Sentencia C-182 de marzo 5 de 2003 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-182 de 2003 

Ref.: Expediente D-4205

Magistrado Ponente:

Manuel José Cepeda Espinosa

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 263, numeral 4º; 267 y 561 de la Ley 522 de 1999 “por medio de la cual se expide el Código Penal Militar”.

Actor: Jaime Antonio Guarín Torres

Bogotá, D.C., marzo cinco de dos mil tres.

EXTRACTOS: «II. El texto de la norma acusada

A continuación se transcriben las normas de la Ley 522 de 1999 cuestionadas por el actor en el presente proceso de inconstitucionalidad:

“LEY NÚMERO 522 DE 1999

“Por medio de la cual se expide el Código Penal Militar”

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

ART. 263.—Quiénes son funcionarios de instrucción. Son funcionarios de instrucción penal militar: (...)

4. Los auditores de guerra, que en casos especiales sean designados por el respectivo juez de instancia.

(...).

ART. 267.—Funciones. Los auditores de guerra, son asesores jurídicos de los juzgados de primera instancia; deben rendir los conceptos que se les requiera, elaborar los proyectos de decisión, asesorar las cortes marciales y los demás juzgamientos que aquellos realicen.

Todos los proyectos y conceptos de los auditores de guerra deben ser firmados por los mismos y no son de forzosa aceptación.

(...).

ART. 561.—Asesoría jurídica. Si se requiere, la corte marcial podrá estar asesorada por un auditor de guerra designado por su presidente”.

(...).

VI. Consideraciones de la Corte

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución Política, esta corporación es competente para conocer de la presentada demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 4º del artículo 263 y los artículos 267 y 561 de la Ley 522 de 1999, “por medio de la cual se expide el Código Penal Militar”.

2. Los problemas jurídicos.

El demandante afirma que el inciso 4º del artículo 263 y los artículos 267 y 561 de la Ley 522 de 1999 son contrarios a los artículos 15, 21, 29, 74, 116, 228 y 230 constitucionales porque: 1. autorizan que un funcionario de carácter administrativo, que no es parte del proceso penal, tenga acceso al expediente y a otras diligencias reservadas; 2. hacen perder autonomía y discrecionalidad para decidir a los jueces y cortes marciales al ser asesorados y recibir proyectos de fallo elaborados por los auditores de guerra; y 3. asignan funciones de instrucción y juzgamiento a funcionarios que tienen un carácter administrativo. Para el procurador y demás intervinientes en el proceso, las disposiciones demandadas son exequibles porque los auditores de guerra son servidores de la justicia penal militar y su acceso al expediente se justifica en razón de sus funciones y, además, porque la reserva sumarial se viola cuando se revela la información no por el simple acceso al expediente. Adicionalmente, dado que la función de los auditores de guerra es de mera asesoría, los jueces y cortes marciales no pierden su autonomía.

Por lo anterior, en esta oportunidad le corresponde a la Corte Constitucional resolver los siguientes problemas jurídicos:

1. ¿Viola los derechos al buen nombre, a la intimidad y a la honra de los sindicados, que se permita al auditor de guerra acceder al expediente y a diligencias de carácter reservado?

2. ¿Viola la independencia de la justicia, que los jueces militares o las cortes marciales sean asesorados y reciban proyectos de fallo y conceptos de los auditores de guerra?

2. ¿Viola el debido proceso y las condiciones constitucionales para el ejercicio de la función jurisdiccional en materia penal, asignar atribuciones de instrucción y juzgamiento a los auditores de guerra?

Con el fin de resolver estos problemas la Corte (i) examinará las funciones que cumplen los auditores en el proceso penal militar; (ii) precisará los principios constitucionales que rigen la reserva sumarial y establecerá si el acceso de los auditores de guerra a diligencias y documentos reservados, viola derechos o principios constitucionales; (iii) determinará si las funciones de asesoría que ejercen estos funcionarios resultan contrarias a la autonomía e independencia de la justicia penal militar; y (iv) analizará si autorizar que los auditores de guerra ejerzan funciones de instrucción resulta contrario a la Constitución cuando éstos también asesoran en la etapa de juzgamiento.

3. Los auditores de guerra y su función dentro de la justicia penal militar.

De conformidad con lo que establece en su artículo la Ley 522 de 1999, los auditores de guerra son oficiales destinados a la justicia penal militar (1) que cumplen principalmente tareas de asesoría (2) para los jueces militares de primera instancia y para las cortes marciales (3) , y son por ello, parte del personal de apoyo de la justicia penal militar. También pueden ejercer funciones de instrucción cuando en casos especiales sean designados por el respectivo juez de instancia, como lo indica el artículo 263, numeral 4º, acusado en el presente proceso.

(1) Así los definen los decretos extraordinarios que regulan la carrera del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y la carrera del personal de oficiales, nivel ejecutivo, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, respectivamente: Decreto 1790 de 2000, ART. 72.—Oficiales del cuerpo de justicia penal militar. “A partir de la vigencia del presente decreto, son oficiales del cuerpo de justicia penal militar en las Fuerzas Militares, los profesionales con título de abogado obtenido conforme a las normas de educación superior vigentes en todo tiempo, escalafonados en el ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, con el propósito de ejercer funciones de magistrados, jueces militares, fiscales militares, auditores de guerra, y funcionarios de instrucción. Igualmente pertenecen a este cuerpo los oficiales de las armas, cuerpo ejecutivo, cuerpo de vuelo, cuerpo logístico o cuerpo de seguridad y defensa de bases aéreas que obtuvieren el título de abogado e ingresen al servicio de la Justicia Penal Militar. PAR.—Los oficiales de las Fuerzas Militares en servicio activo pertenecientes al cuerpo administrativo y que desempeñen cargos en la justicia penal militar, pasarán automáticamente a dicho cuerpo”. Decreto 1791 de 2000, ART. 30.—Oficiales de la especialidad de justicia penal militar. Son oficiales de la especialidad de justicia penal militar en la Policía Nacional, los oficiales con título de abogado, obtenido conforme a las normas de educación superior vigentes, con el propósito de ejercer funciones de magistrados, jueces militares, fiscales militares, auditores de guerra y funcionarios de instrucción. PAR.—Los oficiales de la Policía Nacional en servicio activo pertenecientes al cuerpo administrativo y que desempeñen cargos en la justicia penal militar, pasarán automáticamente a dicha especialidad.

(2) Así lo establece la Ley 522 de 1999, en su artículo 267, norma acusada en el presente proceso, que dice lo siguiente: ART. 267.—Funciones. Los auditores de guerra, son asesores jurídicos de los juzgados de primera instancia; deben rendir los conceptos que se les requiera, elaborar los proyectos de decisión, asesorar las cortes marciales y los demás juzgamientos que aquellos realicen. Todos los proyectos y conceptos de los auditores de guerra deben ser firmados por los mismos y no son de forzosa aceptación.

(3) “En relación con la asesoría que prestan los auditores de guerra a las cortes marciales, la Ley 522 de 1999 establece lo siguiente en su artículo 561 (norma cuestionada en el presente proceso): ART. 561.—Asesoría jurídica. Si se requiere, la corte marcial podrá estar asesorada por un auditor de guerra designado por su presidente”.

Los decretos 1790 (4) y 1791 de 2000 (5) , señalan los requisitos para ejercer el cargo de auditor de guerra, así como las condiciones para su ascenso (6) . Para ser auditor de guerra se exige, entre otros requisitos, tanto la condición de oficial de las Fuerzas Militares (7) o de la Policía (8) como el título de abogado. Los requisitos que establecen estos decretos para el ejercicio de los distintos cargos dentro de la especialidad de la justicia penal militar resaltan el hecho de que el juez de primera instancia que sea asesorado por el auditor de guerra será un superior jerárquico del auditor de guerra, ya sea por el grado militar o de policía que desempeña o por la antigüedad en el ejercicio de sus funciones (9) .

(4) Decreto 1790 de 2000, ART. 79.—Auditores de guerra. a) De inspección general: Para ser auditor de guerra de inspección general se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, abogado titulado, gozar de reconocido prestigio profesional y personal y haber desempeñado el cargo de auditor de guerra de división o su equivalente por un tiempo no inferior a cinco (5) años o auditor de guerra de brigada por tiempo no inferior a diez (10) años o juez de instrucción penal militar por tiempo superior a quince (15) años; b) De división para ser auditor de guerra de división en el ejército o sus equivalentes en la Armada y en la Fuerza Aérea, se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, abogado titulado, gozar de reconocido prestigio profesional y personal y haber desempeñado el cargo de auditor de guerra de brigada o su equivalente por un tiempo no inferior a cinco (5) años o juez de instrucción penal militar por tiempo superior a diez (10) años; c) De brigada para ser auditor de guerra de brigada en el Ejército o sus equivalentes en la Armada y en la Fuerza Aérea se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, abogado titulado, gozar de reconocido prestigio profesional y personal y llenar por lo menos uno de los siguientes requisitos: 1. Ser oficial de las Fuerzas Militares en servicio activo y haber sido juez de instrucción penal militar por un tiempo no inferior a cinco (5) años. 2. Haber sido juez de instrucción penal militar por un tiempo no inferior a cinco (5) años. 3. Haber sido oficial o suboficial de la fuerza pública, hallarse en situación de retiro temporal con pase a la reserva y ejercido funciones en la jurisdicción penal militar u ordinaria, o ejercido la profesión de abogado en el mismo ramo por un tiempo no inferior a tres (3) años o haber desempeñado cargos en la justicia penal militar por un tiempo no inferior a cinco (5) años. 4. Haber sido juez penal o fiscal delegado ante juzgados penales, por un tiempo no inferior a cinco (5) años y haber aprobado un curso de inducción a la justicia penal militar.

(5) Decreto 1791 de 2000, ART. 37.—Auditores de guerra. 1. De dirección general de la Policía Nacional y de inspección general. Para ser auditor de guerra de la Dirección General de la Policía Nacional y de la inspección general se requiere ser colombiano, ciudadano en ejercicio, abogado titulado, gozar de reconocido prestigio profesional y personal, haber desempeñado el cargo de auditor de guerra de Policía Metropolitana por un tiempo no inferior a cinco (5) años o auditor de guerra de departamento de Policía por tiempo no inferior a diez (10) años o juez de instrucción penal militar por tiempo superior a quince (15) años. 2. De Policía Metropolitana. Para ser auditor de guerra de Policía Metropolitana, se requiere ser colombiano, ciudadano en ejercicio, abogado titulado, y haber desempeñado el cargo de auditor de guerra de departamento de Policía por un tiempo no inferior a cinco (5) años o juez de instrucción penal militar por tiempo superior a diez (10) años. 3. De departamento de Policía. Para ser auditor de guerra de departamento de Policía se requiere ser colombiano, ciudadano en ejercicio, abogado titulado, y llenar por lo menos uno de los siguientes requisitos: a) Ser oficial de la Policía Nacional en servicio activo y haber sido juez de instrucción penal militar por un tiempo no inferior a cinco (5) años; b) Haber sido juez de instrucción penal militar por un tiempo no inferior a cinco (5) años; c) Haber sido oficial o suboficial de la Policía Nacional, hallarse en situación de retiro temporal con pase a la reserva y ejercido funciones en la jurisdicción penal militar u ordinaria, o ejercido la profesión de abogado en el mismo ramo por un tiempo no inferior a tres (3) años, o haber desempeñado cargos en la justicia penal militar por un tiempo no inferior a cinco (5) años; d) Haber sido juez penal o fiscal delegado ante juzgados penales, por un tiempo no inferior a cinco (5) años y haber aprobado un curso de inducción a la justicia penal militar.

(6) Ver Decreto 1790 de 2000, artículo 74 y Decreto 1791 de 2000, artículo 32.

(7) Decreto 1790 de 2000, ART. 73.—Procedencia de los oficiales del cuerpo de justicia penal militar. Los oficiales del cuerpo de justicia penal militar procederán de oficiales en actividad hasta el grado de mayor o capitán de corbeta, de suboficiales y civiles que acrediten título de abogado. PAR.—Los civiles a que se refieren este artículo que a partir de la vigencia del presente decreto soliciten incorporarse como oficiales del cuerpo de justicia penal militar y que sean aceptados, deberán aprobar un curso de orientación militar, al termino del cual serán escalafonados en el grado de subteniente o teniente de corbeta, previo concepto de la junta asesora del Ministerio de Defensa y cumplimiento de los requisitos generales exigidos para oficiales en ese grado.

(8) Decreto 1791 de 2000, ART. 31.—Procedencia de los oficiales de la especialidad de justicia penal militar. Los oficiales hasta el grado de mayor que acrediten título de abogado, podrán pertenecer a la especialidad de justicia penal.

(9) En efecto los artículos 74 a 80 del Decreto 1790 de 2000 y 32 a 38 del Decreto 1791 de 2000 establecen como requisitos para acceder a los cargos de magistrados o jueces de la justicia penal militar, tiempos de servicio y ejercicio de determinados cargos de mayor jerarquía, que garantizan que los jueces y magistrados sean superiores jerárquicos de los auditores de guerra por razón de la antigüedad o por el rango dentro de la estructura militar o de policía que ocupa el juez o magistrado.

La Corte Constitucional sólo ha examinado la función de los auditores de guerra en cuanto a su condición de funcionarios de carrera. Bajo la vigencia del Decreto 2550 de 1988, anterior Código Penal Militar, los auditores de guerra asesoraban a los jueces de primera instancia y a los consejos verbales de guerra, cuyos miembros en algunas ocasiones no tenían la calidad de abogados. Por ello, tales jueces dependían en muchos aspectos de su labor a los conceptos y propuestas que les presentaban los auditores. A pesar de lo anterior, la Corte señaló que el cargo de auditor de guerra no suponía una relación de confianza con el juez militar que justificara que tales funcionarios fueran de libre nombramiento y remoción. Por esa razón esta corporación reconoció que se trata de funcionarios de carrera. Dijo la Corte lo siguiente en la Sentencia C-368 de 1997 (10) :

(10) Corte Constitucional. Sentencia C-368 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, en este fallo la Corte examinó la constitucionalidad de la clasificación de distintos empleos públicos que establecía la Ley 443 de 1998. En dicha ley los auditores de guerra eran funcionarios de libre nombramiento y remoción. La Corte consideró que dadas las funciones de apoyo que cumplían los auditores dentro del proceso penal militar, se trataba de funcionarios de carrera. Las funciones que definía el Decreto 2550 de 1988 para los auditores de guerra, son similares a las que establece la Ley 522 de 1999, en las normas demandadas en este proceso.

Los auditores de guerra conforman un equipo que presta su consejo jurídico a los distintos oficiales encargados de juzgar penalmente a sus subordinados. Ellos son distribuidos de manera diferente entre los jueces, para prestarles su asesoría jurídica. Estas dos circunstancias permiten deducir que no se exige una relación de confianza especial entre el juez y el auditor. Las Fuerzas Armadas han previsto un mecanismo institucional de asesoría jurídica para los oficiales superiores que deben desempeñar en un momento determinado el papel de jueces penales militares. Para ello han creado un cuerpo de auditores, cuyos miembros de distribuyen de manera variable entre los distintos jueces, a través del azar. Si ello es así, no se requiere que exista una confianza especial entre el juez y el auditor, puesto que la relación entre los dos se deriva de una situación institucional.

En el nuevo Código Penal Militar, Ley 522 de 1999 (11) , los auditores de guerra tienen funciones similares a las que ejercían bajo la vigencia del Decreto 2550 de 1988 (12) . Al igual que en el anterior Código Penal Militar, hacen parte del personal de apoyo de los jueces de primera instancia y de las cortes marciales.

(11) Ley 522 de 1999, artículos 263, numeral 4º, 267 y 561, normas demandadas en el presente proceso.

(12) Decreto 2550 de 1988, ART. 358.—Funciones. Los auditores de guerra, superior, principal y auxiliar son asesores jurídicos de los juzgados de primera instancia; deben rendir los conceptos que ellos le soliciten, elaborar los proyectos de decisión, asesorar a los consejos verbales de guerra. Todos sus proyectos y conceptos deben ir firmados y no son de forzosa aceptación”. Bajo la vigencia del Decreto 2550 de 1988, los auditores de guerra también podían ejercer funciones de instrucción. ART. 356.—Quiénes son funcionarios de instrucción. Son funcionarios de instrucción penal militar: (...) 5. Los auditores de guerra designados por el respectivo juez de primera instancia”.

4. La intervención de los auditores de guerra dentro del proceso penal militar y la reserva sumarial.

Según el demandante, permitir el acceso del auditor de guerra al expediente y a otras diligencias de carácter reservado vulnera los derechos a la intimidad personal, a la honra y al debido proceso de quien es investigado, pues tal funcionario no es titular del poder jurisdiccional ni sujeto procesal autorizado por la ley para acceder a dichas diligencias.

En el campo penal, la publicidad de las actuaciones judiciales surge como un derecho constitucional del acusado (C.P., arts. 29 y 228) y como una garantía del debido proceso (13) . Así lo sostuvo en la Sentencia C-060 de 1994:

(13) Ver entre otras, las sentencias C-150 de 1993, M.P. Fabio Morón Díaz (donde la Corte declaró la inexequibilidad de disposiciones que establecían la reserva de ciertas pruebas hasta el momento de formularse la acusación, por considerar que tal reserva impedía que el procesado las controvirtieran oportunamente); C-060 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz (en donde la Corte declaró exequible una disposición que autorizaba al Consejo Superior de la Judicatura hacer públicas las sanciones impuestas a los abogados); C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa (donde la Corte condicionó el carácter reservado de las actas de las sesiones de las altas corporaciones a que lo fueran mientras no hubieran sido aprobadas); C-038 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz (donde la Corte examinó varias disposiciones del estatuto anticorrupción, Ley 190 de 1995, que establecían la reserva de ciertas diligencias y encontró que la reserva de la investigación disciplinaria era exequible sólo si se entendía que tal reserva operaba hasta la práctica de pruebas. También reiteró que la reserva del sumario fuera constitucional. Y declaró la inexequibilidad de una disposición que prohibía publicar extractos y resúmenes del contenido de la investigación disciplinaria mientras no hubiera fallo en firme, por considerar que constituía una forma de censura); C-619 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz (donde la Corte estimó que los dependientes de abogados que eventualmente accedieran a expedientes que contuvieran actuaciones administrativas reservadas debían ser estudiantes de derecho.

“El propósito fundamental de la publicidad de los procesos es evitar las arbitrariedades en que puedan incurrir las autoridades judiciales, y proporcionar al acusado un juicio justo e imparcial. Sin embargo, dicha publicidad puede ser restringida o limitada por la ley, siempre y cuando sea proporcionada con la finalidad protectora que se quiera cumplir, como es el caso de la reserva del sumario, que busca proteger la recolección de datos que ayudan a determinar responsabilidades. Tales restricciones, sin embargo, no pueden ser de tal magnitud que hagan nugatorio dicho derecho constitucional” (14) .

(14) Corte Constitucional. Sentencia C-060 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz, ya citada.

Esta corporación ya ha establecido que en materia de procedimiento penal (15) , el principio de publicidad no es absoluto, sino que, en cada etapa del proceso, se debe armonizar con otros principios y valores, como el de la eficacia de la justicia o el de la presunción de inocencia: “en materia penal, la imposición de una publicidad total —desde las averiguaciones previas—, podría malograr la capacidad de indagación del Estado y menoscabaría la presunción de inocencia de las personas” (16) .

(15) Ver, por ejemplo, las sentencias C-150 de 1993, M.P. Fabio Morón Díaz; C-060 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-619 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, previamente citadas.

(16) Ver, por ejemplo, la Sentencia C-038 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, ya citada.

En ese orden de ideas, el principio de publicidad se respeta cuando las excepciones señaladas por la ley son razonables (17) . Este principio también opera en materia penal militar, cuya actividad judicial está sujeta a la estricta observancia de los preceptos constitucionales y en especial a los contenidos en los artículos 28 a 35 superiores.

(17) Ver, por ejemplo, la Sentencia C-150 de 1993, M.P. Fabio Morón Díaz, donde la Corte sostuvo que “la reserva de determinadas actuaciones judiciales del proceso penal, redunda en algunos casos en el cabal ejercicio de tales funciones”.

En desarrollo de estos principios (18) , el Código Penal Militar, Ley 522 de 1999, reguló la reserva sumarial durante las etapas de instrucción e investigación —excepción al principio de publicidad de los procesos penales militares— (19) con las siguientes características, entre otras: 1. Durante la etapa de instrucción, sólo tienen acceso al expediente el funcionario de instrucción, el juez de conocimiento, el fiscal, los secretarios, el agente del Ministerio Público, el procesado, su defensor, el apoderado de la parte civil, los peritos y sus asesores (20) . 2. Durante la etapa de investigación, ésta sólo puede ser conocida por los funcionarios y empleados judiciales que la adelanten, por los peritos cuando rindan su concepto y por las partes (21) . 3. La violación de la reserva sumarial se sanciona con multa de uno (1) a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando se revele en todo o en parte el contenido del sumario a personas no autorizadas, mientras no se hubiere iniciado el juicio; y con suspensión del empleo por un periodo de ocho (8) días a dos (2) meses, cuando la violación sea cometida por alguno de los empleados que han tenido acceso al expediente (22) .

(18) Corte Constitucional, Sentencia C-1149 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería, SV: Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis.

(19) Ley 522 de 1999. ART. 202.—Publicidad. Los procesos penales militares serán públicos, salvo lo previsto sobre reserva sumarial.

(20) Ley 522 de 1999, ART. 461.—Reserva del sumario. El sumario es reservado en su instrucción. Solamente podrán intervenir el funcionario de instrucción, el juez del conocimiento el fiscal, los secretarios, el agente del Ministerio Público, el procesado, su defensor, el apoderado de la parte civil, los peritos y sus asesores.

(21) Ley 522 de 1999, “ART. 399.—Reserva. La investigación sólo podía ser conocida por los funcionarios y empleados que la adelanten, los peritos cuando lo necesitan para rendir su dictamen y las partes que intervengan en el proceso, para cumplimiento de sus deberes”. Además la Ley 552 de 1999 establece que son reservados los autos motivados que dispongan allanamientos, registros, la retención de la correspondencia, o la interceptación de comunicaciones [ART. 476.—Providencias reservadas. Los autos motivados mediante los cuales se dispongan allanamientos y registros, retenciones de correspondencia, interceptaciones de comunicaciones, no se darán a conocer a las partes mientras el funcionario considere que ello puede interferir el desarrollo de la respectiva diligencia. Contra dichos autos no procede recurso alguno]. También establece que las diligencias preliminares podrán ser conocidas por el defensor del imputado, una vez éste se haya posesionado y luego de que el imputado haya rendido su versión [ART. 453.—Reserva de las diligencias preliminares. Las diligencias de indagación preliminar son reservadas, pero posesionado legalmente el defensor, podrá conocerlas, cuando se le haya recibido versión al imputado]. Finalmente, durante la investigación está prohibido expedir copias del expediente, salvo cuando la solicite autoridad competente y con el fin de investigar y conocer de procesos judiciales, administrativos o disciplinarios o para dar trámite al recurso de hecho. [ART. 462.—Prohibición de expedir copias. Durante la investigación ningún funcionario puede expedir copia de las diligencias practicadas, salvo que las solicite autoridad competente para investigar y conocer de procesos judiciales, administrativos o disciplinarios o para dar trámite al recurso de hecho. Los sujetos procesales, tienen derecho a que se les expida copia autorizada de la actuación para su uso exclusivo y para el cumplimiento de sus funciones. El hecho de ser sujeto procesal impone la obligación de guardar la reserva sumarial, sin necesidad de diligencia especial].

(22) Ley 522 de 1999, ART. 463.—Sanciones por violaciones a la reserva del sumario. El que revele en todo o en parte el contenido del sumario a personas no autorizadas, mientras no se hubiere iniciado el juicio, incurrirá en mulla de uno (1) a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes impuesta por el juez que conoce el proceso. Si del hecho fuere responsable algunos de los empleados que han conocido del sumario en ejercicio de su cargo, incurrirá, además, en la pena de suspensión del empleo que ejerza por un período de ocho (8) días a dos (2) meses. De estos hechos conocerá el juez de la causa mediante el procedimiento del artículo 258 del Código de Procedimiento Penal y normas que lo modifiquen.

De lo anterior surge que la reserva sumarial en el proceso penal militar se viola cuando se permite el acceso a dicha información a personas no autorizadas o cuando se hace pública la información que debe permanecer reservada. La finalidad de proteger la integridad de la investigación y su adecuado desarrollo, así como la necesidad de garantizar la presunción de inocencia y el buen nombre del presunto implicado, pueden verse afectadas si se permite el acceso a la información reservada a personas no autorizadas por la ley, aun cuando dicha información no sea posteriormente divulgada. Por ello, el mismo Código Penal Militar estableció la posibilidad de sancionar con multa o suspensión en el empleo a quienes revelen en todo o en parte la información sometida a la reserva del sumario.

En el caso bajo estudio, el demandante señala que los auditores de guerra, como funcionarios administrativos, tienen un acceso no autorizado al sumario. Sin embargo, constata la Corte, en primer lugar, que la Ley 522 de 1999 no define a los auditores de guerra como empleados de la Justicia Penal Militar que cumplen funciones administrativas. El Código Penal Militar los ha definido como asesores jurídicos de los jueces de primera instancia (23) , que prestan su consejo jurídico a los distintos oficiales encargados de juzgar penalmente a sus subordinados, para la elaboración de conceptos y proyectos de fallo. Estas funciones reiteran su carácter de auxiliares de la justicia penal militar, en labores similares a las que desempeñan los abogados y asesores en las distintas cortes y tribunales.

(23) Ley 522 de 1999, artículos 267 y 561.

En segundo lugar, advierte la Corte que no es cierto que los auditores de guerra no hayan sido autorizados por la Ley 522 de 1999 para tener acceso a diligencias reservadas, no sólo cuando actúan como funcionarios de instrucción, sino también cuando actúan como asesores. En efecto, el artículo 461 de la Ley 522 de 1999, autoriza durante la etapa de instrucción, la intervención del funcionario de instrucción, del juez de conocimiento, del fiscal, del agente del Ministerio Público, del procesado, de su defensor, del apoderado de la parte civil, de los secretarios, de los peritos y, de manera general, “de sus asesores” (24) . La intervención de estas personas durante la etapa de instrucción, implica necesariamente el acceso al expediente y la posibilidad de conocer diligencias reservadas.

(24) Ley 522 de 1999. ART. 461.—Reserva del sumario. El sumario es reservado en su instrucción. Solamente podrán intervenir el funcionario de instrucción, el juez del conocimiento el fiscal, los secretarios, el agente del Ministerio Público, el procesado, su defensor, el apoderado de la parte civil, los peritos y sus asesores.

Si bien la norma no menciona expresamente a los auditores de guerra, emplea la expresión “asesores”. En el proceso penal militar, sólo los jueces y las cortes marciales tienen asesores. Éstos pueden ser asesorados por los auditores de guerra y por otros asesores especializados que sean necesarios por la naturaleza del proceso (25) . Por lo tanto, los auditores de guerra, en su calidad de asesores de los jueces de primera instancia y de las cortes marciales, están autorizados para acceder a diligencias reservadas.

(25) Ley 522 de 1999, ART. 408.—Asesores especializados. El juez podrá solicitar, de entidades oficiales, la designación de expertos en determinada ciencia o técnica, cuando quiera que la naturaleza de los hechos que se investigan requiera la ilustración de tales expertos. Los asesores designados tomarán posesión como los peritos y tendrán acceso al expediente en la medida en que su función lo exija.

Adicionalmente, en razón de las funciones que desempeñan los auditores de guerra, en particular, la posibilidad de elaborar proyectos de fallo para los jueces de primera instancia y de rendir conceptos, no podrían llevar a cabo esta tarea si el acceso al expediente les estuviera vedado. Por lo cual, también están autorizados para tener acceso al sumario y a diligencias reservadas a lo largo del proceso penal. Este acceso les impone el deber de respetar la reserva de las diligencias que conozcan. Si en ejercicio de sus funciones divulgan la información reservada, estarán sujetos a las sanciones previstas en el artículo 462 de la Ley 522 de 1999, ya citado.

Por lo anterior, no prospera el primer cargo planteado por el demandante.

5. Las funciones de los auditores de guerra dentro del proceso penal militar y el respeto a la independencia de los jueces militares y de las cortes marciales.

La Constitución dispone en su artículo 228 que las decisiones de la administración de justicia son independientes. Así lo reiteró esta corporación al examinar la ley estatutaria de la administración de justicia en la Sentencia C-037 de 1996 (26) :

(26) Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

La independencia, como su nombre lo indica, hace alusión a que los funcionarios encargados de administrar justicia no se vean sometidos a presiones o, como lo indica la norma bajo estudio, a insinuaciones, recomendaciones, exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros órganos del poder, inclusive de la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio legítimo por parte de otras autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales. (...) En igual sentido, debe decirse que la independencia se predica también, como lo reconoce la disposición que se estudia, respecto de los superiores jerárquicos dentro de la rama judicial. La autonomía del juez, es, entonces, absoluta. Por ello la Carta Política dispone en el artículo 228 que las decisiones de la administración de justicia “son independientes”, principio que se reitera en el artículo 230 superior cuando se establece que “Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley”, donde el término “ley”, al entenderse en su sentido general, comprende en primer lugar a la Constitución Política.

Por lo tanto, los funcionarios judiciales ejercerán sus atribuciones con total independencia de otras ramas del poder público, así como de superiores de la misma rama que pretendan impartirles instrucciones dentro del ámbito de sus funciones judiciales (27) . Todos los órganos que administran justicia, incluidos los que administran la justicia penal militar, deben ejercer sus funciones de conformidad con este principio.

(27) Así lo ha reconocido esta corporación en varias ocasiones. Ver, por ejemplo las sentencias C-558 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz, donde la Corte estudió varias disposiciones del estatuto orgánico de la Fiscalía General de la Nación y declaró la constitucionalidad del aparte “bajo la dependencia de sus superiores jerárquicos y del fiscal general”, contenido en el artículo 19 de la ley, en el entendido que la jerarquía administrativa del Fiscal General no le permitía instruir jurídicamente a sus delegados sobre cómo resolver un caso, ya que una tal práctica acabaría con la independencia e imparcialidad de los fiscales que, conforme a la Carta, son funcionarios judiciales. C-1641 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero, donde la Corte examinó entre otras materias los requisitos de imparcialidad e independencia de los servidores administrativos que ejercen funciones jurisdiccionales.

Se pregunta la Corte si el hecho de que los auditores de guerra cumplan funciones de asesoría y, por lo tanto, puedan incidir en el sentido de las decisiones que adopten los jueces militares y las cortes marciales, les resta autonomía e independencia a éstos en el ejercicio de la función jurisdiccional a ellos encomendada. La Corte considera que ello no es así, por las siguientes razones.

En primer lugar, porque los auditores de guerra cumplen funciones de apoyo para los jueces militares de primera instancia y las cortes marciales. Ello se evidencia en el lenguaje empleado en el Código Penal Militar para describir sus funciones: “deben rendir los conceptos que se les requiera, elaborar los proyectos de decisión, asesorar las cortes marciales y los demás juzgamientos” (L. 522/99 art. 267). En segundo lugar, porque los auditores de guerra no ejercen labores de conducción del proceso. Su actividad se limita a prestar asesoría jurídica a los jueces militares y a las cortes marciales mediante la presentación de conceptos y proyectos de decisión, tareas que no comportan funciones de conducción. Tal como expresamente lo establece el inciso segundo del artículo 267 de la Ley 522 de 1999, todos los conceptos y proyectos de fallo que elaboren los auditores de guerra no son de forzosa aceptación. En tercer lugar, porque los auditores de guerra son funcionarios de carrera que hacen parte de la estructura de la justicia penal militar, quienes tienen como superior jerárquico al juez de primera instancia a quien asesoran. No se trata de asesores externos o expertos cuya especialidad incida en el criterio de los jueces.

Por las anteriores razones, no encuentra la Corte que la función de asesoría que realizan los auditores de guerra impida que los jueces militares y las cortes marciales ejerzan sus funciones con total independencia y autonomía. Por lo tanto, el segundo cargo presentado por el actor no prospera.

6. El ejercicio por parte de los auditores de guerra de las funciones de instrucción y de asesoría para el juzgamiento.

Pasa la Corte a examinar si el autorizar que el auditor de guerra asuma funciones de instrucción y, posteriormente, pueda asesorar al juez de instancia en el juzgamiento desconoce el debido proceso y las demás normas constitucionales sobre la materia.

Tal como lo ha sostenido de manera reiterada esta corporación, “a pesar de que la justicia penal militar no forma parte de la estructura orgánica de la rama judicial ella administra justicia respecto de aquellos delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio; debe aceptarse que todas aquellas garantías y principios que con forman la noción de debido proceso, resultan igualmente aplicables en esta jurisdicción especial” (28) .

(28) Cfr. Sentencia C-361 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

Además, si bien la Constitución permite en casos excepcionales, expresamente previstos por ella, que el procedimiento sea inquisitivo (C.P. art. 235, num. 3º), no incluyó dentro de estas excepciones a la justicia penal militar.

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha resaltado que la separación de etapas procesales de investigación, acusación y juzgamiento hace parte de las garantías del debido proceso y del derecho de defensa que rigen la justicia penal militar. Así lo señaló esta Corte en la Sentencia C-178 de 2002 (29) , cuando afirmó lo siguiente:

(29) Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, donde la Corte examinó la regulación legal de un procedimiento especial en el ámbito de la justicia penal militar —prevista en los artículos 578 y 579 de la Ley 522 de 1999—, y encontró que era inconstitucional porque desconocía la estructura procesal que permite distinguir con claridad las etapas de investigación, acusación y juzgamiento y limita el derecho de defensa del procesado al no señalar, por ejemplo, los recursos que se pueden presentar contra el auto que niega la práctica de ciertas pruebas. Tal procedimiento también resulta contrario al contenido del artículo 29 de la Constitución Política cuando se estructura sobre la base de términos procesales abreviados que resultan irrazonables al impedir que tanto el juez como las partes cuenten con el tiempo suficiente para establecer la veracidad de los hechos que se investigan habida cuenta de su complejidad y la gravedad de la sanción imponible a sus autores.

“En materia penal militar la determinación de la responsabilidad en la comisión de un hecho punible es una de las finalidades de la administración de justicia que si bien debe cumplirse evitando dilaciones injustificadas, no se alcanza cuando se establecen términos procesales que recortan el ejercicio del derecho de defensa del sindicado denegando la justicia que el procesado y las víctimas del delito demandan; que impiden establecer con claridad la verdad de los hechos que se estudian en la etapa de instrucción o en el juicio, circunstancia que incluso puede aumentar los niveles de impunidad en materia delictiva; o que niegan el derecho a obtener una reparación por parte de las víctimas (30) .

(30) Cfr. Sentencia C-1149 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería. Se declaró en esa oportunidad la exequibilidad de los artículos 107, 108 inciso 3º y 305 parcial de la Ley 522 de 1999. Se hace allí referencia a los derechos de las víctimas (y también de los procesados) por los que vela el proceso penal: derecho a la justicia; derecho a la verdad; y derecho a obtener una reparación.

Tales violaciones al debido proceso se configuran cuando la brevedad de los términos afecta, por ejemplo, las funciones básicas del proceso penal confundiendo en una misma etapa la instrucción y el juicio criminales (...).

(...).

Sin embargo, tal diseño del proceso especial no implica que las etapas de investigación, acusación y juzgamiento se funden en una sola, pues en todo caso el juez militar, a quien corresponda adelantar la investigación, debe proferir una acusación que ha de conocer el sindicado para que pueda enterarse de los cargos específicos en su contra y ejercer el derecho de defensa que se le reconoce en los términos de la Constitución y la ley. De la misma forma, la instrucción, la acusación y el juzgamiento deben ser etapas claramente diferenciadas, para que el procesado pueda conocer todos los elementos de juicio con los que va a disponer el juez y el mérito de los mismos, de acuerdo con los hallazgos hechos en la etapa instructiva.

Por lo anterior, se pregunta la Corte si a pesar de que los auditores de guerra cumplen, por regla general, funciones de asesoría jurídica en la primera instancia y a las cortes marciales de los procesos que se adelantan ante la justicia penal militar y, de manera excepcional, funciones de instrucción, esta circunstancia equivale a una acumulación de las funciones de instrucción, acusación y juzgamiento que desconozca el debido proceso y el artículo 252 de la Constitución.

Tal como lo reconoció esta Corte en la Sentencia C-361 de 2001, la decisión del legislador de introducir en la Ley 522 de 1999 un elemento acusatorio dentro de la estructura del procedimiento penal castrense fue explícita (31) . Por ello, el proceso penal militar se debe desarrollar en varias fases o etapas, distinguibles y separables. “La primera de estas fases está constituida por la investigación, que es adelantada por funcionarios de instrucción; en una segunda etapa, los fiscales [o el propio juez] califican el sumario y si es el caso profieren la resolución de acusación que necesariamente habrá de conocer el sindicado; finalmente viene la etapa del juicio penal militar propiamente dicho” (32) .

(31) Corte Constitucional. Sentencia C-361 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(32) Ibídem.

Cuando el auditor de guerra interviene en la etapa de instrucción, y, posteriormente, en ejercicio de sus funciones como asesor jurídico del juez de primera instancia, se le pide que elabore el proyecto de fallo, se desconoce el debido proceso y la separación de las funciones mencionadas. La intervención de este funcionario en las etapas de investigación, acusación y juzgamiento, amenaza gravemente el derecho del sindicado a que en las distintas etapas su investigador, su acusador o juzgador sea un funcionario imparcial. En efecto, cuando el auditor de guerra ejerce dentro del mismo proceso las funciones de instrucción y de asesoría para el juzgamiento, ejerce funciones que materialmente inciden tanto en la etapa de instrucción como en la de juzgamiento, lo cual desconoce la garantía constitucional del debido proceso que, en materia penal, exige la separación de tales etapas y su realización en cabeza de diversas personas con el fin de garantizar la imparcialidad en la investigación y en el juzgamiento de la conducta punible.

Puesto que la posibilidad de intervención de los auditores de guerra como funcionarios de instrucción es excepcional, encuentra la Corte que sólo cuando estos funcionarios actúan como instructores del proceso penal, se violaría el debido proceso si se les solicita, al mismo tiempo, que elaboren proyectos de fallo o asesoren de cualquier manera al juez de primera instancia durante la etapa de juzgamiento. Por lo cual, la Corte condicionará la constitucionalidad del numeral 4º del artículo 263 de la Ley 522 de 1999, que establece las funciones especiales de los auditores de guerra como funcionarios de instrucción, en el entendido de que dicho funcionario no podrá asesorar o elaborar proyectos de fallo en las etapas sucesivas del mismo proceso, como la de juzgamiento.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLE los artículos 267 y 561 de la Ley 522 de 1999 “por medio de la cual se expide el Código Penal Militar”, en relación con los cargos examinados.

2. Declarar EXEQUIBLE el artículo 263, numeral 4º de la Ley 522 de 1999 “por medio de la cual se expide el Código Penal Militar”, en el entendido de que cuando el auditor de guerra ha actuado en la etapa de instrucción no podrá ejercer funciones de asesoría ni elaborar proyectos de fallo durante la etapa de juzgamiento en el mismo proceso.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, archívese el expediente y cúmplase».

________________________________