Sentencia C-837 de septiembre 23 de 2003 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-837 de 2003 

Ref.: Expediente D-4514

Magistrado Ponente:

Dr. Alfredo Beltrán Sierra

Actora: Marcela Patricia Jiménez Arango

Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 15 (parcial) de la Ley 443 de 1998 “por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones”.

Bogotá, D.C., sentencia aprobada a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de dos mil tres (2003).

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

El siguiente es el texto de la norma demandada, con la advertencia de que se resalta lo acusado.

“LEY 443 DE 1998

(Junio 11)

por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

TÍTULO II

Vinculación a los empleos de carrera

CAPÍTULO II

Procesos de selección o concursos

ART. 15.—Concursos. La provisión definitiva de los empleos de carrera se hará a través de concurso, el cual puede ser:

De ascenso, en los cuales podrán participar los empleados de carrera administrativa de cualquier entidad, que reúnan los requisitos exigidos para el empleo y las demás condiciones que establezcan los reglamentos.

Abierto en los cuales la admisión será libre para todas las personas que demuestren poseer los requisitos exigidos para el desempeño del empleo.

PAR. 1º—El reglamento establecerá los casos en que proceda el concurso abierto.

PAR. 2º—A los empleados que a la vigencia de la presente ley se encuentren desempeñando cargos de carrera, sin estar inscritos en ella, incluidos los de las contralorías territoriales, y que de acuerdo con la reglamentación de este artículo sean convocados a concurso, se les evaluará y reconocerá especialmente la experiencia, antigüedad, conocimiento y eficiencia en el ejercicio del cargo”.

(...)

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para conocer de las demandas de inconstitucionalidad contra disposiciones contenidas en una ley, como las que son objeto de esta acción.

2. Lo que se debate.

Para la demandante el parágrafo 1º del artículo 15 de la Ley 443 de 1998, es contrario a la Constitución, por permitir que las entidades públicas determinen a través de un reglamento los casos en que procede el concurso abierto. Hecho que vulnera además el principio de reserva legal, según el cual, sólo el legislador puede regular determinadas materias.

3. Aclaración previa.

3.1. Antes de entrar a analizar el cargo de la demanda en contra del parágrafo 1º del artículo 15 de la Ley 443 de 1998, que se dice contrario a la Constitución, es necesario aclarar que la Corte, no puede, tal como lo plantea el Ministerio Público, dejar sin efecto una decisión que hace tránsito a cosa juzgada constitucional, analizando una vez más la exequibilidad o inexequibilidad del inciso segundo del artículo 15 de esta ley, pues la norma acusada fue estudiada en Sentencia C-486 de mayo 4 de 2000, razón por la que desde el momento de su admisión, el magistrado sustanciador rechazó la demanda presentada contra este aparte.

3.2. Sobre el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, la Sentencia C-1213 de noviembre 21 de 2001 M.P. Jaime Córdoba Triviño dijo:

“la jurisprudencia de esta corporación ha tenido la oportunidad de señalar en diferentes ocasiones que el principio de la cosa juzgada constitucional “significa no solamente el carácter definitivo e incontrovertible de las sentencias que aquélla pronuncia, de manera tal que sobre el tema tratado no puede volver a plantearse litigio alguno, sino la prohibición a todo funcionario y organismo de reproducir las normas que la Corte haya declarado inexequibles por razones de fondo mientras permanezcan vigentes los mandatos constitucionales con los cuales se hizo el cotejo” (1) .

(1) Sentencia C-397 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. En el mismo sentido, en la Sentencia C-489 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz, se dijo que “El fenómeno de la cosa juzgada constitucional, tal como lo ha reiterado la Corte, no sólo se presenta cuando existe una decisión anterior del juez constitucional en relación con la misma norma que nuevamente es objeto de demanda, sino también cuando dicha decisión recae sobre una disposición distinta pero que es literalmente igual o cuyo contenido normativo es idéntico”.

En aplicación de este principio superior, las decisiones de la Corte hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, razón por la cual, una vez adoptada la decisión, esta será vinculante e inmodificable mientras se conserven los mismos preceptos constitucionales que sirvieron de fundamento para tomarla. En tales circunstancias, una decisión de la Corte que haya hecho tránsito a cosa juzgada constitucional no será revisable hacia futuro, así se presente un cambio de la línea jurisprudencial adoptada por la corporación”. (se resalta)

En consecuencia, en el proceso de la referencia, corresponde a esta corporación analizar únicamente el parágrafo 1º del artículo 15 de la Ley 443 de 1998 demandado.

4. La facultad de reglamentar los casos en que proceda el concurso abierto está reservada al legislador.

4.1. La Constitución de 1991, dispuso que todos los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, excepto los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Así mismo, se afirma que los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se hará previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.

4.2. En términos generales, el constituyente dejó en cabeza del legislador, la facultad de regular la carrera administrativa, como mecanismo de acceso a las entidades y órganos del Estado, teniendo como único parámetro, garantizar los principios y valores que inspiran la Carta Fundamental, entre ellos el derecho a la igualdad.

Sobre el particular, ha señalado esta corporación;

“Se otorgó al Gobierno Nacional la facultad de reglamentar los concursos generales para proveer los empleos de carrera administrativa. La Carta establece que los requisitos y condiciones para determinar los méritos y calidades de los aspirantes respecto del ingreso y ascenso a los cargos de carrera, deben ser fijados por el legislador. No le corresponde al gobierno, a través del reglamento, establecer esas pautas y, por tanto, serán declaradas inexequibles las expresiones acusadas del artículo 24. El artículo 37 acusado, al admitir que los reglamentos puedan determinar las causas de retiro del servicio de los empleados de carrera, viola flagrantemente el postulado que se acaba de exponer y desconoce sin duda el artículo 125 de la Constitución, pues amplía una atribución que el constituyente limitó de manera específica a la propia Carta y a la ley. Además, implica una desprotección a la estabilidad de los trabajadores, quienes encuentran en la reserva de ley eficaz garantía de su estabilidad, toda vez que en la Constitución se unifica en cabeza del legislador la competencia para señalar los motivos que pueden llevar a su salida del servicio, sin que sea posible que de manera fácil la propia administración los amplíe”. (Sent. C-372/99)

En consecuencia, en cumplimiento del mandato constitucional, corresponde únicamente al legislador regular el régimen de carrera administrativa, establecer los requisitos y las condiciones necesarias para el ingreso y ascenso dentro de la misma.

4.3. La carrera, así concebida, esta definida hoy como “un sistema técnico de administración de personal de los organismos y entidades del Estado cuyo fin es, además de la preservación de la estabilidad y del derecho de promoción de los trabajadores, garantizar la excelencia en la calidad del servicio y la eficiencia de la administración pública, y en general de las actividades estatales, ofreciendo igualdad de oportunidades para el ingreso, capacitación y ascenso del servicio público, con base exclusiva en el mérito y en las calidades de los aspirantes” (v. gr. Sent. C-486/2000).

4.4. Dentro de este contexto, no es difícil arribar a la conclusión según la cual, las entidades de derecho público no pueden a través de un reglamento determinar los casos en que proceda el concurso abierto, asunto reservado al legislador y no al ejecutivo.

Por ello la consolidada jurisprudencia constitucional ha afirmado que “la carrera administrativa, por expreso mandato constitucional, debe ser regulada mediante ley. Por tanto, el régimen de calidades y requisitos necesarios para acceder a los distintos empleos públicos, incluyendo los municipales, debe ser objeto de ella. Se trata pues de un tema que la propia Carta Política, decidió que fuera regulado por el Congreso de la República, foro político y democrático por excelencia; limitando así, tanto al ejecutivo, al impedir que decida sobre la materia, como al legislador para que delegue su potestad en otro órgano estatal” (se resalta. Sent. C-570/97).

4.5. Entonces la norma demandada al disponer que “el reglamento” establecerá los casos en que procederá el concurso abierto desconoce la reserva que la propia Constitución otorga al legislador quien únicamente mediante ley podrá regular el régimen de carrera.

En este sentido, debemos decir que le asiste razón a la demandante al afirmar que la norma acusada es inconstitucional pues, no puede el gobierno a través de un reglamento fijar el ingreso a la carrera administrativa, esta únicamente puede determinarse a través de una ley de conformidad con el artículo 125 de la Carta.

Por tanto, considera esta corporación que la facultad de regular la carrera administrativa es exclusiva del legislador, sin más límites que los que le imponga la propia Constitución, razón por la que se declarará la inexequibilidad del parágrafo 1º del artículo 15 de la Ley 443 de 1998.

No obstante la declaración de inconstitucionalidad de la norma acusada, no impedirá a la entidad autorizada por la ley para la realización de un concurso de méritos determinar de manera concreta asuntos de carácter operativo para la realización del concurso correspondiente, pues ella corresponde a la administración.

Por lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar INEXEQUIBLE el parágrafo 1º del artículo 15 de la Ley 443 de 1998.

Notifíquese, cópiese, publíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional».

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