Superintendencia de Puertos y Transporte

CIRCULAR EXTERNA 18 DE 2012 

(Julio 18)

Asunto: Alcance Circular 17 del 10 de julio de 2012.

En ejercicio de las facultades legales y, en especial, las conferidas por los artículos 40, 41, 42 y 44 del Decreto 101 de 2000; 3º, 4º y 7º numeral 18 del Decreto 1016 de 2000, modificados por el Decreto 2741 de 2001, las Leyes 105 de 1993, 336 de 1996, 769 de 2002, artículos 3º, 6º y 7º, mediante la presente circular se solicita dar estricto cumplimiento a las disposiciones que regulan el desarrollo de los cursos que se dictan a los infractores a las normas de tránsito.

De acuerdo con el artículo 41 del Decreto 101 de 2000, adicionado por el artículo 1º del Decreto 1402 de 2000, modificado por el artículo 3º del Decreto 2741 de 2001 la Superintendencia de Puertos y Transporte “ejercerá las funciones de inspección, vigilancia y control que le corresponden al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa en materia de tránsito, transporte y su infraestructura de conformidad con la ley y la delegación establecida en este decreto”, especialmente para “inspeccionar, vigilar y controlar la aplicación y el cumplimiento de las normas que rigen el sistema de tránsito y transporte” (num. 1º), e “inspeccionar, vigilar y controlar la aplicación de las normas para el desarrollo de la gestión de infraestructura propia del sector transporte” (num. 4º).

Los Organismos de Tránsito son parte de las entidades que conforman el Sistema Nacional del Transporte, como lo prevén los artículos 1º de la Ley 105 de 1993, y 3º y 6º de la Ley 769 de 2002.

El artículo 42 del Decreto 101 de 2000, modificado por el artículo 4º del Decreto 2741 de 2001, establece como sujetos de inspección, vigilancia y control de la Supertransporte, entre otros: “(...) 2. Las entidades del Sistema Nacional de Transporte, establecidas en la Ley 105 de 1993, excepto el Ministerio de Transporte, en lo relativo al ejercicio de las funciones que en materia de transporte legalmente les corresponden. (...) 5. Las personas jurídicas con o sin ánimo de lucro, las empresas unipersonales y las personas naturales que presten servicios de instrucción y capacitación del servicio público de transporte. 6. Las demás que determinen las normas legales”.

El artículo 136 de la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre, modificado por la Ley 1383 de 2010, estableció las condiciones para que los infractores conmuten las sanciones impuestas por la inobservancia de las normas de tránsito, mediante la realización de cursos sobre normas de tránsito, la aceptación de la comisión de la infracción y la reducción de la multa.

El artículo 205 del Decreto-Ley 19 de 2012 establece, literalmente:

“ART. 205.—Reducción de la multa. Modifíquese el contenido del artículo 136 de la Ley 769 de 2002, con excepción de los parágrafos 1º y 2º los cuales conservarán su vigencia, así:

“ART. 136.—Reducción de la multa. Una vez surtida la orden de comparendo, si el inculpado acepta la comisión de la infracción, podrá, sin necesidad de otra actuación administrativa:

1. Cancelar el cincuenta por ciento (50%) del valor de la multa dentro de los cinco (5) días siguientes a la orden de comparendo y siempre y cuando asista obligatoriamente a un curso sobre normas de tránsito en un organismo de tránsito o en un Centro Integral de Atención.

Si el curso se realiza ante un Centro Integral de Atención o en un organismo de tránsito de diferente jurisdicción donde se cometió la infracción, a este se le cancelará un veinticinco por ciento (25%) del valor a pagar y el excedente se pagará al organismo de tránsito de la jurisdicción donde se cometió la infracción; o

2. Cancelar el setenta y cinco (75%) del valor de la multa, si paga dentro de los veinte días siguientes a la orden de comparendo y siempre y cuando asista obligatoriamente a un curso sobre normas de tránsito en un organismo de tránsito o en un Centro Integral de Atención. Si el curso se realiza ante un Centro Integral de Atención o en un organismo de tránsito de diferente jurisdicción donde se cometió la infracción, a este se le cancelará un veinticinco por ciento (25%) del valor a pagar y el excedente se pagará al organismo de tránsito de la jurisdicción donde se cometió la infracción; o

3. Si aceptada la infracción, esta no se paga en las oportunidades antes indicadas, el inculpado deberá cancelar el cien por ciento (100%) del valor de la multa más sus correspondientes intereses moratorios.

Si el inculpado rechaza la comisión de la infracción, deberá comparecer ante el funcionario en audiencia pública para que este decrete las pruebas conducentes que le sean solicitadas y las de oficio que considere útiles.

Si el contraventor no compareciere sin justa causa comprobada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del comparendo, la autoridad de tránsito, después de treinta (30) días calendario de ocurrida la presunta infracción, seguirá el proceso, entendiéndose que queda vinculado al mismo, fallándose en audiencia pública y notificándose en estrados.

En la misma audiencia, si fuere posible, se practicarán las pruebas y se sancionará o absolverá al inculpado. Si fuere declarado contraventor, se le impondrá el cien por ciento (100%) de la sanción prevista en la ley. Los organismos de tránsito de manera gratuita podrán celebrar acuerdos para el recaudo de las multas y podrán establecer convenios con los bancos para este fin. El pago de la multa a favor del organismo de tránsito que la impone y la comparecencia, podrá efectuarse en cualquier lugar del país””.

Algunos organismos de tránsito han interpretado la norma en cita, en el sentido que no requieren cumplir los requisitos de operación exigidos por el Ministerio de Transporte, para dictar los cursos en las condiciones exigidas por las normas de tránsito.

Sobre el particular es de precisar, que las normas deben ser interpretadas de manera gramatical, pues el artículo 27 del Código Civil precisa que “cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”, igualmente, que “las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en estas su significado legal” (ibíd., art. 28-1).

En este sentido, el artículo 205 del Decreto-Ley 19 de 2012 en ninguna parte de su texto indica que los organismos de tránsito no requieren cumplir los requisitos de operación, y sabido es que, conforme a un principio general de hermenéutica aplicable al tema “donde la norma no distingue: no le es dado al intérprete hacerlo”; el artículo 205 del Decreto-Ley 19 de 2012 no hace diferencia alguna entre los Centros Integrales de Atención y los Organismos de Tránsito en cuanto a los requisitos de operación que deben cumplir para efecto de dictar los cursos a que hace referencia la Ley 769 de 2002.

Con fundamento en el inciso 2º del artículo 27 del Código Civil, conforme al cual ‘pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento”; para ello, hay que examinar la evolución de la norma:

El artículo 136 de la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre, redacción original, disponía:

“ART. 136.—Reducción de la sanción. Una vez surtida la orden de comparendo, si el inculpado acepta la comisión de la infracción, podrá cancelar el ciento por ciento (100%) del valor de la multa dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la orden de comparendo, sin necesidad de otra actuación administrativa. O podrá igualmente cancelar el cincuenta por ciento (50%) del valor de la multa al organismo de tránsito y un veinticinco por ciento (25%) al Centro Integral de Atención al cual estará obligado a ir para tomar un curso en la escuela que allí funciona sobre las normas de tránsito. Pero si, por el contrario, la rechaza, el inculpado deberá comparecer ante el funcionario en audiencia pública para que este decrete las pruebas conducentes que le sean solicitadas y las de oficio que considere útiles. Si el contraventor no compareciere sin justa causa comprobada en este tiempo, la autoridad de tránsito dentro de los diez (10) días siguientes seguirá el proceso, entendiéndose que queda vinculado al mismo, fallándose en audiencia pública y notificándose en estrados.

En la misma audiencia, si fuere posible, se practicarán las pruebas y se sancionará o absolverá al inculpado. Si fuere declarado contraventor, se le impondrá el cien por ciento (100%) de la sanción prevista en el código.

Los organismos de tránsito podrán celebrar acuerdos para el recaudo de las multas. Los recursos generados por el cobro de las contravenciones podrán ser distribuidos entre el organismo de tránsito que ejecuta el recaudo, el organismo de tránsito donde se cometió la infracción y por el tercero particular o público en quien este delegue el recaudo previo descuento del diez por ciento (10%) que se destinará específicamente por el organismo de tránsito que conoció la infracción para campañas de educación vial y peatonal. El pago de la multa podrá efectuarse en cualquier lugar del país.

Parágrafo. En los lugares donde existan inspecciones ambulantes de tránsito, los funcionarios competentes podrán imponer al infractor la sanción correspondiente en el sitio y hora donde se haya cometido la contravención respetando el derecho de defensa” (enfatizo).

Se observa que el contenido de la norma en su redacción original establecía claramente que se trata de una “contravención”, “sanción”, “multa”, respecto de la cual se exigía, para conmutarla, que el infractor debía realizar el curso en un Centro Integral de Atención; este artículo fue modificado mediante el artículo 24 de la Ley 1383 de 2010, que estableció:

“ART. 24.—El artículo 136 de la Ley 769 de 2002, quedará así:

‘ART. 136.—Reducción de la multa. Una vez surtida la orden de comparendo, si el inculpado acepta la comisión de la infracción, podrá sin necesidad de otra actuación administrativa, cancelar el cincuenta por ciento (50%) del valor de la multa dentro de los cinco días siguientes a la orden de comparendo, igualmente, o podrá cancelar el setenta y cinco

(75%) del valor de la multa, si paga dentro de los veinte días siguientes a la orden de comparendo, en estos casos deberá asistir obligatoriamente a un curso sobre normas de tránsito en el Centro Integral de Atención, donde se cancelará un 25% y el excedente se pagará al organismo de tránsito. Si aceptada la infracción, esta no se paga en las oportunidades antes indicadas, el inculpado deberá cancelar el (100%) del valor de la multa más sus correspondientes intereses moratorios.

Si el inculpado rechaza la comisión de la infracción, el inculpado deberá comparecer ante el funcionario en audiencia pública para que este decrete las pruebas conducentes que le sean solicitadas y las de oficio que considere útiles. Si el contraventor no compareciere sin justa causa comprobada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, la autoridad de tránsito después de 30 días de ocurrida la presunta infracción seguirá el proceso, entendiéndose que queda vinculado al mismo, fallándose en audiencia pública y notificándose en estrados.

En la misma audiencia, si fuere posible, se practicarán las pruebas y se sancionará o absolverá al inculpado. Sí fuere declarado contraventor, se le impondrá el cien por ciento (100%) del valor de la multa prevista en el código.

Los organismos de tránsito de manera gratuita podrán celebrar acuerdos para el recaudo de las multas y podrán establecer convenios con los bancos para este fin. El pago de la multa y la comparecencia podrá efectuarse en cualquier lugar del país.

PAR. 1º—En los lugares donde existan inspecciones ambulantes de tránsito, los funcionarios competentes podrán imponer al infractor la sanción correspondiente en el sitio y hora donde se haya cometido la contravención respetando el derecho de defensa.

PAR. 2º—A partir de la entrada en vigencia de la presente ley y por un periodo de doce (12) meses, todos los conductores que tengan pendiente el pago de infracciones de tránsito podrán acogerse al descuento previsto en el presente artículo” (énfasis añadido).

En la modificación que fue introducida mediante el artículo 24 de la Ley 1383 de 2010 se mantuvo el mismo espíritu sancionador de la norma, en el sentido que el infractor o contraventor debía, para conmutar la sanción, realizar el curso sobre normas de tránsito en un Centro Integral de Atención. De las citas anteriores se desprende, cómo; ninguna de las modificaciones que ha sufrido la norma, ha tenido por objeto diferenciar entre los Organismos de Tránsito y los Centros Integrales de Atención, en punto del cumplimiento de los requisitos de operación exigidos por el Ministerio de Transporte para dictar los cursos a que alude la Ley 769 de 2002.

De otra parte, el artículo 136 del CNTT subrogado, fue reglamentado por el Ministerio de Transporte, de manera general mediante las Resoluciones número 3204 de 4 de agosto de 2010, “por la cual se establecen los requisitos para la constitución y funcionamiento de los Centros Integrales de Atención”, y 4230 de 4 de octubre del mismo año, “por la cual se modifica y adiciona la Resolución 3204 del 4 de agosto de 2010, proferida por el Ministerio de Transporte”.

En concordancia con lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley 769 de 2002, la Resolución 3204 de 2010 estableció los requisitos de creación y funcionamiento de los Centros Integrales de Atención a nivel nacional. A través de la Resolución 4230 de 2010 se modificó y adicionó el inciso 2º del parágrafo del artículo 10 de la Resolución 3204 del mismo año, en el sentido de disponer que “el curso sobre las normas de tránsito será impartido por los organismos de tránsito hasta tanto se habiliten los Centros Integrales de Atención, de conformidad con los requisitos establecidos para tal efecto” (negrilla fuera de texto). De acuerdo con lo anterior, tanto los Centros Integrales de Atención como los Organismos de Tránsito requieren cumplir los requisitos de operación para prestar el servicio antes citado.

Adicionalmente, para que un Organismo de Tránsito pueda dictar cursos a los infractores de las normas de tránsito, con los fines previstos en el artículo 136 de la Ley 769 de 2002, es necesario que además de estar constituidos conforme lo establece el artículo 6º de la mencionada ley, cuenten con la clasificación que emite el Ministerio de Transporte según lo determina la Resolución 3846 de 1993 y cumplan los requisitos de operación exigidos por el Ministerio de Transporte en los términos de las resoluciones 3204 y 4230 de 2010 emanadas de dicha cartera.

Los Organismos de Tránsito no podrán en ningún caso delegar el desarrollo de tales cursos a terceras personas.

La presente circular es de obligatorio cumplimiento para los destinatarios de la misma y su inobservancia dará lugar a las acciones administrativas que competen a esta Superintendencia, de conformidad con lo previsto en la normatividad que regula la materia.

Publicación

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

18 de julio de 2012.

N. del D.: La presente circular externa va dirigida a las autoridades, organismos de tránsito y centros integrales de atención.