DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIOPRESIDENCIA 1081DUR PRESIDENCIADECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1081DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO PRESIDENCIADUR 1081Departamento Administrativo de la Presidencia de la República 

DECRETO 1081 DE 2015

(Mayo 26)

“Por medio del cual se expide el decreto reglamentario único del Sector Presidencia de la República”.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:

Que la producción normativa ocupa un espacio central en la implementación de políticas públicas, siendo el medio a través del cual se estructuran los instrumentos jurídicos que materializan en gran parte las decisiones del Estado.

Que la racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico es una de las principales herramientas para asegurar la eficiencia económica y social del sistema legal y para afianzar la seguridad jurídica.

Que constituye una política pública gubernamental la simplificación y compilación orgánica del sistema nacional regulatorio.

Que la facultad reglamentaria incluye la posibilidad de compilar normas de la misma naturaleza.

Que por tratarse de un decreto compilatorio de normas reglamentarias preexistentes, las mismas no requieren de consulta previa alguna, dado que las normas fuente cumplieron al momento de su expedición con las regulaciones vigentes sobre la materia.

Que la tarea de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario implica, en algunos casos, la simple actualización de la normativa compilada, para que se ajuste a la realidad institucional y a la normativa vigente, lo cual conlleva, en aspectos puntuales, el ejercicio formal de la facultad reglamentaria.

Que en virtud de sus características propias, el contenido material de este decreto guarda correspondencia con el de los decretos compilados; en consecuencia, no puede predicarse el decaimiento de las resoluciones, las circulares y demás actos administrativos expedidos por distintas autoridades administrativas con fundamento en las facultades derivadas de los decretos compilados.

Que la compilación de que trata el presente decreto se contrae a la normatividad vigente al momento de su expedición, sin perjuicio de los efectos ultractivos de disposiciones derogadas a la fecha, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 153 de 1887.

Que por cuanto este decreto constituye un ejercicio de compilación de reglamentaciones preexistentes, los considerandos de los decretos fuente se entienden incorporados a su texto, aunque no se transcriban, para lo cual en cada artículo se indica el origen del mismo.

Que las normas que integran el libro 1 de este decreto no tienen naturaleza reglamentaria, como quiera que se limitan a describir la estructura general administrativa del sector.

Que durante el trabajo compilatorio recogido en este decreto, el gobierno verificó que ninguna norma compilada hubiera sido objeto de declaración de nulidad o de suspensión provisional, acudiendo para ello a la información suministrada por la relatoría y la secretaría general del Consejo de Estado.

Que con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo, se hace necesario expedir el presente decreto reglamentario único sectorial.

Por lo anteriormente expuesto,

DECRETA:

LIBRO 1

Estructura del Sector Administrativo de la Presidencia de la República

PARTE 1

Sector central

TÍTULO 1

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

ART. 1.1.1.1.—Cabeza del sector. La Presidencia de la República está integrada por el conjunto de servicios auxiliares del Presidente de la República y su régimen es el de un departamento administrativo. Le corresponde asistir al Presidente de la República en su calidad de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y prestarle el apoyo administrativo necesario para dicho fin.

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República tendrá como denominación abreviada la de “Presidencia de la República”, la cual será válida para todos los efectos legales.

(L. 489/98, art. 56 y D. 1649/2014, art. 1º).

TÍTULO 2

Fondo de Programas Especiales para la Paz

ART. 1.1.2.1.—Fondo Paz. El Fondo de Programas Especiales para la Paz, Fondo Paz, es una cuenta especial del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, sin personería jurídica, administrada como un sistema separado de cuentas.

(L. 368/97, art. 9º y D. 1649/2014, art. 51).

PARTE 2

Sector descentralizado

TÍTULO 1

Entidades adscritas

ART. 1.2.1.1.—Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR). La Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas tiene como objeto gestionar, implementar, coordinar y evaluar, de forma articulada con las instancias competentes, los planes, programas y proyectos de la política de reintegración, con el fin de propender por la paz, la seguridad y la convivencia.

(D. 4138/2011, art. 4º y D. 1649/2014, art. 4º).

ART. 1.2.1.2.—Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres tiene como objetivo dirigir la implementación de la gestión del riesgo de desastres, atendiendo las políticas de desarrollo sostenible, y coordinar el funcionamiento y el desarrollo continuo del sistema nacional para la prevención y atención de desastres (SNPAD).

(D. 4147/2011, art. 3º y D. 1649/2014, art. 4º).

ART. 1.2.1.3.—Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, (APC). La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC, Colombia tiene por objetivo gestionar, orientar y coordinar técnicamente la cooperación internacional pública, privada, técnica y financiera no reembolsable que reciba y otorgue el país; así como ejecutar, administrar y apoyar la canalización y ejecución de recursos, programas y proyectos de cooperación internacional, atendiendo los objetivos de política exterior y el plan nacional de desarrollo.

(D. 4152/2011, art. 5º y D. 1649/2014, art. 4º)

ART. 1.2.1.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1275 de 2015 artículo 1° de la Presidencia de la República)

TÍTULO 2

Entidades vinculadas

ART. 1.2.2.1.—(Suprimido)*. Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano, Virgilio Barco Vargas. La Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano, Virgilio Barco Vargas —SAS—, es una sociedad pública por acciones simplificada del orden nacional, regida por el derecho privado, vinculada al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y financiera.

(D. 4184/2011, art. 1º y D. 1649/2014, art. 4º).

*(Nota: Suprimido por el Decreto 1275 de 2015 artículo 8° de la Presidencia de la República)

PARTE 3

Órganos de asesoría y coordinación

ART. 1.3.1.—Órganos de asesoría y coordinación. Son órganos de asesoría y coordinación cuya secretaría técnica se ejerce desde el sector de la Presidencia de la República los siguientes:

1. Consejo de ministros.

(L. 63/23, art. 1º).

2. Consejo de seguridad nacional.

(D. 4748/2010, art. 7º; modificado. D. 469/2015)

3. Comisión intersectorial para la prevención del reclutamiento, la utilización y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por grupos armados al margen de la ley y por grupos delictivos organizados.

(D. 4690/2007, art. 4º; modificado. D. 552/2012, art. 5º)

4. Comisión intersectorial “mesa interinstitucional para erradicar la violencia contra las mujeres”.

(D. 164/2010, art. 5º)

5. Comisión intersectorial para la atención integral de la primera infancia (AIPI) y la comisión especial de seguimiento para la atención integral a la primera infancia.

(D. 4875/2011, art. 7º)

6. Comisión intersectorial de orientación y apoyo al financiamiento de programas y proyectos de inversión de la subcuenta departamento Archipiélago de San Andrés.

(D. 226/2013, art. 7º)

7. Comisión intersectorial de la política pública nacional de equidad de género.

(D. 1930/2013, art. 8º)

8. Comisión intersectorial para la integración y desarrollo del litoral Pacífico.

(D. 193/2015, art. 6º)

9. Comisión nacional para la moralización.

(L. 1474/2011, art. 62 y D. 4632/2011, art. 4º)

10. Comisión intersectorial de derechos humanos y de derecho internacional humanitario.

(D. 4100/2011, art. 12)

11. Comisión intersectorial nacional para la acción contra las minas antipersonal.

(L. 759/2002, art. 7º)

LIBRO 2

Régimen reglamentario del sector de la Presidencia de la República

ART. 2.1.—Objeto del libro 2. El libro 2 del decreto reglamentario único del sector de la Presidencia de la República compila los decretos reglamentarios expedidos por el señor Presidente de la República en ejercicio del numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política que regulan, en lo pertinente, la actividad de las entidades que componen el sector administrativo.

PARTE 1

Disposiciones reglamentarias generales

ART. 2.1.1.—La parte 1 del libro 2 del presente decreto reglamentario único compila las disposiciones reglamentarias expedidas por el señor Presidente de la República en ejercicio del numeral 11 de artículo 189 de la Constitución Política, que otorgan directrices generales a las entidades del poder público, según los temas y ámbitos de aplicación señalados en cada caso.

TÍTULO 1

Disposiciones generales en materia de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional

CAPÍTULO 1

Disposiciones generales

ART. 2.1.1.1.1.—Objeto. Este título tiene por objeto reglamentar la Ley 1712 de 2014, en lo relativo a la gestión de la información pública.

(D. 103/2015, art. 1º)

ART. 2.1.1.1.2.—Ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente título serán aplicables a los sujetos obligados a los que se refiere el artículo 5º de la Ley 1712 de 2014, en los términos allí señalados.

PAR.—Para los sujetos obligados previstos en los literales c), d), f) y en el último inciso del mencionado artículo 5º, las disposiciones contenidas en este título serán aplicables respecto a la información relacionada con el cumplimiento de la función pública delegada o servicio público que presten, o los fondos o recursos de naturaleza u origen público que reciban, intermedien o administren, atendiendo las reglas especiales que regulan cada sector.

(D. 103/2015, art. 2º)

CAPÍTULO 2

Publicación y divulgación de la información pública —transparencia activa—

SECCIÓN 1

Directrices generales para la publicación de información pública

ART. 2.1.1.2.1.1.—Estándares para publicar la información. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través de la estrategia de gobierno en línea expedirá los lineamientos que deben atender los sujetos obligados para cumplir con la publicación y divulgación de la información señalada en la Ley 1712 de 2014, con el objeto de que sean dispuestos de manera estandarizada.

(D. 103/2015, art. 3º)

ART. 2.1.1.2.1.4(sic).—Publicación de información en sección particular del sitio web oficial. Los sujetos obligados, de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 5º de la Ley 1712 de 2014, deben publicar en la página principal de su sitio web oficial, en una sección particular identificada con el nombre de “Transparencia y acceso a información pública”, la siguiente información:

(1) La información mínima requerida a publicar de que tratan los artículos 9º, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014. Cuando la información se encuentre publicada en otra sección del sitio web o en un sistema de información del Estado, los sujetos obligados deben identificar la información que reposa en estos y habilitar los enlaces para permitir el acceso a la misma.

(2) El registro de activos de información.

(3) El índice de información clasificada y reservada.

(4) El Esquema de publicación de información.

(5) El programa de gestión documental.

(6) Las tablas de retención documental.

(7) El informe de solicitudes de acceso a la información señalado en el artículo 2.1.1.6.2 del presente título.

(8) Los costos de reproducción de la información pública, con su respectiva motivación.

PAR. 1º—Entiéndase por tabla de retención documental la lista de series documentales con sus correspondientes tipos de documentos, a los cuales se les asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.

PAR. 2º—Para efectos del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y del presente decreto, los términos ventanilla electrónica, sitio web oficial y medio electrónico institucional se entenderán como equivalentes.

(D. 103/2015, art. 4º).

ART. 2.1.1.2.1.5.—Directorio de Información de servidores públicos, empleados y contratistas. Para efectos del cumplimiento de lo establecido en los literales c) y e) y en el parágrafo 2º del artículo 9º de la Ley 1712 de 2014, los sujetos obligados, de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 5º de la citada ley, deben publicar de forma proactiva un directorio de sus servidores públicos, empleados, y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios, que contenga por lo menos la siguiente información:

(1) Nombres y apellidos completos.

(2) País, departamento y ciudad de nacimiento.

(3) Formación académica.

(4) Experiencia laboral y profesional.

(5) Empleo, cargo o actividad que desempeña.

(6) Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución.

(7) Dirección de correo electrónico institucional.

(8) Teléfono Institucional.

(9) Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.

(10) Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.

11) (Nota: Adicionado por el Decreto 1674 de 2016 artículo 2° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

PAR. 1º—Para las entidades u organismos públicos, el requisito se entenderá cumplido con publicación de la información que contiene el directorio en el sistema de gestión del empleo público (SIGEP), de que trata el artículo 18 de la Ley 909 de 2004 y las normas que la reglamentan.

PAR. 2º—La publicación de la información de los contratos de prestación de servicios en el sistema de gestión del empleo público (SIGEP) no releva a los sujetos obligados que contratan con recursos públicos de la obligación de publicar la actividad contractual de tales contratos en el sistema electrónico para la contratación pública (SECOP).

(D. 103/2015, art. 5º)

ART. 2.1.1.2.1.6.—Publicación de los trámites y servicios que se adelantan ante los sujetos obligados. Los sujetos obligados deben publicar en su sitio web oficial los trámites que se adelanten ante los mismos, señalando la norma que los sustenta, procedimientos, costos, formatos y formularios requeridos.

Para los sujetos obligados a inscribir sus trámites en el sistema único de información de trámites y procedimientos administrativos (SUIT), de que trata la Ley 962 de 2005 y el Decreto-Ley 19 de 2012, dicho requisito se entenderá cumplido con la inscripción de los trámites en dicho sistema y la relación de los nombres de los mismos en el respectivo sitio web oficial del sujeto obligado con un enlace al portal del Estado colombiano o el que haga sus veces.

(D. 103/2015, art. 6º)

ART. 2.1.1.2.1.7.—Publicación de la información contractual. De conformidad con el literal (c) del artículo 3º de la Ley 1150 de 2007, el sistema de información del Estado en el cual los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la obligación de publicar la información de su gestión contractual es el sistema electrónico para la contratación pública (SECOP).

Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben publicar la información de su gestión contractual en el plazo previsto en el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013, o el que lo modifique, sustituya o adicione.

Los sujetos obligados que contratan con recursos públicos y recursos privados, deben publicar la información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el sistema electrónico para la contratación pública (SECOP).

(D. 103/2015, art. 7º)

ART. 2.1.1.2.1.8.—Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato.

(D. 103/2015, art. 8º)

ART. 2.1.1.2.1.9.—Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras. Para los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos, los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras de los que trata el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 son los previstos en el manual de contratación expedido conforme a las directrices señaladas por la Agencia Nacional de Contratación Pública —Colombia compra eficiente—, el cual debe estar publicado en el sitio web oficial del sujeto obligado.

(D. 103/2015, art. 9º)

ART. 2.1.1.2.1.10.—Publicación del plan anual de adquisiciones. Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben publicar en su página web y en el SECOP el plan anual de adquisiciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, el literal e) del artículo 9º de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1510 de 2013, o el que lo modifique, sustituya o adicione.

Los sujetos obligados que no contratan con cargo a recursos públicos no están obligados a publicar su plan anual de adquisiciones.

Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos y recursos privados, deben publicar en su página web y en el SECOP el plan anual de adquisiciones para los recursos de carácter público que ejecutarán en el año.

Se entenderá como definición de plan anual de adquisiciones respecto a todos los sujetos obligados que contratan con recursos públicos, la prevista en el artículo 3º del Decreto 1510 de 2013, o el que lo modifique, sustituya o adicione.

(D. 103/2015, art. 10)

ART. 2.1.1.2.1.11.—Publicación de datos abiertos. Las condiciones técnicas de que trata el literal k) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 para la publicación de datos abiertos, serán elaboradas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y publicadas en el portal de datos abiertos del Estado colombiano o la herramienta que lo sustituya.

(D. 103/2015, art. 11)

SECCIÓN 2

Accesibilidad y otras directrices

ART. 2.1.1.2.2.1.—Formato alternativo. Para efectos de lo previsto en el artículo 8º de la Ley 1712 de 2014, se entenderá por formato alternativo, la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública o se permite su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad, en aplicación del criterio diferencial de accesibilidad.

(D. 103/2015, art. 12)

ART. 2.1.1.2.2.2.—Accesibilidad en medios electrónicos para población en situación de discapacidad. Todos los medios de comunicación electrónica dispuestos para divulgar la información deberán cumplir con las directrices de accesibilidad que dicte el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través de los lineamientos que se determinen en la estrategia de Gobierno en línea.

(D. 103/2015, art. 13)

ART. 2.1.1.2.2.3.—Accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad. Los sujetos obligados deben cumplir con los criterios y requisitos generales de accesibilidad y señalización de todos los espacios físicos destinados para la atención de solicitudes de información pública y/o divulgación de la misma, conforme a los lineamientos de la Norma Técnica Colombiana 6047, “Accesibilidad al medio físico. Espacios de servicio al ciudadano en la administración pública. Requisitos”, o la que la modifique o sustituya, atendiendo al principio de ajustes razonables establecido en dicha norma.

(D. 103/2015, art. 14)

ART. 2.1.1.2.2.4.—Publicación del mecanismo o procedimiento para participar en la formulación de políticas o en el ejercicio de las facultades del sujeto obligado. Los sujetos obligados, de acuerdo con el régimen legal aplicable, deben publicar los procedimientos a que deben sujetarse los ciudadanos, usuarios o interesados en participar en la formulación de políticas y en el control o evaluación de la gestión institucional, indicando: los sujetos que pueden participar, los medios presenciales y electrónicos, y las áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.

(D. 103/2015, art. 15)

CAPÍTULO 3

Gestión de solicitudes de información pública —transparencia pasiva—

SECCIÓN 1

Recepción y respuesta a solicitudes de información pública y otras directrices

ART. 2.1.1.3.1.1.—Medios idóneos para recibir solicitudes de información pública. Se consideran medios idóneos para la recepción de solicitudes de información los siguientes:

(1) Personalmente, por escrito o vía oral, en los espacios físicos destinados por el sujeto obligado para la recepción de solicitudes de información pública.

(2) Telefónicamente, al número fijo o móvil destinado por el sujeto obligado para la recepción de solicitudes de información pública.

(3) Correo físico o postal, en la dirección destinada por el sujeto obligado para la recepción de solicitudes de información pública.

(4) Correo electrónico institucional destinado por el sujeto obligado para la recepción de solicitudes de información pública.

(5) Formulario electrónico dispuesto en el sitio web oficial del sujeto obligado, en un formato que siga los lineamientos que definida el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través de la estrategia de gobierno en línea.

PAR. 1º—Los sujetos obligados deben divulgar en el sitio web oficial, en medios de comunicación física y en otros canales de comunicación habilitados por el mismo, los números telefónicos y las direcciones físicas y electrónicas oficiales destinadas para la recepción de las solicitudes de información pública.

PAR. 2º—Las condiciones de seguridad que deben atender los medios electrónicos señalados en el presente artículo y los adicionales que defina el sujeto obligado para la recepción de solicitudes, serán establecidas por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través de los lineamientos que se determinen en la estrategia de gobierno en línea.

(D. 103/2015, art. 16)

ART. 2.1.1.3.1.2.—Seguimiento a las solicitudes de información pública. En la recepción de solicitudes de información pública los sujetos obligados deben indicar al solicitante un número o código que permita hacer seguimiento al estado de su solicitud, la fecha de recepción y los medios por los cuales se puede hacer seguimiento a la misma.

(D. 103/2015, art. 17)

ART. 2.1.1.3.1.3.—Solicitudes de acceso a información con identificación reservada. Para el registro de la recepción y trámite de solicitudes de información pública bajo el procedimiento especial con identificación reservada, previsto en el parágrafo del artículo 4º de la Ley 1712 de 2014, el Ministerio Público dispondrá un formulario electrónico. Este mecanismo electrónico es adicional a los medios ordinarios de recepción de solicitudes de acceso a información pública dispuestos por las entidades que conforman el Ministerio Público.

(D. 103/2015, art. 18)

ART. 2.1.1.3.1.4.—Contenido y oportunidad de las respuestas a solicitudes de acceso a información pública. Conforme a lo establecido en el artículo 26 de la Ley 1712 de 2014, en el acto de respuesta a solicitudes de acceso a información pública, los sujetos obligados deben aplicar las siguientes directrices:

(1) El acto de respuesta debe ser por escrito, por medio electrónico o físico de acuerdo con la preferencia del solicitante. Cuando la solicitud realizada no especifique el medio de respuesta de preferencia el sujeto obligado podrá responder por el mismo medio de la solicitud.

(2) El acto de respuesta debe ser objetivo, veraz, completo, motivado y actualizado y debe estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes o interesados en la información allí contenida.

(3) El acto de respuesta debe ser oportuno respetando los términos de respuesta al derecho de petición de documentos y de información que señala el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o las normas que lo complementen o sustituyan.

(4) El acto de respuesta debe informar sobre los recursos administrativos y judiciales de los que dispone el solicitante en caso de no hallarse conforme con la respuesta recibida.

PAR. 1º—En los casos de respuestas a solicitudes de información clasificada o reservada, además de las directrices antes señaladas, debe tenerse en cuenta lo establecido en la sección 4, capítulo 4, título 1, parte 1, del libro 2 del presente decreto.

PAR. 2º—Cuando las solicitudes se refieran a consulta de documentos que están disponibles en medio físico y no se solicite su reproducción, los sujetos obligados dispondrán de un sitio físico para la consulta.

(D. 103/2015, art. 19)

ART. 2.1.1.3.1.5.—Principio de gratuidad y costos de reproducción. En concordancia con lo establecido en los artículos 3º y 26 de la Ley 1712 de 2014, en la gestión y respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública, los sujetos obligados deben:

(1) Aplicar el principio de gratuidad y, en consecuencia, no cobrar costos adicionales a los de reproducción de la información.

(2) Permitir al ciudadano, interesados o usuario:

(a) Elegir el medio por el cual quiere recibir la respuesta;

(b) Conocer el formato en el cual se encuentra la información solicitada, de acuerdo con lo establecido en el esquema de publicación de información;

(c) Conocer los costos de reproducción en el formato disponible, y/o los costos de reproducción en el evento en que el solicitante elija un formato distinto al disponible y sea necesaria la transformación de la información, de acuerdo con lo establecido por el sujeto obligado en el acto de motivación de los costos de reproducción de información pública.

Se debe entender por costos de reproducción todos aquellos valores directos que son necesarios para obtener la información pública que el peticionario haya solicitado, excluyendo el valor del tiempo que ocupe el servidor público, empleado o contratista para realizar la reproducción.

Cuando la información solicitada repose en un formato electrónico o digital, y el sujeto obligado tenga la dirección del correo electrónico del solicitante u otro medio electrónico indicado, deberá enviarlo por este medio y no se le cobrará costo alguno de reproducción de la información.

(D. 103/2015, art. 20)

ART. 2.1.1.3.1.6.—Motivación de los costos de reproducción de información pública. Los sujetos obligados deben determinar, motivadamente, mediante acto administrativo o documento equivalente según el régimen legal aplicable, los costos de reproducción de la información pública, individualizando el costo unitario de los diferentes tipos de formato a través de los cuales se puede reproducir la información en posesión, control o custodia del mismo, y teniendo como referencia los precios del lugar o zona de domicilio del sujeto obligado, de tal forma que estos se encuentren dentro de parámetros del mercado.

El acto mediante el cual se motiven los valores a cobrar por reproducción de información pública debe ser suscrito por funcionario o empleado del nivel directivo y debe ser divulgado por el sujeto obligado, conforme a lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4 del presente decreto.

PAR. 1º—Para establecer los costos de reproducción de información, el sujeto obligado debe tener en cuenta que la información pública puede ser suministrada a través de los diferentes medios de acuerdo con su formato y medio de almacenamiento, entre ellos: fotocopias, medios magnéticos o electrónicos, memorias USB, discos compactos, DVD u otros que permitan reproducción, captura, distribución, e intercambio de información pública.

PAR. 2º—Cuando se trate de solicitudes de información relacionadas con la prestación de un trámite a cargo del sujeto obligado, los costos de reproducción de la información solicitada estarán sujetos a las tasas o tarifas establecidas para la realización del trámite, según las normas que reglamentan el mismo.

(D. 103/2015, art. 21)

ART. 2.1.1.3.1.7.—Creación o producción de información pública. La solicitud de acceso a la información pública no implica el deber de los sujetos obligados de generar o producir información no disponible. En este caso, el sujeto obligado comunicará por escrito que la denegación de la solicitud se debe a la inexistencia de datos en su poder, y en el evento en que dicha información esté en poder o control de otro sujeto obligado, remitirá a este la solicitud de información.

(D. 103/2015, art. 22)

ART. 2.1.1.3.1.8.—Supervigilancia al derecho de acceso a la información pública. De conformidad con lo previsto en el artículo 7º del Decreto-Ley 262 de 2000 y en la Resolución 496 de 2011 expedida por el Procurador General de la Nación, o la que la modifique, sustituya o adicione, o la que la modifique, sustituya o adicione los solicitantes de acceso a información podrán acudir a la Procuraduría General de la Nación cuando consideren que es necesario realizar una solicitud de Supervigilancia al derecho de acceso a información pública.

(D. 103/2015, art. 23)

CAPÍTULO 4

Gestión de la información clasificada y reservada

ART. 2.1.1.4.1.—Excepciones al Derecho fundamental de acceso a la información pública. Los sujetos obligados garantizarán la eficacia del ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública, sin perjuicio de su facultad de restringirlo en los casos autorizados por la Constitución o la ley, y conforme a lo previsto en los artículos 18 y 19 la Ley 1712 de 2014, en consonancia con las definiciones previstas en los literales c) y d) del artículo 6º, de la misma.

(D. 103/2015, art. 24)

SECCIÓN 1

Información pública clasificada

ART. 2.1.1.4.1.1.—Acceso general a datos semiprivados, privados o sensibles. La información pública que contiene datos semiprivados o privados, definidos en los literales g) y h) del artículo 3º de la Ley 1266 de 2008, o datos personales o sensibles, según lo previsto en los artículos 3º y 5º de la Ley 1581 de 2012 y en el numeral 3º del artículo 3º del Decreto 1377 de 2013, solo podrá divulgarse según las reglas establecidas en dichas normas.

(D. 103/2015, art. 25)

ART. 2.1.1.4.1.2.—Acceso a datos personales en posesión de los sujetos obligados. Los sujetos obligados no podrán permitir el acceso a datos personales sin autorización del titular de la información, salvo que concurra alguna de las excepciones consagradas en los artículos 6º y 10 de la Ley 1581 de 2012.

Tampoco podrá permitirse el acceso a los datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos que sean de naturaleza pública, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7º de la Ley 1581 de 2012.

PAR. 1º—Permitir el acceso de un dato semiprivado, privado o sensible no le quita el carácter de información clasificada, ni puede implicar su desprotección.

PAR. 2º—Salvo que medie autorización del titular, a los datos semiprivados, privados y sensibles contenidos en documentos públicos solo podrá accederse por decisión de autoridad jurisdiccional o de autoridad pública o administrativa competente en ejercicio de sus funciones.

(D. 103/2015, art. 26)

SECCIÓN 2

Información pública reservada

ART. 2.1.1.4.2.1.—Responsable de la calificación de Reserva de la información pública por razones de defensa y seguridad nacional, seguridad pública o relaciones internacionales. La calificación de reservada de la información prevista en los literales a), b) y c) del artículo 19 de la Ley 1712 de 2014, corresponderá exclusivamente al jefe de la dependencia o área responsable de la generación, posesión, control o custodia de la información, o funcionario o empleado del nivel directivo que, por su completo e integral conocimiento de la información pública, pueda garantizar que la calificación sea razonable y proporcionada.

(D. 103/2015, art. 27)

ART. 2.1.1.4.2.2.—Reserva de la información pública por razones de estabilidad macroeconómica y financiera. La excepción prevista en el literal h) del artículo 19 de la Ley 1712 de 2014 podrá amparar la calificación de información pública reservada entre otras circunstancias cuando:

(1) Pueda afectar la estabilidad de la economía o los mercados, la eficacia de la política macroeconómica y financiera o el cumplimiento de las funciones de las entidades que tienen a su cargo el diseño y la implementación de estas políticas; o,

(2) Esté relacionada con las labores de supervisión necesarias para garantizar la estabilidad del sistema financiero y la confianza del público en el mismo.

(D. 103/2015, art. 28)

ART. 2.1.1.4.2.3.—Temporalidad de la reserva. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 19 de la Ley 1712 de 2014 y del período máximo de reserva de la información a que hace referencia el artículo 22 de la Ley 1712 de 2014, la información respectiva debe divulgarse si desaparecen las condiciones que justificaban su reserva.

El término máximo de quince (15) años a que se refiere el artículo 22 de la Ley 1712 de 2014 empezará a contarse a partir de la fecha en que la información se genera.

(D. 103/2015, art. 29)

SECCIÓN 3

Directrices para la calificación de información pública como clasificada o reservada

ART. 2.1.1.4.3.1.—Identificación de la norma que dispone que la información sea clasificada o reservada. Para asignar el carácter de clasificada o reservada a la información pública que se encuentra bajo su posesión, control o custodia, los sujetos obligados deben identificar las disposiciones constitucionales o legales que expresamente así lo dispongan.

(D. 103/2015, art. 30)

ART. 2.1.1.4.3.2.—Existencia y divulgación integral o parcial de la información. Si un mismo acto o documento contiene información que puede ser divulgada e información clasificada o reservada, el sujeto obligado debe revelar los datos no protegidos y presentar los fundamentos constitucionales y legales por los que retiene los datos que no puede divulgar.

Los sujetos obligados podrán tachar los apartes clasificados o reservados del documento, anonimizar, transliterar o editar el documento para suprimir la información que no puede difundirse; abrir un nuevo expediente con la información pública que puede ser divulgada; o acudir a las acciones que sean adecuadas para cumplir con su deber de permitir el acceso a toda aquella información que no esté clasificada o reservada, teniendo en cuenta el formato y medio de conservación de la información.

(D. 103/2015, art. 31)

ART. 2.1.1.4.3.3.—Coordinación interinstitucional. Si un sujeto obligado remite o entrega información pública calificada como clasificada o reservada a otro sujeto obligado, deberá advertir tal circunstancia e incluir la motivación de la calificación, para que este último excepcione también su divulgación.

(D. 103/2015, art. 32)

SECCIÓN 4

Denegación o rechazo del derecho de acceso a la información pública por clasificación o reserva

ART. 2.1.1.4.4.1.—Contenido del acto de respuesta de rechazo o denegación del derecho de acceso a información pública por clasificación o reserva. El acto de respuesta del sujeto obligado que deniegue o rechace una solicitud de acceso a información pública por razón de clasificación o reserva, además de seguir las directrices señaladas en el presente decreto, y en especial lo previsto en el índice de información clasificada y reservada, deberá contener:

(1) El fundamento constitucional o legal que establece el objetivo legítimo de la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la calificación,

(2) La identificación de la excepción que, dentro de las previstas en los artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, cobija la calificación de información reservada o clasificada;

(3) El tiempo por el que se extiende la clasificación o reserva, contado a partir de la fecha de generación de la información; y,

(4) La determinación del daño presente, probable y específico que causaría la divulgación de la información pública y la relación de las razones y las pruebas, en caso de que existan, que acrediten la amenaza del daño.

En ningún caso procederá el rechazo de una solicitud por razones tales como encubrir violaciones a la ley, ineficiencias o errores de los sujetos obligados, ni para proteger el prestigio de personas, organizaciones o autoridades.

Las solicitudes de información sobre contratación con recursos públicos no podrán ser negadas, excepto que haya sido calificada como clasificada o reservada de acuerdo con las directrices señaladas la ley y en el presente decreto.

(D. 103/2015, art. 33)

ART. 2.1.1.4.4.2.—Definición de daño presente, probable y específico. Se entenderá que el daño es presente siempre que no sea remoto ni eventual; probable cuando existan las circunstancias que harían posible su materialización; y específico solo si puede individualizarse y no se trate de una afectación genérica.

(D. 103/2015, art. 34)

CAPÍTULO 5

Instrumentos de la gestión de información pública

ART. 2.1.1.5.1.—Instrumentos de gestión de la información pública. Los instrumentos para la gestión de la información pública, conforme con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, son:

(1) Registro de activos de información.

(2) Índice de información clasificada y reservada.

(3) Esquema de publicación de información.

(4) Programa de gestión documental.

Los sujetos obligados deben articular dichos instrumentos mediante el uso eficiente de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y garantizar su actualización y divulgación.

(D. 103/2015, art. 35)

ART. 2.1.1.5.2.—Mecanismo de adopción y actualización de los instrumentos de gestión de la información pública. El registro de activos de información, el índice de información clasificada y reservada, el esquema de publicación de información y el programa de gestión documental, deben ser adoptados y actualizados por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado.

(D. 103/2015, art. 36)

SECCIÓN 1

Registro de activos de información

ART. 2.1.1.5.1.1.—Concepto del registro de activos de información. El registro de activos de información es el inventario de la información pública que el sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad de tal.

(D. 103/2015, art. 37)

ART. 2.1.1.5.1.1.(sic)—Componentes del registro de activos de información. El registro de activos de información debe contener, como mínimo, los siguientes componentes:

(1) Todas las categorías de información del sujeto obligado.

(2) Todo registro publicado.

(3) Todo registro disponible para ser solicitado por el público.

Para cada uno de los componentes del registro de activos de información debe detallarse los siguientes datos:

(a) Nombre o título de la categoría de información: término con que se da a conocer el nombre o asunto de la información.

(b) Descripción del contenido la categoría de información: define brevemente de qué se trata la información.

(c) Idioma: establece el idioma, lengua o dialecto en que se encuentra la información.

(d) Medio de conservación y/o soporte: establece el soporte en el que se encuentra la información: documento físico, medio electrónico o por algún otro tipo de formato audiovisual entre otros (físico, análogo o digital-electrónico).

(e) Formato: identifica la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información o se permite su visualización o consulta, tales como: hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc.

(f) Información publicada o disponible: indica si la información está publicada o disponible para ser solicitada, señalando dónde está publicada y/o dónde se puede consultar o solicitar.

El registro de activos de información debe elaborarse en formato de hoja de cálculo y publicarse en el sitio web oficial del sujeto obligado, así como en el portal de datos abiertos del Estado colombiano o en la herramienta que lo modifique o lo sustituya.

PAR. 1º—Entiéndase por categorías de información, toda información de contenido o estructura homogénea, sea física o electrónica, emanada de un mismo sujeto obligado como resultado del ejercicio de sus funciones y que pueda agruparse a partir de categorías, tipos o clases según sus características internas (contenido) o externas (formato o estructura).

PAR. 2º—El sujeto obligado debe actualizar el registro de activos de información de acuerdo con los procedimientos y lineamientos definidos en su programa de gestión documental.

PAR. 3º—El Ministerio Público podrá establecer estándares adicionales para el registro de activos de información de los sujetos obligados.

(D. 103/2015, art. 38)

SECCIÓN 2

Índice de información clasificada y reservada

ART. 2.1.1.5.2.1.—Concepto del índice de información clasificada y reservada. El índice de información clasificada y reservada es el inventario de la información pública generada, obtenida, adquirida o controlada por el sujeto obligado, en calidad de tal, que ha sido calificada como clasificada o reservada.

(D. 103/2015, art. 39)

ART. 2.1.1.5.2.2.—Contenido del índice de información clasificada y reservada. El índice de información clasificada y reservada indicará, para cada información calificada como reservada o clasificada, lo siguiente:

(1) Nombre o título de la categoría de información: término con que se da a conocer el nombre o asunto de la información.

(2) Nombre o título de la información: palabra o frase con que se da a conocer el nombre o asunto de la información.

(3) Idioma: establece el idioma, lengua o dialecto en que se encuentra la información.

(4) Medio de conservación y/o soporte: establece el soporte en el que se encuentra la información: documento físico, medio electrónico o por algún otro tipo de formato audiovisual entre otros (físico, análogo o digital-electrónico).

(5) Fecha de generación de la información: identifica el momento de la creación de la información.

(6) Nombre del responsable de la producción de la información: corresponde al nombre del área, dependencia o unidad interna, o al nombre de la entidad externa que creó la información.

(7) Nombre del responsable de la información: corresponde al nombre del área, dependencia o unidad encargada de la custodia o control de la información para efectos de permitir su acceso.

(8) Objetivo legítimo de la excepción: la identificación de la excepción que, dentro de las previstas en los artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, cobija la calificación de información reservada o clasificada.

(9) Fundamento constitucional o legal: el fundamento constitucional o legal que justifican la clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la ampara.

(10) Fundamento jurídico de la excepción: mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.

(11) Excepción total o parcial: según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas.

(12) Fecha de la calificación: la fecha de la calificación de la información como reservada o clasificada.

(13) Plazo de la clasificación o reserva: el tiempo que cobija la clasificación o reserva.

El índice de información clasificada y reservada debe actualizarse cada vez que una información sea calificada como clasificada o reservada y cuando dicha calificación se levante, conforme a lo establecido en el mismo índice y en el programa de gestión documental.

El índice de información clasificada y reservada será de carácter público, deberá elaborarse en formato de hoja de cálculo y publicarse en el sitio web oficial del sujeto obligado, así como en el portal de datos abiertos del Estado colombiano o en la herramienta que lo modifique o lo sustituya.

(D. 103/2015, art. 40)

SECCIÓN 3

Esquema de publicación de información

ART. 2.1.1.5.3.1.—Concepto. El esquema de publicación de información es el instrumento del que disponen los sujetos obligados para informar, de forma ordenada, a la ciudadanía, interesados y usuarios, sobre la información publicada y que publicará, conforme al principio de divulgación proactiva de la información previsto en el artículo 3º de la Ley 1712 de 2014, y sobre los medios a través de los cuales se puede acceder a la misma.

(D. 103/2015, art. 41)

ART. 2.1.1.5.3.2.—Componentes del esquema de publicación de información. En concordancia con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1712 de 2014, el esquema de publicación de información debe incluir, como mínimo, lo siguiente:

(1) La lista de información mínima publicada en el sitio web oficial del sujeto obligado o en los sistemas de información del Estado, conforme a lo previsto en los artículos 9º, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014.

(2) La lista de la información publicada en el sitio web oficial del sujeto obligado, adicional a la mencionada en el numeral anterior, y conforme a lo ordenado por otras normas distintas a la ley de transparencia y del derecho al acceso a la información pública nacional.

(3) Información publicada por el sujeto obligado, originada en la solicitud de información divulgada con anterioridad, de que trata el artículo 14 de la Ley 1712 de 2014.

(4) Información de interés para la ciudadanía, interesados o usuarios, publicada de manera proactiva por el sujeto obligado, relacionada con la actividad misional del sujeto obligado y sus objetivos estratégicos.

Para cada una de los anteriores componentes de esquema de publicación de información se debe indicar:

(a) Nombre o título de la información: palabra o frase con que se da a conocer el nombre o asunto de la información.

(b) Idioma: Establece el idioma, lengua o dialecto en que se encuentra la información.

(c) Medio de conservación y/o soporte: establece el soporte en el que se encuentra la información: documento físico, medio electrónico o por algún otro tipo de formato audiovisual entre otros (físico-análogo o digital-electrónico).

(d) Formato: identifica la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información o se permite su visualización o consulta, tales como: hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc.

(e) Fecha de generación de la información: identifica el momento de la creación de la información.

(f) Frecuencia de actualización: identifica la periodicidad o el segmento de tiempo en el que se debe actualizar la información, de acuerdo a su naturaleza y a la normativa aplicable.1463

(g) Lugar de consulta: indica el lugar donde se encuentra publicado o puede ser consultado el documento, tales como lugar en el sitio web y otro medio en donde se puede descargar y/o acceder a la información cuyo contenido se describe.

(h) Nombre del responsable de la producción de la información: corresponde al nombre del área, dependencia o unidad interna, o al nombre de la entidad externa que creó la información.

(i) Nombre del responsable de la información: corresponde al nombre del área, dependencia o unidad encargada de la custodia o control de la información para efectos de permitir su acceso.

Para facilitar el acceso a la información, los sujetos obligados publicarán el cuadro de clasificación documental.

De acuerdo con lo estipulado en el literal c) del artículo 12 de la Ley 1712 de 2014, el Ministerio Público podrá hacer recomendaciones generales o particulares a los sujetos obligados sobre el esquema de publicación de información.

(D. 103/2015, art. 42)

ART. 2.1.1.5.3.3.—Procedimiento participativo para la adopción y actualización del esquema de publicación. Los sujetos obligados, de acuerdo con el régimen legal aplicable, implementarán mecanismos de consulta a ciudadanos, interesados o usuarios en los procesos de adopción y actualización del esquema de publicación de información, con el fin de identificar información que pueda publicarse de manera proactiva y de establecer los formatos alternativos que faciliten la accesibilidad a poblaciones específicas.

(D. 103/2015, art. 43)

SECCIÓN 4

Programa de gestión documental

ART. 2.1.1.5.4.1.—Concepto del programa de gestión documental. En desarrollo de la Ley 1712 de 2014 se entenderá por programa de gestión documental el plan elaborado por cada sujeto obligado para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, desde su creación hasta su disposición final, con fines de conservación permanente o eliminación.

(D. 103/2015, art. 44)

ART. 2.1.1.5.4.2.—Articulación y/o integración del programa de gestión documental con los instrumentos de gestión de información. La información incluida en el registro de activos de información, en el índice de información clasificada y reservada, y en el esquema de publicación de información, definidos en el presente decreto, debe ser identificada, gestionada, clasificada, organizada y conservada de acuerdo con los procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos definidos en el programa de gestión documental del sujeto obligado.

El sujeto obligado debe contar con políticas de eliminación segura y permanente de la información, una vez cumplido el tiempo de conservación establecido en las tablas de retención documental o tablas de valoración documental, el programa de gestión documental y demás normas expedidas por el Archivo General de la Nación.

(D. 103/2015, art. 45)

ART. 2.1.1.5.4.3.—Aplicación de lineamientos generales sobre el programa de gestión documental. Los sujetos obligados aplicarán en la elaboración del programa de gestión documental los lineamientos contenidos en Decreto 2609 de 2012 o las normas que lo sustituyan o modifiquen.

(D. 103/2015, art. 46)

ART. 2.1.1.5.4.4.—Lineamientos sobre el programa de gestión documental para los sujetos obligados de naturaleza privada. Los sujetos obligados de naturaleza privada que no están cobijados por el Decreto 2609 de 2012, o el que lo complemente o sustituya, deben cumplir, en la elaboración del programa de gestión documental, como mínimo, con las siguientes directrices:

(1) Contar con una política de gestión documental aprobada por el sujeto obligado.

(2) Elaborar, aprobar y publicar sus tablas de retención documental.

(3) Contar con un archivo institucional.

(4) Diseñar políticas para la gestión de sus documentos electrónicos, incluyendo políticas de preservación y custodia digital.

(5) Integrarse al sistema nacional de archivos.

(D. 103/2015, art. 47)

ART. 2.1.1.5.4.5.—Conservación de la información publicada con anterioridad. Para efectos de lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1712 de 2014, los sujetos obligados deben garantizar la conservación de los documentos divulgados en su sitio web o en sistemas de información que contengan o produzcan información pública, para lo cual seguirán los procedimientos de valoración documental y delimitarán los medios, formatos y plazos para la conservación de la información publicada con anterioridad, con el fin de permitir su fácil acceso luego de retirada la publicación.

Los sujetos obligados deben definir un procedimiento para retirar la información que haya sido publicada y garantizar la recuperación de información retrospectiva que haya sido desfijada o retirada. Los lineamientos y plazos para cumplir a cabalidad con esta obligación, deben estar incluidos en el programa de gestión documental del sujeto obligado.

(D. 103/2015, art. 48)

ART. 2.1.1.5.4.6.—Gestión de información en los casos de liquidaciones, supresiones, fusiones o escisiones de sujetos obligados. En los casos de liquidaciones, supresiones, fusiones o escisiones de sujetos obligados, estos deben asegurar que los instrumentos de gestión de información se mantengan, sin que se obstaculice el acceso a la información pública. La entrega de la información al sujeto obligado que asuma las responsabilidades del cesante se garantizará mediante inventarios debidamente ordenados, y de conformidad con las normas que se expidan al respecto.

(D. 103/2015, art. 49)

ART. 2.1.1.5.4.7.—Documentos y archivos de derechos humanos. Los archivos de derechos humanos corresponden a documentos que, en sentido amplio, se refieren a violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Los archivos de derechos humanos deben ser objeto de las medidas de preservación, protección y acceso definidas en el marco internacional de los derechos humanos, la jurisprudencia, la legislación interna, y en particular, el inciso final del artículo 21 de la Ley 1712 de 2014.

Para la identificación de los documentos de derechos humanos, se tendrán en cuenta, entre otros:

(1) Documentos producidos por entidades del Estado con funciones legales en torno a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario de acuerdo con las instrucciones que imparta el Archivo General de la Nación.

(2) Documentos producidos por las víctimas y sus organizaciones relativos a violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

(3) Documentos e informes académicos y de investigación relativos a violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

(4) Documentos de entidades internacionales relativos a violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

(5) Documentos de entidades privadas o entidades privadas con funciones públicas relativos a violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

(D. 103/2015, art. 50)

CAPÍTULO 6

Seguimiento a la gestión de la información

ART. 2.1.1.6.1.—Seguimiento a la gestión de la información pública. Los sujetos obligados deben adelantar las acciones pertinentes para hacer seguimiento a la gestión de la información pública. El Ministerio Público y las entidades líderes de la política de transparencia y de acceso a la información pública definidas en el artículo 32 de la Ley 1712 de 2014, de acuerdo con su ámbito de competencia, adelantarán acciones que permitan medir el avance en la implementación de la ley de transparencia por parte de los sujetos obligados, quienes deben colaborar armónicamente en el suministro de la información que se requiera.

(D. 103/2015, art. 51)

ART. 2.1.1.6.2.—Informes de solicitudes de acceso a información. De conformidad con lo establecido en el literal h) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, los sujetos obligados deberán publicar los informes de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta. Respecto de las solicitudes de acceso a información pública, el informe debe discriminar la siguiente información mínima:

(l) El número de solicitudes recibidas.

(2) El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.

(3) El tiempo de respuesta a cada solicitud.

(4) El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.

El informe sobre solicitudes de acceso a información estará a disposición del público en los términos establecidos en el artículo 4º del presente decreto.

PAR. 1º—Los sujetos obligados de la Ley 1712 de 2014, que también son sujetos de la Ley 190 de 1995, podrán incluir los informes de solicitudes de acceso a la información a que se refiere el presente artículo, en los informes de que trata el artículo 54 de la Ley 190 de 1995.

PAR. 2º—El primer informe de solicitudes de acceso a la información deberá publicarse seis meses después de la expedición del presente decreto, para el caso de los sujetos obligados del orden nacional; los entes territoriales deberán hacerlo 6 meses después de la entrada en vigencia de la Ley 1712 de 2014.

(D. 103/2015, art. 52)

ART. 2.1.1.6.1.(sic)—Vigencia. Las disposiciones contenidas en este título empezaron a regir en la fecha publicación del Decreto 103 de 2015, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 33 de la Ley 1712 de 2014, respecto de la entrada en vigencia para los entes territoriales.

(D. 103/2015, art. 53)

CAPÍTULO 7

Sección 1

Disposiciones Generales

(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1829 de 2017 artículo 1° de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.1.7.1.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1829 de 2017 artículo 1° de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.1.7.1.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1829 de 2017 artículo 1° de la Presidencia de la República)

Sección 2

Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO)

ART. 2.1.1.7.2.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1829 de 2017 artículo 1° de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.1.7.2.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1829 de 2017 artículo 1° de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.1.7.2.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1829 de 2017 artículo 1° de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.1.7.2.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1829 de 2017 artículo 1° de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.1.7.2.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1829 de 2017 artículo 1° de la Presidencia de la República)

Sección 3

Seguimiento

ART. 2.1.1.7.3.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1829 de 2017 artículo 1° de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.1.7.3.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1829 de 2017 artículo 1° de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.1.7.3.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1829 de 2017 artículo 1° de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.1.7.3.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1829 de 2017 artículo 1° de la Presidencia de la República)

Sección 4

Ventana de visibilización: Portal para la Paz

ART. 2.1.1.7.4.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1829 de 2017 artículo 1° de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.1.7.4.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1829 de 2017 artículo 1° de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.1.7.4.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1829 de 2017 artículo 1° de la Presidencia de la República):

ART. 2.1.1.7.4.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1829 de 2017 artículo 1° de la Presidencia de la República).

ART. 2.1.1.7.4.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1829 de 2017 artículo 1° de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.1.7.4.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1829 de 2017 artículo 1° de la Presidencia de la República)

Sección 5

Disposiciones Complementarias

ART. 2.1.1.7.5.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1829 de 2017 artículo 1° de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.1.7.5.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1829 de 2017 artículo 1° de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.1.7.5.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1829 de 2017 artículo 1° de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.1.7.5.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1829 de 2017 artículo 1° de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.1.7.5.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1829 de 2017 artículo 1° de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.1.7.5.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1829 de 2017 artículo 1° de la Presidencia de la República)

(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1829 de 2017 artículo 1° de la Presidencia de la República)

TÍTULO 2

Directrices generales de técnica normativa

(Nota: Modificado por el Decreto 1609 de 2015 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.2.1.—Objeto. Por medio del presente título se establecen directrices de técnica normativa para la elaboración de proyectos de decretos y resoluciones.

(D. 1345/2010, art. 1º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1609 de 2015 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.2.2.—Finalidad. Las directrices de técnica normativa previstas en este decreto, tienen como finalidad racionalizar la expedición de decretos y resoluciones, dotar de seguridad jurídica a los destinatarios, evitar la dispersión y proliferación normativa y optimizar los recursos físicos y humanos utilizados para esa actividad, con el propósito de construir un ordenamiento jurídico eficaz, coherente y estructurado a partir de preceptos normativos correctamente formulados.

(D. 1345/2010, art. 2º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1609 de 2015 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.2.3.—Ámbito de aplicación. El presente título se aplica a los ministerios y departamentos administrativos que en razón de sus funciones deben preparar proyectos de decreto y resolución para la firma del Presidente de la República, salvo cuando se trate de la expedición de actos discrecionales y de ejecución.

A las demás entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, solamente les será aplicable en los términos del artículo 2.1.2.17 del presente título.

(D. 1345/2010, art. 3º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1609 de 2015 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.2.4.—Supremacía constitucional, reserva legal y jerarquía normativa. En la elaboración de decretos y resoluciones de carácter general que sean sometidos a consideración del Presidente de la República, deberán observar la Constitución y la ley, así como los principios que rigen la función administrativa.

Las dependencias encargadas de elaborar los respectivos proyectos deberán tener en cuenta que a través de dichos actos no pueden regular materias reservadas por la Constitución a la ley, ni infringir normas de rango superior al que se va a expedir.

(D. 1345/2010, art. 4º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1609 de 2015 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.2.5.—Memoria justificativa. Los proyectos de decreto y resolución proyectados para la firma del Presidente de la República, deberán remitirse a la secretaría jurídica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República acompañados de una memoria justificativa que contenga:

1. Los antecedentes y las razones de oportunidad y conveniencia que justifican su expedición.

2. El ámbito de aplicación del respectivo acto y los sujetos a quienes va dirigido.

3. La viabilidad jurídica, que deberá contar con el visto bueno de la oficina jurídica de la entidad o la dependencia que haga sus veces.

4. Impacto económico, si fuere el caso, el cual deberá señalar el costo o ahorro, de la implementación del respectivo acto.

5. Disponibilidad presupuestal, si fuere del caso.

6. De ser necesario, impacto medioambiental o sobre el patrimonio cultural de la Nación.

7. El cumplimiento de los requisitos de consulta y publicidad previstos en los artículos 2.1.2.9 y 2.1.2.10 del presente título, cuando haya lugar a ello.

8. Cualquier otro aspecto que la entidad remitente considere relevante o de importancia para la adopción de la decisión.

Cuando el proyecto no requiera alguno de los aspectos antes señalados, así deberá explicarse en la respectiva memoria. Si por la Constitución o la ley existen documentos sometidos a reserva, esta deberá mantenerse.

9.(Nota: Adicionado por el Decreto 270 de 2017 artículo 3° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

10.(Nota: Adicionado por el Decreto 270 de 2017 artículo 3° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

11.(Nota: Adicionado por el Decreto 270 de 2017 artículo 3° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

(Nota: Modificado por el Decreto 1609 de 2015 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

(Nota: Sustituido el numeral 7° por el Decreto 270 de 2017 artículo 4° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

(D. 1345/2010, art. 5º)

ART. 2.1.2.6.—Contenido de la memoria justificativa en lo relativo a la viabilidad jurídica. La viabilidad jurídica deberá incluir los siguientes aspectos:

1. Análisis expreso y detallado de las normas que otorgan la competencia para la expedición del correspondiente acto.

2. La vigencia de la ley o norma reglamentada o desarrollada.

3. Las disposiciones derogadas, subrogadas, modificadas, adicionadas o sustituidas, si alguno de estos efectos se produce con la expedición del respectivo acto.

(D. 1345/2010, art. 6º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1609 de 2015 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.2.7.—Deber de coordinación. Cuando el respectivo proyecto tenga impacto o comprenda materias propias de ministerios o departamentos administrativos diferentes al que ha tomado la iniciativa de elaboración, este deberá ponerlo en conocimiento de aquellos y coordinar lo pertinente para que el texto remitido a la firma del Presidente de la República se encuentre debidamente conciliado y refleje una visión integral y coherente.

Si el proyecto no puede ser conciliado entre las respectivas entidades y organismos se informará así a la secretaría jurídica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, para que bajo su coordinación se defina el correspondiente contenido.

(D. 1345/2010, art. 7º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1609 de 2015 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.2.8.—Racionalización, regulación integral y seguridad jurídica. Cuando se vaya a reglamentar una materia o a modificar una reglamentación vigente se deberá evitar la dispersión y proliferación normativa. Por tanto, el ministerio o departamento administrativo responsable de elaborar el respectivo proyecto verificará que se incluyan todos los aspectos necesarios para evitar modificaciones o correcciones posteriores que hubieran podido preverse.

En caso de que dentro del año inmediatamente anterior ya se hubiere reglamentado la misma materia, la memoria justificativa deberá contemplar, además de lo señalado en los artículos 2.1.2.5 y 2.1.2.6 del presente título, la explicación de las razones para expedir el nuevo decreto o resolución y el impacto que ello tendrá en la seguridad jurídica.

(D. 1345/2010, art. 8º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1609 de 2015 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.2.9.—Deber de consultar. Cuando la Constitución y la ley así lo ordenen, deberán realizarse las consultas en ellas señaladas, caso en el cual a la memoria justificativa deberá anexarse la constancia que acredite que se ha cumplido dicho trámite.

(D. 1345/2010, art. 9º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1609 de 2015 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.2.10.—Publicidad. Cuando de conformidad con la ley, deba someterse a consideración del público la información sobre proyectos específicos de regulación antes de su expedición, a la memoria justificativa se anexará también la constancia del cumplimiento de esa obligación y se incluirá el resultado de la evaluación de las observaciones ciudadanas que se hubieren presentado.

Sin perjuicio del uso de los demás medios que se consideren necesarios para dar a conocer el proyecto a los sectores interesados, este deberá estar disponible en la sede electrónica de la respectiva entidad.

(D. 1345/2010, art. 10)

(Nota: Modificado por el Decreto 1609 de 2015 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

(Nota: Sustituido por el Decreto 270 de 2017 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.2.11.—Deber de claridad y coherencia. La redacción del proyecto deberá caracterizarse por su claridad, precisión, sencillez y coherencia, en forma tal que no exista ambigüedad ni contradicciones.

(D. 1345/2010, art. 11)

(Nota: Modificado por el Decreto 1609 de 2015 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.2.12.—Estructura del proyecto. Los proyectos de decreto o resolución deberán tener la siguiente estructura:

1. Encabezado: contendrá la denominación del acto (decreto o resolución) y el espacio suficiente para su numeración y fecha (día, mes, año).

2. Epígrafe del decreto o resolución: corresponderá al resumen fiel de las materias reguladas.

3. Competencia: identificará expresamente la atribución constitucional y la facultad legal que otorga la competencia para expedir el acto.

4. Parte considerativa o motiva: contendrá una breve explicación de los antecedentes y necesidades que justifican la expedición del acto.

5. Parte dispositiva: corresponderá a la parte resolutiva del acto.

6. Derogatorias: indicará las disposiciones derogadas, subrogadas, modificadas, adicionadas o sustituidas.

7. Vigencia: señalará a partir de qué momento entrará en vigencia el acto, que en ningún caso podrá ser anterior a la fecha de su expedición, comunicación o publicación.

8. Antefirma del ministro o director de departamento administrativo y firma.

(D. 1345/2010, art. 12)

(Nota: Modificado por el Decreto 1609 de 2015 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.2.13.—Devolución de proyecto. Salvo casos de urgencia o necesidad debidamente justificados, o en los eventos de estados de excepción, el proyecto que no cumpla las directrices de técnica normativa previstas en este decreto y en el “Manual para la elaboración de textos normativos-Proyectos de decreto y resolución”, será devuelto por la secretaría jurídica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República a la dependencia que lo elaboró para que se hagan los ajustes o adicione la información requerida.

(D. 1345/2010, art. 13)

(Nota: Modificado por el Decreto 1609 de 2015 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.2.14.—Archivo. De acuerdo con el artículo 4º de la Ley 594 de 2000 y demás normas que la modifiquen o sustituyan, los antecedentes y memorias utilizados en la elaboración de los proyectos de decreto o resolución deberán ser archivados en la entidad que los proyectó con el fin de disponer de documentación organizada que permita la recuperación de la información institucional, su uso en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia normativa de las decisiones adoptadas.

(D. 1345/2010, art. 14)

(Nota: Modificado por el Decreto 1609 de 2015 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.2.15.—Parámetros documentales. Para la expedición de los actos a que se refiere este decreto, se seguirán los parámetros documentales señalados en el “Manual para la elaboración de textos normativos-Proyectos de decreto y resolución” que se indica en el siguiente artículo.

Los ministerios y departamentos administrativos adoptarán el modelo documental que deba utilizarse en todos sus actos y por las entidades adscritas o vinculadas, con el fin de cumplir los propósitos de este decreto.

(D. 1345/2010, art. 15)

(Nota: Modificado por el Decreto 1609 de 2015 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.2.16.—Manual para la elaboración de textos normativos-Proyectos de decreto y resolución. Hará parte integral de este título el anexo 1 del presente decreto reglamentario único, denominado “Manual para la elaboración de textos normativos-Proyectos de decreto y resolución”, al cual deberán ajustarse los procedimientos y manuales internos de los ministerios y departamentos administrativos.

(D. 1345/2010, art. 16)

(Nota: Modificado por el Decreto 1609 de 2015 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.2.17.—Aplicación del presente título por las entidades que conforman la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional. Las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, en los actos administrativos de carácter general que les corresponda expedir, deberán observar lo previsto en este título en relación con:

1. Estricta sujeción a la Constitución y a los principios de legalidad, reserva legal y jerarquía normativa.

2. Elaboración, archivo y conservación de la memoria justificativa de la expedición del acto.

3. Observancia de los aspectos que debe contemplar el estudio de viabilidad jurídica previsto en el artículo 2.1.2.6 de este título.

4. Adopción de políticas y manuales internos que permitan la racionalización de la función normativa en los términos de este título.

5. Verificación del cumplimiento de los deberes de publicidad y consulta cuando haya lugar a ello.

6. Deber de información y coordinación con las demás dependencias de la administración interrelacionadas con la materia regulada.

7. Aplicación de los principios de claridad y coherencia en la redacción de los textos.

8. Estructura del acto, exigencia de citar las normas de rango superior que otorgan la competencia para su expedición y de señalar expresamente aquellas disposiciones que quedan derogadas, subrogadas, modificadas, adicionadas o sustituidas.

(D. 1345/2010, art. 17)

(Nota: Modificado por el Decreto 1609 de 2015 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.2.18.—Derogatoria. El Decreto 1345 de 2010 derogó el Decreto 1 de 1989 y las demás disposiciones que le fueran contrarias.

(D. 1345/2010, art. 18)

(Nota: Modificado por el Decreto 1609 de 2015 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.2.1.20.—(Nota: Sustituido por el Decreto 270 de 2017 artículo 7° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.2.1.23.—(Nota: Adicionado por el Decreto 270 de 2017 artículo 5° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.2.1.24.—(Nota: Adicionado por el Decreto 270 de 2017 artículo 6° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.2.1.25.—(Nota: Adicionado por el Decreto 270 de 2017 artículo 2° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

TÍTULO 3

Funcionamiento del consejo de ministros

ART. 2.1.3.1.—Actas. Las actas que se levanten en cada una de las sesiones del consejo de ministros serán aprobadas por el Presidente de la República y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

(D. 823/2012, art. 1º)

TÍTULO 4

Plan anticorrupción y de atención al ciudadano

(Nota: Sustituido por el Decreto 124 de 2016 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.4.1.—Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Señálese como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano contenida en el documento “Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano”.

(D. 2641/2012, art. 1º)

(Nota: Sustituido por el Decreto 124 de 2016 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.4.2.—Estándares para las entidades públicas. Señálense como estándares que deben cumplir las entidades públicas para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, los contenidos en el documento “Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano”.

(D. 2641/2012, art. 2º)

(Nota: Sustituido por el Decreto 124 de 2016 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.4.3.—Anexo. El documento “Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano” es parte integrante del presente título como anexo 2.

(D. 2641/2012, art. 3º)

(Nota: Sustituido por el Decreto 124 de 2016 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.4.4.—Verificación del cumplimiento. La máxima autoridad de la entidad u organismo velará directamente porque se implementen debidamente las disposiciones contenidas en el documento de “Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano”. La consolidación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, estará a cargo de la oficina de planeación de las entidades o quien haga sus veces, quienes además servirán de facilitadores para todo el proceso de elaboración del mismo.

(D. 2641/2012, art. 4º)

(Nota: Sustituido por el Decreto 124 de 2016 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.4.5.—Mecanismos de seguimiento al cumplimiento. El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado documento, estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos.

(D. 2641/2012, art. 5º)

(Nota: Sustituido por el Decreto 124 de 2016 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.4.6.—Publicación del anexo. El documento “Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano” será publicado para su consulta en las páginas web del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, del Departamento Nacional de Planeación y del Departamento Administrativo de la Función Pública.

(D. 2641/2012, art. 6º)

(Nota: Sustituido por el Decreto 124 de 2016 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.4.7.—Las entidades del orden nacional, departamental y municipal deberán publicar en un medio de fácil acceso al ciudadano su plan anticorrupción y de atención al ciudadano a más tardar el 31 de enero de cada año.

(D. 2641/2012, art. 7º)

(Nota: Sustituido por el Decreto 124 de 2016 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.4.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 124 de 2016 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.4.9.—(Nota: Adicionado por el Decreto 124 de 2016 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

CAPÍTULO I

(Nota: Adicionado por el Decreto 958 de 2016 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.4.1.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 958 de 2016 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.4.1.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 958 de 2016 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.4.1.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 958 de 2016 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.4.1.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 958 de 2016 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.4.1.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 958 de 2016 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

CAPÍTULO 2

Del régimen de las personas expuestas políticamente (PEP), a que se refiere el artículo 52 de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, aprobada por la Ley 970 de 2005.

(Nota: Adicionado por el Decreto 1674 de 2016 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.4.2.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1674 de 2016 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.4.2.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1674 de 2016 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.4.2.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1674 de 2016 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.4.2.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1674 de 2016 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.4.2.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1674 de 2016 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.4.2.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1674 de 2016 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.4.2.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1674 de 2016 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.4.2.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1674 de 2016 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

(Nota: Adicionado por el Decreto 1674 de 2016 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

CAPÍTULO 3

Comisiones regionales de moralización

(Nota: Adicionado por el Decreto 1686 de 2017 artículo 1° de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.4.3.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1686 de 2017 artículo 1° de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.4.3.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1686 de 2017 artículo 1° de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.4.3.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1686 de 2017 artículo 1° de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.4.3.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1686 de 2017 artículo 1° de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.4.3.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1686 de 2017 artículo 1° de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.4.3.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1686 de 2017 artículo 1° de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.4.3.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1686 de 2017 artículo 1° de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.4.3.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1686 de 2017 artículo 1° de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.4.3.9.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1686 de 2017 artículo 1° de la Presidencia de la República)

(Nota: Adicionado por el Decreto 1686 de 2017 artículo 1° de la Presidencia de la República)

TÍTULO 5

Política pública nacional de equidad de género

ART. 2.1.5.1.—De la política pública nacional de equidad de género. Adóptese la política pública nacional de equidad de género, la cual estará compuesta por el conjunto de políticas, lineamientos, procesos, planes indicativos, instituciones, instancias y el plan integral para garantizar una vida libre de violencias contenidas en el documento Conpes Social 161 de 2013 y las normas que los modifiquen o adicionen.

La política pública nacional de equidad de género adoptada mediante el presente título, es de carácter indicativo e incluye todas las actualizaciones al documento Conpes Social 161 de 2013.

La Política Pública Nacional de Equidad de Género adoptada mediante el presente título, deberá implementarse de conformidad con lo establecido en el artículo 177 de la Ley 1450 de 2011 y otras normas relacionadas con la importancia del enfoque diferencial desde la perspectiva de género, teniendo en cuenta las particularidades que afectan a los grupos de población urbana y rural, afrocolombiana, indígena, campesina y ROM, y el desarrollo de planes específicos que garanticen los derechos de las mujeres en situación de desplazamiento y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.

(D. 1930/2013, art. 1º)

ART. 2.1.5.2.—Comisión intersectorial de coordinación para la implementación de la política pública nacional de equidad de género. Créase la comisión intersectorial de la política pública nacional de equidad de género, que en adelante se denominará “la comisión”.

(D. 1930/2013, art. 2º)

ART. 2.1.5.3.—Objeto. La comisión tendrá por objeto coordinar, armonizar e impulsar la ejecución del plan indicativo por parte de las entidades involucradas, acorde a sus competencias en la política pública nacional de equidad de género siendo esta la instancia de concertación entre los diferentes sectores involucrados.

(D. 1930/2013, art. 3º)

ART. 2.1.5.4.—Integración. La comisión estará integrada por:

1. El Ministro del Interior o su delegado.

2. El Ministro de Justicia y del Derecho o su delegado.

3. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado.

4. El Ministro de Salud y Protección Social o su delegado.

5. El Ministro de Trabajo o su delegado.

6. El Ministro de Educación Nacional o su delegado.

7. El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o su delegado.

8. El director general del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.

9. El director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), o su delegado.

10. El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República quien podrá delegar en la consejera presidencial para la equidad de la mujer.

11. El director del Departamento Administrativo de la Función Pública, o su delegado;

12. El consejero presidencial para los derechos humanos en su calidad de coordinador del sistema de derechos humanos, o su delegado.

13. El director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, o su delegado.

PAR. 1º—La comisión será presidida por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República o su delegado.

PAR. 2º—Las personas delegadas para participar en la comisión deberán ser del nivel directivo y tener capacidad de decisión.

PAR. 3º—La comisión podrá invitar a las sesiones a los funcionarios y representantes de las entidades públicas o privadas, expertos y otras personas naturales o jurídicas, cuyo aporte se estime de utilidad para los fines encomendados a la misma, quienes actuarán con voz pero sin voto.

(D. 1930/2013, art. 4º)

ART. 2.1.5.5.—Funciones de la comisión. La comisión tendrá las siguientes funciones:

1. Coordinar la implementación y seguimiento técnico y operativo de la política pública nacional de equidad de género.

2. Dar lineamientos sobre los mecanismos a través de los cuales se garantiza la implementación del plan de acción indicativo de la política pública nacional de equidad de género en los niveles nacional y territorial.

3. Orientar el diseño e implementación de un sistema de control que permita hacer seguimiento al cumplimiento de las metas señaladas y los resultados propuestos por la comisión, en el plan de acción indicativo, con indicadores verificables.

4. Dar lineamientos para la priorización de la inversión, la gestión de esquemas de cofinanciación y ejecución, que permitan la adecuada implementación de la política pública nacional de equidad de género.

5. Elaborar informes anuales de seguimiento de la política pública nacional de equidad de género.

6. Dar lineamientos para establecer la oferta regionalizada de servicios y proyectos de inversión de las entidades del orden nacional relacionados con los temas tratados en la política pública nacional de equidad de género.

7. Expedir su propio reglamento.

8. Las demás funciones que sean propias, de acuerdo a su naturaleza, la coordinación y orientación de su actividad.

(D. 1930/2013, art. 5º)

ART. 2.1.5.6.—Sesiones. La comisión intersectorial se reunirá por derecho propio cada tres (3) meses, previa convocatoria realizada por la secretaría técnica y extraordinariamente a solicitud de cualquiera de los miembros de la misma.

Las sesiones serán presenciales, sin perjuicio de la posibilidad realizar sesiones virtuales cuando las circunstancias así lo ameriten.

De cada una de las sesiones se levantará un acta, la cual será firmada por la secretaría técnica.

(D. 1930/2013, art. 6º)

ART. 2.1.5.7.—Quórum. La comisión podrá deliberar con la mitad más uno de los miembros que la integran. El quórum decisorio corresponderá al voto favorable de los asistentes a la sesión de la comisión.

Las decisiones serán comunicadas por la secretaría técnica para que cada entidad en el marco de sus competencias, disponga lo necesario para el cumplimiento de las mismas.

(D. 1930/2013, art. 7º)

ART. 2.1.5.8.—Secretaría técnica. La secretaría técnica será ejercida por la consejería presidencial para la equidad de la mujer.

(D. 1930/2013, art. 8º)

ART. 2.1.5.9.—Funciones de la secretaría técnica. La secretaría técnica de la comisión tendrá las siguientes funciones:

1. Presentar el plan de trabajo acorde con el objeto y las funciones de la comisión.

2. Preparar el reglamento interno de la comisión.

3. Coordinar la elaboración y presentar informes trimestrales a la comisión sobre los avances en el plan de acción indicativo.

4. Realizar el enlace y brindar el apoyo técnico, administrativo y operativo para la coordinación entre las entidades que integren la comisión.

5. Proponer a la comisión los mecanismos y la operación necesaria para la implementación y monitoreo del plan de acción indicativo de la política pública nacional de equidad de género.

6. Comunicar y coordinar la convocatoria de la comisión a sesiones ordinarias o extraordinarias y remitir las propuestas, documentos de trabajo, informes y demás materiales de apoyo, que sirvan de soporte a las decisiones de la misma.

7. Recibir y dar trámite a las propuestas que sean presentadas por los integrantes de la comisión, y articular las iniciativas, acciones técnicas y políticas que surjan de la comisión.

8. Fomentar la formulación e implementación de políticas y planes en las entidades territoriales armonizadas a la política pública nacional de equidad de género.

9. Consolidar y entregar, a los órganos de control, los informes que le sean requeridos a la comisión en virtud de la implementación y seguimiento de la política pública nacional de equidad de género.

10. Citar y asistir a las reuniones de la comisión, elaborar y suscribir las actas correspondientes, y hacer seguimiento al cumplimiento de las decisiones, acuerdos y compromisos adquiridos.

11. Las demás funciones que sean propias de su carácter de apoyo y soporte técnico, o que le sean asignadas por la comisión.

(D. 1930/2013, art. 9º)

ART. 2.1.6.10.(sic)—Comité técnico. La comisión contará con un comité técnico cuya convocatoria estará a cargo de la secretaría técnica de la comisión.

El comité técnico estará integrado por profesionales de las entidades que hacen parte de la comisión, los cuales serán designados por los representantes que la conforman. Podrán ser miembros regulares de las sesiones técnicas otras entidades que la comisión considere necesarias. Estas sesiones tienen por objeto gestionar las decisiones de la comisión y adelantar las labores técnicas que permitan ejecutar e implementar los lineamientos y políticas establecidas por la comisión y llevar las propuestas a la misma.

(D. 1930/2013, art. 10)

TÍTULO 6

Medidas para facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley para su desmovilización, reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica

ART. 2.1.6.1.—Suspensión de órdenes de captura como medida provisional para facilitar los diálogos. De acuerdo con la Ley 1421 de 2010, una vez iniciado un proceso de diálogo, negociación o firma de acuerdos, y con el fin de facilitar el desarrollo de los mismos, la autoridad correspondiente suspenderá las órdenes de captura que se hayan dictado o se dicten en contra de los miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley con los cuales se adelanten diálogos, negociaciones o acuerdos de paz.

(D. 1980/2012, art. 1º)

ART. 2.1.6.2.—Notificación del inicio, terminación o suspensión de los diálogos. El Gobierno Nacional notificará a las autoridades judiciales correspondientes el inicio, terminación o suspensión de diálogos, suspensión o firma de acuerdos y certificará la participación de las personas que actúan como voceros o miembros representantes de dicho grupos armados organizados al margen de la ley.

También se suspenderán las órdenes de captura que se emitan con posterioridad al inicio de los diálogos, mientras duren los mismos.

(D. 1980/2012, art. 2º)

ART. 2.1.6.3.—Facultades del Fiscal General de la Nación. El Fiscal General de la Nación, actuando como autoridad competente, suspenderá de plano las órdenes de captura que se hayan dictado o que se dicten en contra de los miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley con los cuales se adelanten diálogos, negociaciones o acuerdos de paz, por el estricto término solicitado por el Gobierno Nacional.

(D. 1980/2012, art. 3º)

ART. 2.1.6.4.—Comunicaciones y registros. El Fiscal General de la Nación o el Fiscal Delegado que asigne para el efecto, notificará a las autoridades de policía judicial correspondientes sobre la suspensión de las órdenes de captura de que trata el artículo 2.1.6.1 del presente decreto y verificará que las órdenes de suspensión reposen en los registros correspondientes.

(D. 1980/2012, art. 4º)

ART. 2.1.6.5.—Miembros representantes. La resolución que reconoce la calidad de miembros representantes será documento suficiente para efectos de la salida del país.

(D. 1980/2012, art. 5º)

TÍTULO 7

Sistema nacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario y Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y derecho internacional humanitario

CAPÍTULO 1

Sistema nacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario

ART. 2.1.7.1.1.—Sistema nacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Sistema nacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario.(sic) Créase y organízase el sistema nacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario, con el fin de articular a las entidades e instancias del orden nacional y territorial, y coordinar sus acciones para promover el respeto y garantía de los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario, mediante el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política integral de derechos humanos y derecho internacional humanitario, y el diseño y consolidación de las políticas públicas sectoriales con enfoque de derechos y enfoque diferencial.

El sistema nacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario se estructurará, a su vez, en subsistemas.

(D. 4100/2011, art. 1º)

ART. 2.1.7.1.2.—Definición del sistema nacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Es el conjunto de principios, normas, políticas, programas, instancias e instituciones públicas del orden nacional y territorial, con competencia en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política integral de derechos humanos y derecho internacional humanitario y en la promoción de un enfoque de derechos y un enfoque diferencial en las políticas públicas sectoriales.

(D. 4100/2011, art. 2º)

ART. 2.1.7.1.3.—Subsistemas. Son parte de la estructura del sistema nacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario y están integrados por las entidades públicas e instancias competentes en materia de respeto y garantía de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, colectivos y del ambiente y la aplicación del derecho internacional humanitario.

(D. 4100/2011, art. 3º)

ART. 2.1.7.1.4.—Principios. El funcionamiento del sistema nacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario se orientará por los principios y criterios contenidos en la Constitución Política y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, entre ellos, como mínimo:

1. Principio pro persona. La aplicación de las normas se hará de conformidad con la interpretación más amplia, extensiva y garantista a favor del ser humano; mientras que cuando se trate de establecer restricciones, limitaciones o suspensiones al ejercicio de los derechos se acudirá a la interpretación más restringida.

2. Igualdad y no discriminación. Se garantizará que todas las personas reciban la misma protección y trato de las autoridades y gocen de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por motivos de sexo, raza, identidad de género, orientación sexual, etnia, cultura, edad, origen nacional o familiar, lengua, religión, discapacidad, opinión política o filosófica, por condición social o económica, entre otras. De igual manera, se reconocerán las particularidades poblacionales, principalmente de los sujetos de especial protección constitucional, es decir, que por su condición económica, social, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y que requieren una atención y protección especial y la aplicación de acciones afirmativas acordes con su situación. Además se buscará eliminar las estructuras, procedimientos o acciones institucionales, en el ámbito público o privado, que resulten en cualquier tipo de discriminación.

3. Progresividad y no regresividad. El Estado ejercerá controles y promoverá acciones con el objeto de asegurar que las personas cuenten con la garantía de un mayor nivel en el goce efectivo de los derechos humanos, especialmente en materia de derechos económicos, sociales y culturales, e impedir la adopción de medidas que menoscaben el nivel de ejercicio de los derechos alcanzados, en el marco de la Constitución Política y la ley.

4. Coordinación. Las entidades del orden nacional y territorial, de acuerdo con sus funciones y competencias, deberán garantizar que exista la debida armonía y coherencia entre los planes, programas y proyectos que realicen a su interior y en relación con las demás entidades e instancias del sistema nacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

5. Concurrencia. Cuando se requiera la actuación de dos o más autoridades para desarrollar actividades en conjunto hacia un propósito común, teniendo facultades de distintos niveles, su actuación deberá ser oportuna, eficiente y eficaz, dirigida a garantizar la mayor efectividad y bajo las reglas del respeto mutuo de los fueros de competencia de cada una de ellas.

6. Subsidiariedad. Las autoridades del nivel nacional deben colaborar entre sí y con las entidades territoriales cuando estas no puedan cumplir con sus funciones y competencias en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política integral de derechos humanos y derecho internacional humanitario, sin perjuicio de la autonomía de las entidades territoriales.

7. Complementariedad. Las entidades y autoridades actuarán en colaboración mutua, dentro de su órbita funcional, con el fin de garantizar la adecuada implementación de la política integral de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

8. Corresponsabilidad. Las acciones en materia de respeto y garantía de los derechos humanos y aplicación del derecho internacional humanitario son de responsabilidad de todas las entidades públicas, de los órdenes nacional y territorial, y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. Este principio es complementario a la correlación de deberes y derechos de toda persona.

(D. 4100/2011, art. 4º)

ART. 2.1.7.1.5.—(Modificado).* Objetivos. Son objetivos del sistema nacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario:

1. Fortalecer la capacidad institucional, con el objeto de mejorar las condiciones sociales y del ejercicio de los derechos de las y los colombianos, y el respeto del derecho internacional humanitario.

2. Organizar la institucionalidad pública para garantizar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que permita la acción y gestión integral, oportuna, efectiva e idónea del Estado, en los órdenes nacional y territorial.

3. Estructurar la política integral de derechos humanos y derecho internacional humanitario en materia de respeto y garantía de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, colectivos y del ambiente, y la aplicación del derecho internacional humanitario.

4. Promover la incorporación del enfoque de derechos y enfoque diferencial en las políticas públicas sectoriales.

5. Impulsar el cumplimiento y seguimiento de los compromisos y obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

6. Contar con un sistema de información que permita monitorear, hacer seguimiento y evaluar la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

(D. 4100/2011, art. 5º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1216 de 2016 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.7.1.6.—(Modificado).* Integración del sistema nacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Forman parte del sistema nacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario:

1. La Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

2. La secretaría técnica.

3. Los grupos técnicos.

4. Las instancias territoriales.

(D. 4100/2011, art. 6º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1216 de 2016 artículo 2° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

CAPÍTULO 2

Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

ART. 2.1.7.2.1.—Objeto de la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. La Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario estará encargada de coordinar y orientar el sistema nacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario y será la instancia de definición, promoción, orientación, articulación, seguimiento y evaluación de la política integral de derechos humanos y derecho internacional humanitario, y de respuesta e impulso al cumplimiento de los compromisos internacionales en esas materias.

(D. 4100/2011, art. 7º)

ART. 2.1.7.2.2.—(Modificado).* Composición. La comisión intersectorial estará integrada por los siguientes miembros:

1. El Vicepresidente de la República, quien la presidirá.

2. El Ministro del Interior.

3. El Ministro de Relaciones Exteriores.

4. El Ministro de Justicia y del Derecho.

5. El Ministro de Defensa Nacional.

6. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.

7. El Ministro de Salud y Protección Social.

8. El Ministro del Trabajo.

9. El Ministro de Educación Nacional.

10. El Ministro de Cultura.

11. El director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

PAR. 1º—La comisión intersectorial podrá invitar a los siguientes ministerios y departamento administrativo, cuando lo considere pertinente:

1. El Ministro de Hacienda y Crédito Público.

2. El Ministro de Minas y Energía.

3. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo.

4. El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

5. El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio.

6. El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

7. El Ministro de Transporte.

8. El director del Departamento Nacional de Planeación.

PAR. 2º—En el caso de los ministros, la representación en las sesiones de la Comisión Intersectorial solo podrá ser delegada en los viceministros, y en el caso de los directores del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social o del Departamento Nacional de Planeación, en los subdirectores.

PAR. 3º—La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, el Consejo Superior de la Judicatura y el Congreso de la República tendrán el carácter de invitados permanentes.

PAR. 4º—A las sesiones de la comisión intersectorial podrán asistir, previa invitación de su presidente, funcionarios del Estado, delegados de organizaciones étnicas, de derechos humanos, sociales, gremiales, académicas y fundacionales que la comisión considere pertinente para el desarrollo de sus funciones y tareas, al igual que representantes de organismos internacionales de derechos humanos.

(D. 4100/2011, art. 8º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1216 de 2016 artículo 3° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1832 de 2017 artículo 1° de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.7.2.3.—(Modificado).* Funciones. La comisión intersectorial tendrá a cargo las siguientes funciones:

1. Coordinar el sistema nacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

2. Orientar el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política integral en derechos humanos y derecho internacional humanitario y la incorporación del enfoque de derechos y el enfoque diferencial en las políticas sectoriales.

3. Definir los Subsistemas en materia de respeto y garantía de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, colectivos y del ambiente, y la aplicación del derecho internacional humanitario, así como la integración de los grupos técnicos encargados de coordinarlos y los roles de las entidades y dependencias correspondientes.

4. Aprobar el mecanismo de coordinación Nación-Territorio, hacer recomendaciones para que el diseño institucional en los órdenes nacional y territorial se encuentre debidamente articulado y definir las directrices para su implementación.

5. Promover acciones e impulsar iniciativas para que el ordenamiento jurídico interno incorpore los estándares internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

6. impulsar el cumplimiento y seguimiento de los compromisos y obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

7. Orientar las acciones de coordinación y articulación con el sistema nacional de atención y reparación a víctimas.

8. Orientar el diseño e implementación de estrategias de promoción y divulgación en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

9. Definir los lineamientos generales para la conformación y operación de un sistema de información, que permita monitorear, hacer seguimiento y evaluar la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario, y el impacto de la política integral.

10. Definir estrategias de gestión de recursos presupuestales para la adecuada implementación de la política integral de derechos humanos y derecho internacional humanitario y, en general, para el funcionamiento del sistema nacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

11. Adoptar su reglamento interno y el plan estratégico del sistema nacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

(D. 4100/2011, art. 9º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1216 de 2016 artículo 4° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.7.2.4.—Sesiones y decisiones. La comisión intersectorial sesionará de forma ordinaria por lo menos una vez cada tres meses, y de forma extraordinaria, cuando las circunstancias lo ameriten, por solicitud de alguno de sus miembros.

Para las deliberaciones se requerirá la presencia de la mitad más uno de los miembros y, las decisiones requerirán el voto de la mitad más uno de los miembros asistentes a la sesión.

PAR.—El presidente de la comisión, por intermedio de la secretaría técnica, podrá convocar a sesiones de trabajo a los directores de las diferentes dependencias u oficinas de derechos humanos de los ministerios, departamentos administrativos y de las entidades, programas y dependencias públicas con responsabilidad en el diseño o implementación de la política integral de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

(D. 4100/2011, art. 10)

ART. 2.1.7.2.5.—Actas. Las decisiones adoptadas por la comisión intersectorial se harán constar en actas, que llevarán la firma del presidente y del secretario técnico de la comisión.

(D. 4100/2011, art. 11)

CAPÍTULO 3

Secretaría técnica

ART. 2.1.7.3.1.—(Modificado).* Secretaría técnica. Será la instancia asesora encargada de brindar el soporte técnico, logístico y operativo a la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y a los grupos técnicos. La secretaría técnica estará a cargo y bajo la responsabilidad de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos.

(D. 4100/2011, art. 12)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1216 de 2016 artículo 5° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.7.3.2.—(Modificado).* Funciones de la secretaría técnica. Son funciones de la secretaría técnica:

1. Asesorar técnicamente a la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y a cada uno de los grupos técnicos, en el diseño y gestión de la política integral de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

2. Servir de enlace permanente entre las instancias del sistema nacional, en los órdenes nacional y territorial.

3. Coordinar el diseño, el seguimiento y la evaluación a la implementación del mecanismo de coordinación Nación-Territorio,

4. Recopilar, analizar y consolidar los insumos de trabajo de cada uno de los grupos técnicos, para efectos de apoyar el seguimiento y la evaluación de la política integral de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

5. Diseñar y desarrollar el sistema nacional de información que permita monitorear, hacer seguimiento y evaluar la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario, y el impacto de la política integral.

6. Apoyar el diseño y la puesta en marcha de una estrategia de comunicaciones en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

7. Recomendar la adopción de estrategias para posibilitar la interlocución y participación de la sociedad civil en el diseño y evaluación de la política integral de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

8. Apoyar el desarrollo de las sesiones de la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y de los grupos técnicos.

9. Brindar asesoría a los grupos técnicos para la incorporación del enfoque de derechos y enfoque diferencial en las políticas sectoriales. 1468

10. Preparar los asuntos e insumos que serán sometidos a consideración y estudio de la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

11. Convocar, llevar las actas y hacer seguimiento a las decisiones adoptadas por la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

12. Elaborar las actas de las sesiones de los grupos técnicos y hacer seguimiento de sus actividades y decisiones.

13. Elaborar el proyecto de reglamento interno de la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, para su aprobación.

14. Apoyar el diseño y gestión del plan estratégico del sistema nacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

15. Las demás que le asigne la comisión intersectorial, en el marco de sus funciones.

PAR.—La coordinación del diseño, seguimiento y la evaluación a la implementación del mecanismo de coordinación Nación-Territorio, se realizará conjuntamente con el Ministerio del Interior.

(D. 4100/2011, art. 13)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1216 de 2016 artículo 6° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

CAPÍTULO 4

Grupos técnicos

(Nota: Modificada la denominación de la presente sección por "Subsitemas" por el Decreto 1216 de 2016 artículo 7° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.7.4.1.—Grupos técnicos. Cada subsistema contará con un grupo técnico encargado de coordinarlo, a partir de las orientaciones de la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, respecto del diseño, implementación, seguimiento y evaluación de cada eje temático de la política integral de derechos humanos y derecho internacional humanitario, de acuerdo con las competencias de las instituciones que los conforman.

(D. 4100/2011, art. 14)

(Nota: Modificada la denominación del presente artículo por "Subsitemas" por el Decreto 1216 de 2016 artículo 7° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.7.4.2.—(Modificado).* Composición. Los grupos técnicos estarán conformados por las direcciones y oficinas de derechos humanos de los ministerios, departamentos administrativos y de las diferentes entidades u organismos, programas y dependencias del Estado, de conformidad con las competencias y funciones asignadas en materia de respeto y garantía de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, colectivos y del ambiente, y aplicación del derecho internacional humanitario.

PAR. 1º—La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, el Consejo Superior de la Judicatura y el Congreso de la República tendrán el carácter de invitados permanentes en las sesiones de los grupos técnicos.

PAR. 2º—Los grupos técnicos, por intermedio de la entidad que los coordine, podrán invitar a representantes de organismos internacionales de derechos humanos y miembros de organizaciones no gubernamentales, así como representantes de las organizaciones sociales, gremiales, académicas y fundacionales que se ocupen de la promoción y defensa de estos derechos.

(D. 4100/2011, art. 15)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1216 de 2016 artículo 8° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.7.4.3.—(Modificado).* Sesiones de trabajo. Los grupos técnicos se reunirán de manera ordinaria cada mes y extraordinaria cuando se requiera.

PAR.—El contenido de las sesiones de los grupos técnicos se hará constar en actas, que llevarán la firma del responsable de la dependencia coordinadora del respectivo grupo técnico y de la secretaría técnica.

(D. 4100/2011, art. 16)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1216 de 2016 artículo 9° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.7.4.4.—(Modificado).* Funciones. Son funciones de los grupos técnicos:

1. Coordinar los subsistemas en materia de respeto y garantía de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, colectivos y del ambiente y la aplicación del derecho internacional humanitario; y definir los mecanismos de gestión, articulación, seguimiento y evaluación, de acuerdo con las competencias de las entidades que los conforman.

2. Contribuir en el diseño e implementación del mecanismo de coordinación Nación-Territorio, a partir de las competencias y responsabilidades de las entidades y del desarrollo de acciones para el fortalecimiento de su capacidad y gestión institucional.

3. Diseñar, implementar, hacer seguimiento y evaluar la política integral de derechos humanos y derecho internacional humanitario, en las materias a cargo de cada Subsistema.

4. Asesorar, asistir y recomendar a la comisión intersectorial las acciones para articular e implementar los diferentes planes, programas, proyectos, iniciativas y recursos presupuestales de la política integral de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

5. Desarrollar acciones, en cada uno de los subsistemas según corresponda, para incorporar el enfoque de derechos y el enfoque diferencial en las políticas sectoriales.

6. Preparar insumos o elaborar propuestas, en el subsistema correspondiente, que permitan la incorporación de estándares internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario en el ordenamiento jurídico interno.

7. Implementar las directrices de la comisión intersectorial para cumplir y hacer seguimiento a los compromisos y obligaciones internacionales a cargo del Estado colombiano.

8. Remitir a la secretaría técnica la información del respectivo subsistema para el monitoreo, seguimiento y evaluación de la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario, y el impacto de la política integral.

9. Formular un plan de trabajo de forma armonizada con el plan estratégico del sistema nacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

10. Las demás que les asigne la comisión intersectorial.

(D. 4100/2011, art. 17)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1216 de 2016 artículo 10 del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

(Nota: Modificada la denominación de la presente sección por "Subsitemas" por el Decreto 1216 de 2016 artículo 7° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

CAPÍTULO 5

Estructura territorial

ART. 2.1.7.5.1.—(Modificado).* Instancias territoriales. El sistema nacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario contará con una instancia en cada una de las entidades territoriales, en el ámbito de sus competencias y autonomía y, en todo caso, a partir de las orientaciones contenidas en las normas vigentes, especialmente en el Decreto 1188 de 2003.

Esta instancia será la responsable de diseñar, implementar, hacer seguimiento y evaluar, en aquello que corresponda, la política integral de derechos humanos y derecho internacional humanitario en el nivel territorial, a través de su incorporación en el plan de desarrollo y en su respectivo plan plurianual de inversiones. Los gobernadores y alcaldes adelantarán las acciones que estimen necesarias para organizar y poner en funcionamiento esta instancia en sus territorios, de acuerdo con los lineamientos y parámetros definidos en el mecanismo de coordinación Nación-Territorio, teniendo en cuenta sus competencias y el principio de autonomía de las entidades territoriales.

PAR. 1º—El Gobierno Nacional, bajo la coordinación del Ministerio del Interior, impulsará, asesorará y apoyará el diseño y organización de las instancias territoriales del sistema nacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

(D. 4100/2011, art. 18)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1216 de 2016 artículo 11 del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.7.5.2.—(Modificado).* Mecanismo de coordinación Nación-Territorio. El sistema nacional contará con un mecanismo de coordinación Nación-Territorio, el cual deberá ser aprobado por la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigencia de este título.

(D. 4100/2011, art. 19)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1216 de 2016 artículo 12 del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

CAPÍTULO 6

Derogatoria

ART. 2.1.7.6.1.—Derogatoria. El Decreto 4100 de 2011 derogó el Decreto 321 de 2000 y las disposiciones que le fueran contrarias.

(D. 4100/2011, art. 20)

TÍTULO 8

Sistema nacional de competitividad e innovación

(Nota: Adicionado por el Decreto 1651 de 2019 artículo 1º del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

CAPÍTULO 1

Alcance y organización del sistema nacional de competitividad e innovación (SNCI)

ART. 2.1.8.1.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1651 de 2019 artículo 1º del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.8.1.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1651 de 2019 artículo 1º del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.8.1.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1651 de 2019 artículo 1º del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

CAPÍTULO 2

Composición y funcionamiento de las instancias del sistema nacional de competitividad e innovación

ART. 2.1.8.2.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1651 de 2019 artículo 1º del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.8.2.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1651 de 2019 artículo 1º del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.8.2.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1651 de 2019 artículo 1º del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.8.2.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1651 de 2019 artículo 1º del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.8.2.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1651 de 2019 artículo 1º del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.8.2.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1651 de 2019 artículo 1º del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.8.2.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1651 de 2019 artículo 1º del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.8.2.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1651 de 2019 artículo 1º del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.8.2.9.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1651 de 2019 artículo 1º del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.8.2.10.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1651 de 2019 artículo 1º del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.8.2.11.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1651 de 2019 artículo 1º del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.8.2.12.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1651 de 2019 artículo 1º del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.8.2.13.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1651 de 2019 artículo 1º del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.8.2.14.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1651 de 2019 artículo 1º del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

CAPÍTULO 3

Institucionalidad regional del sistema nacional de competitividad e innovación

ART. 2.1.8.3.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1651 de 2019 artículo 1º del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.8.3.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1651 de 2019 artículo 1º del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.8.3.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1651 de 2019 artículo 1º del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.8.3.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1651 de 2019 artículo 1º del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.8.3.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1651 de 2019 artículo 1º del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.8.3.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1651 de 2019 artículo 1º del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.8.3.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1651 de 2019 artículo 1º del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.8.3.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1651 de 2019 artículo 1º del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.8.3.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1651 de 2019 artículo 1º del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.8.3.9.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1651 de 2019 artículo 1º del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.8.3.10.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1651 de 2019 artículo 1º del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.8.3.11.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1651 de 2019 artículo 1º del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.8.3.12.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1651 de 2019 artículo 1º del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.8.3.13.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1651 de 2019 artículo 1º del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.8.3.14.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1651 de 2019 artículo 1º del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.8.3.15.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1651 de 2019 artículo 1º del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

CAPÍTULO 4

De la articulación del sistema y otras disposiciones

ART. 2.1.8.4.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1651 de 2019 artículo 1º del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.8.4.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1651 de 2019 artículo 1º del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.8.4.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1651 de 2019 artículo 1º del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.1.8.4.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1651 de 2019 artículo 1º del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

(Nota: Adicionado por el Decreto 1651 de 2019 artículo 1º del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

PARTE 2

Disposiciones reglamentarias alusivas al funcionamiento del departamento administrativo de la Presidencia de la República

ART. 2.2.1.—La parte 2 del libro 2 del presente decreto reglamentario único compila las disposiciones reglamentarias expedidas por el señor Presidente de la República en ejercicio del numeral 11 de artículo 189 de la Constitución Política, que reglamentan el funcionamiento del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, según los temas y ámbitos de aplicación señalados en cada caso.

TÍTULO 1

Régimen específico de carrera del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

CAPÍTULO 1

Provisión de los empleos de carrera

ART. 2.2.1.1.1.—Orden para la provisión de empleos. La provisión definitiva de los empleos de carrera del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, se efectuará teniendo en cuenta el siguiente orden:

1. Con la persona que al momento de su retiro ejercía un empleo en el DAPRE y cuyo reintegro haya sido ordenado por autoridad judicial.

2. Con la persona con derechos de carrera administrativa a quien se le haya suprimido el cargo de carrera que desempeñaba en el DAPRE y que hubiere optado por el derecho a ser reincorporada a empleo igual o equivalente.

3. Con la persona que al momento en que deba producirse el nombramiento ocupe el primer puesto en la lista de elegibles del sistema específico de carrera del DAPRE vigente para el cargo.

Si agotadas las anteriores opciones no fuere posible la provisión del empleo, deberá realizarse el proceso de selección.

(D. 4080/2006, art. 1º)

ART. 2.2.1.1.2.—Provisión temporal. Mientras se realiza el proceso de selección, los cargos de carrera podrán proveerse temporalmente mediante encargo efectuado a empleados con derechos de carrera que acrediten los requisitos para su ejercicio, posean las competencias laborales requeridas, no hayan sido sancionados disciplinariamente en el año inmediatamente anterior y la última evaluación del desempeño laboral sea sobresaliente.

En caso de que no sea posible realizar el encargo por no existir empleado con las condiciones antes señaladas, los empleos podrán proveerse mediante nombramiento provisional hasta por un término de un (1) año, por medio de acto administrativo proferido por el nominador, sin más requisito que la certificación que al respecto expida el Jefe de Recursos Humanos o quien haga sus veces.

El nombramiento provisional deberá recaer en personas que no ostenten derechos de carrera en el sistema específico del DAPRE, que reúnan los requisitos de estudio y experiencia y las competencias laborales exigidos para el desempeño de los respectivos empleos y que obtengan resultado favorable en el estudio de seguridad que deberá realizar la entidad.

(D. 4080/2006, art. 2º)

ART. 2.2.1.1.3.—Órganos encargados del proceso. Los procesos de selección serán realizados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, a través del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), o de las universidades públicas o privadas y demás Instituciones de Educación Superior acreditadas ante aquella, para lo cual se suscribirán los respectivos convenios o contratos.

(D. 4080/2006, art. 3º)

ART. 2.2.1.1.4.—Convocatoria. La Comisión Nacional del Servicio Civil convocará a los concursos con base en las funciones, los requisitos y las competencias determinados por la entidad de acuerdo con el correspondiente manual específico.

La convocatoria deberá contener, como mínimo, la siguiente información:

1. Fecha de fijación y número de la misma.

2. Entidad para la cual se realiza el concurso.

3. Entidad que realiza el concurso.

4. Medios de divulgación.

5. Identificación del empleo: denominación, código, grado salarial, asignación básica, número de empleos por proveer, ubicación, funciones, requisitos de estudio y experiencia y competencias laborales.

6. Sobre las inscripciones: fecha, hora y lugar de recepción y fecha de resultados.

7. Sobre las pruebas a aplicar: clase; carácter eliminatorio o clasificatorio; puntaje mínimo aprobatorio para las eliminatorias; valor de cada prueba dentro del concurso; fecha, hora y lugar de aplicación.

8. Puntaje mínimo total aprobatorio del concurso, el cual siempre será el 70%.

9. Duración del período de prueba.

10. Indicación del organismo competente para resolver las reclamaciones que se presenten en desarrollo del proceso; y

11. Firma autorizada de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

PAR.—Además de los términos establecidos en este decreto para cada una de las etapas de los procesos de selección, en la convocatoria deberán preverse los términos para las reclamaciones. Su trámite y decisión se efectuarán según lo señalado en el Decreto-Ley 760 de 2005 o en las normas que lo modifiquen o sustituyan.

(D. 4080/2006, art. 4º)

ART. 2.2.1.1.5.—Divulgación. La divulgación de la convocatoria será responsabilidad de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Para el efecto utilizará, como mínimo, uno de los siguientes medios:

1. Prensa de amplia circulación nacional, a través de dos avisos en días diferentes.

2. Radio, en emisoras oficialmente autorizadas y con cubrimiento nacional al menos tres (3) veces diarias en horas hábiles durante dos (2) días.

PAR. 1º—En los avisos de prensa y de radio se dará la información básica del concurso y se informará a los aspirantes los sitios en donde se fijarán o publicarán las convocatorias y la entidad que realizará el proceso de selección.

PAR. 2º—El aviso de convocatoria, en su totalidad, se publicará con una antelación no inferior a cinco (5) días a la fecha de iniciación de las inscripciones en las páginas web de la Comisión Nacional del Servicio Civil, de la entidad contratada para la realización del concurso y del DAPRE, así como en un lugar de fácil acceso al público de esta última entidad. En estos mismos medios se publicarán las modificaciones que se efectúen a la convocatoria.

(D. 4080/2006, art. 5º)

ART. 2.2.1.1.6.—Formulario único de inscripción. Las inscripciones se efectuarán ante la entidad contratada para realizar el concurso, para lo cual se utilizará el formulario único de inscripción elaborado por la Comisión Nacional del Servicio Civil y disponible en las páginas web de esta, del Departamento Administrativo de la Función Pública y del DAPRE.

El término para las inscripciones no podrá ser inferior a cinco (5) días, durante las horas laborales señaladas en la convocatoria.

La inscripción podrá hacerse personalmente por el aspirante o por quien fuere encargado por este, por correo electrónico u ordinario o por fax. En todo caso, la recepción del formulario y de los documentos anexos deberá efectuarse durante el plazo fijado.

Los documentos que respalden el cumplimiento de los requisitos de estudios y de experiencia se allegarán en la etapa del concurso que se determine en la convocatoria, en todo caso antes de la elaboración de la lista de elegibles.

La comprobación del incumplimiento de los requisitos será causal de no admisión o de retiro del aspirante del proceso de selección aun en el caso de que este se hubiere iniciado.

(D. 4080/2006, art. 6º)

ART. 2.2.1.1.7.—Concurso sin inscritos. Cuando en los concursos no se inscriban candidatos o ninguno de los inscritos acredite los requisitos, deberá ampliarse el plazo de inscripciones por un término igual al inicialmente previsto y el correspondiente aviso deberá publicarse de acuerdo con lo establecido en el presente Decreto. Si agotado el procedimiento anterior no se inscribiere ningún aspirante, el concurso se declarará desierto por la Comisión Nacional del Servicio Civil, conforme lo señala el artículo 2.2.1.1.16 del presente título.

(D. 4080/2006, art. 7º)

ART. 2.2.1.1.8.—Lista de admitidos. Con base en el formulario de inscripción y en la documentación aportada, se elaborará la lista de admitidos y no admitidos, indicando los motivos en este último caso.

La lista deberá ser publicada en la página web de la entidad que realiza el concurso y en lugar visible de acceso a ella y de concurrencia pública, en la fecha prevista para el efecto en la convocatoria y permanecerá allí hasta la fecha de aplicación de la primera prueba.

(D. 4080/2006, art. 8º)

ART. 2.2.1.1.9.—Reclamaciones. Las reclamaciones que formulen los aspirantes no admitidos al concurso serán resueltas por la Comisión Nacional del Servicio Civil o por la entidad delegada, según lo señale la convocatoria, en los términos previstos en el Decreto-Ley 760 de 2005 o en las normas que lo modifiquen o sustituyan.

(D. 4080/2006, art. 9º)

ART. 2.2.1.1.10.—Objetividad e imparcialidad. En los procesos de selección se utilizarán medios técnicos que respondan a criterios de objetividad e imparcialidad con parámetros de calificación previamente determinados por la entidad contratada para la realización de los mismos.

En los concursos se aplicarán mínimo dos pruebas, una de las cuales será escrita o de ejecución, dependiendo de la naturaleza de las funciones de los empleos a proveer.

PAR.—Las pruebas aplicadas o a aplicarse en los procesos de selección tienen carácter reservado y solo serán de conocimiento de los responsables del concurso y de quienes deban resolver las reclamaciones que sobre ellas se formulen.

(D. 4080/2006, art. 10)

ART. 2.2.1.1.11.—Entrevistas. Cuando en un concurso se programe entrevista, esta tendrá carácter clasificatorio y no podrá tener un valor superior al quince por ciento (15%) respecto del puntaje máximo total del concurso. El jurado calificador, designado por la entidad que realice el concurso, será integrado por tres (3) personas, como mínimo, cuyos nombres deberán darse a conocer al menos con tres (3) días de antelación a su realización.

La entrevista deberá grabarse en medio magnetofónico, que se conservará en el archivo del concurso por un término no inferior a seis (6) meses, contado a partir de la fecha de expedición de la lista de elegibles. El jurado deberá dejar constancia escrita de las razones por las cuales se aprueba o desaprueba al entrevistado.

(D. 4080/2006, art. 11)

ART. 2.2.1.1.12.—Empleos provistos en provisionalidad con anterioridad al concurso. En los concursos que se realicen para proveer los empleos que se encontraban provistos mediante nombramiento provisional a la fecha de vigencia del Decreto-Ley 780 de 2005, la prueba de análisis de antecedentes será obligatoria y se valorará en igualdad de condiciones para todos los participantes, de conformidad con el instrumento que para el efecto expida la Comisión Nacional del Servicio Civil.

(D. 4080/2006, art. 12)

ART. 2.2.1.1.13.—Resultados de las pruebas. Los resultados de cada prueba se consignarán en informes firmados por el responsable de ejecutar el proceso de selección y por el respectivo calificador, y serán publicados en la medida en que se vayan produciendo, en las páginas web y en carteleras visibles al público del DAPRE y de la entidad que realiza el proceso de selección.

(D. 4080/2006, art. 13)

ART. 2.2.1.1.14.—Reclamaciones. Las reclamaciones de los participantes por inconformidad con los puntajes obtenidos en las pruebas serán tramitadas y resueltas por la Comisión Nacional del Servicio Civil o por la entidad delegada, según sea el caso, de conformidad con el Decreto-Ley 760 de 2005 y de las normas que lo modifiquen o sustituyan.

(D. 4080/2006, art. 14)

ART. 2.2.1.1.15.—Informe final del proceso. La entidad que realice el proceso de selección presentará un informe final sobre su desarrollo a la Comisión Nacional del Servicio Civil en los términos que esta señale, con copia para el DAPRE.

(D. 4080/2006, art. 15)

ART. 2.2.1.1.16.—Declaratoria de desierta. Los concursos deberán ser declarados desiertos por la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante resolución motivada, cuando no se hubiere inscrito ningún aspirante o ninguno hubiere acreditado los requisitos, cuando ningún concursante hubiere alcanzado el puntaje total aprobatorio del 70%. En estos se convocará de nuevo dentro de los dos (2) meses siguientes, de no darse ninguna de las situaciones previstas en el artículo 1º de este decreto.

(D. 4080/2006, art. 16)

ART. 2.2.1.1.17.—Lista de elegibles. Dentro de un término no superior a cinco (5) meses contado a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, con base en los resultados del concurso y en riguroso orden de mérito, la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad que adelantó el concurso de acuerdo con la respectiva delegación, elaborará la lista de elegibles. Esta deberá ser divulgada a través de las páginas web de la citada comisión, de la entidad que realizó el concurso y del DAPRE y publicada en sitios de fácil acceso al público de las dos últimas entidades.

Quienes obtengan puntajes totales aprobatorios iguales tendrán el mismo puesto en la lista de elegibles. Si esta situación se presenta en el primer lugar, el nombramiento recaerá en la persona que se encuentre inscrita en el registro público de carrera del DAPRE; de existir el empate entre dos empleados de carrera, este se dirimirá con quien se encuentre en situación de discapacidad. Cuando el empate se presente entre dos personas sin derechos de carrera, se preferirá al discapacitado.

De no ser posible aplicar estos criterios para efectuar el nombramiento, este recaerá en quien demuestre haber cumplido con el deber de votar en las elecciones inmediatamente anteriores, en los términos señalados en el artículo 2º numeral 3º de la Ley 403 de 1997. De persistir el empate, decidirá el nominador.

(D. 4080/2006, art. 17)

ART. 2.2.1.1.18.—Vigencia de la lista de elegibles. La lista de elegibles tendrá vigencia de dos (2) años y podrá prorrogarse hasta por un término igual por la Comisión Nacional del Servicio Civil a solicitud del DAPRE.

Durante este término podrá ser utilizada para proveer vacantes en el mismo cargo o en otros iguales, similares o de inferior jerarquía, siempre y cuando en el concurso se hubieren evaluado las competencias laborales requeridas para el ejercicio de dichos empleos y deberá recomponerse cada vez que sea utilizada o excluido alguno de los integrantes.

(D. 4080/2006, art. 18)

ART. 2.2.1.1.19.—Período de prueba. El respectivo nombramiento en período de prueba deberá efectuarse dentro de los dos meses siguientes al envío de la lista por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil, previa la realización del estudio de seguridad al cual se refiere el numeral 11.6 del artículo 11 del Decreto-Ley 780 de 2005.

Dicho estudio deberá efectuarse por la autoridad o dependencia que determine el director del DAPRE a quien ocupe el primer puesto en la lista de elegibles; de resultar desfavorable será causal para que aquel no pueda ser nombrado y sea excluido de la lista de elegibles. Estas decisiones se adoptarán a través de acto administrativo motivado previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

PAR. TRANS.— Los nombramientos en período de prueba para proveer los empleos a los cuales se refiere el artículo 32 del Decreto-Ley 780 de 2005 se efectuarán en un plazo no mayor a un año contado a partir de la fecha en que el DAPRE reciba las listas de elegibles, previa la realización de los estudios de seguridad respectivos.

(D. 4080/2006, art. 19)

ART. 2.2.1.1.20.—Competencia para resolver reclamaciones. Las decisiones en relación con las reclamaciones que se formulen por las presuntas irregularidades que se presenten en desarrollo de los procesos de selección que puedan dar lugar a dejarlos parcial o totalmente sin efectos serán de competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil en los términos previstos en el Decreto-Ley 760 de 2005 o en las normas que lo modifiquen o sustituyan.

(D. 4080/2006, art. 20)

CAPÍTULO 2

Valoración del desempeño laboral

ART. 2.2.1.2.1.—Finalidad de la valoración. La valoración del desempeño laboral es un proceso estratégico dentro de la gestión integral del talento humano, orientado al conocimiento objetivo de los logros, aportes, competencias, potencialidades, limitaciones y debilidades de los empleados de carrera, con el objeto de realizar las acciones que fueren necesarias para favorecer la efectividad organizacional y el desarrollo personal y profesional del empleado, así como para determinar la permanencia del empleado en el servicio.

(D. 4080/2006, art. 21)

ART. 2.2.1.2.2.—Características de la valoración de desempeño. La valoración del desempeño laboral deberá ser:

1. Objetiva, imparcial y fundada en principios de equidad.

2. Referida a hechos concretos relacionados con los resultados obtenidos y a condiciones demostradas por el empleado durante el lapso que abarca la evaluación, apreciados dentro de las circunstancias en que desempeña sus funciones.

3. Desarrollada mediante una estrategia que permita la interacción entre evaluador y evaluado.

Para estos efectos el DAPRE desarrollará un marco conceptual integrado por los aspectos normativos, técnicos y organizacionales de la valoración del desempeño; un instrumento de evaluación válido y confiable; y un instructivo orientador que garantice la adecuada aplicación del proceso evaluativo.

(D. 4080/2006, art. 22)

ART. 2.2.1.2.3.—Componentes del proceso. La valoración del desempeño laboral y la calificación de servicios del empleado de carrera son dos aspectos de un mismo proceso. La primera implica un juicio cualitativo para identificar fortalezas y limitaciones en el desempeño del cargo, con miras a decisiones de desarrollo de personal, mientras que la segunda se concreta en la asignación de un puntaje para la toma de decisiones de carácter administrativo.

(D. 4080/2006, art. 23)

ART. 2.2.1.2.4.—Componentes de la valoración. La valoración del desempeño laboral de los empleados de carrera del DAPRE deberá contemplar:

1. El acuerdo de compromisos del evaluado, determinado a partir de los planes anuales de gestión de las respectivas áreas, del plan institucional de la entidad y de sus metas estratégicas.

2. El seguimiento periódico del desempeño del empleado por parte del evaluador, para verificar el avance en el cumplimiento de los compromisos adquiridos, así como la calidad de los mismos.

3. La evaluación del desempeño propiamente dicha para valorar el rendimiento del empleado mediante su contratación con los estándares establecidos; y

4. La retroalimentación al empleado dentro del marco de planes de mejoramiento personal y organizacional.

(D. 4080/2006, art. 24)

ART. 2.2.1.2.5.—Evaluación de competencias laborales. De conformidad con lo establecido en el Decreto 2539 de 2005, la evaluación de las competencias laborales hará parte de la valoración del desempeño laboral de los empleados de carrera y en período de prueba. Dicha valoración tendrá un valor del treinta por ciento (30%) de la calificación definitiva.

La calificación satisfactoria se establecerá, como mínimo, en el 70% de la escala utilizada en el instrumento de evaluación que se adopte.

(D. 4080/2006, art. 25)

ART. 2.2.1.2.6.—Casos de valoración y calificación obligatorios. El desempeño laboral de los empleados de carrera deberá ser valorado y calificado en los siguientes casos:

1. Por el período anual comprendido entre el 1º de febrero y el 31 de enero del año siguiente, calificación que deberá producirse dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento de dicho período y será el resultado de la sumatoria de las dos evaluaciones parciales que deben realizarse: una, por el período comprendido entre el 1º de febrero y el 31 de julio; y otra, por el período comprendido entre el 1º de agosto y el 31 de enero del siguiente año.

Cuando el empleado no haya servido la totalidad del año, se calificarán los servicios correspondientes al período laboral cuando este sea superior a treinta (30) días. Los períodos inferiores a este lapso serán calificados conjuntamente con el período siguiente.

2. Cuando así lo ordene, por escrito, el jefe del organismo, en caso de considerar que el desempeño laboral de un empleado es deficiente. Esta calificación no podrá ordenarse antes de transcurridos dos (2) meses de efectuada la última calificación y deberá comprender todo el período no calificado hasta el momento de la orden. De esta calificación harán parte las evaluaciones parciales en caso de haberse producido. Si esta calificación resultare satisfactoria, a partir de la fecha en que se produjo y hasta el 31 de enero del siguiente año, se considerará un nuevo período de evaluación, para lo cual será necesario diligenciar nuevamente los instrumentos que estén siendo utilizados en la entidad.

Esta calificación deberá producirse inmediatamente sea ordenada.

(D. 4080/2006, art. 26)

ART. 2.2.1.2.7.—Casos de evaluaciones parciales. De las evaluaciones parciales harán parte aquellas que durante el período correspondiente deban realizarse en los siguientes casos:

1. Por cambio de evaluador.

2. Por cambio definitivo de empleo como resultado de traslado.

3. Cuando el empleado deba separarse temporalmente del ejercicio de las funciones del cargo por suspensión, por encargo, por licencias, comisiones o vacaciones, en caso de que el término de duración de estas situaciones sea superior a treinta (30) días calendario.

4. Por el lapso comprendido entre la última evaluación, si la hubiere, y el final del período semestral a evaluar.

Estas evaluaciones deberán realizarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que se produzca la situación que las origine, con excepción de la ocasionada por cambio de evaluador que deberá realizarse antes del retiro de este.

PAR.—El empleado no será evaluado durante el término de duración de las situaciones administrativas enunciadas, salvo cuando sea encargado en un empleo de carrera, para determinar su permanencia en dicho empleo. De resultar insatisfactoria la evaluación, se dará por terminado el encargo. La evaluación efectuada durante el encargo no hará parte de la calificación definitiva respecto del empleo del cual sea titular.

(D. 4080/2006, art. 27)

ART. 2.2.1.2.8.—Evaluación en caso de ascenso. Cuando el empleado cambie de cargo como resultado de ascenso dentro de la carrera, su desempeño laboral en el empleo anterior no será evaluado.

(D. 4080/2006, art. 28)

ART. 2.2.1.2.9.—Funcionarios competentes para la evaluación. En el marco conceptual del instrumento de valoración del desempeño laboral que se adopte para la entidad se determinará el o los empleados responsables de evaluar a los empleados de carrera y en período de prueba dentro de los cuales, en todo caso, habrá uno de libre nombramiento y remoción; igualmente se indicará a quién corresponde efectuar las comunicaciones y las notificaciones a que haya lugar.

El recurso de reposición será resuelto por los evaluadores que intervinieron en la respectiva valoración.

(D. 4080/2006, art. 29)

ART. 2.2.1.2.10.—Evaluación en caso de ausencia del evaluador inicial. Sin perjuicio de la sanción disciplinaria prevista en el Código Único Disciplinario para quienes incumplan el deber de calificar a los empleados en la oportunidad y en las condiciones previstas por la ley o el reglamento, cuando los responsables de evaluar se retiren de la entidad sin efectuar las evaluaciones que les correspondían, estas deberán ser realizadas por su superior inmediato o por el empleado que para el efecto sea designado por el Jefe de la entidad. Cuando el evaluador cambie de empleo dentro de la entidad conserva la obligación de efectuar las evaluaciones que le correspondían en el anterior empleo.

(D. 4080/2006, art. 30)

ART. 2.2.1.2.11.—Evaluación al cumplimiento del período de prueba. Dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento del período de prueba o en cualquier momento, a juicio del superior inmediato, el desempeño laboral del empleado será valorado en el instrumento que rija para la entidad. Harán parte de la calificación definitiva las evaluaciones parciales que se le hayan efectuado durante este período.

(D. 4080/2006, art. 31)

ART. 2.2.1.2.12.—Evaluaciones parciales durante el período de prueba. Durante el período de prueba será necesario realizar evaluaciones parcial es en los siguientes casos:

1. Por cambio de evaluador.

2. Por interrupción de dicho período en término igual o superior a veinte (20) días continuos, caso en el cual el período de prueba se prolongará por el término que dure la interrupción.

3. Por el lapso comprendido entre la última evaluación parcial, si la hubiere, y el final del período.

PAR.—Estas evaluaciones deberán producirse dentro de los cinco (5) días siguientes a la ocurrencia de los hechos que las originen, salvo la ocasionada por cambio de evaluador, la cual deberá efectuarse antes del retiro de este.

(D. 4080/2006, art. 32)

ART. 2.2.1.2.13.—Comunicación de resultados de las evaluaciones. El resultado de las evaluaciones parciales será comunicado por escrito y contra él no procede recurso alguno; el de las calificaciones definitivas será notificado conforme lo prevé el artículo 26 del Decreto-Ley 780 de 2005 y contra él solo procede el recurso de reposición, el cual se interpondrá, tramitará y resolverá de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(D. 4080/2006, art. 33)

ART. 2.2.1.2.14.—Competente para diseñar el instrumento de valoración. El instrumento de valoración del desempeño laboral será diseñado por el área de recursos humanos del DAPRE o la que haga sus veces, de acuerdo con lo previsto en el Decreto-Ley 780 de 2005 y en este título. Deberá ser puesto a consideración de la Comisión Nacional del Servicio Civil, para su aprobación, por conducto del director de la entidad.

Harán parte del instrumento de valoración del desempeño laboral el marco conceptual, el instructivo de aplicación y los formularios para cada uno de los niveles de empleo objeto de la valoración.

(D. 4080/2006, art. 34)

ART. 2.2.1.2.15.—Funciones del jefe de talento humano. Corresponde al jefe de talento humano en relación con el proceso de valoración del desempeño laboral de los empleados de carrera del DAPRE:

1. Desarrollar procesos de formación y de capacitación sobre el sistema de evaluación, las normas y los procedimientos que lo rigen.

2. Suministrar oportunamente el apoyo técnico, así como los formatos y demás materiales necesarios para realizar las evaluaciones.

3. Realizar estudios sobre el funcionamiento de la evaluación y proponer al Director del Departamento, estrategias de intervención para su mejoramiento cuando sea necesario.

(D. 4080/2006, art. 35)

ART. 2.2.1.2.16.—Otras utilidades de los resultados de evaluación. Los resultados de la evaluación del desempeño laboral de los empleados de carrera deberán ser tenidos en cuenta como insumo para el diagnóstico de las necesidades de capacitación, la asignación de incentivos y otras decisiones relacionadas con la administración del talento humano, con el fin de implementar estrategias de mejoramiento a nivel personal e institucional.

(D. 4080/2006, art. 36)

CAPÍTULO 3

Sistema de información y monitoreo de la carrera

ART. 2.2.1.3.1.—Plan de previsión de recursos humanos. El área de recursos humanos o la que haga sus veces diseñará anualmente un plan de previsión de recursos humanos para atender en forma oportuna las necesidades de personal de la entidad. Para el efecto, organizará un sistema que suministre la siguiente información:

1. Empleos vacantes que deban ser provistos, con indicación de los requisitos y las competencias exigidos para su ejercicio de acuerdo con los respectivos manuales.

2. Forma de provisión.

3. Estimación de los costos de los procesos de selección que sea necesario realizar; y

4. Necesidades de capacitación y forma de suplirlas.

(D. 4080/2006, art. 37)

ART. 2.2.1.3.2.—Inventario del personal al servicio. Es función del área de recursos humanos o de la que haga sus veces en el DAPRE organizar y administrar un inventario del personal al servicio de la entidad que contenga información sobre su formación académica y capacitación específica, sus competencias laborales, los resultados de la valoración de su desempeño laboral, los estímulos e incentivos de que ha sido objeto. De igual manera, el inventario contendrá, en relación con los empleados de carrera, información acerca de los ascensos, encargos y traslados que se les haya efectuado.

(D. 4080/2006, art. 38)

ART. 2.2.1.1.3.(sic)—Evaluación de los procesos de selección. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 28 del Decreto-Ley 780 de 2005, corresponde al área de recursos humanos o a la que haga sus veces en el DAPRE evaluar la efectividad de los procesos de selección realizados para la provisión de los empleos de carrera, para lo cual tomará como referencia los resultados de la valoración del desempeño laboral de los empleados nombrados en período de prueba.

Los resultados de esta evaluación serán comunicados a la Comisión Nacional del Servicio Civil, a través del director de la entidad para la adopción de los correctivos a que haya lugar.

(D. 4080/2006, art. 39)

ART. 2.2.1.3.4.—Envío de información a la Comisión Nacional de Servicio Civil. El área de recursos humanos o la que haga sus veces en el DAPRE enviará a la Comisión Nacional del Servicio Civil, con la periodicidad y en los términos que esta señale, la información que permita organizar y actualizar el capítulo especial del sistema específico de carrera del DAPRE en el registro público de carrera administrativa.

(D. 4080/2006, art. 40)

CAPÍTULO 4

Causales de retiro del servicio

ART. 2.2.1.4.1.—Causales de retiro. El retiro del servicio de los empleados de carrera del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República se producirá por las causales enumeradas a continuación y conlleva el retiro de la carrera y la pérdida de los derechos de la misma:

1. Por renuncia regularmente aceptada.

2. Por haber obtenido la pensión de jubilación o de vejez.

3. Por invalidez absoluta.

4. Por llegar a la edad de retiro forzoso.

5. Por supresión del empleo, salvo cuando se opte por la incorporación a otro igual o equivalente de la nueva planta del DAPRE.

6. Por destitución, desvinculación o remoción, como consecuencia de investigación disciplinaria.

7. Por declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo.

8. Por revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para desempeñar el empleo.

9. Por orden o decisión judicial.

10. Por obtener calificación insatisfactoria en cualquier momento en el período de prueba.

11. Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento como consecuencia de calificación no satisfactoria en la valoración del desempeño laboral.

12. Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento cuando, como resultado de un estudio de seguridad de carácter reservado, se establezca que no cumple con las condiciones mínimas de seguridad que se exige al personal que labora en el DAPRE realizado por la secretaría de seguridad del mismo o por quien esta indique. El acto administrativo de insubsistencia del nombramiento será motivado; y

13. Por las demás que determinen la Constitución Política y la ley.

(D. 4080/2006, art. 41)

ART. 2.2.1.4.2.—Insubsistencia por calificación no satisfactoria. El nombramiento del empleado de carrera o en período de prueba deberá declararse insubsistente por la autoridad nominadora, por acto motivado, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en la que quede en firme la calificación no satisfactoria como resultado de la valoración del desempeño laboral. Contra dicho acto no procederá recurso alguno.

(D. 4080/2006, art. 42)

ART. 2.2.1.4.3.—Insubsistencia de empleada embarazada. La declaratoria de insubsistencia del nombramiento de una empleada de carrera en estado de embarazo, por calificación no satisfactoria en la valoración del desempeño laboral, solo podrá producirse dentro de los ocho (8) días siguientes al vencimiento de la licencia por maternidad biológica o por adopción o de la licencia correspondiente, en el caso de aborto o parto prematuro no viable.

(D. 4080/2006, art. 43)

ART. 2.2.1.4.4.—Preferencia en caso de supresión de cargo. El empleado de carrera, titular de un cargo de carrera que sea suprimido, tiene derecho a ser incorporado al empleo igual que se cree en la nueva planta del DAPRE. De no ser posible, podrá optar por ser reincorporado a cargo igual o equivalente dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en la cual se le comunique la supresión del empleo o a recibir el valor de la indemnización, en los términos y condiciones señalados en la Ley 909 de 2004 y en sus decretos reglamentarios.

PAR.—Se entiende que un cargo es equivalente a otro cuando tenga asignadas funciones iguales o similares, para su desempeño se exijan requisitos de estudio, experiencia y competencias laborales iguales o similares y tenga una asignación básica salarial igual o superior, sin que en ningún caso la diferencia salarial supere los dos grados siguientes de la respectiva escala.

(D. 4080/2006, art. 44)

ART. 2.2.1.4.5.—Reclamaciones sobre el derecho de preferencia. Conforme con lo señalado en el artículo 17 del Decreto-Ley 780 de 2005, corresponde a la comisión de personal del DAPRE conocer y decidir, en primera instancia, sobre las reclamaciones que formulen los empleados de carrera que hayan optado por el derecho preferencial a ser revinculados por supresión de los empleos y sobre aquellas que presenten por los efectos de las incorporaciones a las nuevas plantas de personal de la entidad. La Comisión Nacional del Servicio Civil conocerá y decidirá en segunda instancia.

PAR.—En el trámite y en la decisión de estas reclamaciones se observará el procedimiento establecido en el Decreto-Ley 760 de 2005.

(D. 4080/2006, art. 45)

CAPÍTULO 5

Elección del representante de los empleados en el consejo administrador de la carrera y en la comisión de personal

SECCIÓN 1

Conformación de la comisión de personal

ART. 2.2.1.5.1.1.—Conformación de la comisión de personal. La comisión de personal del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, estará conformada por un representante designado por el director de la entidad, quien deberá tener la calidad de empleado de libre nombramiento y remoción; por el jefe del área de recursos humanos o quien haga sus veces, quien actuará como secretario; y por un representante de los empleados de carrera; todos con voz y voto.

El representante de los empleados de carrera y su suplente serán elegidos por votación directa de los empleados de carrera del DAPRE para un período de dos (2) años, conforme con el procedimiento que se establece en el presente decreto.

(D. 4446/2006, art. 1º)

ART. 2.2.1.5.1.2.—Requisitos de los aspirantes. Quienes aspiren a ser representantes de los empleados de carrera en la comisión de personal deberán acreditar los siguientes requisitos:

1. Ser empleado de carrera administrativa del DAPRE, y

2. No haber sido sancionado disciplinariamente durante el año inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud de inscripción de la candidatura.

(D. 4446/2006, art. 2º)

SECCIÓN 2

Procedimiento para la elección de los representantes de los empleados de carrera en la comisión de personal

ART. 2.2.1.5.2.1.—Elección del representante y su suplente. Para la elección del representante de los empleados de carrera y su suplente en la comisión de personal del DAPRE, el director de la entidad convocará, mediante resolución, a elecciones con una antelación no inferior a treinta (30) días calendario a la fecha de la realización de las mismas, convocatoria que contendrá, por lo menos, la siguiente información:

1. Fecha y objeto.

2. Funciones de la comisión de personal.

3. Requisitos que deben acreditar los aspirantes.

4. Dependencia ante la cual se solicitará la inscripción, plazos y requisitos para hacerla.

5. Fecha de publicación de las listas de las fórmulas de candidatos inscritos.

6. Lugar, día y hora en que se abrirá y se cerrará la votación.

7. Procedimiento para la designación de los jurados de votación y funciones de los mismos.

8. Lugar, día y hora en que se efectuará el escrutinio general y la declaración de los elegidos.

(D. 4446/2006, art. 3º)

ART. 2.2.1.5.2.2.—Divulgación. La convocatoria a elecciones será divulgada a través del correo electrónico institucional y de las carteleras de fácil acceso a los empleados de la entidad.

(D. 4446/2006, art. 4º)

ART. 2.2.1.5.2.3.—Inscripción de aspirantes. Las inscripciones de los aspirantes se hará por fórmula que incluya los nombres y apellidos del principal y de su suplente, mediante solicitud escrita que contenga, además, la siguiente información:

1. Documentos de identidad de los aspirantes.

2. Manifestación expresa de que reúnen los requisitos exigidos.

3. Firma de los candidatos.

(D. 4446/2006, art. 5º)

ART. 2.2.1.5.2.4.—Presentación de solicitudes. Las solicitudes de inscripción deben presentarse personalmente ante el jefe del área de recursos humanos o ante quien haga sus veces, empleado que certificará el cumplimiento de los requisitos por parte de los candidatos y su calidad de candidatos inscritos.

(D. 4446/2006, art. 6º)

ART. 2.2.1.5.2.5.—Procedimiento para la inscripción. Las inscripciones se efectuarán dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de publicación de la convocatoria.

Con un mínimo de dos (2) fórmulas inscritas las votaciones se efectuarán en los términos de la convocatoria.

Si dentro del plazo fijado en la convocatoria no se inscriben, por lo menos, dos (2) fórmulas de candidatos, dicho término se prorrogará en diez (10) días calendario, caso en el cual el director de la entidad, por acto similar al de la convocatoria y publicado de igual manera que esta, modificará los plazos de cada una de las etapas del proceso electoral.

Si al vencimiento del nuevo plazo para las inscripciones solamente resultare inscrita una fórmula, procederá la elección y serán proclamados como representante y suplente los integrantes de esta, cualquiera que sea la votación por ellos obtenida.

Si una vez vencido el plazo inicial de inscripción y el de su prórroga no se lograre la inscripción de fórmula alguna, el director de la entidad efectuará la respectiva designación.

(D. 4446/2006, art. 7º)

ART. 2.2.1.5.2.6.—Publicación de la lista de inscritos. El jefe del área de recursos humanos o quien haga sus veces, en los dos (2) días siguientes al vencimiento del término previsto para las inscripciones, divulgará a través del correo electrónico institucional, la lista de las fórmulas inscritas.

(D. 4446/2006, art. 8º)

ART. 2.2.1.5.2.7.—Vigilancia de la votación. La elección será vigilada por tres (3) jurados y tres (3) suplentes por cada mesa de votación, designados por el jefe del área de recursos humanos o quien haga sus veces, a más tardar dentro de los dos (2) días siguientes a la fecha de divulgación de las listas de candidatos inscritos.

Los jurados actuarán como presidente, vicepresidente y vocal, según se determine en la designación.

La designación de los jurados se comunicará a través de medio electrónico o por escrito con la siguiente información:

1. Nombre y apellidos completos e identificación de los miembros del jurado, con indicación del cargo asignado a cada uno y del número y ubicación de la mesa de votación en la que ejercerán sus funciones.

2. Funciones.

3. Citación para instrucción sobre sus funciones.

(D. 4446/2006, art. 9º)

ART. 2.2.1.5.2.8.—Funciones de los jurados. Son funciones de los jurados de votación las siguientes:

1. Recibir la urna y verificar los documentos y elementos de la mesa de votación.

2. Instalar la mesa de votación.

3. Vigilar el proceso de votación.

4. Verificar la identidad de los votantes.

5. Realizar el escrutinio de los votos y consignar los resultados en el acta respectiva.

6. Firmar las actas.

7. Entregar al jefe del área de recursos humanos o a quien haga sus veces las actas, los votos y los demás documentos y elementos relativos a la elección.

(D. 4446/2006, art. 10)

ART. 2.2.1.5.2.9.—Lista de electores. El jefe del área de recursos humanos o quien haga sus veces publicará, durante los dos (2) días anteriores a la fecha de las elecciones, la lista general de los electores con indicación del documento de identidad y del número y ubicación de la mesa en la que les corresponderá votar.

Los jurados de votación sufragarán en la mesa en donde ejerzan su función.

PAR.—El voto será secreto y el derecho a elegir no podrá ser objeto de delegación ni el elector podrá hacerse representar para sufragar.

(D. 4446/2006, art. 11)

ART. 2.2.1.5.2.10.—Duración de la votación. Las votaciones se efectuarán en un solo día y se abrirán y se cerrarán en las horas previstas en la convocatoria.

(D. 4446/2006, art. 12)

ART. 2.2.1.5.2.11.—Escrutinio parcial. Para los escrutinios parciales, los jurados de votación procederán de la siguiente manera:

1. Cerrada la votación, uno de los miembros del jurado leerá en voz alta el número total de sufragantes, de lo cual se dejará constancia en el acta de escrutinio y en el registro general de votantes.

2. Surtido el anterior trámite, la urna se abrirá públicamente y se contarán los votos depositados; si el número de votos supera el de los empleados votantes, todos se introducirán de nuevo en la urna y se sacarán al azar tantos votos cuanto sean los excedentes y, sin consultar su contenido, se incinerarán en el acto. De tal hecho se dejará constancia en el acta de escrutinio.

3. Los jurados procederán a hacer el escrutinio y a anotar en el acta el número de votos emitidos a favor de cada fórmula, así como el de los votos en blanco. Los votos que no permitan identificar claramente la decisión del votante se consideran nulos y no serán computados. El acta de escrutinio será firmada por los jurados.

4. Terminado el escrutinio, se leerán los resultados en voz alta y se introducirán en sobres diferentes los votos emitidos para cada fórmula; los votos en blanco; los votos nulos; y el acta y las constancias correspondientes. Estos sobres y los demás documentos utilizados en la votación se entregarán inmediatamente al jefe del área de recursos humanos o a quien haga sus veces.

(D. 4446/2006, art. 13)

ART. 2.2.1.5.2.12.—Escrutinio general. El escrutinio general se realizará públicamente el día hábil siguiente al de la votación, en el lugar y hora señalados en la convocatoria, por una comisión escrutadora integrada por el director de la entidad o su delegado y por dos empleados de carrera designados de común acuerdo por los candidatos que participaron en las elecciones. Como secretario actuará el jefe del área de recursos humanos o quien haga sus veces.

La Comisión escrutará con base en los resultados de las actas de escrutinio.

(D. 4446/2006, art. 14)

ART. 2.2.1.5.2.13.—Reclamaciones sobre el escrutinio. Los candidatos en el acto mismo del escrutinio general podrán formular, por escrito, reclamaciones sustentadas, las cuales deben ser resueltas de inmediato por la comisión escrutadora. Seguidamente esta declarará la elección de los representantes. De todo lo anterior se levantará un acta, la cual será publicada en el correo electrónico institucional.

(D. 4446/2006, art. 15)

ART. 2.2.1.5.2.14.—Fórmula ganadora. Cuando se inscriba más de una fórmula, se declararán elegidos como representantes, principal y suplente, a quienes hagan parte de aquella que obtenga el mayor número de votos. Si el número de votos a favor de dos o más fórmulas fuere igual, la elección se decidirá a la suerte conforme con el mecanismo que establezca el director de la entidad o su delegado en la comisión escrutadora.

(D. 4446/2006, art. 16)

ART. 2.2.1.5.2.15.—Faltas temporales del representante. Las faltas temporales del representante de los empleados en la comisión de personal serán llenadas por el suplente.

En caso de falta absoluta del representante principal, el suplente asumirá tal calidad hasta el final del período.

PAR.—Falta absoluta del representante y su suplente. En caso de falta absoluta de los representantes de los empleados, principal y suplente, el director de la entidad convocará a elecciones dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en la que se tenga conocimiento de dicha situación.

(D. 4446/2006, art. 17)

ART. 2.2.1.5.2.16.—Reglamento de la comisión. En la primera sesión, la comisión de personal expedirá el reglamento de funcionamiento.

(D. 4446/2006, art. 18)

ART. 2.2.1.5.2.17.—Transitorio. La convocatoria para la primera elección del representante de los empleados en la comisión de personal se efectuará dentro de los quince (15) días siguientes a la promulgación del presente decreto y en ella podrán participar como candidatos y electores los empleados del DAPRE que ejerzan empleos de carrera.

(D. 4446/2006, art. 19)

TÍTULO 2

Fondo de Programas Especiales para la Paz —Fondo Paz—

CAPÍTULO 1

Funcionamiento del Fondo de Programas Especiales para la Paz

ART. 2.2.2.1.1.—Funciones específicas. En desarrollo de su objeto, el Fondo de Programas Especiales para la Paz, tendrá como funciones específicas las siguientes:

1. Diseñar, desarrollar, financiar y cofinanciar planes, programas y estrategias que generen condiciones, para el logro y mantenimiento de la paz.

2. Administrar y ejecutar los recursos de los planes y programas de paz, que se adelanten en desarrollo de las funciones asignadas a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

3. Financiar los trámites legales necesarios para el otorgamiento de indultos, amnistías, beneficios y demás garantías jurídicas a los miembros de grupos alzados en armas que se encuentren en proceso de paz con el Gobierno Nacional y demuestren su voluntad de reincorporarse a la vida civil.

4. Financiar y cofinanciar la realización de actividades que generen condiciones para entablar conversaciones, diálogos y firma de acuerdos con grupos alzados en armas que participen en el conflicto interno armado.

5. Adelantar programas de difusión del derecho internacional humanitario, de conformidad con las directrices que señale el Presidente de la República, y financiar el estudio y divulgación de las normas relacionadas con la materia.

6. Financiar los estudios que permitan un seguimiento continuo a los hechos constitutivos de violencia y su evolución, y sirvan para crear alternativas de solución en la construcción de una política de paz.

7. Fomentar la coordinación interinstitucional, la participación de las organizaciones no gubernamentales y de la comunidad en el afianzamiento de una cultura de convivencia, respecto a los derechos humanos y bienestar social.

8. Dar impulso y apoyo económico a las iniciativas de la sociedad civil a nivel nacional y regional, encaminadas al logro y mantenimiento de la paz.

(D. 2429/97, art. 1º)

ART. 2.2.2.1.2.—Funciones del director. Para el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Programas Especiales para la Paz, el director tendrá las siguientes funciones:

1. Dirigir, controlar y coordinar la acción administrativa del fondo.

2. Dictar las normas necesarias para el debido cumplimiento de las funciones del Fondo y proponer al Gobierno Nacional y al director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República las que fueren de competencia de estos.

3. Cumplir y hacer cumplir las decisiones y normas expedidas por el Gobierno Nacional y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en temas relacionados con el funcionamiento y desarrollo del Fondo.

4. En virtud de la delegación que le otorgue el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República celebrar los contratos y efectuar los pagos, que se requieran para el desarrollo del objeto y funciones del fondo.

5. Promover la obtención de recursos financieros, de cooperación nacional e internacional, para el cumplimiento del objeto y funciones del Fondo de Programas Especiales para la Paz.

6. Las demás que le asigne la ley, el Gobierno Nacional y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

(D. 2429/97, art. 2º)

ART. 2.2.2.1.3.—Régimen jurídico de sus operaciones, actos y contratos. Los actos, operaciones, contratos y convenios que celebre el Director del Fondo de Programas Especiales para la Paz, en virtud de la delegación conferida por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 716 de 1994, así como en desarrollo de su objeto, solo se someterán a las normas que rigen la contratación entre particulares, sin perjuicio de la inclusión de las cláusulas excepcionales contempladas en la Ley 80 de 1993 y las que las modifiquen y adicionen.

(D. 2429/97, art. 3º)

ART. 2.2.2.1.4.—Pagos. A partir de la vigencia del presente decreto, el Fondo de Programas Especiales para la Paz, atenderá la ejecución de los pagos de que trata el artículo 2º del Decreto 716 de 1994.

(D. 2429/97, art. 4º)

ART. 2.2.2.1.5.—Transferencia de derechos y obligaciones contractuales. Los contratos o convenios que hayan sido perfeccionados con cargo al presupuesto de la Red de Solidaridad Social, que no correspondan a los objetivos y funciones de la Red de Solidaridad Social, de acuerdo a la Ley 368 de 1997 y al Decreto 1225 de 1997, serán cedidos al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, para lo cual se hará la nota de cesión en el texto de los contratos o convenios.

ART. 2.2.2.1.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2256 de 2017 artículo 1° de la Presidencia de la República)

(D. 2429/97, art. 5º)

CAPÍTULO 2

Reglamentación subcuenta zonas estratégicas de intervención integral, ZEII.

(Nota: Adicionado por el Decreto 1438 de 2019 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.2.2.2.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1438 de 2019 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.2.2.2.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1438 de 2019 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.2.2.2.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1438 de 2019 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.2.2.2.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1438 de 2019 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.2.2.2.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1438 de 2019 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.2.2.2.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1438 de 2019 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

(Nota: Adicionado por el Decreto 1438 de 2019 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

TÍTULO 3

Trámite para la integración de las correspondientes ternas de candidatos a magistrados de la Corte Constitucional por parte del Presidente de la República

ART. 2.2.3.1.—Objeto. El presente título tiene por objeto establecer el trámite para la integración de las ternas que corresponde conformar al Presidente de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 239 de la Constitución Política, 318 de la Ley 5ª de 1992 y 44 de la Ley 270 de 1996.

(D. 537/2015, art. 1º)

ART. 2.2.3.2.—Calidades de los ternados. Las ternas de candidatos a magistrados de la Corte Constitucional que presente el Presidente de la República deberán estar integradas, cada una de ellas, por ciudadanos que cumplan con los requisitos constitucionales y legales para el cargo, cuidando que en aquellas se incluya por lo menos a una ciudadana colombiana, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley 581 de 2000.

En la conformación de las ternas se observará que los candidatos aseguren probidad, independencia, idoneidad, carácter y solvencia académica y profesional.

(D. 537/2015, art. 2º)

ART. 2.2.3.3.—Invitación pública. Dentro de los 2 meses anteriores a la fecha cierta en que culminen los períodos de los magistrados de la Corte Constitucional que hayan sido postulados por el Presidente de la República, se invitará públicamente, mediante aviso que se publicará en un periódico de amplia circulación nacional, a quienes reúnan los requisitos establecidos en la Constitución Política y en la ley para tal cargo, con el fin de que dentro de los diez (10) días siguientes a la dicha publicación postulen su nombre allegando al Ministro de la Presidencia de la República su hoja de vida, con los soportes documentales que correspondan.

Una vez vencido el término señalado, el Ministro de la Presidencia de la República remitirá la lista al Presidente de la República quien podrá, dentro de los diez (10) días siguientes, incluir en el listado los nombres de cualesquiera otros ciudadanos.

PAR.. En los casos de vacancia del cargo por razones distintas al cumplimiento del período respectivo y que le sean comunicadas al Presidente de la República, el tiempo de la publicación se reducirá a cinco (5) días, con el propósito de cumplir el término previsto en el artículo 44 de la Ley 270 de 1996.

(D. 537/2015, art. 3º)

ART. 2.2.3.4.—Publicación de la lista definitiva. Una vez conformada la lista definitiva, esta se publicará en la página web de la Presidencia de la República señalando expresamente si el candidato envió su hoja de vida según lo señalado en este título o fue incluido por el Presidente de la República. Igualmente, se publicarán en este momento los criterios de selección que serán tenidos en cuenta para la valoración de las hojas de vida, así como la política de manejo de eventuales conflictos de intereses entre nominador y candidatos.

Se creará un canal, a cargo de la secretaría jurídica de la presidencia, para que los ciudadanos se pronuncien frente a los candidatos y se informará en medios de comunicación de amplia circulación la existencia del mismo. La ciudadanía contará con un término de diez (10) días contados a partir de la publicación de la lista definitiva para hacer llegar por escrito, de manera sustentada y a través del canal creado para este fin, las observaciones y apreciaciones que se consideren de interés respecto de los candidatos inscritos.

Dentro del mismo término la secretaría jurídica de la presidencia podrá solicitar la opinión de organizaciones ciudadanas, sociales, universitarias o académicas, sobre los nombres inscritos en la lista.

Una vez vencido el término anterior, el Ministro de la Presidencia remitirá inmediatamente al Presidente de la República las observaciones y apreciaciones que le hayan sido presentadas por los ciudadanos, o le informará que aquellas no fueron presentadas.

(D. 537/2015, art. 4º)

ART. 2.2.3.5.—Entrevista. Recibidas las observaciones y apreciaciones de los ciudadanos, el Presidente de la República podrá realizar entrevistas a los candidatos, caso en el cual se deberá establecer y divulgar previamente un mecanismo para la realización de las mismas que garantice equidad y transparencia.

(D. 537/2015, art. 5º)

ART. 2.2.3.6.—Divulgación de la terna. Una vez el Presidente de la República elabore la terna, dará a conocer a la opinión pública a través de medios de amplia circulación los nombres de quienes la(s) integran y, posteriormente, por intermedio del secretario jurídico de la presidencia, la(s) presentará al Senado de la República dentro del término legal que corresponda.

(D. 537/2015, art. 6º)

TÍTULO 4

Trámite de convocatoria para la integración de las ternas de candidatos a magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a cargo del Presidente de la República

(Nota: La Sección Primera del Consejo de Estado. C.P. Guillermo Vargas Ayala, en Auto 2016-00475 de noviembre 24 de 2016, habia decretado la suspensión provisional del Decreto 1189 de 2016 artículo 1° que adicionó el presente Título 4.)

(Nota: Adicionado por el Decreto 1189 de 2016 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.2.4.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1485 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.2.4.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1485 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.2.4.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1485 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.2.4.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1485 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.2.4.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1485 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.2.4.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1485 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.2.4.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1485 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.2.4.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1485 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

(Nota: Adicionado por el Decreto 1485 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

(Nota: La Sección Primera del Consejo de Estado. C.P. Guillermo Vargas Ayala, en Auto 2016-00475 de noviembre 24 de 2016, habia decretado la suspensión provisional del Decreto 1189 de 2016 artículo 1° que adicionó el presente Título 4.)

TÍTULO 5

Funcionamiento de las instancias de ejecución, coordinación y gestión del programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito, PNIS

(Nota: Adicionado por el Decreto 362 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

CAPÍTULO 1

Composición y funciones de las instancias de ejecución del PNIS

(Nota: Adicionado por el Decreto 362 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.2.5.1.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 362 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.2.5.1.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 362 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.2.5.1.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 362 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.2.5.1.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 362 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.2.5.1.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 362 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

CAPÍTULO 2

Composición y funciones de las instancias territoriales de coordinación y gestión del PNIS

(Nota: Adicionado por el Decreto 362 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.2.5.2.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 362 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.2.5.2.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 362 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.2.5.2.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 362 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.2.5.2.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 362 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.2.5.2.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 362 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

CAPÍTULO 3

Coordinación interinstitucional del PNIS

ART. 2.2.5.3.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 362 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

(Nota: Adicionado por el Decreto 362 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

PARTE 3

Disposiciones reglamentarias alusivas a las entidades adscritas al departamento administrativo de la Presidencia de la República —sector descentralizado—

ART. 2.3.1.—Objeto. La parte 3 de libro 2 del presente decreto compila las disposiciones reglamentarias expedidas por el señor Presidente de la República en ejercicio del numeral 11 de artículo 189 de la Constitución Política, que regulan, en lo pertinente, la actividad de las entidades del sector descentralizado que se encuentran adscritas al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

TÍTULO 1

Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres

CAPÍTULO 1

Seguro contra accidentes de los miembros voluntarios de los organismos de socorro del sistema nacional de gestión del riesgo de desastres

SECCIÓN 1

Aspectos generales

ART. 2.3.1.1.1.1.—Seguro contra accidentes. El director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres adelantará, anualmente, los trámites legales para la selección del contratista y el perfeccionamiento y legalización de un contrato de seguro contra accidentes que ampare a los miembros voluntarios de los organismos de socorro que formen parte del sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, hasta el monto de los recursos que le hayan sido transferidos por el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon, para tal fin.

(D. 2012/2003, art. 1º)

ART. 2.3.1.1.1.2.—Organismos de socorro del sistema nacional de gestión del riesgo de desastres. Son organismos de socorro del sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil Colombiana, los Cuerpos de Bomberos de Colombia y las demás organizaciones que estén registradas como miembros del sistema en la unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres.

(D. 2012/2003, art. 2º)

ART. 2.3.1.1.1.3.—Cobertura del seguro. El seguro de accidentes cubrirá como mínimo las siguientes contingencias, originadas en la prestación del servicio voluntario: desmembración, incapacidad total o parcial, permanente o transitoria, servicios médicos, rehabilitación física y funcional y suministro de prótesis.

(D. 2012/2003, art. 3º)

SECCIÓN 2

Aspectos institucionales

ART. 2.3.1.1.2.1.—Recursos. Los recursos para la contratación del seguro contra accidentes de que trata el presente capítulo serán aportados por el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon, creado por el artículo 122 de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999 y 782 de 2002.

Los recursos en mención ingresarán en una subcuenta del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres denominada seguro voluntario del sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, la cual será administrada por la Fiduciaria La Previsora S. A., en su calidad de representante legal del Fondo Nacional Gestión del Riesgo de Desastres.

Para efectos del traslado de los recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon, al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, bastará la solicitud escrita del el director general de la unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres, debidamente sustentada.

PAR.—La cuantía del traslado será calculada por el director general de la unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres teniendo en cuenta los estudios efectuados con los organismos de socorro del sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, las estadísticas y proyecciones de accidentalidad y el valor comercial promedio de la póliza en el mercado.

(D. 2012/2003, art. 4º)

ART. 2.3.1.1.2.2.—Contratistas. El contrato de seguro contra accidentes de que trata el presente capítulo podrá celebrarse con entidades públicas o privadas debidamente acreditadas por la Superintendencia Bancaria, cuyo objeto tenga inmediata relación con la constitución de seguros, sujetándose a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación con el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y a los procedimientos que en materia contable tiene este establecidos.

(D. 2012/2003, art. 5º)

CAPÍTULO 2

Procedimiento para la expedición y actualización del plan nacional de gestión del riesgo

SECCIÓN 1

Disposiciones generales

SUBSECCIÓN 1

Objeto y alcance, ámbito de aplicación y principios

ART. 2.3.1.2.1.1.1.—Objeto y alcance. El presente capítulo tiene por objeto establecer el procedimiento para la expedición y actualización del plan nacional de gestión del riesgo, el cual será de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades que integran el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, con el propósito de precisar en detalle las instancias que se deben considerar en la formulación, aprobación, adopción, ejecución, seguimiento y evaluación del plan.

(D. 1974/2013, art. 1º)

ART. 2.3.1.2.1.1.2.—Ámbito de aplicación. El presente capítulo se aplica a los integrantes del sistema nacional de gestión del riesgo de desastres e instancias de dirección, orientación y coordinación que hacen parte del sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, contempladas en los artículos 8º, 9º y 15 de la Ley 1523 de 2012.

(D. 1974/2013, art. 2º)

ART. 2.3.1.2.1.1.3.—Principios generales y definiciones. La expedición y actualización del plan nacional de gestión del riesgo, observará en todo lo que sea pertinente, los principios generales que en materia de planeación establece la Ley 152 de 1994, así como los principios y definiciones establecidos en los artículos 3º y 4º de la Ley 1523 de 2012.

(D. 1974/2013, art. 3º)

SECCIÓN 2

Plan nacional de gestión del riesgo

SUBSECCIÓN 1

El plan, procesos y estructura

ART. 2.3.1.2.2.1.1.—El plan nacional de gestión del riesgo. Contendrá los objetivos, programas, acciones, responsables y presupuestos, mediante las cuales se ejecutarán los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de manejo de desastres, en el marco de la planificación del desarrollo nacional.

PAR.—El plan nacional de gestión del riesgo se formulará con una proyección de tres períodos constitucionales de gobierno a partir de su adopción.

(D. 1974/2013, art. 4º)

ART. 2.3.1.2.2.1.2.—Estructura del plan. El plan nacional de gestión del riesgo contará con dos componentes: un componente general y un componente programático y de inversiones.

(D. 1974/2013, art. 5º)

ART. 2.3.1.2.2.1.3.—Componente general. El componente general del plan nacional de gestión del riesgo deberá desarrollarse en el marco de los tres procesos de la gestión del riesgo e incorporará el enfoque de género y la adaptación al cambio climático, y contendrá:

a) Los objetivos y metas nacionales y sectoriales de mediano y largo plazo, según resulte del diagnóstico general de la gestión del riesgo en el país;

b) Las estrategias destinadas al logro de los objetivos propuestos;

c) Los instrumentos de coordinación y armonización del plan nacional de gestión del riesgo con los procesos de planificación sectorial y territorial;

d) Las directrices que orientarán la asignación y ejecución de los recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo.

(D. 1974/2013, art. 6º)

ART. 2.3.1.2.2.1.4.—El componente programático y de inversiones. Definirá para cada una de las estrategias formuladas, los programas y los proyectos de inversión con indicación de sus objetivos y metas nacionales, sectoriales y territoriales, los responsables de su implementación, las fuentes de financiación y los recursos de inversión previstos para tal fin en el corto, mediano y largo plazo.

PAR.—Se incluirán presupuestos plurianuales cuando la proyección de los costos y fuentes de financiación de los principales programas y proyectos de inversión requieran para su ejecución más de una vigencia fiscal.

(D. 1974/2013, art. 7º)

ART. 2.3.1.2.2.1.5.—Contenido del plan. El plan nacional de gestión del riesgo contendrá como mínimo los siguientes elementos:

1. Introducción y antecedentes del plan.

2. Marco legal y conceptual de la gestión del riesgo de desastres en el país.

3. El diagnóstico de la gestión del riesgo en el país, el cual contendrá:

3.1. La identificación de los escenarios de riesgo de desastres incorporando la vulnerabilidad del país frente al cambio climático y el enfoque de género en los resultados del análisis y evaluación del riesgo existente.

3.2. El estado de la inversión pública en gestión del riesgo: recursos programados, asignados e invertidos frente a los resultados obtenidos con la ejecución de los proyectos y acciones en gestión del riesgo de desastres en el país.

4. Componente general.

5. Componente programático y de inversión.

6. Mecanismos de seguimiento y evaluación.

(D. 1974/2013, art. 8º)

SUBSECCIÓN 2

Formulación del plan nacional de gestión del riesgo

ART. 2.3.1.2.2.2.1.—Formulación. Consiste en el proceso secuencial y participativo por el cual se llevará a cabo la elaboración del plan nacional de gestión del riesgo.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres es la instancia encargada de elaborar el plan nacional de gestión del riesgo con los insumos provenientes de los comités nacionales de gestión del riesgo y de los consejos territoriales. Las etapas para llevar a cabo la formulación son: direccionamiento, consulta, sistematización y análisis y validación.

(D. 1974/2013, art. 9º)

ART. 2.3.1.2.2.2.2.—Direccionamiento del plan. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres será la encargada de elaborar un documento que contendrá las orientaciones para su formulación y la definición del tipo de plan que se requiere para el país, a partir de la articulación y sistematización de la información consolidada de la participación de los comités nacionales y ministerios.

(D. 1974/2013, art. 10)

ART. 2.3.1.2.2.2.3.—Consulta. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres facilitará los mecanismos de participación y consulta a los actores del sistema nacional de gestión del riesgo que en virtud de sus competencias, intervendrán en la formulación del plan nacional de gestión del riesgo, con el propósito de contribuir a la utilización de un mismo marco conceptual de la gestión del riesgo.

La consulta estará orientada al diseño y realización de talleres y reuniones sectoriales y territoriales con el propósito de precisar una propuesta concertada de los contenidos del componente general y del programático del plan nacional de gestión del riesgo. Los procesos de consulta se podrán apoyar a través del uso de estrategias de tecnologías de la información y comunicación cuando se considere necesario.

(D. 1974/2013, art. 11)

ART. 2.3.1.2.2.2.4.—Sistematización y análisis. Consiste en el procesamiento y análisis de las etapas de formulación del plan nacional de gestión del riesgo y los resultados de su implementación que se articulará con el sistema integrado de gestión de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

(D. 1974/2013, art. 12)

ART. 2.3.1.2.2.2.5.—Validación de la propuesta. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres definirá el mecanismo de validación de la propuesta del plan nacional de gestión del riesgo, la cual, junto con los comités nacionales y consejos territoriales de gestión del riesgo realizarán la revisión, discusión y ajustes pertinentes.

PAR.—El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, enviará la propuesta del plan nacional de gestión del riesgo al Departamento Nacional de Planeación y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la revisión de los programas y proyectos de inversión que vayan a ser ejecutados, en desarrollo de los lineamientos del plan.

(D. 1974/2013, art. 13)

SUBSECCIÓN 3

Aprobación, adopción y términos del plan nacional de gestión del riesgo

ART. 2.3.1.2.2.3.1.—Aprobación del plan. El director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres enviará la propuesta del plan nacional de gestión del riesgo a cada uno de los integrantes del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo, para que en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario, realicen la respectiva revisión, análisis y sugerencias.

La propuesta ajustada del plan, será presentada al Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en un término no superior a treinta (30) días, por el director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, para su aprobación.

(D. 1974/2013, art. 14)

ART. 2.3.1.2.2.3.2.—Término para la adopción del plan nacional de gestión del riesgo. A partir de la publicación del presente decreto se contará con un plazo de doce (12) meses para la formulación, aprobación y adopción del plan.

(D. 1974/2013, art. 15)

SUBSECCIÓN 4

Ejecución, seguimiento y evaluación

ART. 2.3.1.2.2.4.1.—Ejecución. El plan nacional de gestión del riesgo se ejecutará a través del desarrollo de los programas y proyectos definidos en el componente programático y de inversiones, los cuales deberán ser incorporados, para su ejecución, en los respectivos planes de acción y presupuestos institucionales de las entidades responsables.

(D. 1974/2013, art. 16)

ART. 2.3.1.2.2.4.2.—Seguimiento y evaluación. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres con la orientación de los comités nacionales para la gestión del riesgo, diseñará la metodología para el seguimiento y evaluación a la ejecución del plan nacional de gestión del riesgo.

(D. 1974/2013, art. 17)

ART. 2.3.1.2.2.4.3.—Responsables del seguimiento. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres será la responsable del seguimiento del plan nacional de gestión del riesgo y elaborará un informe semestral del estado de ejecución del plan.

Este seguimiento se realizará con base en la información de avance suministrada por cada uno de los comités nacionales, de las subdirecciones de gestión del riesgo de desastres y de los consejos territoriales de gestión del riesgo, a partir de un proceso previo de recolección de información con las entidades responsables de la ejecución de los proyectos de inversión y conforme a la metodología que para el efecto se establezca.

El proceso de seguimiento tendrá en cuenta el avance en el cumplimiento de los objetivos, de las metas y de la ejecución presupuestal de los diferentes proyectos.

Copia de estos informes serán remitidos al Departamento Nacional de Planeación y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para su respectivo conocimiento y análisis.

(D. 1974/2013, art. 18)

ART. 2.3.1.2.2.4.4.—Evaluación del plan. Este proceso tendrá en cuenta los resultados del cumplimiento de los objetivos, las metas y la ejecución presupuestal de los diferentes proyectos con base en los indicadores diseñados para el efecto y se medirá el impacto en función de los programas y de los objetivos de los procesos de la gestión del riesgo.

(D. 1974/2013, art. 19)

SUBSECCIÓN 5

Actualización del plan nacional de gestión del riesgo

ART. 2.3.1.2.2.5.1.—Actualización. El plan nacional de gestión del riesgo podrá ajustarse de acuerdo a las necesidades y nuevos contextos en materia de gestión del riesgo de desastres y seguirá el mismo procedimiento establecido para su formulación y aprobación.

Las actualizaciones permitirán ajustes y cambios en el componente programático y se realizarán cada cuatro (4) años conforme al plan nacional de desarrollo vigente.

(D. 1974/2013, art. 20)

ART. 2.3.1.2.2.5.2.—Actualización extraordinaria. El plan nacional de gestión del riesgo podrá someterse a actualizaciones extraordinarias, tanto en su componente general como en el programático cuando se presente una de las siguientes situaciones:

a) Modificaciones en el marco nacional e internacional sobre la política de gestión del riesgo de desastres;

b) Modificaciones en la estructura del Estado y/o instituciones de gobierno que impliquen cambios en las competencias y responsabilidades de las mismas;

c) Declaratoria de situación de desastre nacional.

(D. 1974/2013, art. 21)

SUBSECCIÓN 6

Financiamiento del plan nacional de gestión del riesgo

ART. 2.3.1.2.2.6.1.—Financiamiento del plan. El plan nacional de gestión del riesgo contará con los recursos de financiación mediante los cuales se dará ejecución y cumplimiento a sus componentes general y programático con el fin de lograr una incidencia sectorial en la ejecución de proyectos del orden nacional y territorial.

PAR. 1º—Los recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres se orientarán, asignarán y ejecutarán con base en las directrices que establezca el plan nacional de gestión del riesgo y con las previsiones especiales que contemplen los planes de acción específicos para la rehabilitación, reconstrucción y recuperación.

PAR. 2º—Las entidades del orden nacional, regional, departamental, distrital y municipal, incluirán en sus presupuestos anuales y, en adelante, las partidas presupuestales que sean necesarias para la realización de las tareas que le competen en materia de conocimiento y reducción de riesgos y de manejo de desastres.

(D. 1974/2013, art. 22)

SECCIÓN 7

Disposiciones generales

ART. 2.3.1.2.2.7.1.—Apoyo y asesoría técnica. Para la elaboración del plan nacional de gestión del riesgo contará con la asesoría técnica, apoyo y la participación de las entidades del sistema nacional para la gestión del riesgo de desastres.

(D. 1974/2013, art. 23)

CAPÍTULO 3

Eliminación de la Comisión Intersectorial para la Zona de Influencia del volcán Galeras

ART. 2.3.1.3.1.—Derogatoria. Deróguese el Decreto 4046 de 2005, “por el cual se crea la Comisión Intersectorial para la Zona de Influencia del volcán Galeras”.

(D. 1027/2014, art. 1º)

ART. 2.3.1.3.2.—Coordinación. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en ejercicio de sus facultades y en el ámbito de sus competencias, coordinará con los entes territoriales de la zona, las acciones que se deben implementar en el proceso integral de gestión del riesgo en la zona de amenaza alta del volcán Galeras ZAVA.

(D. 1027/2014, art. 2º)

ART. 2.3.1.3.3.—Comunicación. Comuníquese el presente decreto al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, al servicio geológico colombiano y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

(D. 1027/2014, art. 3º)

ART. 2.3.1.3.4.—Entrega de documentos. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, escindido del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que ejercía la secretaría técnica de la Comisión Intersectorial para la Zona de Influencia del volcán Galeras, remitirá las actas y demás documentos que reposen en sus archivos relacionados con la mencionada comisión intersectorial, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

(D. 1027/2014, art. 4º)

ART. 2.3.1.3.5.—Vigencia. El Decreto 1027 de 2014 derogó el Decreto 4046 de 2005.

(D. 1027/2014, art. 5º)

CAPÍTULO 4

Subcuenta departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

SECCIÓN 1

Reglamentación de la subcuenta departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

ART. 2.3.1.4.1.1.—Financiación de programas estratégicos y proyectos de inversión. De conformidad con el artículo 98 de la Ley 1737 de 2014, podrán financiarse, con cargo a la subcuenta departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, los programas estratégicos para el mejoramiento de las condiciones de transporte, comercio, industria y turismo del archipiélago; el desarrollo de la agricultura, pesca y acuicultura; apoyo al desarrollo social de las poblaciones ubicadas en este departamento fronterizo, en especial para el fortalecimiento de los sectores de educación, cultura, deporte y el desarrollo psicosocial de los niños, niñas y adolescentes del departamento; apoyo a la producción de insumos para la elaboración de un plan de ordenamiento territorial de carácter diferencial; mejoramiento de las condiciones en materia de habitabilidad, agua potable y saneamiento básico; desarrollo de la capacidad de generación de empleo e ingresos; implementación de líneas especiales de crédito para los habitantes; otorgamiento de apoyos destinados a incentivar la demanda con el fin de fomentar el desarrollo económico y turístico y de mejorar las condiciones de seguridad en el departamento, y; financiamiento de proyectos de inversión para el desarrollo económico y social en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de conformidad con lo establecido por el Gobierno Nacional.

(D. 282/2015, art. 1º)

ART. 2.3.1.4.1.2.—Gestión del riesgo. La subcuenta departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres se regirá con sujeción a las disposiciones de la Ley 1523 de 2012.

(D. 282/2015, art. 2º)

ART. 2.3.1.4.1.3.—Temporalidad y cuantía. La duración y cuantía del apoyo a la financiación de los programas y proyectos de inversión estarán definidas por las necesidades de la población del archipiélago, hasta los límites presupuestales vigentes.

(D. 282/2015, art. 3º)

SECCIÓN 2

Proyectos estratégicos

ART. 2.3.1.4.2.1.—Adopción de proyectos estratégicos. De conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la Ley 1737 de 2014, adóptense los siguientes proyectos estratégicos por realizarse en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en los sectores de transporte, turismo y pesca:

a) Apoyo económico a la demanda de pasajes de transporte aéreo y marítimo de personas entre las islas del archipiélago, con un tratamiento diferencial entre turistas y residentes/raizales;

b) Apoyo al combustible para embarcaciones cuya actividad sea la pesca industrial;

c) Amparo, mediante contratos de seguro, tanto las embarcaciones de pesca industrial como su carga y su tripulación.

(D. 283/2015, art. 1º)

SECCIÓN 3

Plan estratégico para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

ART. 2.3.1.4.3.1.—Adopción del plan estratégico. Adóptese el plan estratégico para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por el cual se definen los programas estratégicos por realizarse en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en los sectores de transporte, infraestructura, turismo, agricultura, pesca y acuicultura, defensa, cultura, deporte, educación, vivienda y trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la Ley 1737 de 2014; plan que se encuentra consignado en el anexo 3 que forma parte integral de la presente sección y que se publica con el mismo, siempre que estos programas no excedan los límites presupuestales vigentes.

(D. 510/2015, art. 1º)

CAPÍTULO 5

Plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas

(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 2157 de 2017 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

SECCIÓN 1

Disposiciones generales

SUBSECCIÓN 1

Objeto

ART. 2.3.1.5.1.1.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2157 de 2017 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.5.1.1.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2157 de 2017 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.5.1.1.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2157 de 2017 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

SUBSECCIÓN 2

Ámbito de aplicación y responsables

ART. 2.3.1.5.1.2.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2157 de 2017 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.5.1.2.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2157 de 2017 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

SECCIÓN 2

Plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas

ART. 2.3.1.5.2.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2157 de 2017 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

SUBSECCIÓN 1

Formulación del plan

ART. 2.3.1.5.2.1.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2157 de 2017 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.5.2.1.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2157 de 2017 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

SUBSECCIÓN 2

Adopción del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas

ART. 2.3.1.5.2.2.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2157 de 2017 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

SUBSECCIÓN 3

Implementación sectorial y armonización territorial

ART. 2.3.1.5.2.3.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2157 de 2017 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

SUBSECCIÓN 4

Seguimiento y verificación

ART. 2.3.1.5.2.4.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2157 de 2017 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

SUBSECCIÓN 5

Socialización y comunicación

ART. 2.3.1.5.2.5.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2157 de 2017 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

SUBSECCIÓN 6

Control

ART. 2.3.1.5.2.6.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2157 de 2017 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

SUBSECCIÓN 7

Requerimientos adicionales

ART. 2.3.1.5.2.7.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2157 de 2017 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

SUBSECCIÓN 8

Revisión y ajuste

ART. 2.3.1.5.2.8.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2157 de 2017 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

SUBSECCIÓN 9

Temporalidad del plan

ART. 2.3.1.5.2.9.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2157 de 2017 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

SECCIÓN 3

Disposiciones finales

ART. 2.3.1.5.3.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2157 de 2017 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.5.3.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2157 de 2017 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 2157 de 2017 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

CAPÍTULO 6

Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

SECCIÓN 1

Disposiciones Generales

Objeto, alcance, definiciones y responsables

ART. 2.3.1.6.1.1.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.6.1.2.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.6.1.3.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.6.1.4.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

SUBSECCIÓN 2

Naturaleza, dirección y manejo de recursos del fondo nacional de gestión del riesgo de desastres.

ART. 2.3.1.6.1.2.1.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.6.1.2.2.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.6.1.2.3.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.6.1.2.4.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

SECCIÓN 2

Aspectos operativos y de funcionamiento del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

ART. 2.3.1.6.2.1.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.6.2.2.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.6.2.3.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.6.2.4.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.6.2.5.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.6.2.6.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.6.2.7.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.6.2.8.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.6.2.9.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.6.2.10.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

SECCIÓN 3

Transferencia, giros, destinación de recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de desastres y financiación de proyectos.

ART. 2.3.1.6.3.1.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.6.3.2.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.6.3.3.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.6.3.4.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.6.3.5.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.6.3.6.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.6.3.7.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.6.3.8.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.6.3.9.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.6.3.10.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.6.3.11.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.6.3.12.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.6.3.13.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.6.3.14.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.6.3.15.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.6.3.16.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.6.3.17.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.6.3.18.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.6.3.19.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.6.3.20.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.6.3.21.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.6.3.22.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.6.3.23.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.6.3.24.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.6.3.25.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.6.3.26.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.6.3.27.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

SECCIÓN 4

Fondos Territoriales de Gestión del Riesgo de Desastres

ART. 2.3.1.6.4.1.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.6.4.2.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.6.4.3.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.6.4.4.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.6.4.5.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.6.4.6.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

SECCIÓN 5

Financiación en situaciones de desastre o calamidad pública

ART. 2.3.1.6.5.1.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.6.5.2.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

SECCIÓN 6

Disposiciones finales

ART. 2.3.1.6.6.1.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.1.6.6.2.—(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

(Nota: Adicionado el presente capítulo por el Decreto 1289 de 2018 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

TÍTULO 2

Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR)

CAPÍTULO 1

Instrumentos para la búsqueda de la convivencia y la eficacia de la justicia

SECCIÓN 1

Generalidades y definiciones

ART. 2.3.2.1.1.1.—Política de reincorporación a la vida civil. La política conducente a desarrollar el programa de reincorporación a la sociedad y los beneficios socioeconómicos reconocidos será fijada por la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional.

(D. 128/2003, art. 1º)

ART. 2.3.2.1.1.2.—Definiciones. Para efectos de la aplicación del presente título se adoptan las siguientes definiciones:

Desmovilizado: aquel que por decisión individual abandone voluntariamente sus actividades como miembro de organizaciones armadas al margen de la ley, esto es, grupos guerrilleros y grupos de autodefensa, y se entregue a las autoridades de la República.

Reincorporado: el desmovilizado certificado por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas (CODA), que se encuentre en el proceso de reincorporación a la vida civil.

Grupo familiar: para aquellos beneficios, diferentes a salud, que involucren la familia, se entiende como grupo familiar del desmovilizado (a), el (la) cónyuge o el (la) compañero (a) permanente, los hijos y, a falta de cualquiera de los anteriores, los padres.

Cuando se trate de compañeros permanentes su unión debe ser superior a los dos años en los términos de la Ley 54 de 1990.

Beneficios: la ayuda humanitaria y los incentivos económicos, jurídicos y sociales que se otorgan a desmovilizados y reincorporados para su regreso a la vida civil.

CODA: comité operativo para la dejación de las armas.

Certificación del CODA: es el documento que expide el comité operativo para la dejación de las armas (CODA), dando cuenta de la pertenencia del desmovilizado a una organización armada al margen de la ley y de su voluntad de abandonarla. Esta certificación permite el ingreso del desmovilizado al proceso de reincorporación y el otorgamiento a su favor, de los beneficios jurídicos y socioeconómicos de que hablan la ley y este decreto.

(D. 128/2003, art. 2º)

ART. 2.3.2.1.1.3.—Reintegrado. Para todos los efectos legales se entenderá como reintegrados a todas aquellas personas que se encuentren adelantando procesos de reincorporación a la vida civil.

(D. 395/2007, art. 6º)

SECCIÓN 2

Proceso de desmovilización

ART. 2.3.2.1.2.1.—Desmovilización. Las personas que pretendan acceder a los beneficios previstos en este decreto deberán presentarse ante jueces, fiscales, autoridades militares o de policía, representantes del procurador, representantes del Defensor del Pueblo o autoridades territoriales, quienes informarán inmediatamente a la Fiscalía General de la Nación y a la guarnición militar más cercana al lugar de la entrega.

(D. 128/2003, art. 3º)

ART. 2.3.2.1.2.2.—Recepción. En los casos de desmovilización individual, desde el momento en que la persona se presenta ante las autoridades pertinentes, el Ministerio de Defensa Nacional prestará la ayuda que requiera el desmovilizado y su grupo familiar, cubriendo, en todo caso, sus necesidades básicas de alojamiento, alimentación, vestuario, transporte, atención en salud, recreación y deporte.

Durante este proceso de desmovilización, el Ministerio de Defensa Nacional proveerá los medios necesarios para el alojamiento de los desmovilizados o gestionará la consecución de instalaciones adecuadas, según determine, de manera que se procure su integridad personal.

Una vez recibido el desmovilizado por parte del Ministerio de Defensa Nacional, deberá dar aviso de tal circunstancia a la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas en el término de tres (3) días hábiles, y procederá a entregárselo en un término no mayor a quince (15) días calendario adicionales.

La entrega física del desmovilizado se hará mediando un acta en la cual constarán los datos iniciales de su individualización, su huella dactilar y las circunstancias de su desmovilización del grupo armado al que pertenecía.

PAR. 1º—Para efectos de adelantar la investigación correspondiente y definir la situación jurídica de las personas beneficiarias del presente título, la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas coordinará con la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura la designación de fiscales y jueces de menores.

PAR. 2º—La Defensoría del Pueblo promoverá la designación de abogados de oficio con dedicación exclusiva para ejercer la defensa del desmovilizado.

(D. 128/2003, art. 4º; modificado por el D. 395/2007, art. 2º)

ART. 2.3.2.1.2.3.—Garantía de los derechos humanos. En armonía con el ejercicio de sus funciones, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos velará por el respeto de los derechos humanos de las personas que abandonen voluntariamente las armas y el correcto cumplimiento de los procesos de desmovilización y reincorporación a la vida civil, para lo cual podrá adelantar visitas a las instalaciones de seguridad, o de educación en que se encuentren los desmovilizados, y solicitar a los órganos y entidades que hacen parte de los procesos de desmovilización y reincorporación, toda la documentación e información que requiera, lo mismo que adelantar las demás acciones que considere pertinentes para el cabal desarrollo de su función.

(D. 128/2003, art. 5º)

ART. 2.3.2.1.2.4.—Desmovilización colectiva. Cuando se trate de desmovilización colectiva en el marco de acuerdos con el Gobierno Nacional, la calidad de miembro del grupo armado organizado al margen de la ley de que se trate, se acreditará mediante una lista de desmovilizados suscrita por los voceros o miembros representantes de dicho grupo, en la que se reconozca expresamente tal calidad.

Esta lista debe ser recibida y aceptada por el Alto Comisionado para la Paz.

La lista de que trata el presente artículo habilita al desmovilizado para acceder al proceso de reincorporación y sustituye, para todos los efectos, la certificación expedida por el comité operativo para la dejación de las armas (CODA).

(D. 3360/2003, art. 1º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1753 de 2016 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.2.1.2.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1753 de 2016 artículo 2° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.2.1.2.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1753 de 2016 artículo 2° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

SECCIÓN 3

Comité operativo para la dejación de las armas (CODA)

ART. 2.3.2.1.3.1.—Comité operativo para la dejación de las armas (CODA). Estará conformado por:

1. Un delegado del Ministro de Justicia y del Derecho, quien lo presidirá.

2. Un delegado del Ministro de Defensa Nacional, a cargo del cual estará la secretaría técnica.

3. Un funcionario de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas.

4. Un delegado del Fiscal General de la Nación.

5. Un delegado del director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

6. Un delegado del Defensor del Pueblo.

(D. 128/2003, art. 11)

ART. 2.3.2.1.3.2.—Funciones del comité operativo para la dejación de las armas (CODA). El comité operativo para la dejación de las armas (CODA), sesionará permanentemente y cumplirá las siguientes funciones:

1. Constatar la pertenencia del solicitante a la organización al margen de la ley, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

2. Realizar la valoración de las circunstancias del abandono voluntario.

3. Evaluar la voluntad de reincorporarse a la vida civil que tenga el desmovilizado.

4. Certificar la pertenencia del desmovilizado a una organización armada al margen de la ley y su voluntad de abandonarla.

5. Tramitar las solicitudes de aplazamiento o suspensión de la ejecución de la pena e indulto ante los jueces de ejecución de penas y los ministerios del Interior y de Justicia y el Derecho, y

6. Expedir su propio reglamento.

PAR. 1º—Para efectos de los beneficios de este decreto, el Ministerio de Defensa Nacional presentará al comité operativo para la dejación de las armas (CODA), en cada una de sus reuniones, los casos de desmovilización de que tenga conocimiento.

PAR. 2º—Para el cumplimiento de sus funciones, el comité operativo para la dejación de las armas (CODA), podrá solicitar a los organismos de seguridad del Estado, autoridades judiciales y demás instituciones competentes, la información que posean sobre la persona que desea reincorporarse a la vida civil. Estas solicitudes tendrán prioridad de tratamiento por las autoridades que las reciban.

PAR. 3º—El comité operativo para la dejación de las armas (CODA), dispondrá de un término de veinte (20) días comunes, contados desde la fecha en la cual se recibe la documentación, para certificar y notificar ante las autoridades competentes la pertenencia del desmovilizado a una organización armada al margen de la ley y su voluntad de abandonarla.

(D. 128/2003, art. 12)

SECCIÓN 4

Beneficios

ART. 2.3.2.1.4.1.—Beneficios en caso de desmovilización individual y voluntaria. Los beneficios previstos en el presente decreto se aplicarán a los nacionales que, individualmente y por decisión voluntaria, abandonen sus actividades como miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley, y hayan además demostrado, a criterio del Gobierno Nacional, su voluntad de reincorporarse a la vida civil. Los menores de edad, están excluidos de cualquier forma de colaboración o cooperación con la fuerza pública.

(D. 2767/2004, art. 1º)

ART. 2.3.2.1.4.2.—Beneficios de documentación. La Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en armas realizará los trámites para entregar al desmovilizado la libreta militar y la cédula de ciudadanía y el certificado de antecedentes judiciales, para lo cual las entidades pertinentes dispondrán lo necesario para asumir los costos que la expedición de tales documentos demande.

(D. 128/2003, art. 6º)

ART. 2.3.2.1.4.3.—Beneficio en salud. El desmovilizado y su grupo familiar recibirán servicios de salud a través de la red hospitalaria, para lo cual bastará certificación expedida por el Ministerio de Defensa Nacional. Una vez sea certificado por el comité operativo para la dejación de las armas (CODA), podrá acceder a los beneficios contemplados en el régimen subsidiado de seguridad social en salud, con el siguiente grupo familiar: el (la) cónyuge o el compañero (a) permanente, los padres, los hijos y los hermanos menores y/o mayores discapacitados.

La Agencia Colombiana para la Reintegración de Persona y Grupos Alzados en Armas deberá tramitar ante el Ministerio de Salud y Protección Social la consecución de los cupos necesarios para brindar acceso a este beneficio.

PAR.—Las entidades competentes mantendrán cupos permanentes para la afiliación de los reincorporados al régimen subsidiado de seguridad social en salud.

(D. 128/2003, art. 7º)

ART. 2.3.2.1.4.4.—Beneficios de protección y seguridad. El Ministerio de Defensa Nacional o la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en armas, según corresponda, coordinarán con la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional, las medidas necesarias para brindar seguridad tanto al desmovilizado o reincorporado como a su grupo familiar, en los casos en que esto último fuese necesario.

(D. 128/2003, art. 8º)

ART. 2.3.2.1.4.5.—Beneficios por colaboración. El desmovilizado que voluntariamente desee hacer un aporte eficaz a la justicia o a la fuerza pública entregando información conducente a evitar o esclarecer delitos, recibirá del Ministerio de Defensa Nacional, una vez haya sido certificado por el comité operativo para la dejación de las armas (CODA), una bonificación económica acorde al resultado, conforme al procedimiento que expida este ministerio.

(D. 2767/2004, art. 2º)

ART. 2.3.2.1.4.6.—Beneficios por entrega de material. El desmovilizado o reincorporado que haga entrega de material de guerra, intendencia, comunicaciones o de cualquier otro elemento que facilite a los grupos armados al margen de la ley el desarrollo de actividades ilícitas, así como de sustancias o drogas estupefacientes y los insumos y la maquinaria para su elaboración, recibirá del Ministerio de Defensa Nacional, una vez haya sido certificado por el comité operativo para la dejación de las armas (CODA), una bonificación económica, conforme al procedimiento que expida este ministerio.

(D. 2767/2004, art. 3º)

ART. 2.3.2.1.4.7.—Bonificación económica por cooperación. Los desmovilizados o reincorporados que voluntariamente deseen desarrollar actividades de cooperación para la fuerza pública podrán recibir del Ministerio de Defensa Nacional, una bonificación económica, conforme al procedimiento que expida este ministerio.

(D. 2767/2004, art. 4º)

ART. 2.3.2.1.4.8.—Beneficios jurídicos. De conformidad con la ley, tendrán derecho al indulto, suspensión condicional de la ejecución de la pena, la cesación de procedimiento, la preclusión de la instrucción o la resolución inhibitoria, según el estado del proceso, los desmovilizados que hubieren formado parte de organizaciones armadas al margen de la ley, respecto de los cuales el comité operativo para la dejación de las armas (CODA), expida la certificación de que trata el numeral 4º del artículo 2.3.2.1.3.2 del presente título.

(D. 128/2003, art. 13)

ART. 2.3.2.1.4.9.—Beneficio educativo. El reincorporado podrá iniciar o continuar su capacitación en educación básica, media, técnica o tecnológica o en oficios semicalificados para dar empleabilidad en las instituciones educativas que para tal fin establezca la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas. Igualmente, este programa comprenderá la educación del desmovilizado en un esquema de valores humanos y sociales, compatibles con los deberes y derechos del ciudadano proclamados en nuestra Constitución Política.

PAR.—El Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), brindarán su colaboración y asesoría permanente para la prestación de este beneficio.

(D. 128/2003, art. 15)

ART. 2.3.2.1.4.10.—Beneficios socioeconómicos. Una vez expedida la certificación del comité operativo para la dejación de las armas (CODA), la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en armas realizará una valoración integral del reincorporado con el fin de determinar su programa de beneficios socioeconómicos.

(D. 128/2003, art. 14)

ART. 2.3.2.1.4.11.—Fijación de los beneficios socioeconómicos del proceso de reintegración. La Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en armas, fijará mediante resolución de carácter general los requisitos, características, condiciones y obligaciones necesarios para el acceso a los beneficios socioeconómicos reconocidos a la población desmovilizada, así como los montos de conformidad con los límites establecidos en este decreto.

(D. 1391/2011, art. 2º)

ART. 2.3.2.1.4.12.—Apoyo económico a la reintegración. El apoyo económico a la reintegración consiste en un beneficio económico que se otorga a las personas en proceso de reintegración, previa disponibilidad presupuestal y sujeto al cumplimiento de su ruta de reintegración. No es fuente de generación de ingresos, y no puede ser otorgado de forma indefinida.

La persona en proceso de reintegración podrá recibir mensualmente un apoyo económico de hasta cuatrocientos ochenta mil pesos ($ 480.000), de conformidad con el cumplimiento de su ruta de reintegración.

PAR. 1º—Previo a lo dispuesto en el inciso 2º del presente artículo el desmovilizado o desvinculado recibirá durante los dos (2) primeros meses de su ingreso al proceso de reintegración una suma mensual de cuatrocientos mil pesos ($ 400.000) siempre que haya surtido el procedimiento de ingreso formal y realice presentación personal por lo menos una vez en el mes ante la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas que le corresponda conforme a su domicilio.

PAR. 2º—La Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en armas otorgará a la persona en proceso de reintegración, un apoyo para menaje el primer mes y por única vez por valor de doscientos mil pesos ($ 200.000).

PAR. 3º—No será procedente el apoyo económico a la reintegración, para las personas que no hayan ingresado formalmente a los programas de reintegración de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas.

(D. 1391/2011, art. 3º)

ART. 2.3.2.1.4.13.—Beneficio económico. La Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, previa evaluación de factibilidad, podrá autorizar que el programa aporte de recursos para el desarrollo de proyectos de inserción económica para los reincorporados. Para tal efecto, esta entidad reglamentará y fijará las características, condiciones y montos de los aportes que se reconozcan. Este proyecto no podrá ser refinanciado en ningún caso.

Para quienes hayan optado por educación superior dentro de los programas adoptados por la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, el aporte al proyecto de inserción económica será hasta de un 50% del monto determinado por la entidad para dicho proyecto.

La Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas podrá fijar como condición para la aprobación del beneficio económico, que el desmovilizado reciba capacitación en oficios semicalificados o educación técnica o tecnológica, con cargo al programa, en el área a la cual se dirige el proyecto, cuando el caso lo amerite.

(D. 128/2003, art. 16)

ART. 2.3.2.1.4.14.—Beneficio de inserción económica. El beneficio de inserción económica tiene como objetivo facilitar a la persona en proceso de reintegración, el acceso a una fuente de generación de ingresos. Dicho beneficio podrá hacerse efectivo, por una sola vez, previa disponibilidad presupuestal y con el cumplimiento de los requisitos previstos por la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas para su otorgamiento.

La persona en proceso de reintegración, podrá optar entre el estímulo económico a la empleabilidad o el capital semilla para la financiación de un plan de negocio, que en todo caso serán excluyentes entre sí.

PAR. 1º—La persona en proceso de reintegración, además de las obligaciones fijadas por la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en armas, deberá presentar un informe trimestral por un período de doce (12) meses, que permita evidenciar que la destinación de los recursos por concepto del beneficio de inserción económica corresponda a la iniciativa formulada, presentada y aprobada ante la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas.

PAR. 2º—En caso de comprobarse el abandono o destinación indebida de los recursos del beneficio de inserción económica, la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas dará por terminados los beneficios socioeconómicos mediante acto administrativo motivado, frente al cual podrán interponerse los recursos de ley. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal que se derive de su conducta.

PAR. 3º—La persona en proceso de reintegración que haya sido objeto del beneficio de inserción económica, no podrá continuar siendo beneficiaria del apoyo económico a la reintegración establecido en el artículo 2.3.2.1.4.12 del presente título.

PAR. 4º—A la persona en proceso de reintegración que culmine su ruta de reintegración y no se le haya otorgado el beneficio de inserción económica, tendrá la opción de acreditar los requisitos para su otorgamiento dentro de los seis (6) meses siguientes a la culminación de su proceso de reintegración; de no hacerlo se entenderá que renuncia a este beneficio.

(D. 1391/2011, art. 4º)

ART. 2.3.2.1.4.15.—Estímulo económico a la empleabilidad. El estímulo económico a la empleabilidad es un incentivo a la permanencia de la persona en proceso de reintegración en una actividad productiva, autogestionada o gestionada por la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas.

Dicho estímulo se otorgará por una sola vez, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, y tendrá como destinación el aporte para la adquisición de vivienda propia nueva o usada, o el pago de hipoteca de un inmueble adquirido con anterioridad.

Para las personas que se desmovilizaron bajo el marco de los acuerdos con los grupos armados organizados al margen de la ley con los cuales el Gobierno Nacional haya adelantado un proceso de paz conforme a lo previsto en el artículo 2.3.2.1.2.4 del presente título el estímulo económico a la empleabilidad corresponderá al monto acordado en la negociación.

Para las personas desmovilizadas individualmente, de conformidad con el procedimiento descrito en la sección 2 del presente capítulo, el estímulo económico a la empleabilidad corresponderá a un monto de hasta ocho millones de pesos ($ 8.000.000).

PAR.—En ningún caso el estímulo económico a la empleabilidad será desembolsado directamente a la persona en proceso de reintegración; este será consignado a los vendedores o proveedores, operadores, entidad financiera o la figura de administración de recursos que se determine para cada una de las opciones de vivienda descritas en el presente artículo, conforme a carta de instrucciones de desembolso suscrita por la persona en proceso de reintegración.

(D. 1391/2011, art. 5º)

ART. 2.3.2.1.4.16.—Estímulo económico para planes de negocio o capital semilla. El estímulo económico para planes de negocio o capital semilla consiste en un desembolso que otorga la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, a la persona en proceso de reintegración para la financiación de un plan de negocio que facilite su reintegración económica.

Para las personas que se desmovilizaron bajo el marco de los acuerdos con los grupos armados organizados al margen de la ley con los cuales el Gobierno Nacional haya adelantado un proceso de paz conforme a lo previsto en el artículo 2.3.2.1.2.4 de este título, el capital semilla corresponderá al monto acordado en la negociación.

Para las personas desmovilizadas individualmente, de conformidad con el procedimiento descrito en la sección 2 de este capítulo, el capital semilla corresponderá a un monto de hasta ocho millones de pesos ($ 8.000.000).

PAR. 1º—El desembolso de los recursos aprobados se realizará por una sola vez, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas para cada tipo de plan de negocio individual o asociativo.

PAR. 2º—En ningún caso el capital semilla será desembolsado directamente a la persona en proceso de reintegración. El monto aprobado será consignado a los proveedores, operadores, entidad financiera o a la figura de administración de recursos que se determine para cada tipo de plan de negocio, conforme a carta de instrucciones de desembolso suscrita por la persona en proceso de reintegración.

PAR. 3º—El desembolso del capital semilla de los planes de negocio que hayan sido radicados con el cumplimiento pleno de los requisitos exigidos a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, se aplicará de acuerdo con los criterios y reglas vigentes al momento de la radicación.

(D. 1391/2011, art. 6º)

ART. 2.3.2.1.4.17.—Póliza de seguro de vida. De conformidad con el parágrafo 3º del artículo 50 de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 11 de la Ley 1421 de 2010, la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en armas, adquirirá previa disponibilidad presupuestal, un seguro de vida para la persona en proceso de reintegración con una cobertura de quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por el término de un (1) año contado a partir de la fecha en que la persona desmovilizada sea certificada por el comité operativo para la dejación de las armas (CODA), o la aceptación de la lista de desmovilizados de que trata el artículo 2.3.2.1.2.4 de este título.

En el caso de la ocurrencia del siniestro, corresponderá a la familia del desmovilizado fallecido adelantar ante la compañía de seguros los trámites pertinentes para hacer efectiva la póliza.

(D. 1391/2011, art. 7º)

ART. 2.3.2.1.4.18.—Apoyo económico para traslado por nivel de riesgo extraordinario. De conformidad con el parágrafo 3º del artículo 50 de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 11 de la Ley 1421 de 2010, es el apoyo económico que se entrega a la persona en proceso de reintegración con el objeto de cubrir sus gastos de traslado, dentro del territorio nacional.

Se otorgará cuando la autoridad competente, acredite la existencia de un nivel de riesgo extraordinario. El monto por concepto de este apoyo será de hasta por dos punto cinco (2.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y se concederá por una sola vez.

(D. 1391/2011, art. 8º)

ART. 2.3.2.1.4.19.—Fomipyme. Los beneficios económicos que reconozca la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas para estimular la reincorporación a la vida civil podrán ser utilizados para proyectos que permitan el acceso a los incentivos del Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fomipyme), para programas, proyectos y actividades de desarrollo tecnológico y de fomento y promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas, con lo cual se pueda proyectar una mayor viabilidad de éxito en el proyecto.

(D. 128/2003, art. 17)

ART. 2.3.2.1.4.20.—Servicios especiales. A los discapacitados reincorporados se les suministrará soportes mecánicos y tratamientos de rehabilitación cuando no sean prestados por el régimen subsidiado. Este servicio se prestará previa valoración de pérdida de capacidad laboral certificada por el Ministerio de Salud y Protección Social, cuando la causa haya sido anterior a la desmovilización o siendo posterior sea producida por atentados relacionados con su condición de reincorporado a la sociedad civil. Este servicio se prestará durante el término que para tal efecto señale la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas.

(D. 128/2003, art. 19)

ART. 2.3.2.1.4.21.—Empleo. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en coordinación con la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, creará una bolsa de empleo y contratación que vincule al mercado laboral a los reincorporados que se acojan al presente título. Para este efecto, entrará en relación con los gremios económicos y las distintas empresas del sector productivo o de servicios de la economía.

(D. 128/2003, art. 20)

ART. 2.3.2.1.4.22.—Condiciones. Los beneficios socioeconómicos de que trata este título están condicionados al cumplimiento de los requisitos y obligaciones que este título, la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en armas, y el Ministerio de Defensa Nacional determinen.

No gozarán de ninguno de los beneficios señalados quienes estén siendo procesados o hayan sido condenados por delitos que de acuerdo con la Constitución Política, o la ley o los tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia no puedan recibir esta clase de beneficios.

(D. 128/2003, art. 21; modificado por el D. 395/2007, art. 3º)

ART. 2.3.2.1.4.23.—Pérdida de beneficios. Los beneficios se perderán en los siguientes eventos:

1. Cuando se considere que se ha cumplido con el proceso de reintegración social y económica, de acuerdo con los criterios previamente establecidos por la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas.

2. Cuando el beneficiario incumpla los compromisos adquiridos durante su desmovilización voluntaria y, aquellos pactados con la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas.

PAR.—La pérdida de beneficios se establecerá mediante acto administrativo motivado, expedido por la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, frente al cual podrán interponerse los recursos de ley.

(D. 395/2007, art. 5º)

SECCIÓN 5

Protección y atención de los menores de edad desvinculados

ART. 2.3.2.1.5.1.—Entrega de los menores. Los menores de edad que se desvinculen de organizaciones armadas al margen de la ley de conformidad con las disposiciones legales vigentes, deberán ser entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por la autoridad civil, militar o judicial que constate su desvinculación del grupo armado respectivo, a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas ordinarias siguientes a su desvinculación o en el término de la distancia, para que reciba la protección y atención integral especializada pertinente.

Así mismo, quien constate la desvinculación deberá, dentro del mismo término, dar a conocer el hecho a la autoridad judicial competente.

La entrega física se acompañará de un acta en la cual consten los datos iniciales de individualización del menor, su huella dactilar y las circunstancias de su desvinculación del grupo armado, la cual será entregada a la autoridad competente del lugar donde esta se efectúe para que inicie la respectiva actuación.

Una vez recibo el menor, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), deberá dar aviso al Ministerio de Defensa Nacional para que verifique su vinculación al grupo armado y la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, para su seguimiento y posterior reconocimiento de beneficios.

De conformidad con la Constitución Política, la ley y los tratados públicos internacionales ratificados por Colombia, queda proscrita cualquier forma de utilización de menores en actividades de inteligencia.

(D. 128/2003, art. 22)

ART. 2.3.2.1.5.2.—Verificación de las condiciones. El juez de menores o promiscuo de familia competente, según el caso, pedirá cuando lo estime conveniente, las explicaciones necesarias al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a efecto de verificar el estado, las condiciones del menor y la respuesta institucional para su protección integral, ratificando o modificando las medidas adoptadas y atendiendo siempre el interés superior del menor.

(D. 128/2003, art. 23)

ART. 2.3.2.1.5.3.—Competencia institucional. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), desarrollará los trámites administrativos expeditos que permitan la inclusión del menor desvinculado al programa especial de protección que ejecutará con ocasión de este título, el cual, en todo caso, tendrá un enfoque y tratamiento específico de acuerdo con sus condiciones y a lo establecido en el presente título.

En todas las medidas concernientes a los niños desvinculados del conflicto armado interno que tomen las autoridades administrativas o los jueces competentes, se atenderá primordialmente el interés superior del niño y se le dará un tratamiento personalizado, en la medida de lo posible.

(D. 128/2003, art. 24)

ART. 2.3.2.1.5.4.—Derecho a beneficios sociales y económicos. La Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, reglamentará la forma como los menores recibirán los beneficios educativos y económicos producto de la desvinculación.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), desarrollará los planes necesarios para el restablecimiento de los derechos y garantías del niño o menor desvinculado, con especial énfasis en su protección, educación y salud.

(D. 128/2003, art. 25)

SECCIÓN 6

Disposiciones finales

ART. 2.3.2.1.6.1.—Aplicación y condicionamiento. Los beneficios, que en el marco de la reintegración, reciban las personas desmovilizadas, a partir del 24 de enero de 2003, de grupos armados organizados al margen de la ley en forma individual o colectiva, podrán concederse a cada persona, de acuerdo con los criterios que previamente determine la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, y terminarán cuando culmine el proceso de reintegración social y económica, el cual se fijará a partir del progreso de cada persona.

PAR. 1º—Las personas que para el 14 de febrero de 2007 se encontraban vinculadas al proceso de reintegración social y económica, serán evaluadas periódicamente por la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas con base en los indicadores previamente establecidos por esta, los cuales permitirán identificar su voluntad de paz, su compromiso con el proceso y el estado de su reintegración.

PAR. 2º—Las personas desmovilizadas individual y colectivamente que no hubiesen completado su proceso de reintegración de acuerdo a los criterios que para tal fin determine previamente la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, podrán acceder a los beneficios que indique dicha entidad, los cuales se definirán teniendo en cuenta la actividad del desmovilizado durante el tiempo que estuvo fuera del proceso, su progreso como ciudadano que respeta las leyes, y el estado de la atención que recibió con los programas sociales y económicos del Gobierno Nacional. Estas personas deberán voluntariamente presentarse ante la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas para iniciar el proceso de evaluación y verificación de requisitos. Una vez sea seleccionado, la permanencia de la persona en el proceso estará sujeta a los requisitos y directrices planteadas en el parágrafo 1 del presente artículo y en el artículo 2.3.2.1.4.23 del presente título.

(D. 395/2007, art. 1º)

ART. 28.—(sic)Campo de aplicación. Los beneficios económicos a que se refiere el presente título no cobijarán a los desmovilizados o beneficiarios por acuerdos de paz, ni a quienes ya los hayan recibido con anterioridad a la vigencia del mismo.

(D. 128/2003, art. 28)

ART. 2.3.2.1.6.3.—Recursos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público girará directamente a las entidades comprometidas en este proceso, los recursos financieros requeridos para la ejecución de las funciones asignadas, de conformidad con la Ley Orgánica de Presupuesto y demás normas pertinentes.

(D. 128/2003, art. 29)

ART. 2.3.2.1.6.4.—Otros recursos. La Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), convocarán la participación de entidades del sector privado o público de orden nacional o internacional con el fin de obtener cooperación para otorgar beneficios adicionales con miras a la reincorporación a la vida civil de quienes abandonan voluntariamente los grupos armados ilegales.

(D. 128/2003, art. 30)

ART. 2.3.2.1.6.5.—Difusión. Los programas de difusión para incentivar la desmovilización de miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley, así como la prevención del reclutamiento en estos grupos, estarán a cargo del Ministerio de Defensa Nacional.

(D. 128/2003, art. 31; modificado por el D. 395/2007, art. 4º).

CAPÍTULO 2

Disposiciones de justicia transicional que garantizan verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley y conceden beneficios jurídicos

SECCIÓN 1

Acuerdo de contribución a la verdad histórica y la reparación

ART. 2.3.2.2.1.1.—Objeto. El presente capítulo tiene por objeto crear y reglamentar el procedimiento para la suscripción del “Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación”, así como la verificación de requisitos para efectos de la solicitud y otorgamiento de los beneficios jurídicos de que trata la Ley 1424 de 2010.

(D. 2601/2011, art. 1º)

ART. 2.3.2.2.1.2.—Ámbito de aplicación. Los desmovilizados que como consecuencia de su pertenencia a grupos armados al margen de la ley hayan sido condenados por delitos diferentes al concierto para delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, y porte ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de defensa personal, no podrán acceder a los beneficios contemplados en los artículos 6º y 7º de la Ley 1424 de 2010 desarrollados en el presente capítulo.

(D. 2601/2011, art. 2º)

ART. 2.3.2.2.1.3.—Delegación. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 1424 de 2010, deléguese al director de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, la suscripción del “Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación”.

(D. 2601/2011, art. 3º)

ART. 2.3.2.2.1.4.—Manifestación del compromiso con el proceso de reintegración y la voluntad de contribución a la verdad histórica y la reparación. El desmovilizado manifestará su compromiso con el proceso de reintegración y con la contribución al esclarecimiento de:

a) La conformación de los grupos organizados al margen de la ley a los que se refiere la Ley 1424 de 2010;

b) El contexto general de su participación; y

c) Los hechos o actuaciones de que tenga conocimiento en razón de su pertenencia.

La manifestación de la voluntad de compromiso con el proceso de reintegración y con la contribución al esclarecimiento de la verdad se formalizará mediante la radicación del “Formato único para la verificación previa de requisitos”, ante la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, a más tardar el día 28 de diciembre de 2011. Dicho formato será proporcionado por la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas.

PAR.—El desmovilizado debidamente certificado de conformidad con la ley, que se encuentre privado de la libertad por delitos cometidos con anterioridad a la desmovilización, podrá acceder al formato de que trata el presente artículo a través de las oficinas asesoras jurídicas de los respectivos establecimientos de reclusión.

(D. 2601/2011, art. 4º)

ART. 2.3.2.2.1.5.—Verificación previa de requisitos. Una vez radicado el “Formato único para la verificación previa de requisitos” de que trata el artículo 2.3.2.2.1.4 del presente título, la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas iniciará la verificación del cumplimiento de los siguientes requisitos, respecto de cada solicitante:

a) La calidad de desmovilizado, acreditada de conformidad con la ley;

b) Encontrarse vinculado y cumpliendo, o haber culminado formalmente el proceso de reintegración, de conformidad con la reglamentación expedida por la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas para el efecto;

c) Que no registre antecedentes penales vigentes por delitos distintos a los contemplados en el artículo 1º de la Ley 1424 de 2010, como consecuencia de su pertenencia a los grupos organizados al margen de la ley, ni por delitos dolosos cometidos con posterioridad a la fecha en que hubiere sido certificada su desmovilización.

PAR. 1º—Cuando el desmovilizado registre anotaciones por la investigación de delitos dolosos ocurridos con posterioridad a la fecha de la desmovilización, la verificación previa de requisitos se suspenderá, y solo se reanudará cuando el desmovilizado sea exonerado de responsabilidad mediante providencia en firme.

PAR. 2º—Para la verificación del cumplimiento de los requisitos dispuestos en el literal c) y el parágrafo 1º del presente artículo, la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, hará las solicitudes pertinentes a las autoridades administrativas y judiciales, de conformidad con el artículo 2.3.2.2.3.2 del presente título.

PAR. 3º—Para el desmovilizado que se encuentre privado de la libertad por delitos cometidos con anterioridad a la desmovilización, la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas verificará el cumplimiento del requisito contemplado en el literal b) del presente artículo, hasta el momento de la privación de la libertad, según la etapa en que se encontrara en el proceso de reintegración.

(D. 2601/2011, art. 5º)

ART. 2.3.2.2.1.6.—Anexo del Acuerdo de contribución a la verdad histórica y la reparación. Para la firma del “Acuerdo de contribución a la verdad histórica y la reparación”, la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas distribuirá un aplicativo a través del cual el desmovilizado deberá aportar la siguiente información: nombre completo y alias; número de cédula; nombre del bloque o bloques a los que perteneció de manera secuencial; fecha y motivación del reclutamiento o la vinculación al grupo armado; lugar donde operó y zona de influencia; tipo de actividad o actividades que realizó; y fecha de desmovilización como miembro del grupo. Esta información constituirá el Anexo del Acuerdo de contribución a la verdad histórica y la reparación y hará parte integral del mismo.

(D. 2601/2011, art. 6º)

ART. 2.3.2.2.1.7.—Trámite y perfeccionamiento del Acuerdo de contribución a la verdad histórica y la reparación. La Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas tramitará la firma del Acuerdo de contribución a la verdad histórica y la reparación con los desmovilizados que hayan cumplido los requisitos del artículo 2.3.2.2.1.5 del presente título y que hayan diligenciado el anexo al que se refiere el artículo 2.3.2.2.1.6 del presente título.

Una vez firmado el Acuerdo de contribución a la verdad histórica y la reparación por el desmovilizado, el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, lo suscribirá. Firmado el acuerdo por ambas partes se entenderá perfeccionado.

PAR.—El anexo del Acuerdo de contribución a la verdad histórica y la reparación constituirá documento informativo y, al igual que la información que surja en el marco de los acuerdos de contribución a la verdad histórica y la reparación, en ningún caso podrá ser utilizado como prueba en un proceso judicial en contra del sujeto que lo provea ni de terceros, de conformidad con el inciso segundo del artículo 4º de la Ley 1424 de 2010. Este anexo será enviado al Centro de Memoria Histórica como un primer elemento para poner en marcha el proceso de construcción de la verdad.

(D. 2601/2011, art. 7º)

SECCIÓN 2

Beneficios jurídicos

ART. 2.3.2.2.2.1.—Procedimiento para la solicitud de la medida especial respecto de la libertad. Perfeccionado el Acuerdo de contribución a la verdad histórica y la reparación, la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, de conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la Ley 1424 de 2010, solicitará a las respectivas autoridades judiciales suspender la orden de captura o abstenerse de librarla, o prescindir de la imposición de la medida de aseguramiento o revocarla si ya hubiere sido impuesta, según sea el caso.

La Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas proveerá a la autoridad judicial competente los siguientes documentos para la evaluación de la satisfacción de los requisitos contemplados en el artículo 6º de la Ley 1424 de 2010:

1. Copia del documento que acredite la calidad de desmovilizado, de conformidad con la ley.

2. Copia del Acuerdo de contribución a la verdad histórica y la reparación.

3. Certificación de la vinculación al proceso de reintegración social y económica y de cumplimiento de la ruta de reintegración o de culminación del mismo.

4. Copia de los antecedentes judiciales expedidos por las autoridades competentes.

PAR.—Para el desmovilizado que se encuentre privado de la libertad por delitos cometidos con anterioridad a la desmovilización, la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas verificará el cumplimiento del requisito contemplado en el numeral 3º del presente artículo hasta el momento de la captura, según la etapa en que se encontrara en el proceso de reintegración.

(D. 2601/2011, art. 8º)

ART. 2.3.2.2.2.2.—Procedimiento para la solicitud de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Una vez el desmovilizado haya satisfecho los requisitos a los que se refiere el artículo 7º de la Ley 1424 de 2010, la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas solicitará a la autoridad judicial competente la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

La Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas proveerá a la autoridad judicial competente los siguientes documentos para la evaluación de la satisfacción de los requisitos contemplados en el artículo 7º de la Ley 1424 de 2010:

1. Copia del documento que acredite la calidad de desmovilizado, de conformidad con la ley.

2. Copia del Acuerdo de contribución a la verdad histórica y la reparación.

3. Certificación de la vinculación al proceso de reintegración social y económica y de cumplimiento de la ruta de reintegración o de culminación del mismo.

4. Certificación de la realización de actividades de servicio social con las comunidades receptoras.

5. Copia de los antecedentes judiciales expedidos por las autoridades competentes.

6. Certificación de buena conducta en marco del proceso de reintegración.

PAR. 1º—La persona desmovilizada privada de la libertad con anterioridad al cumplimiento del requisito dispuesto en el numeral 4º del presente artículo, podrá ser objeto de los beneficios establecidos en el artículo 7º de la Ley 1424 de 2010, siempre y cuando acredite la participación y buena conducta en las fases de resocialización en el respectivo centro penitenciario y/o carcelario, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 65 de 1993 o su participación en cualquier otro programa que permita evidenciar su compromiso con la reconciliación nacional.

Para el efecto, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario promoverá programas especiales dirigidos a la población de desmovilizados en los centros penitenciarios y/o carcelarios y enviará a la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas las certificaciones correspondientes.

PAR. 2º—Para efectos del tratamiento penal especial dispuesto en la Ley 1424 de 2010, reglamentado mediante el presente decreto, la suspensión condicional de la ejecución de la pena comprende tanto las penas principales de prisión, multa y privativas de otros derechos, así como las accesorias impuestas en la sentencia condenatoria. Transcurrido el período de la suspensión condicional de la ejecución de la pena sin que el condenado incumpla las obligaciones de que trata la ley, las penas principales de prisión, multa y privativas de otros derechos, así como las accesorias, quedarán extinguidas, previa decisión judicial que así lo determine.

(D. 2601/2011, art. 9º; adicionado por el D. 2637/2014, art. 1º)

ART. 2.3.2.2.2.3.—Verificación del requisito de reparación. Cuando el desmovilizado demuestre que está en imposibilidad económica de indemnizar los daños ocasionados con los delitos por los cuales haya sido condenado en el marco de la Ley 1424 de 2010, las autoridades judiciales ordenarán a las autoridades administrativas correspondientes la evaluación del registro de las víctimas que se acrediten como partes o intervinientes dentro del proceso en el registro único de víctimas de conformidad con los artículos 155 y 156 de la Ley 1448 de 2011.

En estos casos, las medidas que propendan por la indemnización, la restitución y la rehabilitación de las víctimas se harán de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011, particularmente en el marco de los artículos 10 y 132, el capítulo VIII del título IV, y la reglamentación que de estas normas expida el Gobierno Nacional.

PAR. 1º—La participación del desmovilizado en los procedimientos adelantados por el Centro de Memoria Histórica buscará contribuir a la garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, la satisfacción y las garantías de no repetición. La Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas remitirá a las autoridades judiciales la certificación de la participación del desmovilizado en los procedimientos adelantados por el Centro de Memoria Histórica.

Cuando el desmovilizado no haya concurrido al Centro de Memoria Histórica por causas no imputables a él, esta circunstancia no podrá ser usada para negar la certificación del requisito de que trata el numeral 3º del artículo 7º de la Ley 1424 de 2010. En cualquier otro caso, la no participación del desmovilizado en los procedimientos adelantados por el Centro de Memoria Histórica será causal de revocatoria de los beneficios, de conformidad con el numeral 4º del artículo 2.3.2.2.2.5 y del numeral 5º del artículo 2.3.2.2.2.6 del presente decreto.

PAR. 2º—La participación del desmovilizado en el desarrollo de proyectos de servicio social, así como el cumplimiento de las actividades del proceso de reintegración y la observancia de buena conducta estarán dirigidas a garantizar las medidas de satisfacción y de no repetición que contribuyen a la reparación integral de las víctimas.

PAR. 3º—Los beneficios económicos que el desmovilizado haya recibido en el marco del proceso de reintegración, no podrán ser tenidos en cuenta para evaluar su capacidad económica para indemnizar.

(D. 2601/2011, art. 10)

ART. 2.3.2.2.2.4.—Monitoreo al cumplimiento de los requisitos respecto de la libertad. La Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas monitoreará el cumplimiento por parte de los desmovilizados de los requisitos establecidos en los artículos 6º, 7º y 8º de la Ley 1424 de 2010 con posterioridad a la concesión del beneficio respectivo.

(D. 2601/2011, art. 11)

ART. 2.3.2.2.2.5.—Revocatoria de los beneficios contemplados en el artículo 2.3.2.2.2.1 del presente título. Cuando el desmovilizado haya sido beneficiario de la decisión judicial de suspender la orden de captura o abstenerse de librarla, o prescindir de la imposición de la medida de aseguramiento o revocarla si ya hubiere sido impuesta, según sea el caso, la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas solicitará su revocatoria a la autoridad judicial correspondiente, cuando se presente cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Pérdida de beneficios del proceso de reintegración social y económica, de conformidad con las normas que lo rigen.

2. Condena por delitos dolosos cometidos con posterioridad a la fecha de su desmovilización.

3. Condena por delitos distintos a los contemplados en el artículo 1º de la Ley 1424 de 2010 cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado al margen de la ley.

4. No participación en los procedimientos adelantados por el Centro de Memoria Histórica, cuando el desmovilizado hubiere sido convocado y se demuestre su renuencia, salvo que medien circunstancias de fuerza mayor.

PAR.—Para efectos de la solicitud de revocatoria ante la autoridad judicial, el Centro de Memoria Histórica certificará ante la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas la circunstancia de que trata el numeral 4º del presente artículo.

(D. 2601/2011, art. 12)

ART. 2.3.2.2.2.6.—Revocatoria de la suspensión de la ejecución de la pena. Cuando el desmovilizado haya sido beneficiario de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas solicitará su revocatoria a la autoridad judicial correspondiente, cuando se presente cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Pérdida de beneficios del proceso de reintegración social y económica, de conformidad con las normas que lo rigen.

2. Condena por delitos dolosos cometidos con posterioridad a la fecha de su desmovilización.

3. Condena por delitos distintos a los contemplados en el artículo 1º de la Ley 1424 de 2010 cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado al margen de la ley.

4. Incumplimiento de las actividades de servicio social con las comunidades receptoras.

5. No participación en los procedimientos adelantados por el Centro de Memoria Histórica, cuando el desmovilizado hubiere sido convocado y se demuestre su renuencia, salvo que medien circunstancias de fuerza mayor.

6. Incumplimiento de la obligación de indemnizar a las víctimas en el evento en que esta haya sido fijada en la sentencia y siempre que se haya probado la capacidad económica del desmovilizado para hacerlo.

7. Mala conducta del desmovilizado en el marco de su proceso de reintegración.

PAR.—Para efectos de la solicitud de revocatoria ante la autoridad judicial, el Centro de Memoria Histórica certificará ante la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas la circunstancia de que trata el numeral 5º del presente artículo.

(D. 2601/2011, art. 13)

ART. 2.3.2.2.2.7.—Revocatoria de oficio. En cualquier caso, la autoridad judicial podrá, de oficio, revocar los beneficios concedidos, de hallar probado que el desmovilizado incumplió cualquiera de los requisitos exigidos en los artículos 6º y 7º de la Ley 1424 de 2010.

(D. 2601/2011, art. 14; modificado por el D. 4800/2011, art. 190)

ART. 2.3.2.2.2.8.—Suspensión de los beneficios. La autoridad judicial competente de oficio, o a solicitud de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, suspenderá preventivamente la atribución de los beneficios contemplados en los artículos 6º y 7º de la Ley 1424 de 2010 cuando verifique que el desmovilizado presente cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Registro de anotaciones por la investigación de delitos dolosos cometidos con posterioridad a la fecha de la desmovilización.

2. Registro de anotaciones por delitos distintos a los contemplados en el artículo 1º de la Ley 1424 de 2010 cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado al margen de la ley.

PAR.—Cuando la sentencia en firme sea absolutoria, la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas solicitará a la autoridad judicial correspondiente la reactivación del beneficio al que haya lugar.

(D. 2601/2011, art. 15)

SECCIÓN 3

Otras disposiciones

ART. 2.3.2.2.3.1.—Deber de información sobre la resolución de situación jurídica y las condenas. Las autoridades judiciales que resuelvan la concesión de los beneficios contemplados en los artículos 6º y 7º de la Ley 1424 de 2010, comunicarán a la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, el contenido de las respectivas providencias en un término razonable.

(D. 2601/2011, art. 16)

ART. 2.3.2.2.3.2.—Trámite prioritario de solicitudes. Las entidades judiciales y administrativas que deban proveer información a la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, relacionada con las disposiciones del presente capítulo, deberán tramitar los requerimientos de información de manera prioritaria.

(D. 2601/2011, art. 17)

CAPÍTULO 3.

Ingreso al proceso de reintegración de las personas desmovilizadas postuladas a la Ley 975 de 2005 que obtengan la libertad en el marco de las medidas establecidas en la Ley 1820 de 2016.

(Nota: Adicionado por el Decreto 2199 de 2017 artículo 1° de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.2.3.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2199 de 2017 artículo 1° de la Presidencia de la República)

(Nota: Adicionado por el Decreto 2199 de 2017 artículo 1° de la Presidencia de la República)

CAPÍTULO 4

Beneficios de la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil en lo económico y lo social

(Nota: Adicionado por el Decreto 1363 de 2018 artículo 1° de la Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.2.4.1.—Beneficios de la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil en lo económico y lo social. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), atendiendo las recomendaciones del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), mediante acto administrativo señalará las características y condiciones necesarias para el acceso a los beneficios económicos establecidos en el Decreto-Ley 899 de 2017, de conformidad con los límites allí señalados y lo dispuesto en el presente capítulo.

(Nota: Adicionado por el Decreto 1363 de 2018 artículo 1° de la Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.3.2.4.2.—Condiciones. Los beneficios económicos establecidos en el Decreto-ley 899 de 2017 se otorgarán a los ex integrantes de las FARC-EP acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en los términos señalados en el artículo 2º del Decreto-Ley 899 de 2017, que se encuentren cumpliendo su ruta educativa, así como el proceso de formación para el trabajo, el desarrollo y ejecución de proyectos productivos, y que estén bajo acompañamiento psicosocial, en caso de ser requerido, en el marco de la ruta de reincorporación individual y colectiva.

(Nota: Adicionado por el Decreto 1363 de 2018 artículo 1° de la Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

PARTE 4

(Nota: Modificado el título de la presente parte por el Decreto 1275 de 2015 artículo 2° de la Presidencia de la República)

Disposiciones específicas alusivas a las entidades vinculadas al departamento administrativo de la Presidencia de la República —sector descentralizado—

ART. 2.4.1.—(Modificado).* Objeto. La parte 4 de libro 2 del presente decreto compila las disposiciones reglamentarias expedidas por el señor Presidente de la República en ejercicio del numeral 11 de artículo 189 de la Constitución Política que regulan, en lo pertinente, la actividad de las entidades del sector descentralizado que se encuentran vinculadas al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

*(Nota: Modificado por el Decreto 1275 de 2015 artículo 2° de la Presidencia de la República)

TÍTULO 1

Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano, Virgilio Barco Vargas, SAS —EVB SAS—

CAPÍTULO 1

Proyecto de desarrollo y renovación urbana del Centro Administrativo Nacional (CAN)

ART. 2.4.1.1.1.—Objeto. El presente capítulo tiene como objeto establecer el alcance y los grados de intervención en el área del proyecto de desarrollo y renovación urbana del Centro Administrativo Nacional (CAN), con observancia de las competencias de Bogotá, D.C.

(D. 488/2013, art. 1º)

ART. 2.4.1.1.2.—Alcance y grados de intervención. Se establecen dos grados de intervención a cargo de la Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano, Virgilio Barco Vargas, SAS, EVB SAS, de conformidad con las normas distritales aplicables así:

a) En los barrios La Esmeralda y Salitre El Greco las intervenciones se circunscribirán en forma exclusiva a las necesarias para mitigar los impactos negativos que el proyecto CAN pudiera generar. En especial, las intervenciones se concentrarán en la articulación y la transición de usos con las demás zonas del proyecto CAN;

b) En las demás zonas del proyecto, la Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano, Virgilio Barco Vargas, SAS, EVB SAS, adelantará intervenciones de renovación y desarrollo urbano.

(D. 488/2013, art. 2º)

CAPÍTULO 2

Vinculación gestión y ejecución de los proyectos a cargo de la EVB SAS

ART. 2.4.1.2.1.—(Modificado).* Objeto. El presente capítulo tiene como objeto reglamentar los mecanismos de vinculación de las entidades públicas a la sociedad y de participación en la gestión y ejecución de los proyectos a cargo de la Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano, Virgilio Barco Vargas, SAS, en adelante EVB SAS.

(D. 727/2013, art. 1º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1275 de 2015 artículo 3° de la Presidencia de la República)

ART. 2.4.1.1.2.(sic)—(Modificado).* Alcance. Las entidades públicas están facultadas, para: a) Aportar recursos financieros para vincularse como socios de la EVB SAS y; b) Aportar recursos y bienes para adquirir derechos de participación patrimonial en proyectos que adelante la EVB SAS.

(D. 727/2013, art. 2º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1275 de 2015 artículo 4° de la Presidencia de la República)

ART. 2.4.1.1.3.(sic)—(Modificado).* Mecanismos de vinculación a la sociedad y participación en los proyectos. Para la gestión de los proyectos a cargo de la EVB SAS, las entidades públicas pueden hacer uso de los siguientes mecanismos:

1. Capitalizar.

De conformidad con los artículos 2º, 3º y 4º del Decreto-Ley 4184 de 2011, las entidades públicas del orden nacional y territorial pueden capitalizar a la EVB SAS, con el fin de financiar los proyectos de inversión en infraestructura de sus sedes administrativas. Se faculta a las entidades públicas del sector descentralizado del orden nacional a capitalizar a la EVB SAS, cuando se trate de financiar los proyectos de inversión en infraestructura de sus sedes administrativas.

Cuando se trate de entidades públicas que pretendan capitalizar a la EVB SAS, las reglas especiales de la capitalización son las establecidas por los artículos 2º, 3º y 4º del Decreto-Ley 4184 de 2011 y el capítulo II, reglas sobre capital y acciones, de los estatutos sociales de la EVB SAS, o las disposiciones que las modifiquen o sustituyan. Para este efecto, por tratarse de una solicitud proveniente de las entidades públicas, no se requiere reglamento de suscripción y colocación de acciones, ni de la oferta, los plazos y las condiciones allí establecidas.

Las entidades públicas que capitalicen la sociedad, adquieren la calidad de accionista y en consecuencia, el derecho a la suscripción de las acciones nominativas equivalentes al aporte, en los términos previstos en los estatutos sociales de la EVB SAS.

2. Contratar.

La EVB SAS, de conformidad con su norma de creación, el Decreto-Ley 4184 de 2011, puede adelantar proyectos en todo el territorio colombiano para desarrollar la gestión de sedes administrativas de entidades públicas del orden nacional y territorial, en conjuntos o independientes, respetando la autonomía y competencias de las respectivas entidades territoriales.

2.1. Contratos o convenios interadministrativos. Las entidades públicas del orden nacional y territorial, pueden suscribir contratos o convenios interadministrativos con la EVB SAS, con el objeto de gestionar sedes administrativas en el marco de los proyectos a su cargo.

Mediante estos contratos o convenios se puede pactar la participación patrimonial en los proyectos a cargo de la EVB, SAS, a través de la transferencia de la propiedad y posesión de los bienes inmuebles que se encuentren en las áreas de dichos proyectos y/o de la entrega de los recursos apropiados cuyo objeto se refiera a inversión en infraestructura de sedes administrativas, en las modalidades de adquisición de terrenos o edificaciones o construcción de edificaciones. Una vez la EVB SAS, reciba los aportes y los entregue al patrimonio autónomo de la fiducia que se constituya para su administración, las entidades públicas aportantes adquieren el derecho fiduciario de beneficiarias.

2.2. Fiducia mercantil. Las personas jurídicas, Nación, departamentos, distritos, municipios, y áreas metropolitanas, bajo la autorización del artículo 121 de la Ley 1450 de 2011, pueden vincularse como fideicomitentes beneficiarios, en las fiducias que la EVB SAS estructure para sus proyectos. De esta manera, se coordina la gestión, se administran los bienes y recursos de cada proyecto en forma separada y se llevan a cabo las actuaciones profesionales necesarias por parte de la EVB SAS, para desarrollar sedes administrativas que requieran las entidades públicas beneficiarias, dentro del límite de los recursos administrados.

PAR. 1º—En la constitución de los patrimonios autónomos que se creen para desarrollar los proyectos se incluirá la remuneración por concepto de honorarios de gerencia de proyecto a cargo de la EVB SAS.

PAR. 2º—Los bienes y recursos que reciba la EVB SAS de las entidades públicas, destinados a adquirir derechos de participación patrimonial en los proyectos que adelante, se administrarán hasta tanto cumplan con el objeto mismo del gasto en los patrimonios autónomos de la fiduciaria seleccionada de conformidad con los principios que rigen la contratación pública. Los rendimientos que se generen se administrarán y destinarán al mismo fin del aporte inicial. En consecuencia, con la vinculación de los recursos al patrimonio constituido mediante fiducia mercantil y la adquisición del correlativo derecho fiduciario a favor de la entidad pública aportante como beneficiaria, se entiende ejecutado el presupuesto de la respectiva entidad.

PAR. 3º—La EVB SAS, determinará en cada caso el o los mecanismos de participación que permitirán adelantar los respectivos proyectos.

(D. 727/2013, art. 3º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1275 de 2015 artículo 5° de la Presidencia de la República)

ART. 2.4.1.1.4.(sic)—(Modificado).* Control y seguimiento. El Departamento Nacional de Planeación exigirá a los órganos y entidades del orden Nacional, para la aprobación y registro de los proyectos de inversión en el Banco de Proyectos, el concepto previo favorable de la EVB SAS, cuando se trate de proyectos situados en la ciudad de Bogotá, relacionados con la adquisición de terrenos o la construcción o adquisición de edificaciones para sedes administrativas.

*(Nota: Modificado por el Decreto 1275 de 2015 artículo 6° de la Presidencia de la República)

CAPÍTULO 3

(Nota: Adicionado por el Decreto 1275 de 2015 artículo 7° de la Presidencia de la República)

Régimen de transición de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas

ART. 2.4.1.3.1.— (Nota: Adicionado por el Decreto 1275 de 2015 artículo 7° de la Presidencia de la República)

PARTE 5

(Nota: Adicionado por el Decreto 1535 de 2017 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.5.1.1.(Nota: Adicionado por el Decreto 1535 de 2017 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.5.1.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1535 de 2017 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.5.1.3.(Nota: Adicionado por el Decreto 1535 de 2017 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.5.1.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1535 de 2017 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.5.1.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1535 de 2017 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.5.1.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1535 de 2017 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.5.1.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1535 de 2017 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.5.1.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1535 de 2017 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.5.1.9.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1535 de 2017 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.5.1.10.—(Modificado).* (Nota: Adicionado por el Decreto 1535 de 2017 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1787 de 2017 artículo 2° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.1.11.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1535 de 2017 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

(Nota: Adicionado por el Decreto 1535 de 2017 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

LIBRO 3

Disposiciones finales

PARTE 1

Derogatoria y vigencia

ART. 3.1.1.—Derogatoria integral. Este decreto regula íntegramente las materias contempladas en él. Por consiguiente, de conformidad con el artículo 3º de la Ley 153 de 1887, quedan derogadas todas las disposiciones de naturaleza reglamentaria relativas al sector Presidencia de la República que versan sobre las mismas materias, con excepción, exclusivamente, de los siguientes asuntos:

1. No quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos relativos a la creación y conformación de comisiones intersectoriales, comisiones interinstitucionales, consejos, comités, sistemas administrativos y demás asuntos relacionados con la estructura, configuración y conformación de las entidades y organismos del sector administrativo.

2. Tampoco quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos que desarrollan leyes marco.

3. Igualmente, quedan excluidas de esta derogatoria las normas de naturaleza reglamentaria de este sector administrativo que, a la fecha de expedición del presente decreto, se encuentren suspendidas por la jurisdicción contencioso administrativa, las cuales serán compiladas en este decreto, en caso de recuperar su eficacia jurídica.

Los actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones compiladas en el presente decreto mantendrán su vigencia y ejecutoriedad bajo el entendido de que sus fundamentos jurídicos permanecen en el presente decreto compilatorio.

ART. 3.1.2.—Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 26 de mayo de 2015.

ANEXO 1

(Nota: Véase Decreto 1609 de 2015 artículo 2° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

Manual para la elaboración de textos normativos

Proyectos de decreto y resolución

Presentación

CAPÍTULO I

Finalidad

CAPÍTULO II

Etapa previa

1. Planeación

2. Definiciones previas

2.1. Definir el propósito que se quiere materializar con la norma (¿para qué?)

2.2. Identificar al destinatario de la norma (¿A quién se aplica?)

3. Estudios de impacto

3.1. Oportunidad del proyecto

3.2. Impacto jurídico.

3.2.1. Supremacía constitucional y jerarquía normativa

3.2.2. Legalidad

3.2.3. Seguridad jurídica

3.2.4. Reserva de ley

3.2.5. Eficacia o efectividad

3.3. Impacto económico

3.4. Impacto presupuestal

4. Verificación y memoria justificativa

CAPÍTULO III

Etapa de redacción

1. Estructura normativa

1.1. Encabezado

1.2. Epígrafe

1.3. Competencia

1.4. Parte considerativa o motiva

1.5. Parte dispositiva

1.5.1. Estructura de la parte dispositiva

1.5.1.1. Disposiciones generales

1.5.1.2. Disposiciones principales

1.5.1.3. Disposiciones finales

1.5.2. División interna de un proyecto normativo

1.6. Anexos

2. Parámetros documentales

3. Reglas mínimas de redacción

CAPÍTULO IV

Etapa de publicidad, revisión y consulta

1. Publicidad

2. Revisión

3. Consulta

CAPÍTULO V

Etapa de expedición

CAPÍTULO VI

Archivo

Presentación

El ejercicio de las competencias estatales y, en particular, de la función administrativa, lleva consigo la facultad reglamentaria; para ello, siguiendo una secuencia lógica, se requiere previamente de un proceso de elaboración de los correspondientes proyectos normativos.

Los principios constitucionales que orientan la función administrativa, la seguridad jurídica y el principio de igualdad, exigen que las normas sean inteligibles y accesibles para todos sus destinatarios, por lo que en su redacción y elaboración se deben observar las formas que permitan expresar de una manera eficaz los preceptos jurídicos que contienen. Para ello deben tenerse en cuenta diversos aspectos de técnica normativa, entre los que se destacan la estructura y presentación uniforme de las normas, el lenguaje y la redacción de las mismas.

Lo anterior redunda en la mejor comprensión y aplicación de la normatividad, facilitando que los ciudadanos puedan conocer sus derechos y obligaciones, y que las autoridades administrativas tengan un marco idóneo, claro, coherente y funcional a partir del cual puedan desempeñar correctamente en el ejercicio de sus competencias.

Este manual constituye, por tanto, un instrumento de apoyo, guía, orientación y consulta para todos aquellos servidores públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional que tengan a su cargo elaborar los proyectos de decreto y resolución que se pretendan expedir.

Manual para la elaboración de textos normativos

Proyectos de decreto y resolución

CAPÍTULO I

Finalidad

Las directrices de técnica normativa previstas en este manual tienen como finalidad racionalizar la expedición de decretos y resoluciones, dotar de seguridad jurídica a sus destinatarios, evitar fenómenos de dispersión y proliferación normativa y optimizar los recursos físicos y humanos utilizados para esa actividad, con el propósito de construir un ordenamiento jurídico eficaz, coherente y estructurado a partir de preceptos normativos correctamente formulados.

CAPÍTULO II

Etapa previa

La expedición de un decreto o resolución debe ser producto de un proceso de formación y para que el mismo consiga la finalidad prevista deberá observar unas fases relacionadas entre sí, a saber:

1. Planeación: dada la trascendencia que tiene el derecho para la vida social, deben adoptarse previsiones que hagan de la redacción de las normas un ejercicio metódico y no simplemente el acto material de llenar una hoja de papel con unas palabras escogidas al azar. De esta manera antes de iniciar el proceso de elaboración de una norma, será de utilidad contestar el siguiente cuestionario:

1. ¿Cuál es la finalidad de la norma que se va a expedir? (Escoja UNA sola finalidad).

2. Identifique la problemática y el objetivo que persigue la emisión de la norma.

3. ¿Existe alguna norma vigente que regule el mismo tema?

Sí__ (pase a la pregunta 4) No__ (pase a la pregunta 6).

4. Si ya existe una norma, explique por qué resulta insuficiente.

5. Si ya existe una norma que regule el mismo tema, especifique según sea el caso si el proyecto:

a) Deroga ___

b) Modifica ___

c) Sustituye ___

d) Es nuevo ___

Si contesta a), b) o c), identifique la norma correspondiente, fecha de expedición y vigencia.

6. Indique la disposición(es) de orden constitucional o legal que otorga la competencia para expedir el decreto o resolución; si no existe, no podrá seguir adelante con el trámite de elaboración del texto normativo.

El resultado de este cuestionario se pondrá en conocimiento del jefe de la entidad para que autorice la iniciación del trámite de elaboración del proyecto de decreto o resolución. A partir de ello, se deberá establecer un plan de trabajo para el efecto y se asignarán responsabilidades para cada una de las etapas que a continuación se mencionan.

2. Definiciones previas.

2.1. Definir el propósito que se quiere materializar con la norma (¿Para qué?): un propósito preciso y claro es el mejor instrumento de quien redacta una norma para alcanzar el objetivo de la misma. Para ello habrá que definir lo que se quiere y qué hará el destinatario con las disposiciones contenidas en el texto del documento normativo a crear.

2.2. Identificar al destinatario de la norma (¿A quién se aplica?): el conocimiento del destinatario del decreto o resolución facilita el uso del lenguaje adecuado a los propósitos de la disposición.

3. Estudios de impacto (¿Qué impacto se espera obtener?): todo decreto o resolución produce, en principio, un impacto en el ámbito jurídico, económico e incluso ambiental. Por tanto será necesario realizar un estudio de impacto normativo (ESIN), cuyo objeto es determinar la necesidad de expedir, modificar o derogar una normatividad.

El ESIN es una herramienta fundamental para procurar una mejora sustancial en los decretos y resoluciones que se pretendan expedir a partir de la implementación del presente manual y contendrá:

3.1. Oportunidad del proyecto: el estudio sobre la oportunidad del proyecto identificará los objetivos de la propuesta, el análisis de las alternativas existentes, tanto normativas como de cualquier otra naturaleza, todo con el fin de sustentar la necesidad de su expedición.

3.2. Impacto jurídico: el objeto de este estudio es propender por la coherencia del ordenamiento jurídico, así como evitar problemas de interpretación y aplicación de los preceptos normativos que se proyectan frente a las disposiciones vigentes.

Para el efecto, el estudio de impacto del proyecto debe observar los siguientes principios jurídicos fundamentales:

3.2.1. Supremacía constitucional y jerarquía normativa: la Constitución es la norma de normas e implica que toda actuación que se adelante está sometida a esta. La Constitución establece el sistema de fuentes del derecho y sirve de sustento al orden jurídico, por lo que toda norma jurídica, para su validez, debe estar fundada en la Constitución Política de Colombia.

Bajo este contexto, en la elaboración de todo decreto o resolución debe tener en cuenta el respeto a la dignidad humana y la garantía de los derechos y libertades fundamentales previstos en la Constitución.

3.2.2. Legalidad: implica el sometimiento de las autoridades a la totalidad del sistema normativo y la plena juridicidad de la actuación administrativa. En tal sentido, los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes, y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

En el caso de las autoridades públicas el principio de legalidad y el deber de obediencia al ordenamiento jurídico constituyen además un presupuesto fundamental para el ejercicio de sus competencias, de donde se sigue la necesidad de que quien proyecte una norma jurídica señale las atribuciones constitucionales y las facultades legales que sirven para su expedición.

3.2.3. Seguridad jurídica: es la cualidad del ordenamiento jurídico que produce certeza y confianza en el ciudadano sobre lo que constituye derecho en cada momento y sobre lo que previsiblemente lo será en el futuro.

Lo anterior implica para el redactor del proyecto de decreto o resolución el conocimiento inequívoco de lo que se pretende con lo proyectado, lo que se puede hacer o exigir y sobre su alcance, así como las modificaciones sobre la situación jurídica que la disposición causará sobre los particulares considerando las normas preexistentes.

En atención a este principio, quien proyecte el decreto o resolución deberá hacer un estudio sobre la vigencia y derogatoria que se producirá con su expedición.

Igualmente, involucra la carga de claridad y precisión en la redacción, con el fin de que no haya nada oscuro, incierto o arbitrario en la idea que se formule, para que los destinatarios conozcan y entiendan sin ambigüedades las consecuencias de su cumplimiento o contravención.

3.2.4. Reserva de ley: se entiende por este principio la potestad que tiene el Poder Legislativo de regular ciertas materias por sí mismo, mediante ley, y en consecuencia, la prohibición que tiene el Ejecutivo para su regulación mediante actos administrativos.

3.2.5. Eficacia o efectividad: significa que el decreto o resolución deben ser idóneos para regular la realidad en ellos descrita y, por tanto, producir los efectos jurídicos que, con su emisión, fueron proyectados.

De conformidad con lo anterior, el estudio de impacto y viabilidad jurídica del proyecto deberá contener, al menos, los siguientes elementos:

a) Análisis de las normas que otorgan para la expedición del decreto o resolución, en especial de las atribuciones constitucionales o facultades legales del Presidente de la República;

b) La vigencia de la ley a reglamentar;

c) Listado de las disposiciones derogadas, subrogadas, modificadas, adicionadas o sustituidas, si alguno o algunos de estos efectos se produce con la expedición del decreto o resolución;

d) Cuando se vaya a reglamentar una materia o modificar la reglamentación vigente, se deberá verificar que se incluyan todos los aspectos necesarios para evitar modificaciones o correcciones posteriores que se hubieren podido prever;

e) En caso de que dentro del año inmediatamente anterior ya se hubiere reglamentado la misma materia, se deberán explicar las razones para expedir un nuevo decreto o resolución, y el impacto que ello podría tener en la seguridad jurídica de los destinatarios.

3.3. Impacto económico: en los eventos en que la naturaleza del decreto o resolución así lo amerite, deberá señalar el impacto económico el que contemplará la posibilidad de proporcionar a los destinatarios tiempo y medios suficientes para adaptarse a las nuevas condiciones que se dicten para el ejercicio de derechos y obligaciones.

3.4. Impacto presupuestal: según el caso, se deberán identificar los costos fiscales del proyecto normativo y la fuente para la financiación de dicho costo, en este caso el proyecto será conciliado con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Finalmente, cuando se requiera, deberá elaborarse un estudio de impacto ambiental y ecológico, y si llegare a ser del caso, sobre el patrimonio cultural de la Nación.

4. Verificación y memoria justificativa.

El jefe de la oficina jurídica de la entidad u organismo, deberá verificar el cumplimiento de los pasos y requisitos contemplados en la etapa previa. Realizada dicha verificación, solicitará autorización al ministro o director de departamento administrativo para iniciar la etapa de redacción del decreto o resolución.

Los insumos generados en la etapa previa, en particular el estudio de impacto normativo (ESIN), servirán no solo para la redacción del decreto o resolución sino para la elaboración de la memoria justificativa (no mayor a 5 páginas) que deberá acompañarse a todo proyecto de decreto o resolución que sea sometido a la firma del señor Presidente de la República.

CAPÍTULO III

Etapa de redacción

Después de planear el contenido y recabar la información necesaria para desarrollar las ideas generadas y convertirlas en decreto o resolución, comenzará la etapa de redacción, para lo cual resulta recomendable seguir una estructura mínima que permita materializar una secuencia idónea desde el punto de vista de la técnica normativa.

1. Estructura normativa.

Todo proyecto de decreto o resolución deberá contar con la siguiente estructura:

1.1. Encabezado.

1.2. Epígrafe.

1.3. Competencia-Atribuciones constitucionales o facultades legales.

1.4. Parte considerativa o motiva.

1.5. Parte dispositiva.

1.6. Anexos.

El contenido mínimo de cada uno de los apartados anteriores se desarrolla a continuación.

1.1. Encabezado: contendrá la denominación del acto utilizando las palabras en mayúsculas “DECRETO” o “RESOLUCIÓN”, expresión que constituye el nombre oficial del mismo y que permitirá su rápida identificación.

Seguidamente se dejará un espacio suficiente para el número y la fecha de expedición.

1.2. Epígrafe: constituye el título del decreto o resolución. Sirve para indicar el contenido o tema. El epígrafe cumplirá con la siguiente técnica normativa:

a) Indicar el objeto sobre el cual trata el contenido de la norma;

b) Corto y preciso, subsiguiente al encabezado del decreto o resolución;

c) Único para cada decreto o resolución, es decir, el título del acto debe ser diferente de los títulos de otros actos vigentes;

d) No inducir a error sobre el contenido de la parte dispositiva. Debe dar una idea lo más clara posible del contenido del acto;

e) Si el decreto o resolución incluye modificaciones de actos previos, se considerará que el título está incompleto, si no se menciona número y año de todos los actos modificados.

1.3. Competencia: seguidamente del nombre en mayúsculas del Ministerio o Departamento Administrativo que expide el decreto deberá indicarse las disposiciones de orden constitucional o legal que asignan la competencia para expedir el decreto o resolución.

Cuando se citen normas de distinta jerarquía, deberán mencionarse en primer lugar las constitucionales y luego las legales citando cronológicamente, de la más antigua a la nueva.

Si el fundamento jurídico es un cuerpo normativo (Constitución Política, Ley 489, etc.), la cita global de este se acompañará de la fórmula “y, en particular,” seguido del artículo pertinente. Ejemplo: “El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones constitucionales, y en particular, las previstas en el artículo 189, numeral 11...”.

1.4. Parte considerativa o motiva: se identificará con la palabra en mayúsculas “CONSIDERANDO”, y continúa con párrafos formados por una o por varias frases completas.

Se formula de modo no imperativo ya que no debe confundirse con la parte dispositiva.

Constituye la parte del acto que contiene la motivación y se ubica entre la competencia y la parte dispositiva. La motivación consistirá en una breve explicación de los antecedentes y las necesidades que llevaron a la elaboración del proyecto de decreto o resolución a efectos de justificar su expedición, cuando a ello haya lugar.

1.4.1. Si bien no existen fórmulas sacramentales que indiquen el contenido de la parte motiva, es recomendable que se incluyan, cuando a ello haya lugar, al menos, los siguientes puntos:

a) Exposición concisa de los elementos de hecho y de derecho que se han tomado en consideración;

b) Si resultare necesario recordar el contexto histórico del acto, el relato seguirá el orden cronológico de los hechos;

c) La justificación del contenido material del proyecto, a través de la exposición del proyecto a través de la exposición del conjunto de argumentaciones políticas, económicas, o de cualquier otra naturaleza que soporten la iniciativa;

d) Los antecedentes de las instituciones que se incluyen en el acto;

e) Los objetivos que se buscan alcanzar;

f) La valoración del impacto normativo, así como las innovaciones que introduce la propuesta;

g) Las propuestas, recomendaciones, iniciativas, proyectos, solicitudes o dictámenes solicitados;

h) Cuando la Constitución y la ley así lo ordenen, deberán realizarse las consultas en ellas señaladas, caso en el cual se indicará que se cumplió con dicho trámite, y el resultado de este;

i) Los considerandos deben guardar relación con la parte dispositiva; su orden debe corresponder en la medida de lo posible al de las decisiones que motivan;

j) No es necesario justificar individualmente cada disposición. De ser posible, se recomienda motivar la derogatoria o la supresión;

k) La conclusión de que, por lo tanto, es necesario u oportuno adoptar las medidas contempladas en la parte dispositiva.

1.4.2. Ahora, en virtud a que los considerandos han de constituir una verdadera motivación, deberán evitarse las siguientes prácticas:

a) Salvo que sea estrictamente necesario, no debe incluirse la cita de los fundamentos jurídicos del acto, los cuales deben figurar en la competencia, o la repetición del fragmento de la disposición citada como base jurídica del acto que confiere la competencia para actuar;

b) Los considerandos son inútiles o no responden a su finalidad cuando se limitan a anunciar el objeto del texto o a reproducir o incluso parafrasear sus disposiciones, sin indicar en ellos los motivos;

c) Deben rechazarse los considerandos que simplemente declaran la conveniencia de adoptar disposiciones, sin indicar las razones que las justifican;

d) Es necesario evitar que la motivación de un acto se realice, aunque solo sea parcialmente, mediante una simple remisión a la motivación de otro acto (lo que en los manuales de técnica legislativa se conoce como “motivaciones cruzadas”).

En conclusión, la parte motiva es de suma importancia para comprender el proyecto, legitimarlo y fundarlo adecuadamente para facilitar su aplicación y divulgación. Además, constituye una herramienta de singular importancia en la interpretación de la norma.

1.5. Parte dispositiva: es la parte normativa del acto. Comenzará con las palabras en mayúsculas “DECRETA” o “RESUELVE”, según se trate de decretos o resoluciones. Está compuesta de artículos agrupados eventualmente en títulos, capítulos y, si es el caso, de anexos.

La parte dispositiva se expresa en prescripciones que deben ir directamente al objetivo, esto es, la producción de efectos jurídicos, o a su creación, modificación o extinción.

La parte dispositiva de un acto vinculante no debe contener:

a) Disposiciones carentes de carácter normativo, tales como manifestaciones de deseos o declaraciones políticas;

b) Enunciados que reproduzcan o parafraseen pasajes o artículos de otras normas jurídicas o confirmen la vigencia de las mismas;

c) Disposiciones que no hacen más que anunciar el contenido de otros artículos o que no añaden nada a la norma. Una estructura de este tipo crea confusión en cuanto a la verdadera base jurídica para una medida de ejecución futura: ¿es el artículo el que contiene la referencia, o el artículo al cual se hace referencia? Ejemplo de esta mala práctica es la siguiente: “con el fin de cumplir con el objetivo de este decreto, las autoridades adoptarán las medidas previstas en el título I ibídem”;

d) Enunciados que repiten el título del acto. Incluso cuando no pueda evitarse la utilización de los términos que forman parte del título del acto (por ejemplo, en el artículo que define el objeto y el alcance del acto), es necesario que haya un valor agregado, es decir, una mayor especificación de los parámetros del texto. De lo contrario, estas disposiciones quedarían desprovistas de contenido normativo y se corre el riesgo, además, de crear una confusión en cuanto a los derechos y obligaciones consagrados por el acto.

1.5.1. Estructura de la parte dispositiva: con el propósito de lograr claridad y coherencia en la parte dispositiva, esta se redactará, en la medida de lo posible, conforme a una estructura modelo que incluya “DISPOSICIONES GENERALES” (objeto y ámbito de aplicación, cuando la comprensión de la norma así lo exija), “DISPOSICIONES PRINCIPALES” (parte sustancial y parte procedimental, según el caso) y “DISPOSICIONES FINALES” (normas transitorias, vigencias y derogatorias).

1.5.1.1. Disposiciones generales: se ubican al comienzo de la parte dispositiva y comprenden:

a) Objeto: es sobre lo que versa la norma; explica el por qué o para qué de esta. Es inútil si solo constituye una perífrasis del título. Por el contrario, puede proporcionar al destinatario elementos que no se habrán incluido en el título por un deseo de concisión, pero que le permiten comprobar, a primera vista, si el acto le afecta o no;

b) Ámbito de aplicación: designa las categorías de situaciones de hecho o de derecho y las personas o entidades a las que se aplica el acto.

1.5.1.2. Disposiciones principales: desarrollan el objeto de la norma y su forma. Se modulará en función del objetivo que se persiga y el grado de complejidad del sistema previsto. Según tales circunstancias, podría tener una parte sustancial y otra procedimental.

1.5.1.3. Disposiciones finales: deberá utilizarse un criterio restrictivo en la elaboración de la parte final. Salvo que se trate de preceptos que no puedan ubicarse en las disposiciones principales, porque perjudicarían la coherencia y unidad interna del proyecto, las disposiciones finales solo incluirán:

a) Normas transitorias: tienen como objetivo prever el tránsito de una situación jurídica dada, a una situación jurídica nueva, que es creada o modificada por virtud de la vigencia de la norma. Es necesario utilizar un lenguaje, y sobre todo mencionar fechas, que no dejen lugar a dudas respecto al período en el que la antigua normativa, o una parte de esta, siguen siendo aplicables de manera residual, una vez que el nuevo sistema haya entrado en vigencia;

b) Vigencia: indica la fecha a partir de la cual la norma integra o hace parte del ordenamiento jurídico, así como, eventualmente, el periodo en el cual será aplicable (Ej.: “Hasta el 31 de diciembre de 20__”). Salvo que la ley prevea expresamente lo contrario, el artículo final de cualquier decreto reglamentario o resolución, deberá disponer que regirá desde la fecha de su expedición, comunicación o publicación;

c) Derogatoria: es la cesación de la vigencia de la norma que se produce en virtud de una norma posterior (norma derogatoria). Cuando se trate de un acto de carácter general, se deberán indicar las disposiciones que sean derogadas, subrogadas, modificadas, adicionadas o sustituidas, si alguno de estos efectos se produce por la vigencia de la nueva norma.

Cuando se trate de una modificación el artículo correspondiente tendrá la siguiente estructura tipo:

“Artículo __ Modificación del artículo __ del decreto __ de __.

El artículo __ del decreto __ de __ quedará así:

“Artículo __. (Título). (Nuevo texto)”

En virtud del principio de jerarquía, la norma derogatoria debe ser de un rango igual o superior de la norma derogada (Ej.: un decreto reglamentario no tiene la virtualidad de derogar una ley); una norma de inferior jerarquía jamás puede prevalecer y, por tanto, tampoco derogar una norma superior;

d) Expedición y firma(s): datos de la dependencia o entidad que lo expide, nombre completo, cargo y firma del ministro o director de departamento administrativo.

1.5.2. División interna de un proyecto normativo: las partes de un texto normativo deben organizarse sistemáticamente. La parte dispositiva se subdividirá en artículos y, según su extensión y complejidad, en títulos y capítulos.

1.5.2.1. Los títulos y capítulos se identificarán con mayúsculas sostenidas centradas, se numerarán en romanos y deberán llevar título en negrilla. A manera de ejemplo se tiene:

“TÍTULO I

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO”

“CAPÍTULO I

Nivel nacional

1.5.2.2. Los artículos se enumerarán en cardinales arábigos y deberán llevar título. Tras la palabra en negrilla el cardinal arábigo, seguido de punto y un espacio, sin subrayado, ni cursiva; a continuación, en cursiva, el título del artículo en minúscula, salvo la letra inicial, y un punto final. (Ej.: “Artículo 2º. Ámbito de aplicación”).

Los criterios fundamentales para la redacción y división de un artículo son: cada artículo, un tema; cada inciso, un enunciado; cada enunciado, una idea.

Los apartes de un mismo artículo se denominan incisos, menos los que estén enumerados, los cuales se distinguen por su número y hacen parte del inciso que les precede. No es conveniente que un artículo tenga más de cuatro incisos.

En los artículos que contengan listas, conviene diferenciar cada elemento de la lista con números (numerales) o letras (literales). Tales subdivisiones, en el caso de ser necesario, iniciarán con ordinales arábigos (“1., 2., 3…”) y, excepcionalmente, cuando sea necesaria una nueva subdivisión, se identificarán los párrafos con letras minúsculas, ordenadas alfabéticamente (a), b), c)…”), sin incluir los dígrafos “ch” y “ll”.

1.6. Anexos: su utilidad consiste en que ellos contienen, elementos técnicos, guías, planos, relaciones de bienes o personas, que resulta difícil, incluir en la parte dispositiva. Si la norma lleva anexos, en la parte dispositiva deberá indicarse con claridad, en el lugar oportuno y con una remisión específica, el vínculo que existe entre las disposiciones y el anexo.

Si son varios anexos, la palabra anexo irá seguida del ordinal romano que le corresponda (I, II, III…), por ejemplo, “para el cumplimiento de lo dispuesto en este decreto (o resolución), deberán observase los requisitos del anexo I”.

Los anexos deberán ubicarse a continuación de las firmas del acto normativo.

2. Parámetros documentales.

Los proyectos de normatividad, se proyectarán de acuerdo con los siguientes parámetros o especificaciones documentales:

1. Deben elaborarse en letra Arial 12 e imprimirse en papel blanco tamaño oficio.

Tienen definidos los siguientes márgenes: superior, 3 cm; inferior, 3 cm; lateral derecho, 2 cm y, lateral izquierdo, 3 cm.

2. Deben tener impresos el Escudo de la República de Colombia y el nombre del ministerio o departamento administrativo de origen.

3. En el caso de decretos y de resoluciones debe utilizarse un marco que delimite su contenido.

4. El texto del documento debe distribuirse en forma tal que haga compatibles su óptima presentación y el ahorro de espacio y papel, con su manejo, distribución y archivo.

5. Cuando el proyecto de decreto o resolución conste de varias hojas, estas deberán numerarse bajo el formato página “x de y”, y en el encabezamiento de cada una de ellas deberá transcribirse el epígrafe en su totalidad.

6. La hoja final del documento, en la cual vaya la firma del Presidente de la República no podrá ir en blanco y deberá contener una parte sustancial del articulado, además de ir acompañada de la firma de por lo menos un ministro o director de departamento administrativo. Cuando sean varios ministros quienes suscriben el acto, se tendrá en cuenta la precedencia establecida en la Ley 790 de 2002.

7. Cuando el proyecto vaya a ser suscrito por un empleado público encargado de las funciones del despacho de un ministro o director de departamento administrativo, por ausencia temporal o definitiva del titular, deberá expresarse la denominación del cargo del cual es titular, seguida del encargo de las funciones del cargo bajo el cual actúa por encargo.

3. Reglas mínimas de redacción.

Toda norma deberá ser redactada siguiendo el principio de CLARIDAD SEMÁNTICA, en un lenguaje que sus destinatarios puedan entender, evitando que el lenguaje induzca a error.

3.1. Las normas deberán formularse de manera clara, sencilla, precisa y concisa:

a) Clara, de fácil comprensión, desprovista de equívocos; inteligible, fácil de comprender;

b) Sencilla, desprovista de elementos superfluos; expresa naturalmente los conceptos;

c) Precisa, rigurosamente exactos; no dejará lugar a dudas en el lector;

d) Concisa, brevedad y economía de medios en el modo de expresar un concepto con exactitud.

3.2. El contenido debe ser tan homogéneo como sea posible: el ámbito de aplicación debe respetarse en el conjunto del acto. Los derechos y obligaciones no deben sobrepasar el ámbito definido por dicho acto, ni extenderse a ámbitos diferentes. Los derechos y obligaciones deben ser coherentes entre sí y no contradecirse.

Un texto esencialmente temporal no debe contener disposiciones de carácter definitivo.

3.3. Deben evitarse los artículos y las frases demasiado extensos: cada artículo debe contener una única norma o regla. Su estructura debe ser lo más sencilla posible.

Las frases deben limitarse a la expresión de una única idea, mientras que el artículo agrupa un conjunto de ideas que deben tener un nexo lógico entre sí.

El texto debe contener subdivisiones fácilmente asimilables en función de la progresión del argumento, ya que un bloque de texto demasiado compacto provoca un efecto de rechazo, tanto óptico como intelectual. Esta distribución no debe dar lugar, empero, a una desmembración artificial y abusiva de la frase.

3.4. No es necesario para la interpretación, ni deseable para la claridad, que un único artículo agote todo un tema objeto de regulación. Es preferible tratar el tema por medio de varios artículos agrupados en un mismo capítulo.

3.5. Conviene evitar, sobre todo en la fase inicial de elaboración de un acto, conferir a los artículos una estructura demasiado compleja. Los proyectos y propuestas de actos serán objeto, a lo largo del proceso de adopción, de deliberaciones y negociaciones que, en la mayoría de los casos, darán lugar a más adiciones y precisiones. Las modificaciones posteriores del acto, a menudo numerosas, se incorporarán con dificultad a artículos ya sobrecargados.

3.6. Con el fin de facilitar la comprensión y la interpretación de un acto normativo, es necesario velar por la coherencia del texto. Hay que distinguir entre la coherencia formal que se refiere únicamente a los aspectos de la terminología, y la coherencia en cuanto al fondo en sentido más amplio, que se refiere a la lógica del conjunto del acto.

3.6.1. Coherencia formal:

3.6.1.1. La coherencia terminológica significa que es necesario utilizar los mismos términos para expresar los mismos conceptos y que no deben utilizarse términos idénticos para expresar conceptos diferentes. El objetivo consiste en eliminar toda ambigüedad, contradicción o duda en cuanto al significado de un concepto. Por tanto, el mismo término debe utilizarse de manera uniforme para decir la misma cosa, debiendo elegirse otro término para expresar un concepto diferente.

3.6.1.2. Es necesario emplear los términos en su acepción usual. Si una misma palabra tiene un sentido diferente en el lenguaje jurídico y en el lenguaje corriente o técnico, la frase debe redactarse de modo que se evite cualquier equívoco.

3.6.2. Coherencia en cuanto al fondo:

3.6.2.1. El contenido del propio acto no debe contener contradicciones.

3.6.2.2. Las definiciones deben respetarse en el conjunto, por lo que hay que utilizar las definiciones de manera uniforme y el contenido no debe apartarse de las definiciones dadas.

3.7. En atención a que el castellano es el idioma oficial de la República de Colombia, los elementos lingüísticos que se usarán para la redacción de las normas corresponderán a ese idioma.

CAPÍTULO IV

Etapa de publicidad, revisión y consulta

1. Publicidad.

Los ministerios y departamentos administrativos deberán tener a disposición del público a través de medios impresos o electrónicos de que dispongan, o por correo, la información sobre proyectos específicos de regulación antes de su expedición.

Sin perjuicio del uso de los demás medios que se consideren necesarios para dar a conocer el proyecto a los sectores interesados, el respectivo texto deberá estar disponible en la sede electrónica del ministerio o departamento administrativo interesado en expedir el decreto o resolución.

2. Revisión.

Los proyectos de decreto y resolución, aunque su texto esté muy bien redactado, debe ser sujeto a varias revisiones. La finalidad que persigue esta etapa será variada: depurar el contenido, organizar mejor las ideas, simplificar las oraciones, precisar la información, corregir la ortografía o eliminar errores.

Será responsabilidad de la oficina jurídica de cada ministerio o departamento administrativo, revisar los proyectos de decreto y resoluciones de carácter general que deban someterse a la firma del señor Presidente de la República, antes de su remisión a la secretaría jurídica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

La remisión del proyecto deberá realizarla el secretario general del ministerio o el director de departamento administrativo. Una vez el proyecto ha sido radicado en la secretaría jurídica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República esta podrá hacer las observaciones e indicar las modificaciones a que hubiere lugar.

Salvo casos de urgencia o necesidad debidamente justificados o en los eventos de estados de excepción, el proyecto que no reúna los requisitos establecidos en el decreto y en su manual anexo o que no esté acompañado de la memoria, estudios técnicos o anexos necesarios en cada caso, será devuelto por la secretaría jurídica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República al ministerio o departamento administrativo que elaboró el proyecto para que se hagan los ajustes del caso o se adicione la información que corresponda.

3. Consulta.

Cuando la Constitución o la ley así lo ordenen, deberán realizarse las consultas en ellas señaladas, caso en el cual el proyecto de decreto o resolución deberá acompañarse también de la constancia que acredite que se ha cumplido dicho trámite.

Cumplidas las etapas previstas en este manual y si así lo estima pertinente el ministro o director del departamento administrativo responsable, podrá elevarse ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, consulta sobre el contenido del proyecto o sus alcances.

CAPÍTULO V

Etapa de expedición

La publicidad no solo es principio rector del estado social de derecho, sino de la función administrativa, el cual permite a las personas el conocimiento de los actos de los órganos y autoridades estatales.

Igualmente, la certeza y seguridad jurídicas exigen que las personas puedan conocer, no solo de la existencia y vigencia de los mandatos dictados por dichos órganos y autoridades estatales, sino, en especial, del contenido de las decisiones por ellos adoptadas, para lo cual, su expedición, comunicación o publicación se constituye en los presupuestos básicos de su vigencia y oponibilidad, mediante los instrumentos creados con tal fin.

CAPÍTULO VI

Archivo

Los antecedentes y memorias utilizados en la preparación de los proyectos deberán ser archivados por cada entidad con el fin de disponer de documentación organizada que permita la recuperación de la información institucional, su uso en el servicio al ciudadano y como fuente de las decisiones adoptadas.

(Nota: Véase Decreto 1609 de 2015 artículo 2° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ANEXO 2

Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano

D1081 2015 anexo 2 grafico 1
 

Presidencia de la República

Juan Manuel Santos Calderón

Presidente

Juan Mesa Zuleta

Secretario General

Carlos Fernando Galán Pachón

Secretario de Transparencia

Dirección y elaboración

Albert Cuesta Gómez

Martha Ligia Ortega Santamaría

Secretaría de Transparencia

Departamento Nacional de Planeación

Mauricio santa María Salamanca

Director

Juan Carlos Acevedo

Lina María Moncaleano Cuéllar

Programa Nacional de Servicio al Ciudadano

Mauricio Solano Calderón

Dirección de Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas

Departamento Administrativo de la Función Pública

Elizabeth Rodríguez Taylor

Directora

Myriam Cubillos Benavides

William Pulido Trujillo

Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites

Colaboradores

Presidencia de la República

María Lorena Gutiérrez Botero

Alta Consejera Presidencial para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa

Cristina Triana Soto

Alta Consejería Presidencial para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa

Con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito

Área de Justicia y Seguridad

Contenido

I. Introducción

II. Objetivo y alcance

III. Metodología de diseño

1. Aspectos generales

2. Componentes del plan

Primer componente: metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo

a) Identificación de riesgos de corrupción

b) Análisis del riesgo: probabilidad de materialización de los riesgos de corrupción

c) Valoración del riesgo de corrupción

d) Política de administración de riesgos de corrupción

e) Seguimiento de los riesgos de corrupción

f) Mapa de riesgos de corrupción

Segundo componente: estrategia antitrámites

a) Lineamientos generales

Fase 1-Identificación de trámites

Fase 2-Priorización de trámites a intervenir

Fase 3-Racionalización de trámites

Fase 4-Interoperabilidad

b) Beneficios de la implementación de las fases de racionalización

c) Experiencias exitosas en materia de racionalización de trámites

Tercer componente: rendición de cuentas

a) Componentes

b) La rendición de cuentas. Consideraciones

c) Ruta de la rendición de cuentas

Cuarto componente: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

a) Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano

b) Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos

c) Fortalecimiento de los canales de atención

IV. Estándares para la atención de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos

a) Definiciones

b) Gestión

c) Seguimiento

d) Control

e) Veedurías ciudadanas

V. Consolidación, segumiento y control

VI. Recomendaciones generales

a) Gobierno en línea

b) Visibilización de los pagos

c) Publicación de la gestión contractual

d) Gestión documental

“No estamos condenados a destapar indefinidamente ‘ollas podridas’ de corrupción. Podemos y debemos prevenirlas. Para lograrlo necesitamos herramientas eficaces e innovadoras de prevención y detección así como el concurso y compromiso de todas las entidades del Estado y de todos los servidores públicos”.

Carlos Fernando Galán Pachón

La herramienta “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano” es un instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión, su metodología incluye cuatro componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio. El primero de ellos hace énfasis en la metodología del mapa de riesgos de corrupción. Para los demás componentes se deben tener en cuenta los lineamientos dados por las normas y entidades rectoras de las diferentes políticas.

El diseño de la metodología para la elaboración del mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos desarrollada en el primer componente, tomó como punto de partida los lineamientos impartidos por el modelo estándar de control interno, MECI, contenidos en la metodología de administración de riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública. Sin embargo, desarrolla en forma diferente algunos de sus elementos, en el entendido que un acto de corrupción es inaceptable e intolerable y requiere de un tratamiento especial.

Como elemento fundamental para cerrar espacios propensos para la corrupción, en el segundo componente se explican los parámetros generales para la racionalización de trámites en las entidades públicas. Esta política viene siendo liderada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, a través de la dirección de control interno y racionalización de trámites y las altas consejerías para el buen gobierno y la eficiencia administrativa y para la gestión pública y privada.

Conocedores de la necesidad de brindar espacios para que la ciudadanía participe, sea informada de la gestión de la administración pública y se comprometa en la vigilancia del quehacer del Estado, se incluye en el tercer componente la rendición de cuentas. Su inclusión en el plan se fundamenta en la importancia de crear un ambiente de empoderamiento de lo público y de corresponsabilidad con la sociedad civil. De esta forma se beneficia la transparencia en el accionar del Estado y se recupera la confianza en las instituciones. Esta estrategia es coordinada por la Dirección de seguimiento y evaluación a políticas públicas del Departamento Nacional de Planeación.

En el cuarto componente se abordan los elementos que deben integrar una estrategia de servicio al ciudadano, indicando la secuencia de actividades que deben desarrollarse al interior de las entidades para mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios que se ofrecen a los ciudadanos y garantizar su satisfacción. Esta estrategia es coordinada por el Departamento Nacional de Planeación, a través del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano.

Así mismo, en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, se establecen los estándares que como mínimo deben tener las dependencias encargadas de gestionar las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de las entidades públicas.

Además de los cuatro componentes señalados, esta metodología incluye recomendaciones generales que invitan a las entidades a incorporar dentro de su ejercicio de planeación estrategias encaminadas al fomento de la participación ciudadana, y a la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración pública.

Presentar una metodología estándar para la formulación, seguimiento y control del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, que contiene la estrategia señalada en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011(1).

Esta metodología debe ser aplicada por todas las entidades del orden nacional, departamental y municipal.

En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la secretaría de transparencia de la Presidencia de la República, en coordinación con la dirección de control interno y racionalización de trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, el programa nacional del servicio al ciudadano y la dirección de seguimiento y evaluación a políticas púbicas del Departamento Nacional de Planeación, ha diseñado la metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, que debe ser implementada por todas las entidades del orden nacional, departamental y municipal.

Anualmente debe elaborarse dicha estrategia, que contendrá, entre otras: (i) el mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos, (ii) las medidas antitrámites, (iii) la rendición de cuentas y (iv) los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Adicionalmente, las entidades pueden incluir las iniciativas que consideren necesarias en su estrategia de lucha contra la corrupción.

Resulta pertinente resaltar que los componentes incluidos en el presente documento gozan de metodologías propias para su implementación. La aplicación de las iniciativas incluidas en las estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, no implican para las entidades realizar actividades diferentes a las que ya vienen ejecutando en desarrollo de dichas políticas.

Cada responsable o jefe de las diferentes áreas o líderes de los procesos al interior de las entidades, debe elaborar el mapa de riesgos de corrupción, estructurar las medidas para controlarlos, evitarlos y realizar el seguimiento a la efectividad de dichas acciones. La consolidación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, estará a cargo de la oficina de planeación de las entidades o quien haga sus veces, la cual además servirá de facilitadora para todo el proceso de elaboración del mismo. Por su parte, el jefe de control interno o quien haga sus veces es el encargado de verificar y evaluar la elaboración, visibilización, el seguimiento y control del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.

El plan anticorrupción y de atención al ciudadano está contemplado en el modelo integrado de planeación y gestión, que articula el quehacer de las entidades, mediante los lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional y sectorial.

2. Componentes del plan.

Primer componente: metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo

Este componente establece los criterios generales para la identificación y prevención de los riesgos de corrupción de las entidades, permitiendo a su vez la generación de alarmas y la elaboración de mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos.

El referente para la construcción de la metodología del mapa de riesgos de corrupción, lo constituye la Guía del Departamento Administrativo de la Función Pública. Sin embargo, la metodología que aquí se presenta se aparta de dicha guía en algunos de sus elementos. Las categorías establecidas en el impacto de la guía no se tienen en cuenta para la presente metodología, toda vez que la materialización de los riesgos de corrupción es inaceptable e intolerable. Los riesgos de corrupción siempre serán de único impacto. Así mismo, en la probabilidad de materialización únicamente se consideran dos criterios.

A. Identificación de riesgos de corrupción.

i. Riesgo de corrupción.

Se entiende por riesgo de corrupción la posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.

ii. Establecer las causas.

Es necesario identificar las debilidades (factores internos) y las amenazas (Factores externos) que pueden influir en los procesos y procedimientos que generan una mayor vulnerabilidad frente a riesgos de corrupción.

Se busca de manera general “identificar un conjunto sistemático de situaciones que por sus características, pueden originar prácticas corruptas”(2), asociándolas a cada uno de los procesos y procedimientos de la respectiva entidad. Para el efecto, pueden utilizarse diferentes fuentes de información, como los registros históricos o informes de años anteriores y en general toda la memoria institucional. De igual forma, es conveniente analizar los hechos de corrupción presentados en procesos similares de otras entidades.

ii. Descripción del riesgo de corrupción.

Una vez identificadas las causas, se define el riesgo de corrupción del proceso o, procedimiento, según sea el caso. El riesgo debe estar descrito de manera clara, sin que su redacción dé lugar a ambigüedades o confusiones con la causa generadora de los mismos.

A manera de ilustración se señalan algunos de los procesos y procedimientos susceptibles de actos de corrupción, a partir de los cuales la entidad podrá identificar sus riesgos de corrupción. Estos necesariamente no serán los únicos que se tengan en cuenta, por lo que cada entidad deberá contemplar en el análisis aquellos procesos que en su quehacer resulten propensos a la corrupción:

• Direccionamiento estratégico (alta dirección).

— Concentración de autoridad o exceso de poder.

— Extralimitación de funciones.

— Ausencia de canales de comunicación.

— Amiguismo y clientelismo.

• Financiero (está relacionado con áreas de planeación y presupuesto).

— Inclusión de gastos no autorizados.

— Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración.

— Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de inversión.

— Archivos contables con vados de información.

— Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica.

• De contratación (como proceso o los procedimientos ligados a este).

— Estudios previos o de factibilidad superficiales.

— Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación (estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma en particular).

— Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.

— Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que permiten a los participantes direccionar los procesos hacia un grupo en particular, como la media geométrica.

— Restricción de la participación a través de visitas obligatorias innecesarias, establecidas en el pliego de condiciones.

— Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados.

— Urgencia manifiesta inexistente.

— Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función.

— Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal.

— Contratar con compañías de papel, las cuales son especialmente creadas para participar en procesos específicos, que no cuentan con experiencia, pero sí con músculo financiero.

• De información y documentación.

— Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.

— Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.

— Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública.

— Deficiencias en el manejo documental y de archivo.

• De investigación y sanción.

— Fallos amañados.

— Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo.

— Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación.

— Exceder las facultades legales en los fallos.

— Soborno (cohecho).

• De actividades regulatorias.

— Decisiones ajustadas a intereses particulares.

— Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).

— Soborno (cohecho).

• De trámites y/o servicios internos y externos.

— Cobro por realización del trámite, (concusión).

— Tráfico de influencias (amiguismo, persona influyente).

— Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad.

• De reconocimiento de un derecho, como la expedición de licencias y/o permisos.

— Cobrar por el trámite (concusión).

— Imposibilitar el otorgamiento de una licencia o permiso.

— Ofrecer beneficios económicos para acelerar la expedición de una licencia o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales.

— Tráfico de influencias (amiguismo, persona influyente).

B. Análisis del riesgo: probabilidad de materialización de los riesgos de corrupción.

El análisis del riesgo busca determinar el grado en el cual se puede materializar un evento. Teniendo en cuenta la guía para la administración del riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública, para la probabilidad de materialización de los riesgos de corrupción se considerarán los siguientes criterios: (i) Casi seguro: se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias y (ii) Posible: el evento puede ocurrir en algún momento.

En la terminología de gestión del riesgo, “la probabilidad hace referencia a la oportunidad de que algo suceda, medido o determinado de manera objetiva (basado en datos y hechos históricos) o subjetiva (bajo criterios de experiencia o experticia de quien analiza), utilizando términos generales o matemáticos (como la probabilidad numérica) o la frecuencia en un período de tiempo determinado”(3). Se busca por lo tanto determinar el grado en el cual se puede materializar un evento.

En cuanto al impacto o consecuencia, este se refiere al “resultado de un evento que afecta los objetivos. Un evento puede generar un rango de consecuencias, las cuales se pueden expresar cualitativa o cuantitativamente. Las consecuencias iniciales pueden escalar a través de efectos secundarios”(4). Para el análisis propuesto, el impacto de la materialización de un riesgo de corrupción es único, por cuanto lesiona la imagen, la credibilidad, la transparencia y la probidad de las entidades y del Estado, afectando los recursos públicos, la confianza y el cumplimiento de las funciones de la administración, siendo por tanto inaceptable la materialización de un riesgo de corrupción.

C. Valoración del riesgo de corrupción.

Una vez identificados los riesgos de corrupción, la entidad debe establecer los controles teniendo en cuenta: (i) Controles preventivos, que disminuyen la probabilidad de ocurrencia o materialización del riesgo; y (ii) Controles correctivos, que buscan combatir o eliminar las causas que lo generaron, en caso de materializarse.

En relación con los controles se debe llevar un registro para su valorización basados en la Guía para la administración del riesgo (DAFP-2011)(5), se presenta el siguiente modelo para ser implementado por las entidades (ver cuadro 1):

Cuadro 1. Valoración de riesgos de corrupción.

Valoración del riesgo de corrupción
Controles CriteriosCumplimiento
DescripciónPreventivoCorrectivoCriterio de mediciónNo
   Existe(n) herramienta(s) de control.  
   Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.  
   En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.  

De acuerdo al resultado del análisis efectuado al control que se haya propuesto, el responsable del proceso deberá determinar si es pertinente o si requiere del establecimiento de controles adicionales o complementarios, con el fin de evitar o prevenir el riesgo.

D. Política de administración de riesgos de corrupción.

La política de administración de riesgos es el conjunto de “actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo”(6). Esta política debe estar alineada con la planificación estratégica de la entidad, con el fin de garantizar de forma razonable la eficacia de las acciones planteadas frente a los posibles riesgos de corrupción identificados.

Para los riesgos de corrupción, las acciones que debe tener en cuenta la alta dirección para su administración son:

Evitar el riesgo: “Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas”(7).

Reducir el riesgo: implica tomar medidas encaminadas a disminuir la probabilidad (medidas de prevención). “La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles”(8).

En este orden de ideas, es necesario que dentro del mapa institucional y de la política de administración del riesgo de la entidad, se contemplen los riesgos de posibles actos de corrupción, para que a partir de ahí se realice un monitoreo a los controles establecidos para los mismos. Esto con el fin de garantizar la toma de decisiones oportunas desde el nivel más alto de la organización mediante la coordinación de actividades tendientes a reducirlos y evitarlos, y que a la vez se establezcan los responsables acorde con los procesos y procedimientos susceptibles de riesgos de corrupción en la entidad.

Para estos efectos, se debe tener en cuenta la política general de administración de riesgos, que según los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, contempla: (i) los objetivos que se esperan lograr; (ii) las estrategias para establecer cómo se va a desarrollar las políticas, a largo, mediano y corto plazo; (iii) los riesgos que se van a controlar; (iv) las acciones a desarrollar contemplando el tiempo, los recursos, los responsables y el talento humano requerido y (v) el seguimiento y evaluación a la implementación y efectividad de las políticas(9).

E. Seguimiento de los riesgos de corrupción.

Teniendo en cuenta que la dinámica en la cual se desenvuelve la corrupción puede variar y en algunos casos sofisticarse, dificultando o incluso impidiendo su detección, es necesario que permanentemente se revisen las causas del riesgo de corrupción identificado. En este sentido las entidades deberán realizar seguimiento a los mapas de riesgo por los menos tres (3) veces al año, esto es con corte a abril 30, agosto 31 y diciembre 31.

Una vez realizado el proceso para identificar los riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos, se elabora el mapa de riesgos de corrupción de la respectiva entidad. A continuación se presenta el modelo que deben elaborar las entidades.

Cuadro 2. Formato mapa de riesgos.

Mapa de riesgos de corrupción
Entidad:
Misión:
IdentificaciónAnálisis Medidas de mitigación Seguimiento
Proceso y objetivoCausasRiesgoProbabilidad de materializaciónValoraciónAdministración del riesgo AccionesResponsableIndicador
Descripción Tipo de control
          
          
          
          

Segundo componente: estrategia antitrámites

La política de racionalización de trámites del Gobierno Nacional es liderada por el Departamento Administrativo de la Función Pública; busca facilitar el acceso a los servicios que brinda la administración pública. Cada entidad debe simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, así como acercar al ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. No cabe duda de que los trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios afectan la eficiencia, eficacia y transparencia de la administración pública.

En efecto, a mayor cantidad de trámites y de actuaciones, aumentan las posibilidades de que se presenten hechos de corrupción. Se pretende por lo tanto, entre otras cosas, eliminar factores generadores de acciones tendientes a la corrupción, materializados en exigencias absurdas e innecesarias, cobros, demoras injustificadas, etc.

Así las cosas, una estrategia de lucha contra la corrupción debe incluir, como eje fundamental, mecanismos encaminados a la racionalización de trámites, que permitan:

• Respeto y trato digno al ciudadano, rompiendo el esquema de desconfianza para con el Estado.

• Contar con mecanismos y herramientas que restablezcan la presunción de la buena fe.

• Facilitar la gestión de los servidores públicos.

• Mejorar la competitividad del país.

• Construir un Estado moderno y amable con el ciudadano.

A. Alineamientos generales.

Para cumplir con la política de racionalización de trámites adelantada por el Departamento Administrativo de la Función pública, se hace necesario resaltar la importancia que tiene dentro del proceso de implementación de esta política el desarrollo de las fases propuestas para a estrategia antitrámites.

Identificación de trámites: se identifican los elementos que integran los trámites y procedimientos administrativos, con el fin de evaluar a pertinencia, importancia y valor agregado para el usuario(10), posteriormente se registran en el SUIT. El resultado es un inventario de trámites y un registro en el sistema único de información de trámites, SUIT.

Actividades a adelantar:

Revisión de los procesos: consiste en la identificación de trámites y procedimientos administrativos. Los procesos comúnmente utilizados son: estratégicos, misionales, de apoyo/operativos y los de evaluación/seguimiento. Los trámites o procedimientos administrativos a identificar se ubican dentro de los procesos misionales.

Un trámite, o procedimiento administrativo regulado, debe cumplir las siguientes condiciones:

— Una actuación del usuario (entidad o ciudadano —persona natural o jurídica—).

— Tiene soporte normativo.

— El usuario ejerce un derecho o cumple una obligación.

Análisis normativo: consiste en realizar un riguroso análisis jurídico de los soportes legales de cada trámite, para evitar futuras reclamaciones o demandas, que puedan afectar el proceso de racionalización de trámites de la entidad(11). Una vez identificadas las normas reguladoras de los trámites de la entidad, se puede establecer el inventario de trámites que deben ser inscritos en el SUIT(12).

El artículo 40 del Decreto-Ley 19 de 2012 dispone que sin perjuicio de las exigencias generales de publicidad de los actos administrativos, para que un trámite o requisito sea oponible y exigible al particular, deberá encontrarse inscrito en el sistema único de información de trámites, SUIT, al Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP, le corresponde verificar que el trámite cuente con el respectivo soporte legal.

Priorización de trámites a intervenir: a partir de la información recopilada en el inventario de trámites, se identifican aquellos que requieren mejorarse para garantizar la efectividad institucional y la satisfacción del usuario. El objetivo de esta fase es priorizar los trámites que requieran intervención. El resultado es un cronograma de actividades.

Actividades a adelantar:

Diagnóstico de los trámites a intervenir: para tal efecto se propone tener en cuenta los factores internos y externos que inciden en la realización de los trámites, dentro de los cuales se señalan los siguientes criterios:

Factores internos:

Complejidad: excesivo número de pasos y requisitos o documentos innecesarios exigibles al ciudadano.

Costo: cantidad excesiva de recursos que invierte la entidad para la ejecución del trámite.

Tiempo: mayor duración entre la solicitud y la entrega del bien o servicio.

Factores externos:

Pago: cobros innecesarios al usuario para la realización del trámite.

PQR: análisis de las peticiones, quejas, y reclamos presentadas por los usuarios durante la ejecución del trámite.

Auditorías: hallazgos o acciones de mejora encontrados en los resultados de las auditorías tanto internas como externas.

Consulta ciudadana: mecanismo de participación democrática por medio del cual los usuarios exponen sus percepción o criterio frente al desarrollo de los trámites objeto de intervención, con el propósito de establecer un diagnóstico de la prestación de los servicios permitiendo así la búsqueda de soluciones conjuntas e incentivar la participación de la ciudadanía en las actividades públicas.

Racionalización de trámites: la racionalización es el proceso que permite reducir los trámites, con el menor esfuerzo y costo para el usuario, a través de estrategias jurídicas, administrativas o tecnológicas que implican: simplificación, estandarización, eliminación, automatización, adecuación o eliminación normativa, optimización del servicio, interoperabilidad de información pública y procedimientos administrativos orientados a facilitar la acción del ciudadano frente al Estado. El resultado es la optimización de trámites.

Actividades a adelantar:

Simplificación: aplicación de estrategias efectivas en los trámites, para que estos sean simples, eficientes, directos y oportunos; comprende actividades tales como:

— Reducción de costos operativos en la entidad.

— Reducción de costos para el usuario.

— Reducción de documentos.

— Reducción de requisitos.

— Reducción del tiempo de duración del trámite.

— Reducción de pasos al usuario y del proceso interno.

Estandarización: la administración pública debe establecer trámites equivalentes frente a pretensiones similares que pueda presentar una persona ante diferentes autoridades. Corresponde al Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP, velar por la estandarización de los trámites y su cumplimiento se verificará con el registro de los trámites en el sistema único de información de trámites y procedimientos-SUIT.

Eliminación: implica la supresión de todos aquellos trámites, requisitos, documentos y pasos que cuestan tiempo y energía a la gente, y son inútiles para el Estado y engorrosos para el ciudadano. El trámite se elimina por carecer de finalidad pública y de soporte legal.

Optimización: conjunto de actividades o iniciativas que permiten mejorar la satisfacción del usuario, entre otros, a través de:

— Modernización en las comunicaciones.

— Relaciones entre entidades.

— Aumento de puntos de atención.

— Reducir tiempo en puntos de atención.

— Consultas entre áreas o dependencias de la entidad.

— Seguimiento del estado del trámite por internet y teléfonos móviles.

Automatización: es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, para apoyar y optimizar los procesos que soportan los trámites. Así mismo, permite la modernización interna de la entidad mediante la adopción de herramientas tecnológicas (hardware, software y comunicaciones), que conllevan a la agilización de los procesos.

Interoperabilidad: la definición de interoperabilidad se toma del documento marco de interoperabilidad de gobierno en línea versión 2010. “Interoperabilidad es el ejercicio de colaboración entre organizaciones para intercambiar información y conocimiento en el marco de sus procesos de negocio, con el propósito de facilitar la entrega de servicios en línea a ciudadanos, empresas y a otras entidades”(13). Los resultados de la interoperabilidad se deben reflejar en intercambio de información por parte de las entidades, mediante mecanismos tales como web services, cadenas de trámites y/o ventanillas únicas.

El programa gobierno en línea identifica los siguientes escenarios de interoperabilidad:

— Escenario 1: necesidad de modernizar procesos interinstitucionales.

— Escenario 2: la entidad requiere información de otra entidad.

— Escenario 3: solicitud de otras entidades para compartir información.

— Escenario 4: desarrollo o mantenimiento de una nueva solución informática.

— Escenario 5: obtener voluntad política para el intercambio de información.

— Escenario 6: aumento inesperado en la cantidad de información que debe intercambiar la entidad.

Para cada uno de los escenarios anteriormente planteados la Guía de uso del marco interoperabilidad de GEL da lineamientos a las entidades de las acciones a seguir.

B. Beneficios de la implementación de las fases de racionalización.

• Disminución de tiempos muertos, contactos innecesarios del ciudadano con la entidad y costos para el ciudadano.

• Condiciones favorables para realizar el trámite al visitante.

• Disminución de tramitadores y/o terceros que se beneficien de los usuarios del trámite.

• Incremento de niveles de seguridad para los ciudadanos y para los funcionarios de la entidad.

C. Experiencias exitosas en materia de racionalización de trámites.

La política de racionalización de trámites ha facilitado la realización de las siguientes actuaciones en el orden nacional:

• Eliminación de la presentación de certificado de supervivencia para el cobro de pensiones. Las entidades de la seguridad social que requieran verificar la fe de vida (supervivencia) de una persona podrán hacerlo a través de la página web del Ministerio de Salud y Protección Social.

• Eliminación de la doble matrícula de los vehículos automotores que han sido rematados o adjudicados por la DIAN. Para estos casos, se prevé un traspaso de la propiedad que tendrá como soporte documental el acta de adjudicación reduciendo tiempo y costos en este tipo de transacciones.

• Prohibición de la exigencia de la presentación de documentos físicos como el SOAT, la revisión técnico mecánica, la existencia de comparendos por la comisión de infracciones de tránsito, entre otros, los cuales han sido migrados al sistema RUNT por quienes generan la información. De esta manera se reducen los costos y demoras injustificadas en los trámites del RUNT.

• Para el orden territorial, se podrían eliminar los certificados de permiso de ocupación, de residencia y nomenclatura, toda vez que los datos de estos registros públicos se pueden consultar internamente por las entidades que los solicitan. Se evita de esta manera el desplazamiento de los ciudadanos y se contribuye a la política de cero papel.

Tercer componente: rendición de cuentas.

El documento Conpes 3654 del 12 de abril de 2010 señala que la rendición de cuentas es una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno(14).

Más allá de ser una práctica periódica de audiencias públicas, la rendición de cuentas a la ciudadanía debe ser un ejercicio permanente que se oriente a afianzar la relación Estado-ciudadano. Por su importancia, se requiere que las entidades elaboren anualmente una estrategia de rendición de cuentas y que la misma se incluya en las estrategias del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.

De conformidad con el artículo 78 del estatuto anticorrupción todas las entidades y organismos de la administración pública deben rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía. Los lineamientos y contenidos de metodología serán formulados por la comisión interinstitucional para la implementación de la política de rendición de cuentas creada por el Conpes 3654 de 2010.

A continuación se señalan los lineamientos generales contenidos en el mencionado documento Conpes:

A. Componentes:

i. Información: está dada en la disponibilidad, exposición y difusión de datos, estadísticas, informes, etc., de las funciones de la entidad y del servidor. Abarca desde la etapa de planeación hasta la de control y evaluación.

ii. Diálogo: se refiere a: (i) la justificación de las acciones; (ii) presentación de diagnósticos e interpretaciones; y (iii) las manifestaciones de los criterios empleados para las decisiones. Envuelve un diálogo y la posibilidad de que otros actores incidan en las decisiones.

iii. Incentivos o sanciones: son las acciones que refuerzan los comportamientos de los servidores públicos hacia la rendición de cuentas; así mismo, los medios correctivos por las acciones de estímulo por el cumplimiento o de castigo por el mal desempeño.

B. La rendición de cuentas, consideraciones:

• Se estructura como un proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del diálogo”(15).

• Se convierte en un instrumento que implica la obligación de informar y el derecho de ser informado, es un proceso permanente y una relación de doble vía entre el gobierno, los ciudadanos y los actores interesados en los resultados y en la gestión pública”(16).

• No debe ni puede ser un evento periódico, unidireccional, de entrega de resultados, sino que por el contrario tiene que ser un proceso continuo y bidireccional, que genere espacios de diálogo entre el Estado y los ciudadanos sobre los asuntos públicos. Implica un compromiso en doble vía: los ciudadanos conocen el desarrollo de las acciones de la administración nacional regional y local, y el Estado explica el manejo de su actuar y su gestión. Siendo así, se invita a las entidades públicas para que realicen acciones orientadas a involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones y en la rendición de cuentas.

• Debe ser permanente y contener información comprensible, actualizada, oportuna, disponible y completa.

C. Ruta de la rendición de cuentas:

D1081 2015 anexo 2 grafico 2
 

Cuarto componente: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Este componente es liderado por el programa nacional de servicio al ciudadano del Departamento Nacional de Planeación, como ente rector de la Política Nacional de Servicio al Ciudadano, la cual busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la administración pública y satisfacer las necesidades de la ciudadanía.

En concordancia con los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación, se recomienda que las entidades de la administración pública incluyan en sus planes institucionales, una línea estratégica para la gestión del servicio al ciudadano, de modo que las actividades puedan ser objeto de financiación y seguimiento y no se diseñen formatos adicionales para tal fin.

Es importante tener en cuenta que las actividades planteadas y su implementación deberán ser adaptadas de acuerdo con las características de cada sector o entidad.

A continuación se señalan los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano:

A. Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano.

• Definir y difundir el portafolio de servicios al ciudadano de la entidad.

• Implementar y optimizar:

— Procedimientos internos que soportan la entrega de trámites y servicios al ciudadano.

— Procedimientos de atención de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de acuerdo con la normatividad.

• Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la entidad.

• identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la atención adecuada y oportuna.

• Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información actualizada sobre:

— Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos.

— Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad.

— Tiempos de entrega de cada trámite o servicio.

— Requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones o ejercer sus derechos.

— Horarios y puntos de atención.

— Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo.

• Establecer procedimientos, diseñar espacios físicos y disponer de facilidades estructurales para la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores.

B. Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos.

• Desarrollarlas competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores públicos, mediante programas de capacitación y sensibilización.

• Generar incentivos a los servidores públicos de las áreas de atención al ciudadano.

C. Fortalecimiento de los canales de atención.

• Establecer canales de atención que permitan la participación ciudadana.

• Implementar protocolos de atención al ciudadano.

• Implementar un sistema de turnos que permita la atención ordenada de los requerimientos de los ciudadanos.

• Adecuar los espacios físicos de acuerdo con la normativa vigente en materia de accesibilidad y señalización.

• Integrar canales de atención e información para asegurar la consistencia y homogeneidad de la información que se entregue al ciudadano por cualquier medio.

IV. Estándares para la atención de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos

A continuación se desarrollan los parámetros básicos que deben cumplir las dependencias encargadas de la gestión de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de las entidades públicas, para el cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011; estos parámetros se han desarrollado de manera coordinada con la programa nacional de servicio al ciudadano, el programa de gobierno en línea y el Archivo General de la Nación.

A. Definiciones.

Petición: es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener su pronta resolución(17).

Queja: es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula una persona en relación con una conducta que considera irregular de uno o varios servidores públicos en desarrollo de sus funciones(18).

Reclamo: es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la prestación indebida de un servicio o a la falta de atención de una solicitud(19).

Sugerencia: es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la gestión de la entidad.

Denuncia: es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una conducta posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa-sancionatoria o ético profesional.

Es necesario que se indiquen las circunstancias de tiempo modo y lugar, con el objeto de que se establezcan responsabilidades.

Deber de denunciar: es deber de toda persona denunciar a la autoridad competente las conductas punibles de que tenga conocimiento. Para los servidores públicos tiene connotación constitutiva de infracción de conformidad con el artículo 6º de la Constitución Política.

Recepción: con el fin de asegurar la existencia de un registro y número de radicado único de las comunicaciones, se debe facilitar el control y el seguimiento de los documentos. Las actividades de recepción radicación y registro de documentos las deben realizar únicamente las dependencias de correspondencia o quien haga sus veces(20).

— La entidad deberá disponer de un enlace de fácil acceso, en su página web, para la recepción de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias, de acuerdo con los parámetros establecidos por el Programa Gobierno en Línea (www.goviernoenlinea.gov.co).

— Diseñar formatos electrónicos que faciliten la presentación de peticiones, quejas, reclamos y denuncias por parte de los ciudadanos.

— Construir un sistema de registro ordenado de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias.

— Informar a la ciudadanía sobre los medios de atención con los que cuenta la entidad para recepción de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de actos de corrupción.

Oficina, dependencia o entidad competente: en toda entidad pública deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen en relación con el cumplimiento de la misión de la entidad.

Consideraciones generales: las dependencias encargadas de la gestión de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos deberán cumplir con los términos legales: toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante este, entre otras actuaciones, se podrá solicitar el reconocimiento de un derecho o que se resuelva una situación jurídica, que se le preste un servicio, que se le entregue información, se le permita consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.

Conforme al artículo 14 de la Ley 1437 de 2011(21), los términos para resolver son:

— Para cualquier petición: 15 días siguientes a la recepción.

— Para la petición de documentos: 10 días siguientes a la recepción.

— Consultas de materias a su cargo: 30 días siguientes a la recepción.

Peticiones entre autoridades: 10 días siguientes a la recepción.

El servidor público que conozca de la comisión de una conducta punible que deba investigarse de oficio, iniciará la investigación, si tuviere competencia. De lo contrario, pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad competente(22).

NOTA: Las denuncias por actos de corrupción que reciban las entidades públicas deben ser trasladadas al competente. Al ciudadano se le informará del trasladado, sin perjuicio de las reservas de ley.

C. Seguimiento.

Es necesario:

i. Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, título V gestión de documentos, implementando un programa de gestión documental que permita hacer seguimiento a la oportuna respuesta de los requerimientos de los ciudadanos y a la trazabilidad del documento al interior de la entidad.

ii. Crear mecanismos de seguimiento a la respuesta oportuna de las solicitudes presentadas por los ciudadanos.

iii. Disponer de un registro público sobre los derechos de petición de acuerdo con Circular Externa 1 del 2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno de las entidades del orden nacional y territorial.

iv. Identificar y analizar los derechos de petición de solicitud de información y los relacionados con informes de rendición de cuentas.

v. Integrar los sistemas de peticiones, quejas, reclamos y denuncias con los organismos de control.

vi. Elaborar trimestralmente informes sobre las quejas y reclamos, con el fin de mejorar el servicio que presta la entidad y racionalizar el uso de los recursos.

D. Control.

i. Oficina de control disciplinario interno: las entidades deben organizar una oficina, que se encargue de adelantar los proceso disciplinarios en contra sus servidores públicos(23).

Las oficinas de control disciplinario deberán adelantar las investigaciones en caso de: (i) incumplimiento a la respuesta de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos en los términos contemplados en la ley y (ii) quejas contra los servidores públicos de la entidad.

ii. Oficina de control interno: vigilarán que la atención se preste de acuerdo con las normas y los parámetros establecidos por la entidad. Sobre este aspecto, rendirán un informe semestral a la administración de la entidad.

E. Veedurías ciudadanas.

i. Llevar un registro sistemático de las observaciones presentadas por las veedurías ciudadanas.

ii. Evaluar los correctivos que surjan de las recomendaciones formuladas por las veedurías ciudadanas(24).

iii. Facilitar y permitir a las veedurías ciudadanas el acceso a la información para la vigilancia de su gestión y que no constituyan materia de reserva judicial o legal(25).

V. Consolidación, seguimiento y control

La consolidación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano estará a cargo de la oficina de planeación de las entidades o quien haga sus veces, quienes además servirán de facilitadores para todo el proceso de elaboración del mismo. “La verificación de la elaboración, de su visibilización, el seguimiento y el control a las acciones contempladas en la herramienta “Estrategias para la construcción del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano” le corresponde a la oficina de control interno. Las entidades del orden nacional, departamental y municipal deberán publicar en un medio de fácil accesibilidad al ciudadano las acciones adelantadas, en las siguientes fechas: 31 de enero, abril 30, agosto 31 y diciembre 31. Para estos efectos en el cuadro 3. ‘Formato seguimiento a las estrategias del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano’, se propone el mecanismo de seguimiento y control, el cual podrá ser utilizado por las oficinas de control interno”.

Cuadro 3. Formato seguimiento a las estrategias del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.

Seguimiento a las estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano
Entidad: ________________________________________________________________________________ Año: _____________________
Estrategia, mecanismo, medida, etc. ActividadesPublicación Actividades realizadas Responsable Anotaciones
Enero 31Abril 30Agosto 31Diciciembre 31
Mapa de riesgos de corrupción1.
2.
3.
      
Estrategia antitrámites1.
2.
3.
      
Estrategia de rendición de cuentas1.
2.
3.
      
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano1.
2.
3.
      
Otras1.
2.
3.
      
Consolidación del documentoCargo: ______________________________
Nombre: _____________________________
Firma: _______________________________
Seguimiento de la estrategiaJefe de control interno
Nombre: ______________________________
Firma: ________________________________

VI. Recomendaciones generales

Las entidades deberán contemplar iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción. En este sentido, se extiende una invitación a las entidades del orden nacional, departamental y municipal, para que incorporen dentro de su ejercicio de planeación, estrategias encaminadas a fomentar la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración pública.

Para tal efecto, las tecnologías de la información, contribuyen a una gestión transparente, facilitando el acceso del ciudadano al quehacer de la administración pública. A continuación se describen algunas de las estrategias que se utilizan para tal fin:

A. Gobierno en línea.

El Plan Nacional de Desarrollo, busca estimular la puesta en marcha de servicios en línea, por lo que es necesario que las entidades públicas —especialmente las que carecen de estos mecanismos— adelanten las acciones orientadas a desarrollar la estrategia de gobierno en línea y aumenten su oferta de servicios en línea.

La estrategia de gobierno en línea (www.gobiernoenlinea.gov.co) tiene el propósito de contribuir a la construcción de un Estado más eficiente, más transparente y participativo; contribuye a que los ciudadanos tengan acceso en tiempo real a la información sobre la administración pública. Permite agilizar los trámites y favorece el ejercicio del control ciudadano, mediante el aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicaciones, TIC.

B. Visibilización de los pagos.

El Gobierno Nacional cuenta con el Portal de Transparencia Económica, (www.pte. gov.co) para garantizar el buen uso de los recursos del presupuesto general de la Nación, haciendo visible el manejo de los mismos. En él se encuentra la información de la ejecución presupuestaria y de pagos de las entidades del orden nacional que hacen parte del presupuesto general de la Nación.

Con el fin de dar a conocer a la ciudadanía el manejo de los recursos públicos, es importante que las entidades territoriales visibilicen los gastos de la administración.

C. Publicación de la gestión contractual.

Con el fin de garantizar los postulados que gobiernan la función administrativa, consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, las entidades deben publicar la totalidad de las actuaciones de la gestión contractual, en sus etapas precontractuales, contractuales, de ejecución y poscontractuales de los contratos celebrados o a celebrar. Dependiendo del régimen de contratación de la entidad, se debe publicar en el Sistema Electrónico de Contratación Estatal, ECOP, ((www.contratos.gov.co) o en la página web de la entidad.

Con el uso de tecnologías se brinda publicidad, transparencia y eficiencia a la gestión contractual del Estado. Se permite la consulta de información sobre los procesos contractuales adelantados por las entidades del Estado. De esta forma se promueve la modernización y la optimización de la contratación pública.

D. Gestión documental.

Los archivos desorganizados obstaculizan una buena gestión de la administración y favorecen la comisión de prácticas corruptas. Cuando los documentos se desconocen, destruyen, esconden, alteran y carecen de procesos técnicos de archivos, se abre un espacio para hechos de corrupción. Es oportuno recordar que es delito falsificar, destruir, suprimir u ocultar documentos públicos, en la medida que estos pueden servir de prueba, de acuerdo con lo establecido en los artículos 287 y 292 del Código Penal.

De tal manera que los programas de gestión y administración documental, contribuyen a la modernización del Estado. Un adecuado manejo de la gestión documental y unos archivos organizados se convierten en una herramienta para planeación y para la lucha contra la corrupción.

Finalmente, es importante recordar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 74 y 77 del estatuto anticorrupción, referentes al plan de acción de las entidades públicas y a la publicación de los proyectos de inversión.

(1) Ley 1474 de 2011. ART. 73.—“Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

El programa presidencial de modernización, eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupción señalará una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada estrategia.

PAR.—En aquellas entidades donde se tenga implementado un sistema integral de administración de riesgos, se podrá validar la metodología de este sistema con la definida por el programa presidencial de modernización, eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupción”.

(2) Departamento Administrativo de la Función Pública. Mapas de riesgos, aproximación teórica y práctica al estudio e identificación de riesgos de corrupción. Bogotá. 1998, pág. 60.

(3) Icontec. Norma Técnica Colombiana NTC31000. Gestión del riesgo. Principios directrices. Bogotá. 2011, pág. 22

(4) Ibídem, pág. 22.

(5) Departamento Administrativo de la Función Pública. Guía para la administración del riesgo. Bogotá. 2011, pág. 32.

(6) Icontec. NTC31000:2011 Gestión del riesgo: principios, directrices. Bogotá. 2011. Numeral 2.2, pág. 19.

(7) Ibídem, cit. 6, pág. 33.

(8) Ibíd., cit. 6, pág. 33.

(9) Ibíd., cit. 6, pág. 40.

(10) Ley 962 de 2005. “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos”.

(11) Ibíd., cit. 10. ART. 1º—(...) “Para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones, únicamente podrán exigirse las autorizaciones, requisitos o permisos que estén previstos taxativamente en la ley o se encuentren autorizados expresamente por esta” (...).

(12) Decreto-Ley 19 de 2012, artículo 41.

(13) Tomado de: http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa files/da4567033d075590cd305059875622 2c/Marco de Interoperabilidad_GEL.pdf

(14) Proyecto de ley de “Promoción y protección del derecho a la participación democrática”. Artículo 48.

(15) Conpes 3654 de 2010. “Política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos”.

(16) Conpes: Rendición de cuentas: “En búsqueda del buen gobierno”. Diciembre de 2011.

(17) Ley 1437 de 2011, artículo 13.

(18) Cómo atender adecuadamente las quejas ciudadanas. Veeduría Distrital-Alcaldía de Bogotá, diciembre 2010.

(19) Ibídem, cit. 18.

(20) Para tales efectos se deben seguir los lineamientos que dicte el Archivo General de la Nación en la materia.

(21) Artículo inexequible, con efectos diferidos hasta el 31 de diciembre de 2014. Sentencia C-818-11, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

(22) Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, artículo 14.

(23) Ley 734 de 2002. Artículo 76.

(24) Ley 489 de 1998. Artículo 35, literal a). Concordancia con la Ley 850 de 2003.

(25) Ibídem, literal b).

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ANEXO 3

Plan estratégico para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Tabla de contenido

Plan estratégico para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Introducción

Antecedentes

Transporte, infraestructura y turismo

Pesca y acuicultura

Soberanía y seguridad

Cultura, deporte y educación

Habitabilidad

Empleo

Desarrollo empresarial

Programas y proyectos estratégicos

Transporte, Infraestructura y Turismo

Pesca y Acuicultura

Soberanía y Seguridad

Cultura, Educación y Empleo

Habitabilidad

Desarrollo Empresarial

Introducción

Desde el primer mandato del Presidente Juan Manuel Santos, las entidades del nivel nacional comenzaron a formular e implementar nuevos programas y proyectos con el ánimo de promover el desarrollo sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, los cuales se han consagrado dentro de los Planes Nacionales de Desarrollo “Prosperidad para Todos” 2010-2014 y en el Plan de Desarrollo “Todos por un Nuevo País” 2014-2018 que está en elaboración.

A partir del fallo proferido por la Corte Internacional de Justicia de La Haya el 19 de noviembre de 2012, el Gobierno de Colombia, en coordinación con los gobiernos locales de San Andrés y Providencia, y de sus habitantes, inició la formulación e implementación de acciones adicionales y complementarias que conformarían el plan para San Andrés, Providencia y Santa Catalina, los cuales ya han empezado a reflejar sus resultados positivos en el archipiélago.

Entre 2003 y 2010 el departamento recibió inversiones aproximadas por $ 560.000 millones de pesos. Entre 2011 y 2014 todas estas inversiones ascendieron aproximadamente a $ 1.270.000 millones(1). El apoyo brindado por el Gobierno Nacional al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ha sido, y seguirá siendo, financiado con recursos provenientes principalmente tanto del presupuesto de los ministerios como de la subcuenta San Andrés, Providencia y Santa Catalina del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y de la operación de crédito negociada con el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de la cual se destinarán U$ 70 millones de dólares para los componentes de desarrollo urbano integral, provisión y acceso a agua y saneamiento, mejora de la infraestructura costera, desarrollo económico local y modernización de la gestión institucional y fiscal.

El objeto principal del plan para San Andrés, Providencia y Santa Catalina se ha fundamentado en el fortalecimiento de la capacidad del Archipiélago para alcanzar un desarrollo sostenible y armónico a mediano y largo plazo mediante el desarrollo socioeconómico de todas las potencialidades del territorio insular, en un ejercicio participativo con los gobiernos locales y la comunidad.

El mencionado plan ha sido, y deberá seguir siendo, una política integral, en lo que se refiere a recursos marinos y costeros (pesca y cultivos de especies marinas), servicios básicos, salud, cultura, educación y preservación y utilización sostenible de los recursos naturales, la biodiversidad, el medio físico y el paisaje, destacando la condición de reserva de biosfera según designación de Unesco. Por lo tanto, se debe continuar abordando de manera diferencial el desarrollo de San Andrés, de Providencia y de Santa Catalina, ya que los asuntos poblacionales, culturales, sociales y económicos son distintos.

Es necesario resaltar que el plan en cuestión ha sido producto de diferentes encuentros con las autoridades locales y demás actores de la región, en los que, desde un principio y de manera sucesiva, se han identificado una serie de acciones prioritarias, muchas ya ejecutadas, que guían la actuación del Gobierno Nacional en el departamento.

Es oportuno destacar los encuentros sostenidos con el Presidente Juan Manuel Santos, con el ex Vicepresidente Angelino Garzón, con el Vicepresidente Germán Vargas, con los secretarios generales de la Presidencia de la República (Dr. Juan Mesa y doctora María Lorena Gutiérrez) y con varios de los ministros del gabinete, escenarios en los cuales han surgido peticiones puntuales por parte de la comunidad y de los gobiernos locales, de las cuales una gran mayoría están contempladas en el plan de desarrollo departamental. En ese sentido, se han sostenido, entre otros, los siguientes encuentros:

• Acuerdo para la Prosperidad en San Andrés: 1º de octubre 2011.

• Consejo de ministros en San Andrés: 16 de julio 2012.

• Diálogo social con la Vicepresidencia de la República: 16 y 17 de noviembre 2012.

• Reuniones con el Presidente Santos, gobierno local y comunidad: 19 y 20 de noviembre de 2012.

• Consejo de ministros en Providencia y reuniones del Presidente Santos con el gobierno local y comunidad: 5 de diciembre de 2012.

• Jornada de radio con el Presidente Santos y la comunidad de San Andrés: 21 de diciembre de 2012.

• Visita del Presidente Santos, reuniones con gobierno local y comunidad e inauguración de sede del Icetex: 18 de febrero de 2013.

• Visita del Vicepresidente Angelino Garzón, reunión con la Gobernadora y la comunidad: 9 de marzo de 2013.

• Visita del Presidente Santos: agosto 23 de 2013.

• Consejo de ministros en San Andrés: 17 de marzo de 2014.

• Visita del Vicepresidente Germán Vargas Lleras: 26 de septiembre de 2014.

• Visita del Presidente Santos: noviembre 18 de 2014.

Los encuentros con los raizales y pescadores, el trabajo de una mesa institucional, una mesa jurídica y una mesa de población vulnerable, entre otras, también han permitido construir propuestas normativas, de política pública y de gestión de acuerdo a las necesidades de la población, las cuales han sido recogidas dentro del Plan San Andrés, Providencia y Santa Catalina que ha venido ejecutando el Gobierno Nacional desde el actual gobierno.

En consecuencia, este decreto, del cual es parte integral este documento anexo, presenta en sus antecedentes los aspectos más relevantes de la realidad socioeconómica del archipiélago en diferentes sectores, así como las medidas que ha adoptado el Gobierno Nacional con el propósito de enmendar las respectivas deficiencias que han afectado al archipiélago. En la segunda y última parte de este anexo, se enuncian los programas y proyectos dirigidos a solucionar las necesidades más apremiantes del archipiélago que aún requieren del apoyo del Gobierno Nacional para el desarrollo integral y sostenible de esa región, y que podrán ser financiados parcial o integralmente con cargo a la subcuenta Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres, sin perjuicio de los demás programas y proyectos que se formulen por los respectivos sectores.

Por otra parte, el Gobierno Nacional por la importancia ambiental y sociocultural del archipiélago, asumió la responsabilidad y el compromiso internacional de protegerlo como reserva de biosfera y áreas marinas protegidas. Es un reconocimiento al valor de la conservación de la biodiversidad del 75% de los arrecifes coralinos del país en el mar Caribe como potencial para contribuir al sostenimiento de la prosperidad y el bienestar de la economía nacional y regional, especialmente por su condición de archipiélago oceánico aislado.

En este sentido la reserva de biosfera Seaflower constituye para la nación colombiana y, especialmente, para la comunidad raizal, patrimonio natural y cultural de la humanidad. Por lo tanto, los programas y proyectos que se han adelantado en el archipiélago han contado con los presupuestos necesarios para la conservación del ambiente, como un criterio esencial de desarrollo sostenible. Es así como el Gobierno Nacional, en conjunto con Coralina, la gobernación, la alcaldía y la comunidad, emprendió un proceso de fortalecimiento de la reserva de biosfera, con el fin de que todos los sectores desplieguen las acciones pertinentes para su implementación, garantizando mayores oportunidades y opciones económicas para definir sus estándares de calidad de vida y bienestar.

Antecedentes

Transporte, infraestructura y turismo

El departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina aún tiene deficiencias subsanables que siguen requiriendo de la intervención del Gobierno Nacional en lo relacionado con el transporte aéreo, marítimo y terrestre.

Desde el comienzo del gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, el Gobierno Nacional ha adelantado varios proyectos en materia de transporte terrestre, tales como el mantenimiento y rehabilitación de la circunvalar de la Isla de San Andrés con una inversión de $ 35.308 millones de pesos, así como el mantenimiento y rehabilitación de la circunvalar de la Isla de Providencia con una inversión de $ 18.286 millones de pesos, las cuales se encuentran en un avance de 93% y 100% respectivamente(2). Adicionalmente, el Gobierno Nacional ha invertido $ 8.930 millones de pesos en la construcción y rehabilitación de vías terciarias en San Andrés, entre muchos otros proyectados financiados por la nación en esta materia.

Durante el 2013, el Departamento Nacional de Planeación, en conjunto con las autoridades locales, actualizó el plan de movilidad del archipiélago, el cual no había sido actualizado desde el año 2007. Dicho plan plantea una ruta detallada que articula el incremento de la población con las demandas y dinámicas de movilidad propias de la isla.

Una de las principales conclusiones del plan de movilidad es que San Andrés requiere un fortalecimiento institucional para atender la reorganización del transporte público, el mejoramiento de las condiciones de circulación y la protección del medio ambiente. Lo anterior, con el propósito de contar con mejor accesibilidad y movilidad, propendiendo por la seguridad vial en el tránsito, reduciendo el número de accidentes y de fatalidades.

En cuanto a transporte marítimo, Invías suscribió el convenio para la ejecución de las obras de dragado del canal de acceso al puerto de San Andrés con la gobernación de San Andrés por valor de $ 19.600 millones de pesos. También se suscribió un contrato entre las mismas partes para las obras de dragado del canal de acceso al puerto de Providencia por un valor de $ 9.595 millones de pesos. Actualmente, se están adelantando los procesos de consulta previa de los dos dragados que deberían estar protocolizados durante el primer trimestre de 2015.

En cuanto al transporte aéreo, es fundamental que los aeropuertos tanto de San Andrés como de Providencia tengan los estándares de seguridad requeridos internacionalmente y tengan la capacidad de manejar un alto número de pasajeros. En esa medida, actualmente se está adelantando el proceso de consulta previa (que tuvo apertura el 15 de diciembre de 2014) para adelantar el proyecto de modernización y ampliación del Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de la isla de San Andrés, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad de los vuelos nacionales e internacionales. Además, se está adelantando el proceso de preconsulta previa para el proyecto de ampliación de la pista y plataforma del Aeropuerto El Embrujo de Providencia.

Por otra parte, se identifican ciertos potenciales al desarrollo del Archipiélago, como lo son: el mejoramiento de los servicios públicos de aseo, acueducto y alcantarillado, así como del manejo de residuos; las telecomunicaciones y la energía. En concordancia, todavía es posible superar algunas deficiencias en la infraestructura turística y en la calidad de la prestación de servicios turísticos.

En materia de turismo, importante fuente de empleo en la isla, en 2014 se presentó un crecimiento del 21.32% frente al 2013 en el número de turistas extranjeros no residentes. En cuanto a los pasajeros nacionales, en 2014 se presentó un crecimiento del 5.92% frente al 2013(3).

El aumento en la cantidad de turistas que visitan la isla redunda en la creación de empleo para el departamento y en la ocupación no solo de los hoteles de cadena sino de las posadas nativas. El Gobierno Nacional desde 2013 ha apoyado la demanda de tiquetes aéreos y marítimos entre San Andrés y Providencia con el fin de facilitar la movilidad de las familias raizales y de promover el turismo, produciendo resultados beneficiosos para las islas. Se cuenta con una oportunidad para explotar el turismo ecológico que permita posicionar al departamento como un destino responsable con el medio ambiente.

Se están adelantando proyectos como el del muelle turístico de Los Lancheros y plataforma de muelle en Johnny Cay por valor de $ 5.200 millones de pesos, así como la construcción de la primera etapa del Sendero al Peak en Providencia. También se construyó un SPA en Providencia cuya dotación está próxima a ser entregada y se han llevado a cabo concesiones como la efectuada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la que se aportó el lote (avaluado aproximadamente en $ 18 mil millones de pesos) en el que se ubica el Hotel Isleño y Centro de Convenciones San Andrés, entre otros proyectos que han sido apoyados por el Gobierno Nacional y que benefician directamente el turismo en el archipiélago.

Igualmente se viene adelantando un proyecto con National Geographic y el Banco Interamericano de Desarrollo para fomentar el turismo ecológico en el archipiélago. Esto resulta de gran importancia dada la alta dependencia de la economía del archipiélago del turismo que valore la conservación, la cultura raizal y el medio ambiente. Para aprovechar este potencial, se requiere adelantar políticas adicionales para fortalecer aún más la infraestructura turística de las islas, y para poder atender una demanda creciente. Igualmente, se requiere fortalecer el plan de fomento y asesoría para el mejoramiento y la construcción de posadas nativas que ofrezcan alojamiento de buena calidad.

Pesca y acuicultura(4) 

En cuanto a la pesca, el gobierno de Juan Manuel Santos ha puesto en marcha diferentes programas que benefician directamente al archipiélago. En la Isla de Providencia se está ejecutando actualmente un programa piloto de maricultura con pescadores (ahora acuicultores) artesanales, como una forma alternativa de garantizarles ingresos ininterrumpidamente. Se otorgaron subsidios a los pescadores artesanales del archipiélago con el fin de promover la pesca como una de las actividades más relevantes dentro de las islas, y se expidió una póliza de seguro que protegía a los pescadores industriales por daños en el casco de las embarcaciones, así como por pérdida o sustracción de la carga obtenida durante sus faenas. Además, se puso en marcha un proyecto productivo con pescadores que trabajaban en embarcaciones industriales que dejaron de pescar en Colombia, a través del cual se fomenta su asociatividad y se fortalece su capacidad emprendedora.

En el archipiélago existen 1.763 pescadores artesanales, de los cuales 1.373 se encuentran en San Andrés y 390 en Providencia, con 270 embarcaciones artesanales, de las cuales 169 están en San Andrés y 101 en Providencia y Santa Catalina. Existen 42 embarcaciones industriales registradas pero solo 14 de ellas están operando. Hay, además, 13 empresas de pesca industrial operando(5). Las principales especies obtenidas mediante la pesca tradicional son las especies demersales (o de fondo), las cuales son de importancia comercial en la región, entre las que se encuentran los jureles (caragidae), el pelao (balistidae), el dorado (coryphaenidae), los roncos y la margarita (haemulidae), el pargo (lutjanidae), las sierras y atunes (scombridae), las barracudas (sphyraenidae), los meros y chemas (serranidae), el marlín (Makaira sp.), así como el caracol (molusca) y la langosta (crustáceo). La principal especie obtenida mediante la pesca industrial es la langosta espinosa (Panulirus argus), pues la pesquería de caracol pala (Strombus gigas), fue cerrada desde el año 2010 y solo se abrió para aprovechamiento por parte de los pescadores artesanales a partir de 2013 en el área de Cayo Serrana.

Según los registros del sistema de información pesquera departamental, entre los años 2004 y 2011 el promedio de la pesca en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, incluyendo la artesanal y la industrial, alcanzó aproximadamente 652 toneladas/año de pescado y 120 toneladas/año de langosta(6). El pescado es utilizado para comercio local entre un 15% y un 20%, y el resto es para el mercado nacional. La langosta y el caracol son exportados, generando así ingresos entre $ 8 y 15 millones de dólares al año para este archipiélago.

Aun cuando se mantienen niveles buenos de pesca, es importante promover iniciativas en materia de maricultura y acuaponía en San Andrés y Providencia que fortalezcan los proyectos que ya están en curso, como una alternativa a la actividad extractiva pesquera que mejore, o en su defecto sostenga, los ingresos de los pescadores de las islas en épocas de veda o escasez del recurso. Este tipo de proyectos, adicionalmente, contribuye a mejorar las condiciones de seguridad alimentaria del departamento a través de prácticas amigables con el medio ambiente.

Al mismo tiempo, es importante poner en marcha el Terminal Pesquero Artesanal de San Andrés, con el propósito de seguir mejorando las condiciones para el desembarco, alistamiento y transformación de los productos pesqueros de todos los pescadores de la isla, lo cual está en concordancia con la construcción de la nueva cooperativa de pescadores de El Cove.

Soberanía y seguridad

El gobierno está comprometido con la defensa de la soberanía nacional y con la protección de todos los habitantes y turistas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En esa medida se han puesto en marcha programas como la Escuela de Policía Raizal que ya está capacitando a su segundo cohorte y cuyo tercer curso está próximo a comenzar.

Adicionalmente, la Armada Nacional ha vigilado continuamente nuestro mar para garantizar la seguridad de los pescadores que desarrollan su actividad en esa área. Actualmente, en las zonas marítimas de los cayos no se cuenta con plataformas sobre las cuales se puedan disponer estaciones de guardacostas para investigación científica y reparación de embarcaciones de diferente naturaleza, entre otros fines navales, lo cual es prioritario para el archipiélago.

Cultura, deporte y educación

Frente a la educación del archipiélago, según el último registro poblacional(7) efectuado en la isla, la tasa de analfabetismo para los mayores de 15 años del departamento archipiélago (3.5%) es la más baja del país (9.1%) y el nivel de estudios alcanzado por los habitantes del archipiélago (10.24 años) es más alto que el que se observó a nivel nacional (8.6 años), con los datos de la encuesta de calidad de vida (2012). No obstante, persisten carencias relacionadas con la calidad, pertinencia, permanencia, resultados, habilidades de pensamiento crítico, capacidad de análisis e información(8).

Teniendo en cuenta la necesidad de mejorar la calidad y la infraestructura, el Gobierno Nacional invirtió en infraestructura y dotación educativa más de $ 6.750 millones de pesos en 2014. Por otra parte, para garantizar un mayor acceso a educación superior, en 2013 el Gobierno Nacional, a través del Icetex, ofreció 700 créditos condonables para pregrado y posgrado para estudiantes del archipiélago. Además, y teniendo en cuenta el potencial bilingüe del departamento se puso en marcha en 2013 un programa de inmersión en inglés para docentes de todo el país que se capacitan en San Andrés y Providencia. En 2013 se beneficiaron 357 docentes y se vincularon a 59 posadas nativas y a 33 trasportadores locales. En 2014 se benefició a 368 docentes de básica y media del nivel B1 (preintermedio) al nivel de competencias B2 (intermedio) dentro del programa de formación. Por otra parte, está en ejecución un proyecto con la Primera Iglesia Bautista del departamento para promover la enseñanza y aprendizaje del kriol, de manera que se proteja la identidad cultural del archipiélago.

El Gobierno Nacional continuará apoyando la educación del archipiélago, respetando y promoviendo la diversidad cultural, para contribuir a mejorar las deficiencias que aún se presentan en ese sector. Se ha establecido, de acuerdo a las necesidades de la secretaría de educación de la gobernación de ese departamento, que los estudiantes no cuentan con los currículos de primaria y secundaria en inglés estándar, lo que dificulta el aprendizaje de los estudiantes cuya lengua materna no es el español. En adición, muchos de los docentes de primaria en las islas no tienen los niveles de comunicación en inglés estándar que se requieren para ser buenos modelos para sus estudiantes, y no cuentan con la suficiente preparación para enseñar asignaturas en inglés. En esa medida, intervenciones para mejorar el bilingüismo son fundamentales.

La cultura en el departamento también se ha visto beneficiada por el apoyo del Gobierno Nacional a través de la implementación de programas enfocados al fortalecimiento de la industria musical, a la recuperación de escenarios culturales como el Teatro Midnight Dream de Providencia, la construcción del Centro de Producción de Contenidos Culturales en Providencia y la realización de una primera residencia artística en ese municipio, entre otros.

Adicionalmente, entre 2011 y 2014 se apoyaron financieramente 73 proyectos por un total de $ 1.479 millones de pesos a través del Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura, que han beneficiado, en promedio cada año, a más de 24.000 personas en procesos de formación artística, en la realización de festivales y fiestas tradicionales, y en la apertura y consolidación de espacios para el fortalecimiento cultural del departamento. Se ha contribuido también a la generación de empleos en el departamento con un promedio de 540 empleos indirectos generados por año, incidiendo así en la sostenibilidad de los procesos culturales de las islas. Se resalta de manera especial el apoyo al Sunset Fest de Providencia (anteriormente Rainbow Fest) que había sido suspendido por falta de recursos. Igualmente, se destinaron recursos para la dotación de la Casa de la Cultura de Providencia, para la construcción de la Casa de la Cultura de la Loma en San Andrés y para la Casa Lúdica en San Andrés, con una inversión superior a los $ 3.500 millones.

En materia deportiva, el Gobierno Nacional, a través de Coldeportes, financió la construcción de un estadio de béisbol para niños, cuya inversión supera los $ 1.000 millones de pesos. También se llevaron a cabo los Juegos de Mar y Playa en 2013, con una inversión de $ 3.335 millones de pesos, los cuales contaron con la participación de más de 1.000 deportistas en 10 disciplinas deportivas. De igual manera, se crearon las condiciones para la realización de los 1º Juegos Deportivos del Caribe Colombiano, los cuales se llevarán a cabo en 2015, cuya inversión proyectada es de $ 14.600 millones de pesos y en los cuales se espera contar con la participación de más de 1.700 deportistas.

Los sectores de cultura y deporte funcionan como una herramienta de desarrollo social que busca el aprovechamiento del tiempo libre de niños, niñas y jóvenes y que a su vez previene que estos sean reclutados por grupos delincuenciales. En este sentido, en adición a los programas que actualmente se desarrollan, o se han desarrollado, con la colaboración del Gobierno Nacional, aún existe espacio para mejorar la infraestructura deportiva y el fomento del deporte y recreación en las islas y fortalecer la industria cultural así como para promover el rescate del patrimonio material y arquitectónico de las islas, su folclore y riqueza.

Habitabilidad

1. Vivienda.

Según proyecciones del DANE, para el 2010(9), la población del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina asciende a 73.320 habitantes (93,2% ubicada en San Andrés y el 6,8% en Providencia), lo que representa, en promedio, 3.7 personas por hogar. Según el Censo General 2005, el 74% de la población de San Andrés se localizaba en la cabecera, el 12,6% en los centros poblados de La Loma (12,3%) y San Luis (0,3%), y el 13,5% restante estaba dispersa en la zona rural. Por su parte, en Providencia el 41,9% vive en la cabecera, el 53% en los centros poblados de San Felipe (11,3%), Rocky Point (10,4%), Bottom House (17,4%), Fresh Water Bay (3,3%), South West Bay (10,6%) y el 5% restante dispersa en la zona rural.

Las condiciones habitacionales han mejorado como consecuencia de la intervención estatal, pero aún se requiere de una mayor inversión. El censo DANE 2005 estableció que 79.9% de los hogares reportaron un déficit cualitativo (71.8%) o cuantitativo (8.1%)(10) y 93% de los hogares urbanos habitaban viviendas con déficit de algún tipo de servicio básico Adicionalmente, se estima que en la isla de San Andrés existen 33 zonas subnormales que albergan alrededor de 13.000 personas, de las cuales el 24% vive en tugurios, 45% en viviendas semiconsolidadas y 31% en viviendas con clasificación consolidado y semiconsolidado(11) (CREPAD, 2011).

La gran mayoría de viviendas han sido construidas sobre lotes en calidad de arrendamiento (33% en San Andrés y 12% en Providencia); a partir de allí se estima un déficit de vivienda de aproximadamente 1.820 unidades por hacinamiento, más un déficit de vivienda nueva en todos los estratos que supera las 1.200 unidades de vivienda(12).

En el caso particular de Providencia, de acuerdo al plan de desarrollo municipal, conforme al censo 2005, el municipio presentaba un déficit cualitativo de vivienda del 63,6%. Es decir, que alrededor de 813 hogares que habitaban en viviendas particulares requerían de una nueva vivienda o mejoramiento o ampliación de la unidad habitacional en la cual vivían. De este total de hogares, 515 hogares (63.4%) con asentamiento se ubican en la cabecera del municipio y 298 (36.6%) hogares en el resto del municipio.

Atendiendo esta situación, en 2013 se asignaron 170 subsidios para mejoramiento de vivienda (de un total de 240 cupos) para el proyecto denominado San Andrés Living Island for All, con una inversión de $ 2.003 millones de pesos. Su ejecución está pendiente de que la gobernación gestione un operador para el proyecto. Además, teniendo en cuenta los altos costos de construcción en el departamento, se aumentó el valor máximo de la vivienda de interés prioritario de 70 a 100 smlmv mediante el Decreto 2490 del 6 de diciembre de 2012. A su vez, el valor del subsidio familiar de vivienda para ese departamento fue reglamentado en la resolución número 470 de 2013 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el cual es de 22 smlmv para las modalidades de mejoramiento, construcción en sitio propio o adquisición de vivienda.

El Gobierno Nacional ha identificado la pertinencia de apoyar programas de construcción y mejoramiento de vivienda que contribuya a solventar la situación antes descrita. Es importante que los programas que se lleven a cabo permitan el acceso preferencial de la población raizal a los beneficios.

2. Servicios públicos domiciliarios.

La mayoría de las viviendas cuentan con el servicio de energía eléctrica y recolección de residuos sólidos. En cuanto al servicio de acueducto, San Andrés tiene cobertura del 56% y una continuidad en las zonas hoteleras, ari eBay y San Luis de 24 horas al día; en zona residencial 12 horas al día, y en el resto del territorio se presentan bajas continuidades. Por otra parte, la calidad del agua suministrada es apta para consumo humano; sin embargo, se presentan falencias en términos administrativos, comerciales, financieros y operativos. Respecto al servicio de alcantarillado la Isla de San Andrés cuenta con una cobertura del 33%, pero se estima que un 84% de la población utiliza pozos sépticos o bajamar.

Con relación a las islas de Providencia y Santa Catalina, presenta cobertura de acueducto del 60% pero con algún nivel de riesgo en la calidad del agua suministrada; y el servicio se presta durante 8 horas cada 15 días y se complementa a través de carrotanques.

Respecto a saneamiento de excretas y aguas residuales el 97% de la población de estas islas utiliza pozos sépticos o bajamares.

Respecto al servicio público de aseo, se ha logrado mejorar la continuidad y cobertura de las actividades de recolección y transporte de residuos, así como en la disposición final mediante la optimización de la operación del relleno sanitario Magic Garden. Sin embargo, es necesario avanzar en la puesta en funcionamiento y operación continua de la planta de aprovechamiento de residuos (RSU) con la cual se espera disminuir la presión sobre el relleno sanitario y generar a partir de los residuos como un valor agregado.

Actualmente, se vienen desarrollando esfuerzos importantes en materia de inversión y aseguramiento, con el fin de mejorar la calidad, cobertura y sostenibilidad de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en estos municipios. Es así como, en la Isla de San Andrés se está adelantando la construcción del sistema de alcantarillado sanitario del distrito 4 con una inversión de $ 28.387 millones de pesos ($ 24.039 aporte de la Nación y $ 4.347 del plan departamental de agua) que amplía la cobertura del sistema de alcantarillado sanitario en la isla al 100% en el sector Natania, beneficiando aproximadamente 5.300 hogares. En Providencia se está construyendo el sistema de acueducto por un valor de $ 17.882 millones con recursos del Gobierno Nacional, beneficiando a 1.300 habitantes, aumentando la cobertura del 60% al 100%.

Si bien los resultados en materia de servicio de energía eléctrica y recolección de basuras parecen positivos por su alta cobertura, existen varios factores que se deben revisar para garantizar la sostenibilidad de los modelos. Respecto al servicio de energía, la Nación, a través del Ministerio de Minas y Energía, ha realizado un esfuerzo para brindar a la población del archipiélago un servicio de electricidad comparable al de ciudades intermedias del Sistema Interconectado Nacional (SIN), para lo cual constituyó un Área de Servicio Exclusivo (ASE), entregando en concesión la prestación del servicio en dicha área, para lo cual el Concesionario adelanta las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica.

Sin embargo, esto ha representado un costo significativo para el Gobierno Nacional, que en promedio aporta COP $ 75.000 millones al año (en 2014 se destinaron aproximadamente $ 86.000 millones de pesos para cubrir subsidios(13)), con el fin de equilibrar el costo real de la prestación del servicio con las tarifas que se cobran al usuario, pues, a diferencia del resto del país (donde solo los estratos 1 y 2 reciben subsidios por parte de la Nación), en las Zonas No Interconectadas, especialmente en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, todos los estratos socioeconómicos y el resto de usuarios (hotelero, industrial, entre otros) son subsidiados en un consumo de hasta 800 kWh/mes, (en el resto del país esa cifra corresponde a 173 kWh/mes para usuarios de estratos 1 y 2 situados a alturas menores a 1.000 metros sobre el nivel del mar-msnm y 130 kWh/mes para alturas superiores a 1.000 msnm). La sostenibilidad del Archipiélago depende, en gran medida, del uso de energías renovables de mínimo impacto ambiental, por lo cual es importante adelantar proyectos en este sentido.

No obstante, dentro de las obligaciones derivadas del contrato de concesión del ASE San Andrés, el concesionario debe adelantar la construcción de un Parque de Generación Eólica capaz de generar como mínimo 7.5 megavatios-(7.5 MW), lo cual se encuentra en etapa de consulta previa con las comunidades raizales.

Por su parte, en el servicio de recolección de basuras, se ha logrado una continuidad óptima, sin embargo, persisten retos relacionados con su disposición final. En la actualidad, los desechos de la isla de San Andrés se trasladan al relleno sanitario Magic Garden, en donde se deben separar y clasificar para recuperar eficientemente una variedad de materiales y usarlos nuevamente.

Para Providencia, el PGIRS UTP (plan de gestión integral de residuos sólidos-Universidad Tecnológica de Pereira) 2006 identificó 73 botaderos a cielo abierto y no existen unidades de aprovechamiento de residuos sólidos. Utilizar el suelo para este fin presenta un riesgo para la calidad de las aguas subterráneas, el estado de los recursos naturales y la conservación de ecosistemas. Adicionalmente, el área territorial de las islas es limitada y por tanto, no se pueden expandir los rellenos indefinidamente.

Adicionalmente con recursos asignados por el Gobierno Nacional-Ministerio de Minas y Energía, por intermedio del Fondo de Apoyo Financiero para las Zonas No Interconectadas (Fazni), se construyó la planta de generación con residuos sólidos urbanos (RSU) cuya finalidad inicial es la de generar un megavatio (1 MW).

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Fuente: DANE RP 2013.

Empleo

El mercado laboral del departamento se ha caracterizado por registrar dinámicas positivas en los últimos años en comparación con el resto del país. La tasa de desempleo es una de las más bajas de Colombia y de acuerdo a los datos de la gran encuesta integrada de hogares (GEIH) del DANE, que corresponden al periodo septiembre de 2013 a febrero de 2014, esta se ubicó en 8% frente a un promedio en 23 ciudades del país de 11.2%. Aun cuando la tasa de desempleo es sustancialmente menor que en el resto del país, se presenta un fenómeno de informalidad laboral que se convierte en un reto hacia el futuro. De acuerdo con la encuesta de calidad de vida de 2012, alrededor del 30% de la población ocupada trabaja en actividades de comercio, en mayor medida en comercio al por menor. Otro 20% de los ocupados se dedica a actividades relacionadas con hotelería y restaurantes. El sector administración pública, defensa y seguridad social emplea a 6.53% de la población ocupada.

El Gobierno Nacional tomó la determinación de poner en marcha programas estratégicos adicionales de creación de empleo en ese departamento con el objetivo de ofrecer alternativas de trabajo calificado para los habitantes de las islas que conforman el archipiélago, entendiendo trabajo calificado como más trabajo de calidad para esa población. De esa manera, se pretende continuar fomentando el establecimiento de empresas y negocios que aprovechen las ventajas competitivas en el departamento, en materia de capital humano. Un aliado fundamental para las iniciativas de creación de empleo en el departamento es el SENA con políticas enfocadas a la formación y capacitación para el trabajo, que les permita contar con los conocimientos, habilidades y aptitudes para el desarrollo de los mencionados servicios.

En este contexto, se identificó la oportunidad de fomentar el desarrollo de actividades empresariales, tales como el BPO (Business Processing Outsourcing-Tercerización de Servicios) que, por sus características, sean lo suficientemente flexibles para adaptarse a las condiciones sociales y económicas del departamento y que sean coherentes con la tendencia mundial de desarrollar servicios tecnológicos con fines de comunicación. En Colombia, el sector de BPO es un alto generador de empleo (alrededor de 80.000 puestos de trabajo en 2011) y ventas por cerca de US1.000 millones (también en 2011)(14). Además, este sector ha presentado un crecimiento en el país del 61% en los últimos cuatro años(15).

El departamento cuenta con una ventaja comparativa importante para la puesta en marcha de este tipo de industria: por una parte, las empresas nuevas que se instalen en ese departamento pueden ser objeto de una serie de beneficios tributarios derivados de lo establecido en la Ley 47 de 1993 y en artículo 150 de la Ley 1607 de 2012; por otra parte, las características propias de estas islas facilitan la actividad laboral en este sector, toda vez que gran parte del capital humano disponible es trilingüe (español, inglés y kriol) y, en esa medida, requiere de una menor capacitación para iniciar la prestación del servicio.

Desarrollo empresarial

Se ha realizado la implementación de la propuesta de fortalecimiento de las capacidades estratégicas, de articulación y de gestión de la Comisión Regional de Competitividad de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CRC); la región implementó una ruta competitiva en el sector de turismo de naturaleza, como apuesta productiva del departamento. Se cuenta con el Centro de Servicios MiCITio de San Andrés, para atención integral a empresarios y emprendedores, adaptando la metodología Small Business Development Center (SBDC) de los Estados Unidos. Esta iniciativa permite conectar las empresas de la isla a la red de negocios de las Américas a través de la plataforma SBDCGLOBAL.COM. Por parte, el Gobierno Nacional contrató un curso de nivelación y mejoramiento de procesos productivos para actores del sector textil confección. Como resultado se graduaron 38 personas y se elaboró la colección Seaflower de ropa de mar y playa con 60 piezas.

Programas y proyectos estratégicos

Con fundamento en el anterior diagnóstico, el Gobierno Nacional ha identificado, entre otros, los siguientes proyectos para realizar o continuar ejecutando, según el caso particular, en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Transporte, infraestructura y turismo

Fortalecer las capacidades institucionales para gestión del turismo, mediante vinculación a circuitos del Caribe y organismos internacionales de gestión.

Generar mecanismos de movilidad entre las islas de San Andrés y Providencia, en particular para el transporte marítimo de pasajeros y carga, con el propósito de que la conectividad sea más segura, más frecuente y en mayores cantidades, y que reduzca las tarifas que actualmente deben asumir los turistas y los residentes, en especial la comunidad raizal.

Culminar obras de infraestructura turística en curso como la renovación del muelle El Cove, renovación del Fisherman Place, sendero al Peak, muelle Lancheros, muelle Jhonny Cay, provisión de cámaras hiperbáricas de San Andrés y Providencia, entre otros.

Incentivar la generación de nuevas rutas aéreas y marítimas para transporte de carga y pasajeros con el continente colombiano, Centroamérica y el Caribe.

Consolidar productos turísticos especializados que se encuentran en franco crecimiento como turismo de naturaleza, turismo cultural, turismo de reuniones, turismo de salud y bienestar y turismo náutico y de cruceros. Así mismo, continuar con la promoción y difusión del destino a nivel nacional e internacional por medio de diseño, producción y emisión de campañas, divulgación del destino en el marco de eventos.

Facilitar y promover la suscripción de APP para inversión en infraestructura turística.

Generar un esquema de renovación del parque automotor de transporte público en sistemas ecoamigables, con líneas blandas de financiación.

Generar incentivos al emprendimiento de crecimiento verde en turismo.

Pesca y acuicultura

Terminal pesquero artesanal: ante la necesidad de contar con un centro de producción pesquero que permita conservar la cadena de frío y, posteriormente, facilite la comercialización al público, se pondrá en marcha el terminal pesquero artesanal, cuyo objetivo es la adecuación de una infraestructura que cuente con los servicios de apoyo requeridos para el desarrollo de su actividad de manera sostenible, rentable y organizada.

Programa integral de desarrollo rural para Providencia y Santa Catalina (acuaponía, maricultura, zoocría, turismo rural, entre otros) dirigido a pescadores artesanales y agricultores del municipio, teniendo en cuenta que el campo y el mar son recursos estratégicos con gran potencial para reducir la pobreza y contribuir al desarrollo del turismo local y regional.

Soberanía y seguridad

Construir la infraestructura terrestre y marítima necesaria con el propósito de salvaguardar la soberanía nacional y mejorar las condiciones de seguridad en el archipiélago, y, con el mismo fin, se elaborarán los programas de seguridad y convivencia ciudadana que sean requeridos.

Cultura, educación y empleo

Cultura:

Desarrollar una estrategia para fortalecer la industria musical en el archipiélago, y para la dotación y sostenimiento de espacios como estudio de grabación o laboratorio con herramientas audiodigitales y de formación en producción de contenidos culturales y multimedia. Además se fomentará y apoyará la realización de residencias artísticas en las islas.

Apoyar la gestión de archivo del archipiélago: apoyar a la gobernación en el proyecto de construcción del archivo del departamento.

Construcción de la casa de cultura de North End, construcción de una galería, salones para música, salones para artes plásticas, pintura, entre otros.

Apoyar la construcción de una Casa de la Juventud en el departamento: iniciativa de la gobernación del archipiélago para contar con espacios adecuados para el desarrollo de sus jóvenes.

Educación, formación para el trabajo y empleo

Fortalecimiento de la educación superior en el archipiélago. Apoyar instituciones de educación superior de las islas con el ánimo de fortalecerlas en áreas específicas como la enseñanza del inglés estándar, así como en la enseñanza de asuntos del medio ambiente, u otras que tengan especial importancia en el archipiélago.

Fortalecimiento del acceso, permanencia y pertinencia de la oferta de educación superior para el archipiélago. Se pretende formular proyectos para la formación de licenciados en áreas específicas, cursos de fundamentación en áreas básicas y competencias universitarias. Diseño de estrategias para el acceso y permanencia en la educación superior.

El diseño de un currículo integral en inglés estándar para primaria, que incluya la enseñanza de inglés, matemáticas, ciencias naturales, entre otros. Será un diseño que contemple la implementación gradual por niveles y asignaturas, e incluya los criterios para la selección de materiales educativos, teniendo en cuenta el contexto cultural y educativo particular de las islas.

Formulación de un programa integral de formación de los docentes de primaria. La definición del programa de formación de docentes se realizará considerando la prioridad de necesidades y la priorización de niveles. El plan de formación debe considerar una formación in situ y la posibilidad de establecer un plan de incentivos docentes, que permita que un grupo tenga la posibilidad de realizar pasantías cortas en un país anglófono.

Programas de inmersión en inglés estándar en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Serán ofrecidos a los docentes de inglés del sector oficial de diferentes entidades territoriales, según las necesidades que se identifiquen. Permitirá fortalecer la capacidad de las islas para continuar ofreciendo el programa.

Implementar los proyectos de aprendizaje-enseñanza del Kriol. En articulación con los sectores de cultura y educación, se pretende fortalecer la identidad cultural del raizal, mediante el uso escrito y hablado de la lengua nativa.

Los siguientes proyectos planteados en este capítulo fueron establecidos por otras entidades del gobierno, pero se podrán articular con el Ministerio de Educación Nacional sin que esto implique una actuación directa por parte de ese ministerio.

Proyecto de la escuela taller. En aras de articular la cultura y el patrimonio inmaterial, el emprendimiento, la formación para el trabajo y el desarrollo humano para proponer alternativas de desarrollo social y económico de San Andrés y Providencia, se busca consolidar un centro de formación y producción artística y cultural bajo el esquema de escuela taller —Herramientas de Paz— o particularmente, se busca implementar este esquema a través de procesos de formación y producción artística, con especial atención en oficios tradicionales. Para esto, se busca efectuar las adecuaciones y construcciones necesarias para el funcionamiento de la Escuela, de manera que se cumplan los estándares requeridos dentro del proceso de formación artística y con espacios adecuados para la oferta de bienes y servicios complementarios.

Apoyar la formación de personal y la adecuación de infraestructura para servicios de Business Processing Outsourcing (BPO) en el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El Gobierno Nacional, a través del Sena, estructurará el proyecto de formación de personal para servicios de Business Processing Outsourcing en el departamento.

Fomento de alternativas de empleabilidad y emprendimiento para la población de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a través, entre otros, de la industria de servicio BPO para generar empleos e ingresos en esas islas.

Habitabilidad

Construcción y/o mejoramiento de viviendas localizadas tanto en suelo urbano como rural, en San Andrés y en Providencia, para el beneficio de población residente vulnerable.

Brindar asistencia técnica y apoyo financiero para mejorar la cobertura, calidad y continuidad de los servicios de agua potable y saneamiento básico, con un enfoque de sostenibilidad que incluya fortalecimiento de las capacidades institucionales, operativas y de planeación.

Apoyar las actividades de tipo técnico, operativo, jurídico y/o financiero para articular las actividades de recolección y transporte selectivo con la operación del relleno sanitario, incluyendo la extracción y adecuación de los residuos dispuestos en el mismo, para lograr la óptima operación de la planta RSU para la generación de energía.

Programa de transición a energías renovables. Se culminará el diseño de un programa de eficiencia energética para el departamento de manera que la matriz energética del departamento tenga un mayor contenido de energías renovables.

Desarrollo empresarial

Brindar acompañamiento a la Comisión Regional de Competitividad de San Andrés en la identificación y estructuración de proyectos de alto impacto regional, y su presentación ante entidades financiadoras, y en promover la articulación de instancias, programas e instrumentos del sector comercio, industria y turismo para apoyar el aumento de la productividad y mejoramiento de la competitividad regional.

Realizar las convocatorias a través del Fondo de Modernización e Innovación para las Mipymes para el fortalecimiento e incremento de la productividad de las Mipymes del archipiélago.

Fortalecer las capacidades productivas de las islas, mediante la capacitación en modelos asociativos y definición de modelo de negocio e implementar talleres para capacitación, entrenamiento y producción.

Fortalecer y volver competitivos los procesos productivos del sector textil confección.

(1) Fuente: DNP-DIFP-SUIP-SIIF II-SPI.

(2) Fuente: Ministerio de Transporte, información con corte a 18 de marzo de 2015.

(3) Fuente: Secretaría de Turismo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

(4) Fuente: Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca.

(5) Fuente: Secretaría de Agricultura y Pesca de San Andrés. Corte a junio 2014.

(6) Fuente: Secretaría de Agricultura y Pesca de San Andrés. Desde 2012 no se han hecho monitoreos que permitan tener esta información actualizada a la fecha. En enero de 2015 se reactivará, programa Sea Watchers (observadores a bordo) para actualizar los datos de pesca del departamento.

(7) Fuente: DANE, registro de población, 2014.

(8) Fuente: gobernación de San Andrés-Plan de Desarrollo 2012-2015.

(9) DANE. 2010. Boletín Censo General 2005. Perfil: Archipiélago San Andrés y Providencia.

(10) El DANE define el déficit cuantitativo como la cantidad de hogares existentes en relación a la cantidad de viviendas. Para su cálculo, se debe realizar el cociente entre el número de hogares y la suma entre el número de viviendas que deben construirse y las ya existentes. El déficit cualitativo incorpora el cálculo de las viviendas existentes que no responden a las necesidades de calidad de sus habitantes, pero que pueden ser mejoradas mediante reparaciones, arreglos y nuevas instalaciones.

(11) CREPAD, 2011. Viviendas consolidadas: desarrollos de uso residencial que alcanzaron un nivel de construcción aceptable. Utiliza materiales como tejas de eternit, ladrillo, placas de concreto y pisos en baldosa generalmente común. Pese a esto, no es posible afirmar que las condiciones de habitabilidad interna siempre sean las más adecuadas. Viviendas semiconsolidadas: son aquellas que se encuentran en un estado transitorio de consolidación. Los materiales utilizados no proveen las condiciones necesarias para una adecuada habitabilidad o presentan un marcado deterioro constructivo. Viviendas sin consolidar o tugurio: Desarrollos de vivienda que presentan un alto grado de deterioro en sus materiales. Generalmente son viviendas construidas con paredes en madera o materiales perecederos, techos en tejas de zinc con pisos en tierra pisada o cemento rústico.

(12) Información provista por la secretaría de planeación departamental.

(13) Fuente: Ministerio de Minas y Energía.

(14) Cámara de procesos tercerizados, BPO & IT de la Andi.

(15) Asociación Colombiana de Contact Centers y BPO.