Departamento Administrativo para la Prosperidad Social

RESOLUCIÓN 1721 DE 2016

(Junio 22)

“Por la cual se modifica el reglamento interno para el trámite de peticiones, quejas, reclamos y denuncias en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Fondo de Inversión para la Paz, FIP”.

(Nota: Derogada por la Resolución 289 de 2019 artículo 2° del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social)

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

en uso de las facultades conferidas por el numeral 3º del artículo 59 de la Ley 489 de 1998, y en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley 1437 de 2011 sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015, y

CONSI DERANDO:

Que el artículo 1º del Decreto 2559 de 2015 establece que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social es el organismo principal de la administración pública cabeza del sector administrativo de inclusión social y reconciliación.

Que de conformidad con el artículo 3º del Decreto 2559 de 2015, el objetivo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, dentro del marco de sus competencias y de la ley, es el de formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos para la inclusión social y la reconciliación en términos de la superación de la pobreza y de pobreza extrema, la atención integral a la primera infancia, infancia y adolescencia, el desarrollo territorial y la atención y reparación a víctimas del conflicto armado a las que se refiere el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, el cual desarrollará directamente o a través de sus entidades adscritas o vinculadas, en coordinación con las demás entidades u organismos del Estado competentes.

Que el artículo 23 de la Constitución Política dispone que: “'Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución”.

Que el artículo 74 de la Constitución Política dispone que “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley”.

Que mediante la Ley 1437 de 2011 se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, reglamentando en su título II, artículos 13 al 33, las reglas generales del derecho de petición.

Que mediante la Ley 1755 de 2015 se dispuso la sustitución del título II Derecho de petición, capítulo 1 Derecho de petición ante las autoridades - Reglas generales, capítulo II Derecho de petición ante autoridades - Reglas especiales y capítulo III Derecho de petición ante organizaciones e instituciones privadas, artículos 13 al 33, de la parte primera de la Ley 1437 de 2011 por cuanto dichos artículos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-818 de 2011.

Que conforme al sustituido artículo 22 de la Ley 1437 de 2011 cada entidad debe tener su propia organización para el trámite interno y decisión de las peticiones: “Las autoridades reglamentarán la tramitación interna de las peticiones que les corresponda resolver, y la manera de atender las quejas para garantizar el buen funcionamiento de los servicios a su cargo”.

Que mediante la Resolución 3629 del 5 de octubre de 2015, se adoptó el reglamento interno para el trámite de peticiones, quejas y reclamos del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y su fondo adscrito, con fundamento en el Decreto 4155 de 2011, derogado por el ahora Decreto 2559 de 2015, razón por la cual se hace necesaria la actualización de dicho reglamento.

Que la Ley 594 de 2000 “por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”, prevé que la administración pública será responsable de la gestión de documentos y de la administración de sus archivos, de igual forma las entidades públicas deberán elaborar programas de gestión de documentos, dentro del cual pueden contemplar el uso de nuevas tecnologías.

Que el Acuerdo 60 del 30 de octubre de 2001 del consejo directivo del Archivo General de la Nación “Por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas”, en su artículo cuarto determinó que toda entidad debe establecer en los manuales de procedimientos los cargos de los funcionarios autorizados para firmar la documentación con destino interno y externo que genere la institución.

Que de acuerdo con lo previsto en el literal b del artículo 2.2.22.3 del Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, como entidad del Estado debe adoptar la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano orientada a acercarlo con el Estado y hacer visible la gestión pública permitiendo la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y su acceso a la información, a los trámites y servicios, para una atención oportuna y efectiva.

Que de acuerdo con lo previsto en el literal b numeral 2º del artículo 15 de la Resolución 83 del 2016, el grupo de trabajo participación ciudadana de la secretaría general del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social “tiene la función de diseñar e implementar la política, lineamientos y acciones para la gestión de los derechos de petición (peticiones, quejas, reclamos, denuncias), promoviendo la efectividad, expresada en oportunidad y calidad, de la misma”.

Que mediante la Ley 1712 de 2014 y su Decreto Reglamentario 103 de 2015, se reglamentó lo relacionado con el derecho de acceso a la información pública nacional.

Que en concordancia con las citadas normas, la Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013 dictaron disposiciones tendientes a la protección de datos personales, normas estas que requieren ser aplicadas en el trámite de los derechos de petición, con miras a la obtención de información relacionados con datos personales o de carácter reservado.

Que teniendo en cuenta el uso de nuevas tecnologías para el trámite de los derechos de petición en la entidad, se hace indispensable dar aplicación a lo normado en la Ley 527 de 1999 “Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones” y el Decreto 2364 de 2012 “Por medio del cual se reglamenta el artículo 7º de la Ley 527 de 1999, sobre la firma electrónica y se dictan otras disposiciones”.

Que mediante Resolución 458 del 22 de febrero del 2016 se adoptó el reglamento interno para el trámite de peticiones, quejas, reclamos y denuncias en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Fondo de Inversión para la Paz, FIP.

Que en el marco de los principios de economía, eficiencia y celeridad que se predican de la actuación administrativa, se hace necesario modificar la Resolución 458 del 22 de febrero de 2016 para que los directores regionales puedan suscribir las comunicaciones oficiales derivadas de la gestión de las peticiones, quejas y reclamos del programa Familias en Acción.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Modifíquese el artículo 52 del reglamento interno para el trámite de peticiones, quejas, reclamos y denuncias en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Fondo de Inversión para la Paz, FIP, adoptado mediante la Resolución 458 de 22 de febrero de 2016, el cual quedará así:

ART. 52.—Firma de las comunicaciones. Las comunicaciones oficiales derivadas de la gestión de peticiones, quejas y reclamos que requieren trámite externo, tendrán la siguiente firma:

1. Por el director general: Las comunicaciones dirigidas al Presidente y al Vicepresidente de la República; a los ministros de despacho y directores de departamentos administrativos; a senadores y representantes a la Cámara; al Registrador Nacional del Estado Civil, el presidente del Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la Nación, el Auditor General, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la Nación; a los jefes de gobierno, embajadores, jefes de misiones diplomáticas; a las federaciones y confederaciones de gobernadores y alcaldes; organismos internacionales, y las demás que considere.

2. Por los directores regionales: Las comunicaciones externas derivadas de la gestión de peticiones, quejas y reclamos del programa Familias en Acción.

3. Por los subdirectores generales: Las comunicaciones dirigidas a los representantes legales de establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta, unidades administrativas especiales, gobernadores, alcaldes; las que le sean designadas por el director general; y aquellas que correspondan a una petición cuya respuesta le compete emitir.

4. Por el secretario general: Las comunicaciones dirigidas a secretarios generales de ministerios, departamentos administrativos, entidades públicas del orden nacional y territorial; las que le sean delegadas por el director general; a personas naturales o jurídicas y aquellas que correspondan a una petición cuya respuesta le compete emitir.

5. Por los directores técnicos: Comunicaciones dirigidas a servidores públicos en relación con las funciones de su dependencia, que no consistan en pronunciamientos jurídicos, formulación de política u otro asunto de competencia del director general; a personas naturales o jurídicas y aquellas que correspondan a una petición cuya respuesta le compete emitir.

6. Por los subdirectores técnicos: Comunicaciones dirigidas a servidores públicos en relación con las funciones de su dependencia, que no consistan en pronunciamientos jurídicos o formulación de política; a personas naturales o jurídicas y aquellas que correspondan a una petición cuya respuesta le compete emitir.

7. Por los jefes de oficinas asesoras: Comunicaciones dirigidas a servidores públicos en relación con las funciones de su dependencia, que no consistan en pronunciamientos jurídicos, excepto por parte del jefe de la oficina asesora jurídica; o de formulación de política; a personas naturales o jurídicas y aquellas que correspondan a una petición cuya respuesta le compete emitir.

8. Por los coordinadores de los grupos internos de trabajo: Comunicaciones dirigidas a servidores públicos en relación con las actividades asignadas; a personas naturales o jurídicas y aquellas que correspondan a una petición cuya respuesta le compete emitir.

9. Por los supervisores o interventores: Comunicaciones oficiales externas que deba emitir, dentro del marco de sus funciones y/o actividades, dirigidas a verificar el correcto cumplimiento del objeto del contrato que le ha sido asignado para supervisión o intervención y aquellas que correspondan a una petición cuya respuesta le compete emitir dentro del marco de sus funciones.

PAR. 1º—Las comunicaciones externas del programa Familias en Acción que puedan crear o modificar una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconozcan un derecho, deberán ser suscritas por el director de transferencias monetarias condicionadas.

PAR. 2º—Las comunicaciones externas relacionadas con el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero, Forec, podrán ser suscritas por el director regional del departamento del Quindío.

(Nota: Derogada por la Resolución 289 de 2019 artículo 2° del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social)

ART. 2º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y modifica el artículo 52 del reglamento interno para el trámite de peticiones, quejas, reclamos y denuncias en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Fondo de Inversión para la Paz, FIP, adoptado mediante Resolución 458 del 22 de febrero de 2016 y deja sin efectos la Resolución 4411 del 22 de diciembre de 2015.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 22 de junio de 2016.

(Nota: Derogada por la Resolución 289 de 2019 artículo 2° del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social)