DIRECTIVA PRESIDENCIAL 5 DE 1998 

(Febrero 9)

Asunto: Medidas de seguridad para las elecciones del 8 de marzo de 1998.

En vista de que el próximo 8 de marzo se llevarán a cabo las elecciones para el Congreso de la República y que es deber constitucional de todas las autoridades colombianas contrarrestar la actitud intimidadora de los grupos armados al margen de la ley, proteger a los candidatos y garantizar el normal desarrollo de los comicios, les solicito atender las siguientes instrucciones:

1. Fuerzas militares, Policía Nacional y departamento administrativo de seguridad.

Las fuerzas militares se encargarán de evaluar la situación de orden público en todo el territorio nacional respecto a la jornada electoral, establecer las zonas de alto riesgo y tomar las medidas necesarias para prevenir y frustrar cualquier manifestación de violencia.

La Policía Nacional tiene un compromiso directo en la seguridad de las sedes políticas e instalaciones públicas y en el análisis del comportamiento de los grupos delincuenciales durante el debate electoral.

El Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, se encargará de analizar el nivel de riesgo de los candidatos y con la cooperación de los demás organismos de seguridad, brindará protección personal a quienes así lo requieran. Actuará en estrecha coordinación con la fuerza pública en su respectiva jurisdicción.

El comandante general de las fuerzas militares y el director de la Policía Nacional dispondrán la conformación de fuerzas de reacción para garantizar el curso normal del proceso electoral. Todos los miembros de la fuerza pública deben estar en capacidad de reaccionar de manera oportuna y coordinada con el fin de neutralizar las diferentes amenazas.

Las fuerzas militares y la Policía Nacional suministrarán la información de orden público de sus respectivas jurisdicciones a los candidatos y autoridades civiles, especialmente cuando se programen desplazamientos a zonas de alto riesgo.

La dirección de la Policía Nacional ordenará lo pertinente para garantizar que en cada departamento de policía se nombre un oficial de enlace con los medios necesarios, para que coordine todas las actividades de protección personal de los diferentes candidatos.

Los comandantes militares y de policía adelantarán campañas de concientización en materia de riesgo dirigidas a los candidatos, para que estos últimos tomen las debidas precauciones.

2. Gobernadores y alcaldes.

Es responsabilidad de los gobernadores, como agentes del Presidente de la República en el mantenimiento del orden público, preservar la tranquilidad en el área de su jurisdicción y responder por las relaciones y los mecanismos de coordinación entre las distintas instancias encargadas del manejo del orden público, procurando una labor unificada y eficaz. Es, de otro lado, atribución del alcalde municipal o distrital, y como suprema autoridad de policía en el territorio de su jurisdicción, conservar el orden público de conformidad con la ley y con las instrucciones y órdenes impartidas por el Presidente de la República.

Con el fin de garantizar el normal desarrollo del proceso electoral y proteger a los candidatos y electores, los gobernadores y alcaldes deberán convocar a los concejos departamentales y municipales de seguridad y a los comités de orden público de que trata el Decreto 2615 de 1991. Éstos deberán reunirse al menos una vez por semana entre el 1º de febrero y el 8 de marzo y todas las veces que sean necesarias de acuerdo a la situación de seguridad.

Igualmente se deben activar los consejos seccionales de inteligencia.

Por medio de los consejos se canalizarán las inquietudes de los candidatos y de los electores en torno al tema de seguridad durante el proceso electoral, se estructurará un plan de actividades para protegerlos y se diseñarán las medidas necesarias para neutralizar las amenazas que se puedan cernir sobre ellos.

Los comités de orden público servirán para coordinar el empleo de la fuerza pública de acuerdo a lo estipulado en el plan democracia y lo establecido en los consejos de seguridad. Los consejos seccionales de inteligencia serán de gran utilidad para centralizar la información de las diferentes agencias y prever cualquier alteración de orden público.

Es necesario cumplir lo establecido por la Constitución Nacional en torno a las responsabilidades de las autoridades nacionales, departamentales y municipales. De acuerdo con el artículo 296, “para la conservación del orden público o para su restablecimiento donde fuere turbado, los actos y órdenes del Presidente de la República se aplicarán de manera inmediata y de preferencia sobre los actos y órdenes de los gobernadores; los actos y órdenes de los gobernadores se aplicarán de igual manera y con los mismos efectos en relación con los de los alcaldes”.

El Ministerio del Interior y la consejería presidencial para la defensa y seguridad nacional, serán las instancias del orden nacional que mantendrán un intercambio de información permanente con los gobernadores sobre asuntos relacionados con el orden público en época de elecciones.

Los gobernadores serán los encargados de coordinar la actividad de los alcaldes en busca del mismo propósito.

Los gobernadores y alcaldes deberán instruir a los candidatos sobre las instancias encargadas de atender sus problemas e inquietudes en materia de seguridad. Es muy importante que los aspirantes a elección popular informen de manera anticipada sobre sus desplazamientos a los organismos de seguridad, con el fin de tomar las precauciones del caso.

3. Centralización de la información.

La consejería para la defensa y la seguridad nacional y el Ministerio del Interior activarán un centro de información sobre riesgo electoral, al igual que en los pasados comicios. Este mecanismo permite coordinar toda la información sobre violencia relacionada con el proceso electoral.

Los gobernadores enviarán a la consejería para la defensa y seguridad, en la segunda y la cuarta semana de febrero, y en la primera semana de marzo, un balance de la situación de orden público en sus departamentos. Deberán discriminar por municipios y establecer el grado de riesgo en el proceso electoral dentro de las siguientes categorías: alto riesgo, medio y bajo riesgo. Para este efecto, podrán acceder a información de las fuerzas militares, la policía y el DAS. precisarán, para cada uno de los municipios bajo su jurisdicción, el grado de riesgo utilizando las mismas categorías anteriormente mencionadas.

4. Seguros de transporte.

El Gobierno Nacional informará de manera oportuna sobre las pólizas que ampararán los daños causados por actos de grupos subversivos o terroristas a los vehículos de transportes terrestre y fluvial de carácter público o particular, durante la jornada electoral.

N del D: Esta directiva va dirigida a gobernadores, alcaldes, comandante general de las fuerzas militares, comandantes de fuerza, director de la policía, director del departamento administrativo de seguridad y consejería presidencial para la defensa y seguridad nacional.

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