DIRECTIVA PRESIDENCIAL 5 DE 1997 

(Abril 25)

Consideraciones previas. La promoción y protección de los derechos humanos es un elemento central de las políticas del Gobierno Nacional.

El gobierno ha reconocido con preocupación, tanto a nivel interno, como a nivel externo, sobre todo ante los organismos multilaterales de derechos humanos, la situación de violencias diversas y de conflictos armado interno que afectan a nuestro país. De modo particular ha reconocido que en Colombia se presentan casos de violación de los derechos humanos y de infracción del derecho internacional humanitario por diversos tipos de sujetos, y que algunos de esos casos son imputables a miembros de la fuerza pública en actuaciones aisladas que no obedecen a una política de Estado o de gobierno.

Ese reconocimiento se ha efectuado en aras de la transparencia y de la objetividad, como punto de partida para enfrentar la respectiva problemática y en orden a crear, en particular, una base conjunta de acción al respecto con las entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales cuya misión o cuyo mandato se relaciona con los derechos humanos y el derecho humanitario.

En ese mismo orden de ideas, el gobierno ha adoptado una política de apertura al escrutinio y a la cooperación internacional en las aludidas materias y ha reafirmado de diversas maneras su compromiso con la promoción de la observancia del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho humanitario. Con esa inspiración invitó al alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas a establecer una oficina permanente en Colombia.

De conformidad con el acuerdo suscrito por el Gobierno de Colombia con el alto comisionado, dicha oficina tendrá por misión asistir a las autoridades colombianas en el desarrollo de políticas y programas para la promoción y protección de los derechos humanos, observar la situación de derechos humanos y derecho humanitario en el país y presentar informes analíticos al respecto.

Funciones de la oficina. En desarrollo de esta misión, la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas en Colombia cumplirá las siguientes funciones (num. 7º del acuerdo):

1. Asesorar a los poderes ejecutivos, legislativo y judicial en la definición global y puesta en práctica de políticas en materia de derechos humanos. En el desarrollo de este cometido podrá asesorar a la fuerza pública. Lo mismo a los organismos de Estado encargados de la promoción y la protección de los derechos humanos, como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación.

2. Asesorar a representantes de la sociedad civil y a cualquier persona, en lo relacionado con la promoción y protección de los derechos humanos.

3. Asesorar a las entidades estatales y no gubernamentales en el diseño de programas de educación ciudadana y de formación de funcionarios.

4. Velar para que las recomendaciones y decisiones de los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas sean consideradas por las entidades públicas competentes, y asesorarlas en su aplicación.

5. Recibir quejas, sin suplantar a los organismos nacionales e internacionales competentes, sobre violaciones de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y sobre otros abusos. La oficina transmitirá tales quejas a las autoridades competentes e impulsará su trámite. En el desarrollo de esta función la oficina del alto comisionado podrá hacer recomendaciones para que los procedimientos internos se hagan más acordes con las normas internacionales, mantendrá la confidencialidad de los denunciantes, recomendará medidas de protección, instará a los denunciantes a que presenten las quejas ante los órganos competentes. Además la oficina del alto comisionado se abstendrá de hacer pronunciamientos concluyentes sobre los autores o responsables de los hechos denunciados.

6. Mantener constante interlocución con todos los organismos competentes del gobierno —civiles y militares—, con organismos de estado y con las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan del tema de los derechos humanos. Sin perjuicio de su autonomía para establecer los contactos que considere pertinentes, la oficina acordará con el gobierno y con los organismos estatales mecanismos permanentes de comunicación, consulta y concertación.

7. Informar regularmente al gobierno sobre sus preocupaciones y evaluaciones en lo relacionado con sus funciones y mandato, con el fin de propiciar un diálogo y recoger observaciones al respecto. Los pronunciamientos públicos de la oficina sólo podrán hacerse mediante los informes y declaraciones del alto comisionado y del director de la misma.

8. Informar al alto comisionado de las Naciones Unidas de las actividades realizadas en el cumplimiento de sus funciones, de las condiciones favorables o desfavorables para ello, de los compromisos de acción asumidos por el gobierno, de las medidas en que aquellos compromisos se hayan plasmado y de las recomendaciones sobre acciones futuras.

El alto comisionado informará públicamente, de manera analítica y pormenorizada, a la comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sobre los aspectos relacionados en el párrafo anterior. Así mismo, formulará las observaciones y recomendaciones que considere pertinentes.

El gobierno podrá pronunciarse sobre el informe del alto comisionado a que hace referencia el párrafo anterior, directamente o ante la comisión de derechos humanos de la ONU.

Coordinación entre la oficina y el gobierno. Para el cumplimiento de estas funciones y para el buen resultado de su gestión se solicita la colaboración de todas las entidades de la rama ejecutiva del poder público que directa o indirectamente tienen que ver con el tema de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. En esta dirección es conveniente que se nombre a una persona o dependencia de cada una de estas entidades para que mantengan la relación y la atención a la oficina del alto comisionado.

Se recomienda a todas las entidades colaboración en las siguientes direcciones:

1. Proporcionar toda la información que demande la oficina para el cumplimiento de su misión, exceptuando aquella que tiene carácter de reservada de acuerdo con la ley.

2. Suministrar apoyo y protección a la oficina, dentro del marco de la competencia propia de la entidad de que se trate.

3. Respetar y facilitar el acceso de toda clase de personas y entidades a la oficina y a sus funcionarios.

4. Atender, dentro del marco de sus competencias, los requerimientos de la oficina en el trámite de quejas y denuncias por violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

5. Abrir y mantener abiertos espacios y canales de comunicación internos e interinstitucionales para la evaluación de la situación de los derechos humanos en el país, la atención de las propuestas y recomendaciones de la oficina, el aprovechamiento de la asesoría prestada por la misma y la adopción de las medidas pertinentes.

Con la misma finalidad de lograr el cumplimiento de las funciones de la oficina del alto comisionado en Colombia se invitará a colaborar con ella a las entidades de Estado que no forman parte de la rama ejecutiva del poder público.

La directora y los funcionarios de la oficina gozan en el país de los privilegios e inmunidades correspondientes a su calidad de diplomáticos. En consecuencia, deben ser tratados y protegidos de acuerdo con tal calidad.

Dando cumplimiento al acuerdo el Gobierno Nacional ha señalado a la consejería presidencial para los derechos humanos como “la entidad de enlace de alto nivel y con capacidad de decisión, que asegure la comunicación con la oficina para toda cuestión relacionada con las actividades de ésta” (num. 34 del acuerdo). Para ello se acaba de abrir una dependencia en esa consejería al frente de la cual ha sido designada la doctora María Carrizosa de López, quien viene de desempeñarse como ministra consejera de la misión permanente de Colombia ante las Naciones Unidas sede de Ginebra.

La consejería impulsará el diseño y aplicación de un esquema de coordinación de las entidades gubernamentales y estatales competentes, con la oficina del alto comisionado en Colombia. Ese diseño se realizará en condiciones de estrecha comunicación y amplia participación de las entidades de que se trata.

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