DIRECTIVA PRESIDENCIAL 2 DE 1998 

(Enero 26)

Asunto. Política salarial en las empresas públicas para 1998.

La Ley 4ª de 1992 estableció que los representantes legales de las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta deben observar, en relación con las convenciones colectivas, las directrices y políticas señaladas por las juntas y consejos directivos de las mismas y las pautas generales fijadas por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, sin perjuicio del respeto por el derecho de contratación colectiva. Por su parte, el Decreto 26 de 1998 “por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público” reiteró que las convenciones colectivas pactadas por los órganos públicos deben ajustarse a las pautas generales fijadas por el Conpes. En concordancia con estas exigencias legales, el 21 de enero del presente año el Conpes aprobó el documento número 2983 en el cual se fijan las pautas que deben orientar la política salarial de las empresas públicas para 1998 y las convenciones colectivas que tengan efecto en 1999.

Con el objeto de que se cumpla fielmente con el propósito de las normas y del documento Conpes citados y teniendo en cuenta que dentro de los objetivos de política macroeconómica para 1998 el gobierno se propuso lograr la disminución de la inflación de 18% a 16%, y un crecimiento nominal del gasto público de máximo 18%, sin incluir los intereses, considero necesario impartir las siguientes directrices:

1. De conformidad con lo establecido en el documento Conpes 2983 de 1998 el incremento salarial en las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta se basará en la meta de inflación esperada para 1998: 16%. Solamente de manera excepcional y previa comprobación ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el ministerio del sector respectivo, estas empresas podrán aprobar incrementos salariales adicionales basados en índices de productividad.

2. En el caso de convenciones colectivas que se firmen en 1998, con vigencia de más de un año, los incrementos del segundo año en adelante se pactarán por el monto de la inflación esperada para el período correspondiente, según la proyección macroeconómica acordada entre el gobierno y el Banco de la República.

3. En cuanto a la política de salarios del personal directivo de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta y en especial de las empresas de servicios públicos, ésta debe desligarse de los beneficios convencionales pactados para los trabajadores y dirigirse a estimular el desarrollo y el mejoramiento continuo de la productividad empresarial, vinculando su remuneración a la evaluación del esfuerzo de las administraciones por lograr el mejoramiento de los resultados de la empresa.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que uno de los aspectos primordiales en la gestión de las empresas públicas es su correspondencia con las políticas generales y sectoriales del Gobierno Nacional, se recomienda a los señores ministros y directores de departamento administrativo instruir a sus representantes en las juntas directivas y asambleas de accionistas para que los incrementos que ellos aprueben en los rubros presupuestales de gastos generales y de personal, se ajusten a los lineamientos generales de crecimiento del presupuesto del gobierno central para los mismos, al igual que a las normas establecidas en el Decreto 26 de 1998 sobre austeridad en el gasto público.

Las directrices a las que se refiere el párrafo antecedente, deberán igualmente ser tenidas en cuenta por los representantes del Presidente de la República ante las juntas o consejos directivos de las entidades a las que se refiere esta directiva.

De esta manera se debe garantizar el cumplimiento de las metas del plan nacional de desarrollo y las demás políticas de orden presupuestal, administrativo y financiero determinadas por el Conpes, el Confis, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación.

N del D.: Esta directiva presidencial va dirigida a los representantes del gobierno en las juntas directivas y asambleas de accionistas de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta con participación estatal superior al 50%, del nivel nacional.

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