DIRECTIVA PRESIDENCIAL 5 DE 1995 

(Junio 30)

Teniendo en cuenta que el estatuto anticorrupción, contenido en la Ley 190 de 1995 (1), impuso a las autoridades públicas diversas obligaciones, he considerado procedente poner de presente las siguientes que serían aplicables específicamente a los entes que ustedes dirigen, con el fin de que adopten las medidas que juzguen apropiadas para garantizar su cumplimiento:

1. Las entidades territoriales deben disponer que toda entidad pública asigne una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas y reclamos que los ciudadanos formulen, que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad. Estas dependencias deben tener una línea telefónica gratuita permanente a disposición de la ciudadanía.

La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular.

2. Con fines de control social y de participación ciudadana, que permitan vigilar la gestión pública, a partir de la vigencia del estatuto anticorrupción, las alcaldías municipales y distritales y las oficinas o secciones de compras de las gobernaciones y demás dependencias estatales, deberán publicar en sitio visible de las dependencias de la respectiva entidad, una vez al mes, en lenguaje sencillo y asequible al ciudadano común, una relación singularizada de los bienes adquiridos y servicios contratados, el objeto y el valor de los mismos, su destino y el nombre del adjudicatario, así como las licitaciones declaradas desiertas.

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