LEY 1121 DE 2006 

(Diciembre 29)

“Por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones”.

(Nota: Véase Ley 1142 de 2007 artículo 56)

El Congreso de la República,

DECRETA:

ART. 1º—Modifícase el numeral 1º y el literal d) del numeral 2º del artículo 102 del Decreto 663 de 1993, los cuales quedarán así:

ART. 102.—Régimen general.

1. Obligación y control a actividades delictivas. Las instituciones sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces, estarán obligadas a adoptar medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que en la realización de sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas.

2. Mecanismos de control. (...).

d) Reportar de forma inmediata y suficiente a la Unidad de Información y Análisis Financiero cualquier información relevante sobre manejo de activos o pasivos u otros recursos, cuya cuantía o características no guarden relación con la actividad económica de sus clientes, o sobre transacciones de sus usuarios que por su número, por las cantidades transadas o por las características particulares de las mismas, puedan conducir razonablemente a sospechar que los mismos están usando a la entidad para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación.

ART. 2º—Modifícase el artículo 105 del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 11 de la Ley 526 de 1999, el cual quedará así:

ART. 105.—Reserva sobre la información reportada. Sin perjuicio de la obligación de reportar de forma inmediata y suficiente a la Unidad de Información y Análisis Financiero la información a que se refiere la letra d) del numeral 2º del artículo 102, las instituciones financieras solo estarán obligadas a suministrar información obtenida en desarrollo de los mecanismos previstos en los artículos anteriores cuando así lo solicite la Unidad de Información y Análisis Financiero o la Fiscalía General de la Nación.

Las autoridades, las entidades, sus administradores y sus funcionarios que tengan conocimiento por cualquier motivo de las informaciones y documentos a que se refieren los artículos anteriores deberán mantener reserva sobre los mismos.

Las autoridades, las entidades, sus administradores y sus funcionarios no podrán dar a conocer a las personas que hayan efectuado o intenten efectuar operaciones sospechosas, que se ha comunicado a la Unidad de Información y Análisis Financiero información sobre las mismas, y deberán guardar reserva sobre dicha información.

ART. 3º—Modifícase el artículo 43 de la Ley 190 de 1995, el cual quedará así:

ART. 43.—Las obligaciones establecidas en los artículos 102 a 107 del estatuto orgánico del sistema financiero (D. 663/93) y demás normas concordantes serán aplicables en lo pertinente a las personas que se dediquen profesionalmente a actividades de comercio exterior, operaciones de cambio y del mercado libre de divisas, casinos o juegos de azar, así como aquellas que determine el Gobierno Nacional.

PAR.—El control del cumplimiento de las obligaciones impuestas por la presente disposición se realizará por la respectiva entidad que ejerza vigilancia sobre la persona obligada.

ART. 4º—Modifícanse los incisos 1º, 2º y 3º del artículo 3º de la Ley 526 de 1999, los cuales quedarán así:

ART. 3º—Funciones de la unidad. La unidad tendrá como objetivo la prevención y detección, de operaciones que puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas, prioritariamente el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Para ello centralizará, sistematizará y analizará mediante actividades de inteligencia financiera la información recaudada, en desarrollo de lo previsto en los artículos 102 a 107 del estatuto orgánico del sistema financiero y sus normas remisorias o complementarias, las normas tributarias, aduaneras y demás información que conozcan las entidades del Estado o privadas que pueda resultar relevante para el ejercicio de sus funciones. Dichas entidades estarán obligadas a suministrar de oficio o a solicitud de la unidad, la información de que trata el presente artículo. Así mismo, la unidad podrá recibir información de personas naturales.

La unidad en cumplimiento de su objetivo, comunicará a las autoridades competentes y a las entidades legitimadas para ejercitar la acción de extinción de dominio, cualquier información pertinente dentro del marco de la lucha integral contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y las actividades que dan origen a la acción de extinción del dominio.

ART. 5º—Modifícanse los numerales 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º y 9º del artículo 4º de la Ley 526 de 1999, los cuales quedarán así:

ART. 4º—Funciones de la dirección general. Las siguientes serán las funciones de la dirección general:

1. Participar en la formulación de las políticas para la prevención y detección, y en general, la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en todas sus manifestaciones.

2. Centralizar, sistematizar y analizar la información suministrada por quienes están obligados a cumplir con lo establecido en los artículos 102 a 107 del estatuto orgánico del sistema financiero y sus normas remisorias y complementarias, las normas tributarias, aduaneras, cambiarias y demás información que conozcan las entidades del Estado y privadas que pueda resultar vinculada con operaciones de lavado de activos o de financiación del terrorismo, la cual podrá reposar en las bases de datos de cada entidad si no fuere necesario mantenerla de manera permanente en la unidad.

3. Coordinar el estudio por parte de la unidad de nuevos sectores afectados o susceptibles de ser utilizados para el lavado de activos o la financiación del terrorismo.

4. Comunicar a las autoridades competentes y a las entidades legitimadas para ejercitar la acción de extinción del dominio cualquier información pertinente dentro del marco de la lucha integral contra el lavado de activos, la financiación de terrorismo y las actividades que den origen a la acción de extinción de dominio.

(...).

7. Participar en las modificaciones legales a que haya lugar para el efectivo control del lavado de activos y de la financiación de terrorismo.

8. Rendir los informes que le soliciten los ministros de Hacienda y Crédito Público y del Interior y Justicia, en relación con el control al lavado de activos y la financiación del terrorismo.

9. Evaluar y decidir sobre la pertinencia de enviar a la Fiscalía General de la Nación y a las demás autoridades competentes, para su verificación, la información que conozca en desarrollo de su objeto.

ART. 6º—Modifícase el numeral 2º del artículo 6º de la Ley 526 de 1999, el cual quedará así:

ART. 6º—Funciones de la subdirección de análisis estratégico. Las siguientes serán las funciones generales de la subdirección de análisis estratégico: (...).

2. Realizar los estudios necesarios para mantener actualizada la unidad sobre las prácticas, técnicas y tipologías utilizadas para el lavado de activos y la financiación del terrorismo, en los diferentes sectores de la economía, así como la identificación de los perfiles de los presuntos responsables de estas actividades.

ART. 7º—Modifícanse los numerales 3º y 6º del artículo 7º de la Ley 526 de 1999, los cuales quedarán así:

ART. 7º—Funciones de la subdirección de análisis de operaciones. Las siguientes serán las funciones generales de la subdirección de análisis de operaciones: (...).

3. Preparar los informes acerca de posibles casos de lavado de activos o financiación del terrorismo detectados, y presentarlos a la dirección general para su consideración, de acuerdo con los flujos de información recibidos y los análisis que desarrolle.

(...).

6. Cooperar y servir de enlace con las unidades antilavado o contra la financiación del terrorismo existentes o con las dependencias que desarrollan esta función en las entidades nacionales. Interactuar con los sectores que puedan estar involucrados en el tema de la prevención y control al lavado de activos y la financiación del terrorismo.

ART. 8º—Adiciónase un parágrafo y modifícanse los incisos 3º y 4º del artículo 9º de la Ley 526 de 1999 y los cuales quedarán así:

ART. 9º—Manejo de información. (...).

Para los temas de competencia de la UIAF, no será oponible la reserva bancaria, cambiaria, bursátil y tributaria respecto de las bases gravables y la determinación privada de los impuestos que figuren en las declaraciones tributarias, así como aquella que exista sobre los datos de suscriptores y equipos que suministran los concesionarios y licenciatarios que prestan los servicios de comunicaciones previstos en el artículo 32 de la Ley 782 de 2002, el registro de extranjeros, los datos sobre información judicial e investigaciones de carácter migratorio, el movimiento migratorio, tanto de nacionales como de extranjeros, antecedentes y anotaciones penales, y datos sobre la existencia y estado de investigaciones en los entes de control, lo anterior sin perjuicio de la obligación de las entidades públicas y de los particulares de suministrar de oficio o a solicitud de la unidad, la información de que trata el artículo 3º de esta ley.

La información que recaude la unidad de que trata la presente ley en cumplimiento de sus funciones y la que se produzca como resultado de su análisis, estará sujeta a reserva, salvo solicitud de las autoridades competentes y las entidades legitimadas para ejercitar la acción de extinción de dominio quienes deberán mantener la reserva aquí prevista.

PAR.—Para el acceso a la información reservada a la cual tiene acceso la UIAF de acuerdo con la presente ley, y que esté bajo la custodia de otra autoridad, la UIAF podrá celebrar convenios en los que se precisen las condiciones para el acceso a la información y se garantice el mantenimiento de la reserva.

ART. 9º—Modifícase el artículo 23 de la Ley 365 de 1997, el cual quedará así:

ART. 23.—Entidades cooperativas que realizan actividades de ahorro y crédito. Además de las entidades cooperativas de grado superior que se encuentren bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces, también estarán sujetas a lo establecido en los artículos 102 a 107 del estatuto orgánico del sistema financiero, todas las entidades cooperativas que realicen actividades de ahorro y crédito.

Para las cooperativas de ahorro y crédito y las cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, este ente de supervisión, reglamentará lo dispuesto en los citados artículos del estatuto financiero y podrá modificar las cuantías a partir de las cuales deberá dejarse constancia de la información relativa a transacciones en efectivo.

Las cooperativas de ahorro y crédito y las cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, deberán informar a la UIAF la totalidad de las transacciones en efectivo de que trata el artículo 103 del estatuto orgánico del sistema financiero, conforme a las instrucciones que para el efecto imparta la Superintendencia de la Economía Solidaria.

ART. 10.—Responsabilidad de entidades o personas obligadas a cumplir con las normas y principios contenidos en los artículos 102 a 107 del estatuto orgánico del sistema financiero. El régimen previsto para las instituciones sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera, o de la entidad que haga sus veces, a que se refieren los artículos 209, 210 y 211 numeral 3º del estatuto orgánico del sistema financiero, salvo norma especial, se aplicará a las entidades o personas obligadas a cumplir con las normas y principios contenidos en los artículos 102 a 107 del estatuto orgánico del sistema financiero.

La aplicación del procedimiento e imposición de las sanciones será realizada por la respectiva autoridad que ejerza las funciones de inspección, control o vigilancia, para lo cual dará cumplimiento a las normas administrativas de carácter especial que le sean aplicables o en su defecto dará aplicación al procedimiento contemplado en el Código Contencioso Administrativo.

ART. 11.—Modifícase el inciso 4º del artículo 3º de la Ley 526 de 1999, el cual quedará así:

ART. 3º—Funciones de la unidad. (...).

La unidad de que trata este artículo, dentro del ámbito de su competencia, podrá celebrar convenios de cooperación con entidades de similar naturaleza de otros Estados e instancias internacionales pertinentes y con las instituciones nacionales públicas o privadas a que hubiere lugar, sin perjuicio de las obligaciones consagradas en la presente ley.

ART. 12.—Modifícase el literal e) y adiciónase un literal f) al numeral 2º del artículo 102 del Decreto 663 de 1993, los cuales quedarán así:

ART. 102.—Régimen general. (...).

e) Estar en consonancia con los estándares internacionales en la materia;

f) Los demás que señale el Gobierno Nacional.

ART. 13.—Modifícase el numeral 6º del artículo 4º de la Ley 526 de 1999, el cual quedará así:

ART. 4º—Funciones de la dirección general. Las siguientes serán las funciones de la dirección general (...).

6. Celebrar dentro del ámbito de su competencia, convenios de cooperación con entidades de similar naturaleza de otros Estados e instancias internacionales pertinentes y con las instituciones nacionales públicas o privadas a que hubiere lugar.

ART. 14.—Modifícase el numeral 6º del artículo 6º de la Ley 526 de 1999, el cual quedará así:

ART. 6º—Funciones de la subdirección de análisis estratégico. Las siguientes serán las funciones generales de la subdirección de análisis estratégico: (...).

6. Preparar los convenios de cooperación con las entidades de similar naturaleza en otros países, con las instancias internacionales pertinentes y con las instituciones nacionales públicas o privadas a que hubiere lugar.

ART. 15.—Modifícase el numeral 7º del artículo 7º de la Ley 526 de 1999, el cual quedará así:

ART. 7º—Funciones de la subdirección de análisis de operaciones. Las siguientes serán las funciones generales de la subdirección de análisis de operaciones: (...).

7. Desarrollar los convenios de intercambio de información celebrados con las unidades de similar naturaleza del exterior, con las instancias internacionales pertinentes y con las instituciones nacionales públicas o privadas a que hubiere lugar.

ART. 16.—Modifícase el artículo 345 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:

ART. 345.—Financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas.

El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas, incurrirá en prisión de trece (13) a veintidós (22) años y multa de mil trescientos (1.300) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

(Nota: Véase Ley 1453 de 2011 artículo 16)

ART. 17.—Modifícase el inciso 1º del artículo 323 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 8º de la Ley 747 de 2002, el cual quedará así:

ART. 323.—Lavado de activos. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de ocho (8) a veintidós (22) años y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales vigentes.

(Nota: Véase Ley 1453 de 2011 artículo 42)

ART. 18.—Modifícase el artículo 441 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 9º de la Ley 733 de 2002, el cual quedará así:

ART. 441.—Omisión de denuncia de particular. El que teniendo conocimiento de la comisión de un delito de genocidio, desplazamiento forzado, tortura, desaparición forzada, homicidio, secuestro, secuestro extorsivo o extorsión, narcotráfico, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, terrorismo, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, enriquecimiento ilícito, testaferrato, lavado de activos, cualquiera de las conductas contempladas en el título II y en el capítulo IV del título IV de este libro, en este último caso cuando el sujeto pasivo sea un menor (de doce (12) años)*, omitiere sin justa causa informar de ello en forma inmediata a la autoridad, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años.

*(Nota: La expresión “de doce (12) años”, contenida en el presente artículo fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en Sala Plena en Sentencia C-853 de 2009, M.P. Dr. Jorge Ivan Palacio Palacio)

ART. 19.—Modifícase el inciso 2º del artículo 340 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 8º de la Ley 733 de 2002, el cual quedará así:

ART. 340.—Concierto para delinquir. (...).

Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2.700) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ART. 20.—Procedimiento para la publicación y cumplimiento de las obligaciones relacionadas con listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores transmitirá las listas de personas y entidades asociadas con organizaciones terroristas, vinculantes para Colombia conforme al derecho internacional y solicitará a las autoridades competentes que realicen una verificación en las bases de datos con el fin de determinar la posible presencia o tránsito de personas incluidas en las listas y bienes o fondos relacionados con estas.

Las autoridades consultadas deberán realizar las verificaciones pertinentes e informar a la Fiscalía General de la Nación, quien evaluará la pertinencia de la información y comunicará los resultados obtenidos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los particulares que conozcan de la presencia o tránsito de una persona incluida en una de las listas mencionadas o de bienes o fondos relacionados con estas deberán informar oportunamente al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS y a la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, para lo de su competencia. Al suministro de esta información se le aplicará el régimen de responsabilidad previsto en el artículo 42 de la Ley 190 de 1995.

PAR.—Si alguna persona considera que fue indebidamente incluida en una lista internacional en materia del terrorismo o financiación del terrorismo, vinculante para Colombia conforme al derecho internacional, podrá solicitar al defensor del pueblo iniciar las gestiones necesarias para presentar las acciones pertinentes ante la respectiva instancia internacional, destinadas a proteger los derechos del afectado. El trámite de esta solicitud no suspenderá los términos y procedimientos mencionados en el inciso anterior.

ART. 21.—Modifícase el inciso 1º del artículo 15 de la Ley 599 de 2000 el cual quedará así:

ART. 15.—Territorialidad por extensión. (...).

La ley penal colombiana se aplicará a la persona que cometa la conducta punible a bordo de nave o aeronave del Estado o explotada por este, que se encuentre fuera del territorio nacional, salvo las excepciones consagradas en los tratados o convenios internacionales ratificados por Colombia.

ART. 22.—Modifícase el inciso 1º del numeral 1º del artículo 16 de la Ley 599 de 2000 el cual quedará así:

ART. 16.—Extraterritorialidad. La ley penal colombiana se aplicará:

1. A la persona que cometa en el extranjero delito contra la existencia y seguridad del Estado, contra el régimen constitucional, contra el orden económico social excepto la conducta definida en el artículo 323 del presente código, contra la administración pública, o falsifique moneda nacional o incurra en el delito de financiación de terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, aun cuando hubiere sido absuelta o condenada en el exterior a una pena menor que la prevista en la ley colombiana.

ART. 23.—Modifícanse los numerales 6º y 7º del artículo 5º transitorio de la Ley 600 de 2000 los cuales quedarán así:

Los jueces penales de circuito especializados conocen, en primera instancia: (...).

6. De los delitos de entrenamiento para actividades ilícitas (C.P., arts. 341 y 342), de terrorismo, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas (C.P., arts. 343, 344 y 345), de la instigación a delinquir con fines terroristas (art. 348, inc. 2º), del empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos con fines terroristas (art. 359, inc. 2º), de la corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico con fines terroristas (art. 372, inc. 4º), y del constreñimiento ilegal con fines terroristas (art. 185, num. 1º).

7. Del concierto para cometer delitos de terrorismo y de financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, narcotráfico, secuestro extorsivo, extorsión o para conformar escuadrones de la muerte, grupo de justicia privada o bandas de sicarios, lavado de activos u omisión de control (C.P., art. 340), testaferrato (C.P.,art. 326); extorsión en cuantía superior a ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales vigentes.

ART. 24.—Modifícase el numeral 20 del artículo 35 de la Ley 906 de 2004 el cual quedará así:

Los jueces penales de circuito especializados conocen de: (...).

20. Financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas.

ART. 25.—Modifícase el parágrafo 3º del artículo 324 de la Ley 906 de 2004 el cual quedará así:

El principio de oportunidad se aplicará en los siguientes casos: (...).

PAR. 3º—En ningún caso el fiscal podrá hacer uso del principio de oportunidad cuando se trate de hechos que puedan significar violaciones graves al derecho internacional humanitario, crímenes de lesa humanidad o genocidio de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto de Roma, y delitos de narcotráfico, terrorismo y financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas.

ART. 26.—Exclusión de beneficios y subrogados. Cuando se trate de delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, no procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión, ni se concederán subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que esta sea eficaz.

ART. 27.—El Estado colombiano y las entidades territoriales en cualquier proceso de contratación deberán identificar plenamente a las personas naturales y a las personas jurídicas que suscriban el contrato, así como el origen de sus recursos; lo anterior con el fin de prevenir actividades delictivas.

ART. 28.—Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación, modifica las siguientes normas: el numeral 1º y los literales d) y e) del numeral 2º del artículo 102 del Decreto 663 de 1993, el artículo 105 del Decreto 663 de 1993 modificado por el artículo 11 de la Ley 526 de 1999, el artículo 43 de la Ley 190 de 1995, el artículo 23 de la Ley 365 de 1997, los incisos 1º, 2º, 3º y 4º del artículo 3º de la Ley 526 de 1999, los numerales 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 8º y 9º del artículo 4º de la Ley 526 de 1999, los numerales 2º y 6º del artículo 6º de la Ley 526 de 1999, los numerales 3º, 6º y 7º del artículo 7º de la Ley 526 de 1999, los incisos 3º y 4º del artículo 9º de la Ley 526 de 1999, el inciso 1º del artículo 15 de la Ley 599 de 2000, el inciso 1º del numeral 1º del artículo 16 de la Ley 599 de 2000, el inciso 1º del artículo 323 de la Ley 599 de 2000 modificado por el artículo 8º de la Ley 747 de 2002, el artículo 340 de la Ley 599 de 2000 modificado por el artículo 8º de la Ley 733 de 2002, el artículo 345 de la Ley 599 de 2000, el artículo 441 de la Ley 599 de 2000 modificado por el artículo 9º de la Ley 733 de 2002, el numeral 20 del artículo 35 de la Ley 905(sic) de 2004, el parágrafo 3º del artículo 324 de la Ley 906 de 2004 y deroga las normas que le sean contrarias.

La presidenta del honorable Senado de la República, Dilian Francisca Toro Torres

El secretario general del honorable Senado de la República, Emilio Ramón Otero Dajud

El presidente de la honorable Cámara de Representantes, Alfredo Ape Cuello Baute

El secretario general de la honorable Cámara de Representantes, Angelino Lizcano Rivera

Publíquese y ejecútese.

Dada en Bogotá, D.C., a 29 de diciembre de 2006.

(Nota: Véase Ley 1142 de 2007 artículo 56)

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