Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

RESOLUCIÓN 5920 DE 2012 

(Septiembre 13)

“Por la cual se determinan los criterios y procedimientos para la fijación del precio mínimo de venta de los bienes inmuebles de propiedad del ICBF que deban enajenarse por no ser necesarios para el uso de la entidad y se dictan otras disposiciones”.

El Director General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras,

en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en los artículos 99 a 113 del Decreto 2388 de 1979, el capítulo VII, sección III, artículos 3.7.3.2 y ss., del Decreto 734 de 2012, y el Acuerdo 117 de 1985, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 66 de la Ley 75 de 1968 establece que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras, ICBF, tendría en las sucesiones intestadas los derechos que hasta entonces el artículo 82 de la Ley 153 de 1887 atribuía al municipio de la vecindad del extinto, así como los que correspondían a otras entidades en relación con los bienes vacantes y mostrencos.

Que el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 dispone que en los procesos de enajenación de los bienes del Estado se podrán utilizar instrumentos de subasta y en general todos aquellos mecanismos autorizados por el derecho privado, siempre y cuando en el desarrollo del proceso de enajenación se garantice la transparencia, la eficiencia y la selección objetiva.

Que el Decreto 734 de 2012 reglamentó en el capítulo VII el procedimiento de enajenación de bienes del Estado y consagró en su sección III el mecanismo para fijar el precio mínimo de venta de los bienes inmuebles.

Que por medio de la Resolución 2690 de 2012 se establecieron los mecanismos y procedimientos para la venta de los bienes del instituto, y por medio de la Resolución 1385 de 2010 se determinó la estructura y funciones del comité de gestión de bienes de la dirección general y de las regionales.

Que los bienes inmuebles recibidos por vocación hereditaria y declaración como vacantes, así como los adquiridos con recursos provenientes del aporte parafiscal, no son objeto de aplicación de las normas que disponen la transferencia de bienes a la Central de Inversiones CISA S.A., debido a que fueron destinados por el legislador a incrementar el patrimonio del ICBF y constituyen la principal fuente de ingresos para el funcionamiento del ICBF y de sus programas de atención de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y familias de Colombia.

Que el comité de gestión de bienes de la dirección general, en sesión del 27 de junio de 2012, determinó las pautas y procedimientos que debe seguir el instituto para fijar el precio mínimo de venta de los bienes inmuebles, en concordancia con las facultades que a cada entidad pública le otorga el artículo 3.7.3.2 del Decreto 734 de 2012.

RESUELVE:

ART. 1º—Competencia para fijar el precio mínimo de venta. Corresponde al comité de bienes de la sede de la dirección general recomendar a la dirección administrativa el precio mínimo de venta de los bienes inmuebles de propiedad del instituto que no se requieran para el uso de la entidad.

ART. 2º—Procedimiento para la fijación del precio mínimo de venta de los inmuebles.

Los inmuebles de propiedad del ICBF que ingresen al plan de enajenación onerosa se comercializarán de acuerdo con lo establecido en el artículo cuarto de la presente resolución, y para la fijación del precio mínimo de venta se procederá de la siguiente forma:

El precio mínimo de venta de cada inmueble se calculará como la diferencia entre el valor actualizado de los ingresos, incluidos el valor del avalúo comercial del bien y el valor actualizado de los gastos a una tasa de descuento dada, aplicando para el efecto la siguiente fórmula matemática:

VAI = Valor actualizado ingresos

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VAE = Valor actualizado egresos

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PMV = Precio mínimo de venta

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Donde cada variable está definida como:

Valor del avalúo: corresponde al valor del avalúo comercial vigente.

Ingresos: corresponden a cualquier tipo de recursos que perciba la entidad, proveniente del bien, como por ejemplo los cánones de arrendamiento.

Egresos: se refiere a la totalidad de los gastos en que incurre la entidad, tales como:

• Servicios públicos.

• Conservación, administración y vigilancia.

• Impuestos y gravámenes.

• Seguros.

• Otros egresos.

n”: Corresponde al número de meses estimados para la comercialización.

Cuando la comercialización se estime entre 3 y 6 meses, los bienes se denominarán de alta comercialización (categoría A); cuando la comercialización estimada sea de 6 a 12 meses, se denominarán de mediana comercialización (categoría B); y, entre 12 y 18 meses, se denominarán de baja comercialización (categoría C).

Mesesn (aplicable)Categoría
3 - 66A
6.01 - 1212B
12.01 - 1818C

i: Tasa de descuento. Es el porcentaje al cual se descuentan los flujos de caja futuros para traerlos al valor presente y poder con ello determinar un valor equivalente del activo, y estará determinada en función de la DTF. Se utilizará la DTF certificada por el Banco de la República, correspondiente al momento de aplicar la metodología, convertida a efectiva mensual. Se aplicará la DTF efectiva anual correspondiente a depósitos a noventa (90) días, ciento ochenta (180) días y trescientos sesenta (360) días de acuerdo con la siguiente tabla:

Tasa EM (i)MesMesCategoría
DTF (90 días)36A
DTF (180 días)6.0112B
DTF(360 días)12.0118C

ART. 3º—Avalúos. Todos los avalúos de los bienes raíces que se proyecte vender deberán ser practicados de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 734 del 13 de abril de 2012, capítulo VII, sección III, artículo 3.7.3.1 “Avalúo comercial. Para efectos de determinar el precio mínimo de venta de los bienes inmuebles de las entidades públicas, la entidad deberá obtener el avalúo comercial de los mismos, el cual podrá ser adelantado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, bancas de inversión o por cualquier persona natural o jurídica de carácter privado que se encuentre registrada en el Registro Nacional de Avaluadores”.

Para este efecto, la respectiva dirección regional o la sede de la dirección general contratarán la realización de los avalúos conforme con lo que establece la reglamentación de contratación vigente.

ART. 4º—Factores que definen el tiempo de comercialización. El numeral 6º del artículo 3.7.3.2 del Decreto 734 de 2012 dispone que los siguientes factores afectan el tiempo de comercialización del activo: (i) tipo de activo, (ii) características particulares del activo, (iii) comportamiento del mercado, (iv) tiempo de permanencia del activo en el inventario de la entidad, (v) número de ofertas recibidas, (vi) número de visitas recibidas, (vii) tiempo de comercialización establecido por el avaluador y (viii) estado jurídico del activo.

Teniendo en cuenta que la clasificación sugerida por el perito corresponde a su concepto sobre tiempo previsto de venta sin consideración de las circunstancias propias del inmueble mencionadas en el citado numeral 6º, el instituto no lo tendrá como obligante y definirá el precio mínimo de venta teniendo en cuenta las tres categorías A (alta comercialización), B (mediana comercialización) y C (baja comercialización), y no una sola de ellas.

PAR.—La inclusión en el plan de enajenación onerosa y los valores de venta que corresponden a cada clasificación serán decididas por el comité de gestión de bienes de la dirección general en la misma sesión.

ART. 5º—Forma de aplicación del precio mínimo de venta. Una vez realizado el procedimiento para fijar el PMV, el instituto procederá de la siguiente forma para su aplicación:

• Los bienes inmuebles que entran por primera vez al plan de enajenación onerosa se comercializarán durante los primeros tres meses por el valor de su avalúo comercial más los ingresos que perciba el bien, término que será contado de la siguiente forma:

a) Para el caso de inmuebles que se comercialicen por subasta pública, si pasados tres meses contados desde la fecha en que se haga la primera subasta del bien no se ha podido realizar la venta, los bienes inmuebles se clasificarán en A (alta comerciabilidad), y esta clasificación continuará descendiendo cada tres meses hasta la categoría C (baja comerciabilidad).

b) Para el caso de inmuebles que se comercialicen por enajenación directa con oferta en sobre cerrado, si pasados tres meses contados a partir de cumplido el primer mes de publicada la ficha comercial del bien en la página web del instituto y en el Secop no se ha podido realizar la venta, los bienes inmuebles se clasificarán en A (alta comerciabilidad) y esta clasificación continuará descendiendo cada tres meses hasta la categoría C (baja comerciabilidad).

c) Cuando por vencimiento del término de un año se requiera un nuevo avalúo comercial de un bien ya incluido en el plan de enajenación onerosa, se procederá a enajenarlo por el valor del nuevo avalúo durante los primeros tres meses y si transcurrido ese tiempo no se ha podido enajenar, se clasificará en A (alta comerciabilidad), y esta clasificación continuará descendiendo cada tres meses hasta la categoría C (baja comerciabilidad).

PAR.—Para los bienes cuyos gastos acumulados equivalgan a la mitad o más del valor de su avalúo, el comité de gestión de bienes recomendará la categoría (A, B o C) y el precio mínimo de venta adecuado por el cual se procederá a comercializarlo desde su publicación en el plan de enajenación onerosa.

ART. 6º—Inclusión de bienes no saneados en el plan de enajenación onerosa. Se podrán incluir en el plan de enajenación onerosa los bienes inmuebles que se encuentren en saneamiento y que no tengan medida administrativa o jurisdiccional que los saque del comercio.

Es necesario que en la ficha comercial se explique claramente el problema o situación jurídica que lo afecta, y también que el ICBF no asume responsabilidades por el resultado del proceso judicial o administrativo y que el comprador conoce y asume la responsabilidad por las consecuencias del gravamen, circunstancias que deberán quedar escritas en la promesa y en la escritura pública de compraventa del bien.

ART. 7º—Disposiciones finales. Se autoriza a la dirección administrativa para que con base en el precio mínimo de venta que resulte de la aplicación de la fórmula coloque la oferta comercial con valores superiores cuando considere que pueden cerrarse negociaciones con este mayor valor o cuando se hayan presentado modificaciones en la DTF que lo hagan aconsejable.

ART. 8º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial la Resolución 2875 del 13 de julio de 2010.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 13 de septiembre de 2012.