PARTE 8

Normas relativas a la salud pública

TÍTULO 1

VIH-Sida

CAPÍTULO 1

Disposiciones generales

ART. 2.8.1.1.1.—Ámbito de aplicación. Las disposiciones contempladas en el presente título se aplicarán en el territorio nacional, a todas las personas naturales, jurídicas, nacionales y extranjeras sin distinción alguna.

(D. 1543/97, art. 1º)

ART. 2.8.1.1.2.—Definiciones técnicas. Para los efectos del presente título adóptanse las siguientes definiciones:

Aislamiento: Medida de contención preventiva de bioseguridad mediante la cual una persona enferma es sometida, por parte del equipo de salud competente, a controles especiales destinados a evitar el agravamiento de su estado o a que pueda llegar a afectar la salud de los demás.

Atención integral: Conjunto de servicios de promoción, prevención y asistenciales (diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y readaptación), incluidos los medicamentos requeridos, que se prestan a una persona o un grupo de ellas en su entorno biopsicosocial, para garantizar la protección de la salud individual y colectiva.

Autocuidado: Observancia particular y determinada que una persona hace para sí misma de un conjunto de principios, recomendaciones y precauciones, destinadas a conservar la salud, incluyendo la promoción de la salud sexual, la prevención de la infección por VIH y la minimización de las repercusiones físicas, psicológicas y sociales que causa la misma.

Bioseguridad: Actividades, intervenciones y procedimientos de seguridad ambiental ocupacional e individual para garantizar el control del riesgo biológico.

Caso de sida: Persona infectada con el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, que presenta signos y síntomas asociados con cualquiera de las enfermedades concominantes a la inmunosupresión que definen sida según la clasificación del CDC de Atlanta para niños o para personas adolescentes y adultas, o la que en su momento adopte el Ministerio de Salud y Protección Social en sus normas técnica; incluyendo el respaldo de pruebas de laboratorio científicamente determinadas para tal efecto.

Donde no se disponga de pruebas de laboratorio especializadas para el estudio de la infección por VIH, una persona enferma se considerará caso de sida acorde con la clasificación de Caracas o sus actualizaciones posteriores, contenidas en normas técnicas del Ministerio de Salud y Protección Social.

Condiciones de riesgo: Serie de factores y cofactores del entorno bio-psico-social y cultural, que determinan o inciden en la vulnerabilidad de una persona, para infectarse con el VIH.

Conductas con riesgo: Acción o conjunto de acciones y actividades que asumen las personas, exponiéndose directamente a la probabilidad de infectarse con el VIH.

Confidencialidad: Reserva que deben mantener todas y cada una de las personas integrantes del equipo de salud frente a la comunidad, respecto a la información del estado de salud y a la condición misma de una persona, con el fin de garantizarle su derecho fundamental a la intimidad.

Consentimiento informado: Manifestación libre y voluntaria, que da una persona por escrito luego de la consejería preprueba con el fin de realizarle el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual deberá consignarse en la historia clínica.

Consejería: Conjunto de actividades realizadas para preparar y confrontar a la persona con relación a sus conocimientos, sus prácticas y conductas, antes y después de la realización de las pruebas diagnósticas; esta se llevará a cabo por personal entrenado y calificado para dar información, educación, apoyo psicosocial y actividades de asesoría a las personas infectadas, a sus familiares y comunidad, en lo relacionado con las ETS, el VIH y el sida.

Contaminación: Presencia del VIH en objetos, productos y/o tejidos.

Discriminación: Amenaza o vulneración del derecho a la igualdad mediante actitudes o prácticas individuales o sociales, que afecten el respeto y la dignidad de la persona o grupo de personas y el desarrollo de sus actividades, por la sospecha o confirmación de estar infectadas por VIH.

Equipo de salud: Grupo interdisciplinario y multidisciplinario de personas que trabajan en salud, cuyas actividades están orientadas a la docencia, administración, investigación y atención integral de la salud individual y comunitaria.

Estudio centinela: Investigación epidemiológica que mide la magnitud y la tendencia de la infección por VIH en grupos poblacionales específicos, utilizado para conocer indirectamente el comportamiento epidemiológico de la infección.

ETS (enfermedades de transmisión sexual): Enfermedades e infecciones producidas por determinados microorganismos, virus, hongos, bacterias y/o parásitos que se transmiten por vía sexual de una persona a otra.

Incidencia: Número de casos nuevos en un tiempo, población y lugar determinados.

Infección por el VIH: Presencia del virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, en el organismo de una persona, confirmada por prueba diagnóstica de laboratorio.

Inmunodeficiencia: Falla, daño o disminución del sistema inmunológico de una persona para producir una respuesta ante la presencia de agentes o sustancias biológicas extrañas, por diferentes causas.

Intimidad: Condición de la persona que le permite conservar su existencia con el mínimo de injerencia de los demás, para así lograr el libre y armónico desarrollo de su personalidad. Comprende tanto el respeto a la intimidad personal y familiar, como la facultad de defenderse de la divulgación de hechos privados, al permitir que la persona controle la información sobre sí misma.

Material biológico humano: Toda sustancia de origen humano como órganos, tejidos, secreciones y/o células, que esté libre o impregnada a otros materiales.

Medidas universales de bioseguridad: Conjunto de normas, recomendaciones y precauciones, emitidas por entidades nacionales o internacionales de salud, adoptadas y/o expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social tendientes a evitar en las personas el riesgo de daño o infección causado por agentes biológicos contaminantes.

Persona asintomática: Persona infectada por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, que no presenta síntomas, ni signos relacionados con el sida.

Persona infectada: Persona en cuyo organismo está presente el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, confirmado por prueba diagnóstica de laboratorio, con o sin síntomas.

Persona sintomática: Persona con el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, que presenta manifestaciones clínicas propias del sida.

Prevalencia: Número de casos totales o acumulados durante el desarrollo de la epidemia en una población dada, en un tiempo determinado.

Prevención en el sistema integral de seguridad social: Entiéndase por prevención de la enfermedad o el accidente, el conjunto de acciones que tienen por fin la identificación, control o reducción de los factores de riesgo biológicos, del ambiente y del comportamiento, para evitar que la enfermedad aparezca o se prolongue, ocasione daños mayores o genere secuelas inevitables.

Promoción en el sistema integral de seguridad social: Integración de las acciones realizadas por la población, los servicios de salud, las autoridades sanitarias, los sectores sociales y productivos, con el objeto de garantizar más allá de la ausencia de enfermedad, mejores condiciones de salud físicas, psíquicas y sociales individual y colectivamente.

Prueba diagnóstica presuntiva: Examen de laboratorio que indica posible infección por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, en una persona, y cuyo resultado en caso de ser reactivo, requiere confirmación por otro procedimiento de mayor especificidad.

Prueba diagnóstica suplementaria: Examen de laboratorio de alta especificidad aceptado por la autoridad competente, mediante el cual se confirma la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH.

Seropositivo: Resultado de una prueba diagnóstica reactiva o positiva para la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH.

Seronegativo: Resultado de una prueba diagnóstica no reactiva o negativa para la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH.

SIDA (síndrome de adquirida): Conjunto de síntomas y signos generados por el compromiso del sistema inmunitario de una persona como consecuencia de la infección por el VIH.

VIH (virus de la inmunodeficiencia humana): Retrovirus que es el agente causal del sida.

(D. 1543/97, art. 2º)

CAPÍTULO 2

Diagnóstico y atención integral

ART. 2.8.1.2.1.—Del diagnóstico. Teniendo en cuenta los criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio, el diagnóstico de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sida, y las enfermedades de transmisión sexual, ETS, es un acto propio del ejercicio de la medicina.

(D. 1543/97, art. 3º)

ART. 2.8.1.2.2.—Indicación de las pruebas diagnósticas. Las pruebas de laboratorio para el apoyo diagnóstico de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, están indicadas con los siguientes propósitos:

a) Confirmación de sospecha clínica de la infección por VIH por parte de un profesional de la medicina, con el consentimiento informado de la persona;

b) Estudio de investigación del comportamiento epidemiológico de la infección por VIH;

c) Para atender la solicitud individual de la persona interesada;

d) Para descartar la presencia del VIH en material biológico humano.

PAR.—Los estudios de investigación a que se refiere el literal “b” del presente artículo, deberán ceñirse a lo estipulado en el capítulo 4 del presente título.

(D. 1543/97, art. 4º)

ART. 2.8.1.2.3.—Realización de pruebas diagnósticas. Las pruebas presuntiva y suplementaria de infección por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, previa consejería, se realizarán en laboratorios públicos o privados que cumplan los requisitos y normas de calidad establecidas por la red nacional de laboratorios.

(D. 1543/97, art. 5º)

ART. 2.8.1.2.4.—Entrega de resultados de las pruebas. Los resultados de las pruebas para diagnóstico de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, y los de diagnóstico para las enfermedades de transmisión sexual, ETS, deberán ser entregados al paciente por un profesional de la medicina u otra persona del equipo de salud debidamente entrenada en consejería.

(D. 1543/97, art. 6º)

ART. 2.8.1.2.5.—Persona infectada por el VIH. Para todos los fines legales considérase que una persona infectada por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, mientras permanezca asintomática no tiene la condición de enferma del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sida.

(D. 1543/97, art. 7º)

ART. 2.8.1.2.6.—Obligación de la atención. Ninguna persona que preste sus servicios en el área de la salud o institución de salud se podrá negar a prestar la atención que requiera una persona infectada, por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, asintomática o enferma del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sida, según asignación de responsabilidades por niveles de atención, so pena de incurrir en una conducta sancionable de conformidad con las disposiciones legales; salvo las excepciones contempladas en la Ley 23 de 1981.

(D. 1543/97, art. 8º)

ART. 2.8.1.2.7.—Atención integral de la salud. La atención integral a las personas asintomáticas infectadas por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, y enfermas del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sida, de acuerdo con el criterio del equipo de salud y con sujeción a las normas técnico-administrativas que expida el Ministerio de Salud y Protección Social, podrá ser de carácter ambulatorio, hospitalario, domiciliario o comunitario y tendrá su acción en las áreas de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y readaptación. Esta incluirá los medicamentos requeridos para controlar la infección por el VIH y sida, que en el momento se consideren eficaces, para mejorar la calidad de vida de la persona infectada.

PAR.—La familia y el grupo social de referencia, participarán activamente en el mantenimiento de la salud de las personas asintomáticas infectadas por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, en la recuperación de personas enfermas del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sida, así como en el proceso del bien morir de las personas en estado terminal.

(D. 1543/97, art. 9º)

ART. 2.8.1.2.8.—Actualización de las personas del equipo de salud. Las entidades de carácter público y privado que presten servicios de salud deben promover y ejecutar acciones de información, capacitación y educación continuada sobre ETS, VIH y sida al personal, con el fin de mantenerlos actualizados en conocimientos acordes con los avances científicos y tecnológicos al respecto, con la obligación de hacer aplicación, seguimiento y evaluación de las mismas.

(D. 1543/97, art. 10)

ART. 2.8.1.2.9.—Preparación a la familia o responsables del paciente. El equipo de salud capacitará a la persona responsable del paciente y a quienes conviven con este para prestar la atención adecuada.

(D. 1543/97, art. 11)

CAPÍTULO 3

Promoción, prevención, vigilancia epidemiológica y medidas de bioseguridad

ART. 2.8.1.3.1.—Promoción. La promoción de la salud, en el caso específico de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, y las otras enfermedades de transmisión sexual, ETS, implicará el respeto por la autodeterminación de las personas en cuanto a sus hábitos y conductas sexuales.

(D. 1543/97, art. 12)

ART. 2.8.1.3.2.—Prevención. La prevención en su más amplia acepción deberá garantizar:

a) Procesos de educación e información;

b) Servicios sociales y de salud;

c) Un ambiente de apoyo y tolerancia socia basado en el respeto a los derechos humanos.

(D. 1543/97, art. 13)

ART. 2.8.1.3.3.—Intersectorialidad en promoción y prevención. La promoción y la prevención de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, serán impulsadas por todos los sectores y organismos nacionales, y por las entidades de carácter privado que presten protección integral en salud.

(D. 1543/97, art. 14)

ART. 2.8.1.3.4.—Protocolos de atención integral en VIH/sida. El Ministerio de Salud y Protección Social, teniendo en cuenta los principios científicos universalmente aceptados, expedirá las normas para la promoción, la prevención y asistencia de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sida, y las enfermedades de transmisión sexual, ETS.

(D. 1543/97, art. 15)

ART. 2.8.1.3.5.—Educación para la salud sexual y reproductiva. El Ministerio de Educación Nacional a través de los proyectos de educación sexual, en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social, promoverá una sexualidad responsable, sana y ética en la niñez y la juventud. La educación sexual en las instituciones educativas se hará con la participación de toda la comunidad educativa haciendo énfasis en la promoción de actitudes y comportamientos responsables que permitan el desarrollo de la autonomía, la autoestima, los valores de convivencia y la preservación de la salud sexual; factores que contribuyen a la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, ETS, y al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sida.

(D. 1543/97, art. 16)

ART. 2.8.1.3.6.—Difusión de mensajes. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Autoridad Nacional de Televisión, y Señal Radio Colombia adoptarán los mecanismos necesarios para que a través de los medios masivos de comunicación se emitan mensajes de promoción focalizados a poblaciones, específicas de la comunidad, tendientes a la prevención de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sida, y las otras enfermedades de transmisión sexual, ETS, los cuales podrán incluir el uso del condón, la educación en valores y la no discriminación hacia las personas que viven con el VIH y sida.

(D. 1543/97, art. 17)

ART. 2.8.1.3.7.—Participación de la ONG. El Ministerio de Salud y Protección Social, o la autoridad delegada, apoyará y coordinará la planeación y ejecución de acciones de las organizaciones no gubernamentales, ONG, tendientes a la formación de líderes en grupos poblacionales específicos para la promoción y la prevención sobre los diferentes aspectos de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sida, y las otras enfermedades de transmisión sexual, ETS.

(D. 1543/97, art. 18)

ART. 2.8.1.3.8.—Obligaciones de las EPS. Las entidades promotoras de salud, EPS, estarán en la obligación de realizar acciones de promoción, prevención y asistencia, de conformidad con el artículo 179 de la Ley 100 de 1993.

(D. 1543/97, art. 19)

ART. 2.8.1.3.9.—Información de casos. En desarrollo del sistema de información epidemiológico, todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas del sector salud, estarán obligadas a notificar los casos de infección por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sida, y defunción a causa de esta enfermedad, así como de otras enfermedades de transmisión sexual, ETS, a las direcciones territoriales de salud, so pena de ser sancionadas de conformidad con las normas pertinentes y sin perjuicio de que puedan llegar a incurrir en el delito de violación de medidas sanitarias consagradas en el Código Penal. El secreto profesional no podrá ser invocado como impedimento para suministrar dicha información.

PAR. 1º—La información sobre el nombre de personas infectadas por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sida, y las otras enfermedades de transmisión sexual, ETS, gozará del amparo de reserva, deberá hacerse con sujeción a las disposiciones contempladas en el presente título y a las normas sobre vigilancia y control epidemiológico que para tal efecto expida el Ministerio de Salud y Protección Social.

PAR. 2º—Para garantizar el derecho a la intimidad, la información epidemiológica es de carácter confidencial y se utilizará solo con fines sanitarios.

(D. 1543/97, art. 20)

ART. 2.8.1.3.10.—Prohibición para realizar pruebas. La exigencia de pruebas de laboratorio para determinar la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, queda prohibida como requisito obligatorio para:

a) Admisión o permanencia en centros educativos, deportivos, sociales o de rehabilitación;

b) Acceso a cualquier actividad laboral o permanencia en la misma;

c) Ingresar o residenciarse en el país;

d) Acceder a servicios de salud;

e) Ingresar, permanecer o realizar cualquier tipo de actividad cultural, social, política, económica o religiosa.

(D. 1543/97, art. 21)

ART. 2.8.1.3.11.—Realización de pruebas en los bancos de sangre y órganos. Los bancos de órganos, componentes anatómicos y líquidos orgánicos, así como las demás entidades médico asistenciales que los reciban para fines de trasplantes, deberán realizar a sus donantes la prueba para detectar la presencia del virus de inmunodeficiencia humana, VIH; igualmente los bancos de sangre y hemoderivados realizarán a las unidades de sangre donadas, las pruebas serológicas específicas para detectar la presencia del virus de inmunodeficiencia humana, VIH.

PAR.—En estos casos las pruebas que realice el banco de sangre se limitarán al tamizaje e informarán el resultado correspondiente a las autoridades sanitarias competentes, cuando el donante de manera previa así lo hubiere autorizado.

(D. 1543/97, art. 22)

ART. 2.8.1.3.12.—Bioseguridad. Las entidades públicas y privadas asistenciales de salud, laboratorios, bancos de sangre, consultorios y otras que se relacionen con el diagnóstico, investigación y atención de personas, deberán:

a) Acatar las recomendaciones que en materia de medidas universales de bioseguridad sean adoptadas e impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social;

b) Capacitar a todo el personal vinculado en las medidas universales de bioseguridad;

c) Velar por la conservación de la salud de sus trabajadores;

d) Proporcionar a cada trabajador en forma gratuita y oportuna, elementos de barrera o contención para su protección personal, en cantidad y calidad acordes con los riesgos existentes en los lugares de trabajo, sean estos reales o potenciales.

(D. 1543/97, art. 23)

ART. 2.8.1.3.13.—Disponibilidad de condones. Los establecimientos que ofrezcan facilidades para la realización de prácticas sexuales, así como las droguerías y farmacias o similares, deberán garantizar a sus usuarios la disponibilidad de condones como una medida de prevención.

(D. 1543/97, art. 24)

ART. 2.8.1.3.14.—Prohibición de la referencia en carnés. Sin perjuicio de las medidas sanitarias de carácter individual a que haya lugar y del derecho que toda persona tiene a obtener certificado de su estado de salud cuando lo considere conveniente, se prohíbe la exigencia de carné o certificado con referencia a enfermedades de transmisión sexual, incluida la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH.

(D. 1543/97, art. 25)

ART. 2.8.1.3.15.—Vigilancia sobre las ONG. Las organizaciones no gubernamentales que presten servicios de cuidado, atención o tratamiento a personas infectadas con el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, o enfermas del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sida, estarán sometidas a la inspección, vigilancia y control de las autoridades sanitarias de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

PAR.—También estarán vigiladas las organizaciones no gubernamentales que presten estos servicios de promoción y prevención de primer nivel, a personas o grupos comunitarios.

(D. 1543/97, art. 26)

CAPÍTULO 4

Investigación

ART. 2.8.1.4.1.—Normas para la investigación terapéutica. En desarrollo del artículo 54 de la Ley 23 de 1981, la investigación terapéutica en humanos y en especial la aplicada a la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sida, se sujetará a la Declaración de Helsinki dictada por la Asociación Médica Mundial, hasta tanto se expidan disposiciones legales específicas sobre la materia.

PAR.—En caso de conflicto entre los principios o recomendaciones adoptadas por la Asociación Médica Mundial, y las disposiciones legales internas vigentes, se aplicarán las de la legislación colombiana.

(D. 1543/97, art. 27)

ART. 2.8.1.4.2.—Estímulo a la investigación. El Ministerio de Salud y Protección Social, a través de sus organismos o comisiones especializadas, estimulará y apoyará la realización de investigaciones relacionadas directa o indirectamente con la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sida, y las otras enfermedades de transmisión sexual, ETS.

PAR.—Las investigaciones experimentales del virus de inmunodeficiencia humana, VIH, y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sida, y las otras enfermedades de transmisión sexual, ETS, que involucren personas como sujetos directos del estudio, deberán ser aprobadas por el Ministerio de Salud y Protección Social o por las autoridades sanitarias delegadas; en los demás casos, el Ministerio de Salud y Protección Social podrá definir metodologías, evaluar y hacer el seguimiento de los proyectos científicos correspondientes.

(D. 1543/97, art. 28)

ART. 2.8.1.4.3.—Investigación epidemiológica. El procedimiento empleado en la investigación en vigilancia epidemiológica Centinela, encuestas de prevalencia, o en cualquier otro tipo de investigación, deberá garantizar el anonimato de las personas participantes.

(D. 1543/97, art. 29)

CAPÍTULO 5

Ejercicio de los derechos y cumplimiento de los deberes

ART. 2.8.1.5.1.—Deberes de la comunidad. Todas las personas de la comunidad tienen el deber de velar por la conservación de la salud personal, familiar y comunitaria a fin de evitar la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sida, y las otras enfermedades de transmisión sexual, ETS, poniendo en práctica las medidas de autocuidado y prevención.

(D. 1543/97, art. 30)

ART. 2.8.1.5.2.—Deberes de las IPS y personas del equipo de salud. Las personas y entidades de carácter público y privado que promuevan o presten servicios de salud, están obligadas a dar atención integral a las personas infectadas por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, y a los enfermos de sida, o de alto riesgo, de acuerdo con los niveles de atención grados de complejidad que les corresponda, en condiciones de respeto por su dignidad, sin discriminarlas y con sujeción a lo dispuesto en el presente título, y en las normas técnico administrativas y de vigilancia epidemiológica expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

(D. 1543/97, art. 31)

ART. 2.8.1.5.3.—Deber de la confidencialidad. Las personas integrantes del equipo de salud que conozcan o brinden atención en salud a una persona infectada por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, asintomática o sintomática, están en la obligación de guardar sigilo de la consulta, diagnóstico, evolución de la enfermedad y de toda la información que pertenezca a su intimidad.

(D. 1543/97, art. 32)

ART. 2.8.1.5.4.—Historia clínica. La historia clínica es el registro obligatorio de las condiciones de salud de la persona, como tal es un documento privado sometido a reserva, por lo tanto únicamente puede ser conocido por terceros, previa autorización de su titular o en los casos previstos por la ley

La historia pertenece a la persona y la institución cumple un deber de custodia y cuidado.

(D. 1543/97, art. 33)

ART. 2.8.1.5.5.—Revelación del secreto profesional. Por razones de carácter sanitario, el médico tratante, teniendo en cuenta los consejos que dicta la prudencia, podrá hacer la revelación del secreto profesional a:

a) La persona infectada en aquello que estrictamente le concierne y convenga;

b) Los familiares de la persona infectada si la revelación es útil al tratamiento;

c) Los responsables de la persona infectada cuando se trate de menores de edad o de personas mentalmente incapaces;

d) Los interesados por considerar que se encuentran en peligro de infección, al cónyuge, compañero permanente, pareja sexual o a su descendencia;

e) Las autoridades judiciales o de salud competentes en los casos previstos por la ley.

PAR. 1º—El médico tratante podrá delegar en la persona encargada de la consejería al interior del equipo de salud, la revelación del secreto profesional, la responsabilidad será solidaria.

PAR. 2º—En los casos contemplados en los literales, a), b), c), y d), del presente artículo, el secreto profesional se revelará a la persona interesada previa consejería.

(D. 1543/97, art. 34)

ART. 2.8.1.5.6.—Situación laboral. Los servidores públicos y trabajadores privados no están obligados a informar a sus empleadores su condición de infectados por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH. En todo caso se garantizarán los derechos de los trabajadores de acuerdo con las disposiciones legales de carácter laboral correspondientes.

PAR. 1º—Quienes decidan voluntariamente comunicar su estado de infección a su empleador, este deberá brindar las oportunidades y garantías laborales de acuerdo a su capacidad para reubicarles en caso de ser necesario, conservando su condición laboral.

PAR. 2º—El hecho de que una persona esté infectada con el virus de inmunodeficiencia humana, VlH, o haya desarrollado alguna enfermedad asociada al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sida, no será causal de despido sin perjuicio de que conforme al vínculo laboral, se apliquen las disposiciones respectivas relacionadas al reconocimiento de la pensión de invalidez por pérdida de la capacidad laboral.

(D. 1543/97, art. 35)

ART. 2.8.1.5.7.—Deber de informar. Para poder garantizar el tratamiento adecuado y evitar la propagación de la epidemia, la persona infectada con el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, o que haya desarrollado el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sida, y conozca tal situación, está obligada a informar dicho evento a su pareja sexual y al médico tratante o al equipo de salud ante el cual solicite algún servicio asistencial.

(D. 1543/97, art. 36)

ART. 2.8.1.5.8.—Derecho al consentimiento informado. La práctica de pruebas de laboratorio para detectar la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, en el orden individual o encuestas de prevalencia, solo podrá efectuarse previo consentimiento de la persona encuestada o cuando la autoridad sanitaria competente lo determine, de acuerdo con las previsiones del presente título.

(D. 1543/97, art. 37)

ART. 2.8.1.5.9.—Personas privadas de la libertad. Las personas privadas de la libertad no podrán ser obligadas a someterse a pruebas de laboratorio para detectar infección por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH.

(D. 1543/97, art. 38)

ART. 2.8.1.5.10.—La no discriminación. A las personas infectadas por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, a sus hijos y demás familiares, no podrá negárseles por tal causa su ingreso o permanencia a los centros educativos, públicos o privados, asistenciales o de rehabilitación, ni el acceso a cualquier actividad laboral o su permanencia en la misma, ni serán discriminados por ningún motivo.

(D. 1543/97, art. 39)

ART. 2.8.1.5.11.—Prohibición de pruebas diagnósticas para la cobertura de servicios. Por ser la salud un bien de interés público y un derecho fundamental, las entidades de medicina prepagada, aseguradoras, promotoras o prestadoras de servicios de salud, sean públicas o privadas, no podrán exigir pruebas diagnósticas de laboratorio para el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, como requisito para acceder a la cobertura respectiva de protección. La condición de persona infectada por no corresponder a la noción de enferma, no podrá considerarse como una condición patológica preexistente, tampoco se podrán incluir cláusulas de exclusión.

(D. 1543/97, art. 40)

ART. 2.8.1.5.12.—Deber de no infectar. La persona informada de su condición de portadora del virus de inmunodeficiencia humana, VIH, deberá abstenerse de donar sangre, semen, órganos o en general cualquier componente anatómico, así como de realizar actividades que conlleven riesgo de infectar a otras personas.

(D. 1543/97, art. 41)

ART. 2.8.1.5.13.—Derecho a la promoción, prevención y educación en salud. Toda persona tiene derecho a obtener de los funcionarios competentes la debida información y las instrucciones adecuadas sobre asuntos, acciones y prácticas conducentes a la promoción, prevención y conservación de su salud personal y la de los miembros de su hogar, particularmente sobre higiene, dieta adecuada, orientación psicológica, salud mental, educación sexual, enfermedades transmisibles, especialmente las enfermedades de transmisión sexual y el sida, planificación familiar, diagnóstico precoz de enfermedades y sobre prácticas y el uso de elementos técnicos especiales.

(D. 1543/97, art. 42)

ART. 2.8.1.5.14.—Derecho a la información sobre el estado de salud. Toda persona tiene derecho a disfrutar de una comunicación plena y clara con el equipo de salud, apropiada a sus condiciones psicológicas y culturales; que le permita obtener toda la información necesaria respecto a la enfermedad que padece, así como a los procedimientos y tratamientos que se le vayan a practicar, al pronóstico y riesgos que dicho tratamiento conlleve; y a que por sí misma, sus familiares o representantes, en caso de inconsciencia o disminución de la capacidad, acepten o rechacen estos procedimientos, dejando expresa constancia por escrito de su decisión.

(D. 1543/97, art. 43)

ART. 2.8.1.5.15.—Derecho a morir dignamente. Toda persona tiene derecho a morir con dignidad y a que se le respete su voluntad de permitir que el proceso de la muerte siga su curso natural, en la fase terminal de la enfermedad, por lo tanto si el paciente lo permite el equipo de salud deberá otorgarle los cuidados paliativos que sean posibles hasta el último momento.

(D. 1543/97, art. 44)

ART. 2.8.1.5.16.—Inhumación o cremación. Las personas infectadas por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, en cualquier momento de su infección, o los responsables de esta después de su muerte, podrán decidir libremente la inhumación o cremación del cadáver, por no existir riesgo de orden sanitario que comporte situaciones de peligro para la salud comunitaria, en cualquiera de tales eventos.

(D. 1543/97, art. 45)

ART. 2.8.1.5.17.—Propagación de la epidemia. Las personas que incumplan los deberes consagrados en los artículos 2.8.1.5.7 y 2.8.1.5.12 del presente decreto, podrán ser denunciadas para que se investigue la posible existencia de delitos por propagación de epidemia, violación de medidas sanitarias y las señaladas en el Código Penal.

(D. 1543/97, art. 55)

TÍTULO 2

Enfermedad de Hansen - lepra

ART. 2.8.2.1.—Requisitos para los auxilios. Para que los sanatorios de Agua de Dios y Contratación procedan a girar los auxilios a que se refieren las leyes 148 de 1961 y 14 de 1964, los beneficiarios deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Presentar una solicitud por escrito, ante el director del sanatorio;

b) Adjuntar copia de la resolución que concede el subsidio;

c) Presentar el certificado de control expedido por el organismo donde el beneficiario de encuentre inscrito.

(D. 802/76, art. 2º)

ART. 2.8.2.2.—Cobro. Los beneficiados seguirán cobrando el valor de los subsidios en las secretarías de salud o la entidad que haga sus veces de sus municipios de residencia.

(D. 2954/78, art. 4º)

ART. 2.8.2.3.—Subsidios limitados por el cupo disponible. Los derechos consagrados por el presente título estarán limitados en todo tiempo al cupo disponible, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley 14 de 1964.

(D. 2876/74, art. 3º)

ART. 2.8.2.4.—Orden en el otorgamiento de los subsidios. En caso de haber cupo sobrante, se concederá a enfermos de lepra con incapacidades menores o sin incapacidades, de acuerdo con el grado de incapacidad o invalidez, definido por la junta o entidad competente, según lo previsto en el manual único de calificación de invalidez vigente.

(D. 2876/74, art. 4º)

ART. 2.8.2.5.—Pérdida del derecho al subsidio por no asistencia a recibir atención en salud. El enfermo de lepra subsidiado que durante un año no asista a recibir atención de la unidad de salud en donde se encuentre inscrito para control y tratamiento, pierde el derecho al subsidio de que tratan los artículos 5º de la Ley 148 de 1961 y 1º de la Ley 14 de 1964.

(D. 2954/78, art. 1º)

ART. 2.8.2.6.—Pérdida del derecho al subsidio por su no cobro. El enfermo de lepra subsidiado que durante un año deje de cobrar el subsidio, pierde el derecho a este y a las cantidades no cobradas.

(D. 2954/78, art. 2º)

ART. 2.8.2.7.—Subsidios dejados de cobrar. Los subsidios dejados de cobrar se otorgarán por medio de resolución del Ministerio de Salud y Protección Social, a nuevos enfermos que reúnan los requisitos establecidos por las normas pertinentes.

(D. 2954/78, art. 3º)

TÍTULO 3

Población infantil

ART. 2.8.3.1.—Cobertura en mortalidad infantil. Se entiende por cobertura en mortalidad infantil el logro o mantenimiento de las metas definidas en el plan nacional de desarrollo o en el plan nacional de salud pública, las cuales serán siempre equivalentes. Esta cobertura será certificada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE.

Los departamentos, distritos y municipios con un indicador de mortalidad infantil menor que la meta definida en el plan nacional de desarrollo o en el plan nacional de salud pública, deben mantenerla o reducirla, para cumplir con dicha cobertura.

Los departamentos, distritos y municipios con un indicador de mortalidad infantil mayor que la meta definida en el plan nacional de desarrollo o en el plan nacional de salud pública deben lograr anualmente el cumplimiento de las metas de reducción de la mortalidad infantil. El Ministerio de Salud y Protección Social fijará las metas para cada entidad territorial asegurándose que las metas del plan nacional de desarrollo o en el plan nacional de salud se logren.

(D. 3510/2009, art. 2º)

ART. 2.8.3.2.—Vacunas de menores de 5 años. Las autoridades de las instituciones educativas y los responsables y cuidadores de los establecimientos de bienestar, de carácter público o privado, deberán velar porque todos los menores de cinco (5) años que asistan a sus establecimientos, hayan completado las vacunas que corresponden a su edad, de conformidad con el esquema de vacunación establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social en el programa ampliado de inmunizaciones.

Para tal efecto deberán exigir la presentación del carné de salud infantil, adoptado mediante la Resolución 1535 de 2002 del hoy Ministerio de Salud y Protección Social, en el momento de la matrícula en la institución educativa o de su ingreso al establecimiento de bienestar, o a más tardar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes y posteriormente cada año hasta cumplir los cinco (5) años.

PAR. 1º—La vacunación según el esquema establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social en el programa ampliado de inmunizaciones, es gratuita y tiene carácter obligatorio. Corresponde a las EPS, entidades adaptadas, transformadas y de regímenes de excepción y entidades territoriales de salud, garantizar a la población bajo su responsabilidad, de conformidad con las competencias establecidas en las disposiciones legales vigentes según sea el caso, la prestación de este servicio con la calidad y la oportunidad requerida. Igualmente, será responsabilidad de las entidades territoriales de salud, a través de las IPS públicas, la vacunación de la población menor no asegurada.

PAR. 2º—Los establecimientos educativos y de bienestar, deberán notificar a los padres o tutores cuando el niño o la niña no tengan el carné de salud infantil o cuando su esquema de vacunación para su edad esté incompleto, con objeto de que procedan a su vacunación. Si vencido el término previsto no se ha cumplido con esta obligación, las autoridades o responsables del establecimiento deberán notificar formalmente a la dirección local de salud, o en su defecto a la alcaldía municipal o distrital, para que en un tiempo no menor a quince (15) días hábiles se garantice el cumplimiento de este derecho.

(D. 2287/2003, art. 1º)

ART. 2.8.3.3.—Vigilancia, seguimiento y control. Corresponde a las secretarías de educación, o quien ejerza sus funciones en el municipio o distrito y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, según sea el caso, verificar permanentemente el cumplimiento de lo establecido en el presente título en los establecimientos educativos o de bienestar de su jurisdicción, y reportar semestralmente esta información a la dirección local de salud o quien ejerza sus funciones en el municipio o distrito respectivo.

Las direcciones departamentales y distritales de salud presentarán a la dirección de epidemiología y demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, un informe consolidado anual del seguimiento al cumplimiento del presente título.

PAR.—En caso de incumplimiento de lo establecido en el presente título, las direcciones territoriales de salud, o quien ejerza sus funciones, deberán dar traslado a las autoridades de control correspondientes.

(D. 2287/2003, art. 2º)

TÍTULO 4

Sistema de información de pacientes con enfermedades huérfanas

ART. 2.8.4.1.—Objeto. El presente título tiene por objeto establecer las condiciones y procedimientos para implementar el sistema de información de pacientes con enfermedades huérfanas, definidas en el artículo 2º de la Ley 1392/2010, modificado por el artículo 140 de la Ley 1438 de 2011, con el fin de disponer de la información periódica y sistemática que permita realizar el seguimiento de la gestión de las entidades responsables de su atención, evaluar el estado de implementación y desarrollo de la política de atención en salud de quienes las padecen y su impacto en el territorio nacional.

(D. 1954/2012, art. 1º)

ART. 2.8.4.2.—Ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente título serán de aplicación y obligatorio cumplimiento por parte las entidades promotoras de salud, EPS, instituciones prestadoras de servicios de salud, IPS, entidades pertenecientes al régimen de excepción de salud y direcciones departamentales, distritales y municipales de salud.

(D. 1954/2012, art. 2º)

ART. 2.8.4.3.—Entidades responsables del reporte de información. Para la recopilación y consolidación de la información del sistema nacional de pacientes que padecen enfermedades huérfanas, las entidades promotoras de salud, entidades pertenecientes al régimen de excepción de salud y las direcciones departamentales, distritales y municipales de salud, deberán presentar la información que solicite el Ministerio de Salud y Protección Social, en los instrumentos y bajo los procedimientos que para tal efecto este defina, quien además podrá establecer fases para la recopilación y consolidación progresiva de la información, contenidos, estructura, fechas de corte y periodicidad del reporte.

PAR. 1º—Las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y privadas remitirán a las entidades promotoras de salud, a las entidades pertenecientes al régimen de excepción de salud y a las direcciones municipales y distritales de salud, la información correspondiente a este tipo de enfermedades.

PAR. 2º—Las direcciones municipales de salud que tengan a su cargo la prestación de los servicios de salud de personas que no se encuentren afiliadas al sistema general de seguridad social en salud y que se les diagnostique una enfermedad huérfana, remitirán dicha información a las direcciones departamentales de salud, con el objeto de que estas consoliden y remitan al Ministerio de Salud y Protección Social la información correspondiente a su jurisdicción.

PAR. 3º—Las entidades promotoras de salud, entidades pertenecientes al régimen de excepción de salud y las direcciones departamentales, distritales y municipales de salud, deberán establecer las acciones necesarias para que los pacientes, familiares y cuidadores de personas que padecen enfermedades raras exijan su inscripción en el registro.

(D. 1954/2012, art. 3º)

ART. 2.8.4.4.—Fases para la recopilación y consolidación de la información. Por tratarse de enfermedades de interés en salud pública, la fase inicial para la recopilación y consolidación de la información, consistente en el censo de pacientes que comprende entre otros, la recepción y validación de datos al momento de reporte y cruce entre entidades, se realizará por única vez a través del organismo de administración conjunta de la cuenta de alto costo, regulada en los artículos 2.6.1.5.1 a 2.6.1.5.12 del presente decreto. De igual manera, dicho organismo de administración, adelantará la interventoría a la auditoría que realice el Ministerio de Salud y Protección Social o la entidad que se contrate para el efecto.

En una segunda fase y una vez concluido el censo inicial, los nuevos pacientes que sean diagnosticados se reportarán al Ministerio de Salud y Protección Social a través del sistema de vigilancia en salud pública, Sivigila, de acuerdo con las fichas y procedimientos que para tal fin se definan.

(D. 1954/2012, art. 4º)

ART. 2.8.4.5.—Fuentes de información. El censo inicial de pacientes será incorporado al sistema integral de información de la protección social, Sispro, y el registro nacional de pacientes que padecen enfermedades huérfanas será generado a partir del cruce de todas las fuentes de información disponibles en el Sispro y deberá contener como mínimo, la identificación de los pacientes, su calidad de afiliado o no afiliado; la respectiva patología y su estado de discapacidad, en caso de existir; las instituciones prestadoras de servicios de salud donde está siendo tratado; los servicios y medicamentos que recibe; los costos de la atención mensual, y el médico tratante principal.

(D. 1954/2012, art. 5º)

ART. 2.8.4.6.—Certificación de veracidad de la información. El representante legal de la respectiva entidad promotora de salud, entidad del régimen de excepción o de la dirección territorial de salud, certificará la veracidad de la información que reporta mediante comunicación que acompañe el medio magnético o por transferencia electrónica de remisión de la misma, de acuerdo con lo definido por el Ministerio de Salud y Protección Social. En dicha comunicación deberá especificar las características y propiedades de los archivos remitidos.

(D. 1954/2012, art. 6º)

ART. 2.8.4.7.—Validaciones y auditoría de la información. La información reportada por las entidades promotoras de salud, entidades del régimen de excepción y las direcciones departamentales, municipales y distritales de salud, será objeto de las validaciones que determine el Ministerio de Salud y Protección Social, entre otras, las dirigidas a verificar la afiliación y derechos de cada uno de los pacientes, los costos asociados al paciente en cada una de las patologías y alternativas terapéuticas, la confirmación diagnóstica y la calidad de la información reportada, con el fin de detectar y corregir duplicaciones e inconsistencias en la información. Esta auditoría podrá ser contratada por el Ministerio de Salud y Protección Social con empresas especializadas en la materia, de acuerdo con las normas de contratación vigentes.

(D. 1954/2012, art. 7º)

ART. 2.8.4.8.—Reserva en el manejo de la información. Los organismos de dirección, vigilancia y control y los obligados a mantener y reportar la información a que se refiere el presente título, así como quienes se encuentren autorizados para su procesamiento, deberán observar la reserva con que aquella debe manejarse y utilizarla única y exclusivamente para los propósitos del registro nacional de pacientes que padecen enfermedades huérfanas dentro de sus respectivas competencias.

(D. 1954/2012, art. 8º)

ART. 2.8.4.9.—Obligatoriedad del reporte de la información para acceder a los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga. El reporte integral y oportuno de la información por parte de las entidades promotoras de salud del régimen contributivo, en los plazos y procedimientos que determine el Ministerio de Salud y Protección Social, será de carácter obligatorio y se constituirá en requisito para acceder a los recursos de la subcuenta de compensación del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, por prestaciones de salud para estas enfermedades que no se encuentren incluidas en el plan de beneficios del régimen contributivo.

Así mismo, para el pago excepcional de las prestaciones de salud no incluidas en el plan de beneficios con los recursos excedentes de la subcuenta de eventos catastróficos y accidentes de tránsito, ECAT, del Fosyga prestadas a los afiliados al régimen subsidiado en el marco de lo establecido en el artículo 5º de la Ley 1392 de 2010, las entidades territoriales deberán acreditar el cumplimiento del reporte oportuno de la información de que trata el presente título en condiciones de calidad e integralidad y será requisito para acceder a tales recursos.

(D. 1954/2012, art. 9º)

ART. 2.8.4.10.—Obligatoriedad y divulgación. Corresponde a las direcciones de salud, departamentales, distritales y municipales de salud, en desarrollo de sus competencias, cumplir y hacer cumplir en su respectiva jurisdicción las disposiciones establecidas en el presente título y efectuar su divulgación para el cabal cumplimiento de su objeto.

Cuando las entidades promotoras de salud, entidades pertenecientes al régimen de excepción de salud y las direcciones departamentales, distritales y municipales de salud no remitan la información en los términos y plazos que defina el Ministerio de Salud y Protección Social, se informará a los organismos de vigilancia y control correspondientes para que se adelanten las acciones a que haya lugar.

(D. 1954/2012, art. 10)

TÍTULO 5

Investigación, prevención y control de zoonosis

CAPÍTULO 1

Disposiciones generales

ART. 2.8.5.1.1.—Carácter de las disposiciones. De conformidad con los artículos 594 y 597 de la Ley 9ª de 1979, la salud es un bien de interés público. En consecuencia, son de orden público las disposiciones del presente título mediante las cuales se regulan las actividades relacionadas con la investigación, prevención y control de la zoonosis.

(D. 2257/86, art. 1º)

ART. 2.8.5.1.2.—Definiciones. Para los efectos del presente título adóptanse las siguientes definiciones:

Agente infeccioso: Todo organismo capaz de producir una infección, tales como los virus, bacterias, hongos o parásitos.

Aislamiento: La separación de personas o animales infectados, durante el período de transmisibilidad de una enfermedad, en lugares y bajo condiciones tales que eviten la transmisión directa o indirecta del agente infeccioso a personas o animales susceptibles o que puedan transmitir la enfermedad a otros.

Animales domésticos: Aquellos semovientes de las especies bovina, porcina, ovina, equina, asnal, mular, caprina y canina que, en condiciones normales, puedan convivir con el hombre.

Área cuarentenada: Territorio que, por razones sanitarias, debe cumplir con requisitos especiales para que las personas, los animales, plantas y objetos inanimados que se encuentren dentro del mismo puedan movilizarse fuera del área afectada.

Brote: Aparición o aumento brusco de una enfermedad en una población limitada, en un tiempo corto y que sobrepasa excesivamente la incidencia esperada.

Contacto: Persona o animal que por una relación con otra persona, animal o ambiente contaminados por un agente infeccioso, se ha colocado en condiciones de contraer una infección.

Contaminación biológica: Consiste en que se dé la presencia de un agente infeccioso en el cuerpo de personas o animales, en las plantas, alimentos y objetos inanimados.

Control de zoonosis: Las medidas destinadas a evitar que los agentes infecciosos presentes en personas o animales infectados y en su medio ambiente, contaminen a otras personas, o a otros animales, diseminando así la enfermedad.

Cuarentena ordinaria: Período de aislamiento a que son sometidos personas, animales o plantas, para observación por orden de las autoridades sanitarias, con el objeto de aplicar, como consecuencia, las medidas sanitarias a que haya lugar para impedir la propagación de una enfermedad.

Cuarentena completa: Es la restricción del movimiento a que son sometidos personas, animales o plantas que han estado expuestos al contagio de una enfermedad transmisible, durante un período de tiempo que no exceda del que habitualmente se considera el más prolongado para la incubación de la enfermedad, para observación y aplicación de las medidas sanitarias a que haya lugar, para evitar que los mismos entren en contacto con personas, animales, plantas u objetos inanimados que no hayan sido contaminados.

Cuarentena modificada: Es la restricción selectiva y parcial a que son sometidos en situaciones especiales, personas, animales o plantas, teniendo en cuenta generalmente su grado de susceptibilidad, conocida o supuesta, para observación y aplicación de las medidas sanitarias a que haya lugar. Se aplica también en casos de peligro de transmisión de enfermedades.

Desinfección: Destrucción de agentes infecciosos que se encuentran en el medio ambiente, por medio de la aplicación directa de medios físicos o químicos.

Desinfestación: Consiste en la operación de procesos físicos, químicos o biológicos de carácter sanitario por medio de los cuales se eliminan los artrópodos y roedores, que se encuentren en la parte externa del cuerpo de personas o animales, así como en el medio ambiente.

Desinfectación: Operación sanitarias practicadas para eliminar insectos vectores de enfermedades en el hombre, en los animales y, en general, en el medio ambiente.

Desnaturalizar: Operación consistente en variar la forma, tamaño, propiedades organolépticas y en general las condiciones de una cosa, con el fin de inutilizarla y evitar que pueda llegar a causar daños o molestias desde el punto de vista sanitario.

Denuncia: Información verbal o escrita dada a la autoridad sanitaria sobre cualquier caso de enfermedad contagiosa, o sobre la violación de las disposiciones de carácter sanitarios.

Endemia: Ocurrencia habitual de una enfermedad, en una zona determinada.

Enfermedad exótica: Cualquier enfermedad no detectada en un territorio, y que generalmente aparece de una manera súbita.

Enfermedades transmisibles: Aquellas que por su naturaleza, generalmente de tipo infeccioso, pueden ser transmitidas a personas, animales o plantas.

Epidemia.: Aumento inusitado de una enfermedad transmisible o no, aguda o crónica, o de algún evento en salud humana, que sobrepasa claramente la incidencia normal esperada, en un tiempo y lugar determinados.

Epizottia: Aumento inusitado de una enfermedad transmisible o no, aguda o crónica, o de algún evento en salud animal, que sobrepasa claramente la incidencia normal esperada, en un tiempo y lugar determinados.

Epizoodemia: Epidemia y Epizootia que se presentan simultáneamente.

Estado inmunitario: La mayor o menor resistencia biológica de las personas y de los animales frente a las enfermedades, la cual resulta de diversos factores condicionantes, determinados o de riesgo.

Evento en salud: Conjunto de sucesos, factores o enfermedades y circunstancias capaces de modificar el nivel de salud en personas y animales.

Factores condicionantes, determinantes o de riesgo: Componentes físicos, químicos, biológicos, psicológicos o sociales que pueden ser causa o coadyuvantes de una enfermedad u otro evento en salud.

Fuente de infección: Persona, animal, objeto o sustancia de la cual el agente infeccioso pasa directamente a un huésped.

Huésped u hospedero: Persona o animal que en circunstancias naturales permite la subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso.

Huésped definitivo: Persona o animal dentro del cual se aloja y se produce un agente infeccioso, pudiendo desarrollar o no una enfermedad.

Huésped intermediario: Persona o animal dentro del cual se efectúa parte del ciclo vital de un agente infeccioso.

Infección: Entrada y desarrollo de multiplicación de un agente infeccioso en el organismo de una persona o animal.

Infestación: Presencia de artrópodos en la parte externa de personas, animales o plantas y de aquellos o de roedores en el medio ambiente.

Incineración: Procedimiento sanitario para convertir en ceniza materia orgánica e inorgánica.

Indemnización: Resarcimiento de un daño o perjuicio causado.

Inspección sanitaria: Examen practicado a personas, animales o cosas con el fin de identificar sus condiciones sanitarias mediante el reconocimiento o constatación de enfermedades o de la presencia de gérmenes o sustancias nocivas para la salud humana o animal, así como para comprobar el cumplimiento de las disposiciones sanitarias.

Morbilidad: Fenómeno resultante de la frecuencia del evento enfermedad en una población, lugar y tiempo determinados.

Mortalidad: Fenómeno resultante de la frecuencia del evento muerte, en una población, lugar y tiempo determinados.

Notificación de una enfermedad: Es la comunicación oficial dada a la autoridad sanitaria correspondiente, sobre la existencia de cualquier tipo de enfermedad transmisible o no.

Portador: Persona o animal que alberga el agente específico de una enfermedad, con o sin síntomas clínicos de esta, y que puede, por lo mismo, constituirse en una fuente potencial de infección para el hombre o animales.

Prueba diagnóstica: Examen, comprobación o experiencia que tiene por objeto reconocer la existencia de una sustancia, lesión, microorganismo o enfermedad.

Reservorio de agente infeccioso: Toda persona, animal, planta o materia inanimada en donde normalmente vive y se multiplica un agente infeccioso y del cual depende para su supervivencia, pudiendo transmitirse a un huésped o a un vector susceptible.

Salvoconducto o guía sanitaria de movilización: Permiso expedido por la autoridad sanitaria competente, previo el lleno de requisitos especiales, para movilizar o permitir el tránsito de personas, animales o cosas.

Segregación: Separación de un grupo de personas o animales de los demás de su misma especie, con el fin de ejercer una vigilancia u observación especial de carácter sanitario que facilite el control de una enfermedad transmisible.

Sospechoso: Persona o animal cuyas condiciones clínicas indican que probablemente padece alguna enfermedad transmisible o la está incubando.

Susceptible: Toda persona o animal que se supone no posee resistencia contra un agente patógeno determinado y, por lo tanto, está expuesta contraer la enfermedad en caso de contacto con el mismo.

Vector: Insecto capaz de transmitir un agente infeccioso.

Vector biológico: Insecto en cuyo organismo un agente infeccioso se multiplica o cumple su desarrollo cíclico, o ambos, permitiendo así la transmisión de la forma infectante del agente al hombre o a los animales.

Vector mecánico: Insecto capaz de transmitir un agente infeccioso, sin que este se multiplique o desarrolle en el organismo de aquel.

Vehículo: Medio inanimado como el agua, el aire o los alimentos, por medio del cual un agente infeccioso llega al hombre o a los animales.

Vigilancia epidemiológica: Proceso regular y continuo de observación e investigación de las principales características y componentes de la morbilidad, y otros eventos en salud, basado en la recolección, procesamiento, análisis y divulgación de la información epidemiológica

Vigilancia personal: Práctica especial de supervisión y vigilancia sanitaria que se hace a las personas y animales que hayan estado en contacto con las personas o animales enfermos, con el fin de hacer un diagnóstico rápido de su enfermedad, pero sin restringirles su libertad de movimiento.

Zoonosis: Enfermedad que en condiciones naturales, se transmite de los animales vertebrados al hombre o viceversa.

(D. 2257/86, art. 2º)

ART. 2.8.5.1.3.—Disposiciones complementarias. Las disposiciones adicionales o complementarias que en desarrollo del presente título o con fundamento en la ley sean necesarias en materia de zoonosis, serán dictadas por el Ministerio de Salud y Protección Social en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y previa consulta con los organismos especializados.

(D. 2257/86, art. 3º)

ART. 2.8.5.1.4.—Aplicación de las disposiciones. Al Ministerio de Salud y Protección Social, los organismos del sistema nacional de salud, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sus entidades adscritas y vinculadas corresponde hacer cumplir las disposiciones del presente título y demás normas complementarias sobre zoonosis.

(D. 2257/86, art. 4º)

ART. 2.8.5.1.5.—Autoridades sanitarias competentes. Para los efectos del presente título, distínguense las siguientes autoridades sanitarias competentes para adelantar investigación, prevención y control en materia de zoonosis.

a) Las del sistema general de seguridad social en salud, cuya competencia es prioritaria en el campo de las zoonosis que producen o pueden producir impacto en la salud humana, según la identificación que se hace en los artículos 2.8.5.2.1 a 2.8.5.2.14 del presente decreto. Estas autoridades actuarán en sus diferentes niveles por mandato de este título, sus acciones deberán ser coordinadas con las correspondientes autoridades del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sus entidades adscritas y vinculadas con el fin de que puedan ejercer sus competencias propias;

b) Las del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sus entidades adscritas y vinculadas cuya competencia es prioritaria en el campo de las zoonosis que básicamente producen o pueden producir impacto en el sector pecuario. Estas autoridades actuarán en sus diferentes niveles, en coordinación con las correspondientes del sistema general de seguridad social en salud con el fin de que puedan ejercer competencias propias.

(D. 2257/86, art. 5º)

ART. 2.8.5.1.6.—Establecimientos de centros de zoonosis. El Ministerio de Salud y Protección Social establecerá centros de zoonosis en cada capital de departamento y, cuando quiera que lo considere conveniente, a nivel regional o local.

PAR.—Los “centros antirrábicos” de carácter oficial que actualmente funcionan en el país, en delante se denominarán “centros de zoonosis”.

(D. 2257/86, art. 6º)

ART. 2.8.5.1.7.—Funciones de los centros de zoonosis. Las funciones básicas de los centros de zoonosis serán las de vigilancia, diagnóstico, prevención y control de las zoonosis, en los términos del presente título y sus disposiciones complementarias.

(D. 2257/86, art. 7º)

ART. 2.8.5.1.8.—Normas de funcionamiento de los centros de zoonosis. El Ministerio de Salud y Protección Social dictará las normas técnicas y administrativas necesarias para el funcionamiento de los centros de zoonosis en el territorio nacional.

(D. 2257/86, art. 8º)

ART. 2.8.5.1.9.—Control de zoonosis. La organización general para el control de la zoonosis en todo el territorio nacional, estará a cargo de los ministerios de Salud y Protección Social y Agricultura y Desarrollo Rural conjuntamente, los cuales ejercerán dicho control mediante el establecimiento de “consejos para el control de zoonosis”.

(D. 2257/86, art. 9º)

CAPÍTULO 2

Vigilancia, prevención y control

ART. 2.8.5.2.1.—La vigilancia epidemiológica en zoonosis. La vigilancia epidemiológica en zoonosis estará basada en la información que suministre el sistema de vigilancia en salud pública, Sivigila, así como en la procedente de los servicios de sanidad animal y de diagnóstico del Instituto Colombiano Agropecuario.

(D. 2257/86, art. 14)

ART. 2.8.5.2.2.—La información en materia de zoonosis. La información en materia de zoonosis tiene por objeto actualizar el diagnóstico y divulgar el conocimiento de la situación de salud, tanto en las personas como en los animales, con el fin de que las autoridades sanitarias tomen medidas conducentes para el control de las zoonosis.

(D. 2257/86, art. 15)

ART. 2.8.5.2.3.—Obligación de suministrar información. El suministro de información sobre zoonosis, es obligatorio para todas las personas naturales o jurídicas, residentes o establecidas en el territorio nacional, dentro de los términos de responsabilidad, clasificación, periodicidad, destino y claridad señalados en el presente título.

(D. 2257/86, art. 16)

ART. 2.8.5.2.4.—Métodos de investigación epidemiológica. En el proceso de investigación para la información epidemiológica de la zoonosis, fitozoonosis e intoxicaciones, así como sobre cualquier otra enfermedad, se tendrán en cuenta los métodos de la investigación epidemiológica y científica, a saber: Descriptivo, analítico y experimental, de acuerdo con las necesidades y recursos disponibles.

(D. 2257/86, art. 17)

ART. 2.8.5.2.5.—Carácter de la información en zoonosis. La información epidemiológica en zoonosis es de carácter confidencial y solo podrá ser utilizada con propósitos sanitarios. El secreto profesional no podrá considerarse como impedimento para suministrar dicha información.

(D. 2257/86, art. 18)

ART. 2.8.5.2.6.—Investigaciones en materia de zoonosis. Para adelantar investigaciones en materia de zoonosis y para utilizar información epidemiológica con diferentes fines se requiere permiso de las autoridades sanitarias competentes, de conformidad con el artículo 2.8.5.1.5 del presente decreto.

(D. 2257/86, art. 19)

ART. 2.8.5.2.7.—Divulgación en materia de zoonosis. Para la divulgación a la comunidad de las situaciones epidemiológicas en materia de zoonosis, los funcionarlos responsables deberán ceñirse a las normas que señale el Ministerio de Salud y Protección Social y a las regulaciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

(D. 2257/86, art. 20)

ART. 2.8.5.2.8.—Forma de divulgación en materia de zoonosis. La divulgación técnico-científica de la investigación epidemiológica podrá efectuarse por los responsables de la información en zoonosis, a través de publicaciones especializadas o de documentos editados con tal fin.

(D. 2257/86, art. 21)

ART. 2.8.5.2.9.—Procesamiento de la información en materia de zoonosis. La información epidemiológica en zoonosis producida por los laboratorios de diagnóstico veterinario del Instituto Colombiano Agropecuario, será remitida a la subdirección de salud ambiental del Ministerio de Salud y Protección Social para su consolidación final y análisis a nivel nacional, con el objeto de que se tomen las medidas sanitarias a que haya lugar. A su vez el acopio final de la información se suministrará al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural e Instituto Colombiano Agropecuario.

(D. 2257/86, art. 23)

ART. 2.8.5.2.10.—Obligación de tener índices endémicos de zoonosis. Las entidades territoriales de salud y las regionales del Instituto Colombiano Agropecuario deberán elaborar, actualizar y analizar los índices endémicos de las zoonosis señaladas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

(D. 2257/86, art. 24)

ART. 2.8.5.2.11.—Mapas epidemiológicos de las zoonosis. Las autoridades sanitarias responsables en los diferentes niveles de la vigilancia epidemiológica en zoonosis, elaborarán mapas epidemiológicos de las zoonosis a que se refiere el artículo anterior y los mantendrán actualizados.

(D. 2257/86, art. 25)

ART. 2.8.5.2.12.—Proceso de desarrollo de la información. La información epidemiológica en zoonosis se desarrolla mediante la aplicación del siguiente proceso:

— Producción del dato: Comprende todas las actividades conducentes al conocimiento de las enfermedades y otros eventos en salud, con el mayor grado de precisión posible.

— Registro y consolidación: Consiste en inscribir en formularios apropiados los datos obtenidos, y en la concentración y resumen adecuado de los mismos, por áreas y en períodos de tiempo.

— Notificación: Se refiere a las actividades de transmisión y comunicación de los datos de un nivel de atención a otro dentro de las estructuras del sistema general de seguridad social nacional de en salud y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sus institutos adscritos, de conformidad con el presente título.

— Presentación: Hacen relación con todas las actividades relativas al procesamiento y diagramación de datos para facilitar el análisis posterior.

— Análisis: Es la fase de comparación, estimación y ubicación del significado de las datos dentro de la técnica y conocimientos epidemiológicos.

— Divulgación: Consiste en dar a conocer los resultados de la investigación; se utiliza para ejecutar acciones de prevención y control.

(D. 2257/86, art. 26)

ART. 2.8.5.2.13.—Variables epidemiológicas para notificar los casos de zoonosis. Las variables epidemiológicas básicas para la notificación de casos de zoonosis son:

a) En el hombre:

— Edad.

— Sexo.

— Localización.

— Procedencia.

b) En los animales:

— Edad.

— Especie.

— Sexo.

— Localización.

— Procedencia.

(D. 2257/86, art. 27)

ART. 2.8.5.2.14.—Zoonosis que deben notificarse por periodos epidemiológicos. Las siguientes zoonosis deberán notificarse por períodos epidemiológicos:

— Brucelosis.

— Cisticercosis.

— Clostridiosis.

— Encefalitis equina.

— Fiebre amarilla.

— Hidatidosis.

— Leishmaniasis.

— Leptospirosis.

— Rabia.

— Sarna.

— Toxoplasmosis.

— Triquiniasis.

— Tuberculosis animal.

— Tripanosomiasis.

PAR. 1º—Las zoonosis indicadas en el presente artículo que llegaren a presentarse en el hombre, se notificarán utilizando el formulario de enfermedades transmisibles de notificación obligatoria, programada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Las que presenten en animales se notificarán por los medios establecidos por el Instituto Colombiano Agropecuario.

PAR. 2º—El Ministerio de Salud y Protección Social podrá modificar la lista de zoonosis incluida en el presente artículo e indicar aquellas que requieran notificación inmediata.

(D. 2257/86, art. 28)

ART. 2.8.5.2.15.—Formas de transmisión de las zoonosis. Para la prevención, diagnóstico y control de las zoonosis, las autoridades sanitarias competentes tendrán en cuenta sus formas de transmisión, tales como: A través de alimentos, por contacto, por vectores o vehículos, y las condiciones de vulnerabilidad determinadas por factores de inmunoprevención, saneamiento del medio ambiente o tratamiento quimioterapéutico.

(D. 2257/86, art. 29)

ART. 2.8.5.2.16.—Medidas para personas que laboran en control de zoonosis. Toda persona que labore en laboratorios de diagnóstico, así como en programas de control de zoonosis o en la elaboración de productos biológicos, deberá contar con los elementos de seguridad indispensables y estar inmunizada contra aquellas zoonosis a las cuales se halla expuesta por la naturaleza de su trabajo.

(D. 2257/86, art. 30)

ART. 2.8.5.2.17.—Medidas para personas que trabajan en manejo de animales. Las personas que trabajen en explotaciones pecuarias, criaderos de animales y cualesquiera otro tipo de establecimientos o actividades en donde haya manejo de animales, deberán estar dotados de equipo adecuado para su protección y someterse a pruebas, exámenes y vacunación, según el riesgo sanitario a que estén expuestas, de acuerdo con las clasificaciones específicas que para el efecto señale el Ministerio de Salud y Protección Social en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

(D. 2257/86, art. 31)

ART. 2.8.5.2.18.—Prohibición en caso de zoonosis. Ninguna persona portadora de zoonosis podrá desempeñar labores que impliquen riesgos para la salud de la comunidad. Quienes desarrollen actividades en condiciones que representen peligro para la adquisición de zoonosis inmunoprevenibles, deberán someterse a vacunación obligatoria.

Las autoridades sanitarias competentes tomarán las medidas preventivas que consideren convenientes cuandoquiera que sospechen o comprueben que una persona o animal es portador de zoonosis.

La autoridad sanitaria competente tomará las medidas preventivas del caso cuando se trate de exhibir animales en espectáculos públicos, tales como circos o zoológicos.

(D. 2257/86, art. 32)

ART. 2.8.5.2.19.—Obligaciones de vacunar los animales domésticos. En las condiciones de edad, periodicidad y demás que señalen los ministerios de Salud y Protección Social y de Agricultura y Desarrollo Rural, según el caso, es obligatoria la vacunación de animales domésticos contra las zoonosis inmunoprevenibles.

(D. 2257/86, art. 33)

ART. 2.8.5.2.20.—Prohibición para la venta pública de animales en las vías públicas. Queda prohibida la venta, canje o comercialización de cualquier tipo de animal en las vías públicas y solo podrá hacerse en establecimientos, lugares, plazas y ferias debidamente habilitados para tal fin, y cuandoquiera que cumplan con las condiciones sanitarias y ambientales, según el caso, descritas por la ley y la normativa vigente sobre la materia.

(D. 2257/86, art. 34)

ART. 2.8.5.2.21.—Determinación de zoonosis exóticas. El Ministerio de Salud y Protección Social, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, determinará las zoonosis exóticas para el país y señalará las medidas necesarias para evitar su introducción al territorio nacional.

(D. 2257/86, art. 35)

ART. 2.8.5.2.22.—Responsabilidad para practicar diagnostico en zoonosis. Los ministerios de Salud y Protección Social y de Agricultura y Desarrollo Rural con sujeción a sus competencias propias, garantizarán la práctica del diagnóstico en zoonosis por laboratorio hasta donde lo permitan la disponibilidad y complejidad de las técnicas y métodos de diagnóstico de laboratorio, así como los recursos para este fin.

(D. 2257/86, art. 36)

ART. 2.8.5.2.23.—Los métodos de diagnóstico y el sistema nacional de referencia. Para los efectos del artículo anterior la unificación de las técnicas y métodos de diagnóstico en zoonosis por laboratorio estarán a cargo del sistema nacional de referencia establecido en el título VII de la Ley 9ª de 1979 y sus disposiciones reglamentarias sobre la materia, así como los mecanismos que establezca el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

(D. 2257/86, art. 37)

ART. 2.8.5.2.24.—Capacitación del personal para el diagnóstico. El Ministerio de Salud y Protección Social a través del Instituto Nacional de Salud en coordinación con el Instituto Colombiano Agropecuario, deberá dar capacitación al personal responsable del diagnóstico de zoonosis, sobre las técnicas, normas y procedimientos establecidos o que se establezcan en desarrollo del artículo anterior.

(D. 2257/86, art. 38)

ART. 2.8.5.2.25.—Tratamiento de muestras sospechosas de zoonosis. Las autoridades sanitarias enviarán las muestras sospechosas de zoonosis a los laboratorios oficiales de diagnóstico vinculados al sistema nacional de referencia y estos procederán en forma oportuna a la recepción, procesamiento, interpretación e información que se requiera sobre el resultado.

PAR.—En circunstancias de emergencia por zoonosis, previamente calificada, las muestras de cualquier procedencia sospechosas de las zoonosis problema, serán procesadas en forma gratuita por los laboratorios oficiales.

(D. 2257/86, art. 39)

ART. 2.8.5.2.26.—Responsabilidad por el diagnóstico de rabia. Los laboratorios de diagnóstico veterinario del Instituto Agropecuario Colombiano y el Instituto Nacional de Salud, serán responsables del diagnóstico de rabia.

(D. 2257/86, art. 40)

ART. 2.8.5.2.27.—Autopsias en caso de afecciones por zoonosis. De conformidad con el artículo 527 de la Ley 9ª de 1979 y sus disposiciones reglamentarias, el Ministerio de Salud y Protección Social señalará las condiciones y requisitos para la práctica de autopsias cuandoquiera que en personas fallecidas se sospeche afección por zoonosis.

(D. 2257/86, art. 41)

ART. 2.8.5.2.28.—Concepto de control de zoonosis. Para los efectos del presente título, se entiende por control sanitario el conjunto de medidas tomadas antes, durante y después de la presentación de las zoonosis.

(D. 2257/86, art. 42)

ART. 2.8.5.2.29.—Coordinación de los programas de control. Los programas de control de zoonosis que desarrollen las entidades del sector salud deberán coordinarse con los programas de sanidad animal que ejecute el Instituto Colombiano Agropecuario.

(D. 2257/86, art. 43)

ART. 2.8.5.2.30.—Obligación de cumplir las normas de control sanitario de zoonosis. Los dueños o personas responsables de animales declarados sospechosos o infectados por zoonosis, están obligados a cumplir las normas y regulaciones sanitarias establecidas por las autoridades competentes.

(D. 2257/86, art. 44)

ART. 2.8.5.2.31.—Programas de eliminación de vectores de zoonosis. Dentro de las normas de control de vectores que expida el Ministerio de Salud y Protección Social, se hará énfasis en la eliminación de vectores de zoonosis tales como los de las encefalitis equina, fiebre amarilla, leishmaniasis y otros que la autoridad sanitaria competente señale.

(D. 2257/86, art. 45)

ART. 2.8.5.2.32.—Actividades de control de zoonosis en el hombre y los animales. Dentro de los programas de vigilancia y control epidemiológico que ejecuten las entidades del sector salud y protección social y el Instituto Colombiano Agropecuario se hará énfasis en las siguientes actividades de control de zoonosis en el hombre y en los animales:

a) Atención quimioterapéutica en caso de las siguientes zoonosis: Brucelosis, tuberculosis, leptospirosis, salmonelosis, estafilococcias, leishmaniasis y otras que señale la autoridad sanitaria competente;

b) Vacunación contra las siguientes zoonosis: Rabia, encefalitis equina, brucelosis, fiebre amarilla, leptospirosis y otras que determine la autoridad sanitaria competente.

(D. 2257/86, art. 46)

ART. 2.8.5.2.33.—Programas de protección de alimentos. Dentro de los programas de protección de alimentos que ejecute la autoridad sanitaria competente, se hará énfasis en las siguientes actividades:

a) Control de brucelosis y tuberculosis bovina a través de la producción, procesamiento, transporte y comercialización de la leche;

b) Control de brucelosis, salmonelosis, cistecercosis y estafiloccias a través del sacrificio de animales de abasto público y el procesamiento, transporte y comercialización de su carne;

c) Control de salmonelosis, estafilococcias y leptospirosis a través de fábricas, depósitos y expendios de alimentos, así como de su transporte y distribución.

PAR.—La autoridad sanitaria competente podrá señalar otras zoonosis que requieran control especial.

(D. 2257/86, art. 47)

ART. 2.8.5.2.34.—Observación de animales sospechosos. Las autoridades sanitarias efectuarán la localización, seguimiento y observación de animales sospechosos y de aquellos identificados como contacto de enfermedades zoonóticas. La observación se hará durante un período igual al máximo conocido para la incubación de la enfermedad que se sospeche.

PAR.—Si durante el período de observación a que se refiere el presente artículo aparecen animales muertos, las autoridades sanitarias tomarán y enviarán al laboratorio respectivo las muestras que se requieran para confirmar el diagnóstico.

(D. 2257/86, art. 48)

ART. 2.8.5.2.35.—Eliminación de animales, por problemas de zoonosis. En áreas con problemas de zoonosis transmitidas por perros y gatos, las autoridades sanitarias limitarán la población de estos animales, mediante capturas individuales o colectivas y eliminación sanitaria de aquellos que se consideren vagos por no tener dueño aparente o conocido.

Aun teniendo dueño, los animales sospechosos de padecer zoonosis serán sometidos a observación en sitio adecuado o a su eliminación sanitaria cuando sea del caso.

Cuando los animales que no sean sospechosos de padecer zoonosis las autoridades sanitarias podrán entregarlos a instituciones docentes o de investigación para que estas las utilicen en los propósitos que correspondan a sus objetivos.

(D. 2257/86, art. 49)

ART. 2.8.5.2.36.—Educación sanitaria en material de zoonosis. El Ministerio de Salud y Protección Social programará y ejecutará acciones de educación sanitaria en materia de zoonosis con la participación de otros organismos y de la comunidad.

PAR.—El Ministerio de Salud y Protección Social y las direcciones territoriales de salud establecerán convenios con el sector educativo para incrementar la educación sanitaria en materia de zoonosis.

(D. 2257/86, art. 50)

ART. 2.8.5.2.37.—Prohibición de instalar criaderos de animales en perímetros urbanos. Prohíbese la explotación comercial y el funcionamiento de criaderos de animales domésticos, silvestres, salvajes y exóticos, dentro de los perímetros urbanos definidos por las autoridades de planeación municipal.

PAR.—Las autoridades sanitarias podrán hacer excepciones a la prohibición contenida en el presente artículo, cuando no se produzcan problemas sanitarios en el área circundante o en el ambiente, siempre y cuando tales actividades se realicen en locales o edificaciones apropiadas desde el punto de vista técnico-sanitario.

(D. 2257/86, art. 51)

ART. 2.8.5.2.38.—Prohibición de comercializar animales que no cumplan requisitos sanitarios. No podrán ser comercializados los animales que no cumplan con los requisitos sanitarios exigidos por este título, especialmente los relacionados con la vacunación.

(D. 2257/86, art. 52)

ART. 2.8.5.2.39.—Obligación de cumplir con condiciones sanitarias y ambientales. Los establecimientos o lugares de explotación comercial o criaderos de los animales en áreas urbanas, deberán cumplir con las condiciones sanitarias y ambientales, según el caso, descritas por la ley y la normativa vigente sobre la materia, en los casos de la excepción prevista en el artículo 2.8.5.2.37 del presente decreto.

(D. 2257/86, art. 53)

ART. 2.8.5.2.40.—Limitaciones a la tenencia de animales en habitaciones. Por razones de carácter sanitario y con el objeto de prevenir y controlar las zoonosis, el Ministerio de Salud y Protección Social en desarrollo del literal c) del artículo 488 de la Ley 9ª de 1979, podrá reglamentar, previa consulta con los organismos especializados la tenencia de animales en lugares de habitación, tanto en áreas urbanas como rurales.

(D. 2257/86, art. 54)

ART. 2.8.5.2.41.—Obligación de la vacunación para animales. Los propietarios o responsables de animales susceptibles de transmitir zoonosis inmunoprevenibles, deberán someterlos a las vacunaciones que exijan las autoridades sanitarias y exhibir los correspondientes certificados vigentes de vacunación cuando se les solicite. En caso contrario, dichos animales podrán ser considerados como sospechosos de estar afectados de este tipo de zoonosis.

(D. 2257/86, art. 55)

ART. 2.8.5.2.42.—Prohibición de transitar animales libremente en vías públicas y sitios de recreo. Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones de policía de carácter departamental, en las vías públicas o similares, así como los sitios de recreo, queda prohibido el tránsito libre de animales y la movilización de aquellos que puedan causar perturbación o peligro para las personas o los bienes. La violación de la anterior prohibición dará lugar a que los animales sean considerados como vagos para efectos de control sanitario.

PAR. 1º—Los semovientes vagos de las especies bovinas, porcinas, ovinas, equinas, asnal, mular, caprina y canina, serán capturados y confinados durante tres días hábiles, en los centros de zoonosis o en los sitios asignados para tal fin. Pasado este lapso, las autoridades sanitarias podrán disponer de ellos entregándolos a instituciones de investigación o docencia o a entidades sin ánimo de lucro.

PAR. 2º—Los dueños de los animales a que se refiere el presente artículo podrán reclamarlos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su captura, previo el pago del costo de servicios oficiales tales como vacunas, drogas, manutención y otros que se hubieren causado, sin perjuicio del pago de las multas que con fundamento en este título impongan las autoridades sanitarias y de las demás responsabilidades a que haya lugar.

(D. 2257/86, art. 56)

ART. 2.8.5.2.43.—Tránsito de animales en las vías públicas y otros sitios. En las vías públicas u otros sitios de tránsito o de recreo, los dueños o responsables de perros y animales que puedan representar peligro para las personas, deberán conducirlos mediante el uso de cadenas, correas o traíllas y utilizando bozal, cuando sea del caso. Igualmente deberán portar los certificados de vacunación a que se refiere el presente título, cuando así lo indiquen las autoridades en casos de emergencia sanitaria. Las autoridades podrán capturar los animales no conducidos en las condiciones anteriores.

(D. 2257/86, art. 57)

ART. 2.8.5.2.44.—Obligaciones en caso de mordeduras o arañazos. Los propietarios o personas responsables de perros, gatos y otros animales susceptibles de transmitir rabia, que hayan causado mordeduras o arañazos a personas o animales, deberán ponerlos a disposición de la autoridad sanitaria competente, la cual los aislará para observación durante un lapso no menor de diez (10) días, contados a partir de la fecha de la mordedura o arañazo.

PAR. 1º—Las personas mordidas o arañadas por los animales a que se refiere el presente artículo, podrán exigir de las autoridades sanitarias competentes, la observación del animal.

PAR. 2º—Los animales que en repetidas ocasiones causen mordeduras o arañazos a personas o animales, podrán ser eliminados por las autoridades sanitarias una vez haya vencido el período de observación.

(D. 2257/86, art. 58)

ART. 2.8.5.2.45.—Otras responsabilidades en caso de mordeduras o arañazos. Los propietarios o responsables de perros, gatos u otros animales que, por causar mordeduras o arañazos, sean aislados para observación en centros de zoonosis u otros establecimientos oficiales, o autorizados para tal fin, al vencimiento del período de observación podrán reclamarlos si permanecen vivos o no presentan signos clínicos de rabia, caso en el cual deberán sufragar los costos por vacunas, drogas, manutención y cualquiera otros causados durante el aislamiento, sin perjuicio de la responsabilidad legal a que haya lugar por el daño causado.

(D. 2257/86, art. 59)

ART. 2.8.5.2.46.—Orden de sacrificar animales afectados o sospechosos. Las autoridades sanitarias podrán ordenar el sacrificio de los animales que sean mordidos, arañados o hayan estado en contacto con otro afectado o sospechoso de padecer rabia.

(D. 2257/86, art. 60)

ART. 2.8.5.2.47.—Requisitos para importación y exportación de animales. Para la importación y exportación de animales domésticos, silvestres, salvajes y exóticos, deberán cumplirse los requisitos exigidos por las reglamentaciones del Instituto Colombiano Agropecuario, además de las disposiciones legales en materia de comercio exterior.

(D. 2257/86, art. 61)

ART. 2.8.5.2.48.—Importación de productos y subproductos de origen animal. Para la importación y exportación de productos o subproductos de origen animal, se cumplirá con lo dispuesto en la Ley 9ª de 1979, sus disposiciones reglamentarias y las regulaciones del Instituto Colombiano Agropecuario.

(D. 2257/86, art. 62)

ART. 2.8.5.2.49.—Importación de materias primas que puedan transmitir zoonosis. La importación de materias primas para la fabricación de productos biológicos, reactivos de uso veterinario o concentrados, alimentos para animales u otros fines, que puedan transmitir zoonosis u otras enfermedades, únicamente podrá hacerse previa autorización del Ministerio de Salud y Protección Social de conformidad con las regulaciones de la Ley 9ª de 1979, sus disposiciones reglamentarias y las normas del Instituto Colombiano Agropecuario.

(D. 2257/86, art. 63)

ART. 2.8.5.2.50.—Autorizaciones sanitarias para zoológicos y clínicas veterinarias. La construcción, remodelación o ampliación de zoológicos y clínicas veterinarias requieren autorización sanitaria expedida por secretaría de salud departamental o la entidad que haga sus veces.

(D. 2257/86, art. 64)

ART. 2.8.5.2.51.—Requisitos para obtener autorizaciones sanitarias. Para obtener la autorización sanitaria de construcción, remodelación o ampliación a que se refiere el artículo anterior, se requiere:

1. Solicitud escrita ante la secretaría de salud departamental correspondiente, acompañando las referencias, documentos o anexos indispensables para comprobar el cumplimiento de los requisitos señalados en el presente título y por la oficina de planeación o repartición municipal respectiva.

2. Planos y diseños por duplicado, así:

a) Planos completos de las edificaciones construidas o que se pretenda construir, según el caso, escala 1:50;

b) Planos de detalles, escala 1:20;

c) Planos de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, escala 1:50;

d) Planos de ubicación de maquinaria y equipos cuando sea del caso;

e) Identificación del sistema de evacuación de desechos sólidos;

f) Planos del sistema de disposición de aguas negras, de lavado y otras aguas servidas, antes de vertirlas al alcantarillado o a cualquier otra fuente receptora, de conformidad con lo establecido en el título I de la Ley 9ª de 1979 y sus disposiciones reglamentarias.

(D. 2257/86, art. 65)

ART. 2.8.5.2.52.—Comprobación de los requisitos sanitarios. Una vez haya sido terminada la construcción del establecimiento para el cual se obtuvo autorización sanitaria, o se hayan concluido los procesos de remodelación o ampliación, según el caso, su propietario o representante legal deberá informar al respecto a la secretaría de salud departamental correspondiente con el fin de que mediante inspección ocular, se compruebe el cumplimiento de los requisitos legales de carácter sanitario, así como los que se deriven de la solicitud correspondiente.

(D. 2257/86, art. 66)

ART. 2.8.5.2.53.—Verificación previa de requisitos sanitarios. Cuandoquiera que las autoridades sanitarias en ejercicio de las funciones de vigilancia y control que les compete, con fundamento en la Ley 9ª de 1979, y sus disposiciones reglamentarias, verifiquen el cumplimiento de los requisitos sanitarios previstos en la normativa vigente para establecimientos de diversión o espectáculos públicos que por su naturaleza no requieran instalarse de manera permanente en un lugar, si dentro de su programación o actividades toman parte animales salvajes, silvestres o domésticos, deberán exigir, el cumplimiento de los siguientes aspectos, en materia de zoonosis:

a) Presentación y cumplimiento, según el caso, de planes de prevención y control de enfermedades de los animales, bajo asistencia técnica de un médico veterinario;

b) Identificación de las características de alojamiento de los animales, indicando en cada caso las áreas destinadas para su movilización;

c) Identificación de los medios de protección de los animales y de las personas a cuyo cuidado se encuentran, tanto desde el punto de vista físico como del sanitario;

d) Descripción de los mecanismos para la prevención de accidentes y de las disponibilidades para las acciones de primeros auxilios, tanto para personas como para animales;

e) Registro cronológico de muerte de animales por especies, indicando la causa.

(D. 2257/86, art. 88)

ART. 2.8.5.2.54.—Licencia o salvoconductos para la movilización interna de animales. El Instituto Colombiano Agropecuario establecerá las normas sobre la expedición de las licencias de movilización interna de animales en general en orden a la prevención y control de la zoonosis.

La autoridad ambiental con jurisdicción en el sitio donde legalmente se encuentren los animales silvestres expedirá el salvoconducto único para su transporte.

Las licencias o salvoconductos podrán expedirse cuandoquiera que hayan cumplido los requisitos de carácter sanitario y los vehículos transportadores dispongan de las condiciones adecuadas para tales fines. En el documento correspondiente deberá indicarse el tipo de vehículo, su identificación, los lugares de salida y llegada de los animales y la distancia entre dichos sitios, así como la vigencia del mismo.

(D. 2257/86, art. 89)

ART. 2.8.5.2.55.—Requisitos sanitarios de los vehículos. El Ministerio de Salud y Protección Social en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, establecerá los requisitos de carácter sanitario y especialmente los relacionados con prevención y control epidemiológico, que deban llenar los vehículos que regularmente transporten animales.

(D. 2257/86, art. 90)

ART. 2.8.5.2.56.—Certificados de vacunación. Las entidades públicas que apliquen cualesquiera de las vacunas para animales domésticos, deberán expedir a los propietarios o responsables de los mismos un certificado de vacunación en el cual conste:

a) Nombre del propietario o responsable del animal;

b) Nombre, si es del caso, especie, raza, edad y sexo del animal;

c) Enfermedades prevenidas con la vacuna y período de inmunidad que produce;

d) Tipo de vacuna, laboratorio productor y número de registro sanitario.

PAR.—Cuandoquiera que las vacunas sean aplicadas por entidades particulares, deberá expedirse el certificado señalado en este artículo bajo la responsabilidad de un médico veterinario, quien lo suscribirá indicando claramente su nombre y número del registro profesional.

(D. 2257/86, art. 91)

ART. 2.8.5.2.57.—Medidas sanitarias de seguridad. De acuerdo con el artículo 576 de la Ley 9ª de 1979, son medidas de seguridad las siguientes: La clausura temporal del establecimiento, que podrá ser total o parcial, la suspensión parcial o total de trabajos o servicios, la retención de animales, el decomiso de objetos y productos, la destrucción o desnaturalización de artículos si es el caso y la congelación o suspensión temporal de la venta o empleo de productos y objetos mientras se toma una decisión definitiva al respecto.

(D. 2257/86, art. 92)

ART. 2.8.5.2.58.—Medidas sanitarias preventivas. Los anteriores procedimientos serán aplicables, en lo pertinente, cuando se trate de la imposición de las siguientes medidas preventivas sanitarias a que se refiere el artículo 591 de la Ley 9ª de 1979:

a) Aislamiento o internación de personas para evitar la transmisión de enfermedades zoonóticas;

b) Captura y observación de animales sospechosos de enfermedades transmisibles;

c) Vacunación de personas y animales;

d) Control de insectos u otra fauna nociva o transmisora de enfermedades;

e) Suspensión de trabajos o de servicios;

f) Retención o el depósito en custodia de objetos;

g) Desocupación o desalojamiento de establecimientos o viviendas.

(D. 2257/86, art. 104)

ART. 2.8.5.2.59.—Iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se iniciará de oficio, a solicitud o información de funcionario público, por denuncia o queja debidamente fundamentada presentada por cualquier persona o como consecuencia de haberse tomado previamente una medida preventiva o de seguridad. Este procedimiento se adelantará aplicando las disposiciones previstas en el capítulo III del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

PAR.—Aplicada una medida preventiva o de seguridad, esta deberá obrar dentro del respectivo proceso sancionatorio, cuando a ello hubiere lugar.

(D. 2257/86, art. 106)

ART. 2.8.5.2.60.—Destinación de las multas. El producto de las sumas recaudadas por concepto de multas solo podrá presupuestarse con destino a programas de control y vigilancia epidemiológica en zoonosis.

(D. 2257/86, art. 132)

ART. 2.8.5.2.61.—Destinación de los bienes decomisados. Si los bienes decomisados son perecederos en corto tiempo y la autoridad sanitaria establece que su consumo no ofrece peligro para la salud humana o animal, podrá destinarlos a entidades sin ánimo de lucro o a usos industriales.

En el último caso, si se obtiene provecho económico, este ingresará al tesoro de la entidad que hubiere impuesto el decomiso, para destinarlo a programas de control sanitario en materia de zoonosis.

(D. 2257/86, art. 137)

ART. 2.8.5.2.62.—Custodia de los bienes decomisados. Si los bienes decomisados no son perecederos en corto tiempo, la autoridad deberá mantenerlos en custodia mientras se ejecutoría la providencia por la cual se hubiere impuesto la sanción.

(D. 2257/86, art. 138)

ART. 2.8.5.2.63.—Medidas complementarias a la suspensión o cancelación. Las autoridades sanitarias para efectos de la puesta en práctica de la suspensión o cancelación, podrán imponer sellos, bandas o utilizar otro sistema apropiado.

La suspensión o cancelación del registro de vehículos se realiza mediante el retiro del mismo, por parte de la autoridad que impone la sanción.

(D. 2257/86, art. 144)

TÍTULO 6

Consumo de alcohol

CAPÍTULO 1

Disposiciones generales

ART. 2.8.6.1.1.—Objeto. El presente título tiene como objeto proteger al menor de edad y a la comunidad en general de los efectos nocivos del consumo de bebidas alcohólicas y establecer medidas tendientes a la reducción del daño y la minimización del riesgo de accidentalidad, violencia cotidiana y criminalidad asociada al consumo inmoderado de alcohol.

(D. 120/2010, art. 1º)

ART. 2.8.6.1.2.—Definiciones. Para efectos del presente título, se adoptan las siguientes definiciones:

Abuso del consumo de bebidas alcohólicas. Todo consumo por frecuencia y/o cantidad que conlleve a la pérdida del dominio propio del individuo bien sea de manera temporal o definitiva. Para tal fin se establecen los siguientes conceptos:

a) Moderado: Consumo habitual de alcohol pero no pasan de determinadas cantidades de alcohol (cantidades variables) por unidad de tiempo;

b) Excesivo: Consumo habitual que supera las cantidades del consumo moderados y tiene un promedio anual de embriaguez elevado;

c) Patológico: Individuos enfermos con síndrome de dependencia física.

Se considera consumo abusivo el consumo excesivo y patológico.

Alcohol. Es el etanol o alcohol etílico procedente de la destilación de la fermentación alcohólica de mostos adecuados. Este alcohol no es desnaturalizado.

Alcoholismo. Término genérico que incluye todas las manifestaciones patológicas del consumo de alcohol. Corresponde además a la expresión “problemas relacionados con el alcohol” la cual comprende un grupo muy heterogéneo de problemas de salud de índole física, psicológica y social, asociados con el consumo de alcohol, sea este consumo de forma puntual o regular e indistintamente en bebedores ocasionales, habituales, grandes bebedores o alcohólicos. Concepto desarrollado en la clasificación de la O.M.S., CIE X-10, además de incluir las demás manifestaciones y afectaciones por su consumo, entre ellas “trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol”.

Alcoholemia. Cantidad (concentración) de alcohol etílico contenida en la sangre.

Alcoholometría. Examen o prueba de laboratorio, o por otro medio técnico que determina el nivel de alcohol etílico en la sangre.

Alcohosensor. Sistema para determinar alcohol en el aire exhalado.

Autocuidado. Obligación de toda persona de velar por el mejoramiento, la conservación y la recuperación de su salud personal y la salud de los miembros de su hogar, evitando acciones y omisiones perjudiciales y cumpliendo las instrucciones técnicas y las normas obligatorias que dicten las autoridades competentes.

Bebida alcohólica. Producto apto para el consumo humano con una concentración de alcohol etílico no inferior a 2.5 grados alcoholimétricos, al cual no se le indican propiedades terapéuticas.

Control del consumo del alcohol. Acción de las autoridades, en el marco de las competencias constitucionales y legales, destinadas al desarrollo de estrategias de reducción de la oferta, la demanda y los daños con objeto de mejorar la salud de la población eliminando o reduciendo el consumo de productos de alcohol y sus derivados.

Embriaguez. Conjunto de cambios psicológicos y neurológicos de carácter transitorio, así como en órganos y sistemas, inducidos en el individuo por el consumo de algunas sustancias farmacológicamente activas, las cuales afectan su capacidad y habilidad para la realización adecuada de actividades de riesgo.

Interés superior del menor. Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes.

Licor. Es la bebida alcohólica con una graduación superior a 15 grados alcoholimétricos a 20ºC, que se obtiene por destilación de bebidas fermentadas o de mostos fermentados, alcohol vínico, holandas o por mezclas de alcohol rectificado neutro o aguardientes con sustancia de origen vegetal, o con extractos obtenidos con infusiones, percolaciones o maceraciones que le den distinción al producto, además, con adición de productos derivados lácteos, de frutas, de vino o de vino aromatizado.

Solo se podrán utilizar edulcorantes naturales, colorantes y aromatizantes - saborizantes, para alimentos permitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Menor de edad. Toda persona menor de 18 años.

Protocolos seguros. Son todas aquellas acciones de los corresponsables que en tiempos reales en un antes, un durante y un después coadyuvan a la construcción de una cultura deja prevención en ambientes de consumo abusivo, para la maximización del disfrute y la minimización de sus riesgos.

Saber beber-saber vivir. Principio que orientan el consumo responsable de alcohol. El principio de saber beber-saber vivir tiene en cuenta la calidad, cantidad, consistencia, comida, compañía y acompañamiento. Para tal fin entiéndase por:

a) Calidad. Pureza de los procesos de producción de alcohol ya se trate de fermentados o destilados;

b) Cantidad. Tiempo, durante la ingesta, por ocasión;

c) Consistencia. Permanencia en el mismo tipo de bebida durante la ingesta y el cuidado de sus mezcla ente destilados y fermentados;

d) Comida: Acompañamiento de comida en un antes y un durante la ingesta;

e) Compañía: Personas de confianza con las cuales se comparte durante el consumo de alcohol;

f) Acompañamiento: Presencia de autoridades y organizaciones sociales y comunitarias que junto con los dueños, administradores y empleados de establecimientos de consumo de alcohol realizan labores de disminución del daño y minimización del riesgo en zonas de consumo abusivo hacia los fines de semana en un antes (al inicio de la jornada), durante (durante el proceso de consumo) y después (finalizando la hora obligatoria de cierre que aplique en el territorio de que se trate) al interior y en el entorno de los ámbitos de consumo para el desarrollo de actividades de prevención en tiempos reales.

(D. 120/2010, art. 2º; definición “Licor”: D. 1686/2012, art. 3º)

CAPÍTULO 2

Políticas para el control del consumo de bebidas alcohólicas

ART. 2.8.6.2.1.—Políticas de salud pública para el control del consumo abusivo del alcohol. En los términos del artículo 33 de la Ley 1122 de 2007, el Ministerio de Salud y Protección Social diseñará e incorporará dentro del plan nacional de salud pública, las estrategias y acciones para identificar y promover la atención y demanda de servicios de rehabilitación, cesación y curación de la población enferma por causas asociadas al consumo abusivo del alcohol.

(D. 120/2010, art. 6º)

ART. 2.8.6.2.2.—Capacitación a personal formativo. El Ministerio de Salud y Protección Social formulará y promulgará los programas, planes y estrategias encaminados a capacitar sobre las medidas de control del consumo abusivo del alcohol vigentes a personas tales como profesionales de la salud, trabajadores de la comunidad, asistentes sociales, profesionales de la comunicación, educadores y responsables de la formación de menores de edad así como a los servidores públicos en general, sobre las consecuencias adversas del consumo abusivo de alcohol. El Ministerio de Educación Nacional orientará a las secretarías de educación de las entidades territoriales para que se desarrollen competencias que permitan a la comunidad educativa adoptar estilos de vida saludables.

(D. 120/2010, art. 7º)

ART. 2.8.6.2.3.—Programas educativos para evitar el consumo de alcohol. Los menores de edad deberán recibir los conocimientos y asistencia institucional educativa bajo los principios de salud pública sobre los efectos nocivos del consumo de alcohol, la incidencia de enfermedades, la discapacidad y la mortalidad debidas al consumo abusivo de alcohol. Para tal fin, el Ministerio de Educación Nacional, bajo los principios constitucionales, orientará a las secretarías de educación de las entidades territoriales para que en las instituciones educativas se adopten proyectos pedagógicos que desarrollen competencias en los menores de edad que les permita por un estilo de vida saludable.

(D. 120/2010, art. 8º)

ART. 2.8.6.2.4.—Programas de educación preventiva en medios masivos de comunicación. En virtud de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 1098 de 2006, la Autoridad Nacional de Televisión facilitará y propiciará la emisión de mensajes de alto impacto sobre prevención del consumo abusivo de alcohol en televisión. De igual manera, se deberán destinar espacios que estén a cargo de la Nación para la difusión del mismo tipo de mensajes por emisoras radiales.

(D. 120/2010, art. 9º)

ART. 2.8.6.2.5.—Campañas de prevención para la población en riesgo por consumo abusivo de alcohol. Los ministerios sectoriales implementarán campañas generales de información y educación a la población sobre los efectos nocivos del consumo abusivo de alcohol y brindar asesoría y desarrollar programas para evitar el consumo abusivo de esta sustancia.

PAR. 1º—Las empresas promotoras de salud, EPS, del régimen contributivo y del régimen subsidiado, las entidades adaptadas y las entidades responsables de los regímenes de excepción que tratan el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 647 de 2001, deberán identificar el factor de riesgo dentro de su población, informar a esa población los riesgos para su salud por el hábito de consumo abusivo de alcohol y brindarle al usuario los servicios del POS dirigidos al manejo del factor riesgo.

PAR. 2º—Las instituciones prestadoras de servicios de salud, IPS, y las EPS que detecten este factor de riesgo tendrán la obligación de informarles a sus usuarios de estos servicios.

(D. 120/2010, art. 10)

ART. 2.8.6.2.6.—Responsabilidad de las administradores de riesgos laborales. Corresponde a los administradores de riesgos laborales, ARL, desarrollar estrategias para brindar, permanentemente, información y educación a sus afiliados para evitar el consumo abusivo de alcohol.

(D. 120/2010, art. 11)

ART. 2.8.6.2.7.—Prohibición de expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Prohíbese el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad en los términos de la Ley 124 de 1994. La persona que facilite las bebidas embriagantes o su adquisición será sancionada de conformidad con las normas establecidas para los expendedores en los códigos Nacional o Departamental de Policía.

En caso de duda acerca de la edad de la persona, el expendedor o la persona que ofrezca o facilite bebidas alcohólicas deberán exigir la cédula de ciudadanía.

(D. 120/2010, art. 12)

ART. 2.8.6.2.8.—Trabajo de menores en establecimientos en donde se produzcan, envasen, distribuyan, expendan o consuman bebidas alcohólicas. En ningún caso, podrán trabajar personas menores durante la jornada nocturna en establecimientos donde se produzcan, envasen, distribuyan, expendan o consuman bebidas alcohólicas.

(D. 120/2010, art. 13)

ART. 2.8.6.2.9.—Cursos de prevención del alcoholismo. De conformidad con lo previsto en el artículo 2º de la Ley 124 de 1994, el menor de edad que sea hallado consumiendo bebidas embriagantes o en estado de beodez, deberá asistir con sus padres o acudientes a un curso sobre prevención del alcoholismo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o a la entidad que haga sus veces.

(D. 120/2010, art. 14)

ART. 2.8.6.2.10.—Publicidad y leyendas. Conforme a lo dispuesto en la Ley 124 de 1994 y lo previsto en este título, tanto la publicidad como las leyendas relacionadas con el consumo de alcohol deberán tener en cuenta el interés superior del menor de edad.

Toda publicidad, por cualquier medio que se realice, debe contener o hacer referencia, de manera resaltada, a la prohibición de expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad.

La advertencia debe ser clara e inteligible.

(D. 120/2010, art. 15)

ART. 2.8.6.2.11.—Especificaciones de los envases y etiquetas. En los envases y etiquetas de las bebidas alcohólicas no podrán emplearse expresiones, leyendas o imágenes en idioma diferente al castellano que induzcan engaño al público, haciendo pasar los productos como elaborados en el exterior, ni que sugieran propiedades medicinales.

Con fundamento en lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social dictará las normas técnicas que sean necesarias respecto de las especificaciones de las leyendas, etiquetas y rótulos.

(D. 120/2010, art. 16)

ART. 2.8.6.2.12.—Obligación de los propietarios, empleadores y administradores. Los propietarios, empleadores y administradores de los lugares en donde se expenden y/o consumen bebidas alcohólicas deberán:

a) No vender bebidas alcohólicas a menores y, en caso de duda sobre la edad de la persona, verificar su edad con la solicitud del documento de identificación;

b) Velar por el cumplimiento de las restantes normas establecidas en el presente título con el fin de proteger a los menores del consumo de alcohol;

c) Prevenir el consumo excesivo de bebidas alcohólicas;

d) Fijar en un lugar visible al público un aviso que contenga los textos, “el alcohol es nocivo para la salud, la convivencia y la seguridad vial” y “se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad”. El Ministerio de Salud y Protección Social fijará las condiciones y especificaciones de tales textos;

e) No contratar menores de edad durante la jornada nocturna.

(D. 120/2010, art. 17)

ART. 2.8.6.2.13.—Obligación de las entidades territoriales. Corresponde a los gobernadores y alcaldes y a las secretarías departamentales, distritales y municipales de salud el desarrollo de las siguientes actividades:

a) Difundir, en el ámbito de su jurisdicción, las medidas establecidas en el presente título;

b) Realizar actividades de movilización y concertación social para garantizar el cumplimiento del presente acto;

c) Desarrollar campañas de promoción para evitar el consumo abusivo de alcohol;

d) Desarrollar, dentro de la red de instituciones prestadoras de salud, campañas de educación sobre los efectos nocivos del consumo abusivo de alcohol;

e) Establecer estrategias que conduzcan al consumo responsable de bebidas alcohólicas con base en el principio de saber beber-saber vivir.

(D. 120/2010, art. 18)

ART. 2.8.6.2.14.—Obligación de las entidades públicas. Las entidades públicas deberán difundir las medidas de que trata el presente título tanto en las páginas electrónicas que tengan habilitadas como en otros medios de difusión con que cuenten.

(D. 120/2010, art. 19)

ART. 2.8.6.2.15.—Competencias de las autoridades sanitarias. Las autoridades sanitarias vigilarán el cumplimiento de lo dispuesto en el presente título, en coordinación con las autoridades de policía y demás autoridades de control.

(D. 120/2010, art. 20)

ART. 2.8.6.2.16.—Restricción de espacios y horarios. De conformidad con el artículo 111 del Código Nacional de Policía, los distritos y municipios podrán señalar zonas y fijar horarios para el funcionamiento de establecimientos donde se expenden bebidas alcohólicas. Así mismo, en virtud de lo previsto en el artículo 113 del Código Nacional de Policía, estarán facultados para adoptar restricciones en la venta de bebidas alcohólicas.

Para tal fin, las mencionadas entidades territoriales, con base en los respectivos planes de salud pública, deberán determinar zonas críticas de consumo abusivo de alcohol así como las horas críticas con el fin de elaborar los mapas de riesgo respecto de los efectos nocivos de dicho consumo, con especial énfasis en la protección al menor de edad. El Ministerio de Salud y Protección Social establecerá los lineamientos de tales estudios.

PAR.—La información proveniente de esos estudios será pública y ampliamente difundida en la jurisdicción distrital o municipal respectiva, con el fin de darla a conocer a la ciudadanía.

(D. 120/2010, art. 22)

ART. 2.8.6.2.17.—Pactos por la vida. Los distritos y municipios promoverán la realización de pactos por la vida entre los residentes de las zonas consideradas como críticas, los dueños de establecimientos comerciales donde se expenda y consuma alcohol y los centros educativos del área de influencia en las zonas identificadas como críticas, con los que se definan estrategias orientadas a la disminución del daño y la minimización del riesgo que evite los desenlaces de accidentes, violencia cotidiana y criminalidad que acompañan los ambientes de consumos abusivos. Dichos pactos deberán contener medidas especiales de protección al menor de edad frente al consumo de alcohol y sus consecuencias.

(D. 120/2010, art. 23)

ART. 2.8.6.2.18.—Progresividad en la protección. A través del presente título se establece la regulación mínima de protección a la salud humana por conductas que atenten contra la misma, derivados del consumo de alcohol sin menoscabo de las regulaciones que, en esta materia, superen estos mínimos.

(D. 120/2010, art. 24)

TÍTULO 7

Normas de seguridad en piscinas

CAPÍTULO 1

Piscinas de uso colectivo abiertas al público en general

SECCIÓN 1

Disposiciones generales

ART. 2.8.7.1.1.1.—Objeto. El objeto del presente capítulo es determinar las medidas de seguridad aplicables a los establecimientos de piscinas de uso colectivo abiertas al público en general que deben ser cumplidas por los responsables de las mismas, tendientes a prevenir y controlar los riesgos que afecten la vida y la salud de las personas.

(D. 554/2015, art. 1º)

ART. 2.8.7.1.1.2.—Campo de aplicación. De conformidad con lo previsto en los artículos 2º, 4º, literal b), y 11 de la Ley 1209/2008, las disposiciones del presente capítulo se aplican a las personas naturales o jurídicas que presten servicio de piscina abierto al público en general, ubicadas en instalaciones tales como: centros vacacionales y recreacionales, escuelas, entidades o asociaciones, hoteles, moteles o similares.

(D. 554/2015, art. 2º)

ART. 2.8.7.1.1.3.—Definiciones. Para efectos de la aplicación de las disposiciones del presente título, se adoptan las siguientes definiciones:

1. Autoridad sanitaria: Entidad de carácter público del orden territorial con atribuciones para ejercer funciones de inspección, vigilancia y control en materia sanitaria, a los sectores público y privado que presten servicios de piscinas.

2. Bañista: Persona que se beneficia directamente con el uso del agua contenida en el estanque.

3. Dispositivos de seguridad homologados: Son los que cumplen con los requisitos establecidos en el reglamento técnico que para el efecto expida el Ministerio de Salud y Protección Social.

4. Requisitos de la calidad de agua y de buenas prácticas sanitarias: Son las exigencias sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social que deben cumplir las piscinas.

5. Responsable: Es la persona o las personas, tanto naturales como jurídicas o comunidades, tengan o no personería jurídica, que ostenten la titularidad de la propiedad o cualquier relación jurídica que pueda comportar la tenencia o explotación de la piscina.

6. Salvavidas: Gestor de riesgos asociados a actividades acuáticas, con enfoque hacia la prevención de incidentes y accidentes acuáticos y con capacidad de respuesta ante emergencias generadas en estanques de piscina.

(D. 554/2015, art. 3º)

SECCIÓN 2

Certificación de normas de seguridad de piscinas

ART. 2.8.7.1.2.1.—Criterios técnicos para los estanques de agua en piscinas. Los estanques de agua en piscinas, para garantizar la seguridad, deben cumplir criterios técnicos en cuanto a: i) planos; ii) formas de los estanques; iii) vértices; iv) profundidad; v) distancias entre estanques; vi) escaleras; vii) desagüe sumergido; viii) revestimiento; ix) corredores; x) período de recirculación o renovación y xi) zona de salto. Los criterios de dichos elementos serán definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.

(D. 554/2015, art. 4º)

ART. 2.8.7.1.2.2.—Requisitos para la certificación de normas de seguridad de piscinas para uso público. Los responsables de las piscinas de que trata el artículo 2.8.7.1.1.2 del presente decreto, deben solicitar el certificado de cumplimiento de las normas de seguridad de piscinas, para lo cual deben adjuntar la siguiente documentación a la dependencia u oficina administrativa que determine el municipio o distrito:

1. Planos elaborados y firmados por un ingeniero o arquitecto, con tarjeta profesional vigente, que contenga: Planos de planta y cortes con la localización de equipos y desagües, sistemas eléctricos y sistemas hidráulicos.

2. Documento que contenga las memorias descriptivas de construcción y técnica, manual de operación y protocolos de mantenimiento de los sistemas de tratamiento de agua.

3. Descripción sobre la disposición final de los lodos provenientes del lavado del sistema de tratamiento de agua del estanque.

4. Plan de seguridad de la piscina y reglamento de uso de la misma.

5. Concepto sanitario expedido por la autoridad sanitaria competente, donde conste el cumplimiento de los requisitos higiénico-sanitarios del agua y de buenas prácticas sanitarias.

PAR.—Los responsables de las piscinas que tengan en funcionamiento estanques al 27 de marzo de 2015, cumplirán únicamente con los requisitos establecidos en los numerales 3º, 4º y 5º.

(D. 554/2015, art. 5º)

ART. 2.8.7.1.2.3.—Parámetros de calidad del agua y productos y sustancias químicas utilizadas en el tratamiento de agua contenida en estanques de piscinas. El agua que se almacene en estanques de piscina debe ser limpia y sana. Para el efecto, el Ministerio de Salud y Protección Social definirá los parámetros generales físico-químicos y microbiológicos del agua, los cuales serán de referencia para las autoridades sanitarias departamentales, distritales y municipales categoría especial 1, 2 y 3.

Los productos y sustancias químicas utilizadas en el tratamiento de agua contenida en estanques de piscina deben cumplir con los requisitos de etiquetado y de almacenamiento dispuestos en la normativa vigente.

PAR.—Los parámetros generales físico-químicos y microbiológicos del agua no serán exigibles a los estanques que almacenen aguas termales y de usos terapéuticos. El Ministerio de Salud y Protección Social definirá dichos parámetros.

(D. 554/2015, art. 6º)

ART. 2.8.7.1.2.4.—Normas mínimas de seguridad. Los responsables de piscinas de que trata el presente capítulo deberán acatar obligatoriamente las siguientes normas mínimas de seguridad:

1. No se debe permitir el acceso a menores de doce (12) años sin la compañía de un adulto.

2. Deberá mantenerse permanentemente el agua limpia y sana, de conformidad con los parámetros que se establezcan según lo previsto en el artículo anterior.

3. Se deberá tener un botiquín de primeros auxilios con material para curaciones.

4. Deberán permanecer en el área de la piscina por lo menos dos (2) flotadores circulares con cuerda y un bastón con gancho.

5. Se deberá escribir en colores vistosos y en letra grande, visible con claridad para cualquier persona la profundidad máxima de la piscina.

6. Deberá haber en servicio las veinticuatro (24) horas del día en el sitio de la piscina un teléfono o citófono para llamadas de emergencia.

(D. 554/2015, art. 7º)

ART. 2.8.7.1.2.5.—Dispositivos de seguridad. Los dispositivos de seguridad que se utilicen en estanques de piscina son el cerramiento, la alarma de agua o el detector de inmersión, las cubiertas antiatrapamiento y el sistema de seguridad de liberación de vacío, los cuales deberán obtener el respectivo certificado de conformidad, de acuerdo con lo señalado en el reglamento técnico que expida el Ministerio de Salud y Protección Social.

PAR.—Mientras no existan en Colombia organismos de evaluación de la conformidad acreditados ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, que certifiquen el cumplimiento de los dispositivos con el reglamento técnico que expida el Ministerio de Salud y Protección Social, se entenderán homologados con la declaración de conformidad de primera parte del proveedor.

El Ministerio de Salud y Protección Social es el competente para expedir el formato y el instructivo para efectuar dicha declaración.

(D. 554/2015, art. 8º)

ART. 2.8.7.1.2.6.—Plan de seguridad de piscinas. El plan de seguridad de piscinas debe contener información relacionada con la construcción y localización de equipos y desagües, sistemas eléctricos e hidráulicos y su respectivo mantenimiento, procedimientos de seguridad para garantizar la salud de los usuarios que incluya atención de emergencias o incidentes y evacuación, sistema de tratamiento del agua, hojas de seguridad de los productos y sustancias químicas empleadas e incompatibilidades de las mismas, manuales de operación y de capacitación del personal y mantenimientos de rutina.

El plan podrá ser objeto de verificación en cualquier momento por parte de la dependencia u oficina administrativa que determine el municipio o distrito.

(D. 554/2015, art. 9º)

ART. 2.8.7.1.2.7.—Capacitación y certificación como salvavidas. El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, dentro de su oferta educativa o cualquier otra entidad pública o privada que realice instrucción o capacitación integral teórico-práctica, que determine competencias laborales para una óptima labor como salvavidas, podrán capacitar y certificar como salvavidas.

(D. 554/2015, art. 10)

SECCIÓN 3

Obligaciones de los responsables, padres, acompañantes y bañistas

ART. 2.8.7.1.3.1.—Obligaciones del responsable de los establecimientos de las piscinas. Sin perjuicio de las obligaciones asignadas por la Ley 1209 de 2008, deberán cumplir con lo siguiente:

1. Elaborar el plan de seguridad de piscinas y cumplir con las acciones previstas en el mismo y ponerlo a disposición de la autoridad competente cuando esta lo solicite.

2. Elaborar y hacer cumplir el reglamento de uso de la piscina que será fijado en lugar visible para los bañistas y acompañantes.

3. Velar porque los bañistas preserven la calidad del agua, el buen uso y seguridad durante su permanencia en el establecimiento de piscina.

(D. 554/2015, art. 11)

ART. 2.8.7.1.3.2.—Responsabilidad de los bañistas, padres y acompañantes de bañistas menores de edad. Los bañistas, padres y acompañantes de bañistas menores de edad, tienen la responsabilidad de:

1. Cumplir con el reglamento de uso de las piscinas que cada establecimiento contemple conforme con lo dispuesto en el presente capítulo.

2. Informar sobre cualquier situación de riesgo en el establecimiento de piscinas a sus responsables, operarios o piscineros.

(D. 554/2015, art. 12)

SECCIÓN 4

Inspección, vigilancia y control

ART. 2.8.7.1.4.1.—Competencias de los municipios y distritos. En desarrollo del artículo 9º de la Ley 1209 de 2008, los municipios y distritos, en su respectiva jurisdicción, serán responsables a través de la dependencia u oficina administrativa que estos determinen, de lo siguiente:

1. Autorizar el funcionamiento del establecimiento de piscina en su jurisdicción, mediante la certificación de cumplimiento de normas de seguridad en piscina.

2. Realizar la correspondiente verificación de cumplimiento de las acciones contempladas en el plan de seguridad de la piscina.

3. Aplicar las sanciones a que haya lugar a los responsables de las piscinas que incumplan con lo dispuesto en el presente capítulo y las normas que expida el Ministerio de Salud y Protección Social sobre la materia. Para el efecto, tendrán en cuenta lo señalado en el capítulo V de la Ley 1209 de 2008 o la norma que la modifique, adicione o sustituya.

(D. 554/2015, art. 13)

ART. 2.8.7.1.4.2.—Competencias de las autoridades sanitarias departamentales, distritales y municipales categoría especial 1, 2 y 3. En desarrollo de los artículos 43 y 44 de la Ley 715 de 2001, las autoridades sanitarias departamentales, distritales y municipales categoría especial 1, 2 y 3, deben realizar lo siguiente:

1. Ejercer la inspección, vigilancia y control sanitario sobre los establecimientos de piscinas, para lo cual podrán aplicar las medidas sanitarias de seguridad pertinentes, de conformidad con lo previsto en la Ley 9ª de 1979 o la norma que la modifique, adicione o sustituya.

2. Expedir el concepto sanitario sobre el cumplimiento de las exigencias sanitarias.

3. Mantener actualizada la información sobre el número de establecimientos de piscinas existentes en su jurisdicción.

(D. 554/2015, art. 14)

CAPÍTULO 2

Piscinas de uso restringido no abiertas al público en general

ART. 2.8.7.2.1.—Campo de aplicación. Las disposiciones del presente capítulo se aplican a piscinas de uso restringido no abiertas al público en general ubicadas en instalaciones como clubes privados, condominios o conjuntos residenciales.

(D. 554/2015, art. 15)

ART. 2.8.7.2.2.—Normas mínimas de seguridad. Los responsables de piscinas de uso restringido no abiertas al público en general deberán acatar obligatoriamente las siguientes normas mínimas de seguridad:

1. No se debe permitir el acceso a menores de doce (12) años sin la compañía de un adulto.

2. Deberá mantenerse permanentemente el agua limpia y sana, de conformidad con los parámetros que se establezcan según lo previsto en el artículo 2.8.7.1.2.3 del presente decreto.

3. Se deberá tener un botiquín de primeros auxilios con material para curaciones.

4. Deberán permanecer en el área de la piscina por lo menos dos (2) flotadores circulares con cuerda y un bastón con gancho.

5. Se deberá escribir en colores vistosos y en letra grande, visible con claridad para cualquier persona la profundidad máxima de la piscina.

6. Deberá haber en servicio las veinticuatro (24) horas del día en el sitio de la piscina un teléfono o citófono para llamadas de emergencia.

(D. 554/2015, art. 16)

ART. 2.8.7.2.3.—Dispositivos y otros requisitos para las piscinas de uso restringido no abiertas al público en general. Los responsables de los estanques de piscina ubicados en instalaciones como clubes privados, condominios o conjuntos residenciales, deben cumplir lo siguiente:

1. Disponer de sensores de movimiento o alarmas de inmersión, sistema de seguridad de liberación de vacío y cubiertas antiatrapamientos. Las piscinas en funcionamiento que no dispongan de estos equipos deberán incorporarlos. Estos dispositivos deberán estar homologados, de acuerdo a lo señalado en el reglamento técnico que expida el Ministerio de Salud y Protección Social. Para efectos de la homologación también aplica el parágrafo del artículo 2.8.7.1.2.5 del presente decreto.

2. Elaborar el plan de seguridad de la piscina y el reglamento de uso de la misma y cumplir las acciones y reglas descritas en los mismos y ponerlo a disposición de la autoridad competente, cuando esta lo solicite.

3. Los clubes privados deberán contar con una (1) persona salvavidas por cada piscina en los horarios en que esté en funcionamiento.

4. Los condominios o conjuntos residenciales deberán contar con una (1) persona salvavidas por cada piscina durante los fines de semana, al igual que en época de vacaciones escolares y cuando se realicen eventos sociales en la piscina o sus alrededores que involucren menores de catorce (14) años.

PAR.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1209 de 2008, será obligatorio para las piscinas del presente título instalar el cerramiento y alarmas de agua en horario en que no se encuentren en servicio las piscinas.

(D. 554/2015, art. 17)

ART. 2.8.7.2.4.—Inspección, vigilancia y control. Las disposiciones del presente capítulo sobre piscinas de uso restringido no abiertas al público en general podrán ser objeto de verificación en cualquier momento por parte de las autoridades competentes, quienes podrán aplicar las sanciones a que haya lugar a los responsables de las piscinas que incumplan con lo dispuesto en el presente capítulo y las normas que expida el Ministerio de Salud y Protección Social sobre la materia.

(D. 554/2015, art. 18)

CAPÍTULO 3

Piscinas de propiedad unihabitacional

ART. 2.8.7.3.1.—Requisitos para las piscinas de propiedad unihabitacional. Los estanques de piscinas de propiedad privada unihabitacional deben dar cumplimiento únicamente a lo señalado en el artículo 3º de la Ley 1209 de 2008 o la norma que la modifique, adicione o sustituya. Los sensores de movimiento o alarmas de inmersión y el sistema de seguridad de liberación de vacío deberán estar homologados, de acuerdo con lo señalado en el reglamento técnico que expida el Ministerio de Salud y Protección Social. Para efectos de la homologación también aplica el parágrafo del artículo 2.8.7.1.2.5 del presente decreto.

(D. 554/2015, art. 19)

TÍTULO 8

Sistema de vigilancia en salud pública

CAPÍTULO 1

Creación del Sivigila

SECCIÓN 1

Disposiciones generales

ART. 2.8.8.1.1.1.—Objeto. El objeto del presente capítulo es crear y reglamentar el sistema de vigilancia en salud pública, Sivigila, para la provisión en forma sistemática y oportuna, de información sobre la dinámica de los eventos que afecten o puedan afectar la salud de la población, con el fin de orientar las políticas y la planificación en salud pública; tomar las decisiones para la prevención y control de enfermedades y factores de riesgo en salud; optimizar el seguimiento y evaluación de las intervenciones; racionalizar y optimizar los recursos disponibles y lograr la efectividad de las acciones en esta materia, propendiendo por la protección de la salud individual y colectiva.

PAR.—Todas las acciones que componen el sistema de vigilancia en salud pública, Sivigila, tendrán el carácter de prioritarias en salud pública.

(D. 3518/2006, art. 1º)

ART. 2.8.8.1.1.2.—Ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente capítulo, rigen en todo el territorio nacional y son de obligatorio cumplimiento y aplicación por parte de las instituciones e integrantes del sistema general de seguridad social en salud y las entidades responsables de los regímenes de excepción de que tratan el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 647 de 2001, personas, organizaciones comunitarias y comunidad en general, así como otras organizaciones o instituciones de interés fuera del sector, siempre que sus actividades influyan directamente en la salud de la población y que de las mismas, se pueda generar información útil y necesaria para el cumplimiento del objeto y fines del sistema de vigilancia en salud pública, Sivigila.

(D. 3518/2006, art. 2º)

ART. 2.8.8.1.1.3.—Definiciones. Para efectos de la aplicación del presente capítulo, se adoptan las siguientes definiciones:

Autoridades sanitarias. Entidades jurídicas de carácter público con atribuciones para ejercer funciones de rectoría, regulación, inspección, vigilancia y control de los sectores público y privado en salud y adoptar medidas de prevención y seguimiento que garanticen la protección de la salud pública.

Entidades sanitarias. Entidades del Estado que prestan servicios sanitarios o de sanidad con el propósito de preservar la salud humana y la salud pública.

Estándares de calidad en salud pública. Son los requisitos básicos e indispensables que deben cumplir los actores que desempeñan funciones esenciales en salud pública, definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Estrategias de vigilancia en salud pública. Conjunto de métodos y procedimientos para la vigilancia de eventos de interés en salud pública, diseñadas con base en las características de los eventos a vigilar; la capacidad existente para detectar y atender el problema; los objetivos de la vigilancia; los costos relacionados con el desarrollo de la capacidad necesaria y las características de las instituciones involucradas en el proceso de la vigilancia.

Eventos. Sucesos o circunstancias que pueden modificar o incidir en la situación de salud de un individuo o una comunidad y que para efectos del presente capítulo, se clasifican en condiciones fisiológicas, enfermedades, discapacidades y muertes; factores protectores y factores de riesgo relacionados con condiciones del medio ambiente, consumo y comportamiento; acciones de protección específica, detección temprana y atención de enfermedades y demás factores determinantes asociados.

Eventos de interés en salud pública. Aquellos eventos considerados como importantes o trascendentes para la salud colectiva por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, teniendo en cuenta criterios de frecuencia, gravedad, comportamiento epidemiológico, posibilidades de prevención, costo-efectividad de las intervenciones, e interés público; que además, requieren ser enfrentados con medidas de salud pública.

Factores de riesgo/factores protectores. Aquellos atributos, variables o circunstancias inherentes o no a los individuos que están relacionados con los fenómenos de salud y que determinan en la población expuesta a ellos, una mayor o menor probabilidad de ocurrencia de un evento en salud.

Medidas sanitarias. Conjunto de medidas de salud pública y demás precauciones sanitarias aplicadas por la autoridad sanitaria, para prevenir, mitigar, controlar o eliminar la propagación de un evento que afecte o pueda afectar la salud de la población.

Modelo de vigilancia en salud pública. Es la construcción conceptual que ordena los aspectos con que se aborda un problema específico que requiere ser vigilado por el sistema y que permite obtener información integral sobre un grupo de eventos de interés en salud pública.

Protocolo de vigilancia en salud pública. Es la guía técnica y operativa que estandariza los criterios, procedimientos y actividades que permiten sistematizar las actividades de vigilancia de los eventos de interés en salud pública.

Red de vigilancia en salud pública. Conjunto de personas, organizaciones e instituciones integrantes del sistema general de seguridad social en salud, así como otras organizaciones de interés distintas del sector, cuyas actividades influyen directa o indirectamente en la salud de la población, que de manera sistemática y lógica se articulan y coordinan para hacer posible el intercambio real y material de información útil para el conocimiento, análisis y abordaje de los problemas de salud, así como el intercambio de experiencias, metodologías y recursos, relacionados con las acciones de vigilancia en salud pública.

Sistema de vigilancia en salud pública, Sivigila. Conjunto de usuarios, normas, procedimientos, recursos técnicos, financieros y de talento humano, organizados entre sí para la recopilación, análisis, interpretación, actualización, divulgación y evaluación sistemática y oportuna de la información sobre eventos en salud, para la orientación de las acciones de prevención y control en salud pública.

Unidad notificadora. Es la entidad pública responsable de la investigación, confirmación y configuración de los eventos de interés en salud pública, con base en la información suministrada por las unidades primarias generadoras de datos y cualquier otra información obtenida a través de procedimientos epidemiológicos.

Unidad primaria generadora de datos, UPGD. Es la entidad pública o privada que capta la ocurrencia de eventos de interés en salud pública y genera información útil y necesaria para los fines del sistema de vigilancia en salud pública, Sivigila.

Usuarios del sistema. Toda entidad e institución, persona natural o jurídica que provea y/o demande información del sistema de vigilancia en salud pública.

Vigilancia en salud pública. Función esencial asociada a la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud, consistente en el proceso sistemático y constante de recolección, análisis, interpretación y divulgación de datos específicos relacionados con la salud, para su utilización en la planificación, ejecución y evaluación de la práctica en salud pública.

Vigilancia y control sanitario. Función esencial asociada a la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud, consistente en el proceso sistemático y constante de inspección, vigilancia y control del cumplimiento de normas y procesos para asegurar una adecuada situación sanitaria y de seguridad de todas las actividades que tienen relación con la salud humana.

(D. 3518/2006, art. 3º)

ART. 2.8.8.1.1.4.—Finalidades. La información obtenida como consecuencia de la implementación del sistema de vigilancia en salud pública, Sivigila, de que trata el presente capítulo, deberá ser utilizada para cumplir con las siguientes finalidades:

a) Estimar la magnitud de los eventos de interés en salud pública;

b) Detectar cambios en los patrones de ocurrencia, distribución y propagación de los eventos objeto de vigilancia en salud pública;

c) Detectar brotes y epidemias y orientar las acciones específicas de control;

d) Identificar los factores de riesgo o factores protectores relacionados con los eventos de interés en salud y los grupos poblacionales expuestos a dichos factores;

e) Identificar necesidades de investigación epidemiológica;

f) Facilitar la planificación en salud y la definición de medidas de prevención y control;

g) Facilitar el seguimiento y la evaluación de las intervenciones en salud;

h) Orientar las acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud;

i) Orientar la formulación de políticas en salud pública.

(D. 3518/2006, art. 4º)

ART. 2.8.8.1.1.5.—Principios orientadores. La organización y funcionamiento del sistema de vigilancia en salud pública, Sivigila, además de los postulados señalados en la Ley 100 de 1993, se fundamenta en los siguientes principios orientadores:

a) Eficacia. Es la capacidad del sistema para alcanzar los resultados y contribuir a la protección de la salud individual y/o colectiva;

b) Eficiencia. Es el uso racional de los recursos con el fin de garantizar su mejor utilización para la obtención de los mejores resultados en materia de vigilancia en salud pública;

c) Calidad. Es la garantía de veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información generada, en todos los procesos de vigilancia en salud pública que realicen los integrantes del sistema;

d) Previsión. Es la capacidad de identificar y caracterizar con anticipación, las posibles condiciones de riesgo para la salud de la población y orientar la aplicación oportuna de las acciones de intervención requeridas para preservar la salud individual y/o colectiva;

e) Unidad. Es la integración funcional de los diferentes niveles del sector salud y demás participantes del sistema de vigilancia, que permiten la operación en red y la articulación de las intervenciones en salud pública, con unidad de criterio.

(D. 3518/2006, art. 5º)

ART. 2.8.8.1.1.6.—Responsables. La implementación y desarrollo del sistema de vigilancia de salud pública que se crea a través del presente capítulo, será responsabilidad del Ministerio de Salud y Protección Social, los institutos Nacional de Salud, INS, y de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, las direcciones departamentales, distritales y municipales de salud, las entidades administradoras de planes de beneficios de salud, las unidades notificadoras y las unidades primarias generadoras de datos, para lo cual cumplirán las funciones indicadas en los artículos siguientes.

(D. 3518/2006, art. 6º)

ART. 2.8.8.1.1.7.—Funciones del Ministerio de Salud y Protección Social. El Ministerio de Salud y Protección Social tendrá las siguientes funciones en relación con el sistema de vigilancia en salud pública:

a) Dirigir el sistema de vigilancia en salud pública;

b) Definir las políticas, planes, programas y proyectos requeridos para el adecuado funcionamiento y operación del sistema de vigilancia en salud pública;

c) Reglamentar todos los aspectos concernientes a la definición, organización y operación del sistema de vigilancia en salud pública;

d) Diseñar los modelos conceptuales, técnicos y operativos que sean requeridos para la vigilancia de la problemática de salud pública nacional;

e) Coordinar la participación activa de las organizaciones del sector salud y de otros sectores del ámbito nacional, en el desarrollo del sistema de vigilancia en salud pública;

f) Brindar la asistencia técnica a las entidades adscritas del orden nacional, departamentos y distritos, para la implementación y evaluación del sistema de vigilancia en salud pública;

g) Integrar a los laboratorios nacionales de referencia, laboratorios departamentales y del Distrito Capital, en la gestión del sistema de vigilancia en salud pública;

h) Realizar el análisis de la situación de la salud del país, con base en la información generada por la vigilancia y otras informaciones que permitan definir áreas prioritarias de intervención en salud pública y orientar las acciones de control de los problemas bajo vigilancia;

(D. 3518/2006, art. 7º)

ART. 2.8.8.1.1.8.—Funciones del Instituto Nacional de Salud, INS, y del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima. El Instituto Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, tendrán las siguientes funciones en relación con el sistema de vigilancia en salud pública:

a) Desarrollar las acciones que garanticen la operación del sistema de vigilancia en salud pública en las áreas de su competencia;

b) Apoyar al Ministerio de Salud y Protección Social en la definición de las normas técnicas y estrategias para la vigilancia en salud pública;

c) Proponer planes, programas y proyectos al Ministerio de Salud y Protección Social que contribuyan al desarrollo de la vigilancia y control de los problemas de salud pública;

d) Apoyar a los departamentos y distritos en la gestión del sistema de vigilancia en salud pública y en el desarrollo de acciones de vigilancia y control epidemiológico en las áreas de su competencia, cuando así se requiera;

e) Analizar y divulgar periódicamente la información generada por la vigilancia en salud pública en las áreas de su competencia;

f) Coordinar con el Ministerio de Salud y Protección Social, las acciones de vigilancia en salud pública a ser realizadas con las entidades territoriales de salud y otros integrantes de acuerdo con los requerimientos del sistema;

g) Implementar las recomendaciones impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social en lo referente a las acciones a realizar para mitigar, eliminar o controlar un evento de interés en salud pública;

h) Supervisar y evaluar las acciones de vigilancia en salud pública realizadas por las entidades territoriales, en las áreas de su competencia.

(D. 3518/2006, art. 8º)

ART. 2.8.8.1.1.9.—Funciones de las direcciones departamentales y distritales de salud. Las direcciones departamentales y distritales de salud, tendrán las siguientes funciones en relación con el sistema de vigilancia en salud pública:

a) Gerenciar el sistema de vigilancia en salud pública en su jurisdicción;

b) Implementar y difundir el sistema de información establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social para la recolección, procesamiento, transferencia, actualización, validación, organización, disposición y administración de datos de vigilancia;

c) Coordinar el desarrollo y la operación del sistema de vigilancia en salud pública en su territorio, tanto a nivel interinstitucional como intersectorial y brindar la asistencia técnica y capacitación requerida;

d) Apoyar a los municipios de su jurisdicción en la gestión del sistema de vigilancia en salud pública y en el desarrollo de acciones de vigilancia y control epidemiológico, cuando así se requiera;

e) Organizar y coordinar la red de vigilancia en salud pública de su jurisdicción, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social;

f) Integrar el componente de laboratorio de salud pública como soporte de las acciones de vigilancia en salud pública y gestión del sistema en su jurisdicción, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social;

g) Garantizar la infraestructura y el talento humano necesario para la gestión del sistema y el cumplimiento de las acciones de vigilancia en salud pública, en su jurisdicción;

h) Realizar el análisis de la situación de la salud de su área de influencia, con base en la información generada por la vigilancia y otras informaciones que permitan definir áreas prioritarias de intervención en salud pública y orientar las acciones de control de los problemas bajo vigilancia en el área de su jurisdicción;

i) Declarar en su jurisdicción la emergencia sanitaria en salud de conformidad con la ley;

j) Dar aplicación al principio de complementariedad en los términos de las normas vigentes, siempre que la situación de salud pública de cualquiera de los municipios o áreas de su jurisdicción lo requieran y justifiquen;

k) Cumplir y hacer cumplir en el área de su jurisdicción las normas relacionadas con el sistema de vigilancia en salud pública, Sivigila.

(D. 3518/2006, art. 9º)

ART. 2.8.8.1.1.10.—Funciones de las direcciones municipales de salud. Las direcciones municipales de salud o la dependencia que haga sus veces, tendrán las siguientes funciones en relación con el sistema de vigilancia en salud pública:

a) Desarrollar los procesos básicos de vigilancia de su competencia, de acuerdo con lo previsto en la Ley 715 de 2001 y de conformidad con lo dispuesto en el presente capítulo o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan;

b) Garantizar la infraestructura y el talento humano necesario para la gestión de la vigilancia en el ámbito municipal de acuerdo a su categoría;

c) Organizar y coordinar la red de vigilancia en salud pública de su jurisdicción de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social;

d) Adoptar e implementar el sistema de información para la vigilancia en salud pública establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social;

e) Realizar la gestión interinstitucional e intersectorial para la implementación y desarrollo de acciones de vigilancia y garantizar el flujo continuo de información de interés en salud pública requerida por el sistema de vigilancia en salud pública en su jurisdicción, conforme a sus competencias;

f) Organizar la comunidad para lograr la participación de la misma en la realización de actividades propias de la vigilancia en salud pública;

g) Realizar la búsqueda activa de casos y contactos para los eventos que así lo requieran e investigar los brotes o epidemias que se presenten en su área de influencia;

h) Realizar el análisis de la situación de salud en su jurisdicción;

i) Dar aplicación al principio de subsidiariedad en los términos de las normas vigentes, siempre que la situación de salud pública de cualquiera de las áreas de su jurisdicción lo requieran y justifiquen.

(D. 3518/2006, art. 10)

ART. 2.8.8.1.1.11.—Funciones de las entidades administradoras de planes de beneficios de salud. Las entidades promotoras de salud y entidades adaptadas, las EPS del régimen subsidiado, las empresas de medicina prepagada y las entidades responsables de los regímenes de excepción de que tratan el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 647 de 2001, tendrán las siguientes funciones en relación con el sistema de vigilancia en salud pública:

a) Implementar las directrices y procedimientos determinados por el Ministerio de Salud y Protección Social en relación con los procesos básicos de la vigilancia en sus redes de servicios;

b) Garantizar la realización de acciones individuales tendientes a confirmar los eventos de interés en salud pública sujetos a vigilancia y asegurar las intervenciones individuales y familiares del caso;

c) Estructurar y mantener actualizadas las bases de datos sobre los eventos de interés en salud pública sujetos a vigilancia de acuerdo con los estándares de información establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social;

d) Analizar y utilizar la información de la vigilancia para la toma de decisiones que afecten o puedan afectar la salud individual o colectiva de su población afiliada;

e) Suministrar la información de su población afiliada a la autoridad sanitaria de su jurisdicción, dentro de los lineamientos y fines propios del sistema de vigilancia en salud pública;

f) Participar en las estrategias de vigilancia especiales planteadas por la autoridad sanitaria territorial de acuerdo con las prioridades en salud pública;

(D. 3518/2006, art. 11)

ART. 2.8.8.1.1.12.—Funciones de las unidades notificadoras. Las direcciones territoriales de salud, así como las entidades del sector y de otros sectores, con características de instituciones de referencia o que tienen capacidad suficiente para la investigación y confirmación de casos de los eventos sujetos a vigilancia en salud pública, que sean clasificadas de conformidad con los modelos de vigilancia definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, como unidades notificadoras, tendrán las siguientes obligaciones en relación con el sistema de vigilancia en salud pública:

a) Implementar los procesos básicos de vigilancia de su competencia de acuerdo con la naturaleza institucional y según lo dispuesto por el presente capítulo o las normas que lo modifiquen o sustituyan;

b) Garantizar la infraestructura, capacidad técnica y talento humano calificado necesario para la clasificación de los eventos de interés en salud pública sujetos a vigilancia;

c) Adoptar e implementar el sistema de información para la vigilancia en salud pública establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social, garantizando la permanente interacción con los integrantes de la red de vigilancia en salud pública;

d) Cumplir con las normas técnicas para la vigilancia de los eventos de interés en salud pública que sean expedidos por la autoridad sanitaria, en lo concerniente con sus competencias como unidad notificadora en el sistema;

(D. 3518/2006, art. 12)

ART. 2.8.8.1.1.13.—Funciones de las unidades primarias generadoras de datos. Los prestadores de servicios de salud, IPS, los laboratorios clínicos y de citohistopatología, los bancos de sangre, los bancos de órganos y componentes anatómicos, las unidades de biomedicina reproductiva y demás entidades del sector, así como entidades de otros sectores, que cumplan con los requisitos establecidos para las unidades primarias generadoras de datos, tendrán las siguientes obligaciones en relación con el sistema de vigilancia en salud pública:

a) Implementar las directrices y procedimientos determinados por el Ministerio de Salud y Protección Social en relación con los procesos básicos de la vigilancia en salud pública en sus procesos de atención;

b) Realizar las acciones tendientes a detectar y confirmar los eventos sujetos a vigilancia, incluyendo la realización de exámenes de laboratorio y demás procedimientos diagnósticos, y asegurar las intervenciones individuales y familiares del caso, que sean de su competencia;

c) Estructurar y mantener actualizadas las bases de datos sobre los eventos en salud sujetos a vigilancia de acuerdo con los estándares de información establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social;

d) Analizar y utilizar la información de vigilancia para la toma de decisiones que afecten o puedan afectar la salud individual o colectiva de su población atendida;

e) Notificar la ocurrencia de eventos sujetos a vigilancia, dentro de los términos establecidos, y suministrar la información complementaria que sea requerida por la autoridad sanitaria, para los fines propios del sistema de vigilancia en salud pública;

f) Participar en las estrategias de vigilancia especiales planteadas por la autoridad sanitaria territorial de acuerdo con las prioridades en salud pública;

g) Cumplir con las normas técnicas para la vigilancia de los eventos de interés en salud pública que sean expedidas por la autoridad sanitaria.

(D. 3518/2006, art. 13)

ART. 2.8.8.1.1.14.—Financiación de la vigilancia en salud pública. La financiación de las funciones de vigilancia en salud pública, acorde con las normas vigentes, se realizará de la siguiente manera:

a) En el nivel nacional, con recursos provenientes del presupuesto general de la Nación;

b) En los departamentos, distritos y municipios, con recursos del sistema general de participaciones y recursos propios de las entidades territoriales que se asignen para tal fin;

c) Los recursos recaudados por concepto de las multas de que trata el presente capítulo, serán destinados para la financiación de actividades de vigilancia y control epidemiológico por las entidades sanitarias que las hayan impuesto.

Cuando se trate de acciones individuales de vigilancia y control implícitas en el proceso de detección, diagnóstico y atención en salud de los individuos y familiares del caso, tales acciones deberán ser realizadas con cargo a los recursos que financian los planes obligatorios de salud tratándose de población afiliada a los regímenes contributivo y subsidiado, o con cargo a los recursos destinados para la atención de la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda si se trata de población no afiliada al sistema general de seguridad social en salud.

(D. 3518/2006, art. 80)

SECCIÓN 2

Procesos básicos de la vigilancia en salud pública

ART. 2.8.8.1.2.1.—Procesos. Los procesos básicos de la vigilancia en salud pública incluyen la recolección y organización sistemática de datos, el análisis e interpretación, la difusión de la información y su utilización en la orientación de intervenciones en salud pública. En todo caso, las autoridades sanitarias deberán velar por el mejoramiento continuo de la oportunidad y calidad de los procesos de información y la profundidad del análisis tanto de las problemáticas como de las alternativas de solución.

(D. 3518/2006, art. 15)

ART. 2.8.8.1.2.2.—Datos y fuentes de información. Los datos básicos relativos a los eventos objeto de vigilancia, así como las fuentes y procedimientos para su recolección, consolidación, procesamiento, transferencia, análisis y difusión, serán definidos según los modelos y protocolos de vigilancia que se establezcan en el sistema, sin limitar requerimientos opcionales de datos adicionales que resulten pertinentes para la descripción y caracterización de los eventos vigilados.

(D. 3518/2006, art. 16)

ART. 2.8.8.1.2.3.—Obligatoriedad de la información de interés en salud pública. Sin perjuicio de la obligación de informar al sistema de vigilancia en salud pública, Sivigila, por parte de sus integrantes, la comunidad podrá concurrir como fuente informal de datos. En todo caso, cuando se trate de hechos graves que afecten la salud, toda persona natural o jurídica que conozca del hecho deberá dar aviso en forma inmediata a la autoridad sanitaria competente, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en el presente capítulo.

(D. 3518/2006, art. 17)

ART. 2.8.8.1.2.4.—Acceso obligatorio a la información. Quien disponga de información relacionada con la ocurrencia de un evento de interés en salud pública, está obligado a permitir su acceso a la autoridad sanitaria y, en ningún caso, podrá considerarse el secreto profesional como un impedimento para suministrarla.

(D. 3518/2006, art. 18)

ART. 2.8.8.1.2.5.—Carácter confidencial de la información. La información relativa a la identidad de las personas, obtenida durante el proceso de vigilancia en salud pública, es de carácter confidencial y será utilizada exclusivamente por parte de las autoridades sanitarias para fines de la vigilancia, o por las autoridades judiciales, siempre que medie solicitud previa del juez de conocimiento. Para el efecto, el Ministerio de Salud y Protección Social reglamentará la obtención, uso, administración y seguridad de la información de salud.

(D. 3518/2006, art. 19)

ART. 2.8.8.1.2.6.—Notificación obligatoria. Todos los integrantes del sistema de vigilancia en salud pública, Sivigila, que generen información de interés en salud pública, deberán realizar la notificación de aquellos eventos de reporte obligatorio definidos en los modelos y protocolos de vigilancia, dentro de los términos de estructura de datos, responsabilidad, clasificación, periodicidad y destino señalados en los mismos y observando los estándares de calidad, veracidad y oportunidad de la información notificada.

(D. 3518/2006, art. 20)

ART. 2.8.8.1.2.7.—Sistema de información. Para efectos de garantizar la operación estandarizada de los procesos informáticos, el Ministerio de Salud y Protección Social definirá y reglamentará el sistema de información para la vigilancia en salud pública que hará parte del sistema integrado de información de la protección social, Sispro, o el que haga sus veces, estableciendo los mecanismos institucionales internos y externos para la recolección, transferencia, actualización, validación, organización, disposición y administración de datos que se aplicarán en todos los niveles del sistema para cada proceso relacionado con la vigilancia en salud pública de un evento o grupo de eventos.

(D. 3518/2006, art. 21)

ART. 2.8.8.1.2.8.—Flujo de información. El sistema de vigilancia en salud pública, Sivigila, contará con las unidades primarias generadoras de datos, UPGD, responsables de la captación inicial de datos y de su transferencia a las unidades notificadoras, las cuales serán responsables de la configuración de casos de los eventos bajo vigilancia en el nivel municipal, departamental o distrital según corresponda; y de estos al nivel nacional para su consolidación en el sistema de información para la vigilancia en salud pública.

El Ministerio de Salud y Protección Social, en cumplimiento de acuerdos internacionales en materia de vigilancia en salud pública, informará los datos de vigilancia que requieran los organismos internacionales.

(D. 3518/2006, art. 22)

ART. 2.8.8.1.2.9.—Análisis de la información. Todos los responsables del sistema de vigilancia en salud pública deberán realizar el análisis del comportamiento de los eventos sujetos a la vigilancia en salud pública, acorde con los lineamientos establecidos en los modelos y protocolos de vigilancia en salud pública, con el objeto de orientar las intervenciones en salud dirigidas al individuo y a la colectividad y la formulación de planes de acción en salud pública en su jurisdicción.

(D. 3518/2006, art. 23)

ART. 2.8.8.1.2.10.—Divulgación de resultados. Todos los responsables del sistema de vigilancia en salud pública que desarrollen procesos de análisis de información de salud pública, deberán divulgar los resultados de la vigilancia en el ámbito de influencia de cada entidad, con el propósito de orientar las acciones que correspondan frente a la salud colectiva, en la forma y periodicidad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social, adaptando la información para su difusión, de acuerdo al medio de divulgación, tipo de población y usuarios a los que se dirige.

(D. 3518/2006, art. 24)

ART. 2.8.8.1.2.11.—Orientación de la acción en salud pública. Las autoridades sanitarias, con base en la información generada por la vigilancia en salud pública, formularán las recomendaciones científicas y técnicas que los responsables de la vigilancia y control epidemiológico deben aplicar para la prevención y control de los problemas de salud de la población. Así mismo, establecerán los mecanismos de seguimiento y evaluación del impacto de las recomendaciones y cambios provocados en la situación bajo vigilancia.

(D. 3518/2006, art. 25)

ART. 2.8.8.1.2.12.—Modelos y protocolos de vigilancia. El Ministerio de Salud y Protección Social establecerá los lineamientos técnicos para la vigilancia de los eventos de interés en salud pública, mediante la expedición o adaptación de modelos y protocolos de vigilancia que serán de utilización obligatoria en todo el territorio nacional, y para lo cual reglamentará la adopción y puesta en marcha de los mismos.

(D. 3518/2006, art. 26)

ART. 2.8.8.1.2.13.—Estandarización de normas y procedimientos. El sistema de vigilancia en salud pública, Sivigila, se regirá por las normas y procedimientos estandarizados aplicados a cada evento o grupo de ellos, que para el efecto expida el Ministerio de Salud y Protección Social con el apoyo de sus entidades adscritas y de otras instituciones dentro o fuera del sector. La actualización de normas y procedimientos se realizará periódicamente de acuerdo con los cambios de la situación en salud, del evento y/o los avances científicos tecnológicos existentes.

(D. 3518/2006, art. 27)

ART. 2.8.8.1.2.14.—Pruebas especiales para el estudio de eventos de interés en salud pública. Las pruebas de laboratorio que se requieran en desarrollo de la vigilancia en salud pública atenderán los requerimientos establecidos en los protocolos para diagnóstico y/o confirmación de los eventos y en las normas que regulan su realización.

PAR.—Para la confirmación posterior de las causas de muerte que no hayan sido clarificadas y donde el cuadro clínico previo sea sugestivo de algún evento sujeto a vigilancia o que sea considerado de interés en salud pública, será de obligatorio cumplimiento la realización de necropsias y la toma de muestras de tejidos, en los términos de los artículos 2.8.8.1.2.1 a 2.8.8.1.2.3 de este decreto o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. La institución que realice el procedimiento deberá garantizar la calidad de la toma, el almacenamiento y envío adecuado de las muestras obtenidas al laboratorio pertinente, así como el reporte oportuno de la información en los protocolos definidos para tal fin.

(D. 3518/2006, art. 28)

SECCIÓN 3

Desarrollo y gestión del sistema de vigilancia en salud pública

ART. 2.8.8.1.3.1.—Gestión. El Ministerio de Salud y Protección Social establecerá los mecanismos para la integración y operación del sistema de vigilancia en salud pública, así como los lineamientos para la planeación, organización, dirección, operación, seguimiento y evaluación del sistema en todos los niveles.

PAR.—Para garantizar la capacidad de respuesta de las direcciones territoriales de salud en el cumplimiento de la función esencial de la vigilancia en salud pública, el Ministerio de Salud y Protección Social es el competente para reglamentar los requisitos básicos que deben cumplir los servicios de vigilancia en salud pública.

(D. 3518/2006, art. 29)

ART. 2.8.8.1.3.2.—Planeación. En concordancia con las normas y disposiciones definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social en materia de vigilancia en salud pública, las diferentes entidades deberán articular los planes y proyectos de ejecución, desarrollo y/o fortalecimiento del sistema en su jurisdicción, al plan sectorial de salud para efectos de la unidad e integración de acciones en la gestión de la salud pública.

(D. 3518/2006, art. 30)

ART. 2.8.8.1.3.3.—Red de vigilancia. Para garantizar el desarrollo y operación sostenida y coordinada del sistema de vigilancia en salud pública, la Nación y las direcciones territoriales de salud en sus áreas de jurisdicción, deberán organizar la red de vigilancia en salud pública, integrando a las entidades que, de acuerdo con los modelos de vigilancia, tienen competencia u obligaciones en el sistema.

(D. 3518/2006, art. 31)

ART. 2.8.8.1.3.4.—Apoyo intersectorial. Las entidades y organizaciones de otros sectores del orden nacional y territorial, cuyas actividades influyan directa o indirectamente en la salud de la población, cooperarán con el sistema de vigilancia en salud pública, en los términos establecidos en los modelos de vigilancia y de conformidad con los lineamientos del presente capítulo, sin perjuicio de sus competencias sobre las materias tratadas.

(D. 3518/2006, art. 32)

ART. 2.8.8.1.3.5.—Integración funcional en el ámbito internacional. Para efectos de la armonización eficaz de las medidas de vigilancia y control epidemiológico de los eventos de salud pública de importancia internacional, y las medidas de vigilancia necesarias para detener la propagación transfronteriza de enfermedades y otros eventos de interés en salud pública, los diferentes sectores adoptarán las normas del reglamento sanitario internacional que serán de obligatorio cumplimiento por parte de los integrantes del sistema de vigilancia en salud pública.

(D. 3518/2006, art. 33)

ART. 2.8.8.1.3.6.—Centro nacional de enlace para el reglamento sanitario internacional. En desarrollo de lo establecido en el numeral 1º del artículo 4º del reglamento sanitario internacional, desígnase al Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la dirección de epidemiología y demografía o la dependencia que haga sus veces, como centro nacional de enlace, a efectos de intercambiar información con la Organización Mundial de la Salud y demás organismos sanitarios internacionales, en cumplimiento de las funciones relativas a la aplicación del reglamento, para lo cual el ministerio reglamentará lo pertinente a la organización y funcionamiento de dicho centro.

(D. 3518/2006, art. 34)

SECCIÓN 4

Régimen de vigilancia y control, medidas sanitarias y sanciones

ART. 2.8.8.1.4.1.—Responsabilidades frente a la obligatoriedad de la información epidemiológica. Las unidades primarias generadoras de datos y las unidades notificadoras son responsables de la notificación o reporte obligatorio, oportuno y continuo de información veraz y de calidad, requerida para la vigilancia en salud pública, dentro de los términos de responsabilidad, clasificación, periodicidad, destino y claridad. El incumplimiento de estas disposiciones dará lugar a las sanciones disciplinarias, civiles, penales, administrativas y demás, de conformidad con las normas legales vigentes.

(D. 3518/2006, art. 39)

ART. 2.8.8.1.4.2.—Autoridades sanitarias del sistema de vigilancia en salud pública. Para efectos de la aplicación del presente capítulo, entiéndase por autoridades sanitarias del Sivigila, el Ministerio de Salud y Protección Social; el Instituto Nacional de Salud, INS; el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, las direcciones territoriales de salud, y todas aquellas entidades que de acuerdo con la ley ejerzan funciones de vigilancia y control sanitario, las cuales deben adoptar medidas sanitarias que garanticen la protección de la salud pública y el cumplimiento de lo dispuesto en esta norma, así como adelantar los procedimientos y aplicar las sanciones a que hubiere lugar.

(D. 3518/2006, art. 40)

ART. 2.8.8.1.4.3.—Medidas sanitarias. Con el objeto de prevenir o controlar la ocurrencia de un evento o la existencia de una situación que atenten contra la salud individual o colectiva, se consideran las siguientes medidas sanitarias preventivas, de seguridad y de control:

a) Aislamiento o internación de personas y/o animales enfermos;

b) Cuarentena de personas y/o animales sanos;

c) Vacunación u otras medidas profilácticas de personas y animales;

d) Control de agentes y materiales infecciosos y tóxicos, vectores y reservorios;

e) Desocupación o desalojamiento de establecimientos o viviendas;

f) Clausura temporal parcial o total de establecimientos;

g) Suspensión parcial o total de trabajos o servicios;

h) Decomiso de objetos o productos;

i) Destrucción o desnaturalización de artículos o productos si fuere el caso;

j) Congelación o suspensión temporal de la venta o empleo de productos y objetos.

PAR. 1º—Sin perjuicio de las medidas antes señaladas y en caso de epidemias o situaciones de emergencia sanitaria nacional o internacional, se podrán adoptar medidas de carácter urgente y otras precauciones basadas en principios científicos recomendadas por expertos con el objetivo de limitar la diseminación de una enfermedad o un riesgo que se haya extendido ampliamente dentro de un grupo o comunidad en una zona determinada.

PAR. 2º—Las medidas de seguridad son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.

(D. 3518/2006, art. 41)

ART. 2.8.8.1.4.4.—Aislamiento o internación de personas y/o animales enfermos. Consiste en el aislamiento o internación de individuos o grupos de personas y/o animales, afectados por una enfermedad transmisible u otros riesgos ambientales, químicos y físicos, que pueda diseminarse o tener efectos en la salud de otras personas y/o animales susceptibles. El aislamiento se hará con base en certificado médico y/o veterinario expedido por autoridad sanitaria y se prolongará solo por el tiempo estrictamente necesario para que desaparezca el peligro de contagio o diseminación del riesgo.

(D. 3518/2006, art. 42)

ART. 2.8.8.1.4.5.—Cuarentena de personas y/o animales sanos. Consiste en la restricción de las actividades de las personas y/o animales sanos que hayan estado expuestos, o que se consideran que tuvieron un alto riesgo de exposición durante el periodo de transmisibilidad o contagio a enfermedades transmisibles u otros riesgos, que puedan diseminarse o tener efectos en la salud de otras personas y/o animales no expuestas. La cuarentena podrá hacerse en forma selectiva y adaptarse a situaciones especiales según se requiera la segregación de un individuo o grupo susceptible o la limitación parcial de la libertad de movimiento, para lo cual se procederá en coordinación con las autoridades pertinentes y atendiendo las regulaciones especiales sobre la materia. Su duración será por un lapso que no exceda del periodo máximo de incubación de una enfermedad o hasta que se compruebe la desaparición del peligro de diseminación del riesgo observado, en forma tal que se evite el contacto efectivo con individuos que no hayan estado expuestos.

(D. 3518/2006, art. 43)

ART. 2.8.8.1.4.6.—Vacunación y otras medidas profilácticas. Se refiere a la aplicación de métodos y procedimientos de protección específica de comprobada eficacia y seguridad, existentes para la prevención y/o tratamiento presuntivo de enfermedades y riesgos para la salud. Estas medidas podrán exigirse o aplicarse en situaciones de riesgo inminente de acuerdo con las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

(D. 3518/2006, art. 44)

ART. 2.8.8.1.4.7.—Control de agentes y materiales infecciosos y tóxicos, vectores y reservorios. Consiste en las medidas y procedimientos existentes para el control o eliminación de agentes o materiales infecciosos y tóxicos, vectores y reservorios, presentes en las personas, animales, plantas, materia inerte, productos de consumo u otros objetos inanimados, que puedan constituir un riesgo para la salud pública. Incluyen desinfección, descontaminación, desisfestación, desinsectación y desratización.

(D. 3518/2006, art. 45)

ART. 2.8.8.1.4.8.—Desocupación o desalojamiento de establecimientos o viviendas. Consiste en la orden, por razones de prevención o control epidemiológico, de desocupación o desalojo de un establecimiento o vivienda, cuando se considere que representa un riesgo inminente para la salud y vida de las personas.

(D. 3518/2006, art. 46)

ART. 2.8.8.1.4.9.—Clausura temporal de establecimientos. Consiste en impedir, por razones de prevención o control epidemiológico y por un tiempo determinado, las tareas que se desarrollan en un establecimiento, cuando se considere que están causando un problema sanitario. La clausura podrá aplicarse sobre todo el establecimiento o sobre parte del mismo.

(D. 3518/2006, art. 47)

ART. 2.8.8.1.4.10.—Suspensión parcial o total de trabajos o servicios. Consiste en la orden, por razones de prevención o control epidemiológico, de cese de actividades o servicios, cuando con estos se estén violando las normas sanitarias. La suspensión podrá ordenarse sobre todos o parte de los trabajos o servicios que se adelanten o se presten.

(D. 3518/2006, art. 48)

ART. 2.8.8.1.4.11.—Decomiso de objetos o productos. El decomiso de objetos o productos consiste en su aprehensión material, cuando no cumplan con los requisitos, normas o disposiciones sanitarias y por tal motivo constituyan un factor de riesgo epidemiológico. El decomiso se cumplirá colocando los bienes en depósito, en poder de la autoridad sanitaria.

(D. 3518/2006, art. 49)

ART. 2.8.8.1.4.12.—Destrucción o desnaturalización de artículos o productos. La destrucción consiste en la inutilización de un producto o artículo. La desnaturalización consiste en la aplicación de medios físicos, químicos o biológicos, tendientes a modificar la forma, las propiedades de un producto o artículo. Se llevará a cabo con el objeto de evitar que se afecte la salud de la comunidad.

(D. 3518/2006, art. 50)

ART. 2.8.8.1.4.13.—Congelación o suspensión temporal de la venta o empleo de productos y objetos. Consiste en colocar fuera del comercio, temporalmente y hasta por sesenta (60) días, cualquier producto cuyo uso, en condiciones normales, pueda constituir un factor de riesgo desde el punto de vista epidemiológico. Esta medida se cumplirá mediante depósito dejado en poder del tenedor, quien responderá por los bienes. Ordenada la congelación se practicarán una o más diligencias en los lugares en donde se encontraren existencias y se colocarán bandas, sellos u otras señales de seguridad, si es el caso. El producto cuya venta o empleo haya sido suspendido o congelado deberá ser sometido a un análisis en el cual se verifique si sus condiciones se ajustan o no a las normas sanitarias. Según el resultado del análisis el producto se podrá decomisar o devolver a los interesados.

(D. 3518/2006, art. 51)

ART. 2.8.8.1.4.14.—Aplicación de medidas sanitarias. Para la aplicación de las medidas sanitarias, las autoridades competentes podrán actuar de oficio, por conocimiento directo o por información de cualquier persona o de parte del interesado. Una vez conocido el hecho o recibida la información, según el caso, la autoridad sanitaria procederá a evaluarlos de manera inmediata y a establecer la necesidad de aplicar las medidas sanitarias pertinentes, con base en los peligros que pueda representar desde el punto de vista epidemiológico.

Establecida la necesidad de aplicar una medida sanitaria, la autoridad competente, con base en la naturaleza del problema sanitario específico, en la incidencia que tiene sobre la salud individual o colectiva y los hechos que origina la violación de las normas sanitarias, aplicará aquella que corresponda al caso. Aplicada una medida sanitaria se procederá inmediatamente a iniciar el procedimiento sancionatorio.

(D. 3518/2006, art. 52)

ART. 2.8.8.1.4.15.—Efectos de las medidas sanitarias. Las medidas sanitarias surten efectos inmediatos, contra las mismas no procede recurso alguno y solo requieren para su formalización, el levantamiento de acta detallada, en la cual consten las circunstancias que han originado la medida y su duración, si es del caso, la cual podrá ser prorrogada. El acta será suscrita por el funcionario y las personas que intervengan en la diligencia dejando constancia de las sanciones en que incurra quien viole las medidas impuestas. Las medidas sanitarias se levantarán cuando desaparezcan las causas que las originaron.

(D. 3518/2006, art. 53)

ART. 2.8.8.1.4.16.—Iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se iniciará de oficio, a solicitud o información de funcionario público, por denuncia o queja debidamente fundamentada presentada por cualquier persona o como consecuencia de haberse tomado previamente una medida sanitaria de prevención, seguridad o control en salud pública. El denunciante podrá intervenir en el curso del procedimiento, a solicitud de autoridad competente, para dar los informes que se le pidan. Aplicada una medida sanitaria, esta deberá obrar dentro del respectivo proceso sancionatorio.

Este procedimiento se adelantará aplicando las disposiciones previstas en el capítulo III del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(D. 3518/2006, art. 54)

ART. 2.8.8.1.4.17.—Obligación de denunciar a la justicia ordinaria. Si los hechos materia del procedimiento sancionatorio fueren constitutivos de delito, se pondrán en conocimiento de la autoridad competente, acompañando copia de las acciones surtidas. La existencia de un proceso penal o de otra índole, no darán lugar a la suspensión del procedimiento sancionatorio.

(D. 3518/2006, art. 55)

ART. 2.8.8.1.4.18.—Verificación de los hechos objeto del procedimiento. Conocido el hecho o recibida la denuncia o el aviso, la autoridad competente ordenará la correspondiente investigación para verificar los hechos o las omisiones constitutivas de infracción a las disposiciones sanitarias. En orden a dicha verificación, podrán realizarse todas aquellas diligencias tales como visitas, investigaciones de campo, tomas de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, pruebas químicas o de otra índole, inspecciones sanitarias y en general las que se consideren conducentes. El término para la práctica de estas diligencias no podrá exceder de dos (2) meses contados a partir de la fecha de iniciación de la correspondiente investigación.

(D. 3518/2006, art. 56)

ART. 2.8.8.1.4.19.—Clases de sanciones. Las sanciones podrán consistir en amonestaciones, multas, decomiso de productos o artículos y cierre temporal o definitivo de establecimiento, edificación o servicio respectivo.

(D. 3518/2006, art. 67)

ART. 2.8.8.1.4.20.—Amonestación. La amonestación consiste en la llamada de atención que se hace por escrito a quien ha violado una disposición sanitaria, sin que dicha violación implique peligro para la salud o la vida de las personas y tiene por finalidad hacer ver las consecuencias del hecho, de la actividad o de la omisión, así como conminar que se impondrá una sanción mayor si se reincide en la falta. En el escrito de amonestación se precisará el plazo que se da al infractor para el cumplimiento de las disposiciones violadas si es el caso.

(D. 3518/2006, art. 68)

ART. 2.8.8.1.4.21.—Multas. La multa consiste en la sanción pecuniaria que se impone a una persona natural o jurídica por la violación de las disposiciones sanitarias, mediante la ejecución de una actividad o la omisión de una conducta. Las multas podrán ser sucesivas y su valor en total podrá ser hasta por una suma equivalente a 10.000 salarios diarios mínimos legales vigentes al momento de imponerse.

Las multas deberán cancelarse en la entidad que las hubiere impuesto, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la providencia que las impone. El no pago en los términos y cuantías señaladas, dará lugar al cobro por jurisdicción coactiva.

(D. 3518/2006, art. 69)

ART. 2.8.8.1.4.22.—Decomiso. El decomiso de productos o artículos consiste en su incautación definitiva cuando no cumplan con las disposiciones sanitarias y con ellos se atente contra la salud individual y colectiva. El decomiso será impuesto mediante resolución motivada, expedida por las autoridades sanitarias competentes en sus respectivas jurisdicciones y será realizado por el funcionario designado al efecto y de la diligencia se levantará un acta que suscribirán el funcionario y las personas que intervengan en la diligencia. Una copia se entregará a la persona a cuyo cuidado se hubiere encontrado los bienes decomisados.

(D. 3518/2006, art. 70)

ART. 2.8.8.1.4.23.—Cierre temporal o definitivo de establecimientos, edificaciones o servicios. El cierre temporal o definitivo de establecimientos, edificaciones o servicios consiste en poner fin a las tareas que en ellos se desarrollan por la existencia de hechos o conductas contrarias a las disposiciones sanitarias. El cierre deberá ser impuesto mediante resolución motivada expedida por la autoridad sanitaria y podrá ordenarse para todo el establecimiento, edificación o servicio o solo para una parte o proceso que se desarrolle en él. La autoridad sanitaria podrá tomar las medidas conducentes a la ejecución de la sanción, tales como imposición de sellos, bandas u otros sistemas apropiados.

PAR. 1º—El cierre temporal, total o parcial, según el caso, procede cuando se presente riesgos para la salud de las personas cuya causa pueda ser controlada en un tiempo determinado o determinare por la autoridad sanitaria que impone la sanción. Durante el tiempo de cierre temporal, los establecimientos o servicios no podrán desarrollar actividad alguna.

PAR. 2º—El cierre definitivo, total o parcial, según el caso, procede cuando las causas no pueden ser controladas en un tiempo determinado o determinare. El cierre definitivo total implica la cancelación del permiso sanitario de funcionamiento que se hubiere concedido al establecimiento o servicio.

(D. 3518/2006, art. 72)

ART. 2.8.8.1.4.24.—Término de las sanciones. Cuando una sanción se imponga por un período, este empezará a contarse a partir de la ejecutoria de la providencia que la imponga y se computará para efectos de la misma el tiempo transcurrido bajo una medida de seguridad o preventiva.

(D. 3518/2006, art. 73)

ART. 2.8.8.1.4.25.—Coexistencia de sanciones. Las sanciones impuestas de conformidad con las normas del presente capítulo, no eximen de la responsabilidad civil, penal, o de otro orden en que pudiere incurrirse por la violación de la Ley 9ª de 1979 y sus disposiciones reglamentarias. El cumplimiento de una sanción no exime al infractor de la ejecución de las medidas sanitarias que hayan sido ordenadas por la autoridad sanitaria.

(D. 3518/2006, art. 74)

ART. 2.8.8.1.4.26.—Publicidad de los hechos para prevenir riesgos sanitarios. Las autoridades sanitarias podrán dar publicidad a los hechos que, como resultado del incumplimiento de las disposiciones sanitarias, deriven riesgos para la salud de las personas con el objeto de prevenir a la comunidad.

(D. 3518/2006, art. 75)

ART. 2.8.8.1.4.27.—Obligación de remitir las diligencias a otras autoridades competentes. Cuando, como resultado de una investigación adelantada por una entidad sanitaria, se encuentra que la sanción a imponer es de competencia de otra autoridad, deberán remitirse a ella las diligencias adelantadas para lo que sea pertinente.

(D. 3518/2006, art. 76)

ART. 2.8.8.1.4.28.—Coordinación de actividades. Cuandoquiera que existan materias comunes que, para la imposición de medidas sanitarias y/o sanciones, permitan la competencia de diversas autoridades sanitarias, deberá actuarse en forma coordinada con el objeto de que solo una de ellas adelante el procedimiento.

(D. 3518/2006, art. 77)

ART. 2.8.8.1.4.29.—Aportes de pruebas por otras entidades. Cuando una autoridad judicial o entidad pública de otro sector tenga pruebas en relación con conducta, hecho u omisión que esté investigando una autoridad sanitaria, deberán ser puestas a disposición de la autoridad sanitaria, de oficio o a solicitud de esta, para que formen parte de la investigación.

PAR.—Las autoridades sanitarias podrán comisionar a entidades de otros sectores para que practiquen u obtengan pruebas ordenadas o de interés para una investigación o procedimiento a su cargo.

(D. 3518/2006, art. 78)

ART. 2.8.8.1.4.30.—Atribuciones policivas de las autoridades sanitarias. Para efectos de la vigilancia y cumplimiento de las normas y la imposición de medidas y sanciones de que trata este capítulo, las autoridades sanitarias competentes en cada caso serán consideradas como de policía de conformidad con el artículo 35 del Decreto-Ley 1355 de 1970 (Código Nacional de Policía).

PAR.—Las autoridades de policía del orden nacional, departamental, distrital o municipal, prestarán toda su colaboración a las autoridades sanitarias en orden al cumplimiento de sus funciones.

(D. 3518/2006, art. 79)

CAPÍTULO 2

Red nacional de laboratorios

ART. 2.8.8.2.1.—Objeto. El presente capítulo tiene por objeto organizar la red nacional de laboratorios y reglamentar su gestión, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento y operación en las líneas estratégicas del laboratorio para la vigilancia en salud pública, la gestión de la calidad, la prestación de servicios y la investigación.

(D. 2323/2006, art. 1º)

ART. 2.8.8.2.2.—Ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente capítulo rigen en todo el territorio nacional y son de obligatorio cumplimiento para quienes integren la red nacional de laboratorios.

(D. 2323/2006, art. 2º)

ART. 2.8.8.2.3.—Definiciones. Para efectos del presente capítulo se adoptan las siguientes definiciones:

1. Autorización de laboratorios. Procedimiento técnico administrativo mediante el cual se reconoce y se autoriza a los laboratorios públicos o privados, previa verificación de idoneidad técnica, científica y administrativa, la realización de exámenes de interés en salud pública, cuyos resultados son de carácter confidencial y de uso exclusivo por la autoridad sanitaria para los fines de su competencia.

2. Contrarreferencia. Es la respuesta oportuna que un laboratorio público o privado u otra institución da a una solicitud formal de referencia. La respuesta puede ser la contrarremisión respectiva con las debidas indicaciones a seguir o simplemente la información sobre la atención recibida por el usuario en el laboratorio receptor, o el resultado de los respectivos exámenes de laboratorio.

3. Exámenes de laboratorio de interés en salud pública. Pruebas analíticas orientadas a la obtención de resultados para el diagnóstico y/o confirmación de los eventos sujetos a vigilancia en salud pública y exámenes con propósitos de vigilancia y control sanitario, de conformidad con las disposiciones que sobre la materia establezca el Ministerio de Salud y Protección Social.

4. Gestión de la calidad en salud pública. Conjunto de actividades coordinadas para dirigir, controlar y evaluar a las entidades en relación con la calidad de los servicios que ofrecen a los usuarios.

5. Laboratorio clínico. Entidad pública o privada en la cual se realizan los procedimientos de análisis de especímenes biológicos de origen humano, como apoyo a las actividades de diagnóstico, prevención, tratamiento, seguimiento, control y vigilancia de las enfermedades, de acuerdo con los principios básicos de calidad, oportunidad y racionalidad.

6. Laboratorio de salud pública. Entidad pública del orden departamental o distrital, encargada del desarrollo de acciones técnico administrativas realizadas en atención a las personas y el medio ambiente con propósitos de vigilancia en salud pública, vigilancia y control sanitario, gestión de la calidad e investigación.

7. Laboratorios nacionales de referencia. Son laboratorios públicos del nivel nacional dentro y fuera del sector salud que cuentan con recursos técnicos y científicos, procesos estructurados, desarrollos tecnológicos y competencias para cumplir funciones esenciales en materia de laboratorio de salud pública y ejercer como la máxima autoridad nacional técnica científica en las áreas de su competencia.

8. Otros laboratorios. Entidades públicas o privadas diferentes a los laboratorios clínicos, que perteneciendo a distintos sectores, orientan sus acciones y recursos hacia la generación de información de laboratorio de interés en salud pública.

9. Red nacional de laboratorios. sistema técnico gerencial cuyo objeto es la integración funcional de laboratorios nacionales de referencia, laboratorios de salud pública, laboratorios clínicos, otros laboratorios, y servicios de toma de muestras y microscopia, para el desarrollo de actividades de vigilancia en salud pública, prestación de servicios, gestión de la calidad e investigación.

10. Referencia. Mecanismo mediante el cual los laboratorios públicos y privados u otras instituciones remiten o envían pacientes, muestras biológicas o ambientales, medicamentos, productos biológicos, alimentos, cosméticos, bebidas, dispositivos médicos, insumos para la salud y productos varios a otros laboratorios con capacidad de respuesta para atender y procesar la solicitud formal requerida.

11. Sistema de gestión de la red nacional de laboratorios. Conjunto de normas, estándares, estrategias y procesos de planeación, ejecución, evaluación y control que interactúan para el cumplimiento de objetivos y metas orientados al adecuado e integral funcionamiento de la red.

(D. 2323/2006, art. 3º)

ART. 2.8.8.2.4.—Ejes estratégicos de la red nacional de laboratorios. Los ejes estratégicos sobre los cuales basará su gestión la red nacional de laboratorios para orientar sus procesos y competencias serán los siguientes:

1. Vigilancia en salud pública. Eje estratégico orientado al desarrollo de acciones para apoyar la vigilancia en salud pública y la vigilancia y control sanitario.

2. Gestión de la calidad. Eje estratégico orientado al desarrollo de acciones para el mejoramiento progresivo en el cumplimiento de los estándares óptimos de calidad.

3. Prestación de servicios. Eje estratégico orientado al desarrollo de acciones para el mejoramiento de la capacidad de oferta de servicios desde los laboratorios públicos y privados en los diferentes niveles territoriales.

4. Investigación. Eje estratégico orientado al desarrollo de acciones para apoyar la investigación desde el laboratorio y contribuir con el sistema nacional de ciencia y tecnología en el desarrollo de investigaciones en el área de la salud.

PAR. 1º—El Ministerio de Salud y Protección Social reglamentará, dentro del año siguiente a la expedición del presente capítulo, el sistema de gestión de la red nacional de laboratorios, en el cual se desarrollarán los ejes estratégicos y las funciones a cargo de los laboratorios de referencia nacionales, departamentales y del distrito capital, así como los aspectos técnicos administrativos a ser adoptados por los demás integrantes de la red. Las líneas estratégicas de acción podrán ser ampliadas y/o modificadas, según evaluación bianual realizada por la dirección de la red nacional de laboratorios.

PAR. 2º—Las direcciones territoriales de salud deberán estructurar dentro de los planes de desarrollo, las acciones que permitan la operativización de procesos en el cumplimiento de lo establecido para el sistema de gestión de la red nacional de laboratorios dentro de los dos (2) años siguientes a su adopción, sin perjuicio de las competencias que en materia de laboratorio de salud pública deban ejercer las mencionadas direcciones.

(D. 2323/2006, art. 4º)

ART. 2.8.8.2.5.—Principios orientadores de la red nacional de laboratorios. La organización y funcionamiento de la red nacional de laboratorios se fundamentará, además de los postulados señalados en la Ley 100 de 1993, en los siguientes principios orientadores:

1. Eficacia en el desarrollo de acciones capaces de garantizar la obtención de resultados esperados a través de la gestión técnica y administrativa de todos sus integrantes.

2. Eficiencia en el desarrollo de su capacidad, ofreciendo servicios a través de instituciones que administren sus recursos de acuerdo con las necesidades de salud demandadas por la población.

3. Calidad en todos los procesos y procedimientos técnico administrativos que realicen sus integrantes, de acuerdo con los lineamientos nacionales e internacionales con el fin de garantizar la veracidad, oportunidad y confiabilidad de sus resultados.

4. Universalidad de los servicios, propendiendo por la cobertura progresiva en todo el país y de acuerdo con las necesidades de protección de la salud pública.

5. Unidad e integración funcional de los laboratorios públicos, privados y mixtos que participan en la red, independientemente de su nivel de desarrollo, área de competencia, especialidad o nivel territorial al que pertenezcan.

(D. 2323/2006, art. 5º)

ART. 2.8.8.2.6.—Integración funcional en el ámbito internacional. Para la integración de la red nacional de laboratorios a las redes internacionales, los respectivos sectores adoptarán los mecanismos efectivos para la armonización de normas y estándares de calidad, el reconocimiento de laboratorios nacionales de referencia y el funcionamiento óptimo de sistemas de referencia y contrarreferencia en el ámbito internacional.

(D. 2323/2006, art. 6º)

ART. 2.8.8.2.7.—Dirección de la red nacional de laboratorios. El Ministerio de Salud y Protección Social dirigirá la red nacional de laboratorios y definirá las políticas, programas, planes y proyectos requeridos para su adecuado funcionamiento.

(D. 2323/2006, art. 7º)

ART. 2.8.8.2.8.—Integrantes de la red nacional de laboratorios. La red nacional de laboratorios estará integrada por:

1. El Instituto Nacional de Salud, INS.

2. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima.

3. Los laboratorios de salud pública departamentales y del Distrito Capital de Bogotá.

4. Los laboratorios clínicos, de citohistopatología, de bromatología, de medicina reproductiva, bancos de sangre y componentes anatómicos y otros laboratorios que realicen análisis de interés para la vigilancia en salud pública y para la vigilancia y control sanitario.

PAR.—El Instituto Nacional de Salud, INS, y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, serán laboratorios de referencia del nivel nacional y los laboratorios departamentales de salud pública y del distrito capital lo serán en sus respectivas jurisdicciones. Para efectos del presente capítulo, los laboratorios nacionales de referencia de otros sectores que tengan relación con la salud humana cooperarán con la red nacional de laboratorios según sus competencias normativas.

(D. 2323/2006, art. 8º)

ART. 2.8.8.2.9.—Competencias de los laboratorios nacionales de referencia. El Instituto Nacional de Salud, INS, y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, ejercerán conjuntamente la coordinación de la red nacional de laboratorios y además, de las competencias propias asignadas por ley, cumplirán las siguientes funciones:

1. Asesorar y apoyar técnicamente al Ministerio de Salud y Protección Social en la formulación de políticas, normas y directrices relacionadas con la red nacional de laboratorios, de acuerdo con las competencias a su cargo.

2. Ejecutar las políticas, programas, planes y proyectos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para la red nacional de laboratorios.

3. Mantener actualizado el diagnóstico organizacional y de capacidad de oferta de la red nacional de laboratorios.

4. Realizar alianzas estratégicas con entidades del orden nacional e internacional, que permitan fortalecer la red nacional de laboratorios del país.

5. Implementar el sistema de gestión adoptado por el Ministerio de Salud y Protección Social para el funcionamiento de la red nacional de laboratorios.

6. Desarrollar las acciones que garanticen la eficiente operación del sistema de vigilancia en salud pública acorde con los lineamientos que defina el Ministerio de Salud y Protección Social en relación con el componente de laboratorio.

7. Diseñar e implementar el sistema de Información para la red nacional de laboratorios de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social.

8. Diseñar, validar e implementar un sistema de monitoreo y evaluación que garantice un control eficiente y eficaz de la gestión de la red nacional de laboratorios acorde con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social.

9. Realizar según sus competencias, las pruebas de laboratorio de alta complejidad para la vigilancia en salud pública, así como las pruebas para la vigilancia y control sanitario.

10. Apoyar al Ministerio de Salud y Protección Social en el desarrollo de las políticas de vigilancia e investigación de los efectos en salud asociados a las actividades de otros sectores, en tanto estas puedan afectar la salud humana.

11. Propender por el cumplimiento de estándares de calidad tendientes a la acreditación de sus procesos técnicos, científicos y administrativos.

12. Definir los estándares de calidad para la autorización de las instituciones o laboratorios que ofrezcan la realización de análisis propios de los laboratorios de salud pública.

13. Supervisar el cumplimiento de los estándares de calidad a los laboratorios e instituciones que soliciten autorización para realizar análisis de interés en salud pública.

14. Definir, vigilar y controlar el cumplimiento de estándares de calidad que deben cumplir los laboratorios de salud pública departamentales y del Distrito Capital.

15. Vigilar la calidad de los exámenes de laboratorio de interés en salud pública desarrollados por los laboratorios de salud pública departamentales y del Distrito Capital.

16. Participar en programas de evaluación externa del desempeño con instituciones nacionales e internacionales.

17. Aplicar las normas de bioseguridad en los procedimientos de laboratorio incluyendo la remisión, transporte y conservación de muestras e insumos, así como establecer el plan integral de gestión para el manejo de residuos, de acuerdo con la normatividad vigente.

18. Realizar la validación de reactivos, pruebas diagnósticas y de técnicas y procedimientos analíticos, acorde con sus competencias y según la normatividad vigente.

19. Apoyar y promover la realización de investigaciones en salud y en biomedicina según las necesidades del país y directrices dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

20. Proponer y divulgar las normas científicas y técnicas que sean aplicables para el fortalecimiento de la red.

21. Promover y realizar actividades de capacitación en temas de laboratorio que fortalezcan la gestión de la red nacional de laboratorios prioritariamente para las instituciones del sector público.

22. Desarrollar, aplicar y transferir ciencia y tecnología en las áreas de su competencia.

23. Prestar asesoría y asistencia técnica a los laboratorios de salud pública en aspectos relacionados con sus competencias.

PAR.—De conformidad con el interés público de la salud, los laboratorios de otros sectores y sus regionales que generen información de interés para la salud pública, mediante procesos concertados de coordinación y retroalimentación, articularán acciones, de manera continua, con el fin de orientar las intervenciones en las áreas que se requieran.

(D. 2323/2006, art. 9º)

ART. 2.8.8.2.10.—Competencias de las direcciones territoriales de salud. Las direcciones territoriales de salud asumirán la dirección y coordinación de la red de laboratorios en el ámbito departamental o distrital, para lo cual deberán cumplir con las siguientes funciones:

1. Establecer mecanismos para organizar y controlar el funcionamiento de la red en su jurisdicción.

2. Adoptar las políticas nacionales de la red nacional de laboratorios.

3. Establecer los objetivos, metas y estrategias de la red a nivel departamental o distrital.

4. Adoptar, difundir e implementar el sistema de información para la red nacional de laboratorios establecido por el nivel nacional.

5. Adoptar e implementar en su jurisdicción el sistema de monitoreo y evaluación de la red nacional de laboratorios acorde con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social.

6. Verificar el cumplimiento de los estándares de calidad de los laboratorios autorizados para la realización de exámenes de interés en salud pública que operen en su jurisdicción.

7. Mantener el diagnóstico actualizado de la oferta de laboratorios públicos y privados, así como de laboratorios de otros sectores con presencia en su jurisdicción y que tengan relación con la salud pública.

8. Organizar y orientar la aplicación de procedimientos para la remisión de muestras y recepción de resultados.

9. Desarrollar las acciones que garanticen la eficiente operación del sistema de vigilancia en salud pública acorde con los lineamientos que para el componente de laboratorio defina el Ministerio de Salud y Protección Social.

10. Brindar asistencia técnica a los laboratorios de su área de influencia en temas relacionados con las líneas estratégicas para el eficaz funcionamiento de la red, con prioridad en las instituciones del sector público.

11. Promover y realizar actividades de capacitación en temas de interés para los integrantes de la red según las necesidades.

12. Garantizar la infraestructura y el talento humano necesario para el manejo de la información del laboratorio de salud pública y en general de la red de Laboratorios en su jurisdicción.

13. Propiciar alianzas estratégicas que favorezcan la articulación intersectorial en su jurisdicción para garantizar la integración funcional de los actores de la red en consonancia con los lineamientos definidos por la Comisión nacional intersectorial.

14. Dar aplicación al principio de complementariedad en los términos las normas vigentes, siempre que la situación de salud pública de cualquiera de los municipios o áreas de su jurisdicción lo requieran y justifiquen.

PAR. 1º—Para el cumplimiento de las funciones descritas en el presente artículo, la dirección territorial de salud deberá garantizar la infraestructura y el talento humano necesarios para mantener la capacidad de respuesta a nivel de dirección y coordinación de la red de laboratorios en su jurisdicción.

PAR. 2º—Las direcciones territoriales de salud deberán garantizar la infraestructura y el desarrollo de los laboratorios de salud pública departamentales y del Distrito Capital, y sin perjuicio de las funciones y obligaciones a su cargo, podrán contratar la realización de pruebas de laboratorio de interés en salud pública con otros laboratorios públicos o privados dentro o fuera de su jurisdicción, siempre y cuando cuenten con la respectiva verificación del cumplimiento de estándares de calidad para la autorización según los lineamientos dados por el Ministerio de Salud y Protección Social.

(D. 2323/2006, art. 12)

ART. 2.8.8.2.11.—Comité técnico departamental y distrital. Los departamentos y el Distrito Capital crearán comités técnicos en sus respectivas jurisdicciones, integrados por representantes regionales de los distintos sectores involucrados en el desarrollo de la red.

El comité técnico definirá su propio reglamento interno, se reunirá ordinariamente una (1) vez por semestre y será presidido por el director territorial de salud. La secretaría técnica estará a cargo del responsable del área de salud pública de la dirección territorial de salud.

(D. 2323/2006, art. 13)

ART. 2.8.8.2.12.—Funciones de los comités técnicos departamentales y del Distrito Capital. Para el adecuado funcionamiento de la red nacional de laboratorios en el ámbito departamental y del Distrito Capital, los comités técnicos tendrán las siguientes funciones:

1. Asesorar y apoyar al secretario de salud departamental o distrital en la adopción e implementación de los lineamientos dados por el nivel nacional para la red nacional de laboratorios.

2. Proponer mecanismos que permitan mejorar el funcionamiento de los laboratorios de salud pública en consonancia con las normas técnicas y administrativas que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social.

3. Estudiar y aprobar los proyectos presentados por la secretaría técnica del comité.

4. Recomendar la formulación de planes, programas y proyectos destinados a garantizar la gestión y operación de la red de laboratorios en su jurisdicción, de acuerdo con los lineamientos nacionales.

5. Orientar la toma de decisiones con base en información generada por la red de laboratorios de su jurisdicción.

6. Promover la realización de alianzas estratégicas intersectoriales en su jurisdicción

(D. 2323/2006, art. 14)

ART. 2.8.8.2.13.—Dirección de los laboratorios de salud pública departamentales y del Distrito Capital. La dirección de los laboratorios de salud pública departamentales y del Distrito Capital estará a cargo de las correspondientes direcciones territoriales de salud, las cuales deberán garantizar el cumplimiento de las competencias en materia de vigilancia en salud pública, vigilancia y control sanitario.

(D. 2323/2006, art. 15)

ART. 2.8.8.2.14.—Competencias de los laboratorios de salud pública departamentales y del Distrito Capital. Los laboratorios de salud pública departamentales y del Distrito Capital, como laboratorios de referencia en su jurisdicción, serán los actores intermedios de articulación en el área de su competencia entre el nivel nacional y municipal y tendrán las siguientes funciones:

1. Desarrollar los procesos encaminados a su integración funcional a la red de laboratorios y al cumplimiento de sus funciones de manera coordinada y articulada con las instancias técnicas de la dirección territorial de salud afines con sus competencias.

2. Realizar exámenes de laboratorio de interés en salud pública en apoyo a la vigilancia de los eventos de importancia en salud pública, vigilancia y control sanitario.

3. Adoptar e implementar el sistema de información para la red nacional de laboratorios establecido por el nivel nacional en los temas de su competencia.

4. Adoptar e implementar en su jurisdicción el sistema de monitoreo y evaluación de la red nacional de laboratorios acorde con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social.

5. Recopilar, procesar, analizar y difundir oportunamente datos y resultados de los análisis de laboratorio de interés en salud pública, con el fin de apoyar la toma de decisiones para la vigilancia y control sanitario.

6. Implementar el sistema de gestión de la calidad para garantizar la oportunidad, confiabilidad y veracidad de los procedimientos desarrollados.

7. Participar en los programas nacionales de evaluación externa del desempeño acorde con los lineamientos establecidos por los laboratorios nacionales de referencia.

8. Vigilar la calidad de los exámenes de laboratorio de interés en salud pública desarrollados por los laboratorios del área de influencia.

9. Implementar los programas de bioseguridad y manejo de residuos, de acuerdo con la normatividad nacional vigente.

10. Cumplir con los estándares de calidad y bioseguridad definidos para la remisión, transporte y conservación de muestras e insumos para la realización de pruebas de laboratorio.

11. Realizar los análisis de laboratorio en apoyo a la investigación y control de brotes, epidemias y emergencias.

12. Realizar y participar activamente en investigaciones de los principales problemas de salud pública, según las directrices nacionales y las necesidades territoriales.

13. Brindar capacitación y asistencia técnica a los municipios y a otras entidades dentro y fuera del sector salud en las áreas de sus competencias.

14. Participar en el sistema de referencia y contrarreferencia de muestras biológicas, ambientales e insumos de acuerdo con los lineamientos nacionales.

15. Realizar análisis periódicos de la demanda y oferta de exámenes de laboratorio de interés en salud pública.

(D. 2323/2006, art. 16)

ART. 2.8.8.2.15.—Responsabilidades de las direcciones locales de salud. Las direcciones locales de salud estarán encargadas de identificar y mantener un directorio actualizado de los laboratorios públicos y privados de la jurisdicción municipal, independientemente del sector al que pertenezcan, del nivel de complejidad, especialización, o áreas temáticas desarrolladas, así como los servicios de toma de muestra y redes de microscopistas, con el propósito de contribuir con el nivel departamental en la integración funcional de estos a la red nacional de laboratorios y al cumplimiento de metas propuestas en temas relacionados con la gestión de la misma.

PAR.—El municipio deberá dar aplicación al principio de subsidiariedad en los términos las normas vigentes, siempre que la situación de salud pública de cualquiera de las áreas de su jurisdicción lo requiera y justifique.

(D. 2323/2006, art. 17)

ART. 2.8.8.2.16.—Competencias de los integrantes de la red nacional de laboratorios en el nivel municipal. Los laboratorios públicos y privados de la jurisdicción municipal, independientemente del nivel de complejidad, especialización, o áreas temáticas desarrolladas, así como los servicios de toma de muestra y redes de microscopistas, tendrán las siguientes funciones:

1. Desarrollar la gestión para su integración funcional a la red nacional de laboratorios.

2. Apoyar a la entidad territorial en la realización de pruebas de laboratorio, según su capacidad y área de especialización, en caso de emergencia sanitaria o cuando en el territorio no exista otra entidad estatal que pueda suplir la necesidad inmediata o de fuerza mayor.

3. Adoptar las directrices nacionales y territoriales que permitan su articulación al sistema de vigilancia en salud pública y su participación en el sistema de información para la red nacional de laboratorios.

4. Informar de manera obligatoria y oportuna a la dirección local de salud, los datos y resultados de pruebas de laboratorio de interés en salud pública a los interesados para la toma de decisiones.

5. Implementar un sistema de gestión de la calidad y participar en los programas de evaluación externa del desempeño.

6. Aplicar las normas de bioseguridad y manejo de residuos, de acuerdo con la normatividad nacional vigente.

7. Cumplir con los estándares de calidad y bioseguridad definidos para la remisión, transporte y conservación de muestras e insumos para la realización de pruebas de laboratorio.

8. Prestar los servicios de recepción y/o toma de muestra, conservación, transporte, procesamiento, análisis e informe de resultados de laboratorio de manera oportuna, eficiente y confiable.

9. Participar en el sistema de referencia y contrarreferencia de muestras biológicas, ambientales e insumos de acuerdo con los lineamientos nacionales y territoriales.

PAR.—Los servicios de toma de muestras y los puestos de microscopia deberán adoptar y cumplir con los estándares de calidad de acuerdo con la complejidad del servicio que prestan, bajo la supervisión y monitoreo de laboratorios o entidades de salud de los cuales dependan funcionalmente en el nivel local, de manera que se garantice la calidad y bioseguridad en procedimientos de recolección, conservación y transporte de muestras, procesamiento y análisis, reportes y remisiones.

(D. 2323/2006, art. 18)

ART. 2.8.8.2.17.—Estándares de calidad y autorización de laboratorios. El Ministerio de Salud y Protección Social reglamentará los estándares de calidad en salud pública y procesos, y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, y el Instituto Nacional de Salud, INS, regularán los trámites de autorización de laboratorios que se incorporen a la red nacional de laboratorios como prestadores de servicios de laboratorio de interés en salud pública.

(D. 2323/2006, art. 19)

ART. 2.8.8.2.18.—Acreditación de laboratorios. La acreditación de laboratorios se realizará conforme a la normatividad vigente del sistema nacional de normalización, certificación y metrología, sin perjuicio del cumplimiento de los estándares sectoriales que para el tema defina el Ministerio de Salud y Protección Social.

PAR.—Los laboratorios nacionales de referencia y los laboratorios de salud pública departamentales y del Distrito Capital deberán orientar su gestión para el cumplimiento progresivo de los estándares de calidad requeridos para su acreditación.

(D. 2323/2006, art. 20)

ART. 2.8.8.2.19.—Sistema de información de la red nacional de laboratorios. La gestión de la información generada por los integrantes de la red nacional de laboratorios será de carácter obligatorio y se realizará a través del sistema informático que para los efectos defina el Ministerio de Salud y Protección Social en el marco del sistema integral de información de la protección social, Sispro, o el que haga sus veces.

(D. 2323/2006, art. 21)

ART. 2.8.8.2.20.—Carácter confidencial de la información sobre los resultados de los exámenes de laboratorio. La información generada por las instituciones que realizan análisis de laboratorio es de carácter confidencial y será utilizada únicamente para el cumplimiento de los fines correspondientes por las autoridades sanitarias o cuando sea requerida por autoridades del poder judicial.

(D. 2323/2006, art. 22)

ART. 2.8.8.2.21.—Financiación de los exámenes de laboratorio de interés en salud pública. La financiación de los exámenes de laboratorio de interés en salud pública, acorde con las normas vigentes, se realizará de la siguiente manera:

1. Los exámenes de laboratorio de interés en salud pública para la vigilancia en salud pública, vigilancia y control sanitario, así como los requeridos para control de calidad, que realicen los laboratorios nacionales de referencia, los laboratorios de salud pública departamentales y del Distrito Capital, serán financiados con recursos del presupuesto general de la Nación asignados a dichas entidades.

2. Los exámenes de laboratorio de interés en salud pública y los requeridos para su control de calidad realizados por los laboratorios de salud pública departamentales y del Distrito Capital para la vigilancia en salud pública, vigilancia y control sanitario, serán financiados con los recursos del sistema general de participaciones y recursos propios de la entidad territorial.

3. Los exámenes de laboratorio de interés en salud pública para el diagnóstico individual en el proceso de atención en salud, serán financiados con cargo a los recursos del plan obligatorio de salud o con cargo a los recursos para la atención de la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, de conformidad con la normatividad vigente.

4. Los exámenes solicitados por autoridades de investigación y control, se realizarán previa suscripción de convenios con el respectivo laboratorio, en el cual se deberá establecer el régimen de los costos derivados por dicha realización.

(D. 2323/2006, art. 23)

ART. 2.8.8.2.22.—Venta de servicios. Los laboratorios de salud pública departamentales y del Distrito Capital, de conformidad con características especiales de ubicación, acceso, capacidad de respuesta, desarrollo tecnológico y capacidad de gestión, podrán ofrecer servicios a otras entidades territoriales, siempre y cuando esté garantizada la satisfacción de la demanda de su propio territorio y no existan incompatibilidades con sus funciones, o cuando se requiera atender prioridades nacionales de vigilancia en salud pública, vigilancia y control sanitario en zonas especiales.

(D. 2323/2006, art. 24)

ART. 2.8.8.2.23.—Autoridades sanitarias de la red nacional de laboratorios. Por autoridades sanitarias de la red nacional de laboratorios, se entienden el Ministerio de Salud y Protección Social, las direcciones territoriales de salud, el Instituto Nacional de Salud, INS, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, y todas aquellas entidades que de acuerdo con la ley, ejercen funciones de inspección, vigilancia y control sanitario, las cuales deben adoptar medidas de prevención y seguimiento que garanticen la protección de la salud pública y el cumplimiento de lo dispuesto en el presente capítulo.

(D. 2323/2006, art. 25)

ART. 2.8.8.2.24.—Vigilancia y control. La autoridad competente aplicará las medidas de seguridad, sanciones y el procedimiento establecido en la ley a los integrantes de la red nacional de laboratorios que incumplan con lo dispuesto en el presente capítulo, sin perjuicio de las demás acciones a que hubiere lugar.

(D. 2323/2006, art. 26)

CAPÍTULO 3

Laboratorios de genética

ART. 2.8.8.3.1.—Definiciones. Para efectos de aplicación e interpretación del presente capítulo se adoptan las siguientes definiciones:

Certificación. Procedimiento mediante el cual los organismos certificadores debidamente acreditados expiden la constancia por escrito o por medio de un sello de conformidad, que los servicios que se prestan en los laboratorios de genética públicos o privados donde se realizan las pruebas de paternidad o maternidad con marcadores genéticos de ADN, cumplen con los requisitos establecidos en la norma técnica u otro documento normativo respectivo.

Laboratorios certificados. Son aquellos laboratorios de genética públicos o privados que practican pruebas de paternidad o maternidad con marcadores genéticos de ADN, certificados por los organismos competentes debidamente acreditados.

Acreditación. Es el proceso voluntario mediante el cual los laboratorios de genética públicos o privados que practican pruebas de paternidad o maternidad con marcadores genéticos de ADN, demuestran el cumplimiento de estándares internacionales definidos y aprobados por la Comisión de acreditación y vigilancia.

(D. 2112/2003, art. 1º)

ART. 2.8.8.3.2.—Organismos nacionales responsables de la certificación. Los laboratorios de genética públicos o privados que se autoricen legalmente para la práctica de pruebas de paternidad o maternidad con marcadores genéticos de ADN solo podrán ser certificados por los organismos certificadores debidamente acreditados por la autoridad competente de conformidad con el capítulo 7 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen.

(D. 2112/2003, art. 2º)

ART. 2.8.8.3.3.—Organismo nacional responsable de la acreditación. Los laboratorios de genética señalados en la presente norma, deberán ser acreditados por la entidad competente de conformidad con capítulo 7 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen.

(D. 2112/2003, art. 3º)

ART. 2.8.8.3.4.—Competencias por parte de las entidades departamentales o distritales de salud. Las entidades departamentales o distritales de salud, deberán dar cumplimiento estricto a las competencias establecidas en el sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención de salud del sistema general de seguridad social en salud, igualmente deberán tener en cuenta las reglamentaciones, condiciones, recomendaciones e informes de la Comisión de acreditación y vigilancia, de acuerdo con las funciones asignadas mediante Decreto 1562 de 2002, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen.

PAR.—El plan de visitas elaborado por las entidades departamentales o distritales de salud, priorizará a los laboratorios de genética que practiquen pruebas de paternidad o maternidad, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a su inscripción en el registro especial de prestadores de servicios de salud y tendrán quince (15) días calendario adicionales para expedir el certificado de cumplimiento frente a las normas de laboratorio clínico.

(D. 2112/2003, art. 4º)

ART. 2.8.8.3.5.—Laboratorios autorizados para la práctica de pruebas. Las pruebas de paternidad o maternidad con marcadores genéticos de ADN de que trata el presente capítulo, que son realizadas por el Estado solo podrán hacerse directamente o a través de laboratorios públicos o privados legalmente autorizados que cumplan con los requisitos de laboratorio clínico, se encuentren certificados y acreditados por los organismos competentes.

(D. 2112/2003, art. 5º)

TÍTULO 9

Autopsias clínicas, médico-legales y viscerotomías

ART. 2.8.9.1.—Definición de autopsia. Denomínase autopsia o necropsia al procedimiento mediante el cual a través de observación, intervención y análisis de un cadáver, en forma tanto externa como interna y teniendo en cuenta, cuando sea del caso, el examen de las evidencias o pruebas físicas relacionadas con el mismo, así como las circunstancias conocidas como anteriores o posteriores a la muerte, se obtiene información para fines científicos o jurídicos.

(D. 786/90, art. 1º)

ART. 2.8.9.2.—Definición de viscerotomía. Entiéndese por viscerotomía la recolección de órganos o toma de muestras de cualquiera de los componentes anatómicos contenidos en las cavidades del cuerpo humano, bien sea para fines médico-legales, clínicos, de salud pública, de investigación o docencia.

(D. 786/90, art. 2º)

ART. 2.8.9.3.—Clasificación de las autopsias. De manera general las autopsias se clasifican en médico-legales y clínicas. Son médico-legales cuando se realizan con fines de investigación judicial y son clínicas en los demás casos.

(D. 786/90, art. 3º)

ART. 2.8.9.4.—Tipos de autopsias médico-legales. Las autopsias médico-legales y clínicas, de acuerdo con el fin que persigan, podrán ser, conjunta o separadamente:

a) Sanitarias: si atienden al interés de la salud pública;

b) Docentes: cuando su objetivo sea ilustrar procesos de enseñanza y aprendizaje;

c) Investigativas: cuando persigan fines de investigación científica, pura o aplicada.

(D. 786/90, art. 4º)

ART. 2.8.9.5.—Objetivos de las autopsias médico-legales. Son objetivos de las autopsias médico-legales los siguientes:

a) Establecer las causas de la muerte, la existencia de patologías asociadas y de otras particularidades del individuo y de su medio ambiente;

b) Aportar la información necesaria para diligenciar el certificado de defunción;

c) Verificar o establecer el diagnóstico sobre el tiempo de ocurrencia de la muerte (cronotanatodiagnóstico);

d) Contribuir a la identificación del cadáver;

e) Ayudar a establecer las circunstancias en que ocurrió la muerte y la manera como se produjo (homicidio, suicidio, accidente, natural o indeterminada), así como el mecanismo o agente vulnerante;

f) Establecer el tiempo probable de expectativa de vida, teniendo en cuenta las tablas de estadísticas vitales del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, y la historia natural de las patologías asociadas;

g) Cuando sea del caso, establecer el tiempo probable de sobrevivencia y los hechos o actitudes de posible ocurrencia en dicho lapso, teniendo en cuenta la naturaleza de las lesiones causantes de la muerte;

h) Aportar información para efectos del dictamen pericial;

i) Practicar viscerotomías para recolectar órganos u obtener muestras de componentes anatómicos o líquidos orgánicos para fines de docencia o investigación.

PAR.—En ningún caso y por ningún motivo la práctica de una viscerotomía puede ser realizada como sustitución de una autopsia médico-legal.

(D. 786/90, art. 5º)

ART. 2.8.9.6.—Casos en los que deben realizarse autopsias médico-legales. Las autopsias médico-legales procederán obligatoriamente en los siguientes casos:

a) Homicidio o sospecha de homicidio;

b) Suicidio o sospecha de suicidio;

c) Cuando se requiera distinguir entre homicidio y suicidio;

d) Muerte accidental o sospecha de la misma;

e) otras muertes en las cuales no exista claridad sobre su causa, o la autopsia sea necesaria para coadyuvar a la identificación de un cadáver cuando medie solicitud de autoridad competente.

(D. 786/90, art. 6º)

ART. 2.8.9.7.—Autopsias que se encuentran dentro de los casos obligatorios. Dentro de las autopsias que proceden obligatoriamente, distínganse de manera especial las siguientes:

a) Las practicadas en casos de muertes ocurridas en personas bajo custodia realizada u ordenada por autoridad oficial, como aquellas privadas de la libertad o que se encuentren bajo el cuidado y vigilancia de entidades que tengan como objetivo la guarda y protección de personas;

b) Las practicadas en casos de muertes en las cuales se sospeche que han sido causadas por enfermedad profesional o accidente de trabajo;

c) Las realizadas cuando se sospeche que la muerte ha sido causada por la utilización de agentes químicos o biológicos, drogas, medicamentos, productos de uso doméstico y similares;

d) Las que se llevan a cabo en cadáveres de menores de edad cuando se sospeche que la muerte ha sido causada por abandono o maltrato;

e) Las que se practican cuando se sospeche que la muerte pudo haber sido causada por un acto médico;

f) Las que se realizan en casos de muerte de gestantes o del producto de la concepción cuando haya sospecha de aborto no espontáneo.

(D. 786/90, art. 7º)

ART. 2.8.9.8.—Requisitos previos para la práctica de autopsias médico-legales. Son requisitos previos para la práctica de autopsias médico-legales, los siguientes:

a) Diligencia de levantamiento del cadáver, confección del acta correspondiente a la misma y envío de esta al perito, conjuntamente con la historia clínica en aquellos casos en que la persona fallecida hubiese recibido atención médica por razón de los hechos causantes de la muerte. Para los fines anteriores es obligatorio utilizar el formato nacional de acta de levantamiento del cadáver;

b) Solicitud escrita de autoridad competente, utilizando para los efectos el formato nacional de acta de levantamiento del cadáver;

c) Ubicación del cadáver, por parte de una autoridad u otras personas, en el sitio que el perito considere adecuado para su aislamiento y protección.

PAR. 1º—Cuando la muerte ocurra en un establecimiento médico-asistencial, el médico que la diagnostique entregará de manera inmediata la historia clínica correspondiente al director de la entidad o a quien haga sus veces, dado que por constituir un elemento de prueba en el ámbito jurisdiccional debe ser preservada y custodiada como tal.

PAR. 2º—La solicitud que haga la autoridad competente a que se refiere el literal b) de este artículo, será procedente en ejercicio de la autonomía del funcionario por razón de sus funciones o a petición de un tercero en los casos previstos en el presente título.

(D. 786/90, art. 8º)

ART. 2.8.9.9.—Profesionales competentes para realizar la práctica de autopsias médico-legales. Son competentes para la práctica de autopsias médico-legales los siguientes profesionales:

a) Médicos dependientes de medicina legal, debidamente autorizados;

b) Médicos en servicio social obligatorio;

c) Médicos oficiales;

d) Otros médicos, designados para realizarlas por parte de una autoridad competente y previa su posesión para tales fines.

PAR.—Los profesionales indicados en este artículo, deberán ser médicos legalmente titulados en Colombia o con título reconocido oficialmente de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

(D. 786/90, art. 9º)

ART. 2.8.9.10.—Cadena de custodia de las evidencias o pruebas físicas. Para el cumplimiento de los objetivos de las autopsias médico-legales previstas en este título, las evidencias o pruebas físicas relacionadas con el cadáver, disponibles en el lugar de los hechos, así como la información pertinente a las circunstancias conocidas anteriores y posteriores a la muerte, una vez recolectadas quedarán bajo la responsabilidad de los funcionarios o personas que formen parte de una cadena de custodia que se inicia con la autoridad que deba practicar la diligencia de levantamiento del cadáver y finaliza con el juez de la causa y demás autoridades del orden jurisdiccional que conozcan de la misma y requieran de los elementos probatorios para el ejercicio de sus funciones.

(D. 786/90, art. 10)

ART. 2.8.9.11.—Deberes de los funcionarios o personas que intervengan en la cadena de custodia. Los funcionarios o personas que intervengan en la cadena de custodia a que se refiere el artículo anterior, para los fines relacionados con la determinación de responsabilidades, deberán dejar constancia escrita sobre:

a) La descripción completa y discriminada de los materiales y elementos relacionados con el caso, incluido el cadáver;

b) La identificación del funcionario o persona que asume la responsabilidad de la custodia de dicho material, señalando la calidad en la cual actúa, e indicando el lapso, circunstancias y características de la forma en que sea manejado.

(D. 786/90, art. 11)

ART. 2.8.9.12.—Responsabilidad del transporte del cadáver. La responsabilidad del transporte del cadáver, así como de la custodia de las muestras tomadas del mismo y de las demás evidencias, estará radicada en cabeza de las autoridades correspondientes.

(D. 786/90, art. 12)

ART. 2.8.9.13.—Identificación del sitio donde fueron removidas o encontradas las evidencias. Para preservar la autenticidad de las evidencias, se indicará con exactitud el sitio desde el cual fueron removidas o el lugar en donde fueron encontradas y serán marcadas, guardadas y protegidas adecuadamente por quien tenga la responsabilidad de su custodia en el momento en que se realicen estas acciones.

(D. 786/90, art. 13)

ART. 2.8.9.14.—Disposiciones sobre protección y transporte de cadáveres. La dirección general del Instituto de Medicina Legal señalará la manera como deban protegerse y transportarse los cadáveres que requieran autopsia médico-legal, así como las formas de recolectar, marcar, guardar y proteger las evidencias a que se refiere el artículo anterior.

(D. 786/90, art. 14)

ART. 2.8.9.15.—Objetivos de las autopsias clínicas. Son objetivos de las autopsias clínicas los siguientes:

a) Establecer las causas de la muerte, así como la existencia de patologías asociadas y otras particularidades del individuo y de su medio ambiente;

b) Aportar la información necesaria para diligenciar el certificado de defunción;

c) Confirmar o descartar la existencia de una entidad patológica específica;

d) Determinar la evolución de las patologías encontradas y las modificaciones debidas al tratamiento en orden a establecer la causa directa de la muerte y sus antecedentes;

e) Efectuar la correlación entre los hallazgos de la autopsia y el contenido de la historia clínica correspondiente, cuando sea del caso;

f) Practicar viscerotomías para recolectar órganos u obtener muestras de componentes anatómicos o líquidos orgánicos para fines de docencia o investigación.

(D. 786/90, art. 15)

ART. 2.8.9.16.—Requisitos previos para la práctica de autopsias clínicas. Son requisitos previos para la práctica de autopsias clínicas, los siguientes:

a) Solicitud del médico tratante, previa autorización escrita de los deudos o responsables de la persona fallecida;

b) Disponibilidad de la historia clínica, cuando sea del caso;

c) Ubicación del cadáver en el sitio que el establecimiento médico-asistencial correspondiente haya destinado para la práctica de autopsias.

PAR.—En casos de emergencia sanitaria o en aquellos en los cuales la investigación científica con fines de salud pública así lo demande y en los casos en que la exija el médico que deba expedir el certificado de defunción, podrá practicarse la autopsia aun cuando no exista consentimiento de los deudos.

(D. 786/90, art. 16)

ART. 2.8.9.17.—Médicos que pueden practicar autopsias clínicas. Las autopsias clínicas podrán ser practicadas por:

a) Médicos designados para tales fines por la respectiva institución médico-asistencial, de preferencia patólogos o quienes adelanten estudios de postgrado en patología;

b) El médico que deba expedir el certificado de defunción cuando la autopsia constituya una condición previa exigida por el mismo.

PAR.—Los profesionales a que se refiere el presente artículo deberán ser médicos con título legalmente obtenido en Colombia o reconocido de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

(D. 786/90, art. 17)

ART. 2.8.9.18.—Viscerotomías médico-legales. Las viscerotomías son médico-legales cuando su práctica hace parte del desarrollo de una autopsia medico-legal y clínicas, en los demás casos.

(D. 786/90, art. 18)

ART. 2.8.9.19.—Entidades que pueden practicar viscerotomías. Las entidades diferentes de las que cumplen objetivos médico-legales, únicamente podrán practicar viscerotomías para fines docentes o de investigación, previa autorización de los deudos de la persona fallecida, requisito este que no será necesario en los casos en que deban realizarse por razones de emergencia sanitaria o de investigación científica con fines de salud pública.

(D. 786/90, art. 19)

ART. 2.8.9.20.—Constancia escrita cuando se practique una viscerotomía. Cuandoquiera que se practique una viscerotomía deberá dejarse constancia escrita del fin perseguido con la misma y de los componentes anatómicos retirados y su destino.

(D. 786/90, art. 20)

ART. 2.8.9.21.—Viscerotomías necesarias para el control de la fiebre amarilla. Las viscerotomías necesarias para la vigilancia y control epidemiológico de la fiebre amarilla, continuarán realizándose con sujeción a la normativa vigente.

(D. 786/90, art. 21)

ART. 2.8.9.22.—Inicio de la autopsia médico-legal. La autopsia médico-legal se inicia cuando el médico autorizado para practicarla efectúa con tal propósito la observación del cadáver.

(D. 786/90, art. 24)

ART. 2.8.9.23.—Requisitos mínimos para la práctica de autopsias. Son requisitos mínimos de apoyo para la práctica de autopsias los siguientes:

a) Privacidad, es decir condiciones adecuadas de aislamiento y protección;

b) Iluminación suficiente.

c) Agua corriente.

d) Ventilación;

e) Mesa especial para autopsias;

f) Disponibilidad de energía eléctrica.

En los casos de autopsias médico-legales las autoridades judiciales y de policía tomarán las medidas que sean necesarias para que se cumplan estos requisitos.

PAR.—En circunstancias excepcionales, las autopsias podrán ser practicadas utilizando para colocar el cadáver una mesa u otro soporte adecuado. Igualmente podrán realizarse sin el requisito de energía eléctrica y aunque el agua no sea corriente.

(D. 786/90, arts. 27 y 28)

ART. 2.8.9.24.—Lugares para la práctica de autopsias. Distínganse los siguientes lugares para la práctica de autopsias:

a) Las salas de autopsias de medicina legal, cuando se trate de autopsias médico-legales, o en su defecto, las previstas en los siguientes literales de este artículo;

b) Las salas de autopsias de los hospitales cuando se trate de cadáveres distintos de aquellos que están en descomposición o hayan sido exhumados;

c) Las salas de autopsias de los cementerios públicos o privados así como otros lugares adecuados, cuando se trate de municipios que no cuenten con hospital.

PAR. 1º—A juicio del perito y en coordinación con las autoridades, las autopsias médico-legales se podrán realizar en lugares distintos de los indicados en este artículo.

PAR. 2º—En los casos de autopsias de cadáveres en descomposición o exhumados, estas podrán ser realizadas en cualquiera de los lugares indicados en este artículo, distintos de los hospitales.

(D. 786/90, art. 29)

ART. 2.8.9.25.—Obligación de adecuar salas de autopsias. Los hospitales, clínicas y cementerios públicos o privados tienen la obligación de construir o adecuar sus respectivas salas de autopsias.

(D. 786/90, art. 30)

ART. 2.8.9.26.—Tiempo para la práctica de autopsias. Con el fin de que la información obtenida mediante la práctica de las autopsias y viscerotomías a que se refiere este título sea adecuada para los objetivos que con las mismas se persiguen, deberán practicarse dentro del menor tiempo posible a partir del momento de la muerte.

(D. 786/90, art. 31)

ART. 2.8.9.27.—Notificación de enfermedades epidemiológicamente importantes. Tanto para autopsias como para viscerotomías, sean médico-legales o clínicas, los resultados positivos para enfermedades epidemiológicamente importantes deberán notificarse a las autoridades sanitarias de conformidad con la legislación vigente sobre la materia.

(D. 786/90, art. 32)

ART. 2.8.9.28.—Manifestación de voluntad. Para los efectos de este título, cuandoquiera que deba hacerse una manifestación de voluntad como deudo de una persona fallecida, se tendrá en cuenta el siguiente orden:

a) El cónyuge no divorciado o separado de cuerpos;

b) Los hijos legítimos o naturales, mayores de edad;

c) Los padres legítimos o naturales;

d) Los hermanos legítimos o naturales, mayores de edad;

e) Los abuelos y nietos;

f) Los parientes consanguíneos en la línea colateral hasta el tercer grado;

g) Los parientes afines hasta el segundo grado.

Los padres adoptantes y los hijos adoptivos ocuparán dentro del orden señalado en este artículo, el lugar que corresponde a los padres e hijos por naturaleza.

Cuandoquiera que a personas ubicadas dentro del mismo numeral de este artículo, corresponda expresar su consentimiento, en ausencia de otras con mayor derecho dentro del orden allí señalado, y manifiesten voluntad encontrada, prevalecerá la de la mayoría. En caso de empate, se entenderá negado el consentimiento.

Para ejercer el derecho de oponerse a que se refiere el artículo 2.8.8.23 de este título serán tomados en cuenta los deudos que se presenten y acrediten su condición de tales con anterioridad al comienzo de la autopsia.

(D. 786/90, art. 33)

TÍTULO 10

Gestión integral de los residuos generados en la atención de salud y otras actividades

ART. 2.8.10.1.—Objeto. El presente título tiene por objeto reglamentar ambiental y sanitariamente la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades.

(D. 351/2014, art. 1º)

ART. 2.8.10.2.—Ámbito de aplicación. Las disposiciones establecidas mediante el presente título aplican a las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que generen, identifiquen, separen, empaquen, recolecten, transporten, almacenen, aprovechen, traten o dispongan finalmente los residuos generados en desarrollo de las actividades relacionadas con:

1. Los servicios de atención en salud, como actividades de la práctica médica, práctica odontológica, apoyo diagnóstico, apoyo terapéutico y otras actividades relacionadas con la salud humana, incluidas las farmacias y farmacias-droguerías.

2. Bancos de sangre, tejidos y semen.

3. Centros de docencia e investigación con organismos vivos o con cadáveres.

4. Bioterios y laboratorios de biotecnología.

5. Los servicios de tanatopraxia, morgues, necropsias, y exhumaciones.

6. El servicio de lavado de ropa hospitalaria o de esterilización de material quirúrgico.

7. Plantas de beneficio animal (mataderos).

8. Los servicios veterinarios entre los que se incluyen: consultorios, clínicas, laboratorios, centros de zoonosis y zoológicos, tiendas de mascotas, droguerías veterinarias y peluquerías veterinarias.

9. Establecimientos destinados al trabajo sexual y otras actividades ligadas.

10. Servicios de estética y cosmetología ornamental tales como: barberías, peluquerías, escuelas de formación en cosmetología, estilistas y manicuristas, salas de belleza y afines.

11. Centros en los que se presten servicios de piercing, pigmentación o tatuajes.

(D. 351/2014, art. 2º)

ART. 2.8.10.3.—Principios. El manejo de los residuos regulados por este título se rige, entre otros, por los principios de bioseguridad, gestión integral, precaución, prevención y comunicación del riesgo.

(D. 351/2014, art. 3º)

ART. 2.8.10.4.—Definiciones. Para efectos del presente título se adoptan las siguientes definiciones:

a) Agente patógeno. Es todo agente biológico capaz de producir infección o enfermedad infecciosa en un huésped;

b) Atención en salud. Se define como el conjunto de servicios que se prestan al usuario en el marco de los procesos propios del aseguramiento, así como de las actividades, procedimientos e intervenciones asistenciales en las fases de promoción y prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se prestan a toda la población;

c) Atención extramural. Es la atención en salud en espacios no destinados a salud o espacios de salud de áreas de difícil acceso que cuenta con la intervención de profesionales, técnicos y/o auxiliares del área de la salud y la participación de su familia, hacen parte de esta atención las brigadas, jornadas, unidades móviles en cualquiera de sus modalidades y la atención domiciliaria;

d) Bioseguridad. Es el conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto minimizar el factor de riesgo que pueda llegar a afectar la salud humana y el ambiente;

e) Decomiso no aprovechable en plantas de beneficio animal. Es la aprehensión material del animal o las partes de animales consideradas peligrosas no aptas ni para el consumo humano ni para el aprovechamiento industrial;

f) Establecimientos destinados al trabajo sexual y otras actividades ligadas. Establecimientos donde se promuevan, ofrezcan y demanden actividades sexuales como parte de un intercambio comercial, así como lugares y establecimientos donde los individuos buscan encuentros sexuales sin la intermediación de un pago;

g) Fluidos corporales de alto riesgo. Se aplican siempre a la sangre y a todos los fluidos que contengan sangre visible. Se incluyen además el semen, las secreciones vaginales, el líquido cefalorraquídeo y la leche materna. Se consideran de alto riesgo por constituir fuente de infección cuando tienen contacto con piel no intacta, mucosas o exposición percutánea con elementos cortopunzantes contaminados con ellos;

h) Fluidos corporales de bajo riesgo. Se aplican a las deposiciones, secreciones nasales, transpiración, lágrimas, orina o vómito, a no ser que contengan sangre visible, caso en el cual serán considerados de alto riesgo;

i) Generador. Es toda persona natural o jurídica, pública o privada que produce o genera residuos en el desarrollo de las actividades contempladas en el artículo 2.8.10.2 de este decreto;

j) Gestión integral. Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de evaluación, seguimiento y monitoreo desde la prevención de la generación hasta el aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final de los residuos, a fin de lograr beneficios sanitarios y ambientales y la optimización económica de su manejo respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada región;

k) Gestión externa. Es la acción desarrollada por el gestor de residuos peligrosos que implica la cobertura y planeación de todas las actividades relacionadas con la recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de residuos fuera de las instalaciones del generador;

l) Gestión interna. Es la acción desarrollada por el generador, que implica la cobertura, planeación e implementación de todas las actividades relacionadas con la minimización, generación, segregación, movimiento interno, almacenamiento interno y/o tratamiento de residuos dentro de sus instalaciones;

m) Gestor o receptor de residuos peligrosos. Persona natural o jurídica que presta los servicios de recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de residuos peligrosos, dentro del marco de la gestión integral y cumpliendo con los requerimientos de la normatividad vigente;

n) Manual para la gestión integral de residuos generados en la atención en salud y otras actividades. Es el documento mediante el cual se establecen los procedimientos, procesos, actividades y/o estándares que deben adoptarse y realizarse en la gestión integral de todos los residuos generados por el desarrollo de las actividades de que trata el presente título;

o) Modo de transporte. Subsistema de transporte que incluye: un medio físico, vías, instalaciones para terminales, vehículos (aeronave, embarcación, tren, vehículo automotor) y operaciones para el traslado de residuos;

p) Plan de gestión integral de residuos. Es el instrumento de gestión diseñado e implementado por los generadores que contiene de una manera organizada y coherente las actividades necesarias que garanticen la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades;

q) Recolección. Es la acción consistente en retirar los residuos del lugar de almacenamiento ubicado en las instalaciones del generador para su transporte;

r) Residuo peligroso. Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede causar riesgos o efectos no deseados, directos e indirectos, a la salud humana y el ambiente. Así mismo, se consideran residuos peligrosos los empaques, envases y embalajes que estuvieron en contacto con ellos;

s) Tratamiento de residuos peligrosos. Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante el cual se modifican las características de los residuos o desechos peligrosos, teniendo en cuenta el riesgo y grado de peligrosidad de los mismos, para incrementar sus posibilidades de aprovechamiento y/o valorización o para minimizar los riesgos para la salud humana y el ambiente.

(D. 351/2014, art. 4º)

ART. 2.8.10.5.—Clasificación. Los residuos generados en la atención en salud y otras actividades de que trata el presente título se clasifican en:

1. Residuos no peligrosos. Son aquellos producidos por el generador en desarrollo de su actividad, que no presentan ninguna de las características de peligrosidad establecidas en la normativa vigente.

Los residuos o desechos sólidos se clasifican de acuerdo con lo establecido en el título 2 del Decreto Único 1077 de 2015, Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, o la norma que lo modifique o sustituya.

2. Residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso. Un residuo o desecho con riesgo biológico o infeccioso se considera peligroso, cuando contiene agentes patógenos como microorganismos y otros agentes con suficiente virulencia y concentración como para causar enfermedades en los seres humanos o en los animales.

Los residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso se subclasifican en:

2.1. Biosanitarios. Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados y descartados durante la ejecución de las actividades señaladas en el artículo 2º de este título que tienen contacto con fluidos corporales de alto riesgo, tales como: gasas, apósitos, aplicadores, algodones, drenes, vendajes, mechas, guantes, bolsas para transfusiones sanguíneas, catéteres, sondas, sistemas cerrados y abiertos de drenajes, medios de cultivo o cualquier otro elemento desechable que la tecnología médica introduzca.

2.2. Anatomopatológicos. Son aquellos residuos como partes del cuerpo, muestras de órganos, tejidos o líquidos humanos, generados con ocasión de la realización de necropsias, procedimientos médicos, remoción quirúrgica, análisis de patología, toma de biopsias o como resultado de la obtención de muestras biológicas para análisis químico, microbiológico, citológico o histológico.

2.3. Cortopunzantes. Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden ocasionar un accidente, entre estos se encuentran: limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, hojas de bisturí, vidrio o material de laboratorio como tubos capilares, de ensayo, tubos para toma de muestra, láminas portaobjetos y laminillas cubreobjetos, aplicadores, citocepillos, cristalería entera o rota, entre otros.

2.4. De animales. Son aquellos residuos provenientes de animales de experimentación, inoculados con microorganismos patógenos o de animales portadores de enfermedades infectocontagiosas. Se incluyen en esta categoría los decomisos no aprovechables generados en las plantas de beneficio.

3. Residuos o desechos radiactivos. Se entiende por residuo o desecho radiactivo aquellos que contienen radionucleidos en concentraciones o con actividades mayores que los niveles de dispensa establecidos por la autoridad reguladora o que están contaminados con ellos.

4. Otros residuos o desechos peligrosos. Los demás residuos de carácter peligroso que presenten características de corrosividad, explosividad, reactividad, toxicidad e inflamabilidad generados en la atención en salud y en otras actividades, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.

PAR.—Todo residuo generado en la atención en salud y otras actividades, que haya estado en contacto o mezclado con residuos o desechos con riesgo biológico o infeccioso que genere dudas en su clasificación, incluyendo restos de alimentos parcialmente consumidos o sin consumir, material desechable, entre otros, que han tenido contacto con pacientes considerados potencialmente infectantes o generados en áreas de aislamiento deberán ser gestionados como residuos peligrosos.

(D. 351/2014, art. 5º)

ART. 2.8.10.6.—Obligaciones del generador. Además de las disposiciones contempladas en las normas vigentes, en el marco de la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades, el generador tiene las siguientes obligaciones:

1. Formular, implementar, actualizar y tener a disposición de las autoridades ambientales, direcciones departamentales, distritales y municipales de salud e Invima en el marco de sus competencias, el plan de gestión integral para los residuos generados en la atención en salud y otras actividades reguladas en el presente título, conforme a lo establecido en el manual para la gestión integral de residuos generados en la atención en salud y otras actividades.

2. Capacitar al personal encargado de la gestión integral de los residuos generados, con el fin de prevenir o reducir el riesgo que estos residuos representan para la salud y el ambiente, así como brindar los elementos de protección personal necesarios para la manipulación de estos.

3. Dar cumplimiento a la normatividad de seguridad y salud del trabajador a que haya lugar.

4. Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente y contar con personal capacitado y entrenado para su implementación.

5. Tomar y aplicar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas al cese, cierre, clausura o desmantelamiento de su actividad con el fin de evitar cualquier episodio de contaminación que pueda representar un riesgo a la salud y al ambiente, relacionado con sus residuos peligrosos.

6. Los generadores que realicen atención en salud extramural, serán responsables por la gestión de los residuos peligrosos generados en dicha actividad y por lo tanto su gestión debe ser contemplada en el plan de gestión integral de residuos.

7. Dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 2.2.1.7.8.1 al 2.2.1.7.8.7.2 del Decreto Único 1079 de 2015, Reglamentario del Sector Transporte, o la norma que la modifique o sustituya, cuando remita residuos peligrosos para ser transportados.

8. Suministrar al transportista de los residuos o desechos peligrosos las respectivas hojas de seguridad.

9. Responder por los residuos peligrosos que genere. La responsabilidad se extiende a sus afluentes, emisiones, productos y subproductos, equipos desmantelados y en desuso, elementos de protección personal utilizados en la manipulación de este tipo de residuos y por todos los efectos ocasionados a la salud y al ambiente.

10. Responder en forma integral por los efectos ocasionados a la salud y/o al ambiente, de un contenido químico o biológico no declarado al gestor y a las autoridades ambientales y sanitarias.

11. Entregar al transportador los residuos debidamente embalados, envasados y etiquetados de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.

12. Conservar los comprobantes de recolección que le entregue el transportador de residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso, hasta por un término de cinco (5) años.

13. Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final que emitan los respectivos gestores de residuos peligrosos hasta por un término de cinco (5) años.

(D. 351/2014, art. 6º)

ART. 2.8.10.7.—Obligaciones del transportador de desechos o residuos peligrosos. Son obligaciones de las empresas que transporten desechos o residuos peligrosos generados en la atención en salud y otras actividades, además de las contempladas en la normatividad vigente, las siguientes:

1. Dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 2.2.1.7.8.1 al 2.2.1.7.8.7.2 del Decreto Único 1079 de 2015, Reglamentario del Sector Transporte, o la norma que la modifique o sustituya.

2. Capacitar y entrenar en los procedimientos operativos normalizados y de seguridad al personal que interviene en las operaciones de transporte, cargue y descargue, de conformidad con el programa de capacitación y entrenamiento diseñado, adoptado e implementado por la empresa.

3. Dar cumplimiento a la normatividad de seguridad y salud del trabajador a que haya lugar.

4. Transportar residuos generados en la atención en salud y otras actividades que estén debidamente clasificados, embalados, envasados y etiquetados de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.

5. Entregar la totalidad de los residuos o desechos peligrosos al gestor autorizado para el almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final que sea definido por el generador.

6. Realizar las actividades de lavado y desinfección de los vehículos en que se hayan transportado residuos o desechos peligrosos en lugares que cuenten con todos los permisos ambientales y sanitarios a que haya lugar.

7. En casos en que la empresa preste el servicio de embalado y etiquetado de residuos o desechos peligrosos a un generador, debe realizar estas actividades de acuerdo con los requisitos establecidos en la normatividad vigente.

8. Asumir el costo del almacenamiento, tratamiento, y/o disposición final de los residuos peligrosos generados en la atención en salud y otras actividades, que se encuentre transportando, si una vez efectuada la verificación de la autoridad competente, no se encuentra en capacidad de demostrar quién es el remitente y/o propietario de los mismos.

9. Entregar al generador un comprobante de recolección de los residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso.

10. Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente en el transporte de residuos y personal capacitado y entrenado para su implementación.

11. Cumplir con las disposiciones establecidas en el manual para la gestión integral de residuos generados en la atención en salud y otras actividades.

PAR.—Los vehículos automotores tales como ambulancias, automóviles, entre otros, destinados exclusivamente al servicio de atención en salud, que transporten residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso generados en la atención extramural sujeta a las actividades objeto de la presente reglamentación y cuyas cantidades no sobrepasen los cinco (5) kilogramos de residuos peligrosos, deberán cumplir los requisitos técnicos contemplados en el manual para la gestión integral de residuos generados en la atención en salud y otras actividades y dicho transporte no estará sujeto al cumplimiento de las disposiciones establecidas en los artículos 2.2.1.7.8.1 al 2.2.1.7.8.7.2 del Decreto Único 1079 de 2015, Reglamentario del Sector Transporte, o la norma que lo sustituya o modifique.

(D. 351/2014, art. 7º)

ART. 2.8.10.8.—Obligaciones del gestor o receptor de desechos o residuos peligrosos. Son obligaciones de las personas naturales o jurídicas que prestan los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o disposición final de residuos o desechos peligrosos dentro del marco de la gestión integral, además de las contempladas en la normatividad vigente, las siguientes:

1. Obtener las licencias, permisos y demás autorizaciones de carácter ambiental a que haya lugar.

2. Dar cumplimiento a la normatividad de seguridad y salud del trabajador a que haya lugar.

3. Expedir al generador una certificación indicando que ha concluido la actividad de manejo de residuos o desechos peligrosos para la cual ha sido contratado.

4. Contar con personal que tenga la formación y capacitación para el manejo de los residuos o desechos peligrosos.

5. Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente y personal capacitado para su implementación.

6. Tomar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas al cese, cierre, clausura o desmantelamiento de su actividad con el fin de evitar cualquier episodio de contaminación que pueda representar un riesgo a la salud y al ambiente.

7. Indicar en la publicidad de sus servicios o en las cartas de presentación de la empresa, el tipo de actividad y de residuos peligrosos que está autorizado a manejar.

8. Cumplir con las disposiciones establecidas en el manual para la gestión integral de residuos generados en la atención en salud y otras actividades.

PAR.—Mientras no se haya efectuado y comprobado el aprovechamiento, tratamiento o disposición final de los residuos peligrosos, por parte de la autoridad ambiental competente el gestor o receptor es solidariamente responsable con el generador.

(D. 351/2014, art. 8º)

ART. 2.8.10.9.—Obligaciones de las autoridades del sector salud. Las direcciones departamentales, distritales y locales de salud, efectuarán la inspección, vigilancia y control de la gestión interna de residuos generados en las actividades de que trata el artículo 2.8.10.2 del presente decreto a excepción de su numeral 7º, en relación con los factores de riesgo para la salud humana.

Las direcciones departamentales, distritales y locales de salud que durante sus actividades de inspección, vigilancia y control de la gestión integral, encuentren incumplimiento de las disposiciones sanitarias en materia de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades, deberán adoptar las medidas a que haya lugar. Lo anterior sin perjuicio de las acciones pertinentes por parte de las autoridades ambientales competentes en relación con los factores de riesgo al ambiente.

PAR. 1º—Las secretarías de salud departamentales, municipales y/o distritales, según sea el caso, con base en los informes presentados por los generadores, realizarán la consolidación y el respectivo reporte de la información sobre la gestión de residuos en sus áreas de jurisdicción cada año a la dirección de promoción y prevención del Ministerio de Salud y Protección Social o la que haga sus veces.

PAR. 2º—El informe remitido por la dirección departamental de salud deberá incluir la información de los municipios de categoría especial 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y presentarlo dentro del primer trimestre del año siguiente ante la dirección de promoción y prevención del Ministerio de Salud y Protección Social o el que haga sus veces.

PAR. 3º—De acuerdo con las competencias relacionadas con las actividades de inspección, vigilancia y control en plantas de beneficio animal establecidas en la Ley 1122 de 2007 y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, efectuará la inspección, vigilancia y control de la gestión interna de los residuos generados en las plantas de beneficio animal y presentará un informe consolidado anual dentro del primer trimestre del año siguiente ante la dirección de promoción y prevención del Ministerio de Salud y Protección Social o el que haga sus veces.

PAR. 4º—Para otorgar el certificado de cumplimiento de las condiciones del sistema único de habilitación de los servicios de salud, la autoridad sanitaria competente deberá verificar el cumplimiento de lo establecido en este título.

PAR. 5º—Las secretarías de salud departamentales, municipales y/o distritales, según sea el caso, deberán mantener actualizado el censo de los establecimientos generadores de residuos sujetos al ámbito de aplicación del presente título.

(D. 351/2014, art. 9º)

ART. 2.8.10.10.—Obligaciones de las autoridades ambientales. Las autoridades ambientales ejercerán la inspección, vigilancia y control de la gestión externa en el marco de la gestión integral de los residuos generados en las actividades de salud y otras actividades en relación con las autorizaciones ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Lo anterior sin perjuicio de las acciones a que haya lugar por parte de las autoridades del sector salud en relación con los factores de riesgo para la salud humana.

(D. 351/2014, art. 10)

ART. 2.8.10.11.—Obligaciones de las autoridades de tránsito y transporte. Las autoridades de tránsito y transporte cumplirán las obligaciones establecidas en el artículo 2.2.1.7.8.3.1 del Decreto Único 1079 de 2015, Reglamentario del Sector Transporte, o la norma que lo modifique o sustituya.

En cuanto al transporte férreo y fluvial, este se realizará conforme a la normativa que establezca el Ministerio de Transporte o sus entidades adscritas. Para el transporte marítimo, este se realizará de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Transporte y la Dirección General Marítima Portuaria, Dimar; en el caso del transporte aéreo, este se regirá por los lineamientos de la Unidad Administrativa especial de Aeronáutica Civil, Aerocivil, especialmente lo establecido en el Reglamento Aeronáutico de Colombia en la parte décima correspondiente al transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea.

PAR.—Hasta tanto el Ministerio de Transporte o sus entidades adscritas no hayan establecido las normas correspondientes para cada uno de los modos de transporte mencionados en el presente artículo, se podrán utilizar los reglamentos técnicos establecidos por Naciones Unidas o sus organismos adscritos.

(D. 351/2014, art. 11)

ART. 2.8.10.12.—Tratamiento de residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso. En el manual para la gestión integral de residuos generados en los servicios de salud y otras actividades se establecerán los procedimientos y requisitos que se deben tener en cuenta al momento de realizar el tratamiento de los residuos con riesgo biológico o infeccioso, con el fin de garantizar la desactivación o eliminar la característica de peligrosidad, evitando la proliferación de microorganismos patógenos.

(D. 351/2014, art. 12)

ART. 2.8.10.13.—Residuos radiactivos. El manejo de residuos radiactivos deberán sujetarse a la normativa vigente, en especial la expedida por el Ministerio de Minas y Energía o quien haga sus veces.

(D. 351/2014, art. 13)

ART. 2.8.10.14.—Otros residuos o desechos peligrosos. El manejo de los residuos peligrosos distintos a los señalados en el presente capítulo se realizará de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

(D. 351/2014, art. 14)

ART. 2.8.10.15.—Obligaciones. Para efectos del presente título se contemplan las siguientes obligaciones:

1. Abstenerse de disponer los desechos o residuos generados en la atención en salud y otras actividades en vías, suelos, humedales, parques, cuerpos de agua o en cualquier otro sitio no autorizado.

2. No quemar a cielo abierto los desechos o residuos generados en la atención en salud y otras actividades.

3. Abstenerse de transportar residuos peligrosos en vehículos de servicio público de transporte de pasajeros.

(D. 351/2014, art. 15)

ART. 2.8.10.16.—Régimen sancionatorio. En caso de violación de las disposiciones ambientales contempladas en el presente título, las autoridades ambientales competentes impondrán las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar, de conformidad con lo consagrado en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la modifique, adicione o sustituya.

En caso de violación de las disposiciones sanitarias contempladas en el presente título, las autoridades sanitarias competentes impondrán las medidas sanitarias de seguridad y las sanciones a que haya lugar, de conformidad con lo consagrado en la Ley 9ª de 1979, o la norma que la modifique, adicione o sustituya.

En caso de violación a las normas de tránsito y transporte contempladas en el presente título, las autoridades de tránsito y transporte competentes impondrán las medidas y sanciones a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en la Ley 336 de 1996 o la norma que la modifique, adicione o sustituya.

Lo anterior, sin perjuicio de las medidas preventivas y sancionatorias que puedan imponer otras autoridades.

(D. 351/2014, art. 16)

ART. 2.8.10.17.—Régimen de transición. Mientras se expide el manual para la gestión integral de residuos generados en la atención en salud y otras actividades, seguirá vigente el manual de procedimientos para la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares adoptado mediante la Resolución 1164 de 2002 expedida por los ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de Salud y Protección Social.

(D. 351/2014, art. 17)

TÍTULO 11

Cannabis

(Nota: El presente título fue subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

CAPÍTULO 1

Disposiciones generales de las licencias

(Nota: Subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.11.1.1.—Objeto. El presente título tiene por objeto reglamentar el cultivo de plantas de cannabis, la autorización de la posesión de semillas para siembra de cannabis, el control de las áreas de cultivo, así como los procesos de producción y fabricación, exportación, importación y uso de estas y sus derivados destinados a fines estrictamente médicos y científicos.

PAR. 1º—Sin perjuicio de lo establecido en la presente regulación, el cultivo de plantas de cannabis, la posesión de semillas para siembra de plantas cannabis, así como los procesos de producción y fabricación, exportación, importación, uso, distribución y comercio de los derivados de cannabis, deberán sujetarse a las normas vigentes o a las que para el efecto expida la respectiva autoridad.

PAR. 2º—Los productos derivados del cannabis a los que se refiere el presente título no podrán ser suministrados en los tratamientos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico que se prescriban a las personas adictas a sustancias estupefacientes o sicotrópicas, en los términos de lo dispuesto en el Acto Legislativo 02 de 2009, salvo que por disposición legal así lo autorice.

(D. 2467/2015, art. 1º)

(Nota: Subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.11.1.2.—Ámbito de aplicación. Al presente título se sujetarán las personas jurídicas y naturales de nacionalidad colombiana, o extranjera con domicilio en el país, que adelanten alguna de las actividades referidas en el objeto del mismo.

(D. 2467/2015, art. 2º)

(Nota: Subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.11.1.3.—Definiciones. Para efectos del presente título se adoptan las siguientes definiciones:

Actividades de investigación y desarrollo: actividades que están centradas principalmente en la investigación de las plantas de cannabis y desarrollo de derivados y procesos relacionados.

Área de cultivo: inmueble o conjunto de inmuebles autorizados por el CNE para el cultivo de semillas para siembra y plantas de cannabis. El área de cultivo deberá cumplir con los requisitos de seguridad contemplados en el presente título, sin perjuicio de la regulación que para el control de tales áreas expida el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social y el CNE.

Área de producción y fabricación: inmueble o conjunto de inmuebles autorizados por el Ministerio de Salud y Protección Social para la ejecución de actividades de transformación de cannabis, producción y fabricación de derivados, su embalaje, almacenamiento y centro de distribución y exportación.

Autocultivo: actividad que da lugar a una pluralidad de plantas de cannabis en número no superior a veinte (20) unidades, de las que pueden extraerse estupefacientes o psicotrópicos y que se destina exclusivamente al uso personal, para lo cual no se requerirá licencia de cultivo.

Cannabis: sumidades, floridas o con fruto de la planta de cannabis cuyo contenido de tetrahidrocannabinol (THC) es igualo superior al 1% en peso.

Cannabis no psicoactivo: sumidades, floridas o con fruto de la planta de cannabis cuyo contenido de tetrahidrocannabinol (THC) es inferior a 1% en peso.

Cosecha: producto de una explotación agrícola o cultivo. Así mismo, para efectos del presente título entiéndase como cosecha la separación del cannabis de las plantas de que se obtiene.

Cultivo: actividad destinada al desarrollo de una plantación en los términos descritos en el literal ñ) del artículo 2º de la Ley 30 de 1986. Para efectos del presente decreto el cultivo comprenderá desde la actividad de siembra hasta la cosecha.

Derivados de plantas de cannabis o derivados: resina, tintura, extractos y preparados obtenidos a partir del cannabis.

Estupefaciente: cualquiera de las sustancias, naturales o sintéticas que figuran en las listas I y II de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes enmendada por su protocolo de modificaciones de 1972, y que haya sido catalogada como tal en los convenios internacionales y adoptada por la legislación colombiana.

Exportación Legal: exportación por parte de un licenciatario de una licencia de exportación a cualquier entidad existente y constituida en una jurisdicción diferente a Colombia, legalmente habilitada y autorizada bajo la ley aplicable para importar derivados de cannabis.

Fuente semillera: cultivo destinado exclusivamente a la producción de semillas para siembra de planta de cannabis. Esta definición solo podrá ser aplicable al presente título por un término perentorio de un (1) año contado a partir del 22 de diciembre de 2015.

Licencia de cultivo: acto administrativo mediante el cual el CNE con el lleno de los requisitos señalados en este título, autoriza al solicitante a la disposición de un área de cultivo y a adelantar las actividades de cultivo de plantas de cannabis hasta la disposición final de su cosecha, con destino a quien disponga de una licencia de producción y fabricación. En todos los casos el licenciatario deberá demostrar que la destinación de las plantas objeto de la licencia de cultivo será para fines médicos y científicos previo proceso de transformación.

Licencia de producción y fabricación: acto administrativo mediante el cual el Ministerio de Salud y Protección Social, MSPS, con el lleno de los requisitos señalados en este título, autoriza a un solicitante permiso para la transformación de cannabis para fines médicos y científicos.

Licencia de exportación: acto administrativo mediante el cual el Ministerio de Salud y Protección Social, MSPS, con el lleno de los requisitos señalados en este título, autoriza a un licenciatario la exportación de derivados de cannabis obtenidos a través de los procesos de transformación debidamente licenciados. En ningún caso la licencia de exportación incluirá la salida del país del cannabis.

Licencia de posesión de semillas: acto administrativo mediante el cual el CNE, con el lleno de los requisitos señalados en este decreto, autoriza al solicitante la posesión de semillas para siembra de plantas de cannabis, que comprende desde su adquisición hasta su disposición final para fines médicos y científicos.

Material vegetal micropropagado: individuos botánicos con destino al establecimiento de cultivos, provenientes de un órgano reproductivo asexual.

Plan de cultivo: documento que deberá presentar el solicitante o licenciatario de una licencia de cultivo al CNE o a quien este designe, el cual deberá contener el cronograma de trabajo, el organigrama de la persona solicitante en el cual se señalen las responsabilidades y labores de cada uno de los empleados y/o contratistas que estarán involucrados en la etapa de cultivo y el monto de las inversiones requeridas para la ejecución de las actividades de cultivo. También deberá especificar: (i) los procedimientos agrícolas que serán implementados en el área de cultivo; (ii) un estimado de la cantidad de semillas para siembra y de plantas de cannabis que serán cultivadas en el área de cultivo para generar productos de cannabis y derivados, en el que se determine la calidad e idoneidad de las semillas para siembra que serán utilizadas para el cultivo y su lugar de origen, así como características específicas de la planta (porcentaje de THC, variedad, origen, entre otros); y (iii) protocolo para realizar control del contenido de metabolitos sometidos a fiscalización, en sus plantas y productos, de acuerdo con las metodologías y parámetros que establezca el CNE y remitir dicho protocolo para su verificación.

Para la solicitud de la licencia de cultivo por primera vez el plan de cultivo deberá proyectarse por el término de un año, una vez otorgada la licencia, el licenciatario deberá presentarle al CNE cualquier modificación que realice al plan de cultivo.

Plan de exportaciones: documento que deberá contar al menos con la identificación de los países potenciales importadores legales de los productos derivados de cannabis, las entidades a través de las cuales se canalizarán dichas importaciones y la normatividad aplicable a las mismas, así como el formato o minuta de los contratos a través de los cuales se transfiere la propiedad de los derivados del cannabis en cuyo clausulado se incluya disposiciones tendientes a garantizar que el uso del producto a exportar exclusivamente para fines médicos y/o científicos.

Para la solicitud de la licencia de exportaciones por primera vez, el plan de exportaciones deberá proyectarse por el término de un año. Una vez otorgada la licencia, el licenciatario deberá presentarle al Ministerio de Salud y la Protección Social cualquier modificación que realice al plan de exportaciones.

Plan de producción y fabricación: documento que deberá presentar el licenciatario de una licencia de producción y fabricación al MSPS, el cual deberá́ contener el cronograma de trabajo, el organigrama del solicitante en el cual se señalen las responsabilidades y labores de cada uno de los empleados y/o contratistas que estarán involucrados en la etapa de transformación de semillas y plantas de cannabis y la fabricación de derivados de cannabis y el monto de las inversiones necesarias para la ejecución de dichas actividades. También deberá especificar: (i) los procedimientos de transformación y producción y de control de calidad que serán implementados en el área de producción y fabricación para la transformación de cannabis y la fabricación de derivados de cannabis; (ii) el volumen de exportaciones de productos derivados de cannabis, (iii) un estimativo de la cantidad y calidad del cannabis que se empleará y (iv) el certificado de que el cannabis empleado proviene de quien dispone de la licencia respectiva.

Para la solicitud de la licencia de producción y fabricación por primera vez, el plan respectivo deberá proyectarse por el término de un año. Una vez otorgada la licencia, el licenciatario deberá presentarle al Ministerio de Salud y la Protección Social cualquier modificación que realice al plan de producción y fabricación.

Planta de cannabis: toda planta del generó cannabis que incluye tres especies diferentes: (i) cannabis sativa, (ii) cannabis indica y (iii) cannabis ruderalis, y sus híbridos.

Plántulas: individuos botánicos con destino al establecimiento de cultivos provenientes de un órgano reproductivo sexual o asexual.

Protocolo de seguridad: reglas y procedimientos de seguridad establecidos en el presente título y que se deberán cumplir durante la vigencia de cada una de las respectivas licencias.

Proveedor de semillas para siembra: persona debidamente autorizada por el CNE mediante licencia de posesión de semillas, para la transferencia de semillas a cualquier título para siembra plantas de cannabis para fines médicos y científicos.

Semilla(s): óvulo fecundado y maduro o cualquier otra parte vegetativa de las plantas de cannabis, que se use o pretenda ser usado para la siembra y/o propagación de las mismas.

Semillas para siembra: semillas para siembra, las semillas, material vegetal micropropagado y plántulas o plantas de vivero.

Transformación: obtener un derivado a partir del cannabis.

(D. 2467/2015, art. 3º)

(Nota: Subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.11.1.4.—Actividad agroindustrial y política sanitaria. En todos los casos, los procesos contemplados en el presente título deberán cumplir con el conjunto de elementos propios de una actividad agroindustrial dirigidos a salvaguardar la vida, la salud humana y el medio ambiente, en el marco de la política sanitaria vigente.

(D. 2467/2015, art. 4º)

(Nota: Subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

CAPÍTULO 2

Condiciones generales de las licencias

(Nota: Subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.11.2.1.—Solicitud de licencias. Para obtener licencia de posesión de semillas para siembra de plantas de cannabis, licencia de cultivo de plantas de cannabis, licencia de producción y fabricación de derivados de cannabis y licencia de exportación de derivados de cannabis para usos estrictamente médicos y/o científicos, además de lo previsto en este decreto para cada licencia, el solicitante deberá presentar ante el CNE o el Ministerio de Salud y Protección Social, según corresponda, los documentos que acrediten los siguientes requisitos:

1. Documento de identificación o certificado existencia y representación legal del solicitante, este último expedido con máximo cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de radicación de la solicitud, y copia de los estatutos vigentes.

2. Protocolo de seguridad.

3. El plan de cultivo, de producción y fabricación y de exportaciones, según el caso. Estos planes deberán reflejar que las actividades corresponden a usos exclusivamente médicos o científicos.

4. Los protocolos establecidos de conformidad con leyes antilavado de activos con el fin de verificar la identidad de sus inversiones y la legalidad de la fuente de los ingresos que serán invertidos.

5. Un documento de carácter vinculante suscrito por el solicitante o el representante legal del solicitante, en el cual se indique el valor de las inversiones y los compromisos que en materia social implementará durante la vigencia de la licencia, bien sea directamente a través del establecimiento de una entidad sin ánimo de lucro en Colombia o asociándose con una entidad legalmente constituida y existente en Colombia.

6. Proponer la vinculación de un porcentaje de trabajadores habitantes de la región en el cual se establecerá́ mediante el, procedimiento que para el efecto expida el CNE o el Ministerio de Salud y Protección Social, según corresponda.

7. Presentar las pólizas de seguros que amparen los riesgos de cumplimiento, responsabilidad civil extracontractual y daños ambientales.

En cada trámite de solicitud de licencia, la autoridad licenciante deberá verificar en las bases de datos de las autoridades competentes que el solicitante o su representante legal no tiene antecedentes penales en Colombia o en cualquier otro Estado por delitos de tráfico de estupefacientes y conexos.

El Ministerio de Salud y Protección Social, el CNE o la autoridad que este designe podrán requerir información adicional a la presentada para determinar el cumplimiento de los presupuestos previamente descritos, en el marco de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015, o la norma que lo modifique.

(D. 2467/2015, art. 5º)

(Nota: Subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.11.2.2.—Otorgamiento de licencias. A partir de la fecha de radicación de la solicitud, o de sus aclaraciones, el CNE o el Ministerio de Salud y Protección Social, según corresponda, contarán con un plazo máximo de treinta (30) días hábiles para dar respuesta a la solicitud de la respectiva licencia, aceptándola o negándola mediante acto administrativo debidamente motivado.

Las licencias no tendrán un plazo de vigencia. Sin embargo, en cualquier momento el CNE o el Ministerio Salud y Protección Social podrán declarar la configuración de las condiciones resolutorias de las licencias mediante acto administrativo debidamente motivado de conformidad con lo establecido en el artículo 2.8.11.2.4 del presente decreto.

(D. 2467/2015, art. 6º)

(Nota: Subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.11.2.3.—Denegación de licencias. El CNE o el Ministerio de Salud y Protección Social podrán negar las solicitudes de licencias, por una o varias de las siguientes causales:

1. Porque el solicitante no ha presentado de forma completa y oportuna los documentos previstos en este decreto, en los términos del artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo;

2. Porque la situación de orden público no está garantizada, previo concepto de la autoridad competente, y/o las condiciones de seguridad no cumplen los estándares y requisitos mínimos contemplados en el presente título;

3. Porque el solicitante o su representante legal han sido declarados responsables penalmente por delitos de tráfico de estupefacientes y conexos;

4. Porque las pólizas de seguros que amparen los riesgos de cumplimiento, responsabilidad civil extracontractual y daños ambientales, no se encuentren vigentes o no son suficientes.

5. Porque el solicitante, su representante legal y/o administradores ha(n) presentado información falsa o engañosa, o documentos falsos o engañosos;

6. Porque el protocolo de seguridad es insuficiente.

7. Porque el sistema de disposición de desechos presentado por el solicitante de una licencia de cultivo o de producción y fabricación no cumple con los requisitos contemplados en el artículo 2.8.11.3.3.5 del presente decreto.

(D. 2467/2015, art. 7º)

(Nota: Subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.11.2.4.—Condiciones resolutorias de las licencias. Previa observancia del debido proceso, el CNE o el Ministerio de Salud y Protección Social podrán mediante acto administrativo motivado declarar la configuración de las condiciones resolutorias de las licencias por las causales previstas en este título para cada una de ellas y además:

1. Por no haber presentado el plan de licencia requerido, cuando se hayan hecho modificaciones al inicialmente presentado.

2. Por no haber dado cumplimiento al protocolo de seguridad o a las reglas de seguridad establecidas en el presente título.

3. Por haber verificado que el licenciatario ha sido declarado responsable penalmente por delitos de tráfico de estupefacientes y conexos después de haberse expedido la respectiva licencia.

4. Por dar una destinación o uso a los productos objeto de la licencia diferente al autorizado, o realizar actividades no contempladas en la misma.

5. Por el incumplimiento o la no ejecución de los compromisos que en materia social se obligó a implementar el licenciatario.

6. Por el incumplimiento de los deberes establecidos en el artículo 2.8.11.6.8 del presente decreto.

(D. 2467/2015, art. 8º)

(Nota: Subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.11.2.6.(sic)—Término para la renuncia de la licencia. En cualquier momento de ejecución de la licencia se podrá renunciar a la misma, dando aviso previo al CNE o el Ministerio de Salud y Protección Social, según su competencia, entidades que aprobarála renuncia y revocarála licencia una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos para el desmonte respectivo.

(D. 2467/2015, art. 9º)

(Nota: Subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

CAPÍTULO 3

Requisitos especiales de las licencias

(Nota: Subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

SECCIÓN 1

Licencia de posesión de semillas para siembra

(Nota: Subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.11.3.1.1.—Solicitud de licencia de posesión de semillas. Para obtener una licencia de posesión de semillas para siembra de plantas de cannabis, además de lo previsto en el artículo 2.8.11.2.1 del presente decreto, el solicitante deberá presentar ante el CNE los documentos que acrediten los siguientes requisitos:

1. Un mapa del área de almacenamiento.

2. Indicar si es para siembra propia o para venta o para las dos actividades. Los canales de comercialización usados para venta únicamente serán autorizados o licenciados por el CNE.

3. Las herramientas y equipos básicos para el acondicionamiento de semillas, pre limpieza, limpieza, clasificación, tratamiento de ser necesario y empaque y almacenamiento.

El CNE otorgará licencia de posesión de semillas para siembra de plantas de cannabis, en las cantidades que se determinen de acuerdo con cada una de las solicitudes que se reciban, de conformidad con la regulación que para dichos efectos expida el CNE. En todo caso, el solicitante deberá señalar de manera específica el proveedor de semilla para siembra o su fuente semillera, según corresponda.

PAR.—Si la posesión de semillas para siembra de plantas de cannabis implica la actividad de cultivo, el interesado únicamente deberá solicitar la respectiva licencia de cultivo al CNE.

(D. 2467/2015, art. 10)

(Nota: Subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

SECCIÓN 2

Licencia de cultivo

(Nota: Subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.11.3.2.1.—Solicitud de licencia de cultivo. Para obtener una licencia de cultivo de plantas de cannabis, además de lo previsto en el artículo 2.8.11.2.1 del presente decreto, el solicitante deberá presentar ante el CNE los documentos que acrediten los siguientes requisitos:

1. La descripción del área de cultivo y su extensión en hectáreas.

2. Un mapa del área de cultivo.

3. Los certificados de tradición y libertad del inmueble o inmuebles que conforman el área de cultivo, en los cuales conste que el solicitante es el único propietario de estos predios. Los certificados de tradición y libertad que presente el solicitante deberán ser expedidos con una fecha no superior a cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de radicación de la solicitud de la licencia de cultivo. En el evento en que el solicitante no sea el propietario del inmueble o inmuebles donde se ubique el área de cultivo, deberá anexar junto con su solicitud el título en virtud del cual este adquirió el derecho para adelantar actividades de cultivo en el área de cultivo.

4. El plan de cultivo.

5. La licencia de producción y fabricación, o acreditar que la cosecha se destinará para fines médicos y científicos a través de un productor o fabricante que cuente con la licencia del caso.

6. La inscripción ante el Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social o la entidad que haga sus veces, de acuerdo con lo establecido en los artículos 3º y 20 de la Ley 30 de 1986 y la Resolución 1478 de 2006 del Ministerio de Salud y Protección Social o la norma que la modifique, adicione o sustituya. Si dicho solicitante no va a destinar por sí mismo la cosecha a la producción de cannabis para fines médicos o científicos, deberá acreditar que el adquirente cumple con la inscripción de que trata el presente numeral.

7. La inscripción ante el Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social o la entidad que haga sus veces, de acuerdo con lo establecido en los artículos 3º y 20 de la Ley 30 de 1986 y la Resolución 1478 de 2006 del Ministerio de Salud y Protección Social o la norma que la modifique, adicione o sustituya. Si dicho solicitante no va a destinar por mismo la cosecha a la producción de cannabis para fines médicos o científicos, deberá acreditar que el adquirente cumple con la inscripción de que trata el presente numeral.

PAR.—Las actividades de autocultivo no requieren licencia de cultivo ni sometidas al cumplimiento de la presente reglamentación.

(D. 2467/2015, art. 11)

(Nota: Subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.11.3.2.2.—Requisitos adicionales de la licencia de cultivo para fines de investigación científica. Además de los requisitos establecidos en el artículo 2.8.11.2.1 del presente decreto y los numerales 1º a 7º del artículo anterior, cuando se solicite la licencia de cultivo para fines científicos, deberá presentarse la documentación soporte del proyecto de investigación que estará a cargo de una universidad o de una persona jurídica legalmente constituida en cuyo objeto se prevea la investigación científica.

(D. 2467/2015, art. 12)

(Nota: Subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.11.3.2.3.—Verificación. Dentro de los (6) meses siguientes a la asignación de cupos al licenciatario por parte del CNE este realizará una visita al área de cultivo con el fin de verificar si fueron o no iniciadas las actividades descritas dentro del plan de cultivo para la primera anualidad. En caso de que el licenciatario no haya empezado las labores descritas, deberá dar una explicación fundada de ello al CNE, entidad que posteriormente podrá, entre otras actuaciones, (i) dar un plazo adicional para empezar la ejecución del plan de cultivo y (ii) programar una nueva visita al área de cultivo dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de la primera. Si vencido último plazo, el licenciatario no ha iniciado las actividades descritas dentro del plan de cultivo, el CNE podrá declarar la configuración de la condición resolutoria de la licencia de cultivo, bajo los términos definidos en este título. El CNE podrá adelantar el proceso de verificación en los términos aquí señalados durante cada anualidad de la licencia de cultivo y hasta su terminación.

(D. 2467/2015, art. 13)

(Nota: Subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.11.3.2.4.—Control y seguimiento. Sin previo aviso y cuando lo estimen conveniente, el CNE o la Policía Nacional, de acuerdo con sus competencias, podrán realizar visitas esporádicas al predio o predios donde se desarrolle el área de cultivo, con el fin de verificar la situación de orden público del municipio(s) donde se localiza el área de cultivo, el cumplimiento de las reglas de seguridad establecidas en el presente título y las condiciones en que dicha área, así como las semillas para siembra y las plantas de cannabis son mantenidas, protegidas y separadas de los predios colindantes y de peligros externos y en general, para la verificación del cumplimiento de los parámetros sobre los cuales la licencia fue otorgada. De estas visitas se desarrollará un informe que deberá ser entregado al CNE.

Si el CNE considera que las condiciones seguridad del área de cultivo no cumplen con los estándares y requisitos mínimos contemplados en el presente título, procederá a declarar la configuración de la condición resolutoria de la licencia de cultivo, bajo los términos que en este decreto se establecen.

(D. 2467/2015, art. 14)

(Nota: Subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.11.3.2.5.—Condiciones resolutorias de la licencia de cultivo. El CNE podrá mediante resolución motivada declarar la configuración de condiciones resolutorias de la licencia de cultivo por alguna de las causales previstas en el artículo 8º y además:

1. Si transcurridos seis (6) meses a partir de la asignación de cupos por parte del CNE no se han iniciado las actividades dispuestas en el plan de cultivo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.8.11.3.2.3 del presente decreto;

2. Si después de una visita de control y seguimiento considera que las condiciones de seguridad del área de cultivo no cumplen los estándares y requisitos mínimos contemplados en el presente título;

3. En caso de verificar que el licenciatario estáadelantando actividades de transformación provenientes de plantas de cannabis de autocultivos.

4. Si se evidencia el incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en el presente título y/o de los parámetros sobre los cuales fue otorgada la licencia.

PAR.—Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la ejecutoria del acto administrativo que declare la configuración de una o varias de las condiciones resolutorias de la licencia de cultivo, el licenciatario deberá destruir, con sujeción a la normativa ambiental vigente, todas las semillas para siembra y plantas de cannabis que mantenga hasta esa fecha en el área de cultivo, con el acompañamiento de la dirección antinarcóticos de la Policía Nacional, de acuerdo con sus competencias.

(D. 2467/2015, art. 15)

(Nota: Subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.11.3.2.6.—Centro de acopio. Obtenida la cosecha de las plantas de cannabis, el titular de la licencia de cultivo deberá disponer de un centro de acopio adecuado para el almacenamiento del material vegetal. El centro de acopio podrá estar ubicado en el área de producción y fabricación.

(D. 2467/2015, art. 16)

(Nota: Subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.11.3.2.7.—Prohibición de la destinación de autocultivo. Ni las plantas de cannabis provenientes de autocultivo, ni los derivados o semillas para siembra obtenidos a partir de ellos podrán comercializarse o transformase para su venta, distribución o entrega a terceros, bajo ningún título.

(D. 2467/2015, art. 17)

(Nota: Subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.11.3.2.8.—Destrucción de semillas para siembra, cultivos y/o cosechas. Los titulares de las licencias procederán a la destrucción de las semillas para siembra, cultivos y/o cosechas de plantas de cannabis, con sujeción a la normativa ambiental vigente, cuando circunstancias sobrevinientes impidan su utilización en todo o en parte, bajo la supervisión de la dirección de antinarcóticos de la Policía Nacional, de acuerdo con sus competencias. De la actuación se levantaráel acta respectiva.

(D. 2467/2015, art. 18)

(Nota: Subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.11.3.2.9.—Prohibición sobre plantaciones preexistentes. No podrá otorgarse licencia de cultivo sobre plantaciones de cannabis preexistentes.

(D. 2467/2015, art. 19)

(Nota: Subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.11.3.2.10.—Cultivos que no requieren licencia. El cultivo de plantas de cannabis que no dé lugar a la obtención de derivados, porque se trate de variedades de cannabis no psicoactivo, no requerirá licencia por parte del CNE o del Ministerio de Salud y Protección Social. En esos casos el interesado deberá registrarse en el mecanismo de información de licencias y presentar los soportes que comprueben tal condición, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.8.11.6.6 del presente decreto.

Los interesados podrán ser objeto de seguimiento y control en los términos expuestos en el presente título.

(D. 2467/2015, art. 20)

(Nota: Subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.11.3.2.11.—Cupos anuales de cultivo. Los cupos anuales de cultivo de cannabis se sujetarán a las disposiciones de la Convención única de estupefacientes de 1961 y los otorgará el CNE a los sujetos que cobija el ámbito de aplicación del presente título mediante acto administrativo, previa aprobación por parte de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, en adelante, JIFE.

Los titulares de licencia solicitarán los cupos anuales de producción conforme a los formatos y requerimientos que establezca el CNE en la reglamentación, entre estos, los compromisos de compra de la cosecha por parte de los licenciatarios de producción y fabricación para fines médicos o científicos o sus preparados, y su otorgamiento no podrá superar los cupos otorgados al país por los organismos internacionales. En todo caso el CNE podrá limitar el tamaño de los cupos que otorgue a los titulares de las licencias.

(D. 2467/2015, art. 21)

(Nota: Subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

SECCIÓN 3

Licencia de producción y fabricación

(Nota: Subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.11.3.3.1.—Solicitud de licencia de producción y fabricación. Para obtener una licencia de producción y fabricación de derivados de cannabis, además de lo previsto en el artículo 2.8.11.2.1 del presente decreto el solicitante deberá presentar ante el Ministerio de Salud y Protección Social, los documentos que acrediten los siguientes requisitos.

1. La descripción del área de producción y de fabricación y su extensión en hectáreas.

2. Un mapa del área de producción y fabricación.

3. Los certificados de tradición y libertad del inmueble o inmuebles que conforman el área de producción y fabricación, en los cuales conste que el solicitante es el único propietario estos predios. Los certificados de tradición y libertad que presente el solicitante deberán ser expedidos con una fecha no superior a cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de radicación de la solicitud de la licencia de fabricación. En el evento en que el solicitante no sea el propietario del inmueble o inmuebles donde se ubique el área de producción y fabricación, deberá anexar junto con su solicitud el título en virtud del cual el solicitante adquirió el derecho para adelantar actividades de transformación en el área de producción y fabricación.

4. El plan de producción y fabricación.

5. Un documento que contemple el sistema de disposición de desechos que se ajuste y cumpla con lo dispuesto en el artículo 2.8.11.3.3.5 del presente decreto.

6. La inscripción ante el Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social o la entidad que haga sus veces de acuerdo con lo establecido en los artículos 3º y 20 de la Ley 30 de 1986 y la Resolución 1478 de 2006 del Ministerio de Salud y Protección Social o la norma que la modifique, adicione o sustituya. Si dicho solicitante no va a destinar por sí mismo el cannabis a la comercialización o exportación para fines médicos o científicos, deberá acreditar que el adquirente cumple con la inscripción de que trata el presente numeral.

(D. 2467/2015, art. 22)

(Nota: Subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.11.3.3.2.—Buenas prácticas. El licenciatario deberá cumplir las buenas prácticas manufactura, de laboratorio y todas aquellas previstas en la normativa vigente que les sean aplicables a las actividades autorizadas.

(D. 2467/2015, art. 23)

(Nota: Subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.11.3.3.3.—Control y seguimiento. Sin previo aviso y cuando lo estime conveniente, el Ministerio de Salud y Protección Social, así como la Policía Nacional, de acuerdo con sus competencias, podrán realizar visitas esporádicas al predio o predios donde se ubique área de producción y fabricación, con el fin de verificar la situación de orden público del municipio(s) donde se localiza el área de producción y fabricación, y las condiciones en que los derivados son almacenados, protegidos y asegurados. De estas visitas se desarrollará un informe por parte de la autoridad competente.

Si el ministerio considera que las condiciones de seguridad del área de producción y fabricación no, cumplen con los estándares y requisitos mínimos contemplados en el presente decreto, procederá a declarar la configuración de la condición resolutoria de la licencia de producción y fabricación, bajo los términos que en este título se establecen.

Dentro de los dos (2) años siguientes a la ejecutoria del acto administrativo que haya otorgado la licencia de producción y fabricación, el Ministerio de Salud y Protección Social realizará una visita al área de producción y fabricación, con el fin de verificar si fueron o no iniciadas las actividades descritas en el plan de producción y fabricación. En caso que el licenciatario no haya empezado las labores descritas, deberá dar una explicación fundada de ello al ministerio, entidad que posteriormente podrá, entre otras actuaciones, (i) dar un plazo adicional para empezar la ejecución del plan de producción y fabricación y (ii) programar una nueva visita al área de producción y fabricación, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de la primera. Si vencido este último plazo, el licenciatario no ha iniciado las actividades descritas dentro del plan de producción y fabricación, el Ministerio de Salud y Protección Social podrá declarar la configuración de la condición resolutoria de la licencia de producción y fabricación, bajo los términos definidos en este título.

(D. 2467/2015, art. 24)

(Nota: Subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.11.3.3.4.—Condiciones resolutorias de la licencia de producción y fabricación. El Ministerio de Salud y Protección Social podrá mediante resolución motivada declarar la configuración de condiciones resolutorias de la licencia de producción y fabricación por alguna de las causales previstas en el artículo 2.8.11.2.4 del presente decreto y además:

1. Si transcurridos dos (2) años a partir de su ejecutoria no se han iniciado las actividades dispuestas en el plan de producción y fabricación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.8.11.3.3.3 del presente decreto.

2. En caso de verificar que el licenciatario estárealizando actividades de transformación con plantas provenientes de autocultivos.

3. Si después de una visita de control y seguimiento considera que el licenciatario no cumple con las disposiciones sobre buenas prácticas.

PAR.—Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria del acto administrativo que declare la configuración de una o varias de las condiciones resolutorias de la licencia de producción y fabricación, el licenciatario deberá destruir todo el cannabis que mantenga hasta esa fecha en el área de producción y fabricación, así como los derivados que mantenga en dichas áreas con el acompañamiento de la dirección de antinarcóticos de la Policía Nacional, de acuerdo con sus competencias.

(D. 2467/2015, art. 25)

(Nota: Subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.11.3.3.5.—Disposición de desechos. Si el titular de la licencia de producción y fabricación cuenta con licencia de cultivo, el cannabis que no sea transformado podrá ser reciclado y reutilizado dentro del área de cultivo del licenciatario, para compostaje y/o como fuente de fertilización natural de suelos.

Todo el cannabis no reciclado y/o reutilizado conforme a lo establecido en el presente artículo y cualesquiera otros productos derivados generados durante las operaciones de cultivo, cepellones luego de la cosecha, investigación y desarrollo, desechos microbiológicos, cultivo de tejidos y extracción y residuos del sistema de reciclaje de agua deben ser incinerados por el licenciatario de acuerdo con la normativa ambiental vigente, con el acompañamiento de la dirección de antinarcóticos de la Policía Nacional, en el marco de sus competencias.

(D. 2467/2015, art. 26)

(Nota: Subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

SECCIÓN 4

Licencia de exportación de derivados de cannabis

(Nota: Subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.11.3.4.1.—Solicitud de licencia de exportación. Para obtener una licencia de exportación de derivados de cannabis para usos estrictamente médicos o científicos, el solicitante deberá presentar ante el Ministerio de Salud y Protección Social, además de la inscripción de que trata la Resolución 1478 de 2006, los documentos que acrediten los requisitos enunciados en el artículo 2.8.11.2.1 del presente decreto.

PAR.—Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la ejecutoria del acto administrativo que declare la configuración de las condiciones resolutorias de la licencia de exportación el licenciatario podrá comercializar en el territorio nacional los productos derivados del cannabis, siempre y cuando cumpla con la totalidad de los requisitos exigidos por la normativa aplicable a la materia. Transcurrido dicho plazo se deberá proceder a la destrucción de los productos sobrantes de conformidad con las disposiciones ambientales, con el acompañamiento de la dirección de antinarcóticos de la Policía Nacional, en el marco de sus competencias.

(D. 2467/2015, art. 27)

(Nota: Subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

CAPÍTULO 4

Comité técnico

(Nota: Subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.11.4.1.—Objeto del comité técnico. Para el debido cumplimiento de sus funciones, el CNE conformará un comité técnico que tendrá por objeto realizar análisis de las solicitudes de licencias de posesión de semillas para siembra y licencias para cultivos de plantas de cannabis con fines estrictamente médicos y/o científicos. El comité técnico emitirá un concepto de viabilidad respecto de tales solicitudes, de conformidad con las funciones y disposiciones que se establezcan en la regulación que emita el CNE.

El comité técnico del CNE realizará la evaluación de las necesidades médicas y científicas del país, la información aportada por los titulares de las licencias, las estadísticas nacionales de producción, venta, uso, importación y exportación de plantas de cannabis y tramitará ante la JIFE los respectivos formularios.

(D. 2467/2015, art. 28)

(Nota: Subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.11.4.2.—Integración. El comité técnico estará integrado por un delegado de cada uno de los miembros del CNE, un delegado del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y un delegado del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. Podrán asistir como invitados al comité, las personas que por su experiencia competencia o conocimiento sean requeridos por la secretaría técnica del CNE para ilustrar el tema.

(D. 2467/2015, art. 29)

(Nota: Subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

CAPÍTULO 5

Seguridad

(Nota: Subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.11.5.1.—Seguridad área de cultivo y área de producción y fabricación. El área de cultivo y el área de producción y fabricación deberán cumplir con las siguientes condiciones:

1. Seguridad general.

(i) El perímetro del área de cultivo y del área de producción y fabricación debe adecuarse con una barrera física para impedir el acceso a personas no autorizadas por licenciatario.

(ii) Debe haber solamente un punto de entrada para vehículos, personal y visitantes.

(iii) Las entradas internas deben estar equipadas con puertas que reúnan estándares comerciales, marcos y mecanismos de cierre que den suficiente resistencia para impedir el acceso no autorizado.

(iv) Todas las aperturas, ductos y conductos de paso mecánico/eléctricos deben estar protegidos con material de seguridad.

(v) Debe haber señales externas e internas que muestren que el acceso no autorizado estáprohibido.

(vi) Debe haber una empresa de vigilancia contratada para garantizar la seguridad del área de cultivo y el área de producción y fabricación los siete días de la semana, las veinticuatro horas día.

(vii) Debe tener contratada una empresa de auditoría que revise los inventarios para verificar el uso y destino autorizados de las semillas y plantas de cannabis.

2. Edificaciones.

(i) Las estructuras de los edificios deben ser construidas usando materiales que resistan la entrada forzada, y deben ser aseguradas con dispositivos de cierre en todas ventanas, puertas y cercas.

(ii) La integridad de tales estructuras debe ser mantenida por medio de inspección periódica y/o reparación.

3. Monitoreo y detección.

(i) Deben instalarse cámaras de circuito cerrado de televisión que operen todos los días, las veinticuatro horas y en todo el perímetro del área de cultivo y el área producción y fabricación.

(ii) Debe instalarse un sistema de detección de intrusos.

(iii) El personal entrenado debe estar preparado para reaccionar de manera efectiva ante cualquier detección de acceso no autorizado o ante la presentación de incidentes de seguridad.

4. Control de acceso.

(i) Debe instalarse tecnología de control de acceso adecuada y deben adoptarse medidas apropiadas para restringir el acceso e identificar apropiadamente a todas las personas que entre o salga del perímetro del área de cultivo y del área producción y fabricación.

(ii) Debe haber controles apropiados la expedición de candados, llaves y códigos de acceso.

(iii) El acceso a las áreas seguras debe estar restringido a personas cuya presencia en el área es requerida dadas sus responsabilidades laborales. Un miembro responsable de personal debe acompañar a los visitantes autorizados.

(iv) Debe tomarse un registro de la identidad de toda persona que entre o salga del área de cultivo y del área de producción y fabricación.

5. Suministro de energía eléctrica.

(i) En caso de falla en el suministro de energía eléctrica o manipulación del sistema de energía, debe estar disponible para efectos de asegurar la integridad de todos los sistemas, un suministro de energía ininterrumpido alterno suficiente.

(ii) Un plan respuesta debe estar en el lugar en caso de interrupción de energía, incluyendo reportes de incidentes y restablecimiento del servicio de energía.

6. Adicionalmente, se deberán aplicar los requerimientos que las autoridades encargadas de expedir las licencias estipulen en manuales y guías con el fin de garantizar los estándares de seguridad.

(D. 2467/2015, art. 30)

(Nota: Subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

CAPÍTULO 6

Sistema de verificación y control

(Nota: Subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.11.6.1.—Objeto del sistema de verificación y control. El sistema de verificación y control tiene como finalidad verificar que todas las actividades y operaciones realizadas por el licenciatario de cualquiera de licencias se ajusten a los objetivos y fines establecidos en el presente título.

(D. 2467/2015, art. 31)

(Nota: Subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.11.6.2.—Alcance del sistema de verificación y control. El sistema de verificación y control comprenderáel cumplimiento de los requisitos necesarios para mantener el licenciamiento de posesión, cultivo, producción y fabricación y exportación de derivados de cannabis.

(D. 2467/2015, art. 32)

(Nota: Subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.11.6.3.—Autoridad competente para implementar el sistema de verificación y control. El control de las actividades que implican la posesión de semillas para siembra y el cultivo de plantas de cannabis estará a cargo de la Policía Nacional-Dirección antinarcóticos y del CNE entidad que se apoyará, para los temas de manejo agronómico y producción, en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, o quien haga sus veces, en el marco de sus respectivas competencias. En los demás casos el control de actividades será adelantado por el Ministerio de Salud y Protección Social.

(D. 2467/2015, art. 33)

(Nota: Subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.11.6.4.—Componentes del sistema verificación y control. El sistema de verificación y control tendrá los siguientes componentes:

1. Administrativo. Comprende el análisis técnico y jurídico de las condiciones requeridas para mantener las licencias, así como la verificación del cumplimiento de los parámetros sobre los cuales estas fueron otorgadas y las disposiciones contenidas en el presente título.

2. Operativo. Comprende la realización de visitas de verificación del cumplimiento de los parámetros técnicos y jurídicos citados en componente administrativo. Las visitas o controles realizados, así como los hallazgos producto de las mismas, deberán informarse al comité técnico para la adopción de las decisiones administrativas correspondientes.

(D. 2467/2015, art. 34)

(Nota: Subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.11.6.5.—Obligados a suministrar información. Los solicitantes y titulares de las licencias de que trata el presente título deberán suministrar toda la información que requieran las autoridades competentes para implementar el sistema de verificación y control para cumplimiento de sus funciones.

(D. 2467/2015, art. 35)

(Nota: Subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.11.6.6.—Mecanismo de información. El ECN creara el mecanismo de seguimiento y registro de información de licencias que permita administrar la información y el seguimiento de las actividades y operaciones que realicen los titulares de las licencias prevista en este título.

(D. 2467/2015, art. 36)

(Nota: Subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.11.6.7.—Supervisión en las actividades de desnutrición(sic). Las actividades de destrucción de semillas para siembra, cultivos y disposición de desechos deberán cumplir con la normativa ambiental vigente y contar con la supervisión de la dirección de antinarcóticos de la Policía Nacional, de acuerdo con sus competencias. De la actuación se levantara el acta respectiva.

(D. 2467/2015, art. 37)

(Nota: Subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.11.6.8.—Deberes de los titulares de las licencias. Las personas titulares de las licencias otorgadas en el presente título tendrán los siguientes deberes:

1. Cumplir con los requisitos y condiciones establecidos para cada una de las licencias y con lo dispuesto en el presente título.

2. Permitir las visitas que se realicen en el ejercicio del control administrativo y operativo.

3. Informar cualquier circunstancia que conlleve la modificación de la licencia otorgada.

4. Remitir dentro de los términos que establezca la autoridad competente, la información requerida para efecto de las funciones de control.

5. Informar de manera inmediata a la autoridad competente cualquier circunstancia de orden público que pueda poner en riesgo la actividad licenciada.

6. Limitarse a realizar únicamente las actividades que han sido autorizadas en la respectiva licencia.

En caso de presentarse situaciones sobrevinientes que imposibiliten el cumplimiento de las obligaciones previstas en la licencia concedida, el titular estará en la obligación de informar a la entidad encargada de otorgar la respectiva licencia para la adopción de las medidas adecuadas.

(D. 2467/2015, art. 38)

(Nota: Subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

(Nota: El presente título fue subrogado por el Decreto 613 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

(Nota: Adicionado el numeral 15 al artículo 2.8.11.9.1 y modificado el artículo 2.8.11.11.1. por el Decreto 631 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

TÍTULO 12

Evaluación de la clasificación del valor terapéutico y económico de los medicamentos nuevos

(Nota: Véase Decreto 710 de 2018 artículo 2° del Ministerio de Salud y Protección Social)

(Nota: El presente título fue adicionado por el Decreto 433 de 2018 artículo 1° y véase artículo 2° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.12.1.—(Modificado).* (Nota: Adicionado por el Decreto 433 de 2018 artículo 1° y véase artículo 2° del Ministerio de Salud y Protección Social)

*(Nota: Modificado por el Decreto 710 de 2018 artículo 1° y véase artículo 2° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.12.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 433 de 2018 artículo 1° y véase artículo 2° del Ministerio de Salud y Protección Social)

(Nota: Véase Decreto 710 de 2018 artículo 2° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.12.3.— (Nota: Adicionado por el Decreto 433 de 2018 artículo 1° y véase artículo 2° del Ministerio de Salud y Protección Social)

(Nota: Véase Decreto 710 de 2018 artículo 2° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.12.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 433 de 2018 artículo 1° y véase artículo 2° del Ministerio de Salud y Protección Social)

(Nota: Véase Decreto 710 de 2018 artículo 2° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.12.5.—(Modificado).* (Nota: Adicionado por el Decreto 433 de 2018 artículo 1° y véase artículo 2° del Ministerio de Salud y Protección Social)

*(Nota: Modificado por el Decreto 710 de 2018 artículo 1° y véase artículo 2° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.12.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 433 de 2018 artículo 1° y véase artículo 2° del Ministerio de Salud y Protección Social)

(Nota: Véase Decreto 710 de 2018 artículo 2° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.12.7.—(Modificado).* (Nota: Adicionado por el Decreto 433 de 2018 artículo 1° y véase artículo 2° del Ministerio de Salud y Protección Social)

*(Nota: Modificado por el Decreto 710 de 2018 artículo 1° y véase artículo 2° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.12.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 433 de 2018 artículo 1° y véase artículo 2° del Ministerio de Salud y Protección Social)

(Nota: Véase Decreto 710 de 2018 artículo 2° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.12.9.—(Modificado).* (Nota: Adicionado por el Decreto 433 de 2018 artículo 1° y véase artículo 2° del Ministerio de Salud y Protección Social)

*(Nota: Modificado por el Decreto 710 de 2018 artículo 1° y véase artículo 2° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.12.10.—(Modificado).* (Nota: Adicionado por el Decreto 433 de 2018 artículo 1° y véase artículo 2° del Ministerio de Salud y Protección Social)

*(Nota: Modificado por el Decreto 710 de 2018 artículo 1° y véase artículo 2° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.12.11.—(Modificado).* (Nota: Adicionado por el Decreto 433 de 2018 artículo 1° y véase artículo 2° del Ministerio de Salud y Protección Social)

*(Nota: Modificado por el Decreto 710 de 2018 artículo 1° y véase artículo 2° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.12.12.—(Nota: Adicionado por el Decreto 433 de 2018 artículo 1° y véase artículo 2° del Ministerio de Salud y Protección Social)

(Nota: Véase Decreto 710 de 2018 artículo 2° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.12.13.—(Modificado).* (Nota: Adicionado por el Decreto 433 de 2018 artículo 1° y véase artículo 2° del Ministerio de Salud y Protección Social)

*(Nota: Modificado por el Decreto 710 de 2018 artículo 1° y véase artículo 2° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.12.14.—(Modificado).* (Nota: Adicionado por el Decreto 433 de 2018 artículo 1° y véase artículo 2° del Ministerio de Salud y Protección Social)

*(Nota: Modificado por el Decreto 710 de 2018 artículo 1° y véase artículo 2° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.12.15.— (Nota: Adicionado por el Decreto 433 de 2018 artículo 1° y véase artículo 2° del Ministerio de Salud y Protección Social)

(Nota: Véase Decreto 710 de 2018 artículo 2° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.12.16.—(Modificado).* (Nota: Adicionado por el Decreto 433 de 2018 artículo 1° y véase artículo 2° del Ministerio de Salud y Protección Social)

*(Nota: Modificado por el Decreto 710 de 2018 artículo 1° y véase artículo 2° del Ministerio de Salud y Protección Social)

(Nota: El presente título fue adicionado por el Decreto 433 de 2018 artículo 1° y véase artículo 2° del Ministerio de Salud y Protección Social)

(Nota: Véase Decreto 710 de 2018 artículo 2° del Ministerio de Salud y Protección Social)

TÍTULO 13

Desfibriladores externos automáticos

(Nota: Adicionado el presente título por el Decreto 1465 de 2019 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.13.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1465 de 2019 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.13.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1465 de 2019 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.13.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1465 de 2019 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.13.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1465 de 2019 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.13.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1465 de 2019 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.13.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1465 de 2019 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

ART. 2.8.13.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1465 de 2019 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)

(Nota: Adicionado el presente título por el Decreto 1465 de 2019 artículo 1° del Ministerio de Salud y Protección Social)