DIRECTIVA PRESIDENCIAL 7 DE 1998 

(Febrero 19)

Asunto. Decálogo de política transparente en la administración pública colombiana-1998.

Como es de su conocimiento, el actual gobierno ha abogado de manera permanente por la moralización de la administración pública. Así, se han aprobado leyes tan trascendentales como la Ley 190 de 1995 o estatuto anticorrupción, la Ley 412 de 1997 por medio de la cual se ratifica la convención interamericana de lucha contra la corrupción y se han puesto en marcha novedosos planes y programas tendientes a erradicar frontalmente la corrupción administrativa.

A pesar de la expedición de estas importantes leyes y de las directivas presidenciales 4 de 1995 y 15 de 1997, se observa con preocupación el incumplimiento reiterado en algunos sectores de la administración pública de tan importantes instrumentos normativos, como resultado de reciente evaluación realizada por la secretaría técnica de la comisión nacional de moralización sobre las entidades públicas del nivel nacional.

Los invito a adoptar el presente decálogo de transparencia de la administración pública, de tal manera que se asegure el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Dar estricto cumplimiento a la elaboración de informes sobre los proyectos y acciones que van a ejecutar durante 1998, y realizar el proceso de autoevaluación de cumplimiento del estatuto anticorrupción, con el objeto de acatar lo dispuesto en los artículos 48 y 56 contenidos en el mismo. Tales informes se remitirán a la secretaría técnica de la comisión nacional para la moralización, en cabeza del Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP, en los términos por ésta dispuestos.

2. Facilitar al ciudadano toda la información que éste solicite sobre cualquier aspecto relativo a la gestión de la entidad y que no se encuentre reservada de manera expresa por mandato legal, y en general, propiciar todos los espacios institucionales posibles, de tal manera que se concrete el control ciudadano sobre la gestión pública. Lo anterior sin perjuicio de las labores de difusión que realice la comisión nacional para la moralización respecto de los informes sobre acciones y proyectos a ser ejecutados durante 1998.

3. Diseñar, publicar y actualizar un manual ciudadano que contenga los servicios que presta la entidad y la forma como el ciudadano pueda acceder a ellos, en coordinación con lo dispuesto por la secretaría técnica de la comisión nacional para la moralización.

4. Garantizar la transparencia en la contratación pública, para cuyo efecto todos los despachos públicos deberán publicar en sitios visibles de las dependencias de la respectiva entidad, una vez al mes, en lenguaje sencillo y asequible al ciudadano común, una relación singularizada de los bienes adquiridos y servicios contratados, el objeto y el valor de los mismos, su destino y el nombre del adjudicatario, así como las licitaciones declaradas desiertas. El DAFP velará por el diseño e implantación de un sistema de “precios testigo” que permita, con fundamento en el extracto único de publicación de contratos, el control sobre precios unitarios y totales, cumplimiento de plazos y concentración de contratos, a fin de dar cuenta de la eficiencia y moralidad de la labor contractual de la administración pública nacional y territorial.

5. Velar por la inmediata y estricta implantación del sistema de seguimiento y control a los ingresos y patrimonio de los servidores públicos, de conformidad con las metodologías establecidas sobre la materia por el DAFP. La actualización de las declaraciones correspondientes deberá hacerse a más tardar en marzo de 1998.

6. Propender por el fortalecimiento de las áreas jurídica y disciplinaria de las entidades y organismos del Estado, para habilitarlas en el tratamiento adecuado que deben dar a los procesos de investigación administrativos y disciplinarios que adelantan contra funcionarios que han incurrido en presuntas conductas de corrupción administrativa. Las acciones que se acometan en este campo deben ser diligentes y estrictas y las entidades deben mantener estrecha coordinación y cooperación con los organismos de investigación, control y sanción.

7. Sin excepción, deberá procederse en un término perentorio, no mayor a marzo de 1998, para que las oficinas de quejas y reclamos y de atención al usuario sean garantes de la transparencia y la atención oportuna a las necesidades y reclamos de los usuarios y ciudadanos en general. Para garantizar el cumplimiento a los derechos de petición de los ciudadanos, las entidades públicas deberán hacer una revisión exhaustiva a las quejas, solicitudes y denuncias de los ciudadanos y darán solución de fondo a las mismas, observando de manera estricta los términos legales previstos en el Código Contencioso Administrativo.

8. Cumplir de manera estricta con el concepto de responsabilidad del Estado, previsto en el artículo 90 de la Constitución Política y en el artículo 36 de la Ley 190 de 1995, tal como fue establecido en las directivas presidenciales 4 de 1994 y 15 de 1997, relacionadas con la obligación que tienen las entidades públicas de constituirse en parte civil en los procesos que se adelantan contra el Estado al igual que la obligación de repetir contra los funcionarios corruptos cuando es declarado responsable el Estado.

9. Colaborar y apoyar diligentemente y con especial prioridad, el programa gubernamental “profundización de la política de simplificación de trámites en la gestión pública” que desarrolla el DAFP. En especial deberán identificarse y simplificarse, dentro de las posibilidades del marco legal vigente, aquellos trámites que induzcan a riesgo de corrupción o resulten poco transparentes para el ciudadano y el usuario de los servicios prestados por el Estado.

10. Evaluar el desempeño de los funcionarios públicos, con fundamento en las metodologías preestablecidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil y el establecimiento de los indicadores de eficiencia de que trata el estatuto anticorrupción, con el mismo fin.

En todos los organismos de la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional se adelantarán los programas de formación ético administrativa, en los términos formulados en el plan nacional de formación y capacitación establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, y en cumplimiento de los mandatos del estatuto anticorrupción. La escuela de alto gobierno de la ESAP liderará procesos de inducción y capacitación en los referidos temas ético administrativos.

La secretaría técnica de la comisión nacional de moralización establecerá un sistema de monitoreo y control sobre el cumplimiento estricto y permanente de las obligaciones impuestas a las entidades del Estado en el estatuto anticorrupción.

Quiero insistir en la importancia de dar estricto cumplimiento al presente decálogo, como vía para garantizar la eficiencia y moralidad de la administración pública.

N. del D.: Esta circular va dirigida a ministros del despacho, directores de departamento administrativo, superintendentes, directores de unidades administrativas especiales, gerentes, directores o presidentes de entidades descentralizadas del orden nacional, regional, departamental, distrital y municipal, gobernadores y alcaldes.

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