Sentencia C-228 de marzo 18 de 2003 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-228 de 2003 

Ref. Exp: D-4261

Magistrado Ponente:

Dr. Alfredo Beltrán Sierra

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 17 (parcial), 33 (parcial), 34 (parcial), 53, 69 (parcial), 72 (parcial), 77 (parcial), 80 (parcial), 91 (parcial), 101 (parcial), 102 (parcial), 105 (parcial), 136 (parcial), 137 (parcial), 145 (parcial), 146 (parcial), 220 (parcial), y 310 (parcial) de la Ley 522 de 1999 “por medio de la cual se expide el Código Penal Militar”.

Actora: Marcela Patricia Jiménez Arango

Sentencia aprobada en Bogotá, D.C., a los dieciocho días del mes de marzo de dos mil tres.

EXTRACTOS : «1. Normas acusadas

El siguiente es el texto de las normas acusadas como inconstitucionales, bajo la advertencia de que se resaltan los apartes demandados:

“LEY 522 DE 1999

(Agosto 12)

El Congreso de Colombia,

Por medio de la cual se expide el Código Penal Militar.

DECRETA:

LIBRO PRIMERO

Parte general

(…).

CAPÍTULO II

Principios y reglas fundamentales

(…).

ART. 17.—Función de la pena y de las medidas de seguridad. La pena en el derecho penal militar tiene función ejemplarizante, retributiva, preventiva, protectora y resocializadora. Las medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación.

(…).

CAPÍTULO IV

Del concurso de hechos punibles

ART. 33.—Límite de la pena en el concurso. La pena aplicable al concurso no podrá ser superior a la suma aritmética de las penas imponibles a los respectivos hechos punibles.

Para los efectos del inciso anterior, tres (3) días de arresto equivalen a uno (1) de prisión.

CAPÍTULO V

De la ausencia de responsabilidad

ART. 34.—Causales de justificación. El hecho se justifica:

1. Cuando se obre en estricto cumplimiento de un deber legal.

2. Cuando se obre en cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales.

3. Cuando se obre en legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público.

4. Cuando se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión.

Se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que, indebidamente, intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas, cualquiera sea el daño que se le ocasione.

5. Cuando se actúa por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable de otra manera, que el agente no haya causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar.

PAR.—El que exceda los límites propios de cualquiera de las causas de justificación precedentes incurrirá en una pena no menor de la sexta parte del mínimo, ni mayor de la mitad del máximo de la señalada para el hecho punible.

(…).

TÍTULO TERCERO

De la punibilidad

CAPÍTULO I

Las penas

ART. 47.—Duración de la pena. La duración máxima de la pena es la siguiente:

1. Prisión, hasta sesenta (60) años.

2. Arresto, hasta ocho (8) años.

3. Multa, hasta cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

4. Restricción domiciliaria, hasta cinco (5) años.

5. Interdicción de derechos y funciones públicas, hasta diez (10) años.

6. Prohibición del ejercicio de arte, profesión u oficio, hasta cinco (5) años.

7. Suspensión de la patria potestad, hasta quince (15) años.

8. Prohibición de porte y tenencia de armas de fuego, hasta tres (3) años.

9. Prohibición de consumir bebidas alcohólicas hasta tres (3) años.

(...).

ART. 53.—Conversión de multa en arresto. Cuando la multa hubiere sido impuesta como pena principal y única, y el condenado no la pagare o amortizare de acuerdo con lo previsto en los artículos anteriores, se convertirá en arresto, equivalente al salario mínimo legal diario, por cada día de arresto. En este caso, el arresto no podrá exceder de cinco (5) años.

El condenado a quien se le haya hecho la conversión de que trata el inciso anterior, podrá hacer cesar el arresto en cualquier momento en que satisfaga la parte proporcional de multa que no haya cumplido en arresto.

CAPÍTULO II

De las circunstancias

(…).

ART. 69.—Agravación punitiva. Son circunstancias que agravan la pena, siempre que no hayan sido previstas de otra manera:

1. Cometer el hecho en estado de guerra exterior o de conmoción interior o frente al enemigo.

2. Cometer el hecho delante de la tropa reunida para los actos del servicio.

3. Haber obrado por motivos innobles o fútiles.

4. El tiempo, el lugar, los instrumentos o el modo de ejecución del hecho, cuando hayan dificultado la defensa del ofendido o perjudicado en su integridad personal o bienes, o demuestren una mayor insensibilidad moral en el delincuente.

5. La preparación ponderada del hecho punible.

6. Abusar de las condiciones de inferioridad del ofendido.

7. Ejecutar el hecho con insidias o artificios o valiéndose de la actividad de inimputables.

8. Obrar con complicidad de otro.

9. Ejecutar el hecho aprovechando calamidad, infortunio o peligro común.

10. Abusar de la credulidad pública o privada.

11. Hacer más nocivas las consecuencias del hecho punible.

12. Abusar de cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima.

13. Haber cometido el hecho para ejecutar u ocultar otro o para asegurar para sí o para otra persona el producto, el provecho, el precio o la impunidad de otro hecho punible.

14. Emplear en la ejecución del hecho, medios de cuyo uso pueda resultar peligro común.

15. Ejecutar el hecho sobre objetos expuestos a la confianza pública, o custodiados en dependencias oficiales o pertenecientes a estas, o destinados a la utilidad, defensa o reverencia colectivas.

16. Cometer el hecho en presencia o con el concurso de subordinados.

17. Tratar de desviar la investigación descargando la responsabilidad en terceros.

CAPÍTULO III

De la condena de ejecución condicional

ART. 72.—Obligaciones. Al otorgar la condena de ejecución condicional, el juez podrá exigir el cumplimiento de las penas no privativas de la libertad que considere convenientes.

Además, impondrá las siguientes obligaciones:

1. Informar todo cambio de residencia.

2. Ejercer oficio, profesión u ocupación lícitos.

3. Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas.

4. Someterse a la vigilancia de las autoridades o presentarse periódicamente ante ellas, y

5. Observar buena conducta.

Estas obligaciones se garantizarán mediante caución.

CAPÍTULO IV

De la libertad condicional

ART. 77.—Revocación. Si durante el período de prueba que comprenderá el tiempo que falte para cumplir la condena, y hasta una tercera parte más, cometiere el condenado un nuevo delito o violare las obligaciones impuestas, se revocará la libertad condicional y se hará efectivo el resto de la pena que haya dejado de cumplir.

Si el juez decide extender el período de prueba más allá del tiempo de la condena, podrá prescindir de imponer al condenado, durante este período de exceso, las obligaciones señaladas en el artículo 72 de este código.

CAPÍTULO V

De la extinción de la acción y de la pena

ART. 80.—Desistimiento. El desistimiento aceptado por el querellado extingue la acción penal, en los casos y condiciones previstos por la ley.

Tratándose de lesiones personales cuya incapacidad para trabajar o enfermedad no pase de treinta (30) días, sin secuelas, la acción penal se extinguirá a petición del ofendido.

ART. 91.—Interrupción del término prescriptivo de la pena. La prescripción de la pena se interrumpe cuando el condenado fuere aprehendido o si cometiere nuevo delito mientras está corriendo la prescripción.

TÍTULO CUARTO

De las medidas de seguridad

CAPÍTULO ÚNICO

(…).

ART. 101.—Sustitución y prórroga. El juez podrá sustituir una medida de seguridad durante su ejecución por otra más adecuada, si así lo estimare conveniente, de acuerdo con la personalidad del sujeto y la eficacia de la medida, previo concepto de perito oficial en caso de que ello sea necesario.

También podrá el juez prolongar la vigilancia cuando hubiere sido quebrantada, pero sin exceder el límite máximo de duración de la pena prevista para el respectivo delito.

ART. 102.—Revocación de la suspensión condicional. Podrá revocarse la suspensión condicional de la medida de seguridad cuando, oído el concepto del perito, se haga necesaria su continuación.

La suspensión o extinción de la medida de seguridad, será declarada por el juez previo dictamen de perito.

Transcurrido diez (10) años continuos desde la suspensión condicional de una medida de seguridad, el juez declarará su extinción, previo dictamen del perito.

ART. 105.—Duración. La persona sometida a medida de seguridad en ningún caso podrá permanecer recluida en un establecimiento psiquiátrico por más del tiempo máximo de pena fijado para el respectivo hecho punible.

(…).

LIBRO SEGUNDO

Parte especial de los delitos

TÍTULO CUARTO

Delitos contra el honor

CAPÍTULO I

De la cobardía

ART. 136.—Cobardía. El que en zonas o áreas donde se cumplan operaciones de combate o en presencia del enemigo o de delincuentes huya o de cualquier modo eluda su responsabilidad de tal manera que afecte al personal de la fuerza pública, incurrirá por ese solo hecho en prisión de dos (2) a cuatro (4) años. Si como consecuencia del hecho sobreviniere la derrota, la pena se aumentará hasta en la mitad.

ART. 137.—Cobardía en el ejercicio del mando. Incurrirá en prisión de cinco (5) a veinte (20) años:

1. El comandante que se rindiere al enemigo, rebeldes o sediciosos o entregare por medio de capitulaciones la propia guarnición, unidad militar o policial, buque, convoy, nave, aeronave o lo abandonare sin agotar los medios de defensa que tuviere a su disposición.

2. El comandante que se rinda o adhiera al enemigo, rebeldes o sediciosos, por haber recibido órdenes de un superior ya capitulado, o que en cualquier capitulación comprometiere tropas, unidades, guarniciones militares o policiales, puestos fortificados, que no se hallaren bajo sus órdenes, o que estándolo no hubiesen quedado comprometidos en el hecho de armas y operación que originare la capitulación.

3. El comandante que por cobardía cediere ante el enemigo, rebeldes, sediciosos o delincuentes, sin agotar los medios de defensa de que dispusiere, o se rindiere, si esto determinare la pérdida de una acción bélica o una operación.

CAPÍTULO III

De la injuria y la calumnia

ART. 145.—Retractación. No habrá lugar a punibilidad si el autor o participe de cualquiera de los delitos previstos en este capítulo se retractare antes de proferirse sentencia de primera o única instancia, con el consentimiento del ofendido, siempre que la publicación de la retractación se haga a costa del responsable, se cumpla en el mismo medio y con las mismas características en que se difundió la imputación o en el que señale el juez en los demás casos.

ART. 146.—Querella. En los casos previstos en este capítulo sólo se procederá mediante querella, presentada dentro de los seis (6) meses siguientes a la comisión del hecho.

Si la calumnia o la injuria afectan la memoria de un miembro difunto de la fuerza pública, la acción podrá ser intentada por la institución armada a que pertenezca o por quien compruebe interés legítimo en su protección y defensa.

TÍTULO SEGUNDO

Disposiciones generales

ART. 220.—Acciones derivadas del hecho punible. El hecho punible cometido por miembro de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el servicio, genera acción penal, la que se ejercerá única y exclusivamente por las autoridades penales militares, conforme a las disposiciones de este código. El resarcimiento de los perjuicios a que hubiere lugar se obtendrá a través de la acción indemnizatoria que se ejercerá ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

CAPÍTULO V

Parte civil

(…).

ART. 310.—Limitaciones procesales de la parte civil. Para los efectos del artículo 74 de la Constitución Política, los documentos clasificados o reservados de la fuerza pública que se requieran para un proceso penal militar, se llevarán en cuaderno separado y estos no podrán ser conocidos por la parte civil.

(...).

II. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia.

La Corte Constitucional es competente para conocer de este proceso, por haberse originado en la demanda presentada contra normas que hacen parte de una ley de la República (art. 241, num. 4º de la Constitución).

2. Lo que se debate.

Como se desprende de los antecedentes, sostiene la actora que los artículos acusados del Código Penal Militar, son contrarios a la Constitución, porque violan diversas normas de ésta que se relacionan con el derecho a la igualdad, la dignidad humana, la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de la pena, el acceso a la administración de justicia y el debido proceso, entre otros.

De otra parte, también sostiene la actora que algunas normas del Código Penal Militar, regulan aspectos no considerados en la legislación penal ordinaria o, en otros casos, exceden el máximo de las penas y las exigencias contenidas en dicho ordenamiento.

Se examinarán, en consecuencia, cada uno de los argumentos contenidos en la demanda.

3. Algunas reflexiones sobre el Código Penal Militar.

De conformidad con el artículo 221 de la Constitución Política, existe un régimen penal especial para el juzgamiento de delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en razón de los actos cometidos en el mismo servicio.

La Ley 522 de 1999, por medio de la cual se expide el Código Penal Militar, contempla una regulación especial, en atención a los sujetos, los bienes jurídicos protegidos y a las condiciones especiales que se derivan de la función que de conformidad con la Constitución, le corresponde cumplir a los miembros de las Fuerzas Militares.

En Sentencia C-368 de 2000, magistrado ponente doctor Carlos Gaviria Díaz, esta corporación manifestó que:

“En materia penal, la regla constitucional general es la jurisdicción penal ordinaria, y la excepción, la jurisdicción penal militar; para delimitar el ámbito de aplicación de esta última, se aplican los dos criterios concurrentes señalados en el artículo 221 de la Carta y desarrollados por la Ley 522 de 1999: el personal y el funcional. El criterio personal, desarrollado por los artículos 1º, 4º y 5º de dicha ley, indica que sólo sujetos calificados gozan de este fuero: de manera exclusiva, los miembros de la fuerza pública en servicio activo; pero esa calidad no es, por sí sola, suficiente para optar de manera válida, cuando se trata de conocer de un asunto determinado, por la competencia excepcional de la jurisdicción especial; si así fuera, se configuraría un fuero meramente estamental contrario al ordenamiento constitucional vigente; por eso, el criterio personal debe concurrir con el criterio funcional, desarrollado en los artículos 2º y 3º de la ley citada, de acuerdo con los cuales, el fuero militar sólo opera para conocer y juzgar: a) aquellas conductas delictivas que sólo pueden ser cometidas en razón del servicio que prestan los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, por requerir esos tipos penales de sujetos activos calificados, como es el caso en los delitos del centinela, la insubordinación o la cobardía; y b) otras conductas delictivas que no requieren necesariamente de ese sujeto activo calificado, pero que se relacionan con el servicio que prestan los miembros de las fuerzas armadas, pues constituyen omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones asignadas a esas instituciones”.

En consecuencia, el Código Penal Militar contiene un régimen completo, tanto sustantivo como procesal, que debe respetar y desarrollar los principios y valores constitucionales, y además, estar acorde con los mismos principios y valores que se aplican para el régimen penal ordinario. Por ello, las diferencias existentes deben estar debidamente justificadas (v.gr. Sent. C-358/97 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

Escrito lo anterior, se analizará cada una de las normas acusadas.

4. Análisis de la expresión ejemplarizante contenida en el artículo 17 del Código Penal Militar.

Dispone el artículo 17 de la Ley 522 de 1999: “La pena en el derecho penal militar tiene función ejemplarizante, retributiva, preventiva, protectora, resocializadora. Las medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación”.

Como se anotó, el cargo expuesto por la ciudadana demandante va en contra de la palabra subrayada, pues en su concepto, la valoración de la sanción penal utilizada como un “ejemplo” vulnera el principio de la dignidad humana.

En la existencia de la pena se distinguen dos momentos, el primero de ellos será el de la creación legal y el segundo el de su aplicación. Así, podría decirse que la creación legal de la pena, está diseñada para disuadir a los coasociados de cometer delitos en este caso a los miembros de la jurisdicción penal militar y el segundo, o con su aplicación, se busca restablecer el orden jurídico turbado.

Sobre este aspecto, en Sentencia C-647 de 2001, magistrado ponente doctor Alfredo Beltrán Sierra, se afirmó:

“En el orden lógico-jurídico a la pena la antecede el delito, o, expresado de otra manera, la pena es una consecuencia jurídica de la conducta punible conforme a la ley.

Mediante la pena y en virtud de la definición legal, el Estado le impone a una persona determinada la carga de soportar una privación o disminución de bienes jurídicos que, de otra manera permanecerían intangibles frente a la acción estatal. Ello ocurre, desde luego, con las limitaciones que señalen la Constitución, la dignidad de la persona humana y el respeto a los derechos humanos.

Si bien es verdad que la sociedad en el estado actual de su desarrollo acude a las penas como medio de control social, también lo es que a ella sólo puede acudirse como último recurso, pues el derecho penal en un Estado democrático sólo tiene justificación como la última ratio que se ponga en actividad para garantizar la pacífica convivencia de los asociados, previa evaluación de su gravedad, la cual es cambiante conforme a las circunstancias sociales, políticas, económicas y culturales imperantes en la sociedad en un momento determinado.

De lo expuesto deviene entonces, como obligado corolario que la pena, para tener legitimidad en un Estado democrático, además de ser definida por la ley, ha de ser necesariamente justa, lo que indica que, en ningún caso puede el Estado imponer penas desproporcionadas, innecesarias o inútiles, asunto éste que encuentra en Colombia apoyo constitucional en el artículo 2º de la Carta que entre otros fines asigna al Estado el de asegurar la “convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.

Como quiera que el delito vulnera un bien jurídico protegido por la ley, la proporcionalidad de la pena exige que haya una adecuación entre la conducta delictiva y el daño social causado con ella, habidas las circunstancias que la agraven o la atenúen, lo que supone de suyo que la proporcionalidad traza los límites de la pena y la medida concreta de la misma, asunto que corresponde establecer al legislador e individualizar al juez dentro de los límites mínimos y máximos señalados por aquel, analizadas las circunstancias concretas de modo, de tiempo y de lugar, así como las particulares en que se sitúe el agente del delito, todo lo cual constituye el amplio campo donde se desarrolla la dosimetría penal.

La necesidad de la pena exige de ella que sirva para la preservación de la convivencia armónica y pacífica de los asociados no sólo en cuanto ella por su poder disuasivo e intimidatorio evite la comisión de conductas delictuales, o por lo menos las disminuya, sino también en cuanto, ya cometidas por alguien, su imposición reafirme la decisión del Estado de conservar y proteger los derechos objeto de tutela jurídica y cumpla además la función de permitir la reincorporación del autor de la conducta punible a la sociedad de tal manera que pueda, de nuevo, ser parte activa de ella, en las mismas condiciones que los demás ciudadanos en el desarrollo económico, político, social y cultural.

La utilidad de la pena, de manera ineluctable, supone la necesidad social de la misma; o sea que, en caso contrario, la pena es inútil y, en consecuencia, imponerla deviene en notoria injusticia, o en el regreso a la ley del talión, que suponía la concepción de la pena como un castigo para devolver un mal con otro, es decir, la utilización del poder del Estado, con la fuerza que le es propia, como un instrumento de violencia y vindicta institucional con respecto al individuo, criterio punitivo este cuya obsolescencia se reconoce de manera unánime en las sociedades democráticas”.

Es claro entonces que la pena, en su función preventiva persigue disuadir de la comisión de delitos, al propio tiempo que su existencia puede evitar la comisión de conductas delictuales o, a lo menos disminuirlas, por una parte; y, por otra, si a pesar de ello tales conductas se realizan, el Estado al imponer la pena prevista por la ley a su autor reafirma la conservación y protección de los bienes jurídicos tutelados por la ley.

Analizada la norma contenida en el artículo 17 de la Ley 522 de 1999 (CPM), se encuentra por la Corte que la atribución de una función “ejemplarizante” a la pena, si se refiere al papel disuasivo de la misma, ya se encuentra comprendida dentro de la función preventiva que a ella le asigna la misma norma, por lo que podría considerarse superflua, circunstancia esta que de suyo no apareja inconstitucionalidad. Pero, si ello no es así, ocurre entonces que ha de atribuirse a esa expresión un significado normativo distinto y, así las cosas, “ejemplarizante” es una expresión vaga, imprecisa, susceptible de entendimientos distintos según el interprete, que podrían abarcar desde sinonimia con la función preventiva de la pena como ya se dijo, hasta llegar a significar colocar a alguien a la vista de lo demás como persona cuya indignidad la separa de ellos, que así podrían considerarse superiores, similar a lo que ocurría exponiendo al reo a la picota pública o al acusado de infringir preceptos de orden religioso en la época de la inquisición, como ocurría con los acusados de herejía o brujería, todo lo cual muestra a las claras que la carencia de precisión conceptual en asunto tan caro a la libertad y a la dignidad de la persona humana como una de las funciones de la pena, trae como consecuencia ineludible la de la declaración de su inexequibilidad por violación de la Constitución, especialmente en sus artículos 12 y 16, razones estas por las cuales, así se declarará por la Corte.

5. Análisis del aparte demandado del artículo 33 de la Ley 522 de 1999.

Se demanda el aparte del artículo 33 de la Ley 522 de 1999, en cuanto dispone que para establecer la dosificación punitiva en el concurso de hechos punibles tres (3) días de arresto equivalen a uno (1) de prisión.

Para la actora, la medida impuesta puede ser más gravosa, hecho que vulnera el principio de legalidad y el debido proceso.

La Corte considera que si bien el arresto y la prisión son sanciones penales de naturaleza diferente, ambas consisten en la privación de la libertad personal, sólo que se cumple en lugares diferentes.

La conversión que se hace en caso de concurso de hechos punibles, obedece a la aplicación del principio de favorabilidad, en la medida en que se reduce el término de permanencia del condenado en el establecimiento carcelario militar o policial.

No hay, en consecuencia, razón alguna para sostener que la conversión de la sanción, quebranta la Constitución. Y por lo mismo, la Corte declarará exequible la disposición demandada.

6. Análisis del artículo 34 numeral 4º inciso 2º (parcial), artículo 47 numeral 1º, artículo 53, y algunas expresiones demandadas de los artículos 77, 80, y 145 del Código Penal Militar.

De manera general, los cargos expuestos por la ciudadana demandante para solicitar la inexequibilidad de estos artículos, se fundamentan en la diferencia existente, entre la regulación que de algunos institutos jurídicos se hace en el Código Penal Militar y el Código Penal ordinario.

Según la demandante, existen algunas conductas tipificadas en la legislación castrense que no tienen el mismo tratamiento en la legislación ordinaria, inclusive, señala que en algunas ocasiones la normatividad militar es más gravosa que la contenida en la legislación penal común.

En relación con este aspecto, la jurisprudencia de la Corte ha explicado que:

“La Constitución no establece que las normas procesales del Código Penal Militar deban ser idénticas a las del Código de Procedimiento Penal. Si las disposiciones de la legislación especial garantizan el debido proceso y se sujetan a la Constitución Política, en principio, no son de recibo las glosas que se fundamenten exclusivamente en sus diferencias en relación con las normas ordinarias, salvo que estas carezcan de justificación alguna. La Constitución ha impuesto directamente una legislación especial y una jurisdicción distinta de la común. Por consiguiente, el sustento de una pretendida desigualdad no podrá basarse en la mera disparidad de los textos normativos” (Sent. C-358/97, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

Lo anterior significa que la simple consagración diferencial entre la codificación ordinaria y la penal militar, no vulnera ningún mandato constitucional. Por el contrario, obedece a un criterio de especialidad que la misma Constitución otorga a la justicia penal militar (C.P. art. 221), de otra manera no tendría sentido la existencia de dos jurisdicciones, pues ellas encuentran su justificación, en razón a los diferentes destinatarios y a las actividades riesgosas que enfrentan los miembros de la legislación castrense.

De igual manera, en Sentencia C-1068 de 2001 se dijo: “Tratándose de ordenamientos diversos, cuya existencia encuentra sustento en la Constitución, las diferencias de régimen entre uno y otro no pueden dar lugar, por esa sola razón, a una decisión de inconstitucionalidad, sino que sería necesario acreditar que, en uno o en otro caso, la norma acusada es contraria a la Constitución”.

En conclusión, como el cargo de los artículos acusados, se limita a señalar que el tratamiento legislativo en la jurisdicción penal militar y la jurisdicción ordinaria debe ser igual, no encuentra la Corte motivo de inconstitucionalidad en estas normas, y por esto los declarará exequibles por los cargos estudiados.

No obstante, y en relación con el artículo 47 numeral 1º objeto de acusación, encuentra la Corte que el legislador, aun cuando tiene potestad de configuración de la ley penal y en virtud de ella puede señalar cuáles son las penas y el límite de duración de estas, no puede desbordar en ejercicio de esa atribución las garantías constitucionales, asunto este sobre el cual en cuanto a la fijación del término máximo de sesenta años para la pena de prisión por ahora no entra a pronunciarse la Corte.

Analizadas las normas citadas, se encuentra por la Corte que por los cargos que contra ella fueron formulados y de cuyo análisis se ocupó la corporación no se quebrantó la Constitución Política, y a ello se contrae, en esta sentencia, la declaración de exequibilidad que sobre tales normas se hará por la Corte.

7. Análisis de la expresión acusada del artículo 91 del Código Penal Militar.

Para la demandante la interrupción del término de prescripción de la pena cuando se cometiere un nuevo delito mientras está corriendo la prescripción de uno anterior rompe el principio de igualdad en relación con el Código Penal ordinario, cuyo artículo 90 no incluye esa causal de interrupción de la prescripción.

Agrega que, entonces el único criterio posible de diferenciación sería la calidad de militar del condenado, lo que a su juicio no es suficiente como criterio objetivo para establecer un trato diferente.

Como es públicamente conocido en Colombia y conforme al artículo 29 de la Carta no existe derecho penal de autor, sino de acto. Por ello la norma mencionada dispone que sólo puede juzgarse conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa al sindicado.

Siendo ello así, cada una de las conductas que el legislador erige como delitos tiene prevista por la ley una pena determinada. De esta suerte a una conducta singular, corresponde siempre la pena que la ley señala con indicación de mínimos y máximos para su aplicación concreta por el juez.

Es claro que luego de impuesta la pena, cuando ella no se ha cumplido y para que no permanezca indefinida en el tiempo se encuentra sometida a prescripción. De la misma manera, el legislador ha previsto causales de interrupción de la prescripción, lo que puede hacer en ejercicio de la potestad configurativa de la ley, dentro de los límites que impone la Carta.

Con todo, si a una conducta específica considerada por la ley como delito le corresponde una pena singular, no resultaría acorde con lo expuesto en los párrafos precedentes que la interrupción de la prescripción pudiera realizarse por la comisión de un nuevo hecho punible que es independiente del que ya fue juzgado y por el cual se condenó al autor del mismo.

A cada delito corresponde pues una pena; y cada pena puede prescribir por separado. De manera que resulta contrario a la Constitución Política y específicamente al artículo 29 de la Carta que la comisión de un hecho delictivo nuevo afecta la prescripción de la pena por delito anterior del mismo autor, pues esto, en el fondo implica el desconocimiento de que se juzga y condena por los actos u omisiones, en cada caso particular y concreto aunque el autor sea el mismo.

Por ello habrá de declararse la inexequibilidad de la expresión “o si cometiere nuevo delito mientras está corriendo la prescripción” contenida en el artículo 91.

8. Análisis del numeral 17 del artículo 69 del Código Penal Militar.

Establece el numeral 17 del artículo 69 de la Ley 522 de 1999, como causal de agravación punitiva “el tratar de desviar la investigación descargando la responsabilidad en terceros”.

El cargo para este artículo se fundamenta en la vulneración del artículo 33 de la Constitución que consagra el principio de no autoincriminación y la vulneración al debido proceso, pues para la demandante la norma limita el ejercicio material de la actividad defensiva del presunto implicado. Por tanto, el señalamiento de un tercero, debe considerarse como parte del derecho de defensa y no puede sancionarse como factor de agravación de la pena imponible.

Contrario a lo expuesto por la procuraduría, no hay lugar a una decisión inhibitoria sobre esta disposición, ya que en ella se plantea un problema, con respecto a una norma constitucional, cosa distinta es, analizar si en realidad con el argumento que se expone, se afecta un precepto contenido en la Constitución. Empero para la Corte, la ciudadana demandante está haciendo uso de la acción pública de constitucionalidad, y dentro de los requisitos mínimos que deben tenerse en cuenta para considerar que la demanda cumple con la exigencia legal es presentar la razón por la cual el texto normativo demandado viola la Constitución. En consecuencia, como en este caso no se configura la hipótesis de inepta demanda se analizará el cargo presentado.

La norma demandada tiene su razón de ser, por cuanto si bien se garantiza la intervención del sindicado en el proceso penal, y se le otorga además el derecho de guardar silencio y no declarar contra sí mismo, su cónyuge o parientes cercanos como parte integrante de su derecho de defensa, al inculpar a un tercero, se adquiere frente a la ley la obligación de decir la verdad y su declaración se recibirá bajo juramento, pues se está haciendo una denuncia contra otra persona.

Que el sindicado en ejercicio del derecho de defensa alegue que él no fue el autor del hecho punible que se investiga y se pretende sancionar, no puede ser objeto de reproche constitucional. Puede inclusive manifestar a la autoridad judicial correspondiente quién fue el autor del presunto delito que se investiga. Pero, como en esta hipótesis en realidad se formula una denuncia o se rinde en algunos casos un testimonio, deberá hacerlo con las formalidades exigidas en la ley penal para denunciar o para testimoniar.

Eso es distinto a obstaculizar la recta administración de justicia con conductas encaminadas a que se abandone la investigación sobre el sindicado, mediante imputaciones falsas a otras personas, o a la realización de otras maniobras por el imputado para que se desvíe la investigación, pues en tales casos ya no se trata del ejercicio del derecho de defensa, sino de obstaculizar la acción del Estado en el ejercicio de la función jurisdiccional, razón esta por la cual se encuentra ajustado a la Constitución que esa circunstancia constituya causal de agravación punitiva.

El legislador por mandato constitucional contenido en el artículo 33, debe proteger a la persona inculpada de un delito, señalándole que no está obligada a declarar contra sí mismo, su cónyuge y parientes cercanos, pero de ninguna manera puede protegerlo cuando trate de desviar la investigación vinculando a un tercero, pues esta actuación además de considerarse temeraria, afecta el principio de buena fe y desgasta la administración de justicia. Por lo que la norma se declarará exequible.

Así las cosas, ha de dejarse en claro que la causal de agravación punitiva establecida en el numeral 17 del artículo 69 de la Ley 522 de 1999 que ahora se analiza por la Corte, no es el ejercicio legítimo del derecho de defensa ejercido por quien siendo inocente niega la comisión del hecho punible, o por quien discute su grado de participación en la comisión del hecho delictivo, sino la conducta del sindicado que con un propósito determinado de entorpecer la labor de la administración de justicia opta por imputar la comisión del hecho a otras personas a sabiendas de que no lo cometieron para lograr, con esa maniobra desviar la investigación que se adelanta por la autoridad judicial competente. Esta nueva conducta es la que da origen a la agravación punitiva a que se refiere la norma acusada, como quiera que así se sanciona ese acto de deslealtad con la administración de justicia.

9. Análisis de las obligaciones contenidas en el artículo 72 del Código Penal Militar.

Se acusan como inconstitucionales las obligaciones impuestas al otorgar la condena de ejecución condicional, por considerar que ellas son indeterminadas y por sí solas no pueden conllevar a la privación de la libertad.

La consagración de estas disposiciones tienen como finalidad suspender la ejecución de la condena por un período de tiempo, siempre y cuando se reúnan una serie de requisitos, tales compromisos se constituyen como comportamientos normales que debe observar un buen ciudadano.

En Sentencia C-371 de 2002, esta corporación al estudiar una norma similar contenida en el artículo 65 de la legislación penal ordinaria expresó:

“Las obligaciones contempladas en el artículo 65 del Código Penal no pueden tomarse como un gravamen que, ex novo, se impone a una persona, sino como las condiciones que el ordenamiento jurídico considera aplicables a quien ha sido afectado por una condena penal, en aquellos eventos en los cuales una valoración en concreto permita concluir que no requiere tratamiento penitenciario.

Así, para conceder el subrogado de libertad condicional se valora la buena conducta en el establecimiento carcelario, de quien ha sido sustraído del entorno social en virtud de una conducta penal. Resulta razonable que cuando se reinserte en la sociedad le sean exigibles un mínimo de condiciones entre las cuales, en un cierto ámbito, resulta admisible la de observar buena conducta.

Tampoco resulta desproporcionado que, cuando el juez, a partir de un análisis de los antecedentes del condenado, llegue a la conclusión de que no es necesaria la ejecución de la pena, el ordenamiento condicione la libertad a la buena conducta.

La decisión judicial en estos casos no recae sobre la sanción en cuanto tal, que se impuso, con la plenitud de las garantías procesales, a un sujeto que infringió el ordenamiento penal, sino sobre la ejecución de la misma, y tiene, en ese ámbito, un carácter provisional, mientras se mantenga en el juez la convicción según la cual el condenado no requiere tratamiento penitenciario.

Reitera entonces la Corte que la obligación de observar buena conducta impuesta por el ordenamiento no es en sí misma contraria a la Constitución, y que tampoco es desproporcionado, que a la infracción de ese deber por quien es beneficiario de los subrogados penales de suspensión condicional de la ejecución de la pena y de libertad condicional se le imponga como consecuencia la revocatoria del respectivo subrogado”. (se destaca)

Por tanto, el legislador al señalar las obligaciones que se imponen al condenado en los numerales 1º, 2º y 4º no está incurriendo en indeterminación alguna y ellas resultan aplicables a cualquiera que sea el sindicado. No ocurre lo mismo con la obligación de abstenerse de consumir bebidas alcohólicas y la de observar buena conducta a que se refieren los numerales 3º y 5º de la norma acusada, pues ellas han de estar directamente relacionadas con la comisión del hecho delictivo por el cual se impuso la condena, razón esta que lleva a la Corte a que en relación con estas dos últimas la constitucionalidad que se declara lo sea solo en relación con el cargo que fue formulado. Por lo demás, ha de recordarse por la Corte que las obligaciones que se imponen a quien se condena condicionalmente, no persiguen afectar de manera ilegítima la libertad de la persona, sino que su objeto se contrae a que el propio condenado garantice que no requiere de tratamiento penitenciario porque su conducta así habrá de indicarlo, por un lado y, por otro permitirle al Estado tener conocimiento de dónde reside, el cambio de su residencia si ocurriere o la presentación periódica ante las autoridades si se hace necesario, nada de lo cual vulnera la Constitución. Adicionalmente, la Corte observa que la observancia de buena conducta que se exige en el numeral 5º del artículo 72 implica para el juez un análisis estricto pero cuidadoso al calificarla, pues mientras el actuar del condenado se ajuste a derecho, la suspensión de la condena de ejecución condicional por actos que no tengan relación directa con los fines perseguidos con ese subrogado penal resultaría contrario a la libertad personal, como ya se dijo por la Corte en Sentencia C-371 de 2002.

10. Análisis de los artículos 101 (parcial), 102 (parcial) y 105 del Código Penal Militar.

Establecen estas disposiciones el fin que persigue el Estado con la aplicación de las medidas de seguridad para los inimputables.

El cargo que expone la ciudadana demandante, sobre estos preceptos cuestiona el principio de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad de la pena. Por cuanto, según su concepto, en ciertos eventos la reclusión en un establecimiento psiquiátrico puede extenderse hasta el límite máximo de la pena fijado para la comisión de hechos punibles.

La interpretación dada por la ciudadana Jiménez Arango, con respecto a los artículos acusados es equivocada, pues las normas demandadas lejos de establecer una imposición, permiten al juez que conoce de la causa penal, tener ciertos criterios de movilidad en la aplicación de la medida de seguridad, inclusive se señala como requisito previo el dictamen pericial. Es decir, expertos en la materia ayudarán a determinar el tiempo de permanencia del inimputable en el establecimiento psiquiátrico.

Igualmente, la norma contenida en el artículo 105 del Código Penal Militar, rescata el principio de legalidad al establecer que en ningún caso la persona sometida a medida de seguridad podrá permanecer en un establecimiento psiquiátrico por más del tiempo máximo de pena fijado para el respectivo hecho punible.

Recuérdese que el fin de la medida de seguridad es que la persona se recupere de la enfermedad mental transitoria o que adquiera la suficiente adaptabilidad al medio social. Por lo tanto, la internación deberá prolongarse hasta que se logre el objetivo, salvo que la medida se extienda hasta el máximo de duración de la pena impuesta por el delito, caso en el cual la persona deberá ser puesta en libertad, tal como ocurre con los inimputables que no forman parte de la fuerza pública. (v. gr. Sent. C-358/97).

Por lo expuesto, la Corte considera que los artículos demandados, no vulneran ningún precepto constitucional, así se declarará en esta providencia, y no se inhibirá en la decisión del artículo 105, como lo solicita el Ministerio Público, pues no existe ineptitud de demanda.

11. Análisis de los apartes demandados de los artículos 136 y 137 del Código Penal Militar.

Según la demandante, los apartes de los artículos acusados, en cuanto establecen para la tipificación del delito de cobardía la afectación al personal de la fuerza pública (art. 136) y la pérdida de una acción bélica o una operación (art. 137, inc. 3º), vulneran derechos fundamentales como la protección a los asociados en su vida e integridad personal.

Para la procuraduría, no hay cargo con respecto a estas disposiciones por cuanto existe una inadecuada interpretación jurídica y no un argumento que permita analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los mismos.

Con todo, en lo que hace relación con al artículo 136 de la Ley 522 de 1999 (CPM) que tipifica el delito de cobardía, se observa por la Corte que la conducta allí descrita no es delictiva sino cuando al huir o eludir la responsabilidad “en zonas o áreas donde se cumplan operaciones de combate o en presencia del enemigo o de delincuentes”, afecte al personal de la fuerza pública, requisito este sin el cual no se cumpliría con la tipicidad de la conducta a la cual se refiere la norma citada.

De esta suerte, ha de reiterarse por la Corte lo dicho en la Sentencia C-563 de 30 de noviembre de 1995 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), en la cual en relación con el mismo delito, tipificado entonces por el artículo 123 del Código Penal Militar anterior (D. 2550/88), se expresó que

“Así pues, el acto de valor (como todos los enunciados en las normas demandadas) que para un ciudadano común podría ser heroico, y cuya omisión no sería vergonzosa, para un militar seria apenas debido, y su incumplimiento motivo de baldón”.

“A la vez, dentro de esa misma esfera de acción (la castrense), pueden darse hazañas que rebasan el mínimo de lo que razonablemente puede exigirse a un sujeto normal. La exigencia de valor demandable al soldado no puede equipararse al heroísmo. El primero encarna la ética del deber y el segundo pertenece a la ética de la aspiración”. Y, más adelante, en la misma sentencia ya citada, se expresó por la Corte que “el soldado que va al combate puede sentir miedo, en cantidad e intensidad variables según su temperamento (animoso o apocado), el entrenamiento recibido y su grado de compromiso con la causa cuya defensa se le encomienda, pero no es incompatible ese “natural” temor con el comportamiento que se le demanda.

Algo más: si se toma en consideración el hecho de que el militar (o el policía) en las circunstancias previstas en las normas acusadas, no actúa solo sino formando parte de un grupo, generalmente numeroso, las observaciones hechas acerca de la psicología de la masa (G. Le Bon y Freud, especialmente) indican que la influencia del miedo en la conducta individual se atempera notablemente; la mayor intensidad de los contenidos emocionales generados por la adhesión a la causa o la vinculación libidinosa con el líder, hacen que el miedo se relegue a un plano secundario, si no es que desaparece por completo. La sola circunstancia de hacer parte de una masa (y para este efecto el ejército lo es) trastoca el comportamiento individual inhibiendo la reflexión que abonaría las aprensiones sobre el mal eventual sobreviniente y haciendo más osado al individuo. Tal aseveración está confirmada por la experiencia, sin que sea preciso acudir —como lo hace Le Bon— a la postulación de entidades metafísicas tan problemáticas como “el alma colectiva”.

Pero es dable suponer, por ejemplo, que alguien —por excepción— sea presa del llamado “miedo pánico” (incontrolable, determinante e insuperable para el sujeto que lo padece) y, en consecuencia, siembre el terror entre la tropa con exclamaciones de alarma, huya o no concurra al combate. Pueden incidir en esa conducta inusitada, factores como el temperamento apocado, el escaso entrenamiento en el ejercicio castrense, la insuficiente compenetración ideológica con el objetivo que se persigue, o incluso el repudio racional del medio utilizado para alcanzarlo (caso de los objetores de conciencia). Todos esos factores y circunstancias deberán ser identificados por el juez en el caso concreto para darle a la persona el tratamiento jurídico adecuado, conforme a las normas que precaven esa eventualidad, tales como la fuerza mayor, prevista como causal de inculpabilidad en el artículo 36-1 del Código Penal Militar, excluyente de responsabilidad, o la contemplada en el 58-3 (“temor intenso”) causal de atenuación punitiva. Porque en esos casos el comportamiento no connota el vicio de la cobardía o al menos no merece el reproche total.

Pero el hecho de que los casos citados puedan presentarse, no invalidan las normas que, por la vía de la generalidad, hacen punible el comportamiento cobarde, sino que más bien confirman su justificación.

En armonía con lo que se ha dicho, es claro que no se pueden tener las mismas expectativas de valor con respecto al profesional de la milicia, incorporado al ejército en virtud de una opción personal, que de quien ha sido reclutado sin su consentimiento o aún contra su voluntad manifiesta.

Pero estas son, insiste la Corte, circunstancias que ha de valorar el juez en concreto a fin de establecer si es o no el caso de formular el reproche de cobardía y en qué grado. De allí la importancia, en los procesos por delitos militares, de un juez sabido y ecuánime y de un debido proceso riguroso”.

En conclusión, si entran en tensión el valor exigido al miembro de la fuerza pública y el núcleo esencial de un derecho fundamental como la vida o la integridad personal cuando exista muy alta probabilidad de que en determinadas circunstancias estas corran serio riesgo de pérdida o afectación grave y no es exigible otra conducta distinta, ha de primar el derecho fundamental.

12. Análisis del aparte demandado del inciso segundo del artículo 146 del Código Penal Militar.

Para la actora, la norma según la cual, la denuncia por el delito de calumnia contra la persona fallecida también puede ser formulada por la institución armada establece una odiosa discriminación, pues en la legislación ordinaria no existe tal prerrogativa y no se evidencia una razón válida para tal distinción. El carácter de armada de la institución no puede otorgar tal prerrogativa dejando en un plano de desigualdad a otras entidades públicas.

Analizada por la Corte la disposición acusada, se encuentra que en virtud de ella se confiere legitimación para instaurar la querella por los presuntos delitos de injuria y calumnia a “la institución armada” a la que perteneció un “miembro difunto de la fuerza pública” cuando con la conducta respectiva se afecte “la memoria” de quien en vida formó parte de una institución militar.

Para la Sala la legitimación que se confiere a la institución armada a la cual perteneció un miembro difunto de la fuerza pública para que pueda válidamente instaurar la querella por los delitos de injuria o calumnia que a él se le imputen, se ajusta a la Constitución Política. En efecto, el Código Penal Militar solo se aplica conforme al artículo 221 de la Constitución cuando se trate de delitos en que puedan incurrir los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio, lo que trae como consecuencia que la disposición acusada sólo entre a operar cuando el hecho sea cometido por quien reúna esas calidades, y con respecto a otro miembro de la fuerza pública, es decir que tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo requieren la pertenencia a ella. Del mismo modo, la calumnia o la injuria de que se trate debe estar relacionada de manera directa y próxima con el mismo servicio y, siendo ello así, nada se opone a que la institución armada a que perteneció en vida quien fue víctima de la calumnia o la injuria pueda, válidamente, querellarse contra el ofensor por cuanto se encuentra de por medio la actividad misma de esa institución, por un hecho que se dice cometido por alguien que fue miembro de la fuerza pública cuando pertenecía a ella activamente y ese hecho guarda “relación con el mismo servicio”, como se exige por el artículo 221 de la Carta, todo lo cual ha de entenderse sin perjuicio de que sea admisible la denuncia de los delitos de lesa humanidad o que atenten contra el derecho internacional humanitario (Sent. C-361, abr. 2/2001, M.P. Marco Gerardo Monroy C.).

13. Análisis del aparte demandado del artículo 220 del Código Penal Militar.

Dispone el último aparte del artículo 220, que el resarcimiento de los perjuicios debe intentarse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Esta disposición va en contra del derecho a la administración de justicia, siguiendo los parámetros señalados por esta corporación en Sentencia C-1149 de 2001, en donde al estudiar el artículo 177 del Código Penal Militar que hacía referencia a la acción civil derivada de la comisión de un hecho punible de competencia de la justicia penal militar, expresó:

“Se vulnera el derecho a acceder a la administración de justicia de las víctimas y perjudicados con el delito cuya competencia está asignada a la justicia penal militar, por cuanto de una parte, no pueden acceder a dicha jurisdicción con la finalidad de obtener la reparación directa de los daños causados y de otra, el derecho a obtener una decisión judicial que solucione su conflicto en forma integral, al no tener el derecho a obtener una declaración judicial sobre los perjuicios ocasionados.

El acceso a la administración de justicia (C.P., art. 229) no es sólo para hacerse parte dentro del proceso, sino también para que se le reconozcan sus derechos y dentro de estos, el derecho a ser indemnizado por los daños que se le han causado, a más del derecho a que se haga justicia y a conocer la verdad de lo sucedido.

En la forma como se ha previsto la institución de la parte civil en el Código Penal Militar, se desvirtúa su naturaleza misma que es esencialmente indemnizatoria y se le asigna una finalidad que no le es propia restándole toda efectividad y eficacia; además, se les limita o restringe el derecho a elegir entre el ejercer la acción civil dentro del proceso penal o fuera de éste ante la jurisdicción contencioso administrativo, debiendo acudir única y necesariamente a esta”.

Por lo expuesto y teniendo en cuenta que también esta norma remite a los afectados con la comisión de un delito de competencia de la justicia penal militar a la jurisdicción contencioso administrativo se declarará inexequible.

14. Análisis del último aparte del artículo 310 del Código Penal Militar.

De conformidad con el último inciso del artículo 310 del Código Penal Militar los documentos clasificados o reservados de la fuerza pública que se requieran en el proceso penal militar se llevarán en cuaderno separado “y estos no podrán ser conocidos por la parte civil”.

El motivo de la acusación consiste en la vulneración del derecho a la igualdad, por cuanto la parte civil tiene derecho al acceso a la administración de justicia en igualdad de oportunidades a la de los demás sujetos procesales y en tales aspectos no puede establecer distingos, privilegios o discriminaciones que no consulten un real motivo objetivo y razonable.

Sobre este aspecto, la Corte al estudiar los derechos de la parte civil dentro del proceso penal afirmó que:

“La visión de la parte civil sólo interesada en la reparación económica, debe ser abandonada. La víctima de un delito o los perjudicados por este tienen derecho a participar en el proceso penal no sólo para obtener el resarcimiento pecuniario, sino también para hacer efectivos sus derechos a la verdad y a la justicia. Incluso, pueden intervenir con la única finalidad de buscar la verdad y la justicia, sin que se les pueda exigir demostrar un daño patrimonial o una pretensión de esta naturaleza. Así, la parte civil es un sujeto procesal en sentido pleno.

Esta concepción de la parte civil tiene trascendencia en la definición y alcances de la participación de la víctima o los perjudicados tanto durante la investigación preliminar como dentro del proceso penal. Por ejemplo, si sus derechos no están limitados a la búsqueda de una reparación económica, la solicitud y presentación de documentos e información relevante también podrá estar orientada a contribuir al esclarecimiento de la verdad y a reducir el riesgo de impunidad y no sólo a demostrar la existencia de un perjuicio ni a cuantificar el daño material. Esta concepción también tiene implicaciones tanto en materia de los recursos que puede interponer contra decisiones que puedan afectar sus derechos a la verdad y a la justicia, como respecto la necesidad de que las providencias que puedan menoscabar sus derechos sean conocidas oportunamente por la parte civil para que pueda controvertirlas. Por ende, está legitimada, por ejemplo, para impugnar decisiones que conduzcan a la impunidad o no realicen la justicia” (se destaca). (Sent. C-228/2002, magistrados ponentes Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett).

Por lo tanto, no permitirle a la parte civil que conozca de los documentos recogidos dentro del proceso, constituye una afectación grave del derecho de acceso a la administración de justicia, pues el interés de proteger la información recogida no puede llegar a desconocer sus derechos, más aun cuando como lo señala la procuraduría, para proteger la integridad del expediente, respecto de la difusión de su contenido, se cuenta con mecanismos jurídicos tales como sanciones penales o de otro tipo aplicables a quienes violen la reserva propia del juicio penal.

Por todo lo anterior, es ostensible que la expresión “y estos no podrán ser conocidos por la parte civil” es inconstitucional y así se declarará.

III. Decisión

Con base en las consideraciones anteriores, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “ejemplarizante” contenida en el artículo 17 de la Ley 522 de 1999.

2. Declarar EXEQUIBLE la expresión “para los efectos del inciso anterior, tres (3) días de arresto equivalen a uno (1) de prisión” contenida en el artículo 33 de la Ley 522 de 1999.

3. Declarar EXEQUIBLES, por los cargos estudiados:

— La expresión “cualquiera sea el daño que se le ocasione”, contenida en el artículo 34 numeral 4º inciso 2º de la Ley 522 de 1999.

— La expresión “1. Prisión hasta sesenta (60) años”, contenida en el artículo 47 de la Ley 522 de 1999.

— El artículo 53, incisos 1º y 2º de la Ley 522 de 1999.

— La expresión “y hasta una tercera parte más” del inciso 1º, así como el inciso 2º del artículo 77 de la Ley 599 de 1999.

— La expresión “aceptado por el querellado” del inciso 1º del artículo 80 de la Ley 522 de 1999.

— La expresión “con el consentimiento del ofendido” del artículo 145 de la Ley 522 de 1999.

4. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “o si cometiere nuevo delito mientras está corriendo la prescripción” contenida en el artículo 91 de la Ley 522 de 1999.

5. Declarar EXEQUIBLE el artículo 69 numeral 17 de la Ley 522 de 1999.

6. Declarar EXEQUIBLES los numerales 1º, 2º, 4º, y el inciso final del artículo 72 de la Ley 522 de 1999 y los numerales 3º y 5º del mismo artículo, estos últimos solo por los cargos que les fueron formulados en el entendido en relación con este último, que los actos que puedan calificarse como mala conducta deben circunscribirse a aquellos que tengan relación con los fines perseguidos con la condena de ejecución condicional.

7. Declarar EXEQUIBLES los artículos 101 (parcial), 102 (parcial) y 105 de la Ley 522 de 1999.

8. Declarar EXEQUIBLES los artículos 136 (parcial), y 137 (parcial) de la Ley 522 de 1999.

9. Declarar EXEQUIBLE la expresión “la acción podrá ser intentada por la institución armada a que pertenezca” contenida en el artículo 146 de la Ley 522 de 1999.

10. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “el resarcimiento de los perjuicios a que hubiere lugar se obtendrá a través de la acción indemnizatoria que se ejercerá ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo” contenida en el artículo 220 de la Ley 522 de 1999.

11. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “y estos no podrán ser conocidos por la parte civil” contenida en el artículo 310 de la Ley 522 de 1999.

Notifíquese, cópiese, publíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional».

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