RESOLUCIÓN 0-0681 DE 1998 

(Marzo 20)

“Por medio de la cual se integra la unidad nacional de fiscalías para la extinción del derecho de dominio y contra el lavado de activos”.

El Fiscal General de la Nación,

en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 3º del artículo 250 de la Constitución Política, artículos 1º, 12, 17, 18, 21 y 22 numerales 1º, 2º, 3º, 8º, 11 y 12, del Decreto 2699 de 1991, en concordancia con los artículos 118 y 119 del Decreto 2700 de 1991, 14 y 27 de la Ley 333 de 1996, y

CONSIDERANDO:

Que las funciones de la Fiscalía General de la Nación se realizan a través de unidades de fiscalía a nivel nacional, regional, seccional y local, siendo facultad del Fiscal General y de los directores destacar fiscales especiales para casos particulares;

Que el Fiscal General de la Nación y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional para ejercer las funciones constitucionales y legales que les han sido asignadas;

Que le corresponde a la Fiscalía General de la Nación dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen la Policía Nacional y los demás organismos que señala la ley;

Que en desarrollo de su función básica, a la Fiscalía General de la Nación le corresponde adoptar medidas eficaces tendientes a superar la impunidad en todas las modalidades delincuenciales, y a materializar la extinción del derecho de dominio de los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito en perjuicio del tesoro público, o con grave deterioro de la moral social;

Que mediante Resolución 0-1042 de mayo 17 de 1996, adicionada por la Resolución 0-2430 de octubre 25 de 1996, emanadas del despacho del Fiscal General de la Nación, se creó la unidad nacional contra el lavado de activos, adscrita a la Dirección Nacional de Fiscalías;

Que mediante Resolución 0-0490 de febrero 26 de 1997, adicionada por la Resolución 0-1964 de octubre 2 de 1997, proferidas por este despacho, se creó la unidad especializada para la extinción del derecho de dominio adscrita igualmente a la Dirección Nacional de Fiscalías;

Que la unidad especializada para la extinción del derecho de dominio tiene origen legal y sus funciones están determinadas en el artículo 27 de la Ley 333 de diciembre 19 de 1996 y, por tanto, los fiscales a quienes se les asigne la aplicación del trámite que comporta la acción real que en dicha normatividad se contempla, deben seguir el procedimiento establecido en la ley sin perjuicio de que se compulsen copias ante la autoridad judicial pertinente, en caso que haya mérito para proseguir investigación penal por los hechos que dan origen a la iniciación de la acción de extinción del derecho de dominio;

Que en razón a la complejidad de las investigaciones, y teniendo en cuenta el factor de conexidad, la unidad contra el lavado de activos debe conocer tanto de los delitos a que se refieren los artículos 247A y 247B del Código Penal —artículos estos adicionados por la Ley 365 de 1997— y subyacentes, así como de los contemplados en las demás normas que los modifiquen o adicionen, debiendo iniciar el trámite de extinción del derecho de dominio cuando de la investigación penal surja mérito para que se proceda de conformidad;

Que si bien es cierto el delito de lavado de activos no es causa única para dar inicio a la acción de extinción del derecho de dominio, la investigación tendiente a la demostración de la materialidad del hecho punible y de los presupuestos objetivos para la iniciación de la acción regulada por la Ley 333 de 1996, se asimila en cuanto a las fuentes de información;

Que el mecanismo más expedito para frenar la proliferación de las empresas criminales dedicadas al manejo de dineros y bienes de procedencia ilícita, es el bloqueo de su infraestructura económica logrado a través del adelantamiento de las investigaciones penales y de las acciones de extinción del derecho de dominio;

Que se hace necesario conformar un frente común con todos los organismos que en relación con los temas del lavado de activos y la extinción del derecho de dominio cumplen funciones de policía judicial, con el fin de coordinar labores de prevención, detección y represión del lavado de activos y aplicación de la extinción del derecho de dominio;

Que el éxito de las investigaciones depende de la preservación, aseguramiento y análisis de los medios probatorios, por cuya razón, además de los fiscales delegados, es indispensable contar con el apoyo de investigadores que recauden, sistematicen y analicen la información proveniente de los diferentes sectores oficiales y privados de la economía nacional;

Que la fiscalía ha desarrollado con éxito, en distintos lugares del país, el esquema de las llamadas unidades especiales dentro del plan integral de capacitación, en las que se conjugan los conceptos de trabajo en equipo entre fiscales e investigadores, la planeación y control de la investigación a través del dibujo de ejecución, y la oralidad en las actuaciones judiciales, entre otros aspectos logísticos y operativos;

Que es necesario integrar las unidades nacionales contra lavado de activos y especializada para la extinción del derecho de dominio, por cuya razón es preciso ampliar la planta de personal y conformar un grupo interdisciplinario de investigadores especializados con los diferentes organismos que cumplen permanentemente funciones de policía judicial, para que apoyen la labor investigativa en los asuntos de su competencia;

Que sin perjuicio de las facultades del Fiscal General de la Nación, será el director nacional de fiscalías quien asigne a la unidad los asuntos que deba conocer,

RESUELVE:

ART. 1º—Integrar la unidad nacional contra el lavado de activos y la especializada para la extinción del derecho del dominio, conformando la denominada unidad nacional de fiscalías para la extinción del derecho de dominio y contra el lavado de activos, adscrita a la dirección nacional de fiscalías, con sede en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C.

ART. 2º—(Modificado).* La unidad nacional de fiscalías para la extinción del derecho de dominio y contra el lavado de activos se encargará de adelantar las investigaciones por los delitos contemplados en los artículos 247A y 247B del Código Penal y subyacentes, y la acción de extinción del derecho de dominio conforme a los artículos 14 y 27 de la Ley 333 de 1996.

*(Nota: Modificado por la Resolución 1626 de 2010 artículo 1° de la Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 3º—Asignar a la unidad nacional de fiscalías para la extinción del derecho de dominio y contra el lavado de activos, la representación de la Fiscalía General de la Nación para la coordinación y comunicación con las entidades estatales legitimadas para iniciar la acción de extinción del derecho de dominio.

ART. 4º—La unidad nacional de fiscalías para la extinción del derecho de dominio y contra el lavado de activos estará integrada por la siguiente planta de personal:

a) Diez (10) fiscales delegados ante los jueces regionales, y veinte (20) fiscales delegados ante los jueces penales del circuito. Uno (1) de ellos será el jefe de la unidad, quien no tendrá cargo laboral, y dos (2) de los mismos cumplirán funciones de coordinación técnica;

b) Un (1 ) ingeniero de sistemas, profesional universitario II;

c) Un (1) analista de sistemas, técnico judicial III;

d)Treinta (30) técnicos judiciales II, adscritos a cada uno, de los fiscales delegados;

e) Treinta y cinco (35) asistentes judiciales l; se asignará uno (1) a cada fiscal y cinco (5) a la secretaría de la unidad;

f) Un (1) profesional universitario II quien cumplirá funciones de secretario de la unidad;

g) Dos (2) secretarios judiciales II, y

h) Cuatro (4) auxiliares judiciales locales.

(Nota: Modificado parcialmente por la Resolución 1626 de 2010 artículo 2° de la Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 5º—La unidad nacional de fiscalías para la extinción del derecho de dominio y contra el lavado de activos contará con un grupo de investigadores especializados, integrado por miembros de los diferentes organismos que cumplen funciones permanentes de policía judicial, quienes trabajarán de manera conjunta y en las mismas instalaciones de los fiscales delegados que la integran.

ART. 6º—La unidad nacional de fiscalías para la extinción del derecho de dominio y contra el lavado de activos, integrada por los fiscales delegados, el grupo de investigadores especializados de policía judicial y el personal de la secretaría, funcionará dentro del esquema de unidad especial propuesto por el plan integral de capacitación, con sujeción académica a la coordinación general del plan, y recibirá el apoyo de las agencias internacionales comprometidas en ese propósito.

ART. 7º—La unidad nacional de fiscalías para la extinción del derecho de dominio y contra el lavado de activos, asesorará al fiscal general de la Nación para la firma de acuerdos con otras entidades del orden nacional y regional para compartir información que conduzca al desmantelamiento de las organizaciones criminales dedicadas al lavado de activos y conductas subyacentes, y que facilite el ejercicio de la acción de extinción del derecho de dominio.

ART. 8º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y modifica todas las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., 20 de marzo de 1998.

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