera tal que los pequeños productores campesinos, puedan asumir un papel protagónico y acompañen el proceso de ejecución de cada uno de los programas de las entidades.

En esta dirección, la Ley 160 de reforma agraria y desarrollo rural, impulsa la participación de las comunidades en la identificación, elaboración, seguimiento y control de los planes, programas y proyectos orientados a modificar las estructuras social agraria y a contribuir al desarrollo rural. Para ello, crea instancias de participación en el nivel nacional, departamental y municipal, en las que el Estado y la comunidad de manera mancomunada definen el quehacer y asumen compromisos para resolver la problemática rural.

2. Acciones por adelantar. Teniendo en cuenta que es una preocupación del gobierno el funcionamiento del nuevo esquema y la ejecución de los programas dirigidos a los pequeños y medianos productores se deberán adelantar las siguientes acciones:

1. El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, el Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural, DRI, y la Caja de Crédito Industrial y Minero, deben desarrollar las acciones necesarias que garanticen la ejecución presupuestal programada.

2. Garantizar el cumplimiento de las metas estipuladas y para ello, aplicar métodos correctivos con relación a posibles distorsiones.

3. Los coordinadores de los subsistemas que integran el Sistema nacional de reforma agraria y desarrollo rural, deberán establecer de inmediato el esquema de funcionamiento del mencionado sistema, en especial en lo referente a garantizar que los compromisos institucionales adquiridos en el nivel municipal y departamental dispongan de la respectiva viabilidad presupuestal, así como efectuar el seguimiento y control a los compromisos adquiridos.

4. Los directivos de las entidades a nivel nacional y regional deben asumir una actitud diligente y oportuna ante los requerimientos de demanda de servicios.

5. Diseñar instrumentos y estrategias para la divulgación de sus planes y programas.

6. Mantener y ampliar los espacios de participación y concertación para los productores y comunidades rurales.

Dirigida a ministros, viceministros y directores de entidades del orden nacional del sector agropecuario.

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