DIRECTIVA PRESIDENCIAL 2 DE 1999 

(Marzo 2)

Asunto: Programa de reestructuración del Estado.

La modernización del Estado constituye uno de los objetivos fundamentales del plan nacional de desarrollo “cambio para construir la paz”. En él se señala que para el cumplimiento de este propósito “el gobierno trabajará en el diseño y puesta en marcha de un esquema de reforma a la administración pública bajo los criterios básicos de redefinición de papel estatal; reducción de la duplicidad de funciones, programas y proyectos; racionalización del gasto público; desarrollo del proceso de descentralización; y adecuada y eficiente prestación de servicios y cumplimiento de funciones”.

Los procesos de modernización o reestructuración del Estado en lo referente al orden nacional de la rama ejecutiva en sus sectores central y descentralizado deberán desarrollarse siguiendo las pautas mencionadas en esta directiva.

Estos procesos deberán ser amplios e involucrar a todas las personas que tienen interés en el tema. De manera particular deberán facilitar la participación de los sindicatos de trabajadores.

El Presidente de la República en los términos del numeral 10 del artículo 150 de la Constitución, puede ejercer temporalmente la función de determinar la estructura de la administración nacional, de la que habla el numeral 7º del mismo artículo, mediante la expedición de decretos con fuerza de ley.

Así mismo, los artículos 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución le atribuyen al Presidente de la República las facultades para suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales de conformidad con la ley, y para modificar la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales, con sujeción a los principios y reglas generales que igualmente defina el legislador.

Mediante la expedición de la Ley 489 de 1998 se estableció el marco legal al que se debe someter el Gobierno Nacional en los procesos tendientes a modificar, suprimir, fusionar y reestructurar entidades y organismos de la administración pública. Dicha ley señala los preceptos jurídicos y técnicos por los cuales deben regirse tales procesos y define los principios orientadores de la función administrativa, la descentralización administrativa, la desconcentración y la delegación.

Los artículos 51 a 54 de la Ley 489 consagran las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 de la Constitución.

El artículo 51 dispone que “el Presidente de la República, en desarrollo de los principios constitucionales de la función administrativa, podrá disponer la fusión de entidades y organismos administrativos del orden nacional con el fin de garantizar la eficiencia y la racionalidad de la gestión pública, de evitar duplicidad de funciones y actividades y de asegurar la unidad en la concepción y ejercicio de la función o la prestación del servicio”.

Así mismo, “el Presidente de la República deberá reestructurar la entidad que resulte de la fusión, establecer las modificaciones necesarias en relación con su denominación, naturaleza jurídica, patrimonio o capital y regulación presupuestal, según el caso, de acuerdo con las normas orgánicas sobre la materia y el régimen aplicable de conformidad con las disposiciones de la presente ley”.

En materia de supresión y disolución de entidades, el artículo 52 establece que “el Presidente de la República podrá suprimir o disponer la disolución y la consiguiente liquidación de entidades y organismos administrativos del orden nacional previstos en el artículo 38 de la presente ley cuando:

1. Los objetivos señalados al organismo o entidad en el acto de creación hayan perdido su razón de ser.

2. Los objetivos y funciones a cargo de la entidad sean transferidos a otros organismos nacionales o a las entidades del orden territorial.

3. Las evaluaciones de la gestión administrativa, efectuadas por el Gobierno Nacional, aconsejen su supresión o la transferencia de funciones a otra entidad.

4. Así se concluya por la utilización de los indicadores de gestión y de eficacia que emplean los organismos de control y resultados por ellos obtenidos cada año, luego de realizar el examen de eficiencia y eficacia de las entidades en la administración de los recursos públicos, determinada la evaluación de sus procesos administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública y desempeño y la identificación de la distribución del excedente que éstas producen, así como de los beneficiarios de su actividad o el examen de los resultados para establecer en qué medida se logran sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados por la administración en un período determinado.

5. Exista la duplicidad de objetivos y/o funciones esenciales con otra u otras entidades.

6. Siempre que como resultado de la descentralización o desconcentración de un servicio la entidad pierda la respectiva competencia”.

También podrá el Presidente “escindir las empresas industriales y comerciales del Estado cuando ello sea conveniente para el mejor desarrollo de su objeto”, según se dispone en el artículo 53 de la ley. Lo mismo se establece con relación a las sociedades de economía mixta.

El artículo 54 faculta al Gobierno Nacional para “modificar, esto es variar, transformar o renovar la organización o estructura de los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales”, con base en disposiciones dictadas por el Presidente de la República, con sujeción a las previsiones del numeral 16 del artículo 189 de la Constitución y a los principios y reglas generales establecidos en el artículo 54 de la ley.

Según esta norma, por regla general “la estructura de cada entidad será concentrada” y “deberá ordenarse de conformidad con las necesidades cambiantes de la función pública”. Ellas serán estructuras “flexibles” y “simples”.

Las dependencias tendrán “funciones específicas” y “se deberá garantizar que exista la debida armonía, coherencia y articulación entre las actividades” que ellas realizan.

En desarrollo de los procesos de modificación “se podrán fusionar, suprimir o crear dependencias internas en cada entidad u organismo administrativo, y podrá otorgárseles autonomía administrativa y financiera sin personería jurídica”.

La estructura adoptada deberá estar sujeta “a la finalidad, objetivo y funciones generales de la entidad previstas en la ley”.

Por su parte el artículo 120 de la ley reviste al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para que, en el término de seis meses, expida normas con fuerza de ley para:

a) Suprimir, fusionar, reestructurar o transformar entidades, organismos y dependencias de la rama ejecutiva del poder público de orden nacional, esto es, consejos superiores, comisiones de regulación, juntas y comités; ministerios y departamentos administrativos; superintendencias; establecimientos públicos; empresas industriales y comerciales del Estado; unidades administrativas especiales; empresas sociales del Estado; empresas estatales prestadoras de servicios públicos; institutos científicos y tecnológicos; entidades de naturaleza única y las demás entidades y organismos administrativos del orden nacional que hayan sido creados o autorizados por ley, y

b) Disponer la fusión, escisión o disolución y liquidación de sociedades entre entidades públicas, de sociedades de economía mixta, de sociedades descentralizadas indirectas y de asociaciones de entidades públicas, en las cuales exista participación de entidades del orden nacional.

Por virtud de las facultades conferidas, el gobierno no podrá crear ninguna nueva entidad u organismo público del orden nacional, esto es, entidades que persigan objetivos esencialmente distintos a aquéllos originalmente determinados por el legislador.

Para continuar desarrollando adecuada y técnicamente el programa de reestructuración y ejercer oportuna y eficazmente sus atribuciones permanentes y transitorias, el Presidente de la República se permite impartir las siguientes instrucciones y precisiones:

a) El programa de reestructuración del Estado estará liderado directamente por la Presidencia de la República en coordinación con el Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo de la Función Pública. Ellos integrarán el comité coordinador del programa;

b) Los ministros y directores de departamentos administrativos conformarán de manera inmediata los comités sectoriales correspondientes. En cada comité sectorial participará, como mínimo, un funcionario de cada una de las entidades adscritas o vinculadas;

c) Cada ministro o jefe de departamento administrativo deberá informar a la Presidencia de la República el nombre del coordinador del comité sectorial quien deberá ser viceministro o secretario general;

d) Los comités sectoriales estarán encargados de determinar en su sector correspondiente el papel estatal que tienen dentro de la administración pública central, y en consecuencia diseñar una nueva organización y revisar las funciones de las entidades que la componen;

e) El desarrollo del proceso se llevará a cabo de manera unificada, coordinada y evaluable, bajo criterios claros, precisos cronogramas y el cumplimiento de las responsabilidades asignadas;

f) Los procesos adelantados por las entidades públicas deberán ser abiertos permitiendo la participación activa de todos aquellos que se encuentren involucrados en él;

g) El proceso estará enfocado dentro de una perspectiva global que permita tener una visión clara acerca de lo debe ser el Estado en Colombia. Su objetivo principal es la satisfacción adecuada de las necesidades de todos los individuos y la protección y garantía de sus derechos. El propósito de la reforma no puede ser simplemente la reducción del aparato administrativo o de las plantas de personal, pero sí se debe perseguir la optimización de los recursos, la racionalización de la organización administrativa, la simplificación de trámites y, sobre todo, la eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios y de las funciones públicas. En ese sentido, su propósito no es netamente fiscalista, y

h) Los ministros y directores de departamentos administrativos adoptarán las medidas necesarias para que los funcionarios a su cargo procedan a dar estricto cumplimiento a cada una de las responsabilidades que se desprenden de la aplicación de la Ley 489 de 1998 y de la presente circular presidencial.

Debe quedar claro que la supresión de cargos innecesarios que se realice con base en estudios técnicos, sin modificar la estructura de las entidades, y con el fin de reducir gastos no hace parte de este programa de reestructuración del Estado.

Les solicito realizar las propuestas de reestructuración, brindar la colaboración, suministrar la información que requieran los responsables de la coordinación del proceso y observar las instrucciones que éstos emitan. Esto será fundamental para que el Gobierno Nacional pueda ejercer de la manera más oportuna y eficaz sus atribuciones y las facultades que le fueron otorgadas.

N. del D.: Esta directiva presidencial va dirigida a los señores ministros y directores de departamentos administrativos.

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