DIRECTIVA PRESIDENCIAL 4 DE 1999 

(Julio 1º)

Asunto: Apoyo a la industria nacional.

En desarrollo de su política de reactivar el papel que el sector productivo desempeña en la economía nacional, el gobierno ha decidido adoptar algunas medidas en materia de adquisiciones gubernamentales. Al respecto, es preciso hacer las siguientes consideraciones:

Las compras de bienes y servicios que el sector público efectúa, tanto para atender sus necesidades de funcionamiento, como para la ejecución de obras de infraestructura y proyectos de inversión, tienen un gran impacto sobre la industria nacional y pueden contribuir de manera significativa a su desarrollo, por lo cual el tema es de importancia prioritaria para el gobierno.

El éxito de una política agresiva de comercio exterior, requiere de un sector industrial fuerte y competitivo, circunstancia que será posible consolidar mediante el apoyo a nuestros industriales para la construcción de un espacio propicio, que les permita maximizar su potencialidad productiva y comercial.

Tradicionalmente los gobiernos han utilizado las adquisiciones de bienes y servicios como motor de desarrollo industrial, aprovechando de manera efectiva la posibilidad de utilizar medidas de preferencia para la industria local.

La legislación colombiana en la materia, permite la participación amplia de oferentes de productos y servicios de origen extranjero en las adquisiciones públicas, en virtud de lo cual, el productor nacional ha visto reducido su campo de acción en los mercados domésticos.

En este orden de ideas y en consideración a que la actual política del gobierno comporta un decidido apoyo a la producción doméstica y que a través de la implementación de la política “compre nacional” se logrará la consolidación de alianzas estratégicas entre empresas nacionales y extranjeras, a continuación se establecen algunas directrices para las entidades estatales en los procesos de contratación:

1. Teniendo en cuenta que los procesos de contratación son mecanismos para el cumplimiento de los fines estatales, en toda adquisición de un bien o en la contratación de un servicio se debe conciliar el apoyo a la industria colombiana con la necesidad de garantizar las mejores condiciones en calidad y precio para la entidad estatal.

2. En las concesiones y contratos de asociación se establecerán mecanismos que propicien el conocimiento por parte de los adjudicatarios respecto a las posibilidades de adquisición de bienes y servicios colombianos.

3. Además de la obligación contenida en el numeral 7º del artículo 22 de la Ley 80 de 1993, las entidades estatales deberán establecer canales de información a través de los cuales se expongan periódicamente a la industria nacional con la suficiente antelación a su realización, los proyectos de adquisición o de contratación.

4. Se deberá propiciar la desagregación tecnológica en los procesos de contratación, con el fin de facilitar la participación de la industria colombiana al igual que favorecer la subcontratación para la adquisición de bienes o servicios de origen nacional.

Es responsabilidad de los funcionarios encargados de las adquisiciones de bienes y la contratación de servicios, crear mecanismos para lograr un adecuado conocimiento de la oferta nacional.

6. En materia de compras estatales nuestro único compromiso internacional se encuentra consignado en el tratado de libre comercio del Grupo de los Tres. Dicho acuerdo tiene una cobertura limitada a las entidades enunciadas allí, las cuales pertenecen exclusivamente al nivel nacional. El compromiso se limita a que cualquier política de preferencia a la producción colombiana debe extenderse a proveedores de bienes y servicios de origen venezolano o mexicano siempre y cuando la contratación supere los montos allí establecidos. Por ende, las entidades nacionales no enumeradas en el G-3, las compras de aquellas que aunque se encuentren enunciadas se realicen por debajo de los montos allí mencionados y la totalidad de las adquisiciones de las entidades territoriales, no están cobijadas por compromiso internacional alguno en materia de compras estatales.

Para implementar la política descrita, deberán ustedes adoptar todas las medidas necesarias, comenzando por una labor intensa de divulgación y sensibilización entre los funcionarios encargados del manejo de la contratación, incluyendo todas las entidades adscritas o vinculadas a los organismos.

El departamento administrativo de la Presidencia de la República, en coordinación con los ministerios de Desarrollo Económico y de Comercio Exterior, pondrán en marcha un programa coherente de articulación entre la oferta y la demanda de bienes y servicios a nivel gubernamental, que produzca resultados a corto y mediano plazo. Para tal efecto, cada entidad destinataria de esta directiva, remitirá al doctor Juan Hernández Celis, a más tardar el 30 de julio del presente año, lo siguiente:

Información sobre la campaña de divulgación de este programa, a nivel interno.

Identificación de los productos y servicios que pueden ser suministrados, y/o atendidos con oferta nacional, así como de los productores, consultores y profesionales en capacidad de ofrecerlos.

Evaluación a 15 de julio de 1999, sobre el porcentaje actual de participación del producto colombiano en las adquisiciones.

Igualmente, a más tardar el 30 de enero y 30 de julio de cada año, un reporte sobre los procesos de compras adelantados, que excedan la suma de cien millones de pesos y la participación que en los mismos se haya dado a proveedores nacionales en el semestre anterior.

El Ministerio de Desarrollo Económico efectuará evaluaciones semestrales y elaborará propuestas para mejorar los resultados, con la finalidad de incrementar la participación del producto colombiano en las adquisiciones de los diferentes entes gubernamentales.

Así mismo, implementará un programa concreto de desarrollo de proveedores locales, dirigido a capacitar a la industria nacional para atender adecuadamente las necesidades especiales de actividades o proyectos de las entidades públicas.

Quiero finalmente destacar que esta campaña se basa en la confianza del gobierno en el sector productivo colombiano y su capacidad de ofrecer al sector público bienes y servicios de excelente calidad y en condiciones competitivas con proveedores extranjeros a cuanto a precio y oportunidad. Nuestros industriales, constructores, ingenieros, consultores, han obtenido importantes reconocimientos a nivel nacional e internacional y muchos de ellos han hecho importantes inversiones en procesos de certificación ISO 9000 y otros estándares internacionales, lo cual constituye suficiente garantía de seriedad y eficiencia frente a los requerimientos internos y externos.

El apoyo decidido a nuestro sector privado, es un compromiso que el gobierno debe y quiere asumir y para ello demanda la colaboración de todos los servidores públicos.

N. del D.: Esta directiva presidencial va dirigida a los ministros del despacho, directores de departamentos administrativos, superintendentes, directores y/o presidentes de entidades descentralizadas, directivos entidades estatales.

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