PARTE 4

Derechos humanos

TÍTULO 1

Programa de protección

CAPÍTULO 1

Víctimas y testigos

ART. 2.4.1.1.1.—Objeto. El programa de protección para víctimas y testigos, en el marco de la Ley 975 de 2005, tiene por objeto salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de la población que se encuentre en situación de riesgo como consecuencia directa de su condición de víctima o testigo, dentro del proceso de Justicia y Paz, o para impedir que intervenga en el mismo.

PAR.—Las medidas de protección a que se refiere el presente capítulo deberán coadyuvar favorablemente en garantía del acceso a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.

(D. 1737/2010, art. 1º)

ART. 2.4.1.1.2.—Población objeto. Se considera como beneficiario del programa de que trata el presente capítulo a toda víctima, en los términos que ha definido el artículo 5º de la Ley 975 de 2005, o testigo, que se encuentre en situación de riesgo extraordinario o extremo que atente contra su vida, integridad, libertad y seguridad. El programa dará un énfasis en prevención y protección hacia las mujeres, atendiendo a lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-496 de 2008 y el Auto 92 de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, en lo relacionado con el impacto desproporcionado sobre las mujeres.

(D. 1737/2010, art. 2º)

ART. 2.4.1.1.3.—Principios. El programa de protección para víctimas y testigos en el ámbito de la Ley 975 de 2005, se regirá por los siguientes principios:

Autonomía. El Programa goza de autonomía en la evaluación del cumplimiento de los requisitos exigidos para ser beneficiario, en la determinación de las medidas de protección que se consideren apropiadas para amparar a las víctimas y testigos que se hallen en situación de amenaza o de riesgo y en la adecuación institucional y presupuestal necesaria para garantizar el logro de los fines propuestos, respetando y aplicando las competencias establecidas por la Constitución Nacional y por la Ley 975 de 2005.

Colaboración armónica. Las entidades del Estado responsables de la protección de las víctimas y testigos deben articularse de acuerdo con las competencias institucionales que establecen el artículo 113 de la Constitución Nacional y las leyes y atender pronta, oportuna y efectivamente las decisiones que se adopten por los comités territoriales de justicia transicional, que consagra el artículo 173 de la Ley 1448 de 2011.

Responsabilidad territorial. El programa será complementario a las responsabilidades y deberes de protección y garantía de la vida, la integridad, la seguridad y la libertad personal, que la Constitución y la ley asignan a los entes territoriales y a otras entidades del Estado, sin suplantar ni disminuir las competencias establecidas.

Consentimiento. La aceptación de medidas preventivas y protectivas, tanto individuales como colectivas, será tomada de manera libre y voluntaria por el beneficiario.

Concertación. La víctima podrá sugerir medidas alternativas o complementarias a las dispuestas por el programa, el que determinará su conveniencia, viabilidad y aplicabilidad.

Factores diferenciales. Para la aplicación del programa de protección establecido en el presente decreto se tendrán en consideración las características de la población objeto en términos de género, edad y etnia, y la índole del delito según lo señala el inciso 2º del artículo 38 de la Ley 975 de 2005.

Celeridad. Para garantizar una atención efectiva a la población objeto de protección, las entidades del Estado responsables deberán adoptar de manera oportuna y contingente, con celeridad y diligencia, las medidas tendientes a la protección de la vida, integridad, seguridad y libertad de las víctimas y testigos.

Confidencialidad. Toda actuación e información relativa a la protección de personas beneficiarias de este programa, en cualquiera de sus etapas, tendrá carácter reservado. Las personas que integran la población objeto del mismo también están obligadas a guardar dicha reserva.

Temporalidad. Las medidas de protección, individuales o colectivas, serán de carácter temporal y tendrán una vigencia determinada por el resultado que arroje el estudio de nivel de riesgo y grado de amenaza.

Proporcionalidad. Para la aplicación de las medidas de protección, deberán tenerse en cuenta los principios y garantías constitucionales las cuales deberán guardar correspondencia y pertinencia con el nivel de riesgo.

Buena fe. De acuerdo con el artículo 83 de la Constitución Nacional, los funcionarios públicos deberán presumir la buena fe de las víctimas y testigos, en todas las gestiones que adelantan ante las entidades. Corresponde al Estado demostrar si hay falsedad en la acción del solicitante.

Salvaguarda de derechos. El programa propenderá por la protección de los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad personales, evitando generar con su actuación riesgos adicionales.

PAR.—La violación de los principios que genere una vulneración de los derechos fundamentales de la víctima puede acarrear sanciones penales y disciplinarias.

(D. 1737/2010, art. 3º)

ART. 2.4.1.1.4.—Definiciones. Para la adopción y aplicación de las medidas y protección a que se refiere el presente capítulo, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

Víctima. Persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley. También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. Lo anterior en el entendido que lo aquí establecido no excluye como víctimas a otros familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal, cometida por miembros de grupos armados organizados al margen de la ley.

Testigo. Es la persona que tiene conocimiento de la comisión de un delito perpetrado por grupos armados al margen de la ley, en el marco de la Ley 975, y que en concepto del fiscal delegado de justicia y paz competente, tenga o pueda tener un aporte sustancial a la investigación que adelanta y que afronte un riesgo extraordinario o extremo para su vida e integridad personal.

En caso de que concurran las calidades de testigo —desmovilizado o testigo— postulado será remitido a la autoridad correspondiente de brindar la protección.

Amenaza. Es el anuncio o indicio de acciones que puedan llegar a causar daño a la vida, integridad, libertad o seguridad de una persona o de su familia. La amenaza puede ser directa cuando está expresamente dirigida contra la víctima o indirecta cuando se presume inminencia de daño como resultado de situaciones emergentes, en el contexto de la víctima. La amenaza está constituida por un hecho o una situación de carácter externo y requiere la decisión o voluntariedad de causar un daño.

Vulnerabilidad. Está determinada por el nivel de exposición que la víctima tiene al riesgo, y está constituida por el conjunto de factores que impiden a la víctima, por sus propios medios, evitar la materialización de la amenaza o asumir la mitigación de los impactos derivados de su existencia. La vulnerabilidad también está asociada a los factores diferenciales.

Capacidad. Recursos tanto institucionales como sociales y personales, que permiten hacer frente a un riesgo.

Enfoque diferencial. Expresa el reconocimiento y acciones del Estado para contrarrestar o minimizar la forma distinta, a veces incluso desproporcionada, en que la violencia y las amenazas afectan a determinados grupos sociales en relación con sus características particulares de edad, género, etnia, salud, discapacidad u opción sexual. Estas diferencias, determinadas de manera cultural, social e histórica, resultan decisivas en la aplicación de todos los dispositivos de prevención y protección establecidos en este decreto y en la forma como las entidades deben establecer su trato con los sectores mencionados, a fin de evitar ahondar en la discriminación y el daño causado.

Riesgo. Es la probabilidad objetiva de que un peligro contra un individuo o un grupo de individuos se materialice en daño o agresión. El riesgo está determinado por la gravedad e inminencia de la amenaza, en relación con la vulnerabilidad de la víctima y las capacidades institucionales y sociales. El riesgo está limitado a un espacio y momento determinados.

Riesgo extraordinario. Es aquel que atenta contra el derecho a la seguridad personal de la víctima o testigo en el marco de la Ley 975 de 2005 y que se adecúa a las siguientes características:

— Que sea específico e individualizable.

— Que sea concreto, fundado en acciones o hechos particulares y manifiestos y no en suposiciones abstractas.

— Que sea presente, no remoto ni eventual.

— Que sea importante, es decir, que amenace con lesionar bienes o intereses jurídicos valiosos, integridad física, psíquica y sexual para la víctima o testigo.

— Que sea serio, de materialización probable por las circunstancias del caso.

— Que sea claro y discernible.

— Que sea excepcional en la medida en que no debe ser soportado por la generalidad de los individuos.

— Que sea desproporcionado, frente a los beneficios que deriva la persona de la situación por la cual se genera el riesgo.

Riesgo extremo. Es aquel que, además de ser extraordinario, es también grave, inminente y dirigido contra la vida o la integridad de la víctima o testigo.

Mapa de riesgo. Es una herramienta metodológica de identificación de franjas poblacionales, municipios o territorios de grupos étnicos afectados, que deberán ser priorizados para la atención de prevención y protección frente a situaciones de amenaza en que se encuentra la población objeto del programa, objeto del presente decreto.

Estudio de nivel de riesgo. Es el resultado del análisis técnico de seguridad sobre la gravedad e inminencia de la amenaza en que se encuentra una persona natural, familia o grupo de personas, así como de las condiciones particulares de vulnerabilidad que les afectan, en relación directa con la amenaza. El estudio de nivel de riesgo tomará en consideración los factores de diferenciación determinados en el presente decreto, con el fin de que las entidades encargadas adopten medidas que no sólo contrarresten o mitiguen la amenaza sino que adicionalmente disminuyan los factores de vulnerabilidad de la víctima o testigo y potencien sus capacidades, individuales, grupales o comunitarias y les garanticen mecanismos de participación, de conformidad con la Sentencia T-496 de 2008.

Medidas complementarias de carácter asistencial. Son aquellas orientadas a la atención de necesidades primarias tales como salud, educación, recreación, teniendo en cuenta el enfoque diferencial y de género. Igualmente incluyen el apoyo sicosocial y orientación jurídica.

(D. 1737/2010, art. 4º)

ART. 2.4.1.1.5.—Órganos que integran el programa de protección para víctimas y testigos en el marco de la Ley 975 de 2005. El programa contará con los siguientes órganos para su dirección, ejecución, evaluación y seguimiento:

1. Dirección.

2. Grupos Interinstitucionales de apoyo.

3. Grupo técnico de evaluación de riesgo.

4. Grupo departamental de medidas complementarias.

(D. 1737/2010, art. 5º)

ART. 2.4.1.1.6.—Dirección del programa de protección para víctimas y testigos de la Ley 975 de 2005. La Dirección del Programa de Protección para Víctimas y Testigos de la Ley 975 de 2005, estará a cargo del Ministerio del Interior a través de la Dirección de Derechos Humanos.

(D. 1737/2010, art. 6º)

ART. 2.4.1.1.7.—Funciones de la dirección del programa de protección para víctimas y testigos:

1. Orientar las políticas, definir los procedimientos, diseñar e impulsar los planes del programa de protección para víctimas y testigos de la Ley 975 de 2005, tendientes a garantizar la plena aplicación de los principios contenidos en el presente decreto.

2. Servir de enlace entre las entidades del Estado competentes para garantizar la concurrencia armónica de las instituciones públicas a nivel nacional, departamental y municipal, responsables de adoptar e implementar las medidas y para garantizar su participación en las diferentes etapas de este Programa, en los términos del presente decreto.

3. Servir de órgano de articulación interinstitucional con otras entidades para proveer atención integral a la población beneficiaria, teniendo en cuenta criterios de enfoque de género y diferencial.

4. Hacer seguimiento y evaluación al programa de protección para víctimas y testigos, al funcionamiento y determinaciones del grupo técnico de evaluación de riesgo, GTER y al impacto de las medidas.

5. Brindar asistencia técnica a las autoridades de orden territorial en la aplicación de los diferentes dispositivos de prevención y protección previstos en el presente decreto.

6. Servir de órgano de segunda instancia que conocerá y decidirá las impugnaciones a las decisiones que sean adoptadas por los grupos técnicos de evaluación de riesgo, GTER, sobre la vinculación o no al programa, las medidas adoptadas y la desvinculación.

7. Coordinar estrategias de capacitación, orientación y asistencia técnica necesaria y oportuna a entidades encargadas de operar el programa.

8. Definir las medidas políticas de prevención previstas a nivel nacional.

9. Orientar las acciones de prevención a nivel departamental y municipal, a desarrollar por parte de las entidades territoriales responsables, a partir del mapa de riesgo aprobado.

10. Disponer los ajustes a las medidas de protección adoptadas, cuando las circunstancias así lo requieran.

11. Preparar un informe cada cuatro meses para el comité interinstitucional de justicia y paz, sobre el seguimiento del programa.

12. Las demás que se consideren necesarias para el cumplimiento del objeto del programa.

(D. 1737/2010, art. 7º)

ART. 2.4.1.1.8.—De los grupos interinstitucionales de apoyo. La dirección contará con dos grupos interinstitucionales de apoyo, el grupo técnico de elaboración del mapa de riesgo y el grupo interinstitucional de protección.

(D. 1737/2010, art. 8º)

Estos grupos asesores apoyarán, adicionalmente, a la dirección en el desarrollo de las funciones que le han sido asignadas en el marco de este programa.

ART. 2.4.1.1.9.—Del grupo técnico de elaboración del mapa de riesgo. El grupo técnico de elaboración del mapa de riesgo estará integrado por la Policía Nacional y el observatorio de la consejería presidencial para los derechos humanos.

(D. 1737/2010, art. 9º)

ART. 2.4.1.1.10.—De las funciones del grupo técnico de elaboración del mapa de riesgo. El grupo técnico de elaboración del mapa de riesgo tendrá como función recopilar información, elaborar y actualizar el mapa de riesgo para presentación ante el comité interinstitucional de justicia y paz, y para ser utilizado como insumo para la toma de decisiones por parte de los diferentes órganos que conforman este programa.

(D. 1737/2010, art. 10)

ART. 2.4.1.1.11.—El grupo interinstitucional de protección. El grupo interinstitucional de protección estará integrado por representantes de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Dirección de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Salud y Protección Social, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, y la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

La secretaría técnica estará a cargo de la dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior.

PAR.—La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación participarán en esta instancia en cumplimiento de los deberes que le señala la Ley 24 de 1992, como garante de los derechos de las víctimas pero no tomará parte en las decisiones.

(D. 1737/2010, art. 11; D. 4800/2011, art. 220)

ART. 2.4.1.1.12.—De las funciones del grupo interinstitucional de protección. El grupo interinstitucional de protección tendrá las siguientes funciones:

1. Elaborar y aprobar los protocolos de atención individual y colectiva de protección a víctimas y testigos en el marco de la Ley 975 de 2005, con enfoque diferencial y de género.

2. Sugerir a las entidades encargadas de la ejecución de medidas de protección, la adopción de otras medidas de protección, además de las existentes, que considere pertinentes.

3. Presentar a la dirección del programa, cada dos meses, un documento de análisis y seguimiento tanto del funcionamiento como de la implementación de las medidas de protección individuales y colectivas adoptadas.

4. Adoptar las medidas de protección colectivas, de acuerdo a lo establecido en el protocolo, las cuales se coordinarán con el grupo departamental de medidas complementarias, para su ejecución.

5. Recomendar ajustes a las políticas y procedimientos de evaluación de riesgo, prevención, protección y aplicación del enfoque de género diferencial, sobre la base de las experiencias recogidas y sistematizadas.

6. Coadyuvar en la coordinación de estrategias de capacitación, orientación, y asistencia técnica necesaria a las entidades encargadas de operar el programa.

7. Desarrollar estrategias de difusión del Programa dirigidas a la población víctima.

8. Expedir su propio reglamento.

PAR. 1º—La Defensoría del Pueblo participará en esta instancia en cumplimiento de los deberes que le señala la Ley 24 de 1992, como garante de los derechos de las víctimas y de las minorías étnicas, pero no tomará parte en las decisiones.

PAR. 2º—Las entidades que componen los grupos asesores deberán delegar ante la secretaría técnica, los funcionarios principales y suplentes que representarán a cada una de las entidades.

(D. 1737/2010, art. 12)

ART. 2.4.1.1.13.—Grupo técnico de evaluación de riesgo. En desarrollo del principio de colaboración armónica entre las entidades del Estado, el grupo técnico de evaluación de riesgo, GTER, estará conformado por la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a Víctimas.

PAR. 1º—Las entidades que componen el grupo técnico de evaluación de riesgo deberán delegar ante la secretaría técnica, los funcionarios principales y suplentes que representarán a cada una de las entidades.

PAR. 2º—La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación participarán, con voz pero sin voto, conforme a lo establecido en la Ley 24 de 1992, como garantes de los derechos de las víctimas.

PAR. 3º—El grupo técnico de evaluación de riesgo deberá estar compuesto por lo menos de dos (2) psicólogos especializados en protección a víctimas.

PAR. 4º—En caso de discrepancia en la valoración del riesgo la medida se tomará a favor de la víctima.

(D. 1737/2010, art. 13; D. 4800/2011, art. 221)

ART. 2.4.1.1.14.—Distribución territorial de los grupos técnicos de evaluación de riesgo. El programa contará con regionales del grupo técnico de evaluación de riesgo, las cuales estarán ubicadas en las ciudades que se señalan a continuación y tendrán la siguiente comprensión territorial:

Medellín. Comprende los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó.

Barranquilla. Comprende los departamentos de Atlántico, Guajira, Bolívar, Sucre y Magdalena.

Cali. Comprende los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

Bucaramanga. Comprende los departamentos de Santander, Norte de Santander y Cesar.

Pereira. Comprende los departamentos de Risaralda, Caldas y Quindío.

Bogotá. Comprende los departamentos de Huila, Boyacá, Tolima, Arauca, Casanare, Putumayo, Caquetá, Amazonas, Vichada, Vaupés, Guainía, Guaviare, San Andrés, Meta y Cundinamarca.

PAR. 1º—La dirección del programa podrá crear nuevas regionales del grupo técnico de evaluación de riesgo, GTER, determinadas por la dinámica del proceso de justicia y paz.

PAR. 2º—La Secretaría técnica del grupo técnico de evaluación de riesgo, GTER, estará a cargo de la oficina de protección y asistencia de la Fiscalía General de la Nación de Bogotá y contará con secretarías delegadas a cargo de las unidades regionales de esta oficina.

(D. 1737/2010, art. 14)

ART. 2.4.1.1.15.—Funciones del grupo técnico de evaluación de riesgo, GTER. El grupo técnico de evaluación de riesgo, GTER, deberá:

1. Aplicar las disposiciones, criterios y metodologías sobre la evaluación de riesgo presentes en el Protocolo Único de Protección para Víctimas y Testigos de la Ley 975 de 2005.

2. Evaluar y determinar el nivel de riesgo de las víctimas y/o testigos definidos en la Ley 975 de 2005, reportado por cualquier funcionario público o autoridad territorial, tomando como base la gravedad e inminencia de la amenaza, el grado de vulnerabilidad y los factores diferenciales presentes en la persona afectada.

3. Determinar si la víctima, para quien se solicitan medidas, se encuentra dentro de la definición de población objeto del programa previsto en el presente capítulo.

4. Adoptar las medidas que correspondan, de acuerdo con el nivel de riesgo en cada caso.

5. En los casos en que el grupo técnico de evaluación de riesgo, GTER, advierta la existencia de riesgos para una colectividad, informará a la dirección del programa y a la secretaría técnica del grupo interinstitucional de protección para que se adopten las medidas preventivas y protectivas a que haya lugar, las cuales serán presentadas en el marco del grupo departamental de medidas complementarias.

6. Notificar a los interesados a través de las secretarías técnicas delegadas, las decisiones adoptadas por el grupo técnico de evaluación de riesgo en cada caso.

7. Resolver en primera instancia, los recursos de reposición interpuestos en contra de las decisiones de este grupo, sobre vinculación o no al programa y las medidas adoptadas.

8. Realizar reevaluaciones, cada seis meses, a los casos vinculados al programa, o cuando se manifieste la existencia de nuevos hechos de riesgo. Lo anterior atendiendo el principio de temporalidad.

9. Presentar informe mensual a la Dirección del programa y al grupo interinstitucional de protección sobre la gestión y decisiones adoptadas.

(D. 1737/2010, art. 15)

ART. 2.4.1.1.16.—Grupo departamental de medidas complementarias. En aplicación al principio de responsabilidad territorial, se crean los grupos departamentales de medidas complementarias.

Estará integrado por el gobernador o su secretario de gobierno o del interior del departamento, la policía nacional, la dirección seccional de fiscalías y la Defensoría del Pueblo.

(D. 1737/2010, art. 16)

ART. 2.4.1.1.17.—De las funciones del grupo departamental de medidas complementarias. El grupo departamental de medidas complementarias tendrá las siguientes funciones:

1. Definir e implementar las medidas complementarias, a las medidas de protección individuales asignadas por cada una de las instancias del programa de protección.

2. Poner en marcha los dispositivos de protección a municipios, franjas poblaciones y territorios colectivos de grupos étnicos, teniendo en cuenta el enfoque de género y diferencial, que adopte el grupo interinstitucional de protección.

3. Establecer un diálogo con las comunidades, particularmente con las organizaciones de víctimas y de mujeres, a fin de identificar los factores de vulnerabilidad y las potenciales amenazas que les afectan.

4. Ejecutar las medidas enunciadas en el artículo de dispositivos poblacionales.

PAR. 1º—La dirección del programa, a fin de garantizar la concurrencia institucional, brindará la información necesaria al grupo departamental de medidas complementarias, sobre las funciones que le corresponde cumplir en el marco de este programa; de igual manera, aportará la información de carácter no reservado, relacionada con el riesgo y la problemática de las víctimas en su jurisdicción.

PAR. 2º—Los gobernadores en cada departamento, atenderán los requerimientos de implementación de medidas complementarias definidas por el comité departamental, cuando la ejecución sea de su competencia.

(D. 1737/2010, art. 17)

ART. 2.4.1.1.18.—Análisis del mapa de riesgo. El grupo interinstitucional de protección analizará y adoptará las medidas de protección que considere necesarias, en coordinación con el grupo departamental de medidas complementarias correspondiente.

(D. 1737/2010, art. 18)

ART. 2.4.1.1.19.—Actualización del mapa de riesgo. El grupo técnico de elaboración de mapa de riesgo, deberá presentar cada cuatro (4) meses, la actualización del mapa de riesgo, con el objeto de ajustar la priorización de los municipios, franjas poblacionales y territorios colectivos de grupos étnicos para la atención preventiva, según la dinámica del proceso de justicia y paz.

(D. 1737/2010, art. 19)

ART. 2.4.1.1.20.—Dispositivos de protección. Para efectos de garantizar una respuesta oportuna, en términos de prevención, atención individual y colectiva, con enfoque diferencial y de género, el programa de protección para víctimas y testigos de la Ley 975 de 2005, tendrá tres dispositivos de protección:

1. Medidas de carácter general.

2. Dispositivos colectivos y poblacionales.

3. Dispositivos individuales.

(D. 1737/2010, art. 20)

ART. 2.4.1.1.21.—Medidas de carácter general. Son las que contribuyen a crear un ambiente favorable de protección para todas las víctimas, al fortalecimiento de la institucionalidad, y a la sensibilización e información de la ciudadanía respecto a los derechos de las víctimas y la preservación de su dignidad. A ese propósito corresponden las siguientes medidas.

1. La dirección de justicia transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho dará a conocer a los servidores públicos de los diferentes niveles territoriales, las rutas o protocolos de atención y protección existentes, encaminadas a orientar y apoyar a las víctimas para la reclamación de sus derechos, acceso a la justicia y las garantías que se deben brindar a todo nivel para generar el respeto a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal.

2. La dirección del programa pondrá en marcha una campaña de sensibilización de un año de duración, a través de los medios de comunicación y mediante actividades pedagógicas y foros públicos, reiterando el compromiso y responsabilidad del Estado en el tema de protección. La campaña enfatizará el trato digno a las víctimas desde los servidores del Estado, con un reconocimiento especial a las mujeres víctimas, grupos étnicos y otros sectores sociales que comportan factores de diferenciación. Igualmente, buscará difundir e informar sobre los procedimientos y responsabilidades del programa.

3. Las autoridades nacionales, departamentales y municipales, incrementarán sus acciones contra los diversos grupos y factores delincuenciales que generan amenaza y constreñimiento contra las víctimas de justicia y paz.

(D. 1737/2010, art. 21)

ART. 2.4.1.1.22.—Dispositivos colectivos y poblacionales. Está dirigido a municipios, franjas poblacionales y territorios colectivos de grupos étnicos que hayan sido priorizados en el mapa de riesgo. Su atención estará a cargo del grupo departamental de medidas complementarias, bajo la coordinación del gobernador o su secretario del interior o de gobierno y con acompañamiento del grupo interinstitucional de protección. Entre las medidas a disponer por parte de las autoridades anteriormente señaladas están:

1. Asegurar el control del área geográfica señalada, con acciones investigativas, de apoyo a la población y de contención de la amenaza proveniente de grupos armados ilegales que estén generando constreñimiento y ataques contra las víctimas, las cuales estarán a cargo de la Policía Nacional.

2. Definir planes de prevención y protección con mecanismos de seguimiento y concertación entre la comunidad y las autoridades. Los planes incluirán actividades que involucren a las comunidades en la autoprotección, el fortalecimiento comunitario y la orientación para el acceso a la justicia. Cuando se trate de territorios colectivos de grupos étnicos, las medidas de prevención y de contención de la amenaza, serán previamente concertadas con sus autoridades tradicionales.

3. Desarrollar con cargo al plan básico de salud, programas de impacto psicosocial con refuerzo del tejido social y con atención dirigida a asegurar la aplicación del enfoque de género y diferencial.

4. Desarrollar actividades de educación comunitaria en mecanismos de acceso a la justicia, derechos humanos, derechos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, rutas de atención en violencia de género y abusos sexuales, entre otros.

PAR. 1º—El gobernador o su secretario del interior o de gobierno, solicitará la intervención de las Fuerzas Militares, cuando la Policía Nacional no esté en capacidad por sí sola de atender los requerimientos de que trata este artículo.

PAR. 2º—Se pondrá en conocimiento del Ministerio de Defensa Nacional, las conclusiones del mapa de riesgo, con el fin de que coordine los esfuerzos necesarios.

(D. 1737/2010, art. 22)

ART. 2.4.1.1.23.—Dispositivos individuales. El dispositivo individual consiste en el conjunto de medidas y medios de protección específicos, adecuados y suficientes, para evitar que se materialice el riesgo extraordinario o extremo sobre una víctima o testigo, en el marco de la Ley 975 de 2005.

Este dispositivo será aplicado por la Fiscalía General de la Nación o la Policía Nacional, de acuerdo con la asignación de medidas que determine el respectivo grupo técnico de evaluación de riesgo, GTER. En todos los casos, la atención individual del riesgo se basará integralmente en los procedimientos, criterios e instancias de articulación interinstitucional, previstos en el presente capítulo y especificadas en el protocolo único de protección para víctimas y testigos de justicia y paz.

(D. 1737/2010, art. 23)

ART. 2.4.1.1.24.—Etapas del dispositivo individual. El dispositivo individual contempla cuatro etapas.

1. Asistencia inicial.

2. Evaluación y calificación de riesgo.

3. Determinación y ejecución de las medidas de protección.

4. Terminación de la protección.

(D. 1737/2010, art. 24)

ART. 2.4.1.1.25.—Asistencia inicial. La asistencia inicial consiste en satisfacer las necesidades de la víctima o testigo solicitante y su núcleo familiar, en materia de seguridad, hospedaje, alimentación, aseo, transporte, vestuario, asistencia médica de urgencia y demás aspectos que permitan su protección en condiciones de dignidad, atendiendo el enfoque diferencial y de género.

La asistencia inicial se activará por parte de la Policía Nacional en el nivel municipal o departamental, a solicitud del interesado, de cualquier servidor público, o de oficio y se mantendrá hasta tanto se notifique la decisión adoptada por el grupo técnico de evaluación de riesgo.

Las medidas de seguridad a cargo de la Policía Nacional, podrán ser autoprotección, rondas policiales y plan padrino.

PAR. 1º—Todos los servidores públicos tendrán la obligación de poner en conocimiento de la Policía Nacional cualquier situación de riesgo o amenaza en contra de una víctima o testigo, en el marco de la Ley 975 de 2005 con el fin de activar el procedimiento establecido en este artículo, y de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que disponga la correspondiente investigación de los hechos denunciados.

PAR. 2º—Si la víctima manifiesta reserva de confianza por razones de seguridad hacia cualquier entidad vinculada con el desarrollo de este Programa, el personero municipal o el representante del Ministerio Público, acompañarán el procedimiento.

(D. 1737/2010, art. 25)

ART. 2.4.1.1.26.—Finalización de la asistencia inicial. La asistencia inicial concluirá cuando se presenten alguna de las siguientes situaciones:

1. Cuando se adopten las medidas de protección por parte del grupo técnico de evaluación de riesgos, GTER o la dirección del programa. En cualquier caso, se deberá dejar constancia de tales circunstancias en acta que deberá ser notificada al beneficiario de protección.

2. Cuando el beneficiario de la asistencia inicial manifieste su voluntad de no querer continuar recibiendo la asistencia, su manifestación deberá constar por escrito.

3. Cuando el beneficiario de la asistencia inicial incumpla las obligaciones adquiridas o haga mal uso de ellas.

(D. 1737/2010, art. 26)

ART. 2.4.1.1.27.—Evaluación y calificación del riesgo individual. El grupo técnico de evaluación de riesgos, GTER, a través de la Policía Nacional o la Fiscalía General de la Nación, realizarán la evaluación y calificación de riesgo, con el fin de asignar, de considerarse necesario, las medidas de seguridad estipuladas en el presente capítulo.

Una vez puesto el caso en conocimiento del GTER, este contará con un plazo máximo de quince (15) días hábiles para realizar la evaluación y calificación del riesgo y decidir sobre las medidas de protección correspondientes; plazo que excepcionalmente podrá ser prorrogado, previa motivación.

Cuando se establezca que este programa no es competente para evaluar el caso, la secretaría técnica, previo concepto del GTER, remitirá al programa competente e informará a la Policía Nacional para que se suspenda la asistencia inicial estipulada en el artículo 2.4.1.1.25.

(D. 1737/2010, art. 27)

ART. 2.4.1.1.28.—Certificación. Los fiscales delegados de la Unidad de Justicia y Paz certificarán sumariamente la calidad de víctima o testigo en el procedimiento de la Ley 975 de 2005, como requisito para acceder a este programa, tomando como referencia el reporte de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley y la valoración de las entrevistas a los testigos de un hecho atribuible a grupos armados organizados al margen de la ley.

(D. 1737/2010, art. 28)

ART. 2.4.1.1.29.—Determinación y ejecución de las medidas. Cuando el grupo técnico de evaluación de riesgo, GTER, haya determinado que la víctima solicitante se encuentra en situación de riesgo extraordinario o extremo, se aplicarán las siguientes medidas:

1. Autoprotección. Es la orientación que se imparte, con el propósito de dar a conocer a la víctima o testigo, las formas y procedimientos más indicados para prevenir actos contra su vida, libertad e integridad personal.

2. Rondas de la Policía Nacional. Son los patrullajes periódicos preventivos realizados por la Policía Nacional para brindar seguridad al entorno de la residencia o sede de la organización a la cual pertenece la víctima o testigo.

3. Plan padrino. Es la asignación de la responsabilidad individual a un funcionario de Policía, el cual establecerá una permanente comunicación con la víctima o testigo, con el fin de reportar o monitorear la situación de seguridad y prevenir hechos en su contra.

4. Medios de comunicación. Son los equipos de comunicación entregados como elementos para la protección, con el objeto de permitir el acceso a la comunicación oportuna y efectiva del beneficiario con los organismos del Estado que participan en el programa de protección, con el fin de comunicar una situación de emergencia, dar cuenta de su situación de seguridad y evitar el riesgo que supone utilizar otro medio de comunicación.

5. Chalecos antibalas. Es una prenda blindada asignada a la víctima o testigo, para la protección del cuerpo humano.

6. Esquemas móviles. Son los recursos físicos y humanos otorgados a los beneficiarios del programa con el propósito de evitar agresiones contra su vida.

7. Reubicación. Es el traslado definitivo de la víctima o testigo en riesgo en el marco de la Ley 975 de 2005, de la zona de riesgo a otro sitio del país, evento en el cual se le brinda apoyo para la estabilización socioeconómica. En todo caso, la Fiscalía General de la Nación, garantizará la seguridad y subsistencia del protegido, hasta tanto se implemente la medida de la que trata este numeral.

PAR. 1º—La aplicación de las medidas de protección dispuestas por el grupo técnico de evaluación de riesgo, GTER, se formalizarán mediante acta de compromiso suscrita entre el beneficiario de las medidas y el representante de la entidad competente, en la cual se harán constar las obligaciones que adquiere el protegido y las consecuencias de su desacato o el mal uso que haga de ellas.

PAR. 2º—Las medidas enunciadas en los numerales del 1 al 6 no son excluyentes en su implementación.

(D. 1737/2010, art. 29)

ART. 2.4.1.1.30.—Reevaluación del riesgo. El grupo técnico de evaluación de riesgo, GTER, reevaluará el riesgo de las personas vinculadas al Programa cada seis (6) meses.

Consecuentemente con el resultado de la reevaluación del riesgo, las medidas de protección asignadas se podrán suspender, retirar, renovar o modificar, para lo cual se tendrá en cuenta el procedimiento establecido en el artículo 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(D. 1737/2010, art. 30)

ART. 2.4.1.1.31.—Entidades competentes. En los términos del presente capítulo, la ejecución de las medidas de protección tendrán los siguientes responsables principales:

1. Medidas políticas. Estarán bajo el liderazgo del Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Derechos Humanos.

2. Asistencia inicial. A cargo de la Policía Nacional, conforme a lo estipulado en el artículo 2.4.1.1.25 del presente decreto.

3. Medidas de dispositivos individuales. A cargo de la Fiscalía General de la Nación: estarán la reubicación, chalecos antibalas y medios de comunicación.

4. Las medidas de autoprotección. Las rondas policiales y el plan padrino, estarán a cargo de la Policía Nacional.

5. La medida de esquemas móviles. Serán asumidas conjuntamente por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.

6. Medidas complementarias. A cargo del grupo departamental de medidas complementarias, conformado por el gobernador o su secretario del interior, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR, cuando esta tenga representación en dicho departamento.

7. Seguimiento y monitoreo. A cargo de la Procuraduría General de la Nación y el grupo interinstitucional de protección.

(D. 1737/2010, art. 31)

ART. 2.4.1.1.32.—Medidas complementarias. Para la aplicación de las medidas complementarias se buscará integrar la atención a las necesidades de las víctimas y testigos, con el propósito de salvaguardar sus derechos afectados y buscar su bienestar emocional y familiar, por tal razón, deberán concurrir todas las entidades competentes en la ejecución de programas orientados a dar respuesta a estas necesidades. Igualmente se podrán convocar entidades sin ánimo de lucro que colaboren con estos propósitos.

En desarrollo de este artículo, las entidades que hacen parte del programa podrán celebrar convenios o contratos con el fin de garantizar la aplicación de las medidas complementarias.

PAR.—En todas las medidas complementarias implementadas, la autoridad a cargo se asegurará de la adecuada aplicación del enfoque de género y diferencial.

(D. 1737/2010, art. 32)

ART. 2.4.1.1.33.—Evaluación sobre la pertinencia y contenido de las medidas complementarias. Cuando la situación de amenaza amerite el traslado de la víctima o testigo y/o se afecten de manera decidida sus derechos o los de su grupo familiar a la educación, la salud y la estabilidad emocional, el grupo técnico de evaluación de riesgo, GTER, remitirá el caso al grupo departamental de medidas complementarias, a fin de asegurar las acciones de garantía de restitución de los derechos afectados y de preservar el bienestar personal y familiar.

El grupo departamental de medidas complementarias valorará la asignación de medidas complementarias, a fin de asegurar los medios necesarios, en el marco de las competencias institucionales, garantizar la protección de los demás derechos afectados, brindar la asistencia psicológica a la persona amenazada y a su familia y asegurar la debida orientación jurídica, en el marco de la Ley 975, para la reclamación de sus derechos y el acceso a la justicia.

(D. 1737/2010, art. 33)

ART. 2.4.1.1.34.—Terminación de la protección. El grupo técnico de evaluación de riesgo, podrá determinar la terminación de la protección cuando se presente una de las siguientes causales:

1. Cuando de la reevaluación se determine la disminución del riesgo a nivel mínimo u ordinario.

2. Por renuncia voluntaria del beneficiario.

3. Por la ejecución de la reubicación definitiva.

4. Cuando el protegido es cobijado por una medida de aseguramiento privativa de la libertad.

PAR.—En caso de que la medida de aseguramiento se profiera contra el titular, las medidas de protección que se estén brindando o beneficios pendientes por entregar, deberán ejecutarse respecto de su grupo familiar acogido por extensión.

(D. 1737/2010, art. 34)

ART. 2.4.1.1.35.—Exclusión unilateral. El grupo interinstitucional de protección podrá determinar la exclusión unilateral del protegido y su grupo familiar por el incumplimiento de las obligaciones adquiridas con este programa, previo informe del GTER respectivo.

Las causales de incumplimiento de las obligaciones adquiridas con el programa de protección, serán establecidas dentro del protocolo de protección individual y serán manifestadas al protegido, mediante acto administrativo, al ingreso a este programa.

PAR. 1º—En el caso, en el cual se incumplan los compromisos adquiridos por el protegido en la medida de reubicación definitiva, se entenderá que la persona asume el riesgo por el cual fue incluida en el programa y se obliga a restituir los dineros otorgados para la ejecución de tal medida.

PAR. 2º—Para la exclusión unilateral se adoptará el procedimiento establecido en el artículo 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

PAR. 3º—En todo caso, contra los actos administrativos que definan lo establecido en el presente capítulo, procederán los recursos de reposición y en subsidio apelación, en los términos de los artículos 74 a 81 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(D. 1737/2010, art. 35)

ART. 2.4.1.1.36.—Recursos. La ejecución de las medidas definidas en el presente capítulo para el funcionamiento del programa de protección para víctimas y testigos, estarán sujetas a los recursos que para el efecto se apropien en el Presupuesto General de la Nación y estén contenidos en el marco de gastos de mediano plazo.

Para tal fin el Ministerio del Interior presentará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las necesidades presupuestales para ejecución de este programa.

(D. 1737/2010, art. 36)

ART. 2.4.1.1.37.—Proyección de recursos. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación presentarán oportunamente a la Dirección del Programa, la proyección de recursos para el cumplimiento de las funciones asignadas para cada vigencia fiscal.

(D. 1737/2010, art. 37)

ART. 2.4.1.1.38.—(Modificado).* Destinación de recursos. Los recursos que se apropian en la ley de Presupuesto General de la Nación a las instituciones comprometidas en la ejecución de las medidas definidas en el presente capítulo, serán destinados al cumplimiento de las funciones del programa de protección a víctimas y testigos de la Ley 975 de 2005.

(D. 1737/2010, art. 38)

*(Nota: Modificado por el Decreto 660 de 2018 artículo 2° del Ministerio del Interior)

CAPÍTULO 2

Prevención y protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades

ART. 2.4.1.2.1.—Objeto. Organizar el programa de prevención y protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades que se encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, o en razón del ejercicio de su cargo, en cabeza de la Unidad Nacional de Protección, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior.

(D. 4912/2011, art. 1º)

ART. 2.4.1.2.2.—Principios. Además de los principios constitucionales y legales que orientan la función administrativa, las acciones en materia de prevención y protección, se regirán por los siguientes principios:

1. Buena fe: Todas las actuaciones que se surtan ante el programa, se ceñirán a los postulados de la buena fe.

2. Causalidad: La vinculación al programa de prevención y protección, estará fundamentada en la conexidad directa entre el riesgo y el ejercicio de las actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias.

Los interesados en ser acogidos por el programa deben demostrar, siquiera sumariamente, dicha conexidad.

3. Complementariedad: Las medidas de prevención y protección se implementarán sin perjuicio de otras de tipo asistencial, integral o humanitario que sean dispuestas por otras entidades.

4. Concurrencia: La Unidad Nacional de Protección, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y demás autoridades del orden nacional, los municipios y departamentos aportarán las medidas de prevención y protección de acuerdo con sus competencias y capacidades institucionales, administrativas y presupuestales, para la garantía efectiva de los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal de su población objeto.

5. Consentimiento: La vinculación al programa de prevención y protección requerirá de la manifestación expresa, libre y voluntaria por parte del protegido respecto de la aceptación o no de su vinculación.

6. Coordinación: El programa de prevención y protección actuará ordenada, sistemática, coherente, eficiente y armónicamente con la Policía Nacional, demás autoridades del orden nacional, departamental y municipal, para la prevención y protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad, y la seguridad personal de su población objeto.

7. Eficacia: Las medidas tendrán como propósito prevenir la materialización de los riesgos o mitigar los efectos de su eventual consumación.

8. Enfoque diferencial: Para la evaluación de riesgo, así como para la recomendación y adopción de las medidas de protección, deberán ser observadas las especificidades y vulnerabilidades por edad, etnia, género, discapacidad, orientación sexual, y procedencia urbana o rural de las personas objeto de protección.

9. Exclusividad: Las medidas de protección estarán destinadas para el uso exclusivo de los protegidos del programa.

10. Goce efectivo de derechos: Para su planeación, ejecución, seguimiento y evaluación el programa de prevención y protección tendrá en cuenta el conjunto de derechos constitucionales fundamentales de los que son titulares los protegidos, en el marco del principio de correlación entre deberes y derechos.

11. Idoneidad: Las medidas de prevención y protección serán adecuadas a la situación de riesgo y procurarán adaptarse a las condiciones particulares de los protegidos.

12. Oportunidad: Las medidas de prevención y protección se otorgarán de forma ágil y expedita.

13. Reserva legal: La información relativa a solicitantes y protegidos del programa de prevención y protección es reservada. Los beneficiarios de las medidas también están obligados a guardar dicha reserva.

14. Subsidiariedad: Los municipios, departamentos y demás entidades del Estado del orden nacional y territorial, de acuerdo con sus competencias y capacidades institucionales, administrativas y presupuestales, y en el marco de la colaboración administrativa y el principio de subsidiariedad, adoptarán las medidas necesarias para prevenir la violación de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad o la protección de estos derechos.

15. Temporalidad: Las medidas de protección tienen carácter temporal y se mantendrán mientras subsista un nivel de riesgo extraordinario o extremo, o en tanto la persona permanezca en el cargo, según el caso. Las medidas de prevención son temporales y se mantendrán en tanto persistan las amenazas o vulnerabilidades que enfrenten las comunidades o grupos.

(D. 4912/2011, art. 2º; D. 1225/2012, art. 1º)

ART. 2.4.1.2.3.—Definiciones. Para efectos del presente capítulo se entenderá por:

1. Activista: Persona que interviene activamente en la defensa de los derechos humanos. La acreditación de una persona como activista, se efectuará mediante certificación que expida por la respectiva organización o grupo al que pertenece o por una autoridad legalmente reconocida.

2. Activista sindical: Persona que interviene activamente en la defensa de los intereses laborales de un grupo de personas organizadas en un sindicato o con la expectativa seria y real de asociarse como tal. La acreditación de una persona como activista sindical será expedida por la respectiva organización social o sindical.

3. Amenaza: Factor del riesgo que comprende las situaciones o hechos externos con la potencialidad de causar daño a una persona, grupo o comunidad, a través de una acción intencionada y por cualquier medio.

4. Capacidad: Comprende los recursos, destrezas y habilidades, tanto institucionales como sociales, con los que cuenta una persona, un grupo o una comunidad, para enfrentar una amenaza, con el objeto de evitar o mitigar un riesgo.

5. Dirigente o representante: Persona que ocupa un cargo directivo o ejerce la representación de una organización o grupo al que pertenece. La acreditación de una persona como dirigente o representante será expedida por la misma organización o grupo del que hace parte.

6. Dirigentes políticos: Personas que siendo miembros activos de un partido o movimiento político reconocido por el Consejo Nacional Electoral, hacen parte de sus directivas estatutarias, o que, cuentan con aval para participar en representación del mismo en elecciones para ocupar un cargo de representación popular. La acreditación de una persona como dirigente político, será expedida, según el caso por el Consejo Nacional Electoral, o por el respectivo partido o movimiento político.

7. Dirigente sindical: Persona que siendo miembro activo de una organización sindical legalmente reconocida, ejerce a su vez, un cargo directivo. La acreditación de una persona como dirigente sindical se efectuará con el registro de la estructura organizativa del sindicato, según las certificaciones expedidas por el Ministerio del Trabajo, con base en los documentos depositados por las organizaciones sindicales.

8. Evaluación de riesgo: Proceso mediante el cual se realiza un análisis de los diferentes factores de riesgo a fin de determinar el nivel del mismo, que para los presentes efectos puede ser ordinario, extraordinario o extremo.

9. Medidas de protección: Acciones que emprende o elementos físicos de que dispone el Estado con el propósito de prevenir riesgos y proteger los derechos a la vida, integridad, libertad, y seguridad personal de los protegidos.

10. Medidas de prevención en el marco del programa: Acciones que emprende o elementos físicos de que dispone el Estado para el cumplimiento del deber de prevención en lo que se refiere a la promoción del respeto y garantía de los derechos humanos de los sujetos protegidos del programa.

11. Núcleo familiar: Hace referencia al cónyuge o compañero (a) permanente, a los hijos y a los padres del solicitante o protegido, quienes de manera excepcional, podrán ser beneficiarios de medidas si ostentan un nivel de riesgo extraordinario o extremo y exista nexo causal entre dicho nivel de riesgo y la actividad o función política, social o humanitaria del tal solicitante o protegido.

12. Prevención: Deber permanente del Estado colombiano consistente en adoptar, en el marco de una política pública articulada, integral y diferencial, todas las medidas a su alcance para que, con plena observancia de la ley, promueva el respeto y la garantía de los derechos humanos de todas las personas, grupos y comunidades sujetos a su jurisdicción.

13. Protección: Deber del Estado colombiano de adoptar medidas especiales para personas, grupos o comunidades en situación de riesgo extraordinario o extremo, que sean objeto de este programa, con el fin de salvaguardar sus derechos.

14. Recursos físicos de soporte a los esquemas de seguridad: Son los elementos necesarios para la prestación del servicio de protección de personas y consisten, entre otros, en vehículos blindados o corrientes, motocicletas, chalecos antibalas, escudos blindados, medios de comunicación y demás que resulten pertinentes para el efecto.

15. Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de un daño al que se encuentra expuesta una persona, un grupo o una comunidad, como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, o en razón al ejercicio de su cargo, en unas condiciones determinadas de modo, tiempo y lugar.

16. Riesgo extraordinario: Es aquel que las personas, como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, o en razón al ejercicio de su cargo, no están obligadas a soportar y comprende el derecho de recibir del Estado la protección especial por parte del programa, respecto de su población y siempre que reúna las siguientes características:

16.1. Que sea específico e individualizable.

16.2. Que sea concreto, fundado en acciones o hechos particulares y manifiestos y no en suposiciones abstractas.

16.3. Que sea presente, no remoto ni eventual.

16.4. Que sea importante, es decir, que amenace con lesionar bienes jurídicos protegidos.

16.5. Que sea serio, de materialización probable por las circunstancias del caso.

16.6. Que sea claro y discernible.

16.7. Que sea excepcional en la medida en que no debe ser soportado por la generalidad de los individuos.

16.8. Que sea desproporcionado, frente a los beneficios que deriva la persona de la situación por la cual se genera el riesgo.

17. Riesgo extremo: Es aquel que se presenta al confluir todas las características señaladas para el riesgo extraordinario y que adicionalmente es grave e inminente.

18. Riesgo ordinario: Es aquel al que están sometidas todas las personas, en igualdad de condiciones, por el hecho de pertenecer a una determinada sociedad; genera para el Estado la obligación de adoptar medidas de seguridad pública y no comporta la obligación de adoptar medidas de protección.

19. Servidor público: Persona que hace parte de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado, de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.

20. Testigo: Es la persona que tiene conocimiento directo y presencial de la comisión de una violación a los derechos humanos o una infracción al derecho internacional humanitario y que, en tal virtud, su vida, libertad, integridad o seguridad se encuentra en riesgo extraordinario o extremo, independientemente de que se hayan o no iniciado los respectivos procesos disciplinarios, penales y administrativos, en concordancia con la normatividad vigente.

22.(sic) Víctima: Persona que individual o colectivamente ha sufrido un daño, como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Para los efectos del presente capítulo, también se considera víctima a aquella persona a que se refiere el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, sin tener en cuenta la limitación temporal a que esta norma se refiere, indistintamente que en los casos de reclamación de tierras o de reparación, se empleen otros procedimientos judiciales o administrativos para acceder a dicha reclamación. La acreditación de dicha calidad podrá hacerse mediante la inscripción en el registro único de víctimas a que se refiere el capítulo 2 de la mencionada ley o haciendo uso de otros mecanismos.

23. Vulnerabilidad: Es el nivel de exposición a la amenaza, pérdida, daño o sufrimiento de personas, grupos o comunidades. La vulnerabilidad puede estar asociada a condiciones de discriminación.

24. Zona de riesgo: Es aquella área geográfica en donde puede materializarse el riesgo para la persona, grupo o comunidad sujeto de las medidas de prevención y/o protección.

25. (Nota: Adicionado por el Decreto 567 de 2016 artículo 1° del Ministerio del Interior)

(D. 4912/2011, art. 3º)

ART. 2.4.1.2.4.—Prevención. El Ministerio del Interior asesorará técnicamente a las entidades territoriales en la formulación de políticas de derechos humanos y derecho internacional humanitario y en la incorporación de un enfoque de derechos en los diferentes instrumentos de planeación y sus estrategias de implementación en el ámbito municipal y departamental. Para ello, la Unidad Nacional de Protección apoyará al Ministerio del Interior.

Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo 2º del artículo 31 de la Ley 1448 de 2011.

(D. 4912/2011, art. 4º)

ART. 2.4.1.2.5.—Protección. La población objeto de protección del programa de que trata este capítulo podrá serlo en razón a su situación de riesgo extraordinario o extremo, o en razón del cargo.

(D. 4912/2011, art. 5º)

ART. 2.4.1.2.6.—Protección de personas en situación de riesgo extraordinario o extremo. Son objeto de protección en razón del riesgo:

1. Dirigentes o activistas de grupos políticos y especialmente de grupos de oposición.

2. Dirigentes, representantes o activistas de organizaciones defensoras de derechos humanos, de víctimas, sociales, cívicas, comunales o campesinas.

3. Dirigentes o activistas sindicales.

4. Dirigentes, representantes o activistas de organizaciones gremiales.

5. Dirigentes, representantes o miembros de grupos étnicos.

6. Miembros de la misión médica.

7. Testigos de casos de violación a los derechos humanos y de infracción al derecho internacional humanitario.

8. Periodistas y comunicadores sociales.

9. Víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, incluyendo dirigentes, líderes, representantes de organizaciones de población desplazada o de reclamantes de tierras en situación de riesgo extraordinario o extremo.

10. Servidores públicos que tengan o hayan tenido bajo su responsabilidad el diseño, coordinación o ejecución de la política de derechos humanos y paz del Gobierno Nacional.

11. Ex servidores públicos que hayan tenido bajo su responsabilidad el diseño, coordinación o ejecución de la política de derechos humanos o de paz del Gobierno Nacional.

12. Dirigentes del Movimiento 19 de Abril M-19, la Corriente de Renovación Socialista, CRS, el Ejército Popular de Liberación, EPL, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, el Movimiento Armado Quintín Lame, MAQL, el Frente Francisco Garnica de la Coordinadora Guerrillera, el Movimiento Independiente Revolucionario Comandos Armados, MIR, COAR y las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo, Milicias Independientes del Valle de Aburrá y Milicias Metropolitanas de la ciudad de Medellín, que suscribieron acuerdos de paz con el Gobierno Nacional en los años 1994 y 1998 y se reincorporaron a la vida civil.

13. Apoderados o profesionales forenses que participen en procesos judiciales o disciplinarios por violaciones de Derechos Humanos o infracciones al derecho internacional humanitario.

14. Docentes de acuerdo a la definición estipulada en la Resolución 1240 de 2010, sin perjuicio de las responsabilidades de protección del Ministerio de Educación estipuladas en la misma.

15. Servidores públicos, con excepción de aquellos mencionados en el numeral 10 del presente artículo, y los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación quienes tienen su propio marco normativo para su protección.

16. (Nota: Adicionado por el Decreto 1487 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

PAR. 1º—(Modificado).* La protección de las personas mencionadas en los numerales 1 a 14 será asumida por la Unidad Nacional de Protección.

PAR. 2º—La protección de las personas mencionadas en el numeral 15 será asumida por la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional, así: La Policía Nacional asignará los hombres o mujeres que adelantarán actividades de protección y la Unidad Nacional de Protección de manera subsidiaria, los recursos físicos y los escoltas, en aquellos casos en que la entidad correspondiente a la que pertenece el respectivo funcionario, no cuente con los medios o partidas presupuestales necesarias. Las medidas de protección serán adoptadas por la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección sólo en los casos en que las entidades a las que están vinculados los servidores públicos hayan agotado los mecanismos internos necesarios e idóneos para preservar la seguridad de sus funcionarios.

PAR. 3º—Seguridad de diputados y concejales en zonas rurales. El Comando General de las Fuerzas Militares asignará responsabilidades concretas a los Comandantes de Fuerza en la ejecución de acciones colectivas que permitan proteger la vida e integridad personal de los diputados y concejales en zonas rurales.

PAR. 4º—Todos los servidores públicos pondrán en conocimiento situaciones de riesgo o amenaza contra las personas objeto del programa de protección, de manera urgente, por medio físico, vía telefónica o correo electrónico a la Unidad Nacional de Protección y a las demás entidades competentes, con el fin de activar los procedimientos establecidos en los programas de protección o para el despliegue de actividades tendientes a preservar la seguridad de las personas por parte de la Fuerza Pública.

PAR. 5º—La Unidad Nacional de Protección facilitará la presentación de los testigos que estén bajo su protección, ante la autoridad judicial o disciplinaria o permitirá a esta su acceso, si así lo solicitaren, para lo cual adoptará las medidas de seguridad que requiera el caso.

PAR. 6º—La Unidad Nacional de Protección adelantará, a solicitud de la agencia colombiana para la reintegración de personas y grupos alzados en armas, la evaluación del riesgo de las personas de que trata el artículo 2.3.2.1.4.4 del Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República o demás normas que lo modifiquen y que se encuentren en el proceso de reintegración a su cargo. Como resultado de un riesgo extraordinario o extremo, de manera excepcional la Unidad Nacional de Protección, implementará las medidas de protección previstas en el presente capítulo, cuando la agencia colombiana para la reintegración de personas y grupos alzados en armas haya otorgado los apoyos económicos para traslado, de su competencia.

(D. 4912/2011, art. 6º; D. 1225/2012, art. 2º; D. 2096/2012, art. 14)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1487 de 2018 artículo 2° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.2.7.—Protección de personas en virtud del cargo. Son personas objeto de protección en virtud del cargo.

1. Presidente de la República de Colombia y su núcleo familiar.

2. Vicepresidente de la República de Colombia y su núcleo familiar.

3. Los ministros del despacho.

4. Fiscal General de la Nación.

5. Procurador General de la Nación.

6. Contralor General de la República.

7. Defensor del Pueblo en el orden nacional.

8. Senadores de la República y representantes a la cámara.

9. Gobernadores de departamento.

10. (Modificado).* Magistrados de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura.

11. Alcaldes distritales y municipales.

PAR. 1º—La protección de los ex presidentes y ex vicepresidentes de la República de Colombia, su cónyuge supérstite, hijos y familiares estará a cargo de la Policía Nacional y de la Unidad Nacional de Protección, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto 1700 de 2010, o la norma que lo modifique o compile.

PAR. 2º—La protección de las personas mencionadas en los numerales 1 al 9 será asumida por la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección. La asignación de los recursos físicos será asumida por la entidad o corporación a la cual estos se encuentran vinculados.

PAR. 3º—Para la protección de las personas mencionadas en los numerales 1 y 2 de este artículo, la secretaría para la seguridad presidencial seleccionará el personal de la Unidad Nacional de Protección.

PAR. 4º—La protección de las personas mencionadas en los numerales 10 y 11 será asumida por la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional, así: la Policía Nacional asignará los hombres o mujeres que adelantarán actividades de protección y la Unidad Nacional de Protección los recursos físicos y los escoltas, en aquellos casos en que se implementen esquemas de protección con vehículo; siempre y cuando la entidad o corporación a la cual se encuentran vinculados, certifique no contar con las apropiaciones presupuestales correspondientes para la adquisición de recursos físicos.

PAR. 5º—Servicio extraordinario de protección. La Policía Nacional, a través de la dirección de protección y servicios especiales, adoptará medidas transitorias de protección a jefes de estado y jefes de gobierno de visita en el país, así como a representantes de la misión diplomática en cumplimiento de funciones propias, previa solicitud que para el efecto tramitará la Presidencia de la República o el Ministerio de Relaciones Exteriores.

PAR. 6º—El director de la Unidad Nacional de Protección reglamentará, mediante protocolos, la asignación de medidas de seguridad a los servidores de la Unidad Nacional de Protección que este determine.

PAR. 7º—La protección de los embajadores y cónsules extranjeros acreditados en Colombia estará a cargo de la Policía Nacional en lo que concierne a la asignación de los hombres o mujeres de protección, para lo cual se tendrán en cuenta criterios de reciprocidad y acuerdos generales o específicos de cooperación en temas de seguridad. El suministro de los recursos físicos estará a cargo de cada misión diplomática.

PAR. 8º—El Director General de la Policía Nacional de Colombia organizará internamente la asignación de medidas de protección para los oficiales generales activos, retirados y demás servidores de la Institución que así lo requieran. Así mismo, el Comandante General de las Fuerzas Militares organizará internamente el tema en relación con los miembros de las Fuerzas Militares en servicio activo o en retiro que lo necesiten.

PAR. 9º—La protección de las autoridades religiosas será asumida por la Policía Nacional y los recursos físicos estarán a cargo de la congregación religiosa correspondiente.

PAR. 10.—La adopción de medidas de protección para el núcleo familiar de las personas mencionadas en el presente artículo, dependerá del resultado de la respectiva evaluación de riesgo que realice la Policía Nacional a cada miembro del núcleo familiar de forma individual, para lo cual se tendrá en cuenta la existencia del nexo causal entre el nivel de riesgo y el cargo del protegido o solicitante.

PAR. 11.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1487 de 2018 artículo 4° del Ministerio del Interior)

(D. 4912/2011, art. 1º; D. 1225/2012, art. 3º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1487 de 2018 artículo 3° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.2.8.—Articulación de la estrategia de protección. La Unidad Nacional de Protección tendrá a su cargo la administración de la base de datos única, que permita ejercer un control de las medidas de protección dispuestas para las personas en razón del riesgo o del cargo y coordinará la implementación de las mismas.

(D. 4912/2011, art. 8º)

ART. 2.4.1.2.9.—Medidas de emergencia. En casos de riesgo inminente y excepcional, el Director de la Unidad Nacional de Protección podrá adoptar, sin necesidad de la evaluación del riesgo, contemplando un enfoque diferencial, medidas provisionales de protección para los usuarios del Programa e informará de las mismas al comité de evaluación de riesgo y recomendación de medidas, Cerrem, en la siguiente sesión, con el fin de que este recomiende las medidas definitivas, si es del caso.

Con el propósito de adoptar estas medidas de protección de emergencia, el programa hará una valoración inicial del riesgo al que está expuesto el peticionario, disponiendo en forma inmediata la realización de la evaluación del riesgo, que permita ajustar o modificar las decisiones adoptadas inicialmente.

En todo caso, para adoptar medidas provisionales de protección se deberán realizar los trámites presupuestales respectivos.

En circunstancias en que sea aplicable la presunción constitucional de riesgo, para el caso de la población desplazada, incluidas víctimas en los términos del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, que intervienen en procesos de restitución de tierras, el Director de la Unidad Nacional de Protección deberá adoptar medidas de esta naturaleza.

(D. 4912/2011, art. 9º)

ART. 2.4.1.2.10.—Medidas de prevención. Son medidas de prevención las siguientes:

1. Planes de prevención y planes de contingencia. La dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior con el apoyo de la Unidad Nacional de Protección, los departamentos y los municipios concurrirán en la formulación de los planes de prevención y de contingencia contemplando un enfoque diferencial, que tendrán por objeto contrarrestar las amenazas, disminuir las vulnerabilidades, potenciar las capacidades institucionales y sociales y fortalecer la coordinación institucional y social para la disminución del riesgo.

Los planes de prevención y contingencia determinarán las estrategias y actividades a implementar; las entidades llamadas a desarrollarlas en el marco de sus competencias, así como los diferentes indicadores de gestión, producto e impacto para determinar su oportunidad, idoneidad y eficacia.

2. Curso de autoprotección: Herramienta pedagógica que tiene el propósito de brindar a las personas, grupos y comunidades en situación de riesgo, contemplando un enfoque diferencial, elementos prácticos que permitan disminuir sus vulnerabilidades e incrementar sus capacidades a fin de realizar una mejor gestión efectiva del mismo.

3. Patrullaje: Es la actividad desarrollada por la Fuerza Pública con un enfoque general, encaminada a asegurar la convivencia y seguridad ciudadana y dirigido a identificar, contrarrestar y neutralizar la amenaza.

4. Revista policial: Es la actividad desarrollada por la Policía Nacional con un enfoque particular, preventivo y disuasivo, encaminada a establecer una interlocución periódica con el solicitante de la medida.

(D. 4912/2011, art. 10)

ART. 2.4.1.2.11.—Medidas de protección. Son medidas de protección:

1. En virtud del riesgo.

1.1. Esquema de protección, Compuesto por los recursos físicos y humanos otorgados a los protegidos del programa para su protección.

Tipo 1: Esquema individual corriente para brindarle seguridad a una sola persona, e incluye:

• 1 vehículo corriente.

• 1 conductor.

• 1 escolta.

Tipo 2: Esquema individual blindado para brindarle seguridad a una sola persona, e incluye:

• 1 vehículo blindado.

• 1 conductor.

• 1 escolta.

Tipo 3: Esquema individual reforzado con escoltas, para brindarle seguridad a una sola persona, e incluye:

• 1 vehículo corriente o blindado

• 1 conductor

• 2 escoltas.

Tipo 4: Esquema individual reforzado con escoltas y vehículo, para brindarle seguridad a una sola persona, e incluye:

• 1 vehículo blindado.

• 1 vehículo corriente.

• 2 conductores.

• Hasta 4 escoltas.

Tipo 5: Esquema colectivo, para brindarle protección a un grupo de 2 o más personas, e incluye:

• 1 vehículo corriente o blindado.

• 1 conductor.

• 2 escoltas.

PAR. 1º—En ningún caso el personal asignado por la Policía Nacional para el cumplimiento de labores de protección, podrá conducir los vehículos asignados al esquema.

1.2. Recursos físicos de soporte a los esquemas de seguridad: Son los elementos necesarios para la prestación del servicio de protección de personas y consisten entre otros en vehículos blindados o corrientes, motocicletas, chalecos antibalas, escudos blindados, medios de comunicación y demás que resulten pertinentes para el efecto.

1.3. (Modificado).* Medio de movilización: Es el recurso que se otorga a un protegido en procura de salvaguardar su vida, integridad, libertad y seguridad, durante los desplazamientos. Estos pueden ser de las siguientes clases:

Tiquetes aéreos internacionales. Consiste en la asignación de un tiquete aéreo internacional para el protegido del programa y, si es necesario, su núcleo familiar; el cual se brindará como una medida de protección excepcional. Se suministrará por una sola vez, cuando el nivel de riesgo sea extremo y la persona o el núcleo familiar sean admitidos por el país receptor por un período superior a un año.

Tiquetes aéreos nacionales. Consiste en la entrega de tiquetes aéreos en rutas nacionales y se otorgan al protegido y si es necesario, a su núcleo familiar, cuando frente a una situación de riesgo debe trasladarse a una zona que le ofrezca mejores condiciones de seguridad, o cuando su presencia sea necesaria en actuaciones de orden administrativo en el marco de su protección.

Apoyo de transporte terrestre o fluvial o marítimo. Consiste en el valor que se entrega al protegido del programa, para sufragar el precio del contrato de transporte, para brindar condiciones de seguridad en la movilidad. El valor que se entrega al protegido del programa para sufragar el costo de transporte, no podrá superar la suma correspondiente a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada mes aprobado.

*(Nota: Modificado por el Decreto 567 de 2016 artículo 2° del Ministerio del Interior)

1.4. Apoyo de reubicación temporal: Constituye la asignación y entrega mensual al protegido de una suma de dinero de entre uno (1) y tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, según las particularidades del grupo familiar del caso, para facilitar su asentamiento en un lugar diferente a la zona de riesgo. Este pago se aprobará hasta por tres (3) meses y el monto se determinará tomando en consideración el número de personas del núcleo familiar con los que se reubica el protegido. Esta medida de protección es complementaria a las ayudas que buscan suplir el mínimo vital otorgadas por otras entidades del Estado.

De manera excepcional, se podrá otorgar este apoyo por tres meses adicionales, por la mitad del monto inicialmente aprobado, siempre y cuando de manera sumaria se alleguen soportes idóneos, para determinar que la situación de riesgo persiste.

1.5. Apoyo de trasteo: Consiste en el traslado de muebles y enseres de las personas que en razón de la situación de riesgo extraordinario o extremo deban trasladar su domicilio.

1.6. Medios de comunicación: Son los equipos de comunicación entregados a los protegidos para permitir su contacto oportuno y efectivo con los organismos del Estado, el programa de prevención y protección, a fin de alertar sobre una situación de emergencia, o para reportarse permanentemente e informar sobre su situación de seguridad.

1.7. (Modificado).* Blindaje de inmuebles e instalación de sistemas técnicos de seguridad: Consiste en los elementos y equipos de seguridad integral, para el control del acceso a los inmuebles de propiedad de las organizaciones donde se encuentre su sede principal. En casos excepcionales, podrán dotarse estos elementos a las residencias de propiedad, de los protegidos del programa de prevención y protección.

En todos los casos, esta medida se implementará conforme a las recomendaciones de una valoración arquitectónica realizada por la Unidad Nacional de Protección.

*(Nota: Modificado por el Decreto 567 de 2016 artículo 2° del Ministerio del Interior)

PAR. 2º—Se podrán adoptar otras medidas de protección diferentes a las estipuladas en este Capítulo, teniendo en cuenta un enfoque diferencial, el nivel de riesgo y el factor territorial. Así mismo, se podrán implementar medidas psicosociales en desarrollo de lo previsto en el artículo 16, numeral 9 del Decreto-Ley 4065 de 2011.

PAR. 3º—Cada una de las medidas de protección se entregarán con un manual de uso y la Unidad Nacional de Protección realizará seguimiento periódico a la oportunidad, idoneidad y eficacia de las medidas, así como al correcto uso de las mismas, para lo cual diseñará un sistema de seguimiento y monitoreo idóneo.

PAR. 4º—(Nota: Adicionado por el Decreto 567 de 2016 artículo 3° del Ministerio del Interior)

2. En virtud del cargo.

Esquema de protección: Son los recursos físicos y humanos otorgados por el Programa a las personas para su protección. Estos esquemas pueden ser de varios tipos:

Tipo A: Conformado por un hombre o mujer de protección.

Tipo B: Conformado por dos (2) hombres o mujeres de protección.

Tipo C: Conformado por tres (3) hombres o mujeres de protección.

Tipo D: Conformado por cuatro (4) hombres o mujeres de protección.

Tipo E: Conformado por cinco (5) hombres o mujeres de protección.

Tipo F: Conformado por seis (6) hombres o mujeres de protección.

Tipo G: Conformado por un número indeterminado de hombres o mujeres de protección.

PAR. 1°—Procedencia de los recursos físicos. Los recursos físicos para la prestación de las medidas de protección a las poblaciones objeto en virtud del cargo, serán suministrados por las entidades del Estado o corporaciones públicas correspondientes, de conformidad con los acuerdos específicos realizados en cada evento.

PAR. 2º—(Nota: Adicionado por el Decreto 567 de 2016 artículo 3° del Ministerio del Interior)

3. (Nota: Adicionado por el Decreto 1581 de 2017 artículo 2° del Ministerio del Interior)

(D. 4912/2011, art. 11; D. 1225/2012, art. 4º)

ART. 2.4.1.2.12.—Objeto. La estrategia de prevención tendrá como propósito evitar la consumación de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, así como mitigar los efectos generadores del riesgo y la adopción de garantías de no repetición.

(D. 4912/2011, art. 12)

ART. 2.4.1.2.13.—Implementación de la estrategia de prevención a nivel territorial. En cada entidad territorial se integrará una mesa territorial de prevención con el objeto de coordinar las acciones de implementación de la estrategia de prevención, en el marco de sus competencias con las siguientes atribuciones:

1. Realizar un proceso de identificación de riesgos permanente.

2. Proyectar escenarios de riesgo.

3. Formular planes de prevención y contingencia frente a los escenarios de riesgo identificados.

4. Velar por la implementación de las estrategias y acciones incorporadas en los planes de prevención y de protección, por parte de las entidades responsables.

5. Hacer seguimiento a la implementación de los mencionados planes y realizar los ajustes a los mismos cuando las condiciones así lo requieran.

6. Generar espacios de trabajo entre las autoridades y las comunidades en aras de mejorar los procesos de gestión del riesgo.

PAR.—Las mesas territoriales serán coordinadas por la autoridad de gobierno departamental, distrital o municipal correspondiente y en ellas participarán las demás entidades y dependencias del Estado con competencia en esta materia.

(D. 4912/2011, art. 13)

ART. 2.4.1.2.14.—Apoyo a la estrategia de prevención. La Unidad Nacional de Protección apoyará la implementación y la puesta en marcha de la estrategia de prevención definida por la dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior, y tendrá las siguientes responsabilidades.

1. Apoyar a la dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior en la actividad de priorizar las zonas de intervención para la acción preventiva por parte del programa.

2. Apoyar el trabajo de asistencia técnica a las entidades territoriales, grupos poblacionales y comunidades en situación de riesgo para que desarrollen los planes de prevención y de contingencia que elabore la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

3. Apoyar el proceso de identificación y análisis de riesgo.

4. Participar en la formulación de los planes de prevención.

5. Participar en la formulación de los planes de contingencia.

6. Apoyar la implementación del plan de prevención y de contingencia en los temas que son de su competencia.

7. Realizar labores de apoyo al seguimiento de la implementación de los planes de prevención y de los planes de contingencia y requerir su ajuste de acuerdo a las necesidades y las estrategias allí definidas.

8. Participar bajo la coordinación de la dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior y con las autoridades de fuerza pública y las autoridades civiles nacionales y territoriales, estrategias preventivas para situaciones particulares de riesgo.

(D. 4912/2011, art. 14)

ART. 2.4.1.2.15.—(Derogado).* Entidades o instancias con responsabilidades en la estrategia de prevención.

1. Ministerio del Interior.

2. Unidad Nacional de Protección.

3. Ministerio de Defensa Nacional.

4. Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

5. Consejería presidencial para los derechos humanos.

6. Dirección para la acción integral contra minas antipersonales.

7. Gobernaciones.

8. Alcaldías.

9. Procuraduría General de la Nación.

10. Defensoría del Pueblo.

11. Personerías distritales y municipales.

12. Fiscalía General de la Nación.

(D. 4912/2011, art. 15)

*(Nota: Derogado por el Decreto 1581 de 2017 artículo 3° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.2.16.—(Derogado).* Instancias con responsabilidades en la estrategia de prevención.

1. La secretaría técnica de la comisión intersectorial de alertas tempranas.

2. Comisión intersectorial para la prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por grupos organizados al margen de la ley.

(D. 4912/2011, art. 16)

*(Nota: Derogado por el Decreto 1581 de 2017 artículo 3° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.2.17.—(Derogado).* Responsabilidades de la dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior en el marco de la estrategia de prevención. La dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior tiene a su cargo las siguientes actividades:

1. Liderar la formulación de la política pública en materia de prevención de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario contra los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal.

2. Coordinar con los departamentos y municipios el diseño, la implementación, seguimiento y evaluación de planes de prevención y planes de contingencia dirigidos a evitar la consumación de los riesgos, y mitigar los efectos de su materialización.

3. Someter a consideración del Ministro del Interior proyectos de acto legislativo, leyes, decretos y resoluciones dirigidos a salvaguardar los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal.

4. Realizar investigaciones académicas y estudios dirigidos a identificar problemas de política pública y alternativas de solución para la garantía efectiva de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

5. Adelantar estudios e investigaciones académicas en materia de derechos humanos y derecho Internacional Humanitario.

6. Hacer seguimiento y evaluar la implementación de la política pública de prevención.

7. Realizar los ajustes requeridos a la política pública de prevención de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

8. Asesorar técnicamente a las entidades territoriales en la formulación de las políticas públicas de prevención, el diseño de sus instrumentos de implementación y mecanismos de seguimiento, evaluación y monitoreo.

9. Desarrollar, en coordinación con entidades competentes estrategias para impulso de una cultura de respeto y garantía de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

(D. 4912/2011, art. 17)

*(Nota: Derogado por el Decreto 1581 de 2017 artículo 3° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.2.18.—(Derogado).* Responsabilidades del Ministerio de Defensa Nacional, en el marco de la estrategia de prevención. El Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares y de Policía desarrollarán las siguientes acciones en el marco del programa de prevención:

1. Implementar, la política integral de derechos humanos de la fuerza pública en las zonas focalizadas para la elaboración de los planes de prevención y protección.

2. Participar, a través de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en el proceso de Identificación, análisis y advertencia de riesgo .y hacer seguimiento permanente a la evolución de los actores que generan amenaza en la zona.

3. Contrarrestar, de acuerdo con sus competencias internas, los factores amenazantes en el territorio.

4. Participar en la formulación de planes de prevención y de contingencia.

5. Generar espacios de acercamiento entre las comunidades y la fuerza pública.

6. Evaluar en conjunto con el programa de prevención y con la mesa territorial los avances en la implementación de las acciones de prevención, enmarcadas en los planes formulados, que son de su competencia y los resultados obtenidos.

7. Definir, en coordinación con el programa de prevención y protección y las autoridades civiles nacionales y territoriales, estrategias preventivas para situaciones particulares de riesgo.

(D. 4912/2011, art. 18)

*(Nota: Derogado por el Decreto 1581 de 2017 artículo 3° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.2.19.—(Derogado).* Responsabilidades de la secretaría técnica de la CIAT en el marco de la estrategia de prevención. La secretaría técnica de la comisión intersectorial de alertas tempranas tendrá a su cargo las siguientes actividades:

1. Participar en el proceso de identificación y análisis de riesgo aportando la información fruto de las alertas tempranas emitidas.

2. Hacer seguimiento a la evolución de los actores que generan amenaza en la zona.

3. Procurar la emisión las alertas tempranas y recomendaciones necesarias a las entidades concernidas para salvaguardar los derechos a la vida, la libertad, la integridad y seguridad de las personas, grupos y comunidades en situación de riesgo en las zonas focalizadas.

4. Reportar al programa de prevención y a las comunidades los avances en la implementación de las acciones de prevención, enmarcadas en los planes formulados, que son de su competencia y los resultados obtenidos.

(D. 4912/2011, art. 19)

*(Nota: Derogado por el Decreto 1581 de 2017 artículo 3° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.2.20.—(Derogado).* Atribuciones de los departamentos en el marco de la estrategia de prevención. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 287, 298 y 305 de la Constitución Política, las acciones que las gobernaciones tendrán las siguientes atribuciones.

1. Participar en el proceso de focalización territorial para la implementación del programa de prevención en su territorio.

2. Capacitar a su personal en el uso de las metodologías de identificación y gestión de riesgo.

3. Servir de enlace entre las autoridades del nivel municipal y el nivel nacional para el desarrollo del programa de prevención.

4. Generar espacios de acercamiento entre las comunidades y las autoridades tanto civiles como de fuerza pública.

5. Participar en el proceso de identificación y análisis de riesgo.

6. Participar en la formulación de planes de prevención.

7. Participar en la formulación de un plan de contingencia.

8. Implementar el plan de prevención en los temas que son de su competencia.

9. Generar espacios de rendición de cuentas con autoridades y comunidades para presentar los avances en la implementación de los programas de prevención en su departamento.

10. Implementar las estrategias y actividades que por competencia, o en virtud de los principios de concurrencia, complementariedad y subsidiaridad, se identifiquen a su cargo en los planes de prevención y contingencia.

11. Definir, en coordinación con el programa de prevención del Ministerio del Interior y las autoridades civiles y de fuerza pública, estrategias preventivas para situaciones particulares de riesgo.

(D. 4912/2011, art. 20)

*(Nota: Derogado por el Decreto 1581 de 2017 artículo 3° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.2.21.—(Derogado).* Atribuciones de los municipios en el marco de la estrategia de prevención. Acorde con los artículos 287, 311 y 315 de la Constitución Política y de la Ley 136 de 1994 corresponde al municipio desarrollar las siguientes atribuciones en el marco de sus competencias. Las alcaldías distritales o municipales tendrán a su cargo:

1. Participar en el proceso de focalización territorial para la implementación del programa de prevención en su territorio.

2. Capacitar a su personal en el uso de las metodologías de identificación y gestión de riesgo del programa de prevención.

3. Generar espacios de acercamiento entre las comunidades y las autoridades tanto civiles como de fuerza pública.

4. Realizar el proceso de convocatoria para adelantar el proceso de identificación y análisis de riesgo.

5. Participar en el proceso de identificación y análisis de riesgo.

6. Participar en la formulación de planes de prevención.

7. Participar en la formulación de los planes de contingencia.

8. Incorporar los planes de prevención y contingencia a los planes destinados a mantener la seguridad y el orden público en el municipio y reportar su avance a la oficina regional del Ministerio del Interior.

9. Implementar los planes de prevención y contingencia en los temas que son de su competencia.

10. Reportar al programa de prevención, los riesgos que se ciernen sobre las personas, grupos y comunidades y las medidas que se vienen implementando.

11. Requerir de manera precisa y motivada al departamento o las instituciones del orden nacional, para que, en virtud de los principios de concurrencia, complementariedad y subsidiaridad, apoyen la implementación de aquellas estrategias y actividades contenidas en los mismos y que por razones objetivas y justificadas no puedan ser ejecutadas por el municipio.

12. Generar espacios de rendición de cuentas con autoridades y comunidades para presentar los avances en la implementación de los programas de prevención en su municipio.

13. Definir, en coordinación con el programa de prevención del Ministerio del Interior y las autoridades civiles y de fuerza pública, estrategias preventivas para situaciones particulares de riesgo.

(D. 4912/2011, art. 21)

*(Nota: Derogado por el Decreto 1581 de 2017 artículo 3° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.2.22.—(Derogado).* Coordinación del Ministerio del Interior con el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo en el marco de la estrategia de prevención. El Ministerio del Interior, dentro del principio de colaboración armónica, solicitará a la Defensoría del Pueblo que dentro del marco de sus funciones legales:

1. Participe en el proceso de identificación y análisis de riesgo, aportando insumos por parte de los analistas del sistema de alertas tempranas SAT y las quejas interpuestas por los ciudadanos respecto a la vulneración de sus derechos humanos que son de conocimiento de los defensores regionales, entre otras.

2. Emita informes de riesgo y notas de seguimiento cuando las circunstancias de riesgo así lo ameriten.

3. Requiera a las entidades del orden nacional, departamental y municipal para la salvaguarda de los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas, grupos y comunidades en situación de riesgo.

(D. 4912/2011, art. 22)

*(Nota: Derogado por el Decreto 1581 de 2017 artículo 3° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.2.23.—(Derogado).* Coordinación del Ministerio del Interior con la Procuraduría General de la Nación en el marco de la estrategia de prevención. El Ministerio del Interior, dentro del principio de colaboración armónica, solicitará la Procuraduría General de la Nación que dentro del marco de sus funciones legales:

1. Proteja y asegure la efectividad de los derechos humanos de las personas, grupos y comunidades que de acuerdo con los planes de prevención y contingencia se encuentren en situación de riesgo.

2. Vele por el ejercicio diligente de las entidades del orden nacional y territorial en la ejecución de los planes de prevención y contingencia.

3. Haga seguimiento a la conducta oficial de los servidores públicos encargados de ejecutar las estrategias de los planes de prevención y protección de las personas, grupos y comunidades en riesgo.

4. Genere directrices para la participación de las procuradurías regionales y provinciales en la estrategia de prevención.

5. Inste a las autoridades públicas de los diferentes niveles territoriales para el cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades en el marco de la estrategia de prevención.

(D. 4912/2011, art. 23)

*(Nota: Derogado por el Decreto 1581 de 2017 artículo 3° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.2.24.—Coordinación del Ministerio del Interior con las personerías distritales y municipales en el marco de la estrategia de prevención. El Ministerio del Interior, dentro del principio de colaboración armónica, solicitará a las personerías distritales y municipales que dentro del marco de sus funciones legales:

1. Implemente las acciones incorporadas en los planes de prevención y de contingencia que sean de su competencia.

2. Haga seguimiento a la implementación de los planes de prevención y de contingencia.

3. Reporte a la Procuraduría General de la Nación, por conducto de las Procuradurías regionales o provinciales, las situaciones de incumplimiento en la implementación de los planes de prevención o contingencia que puedan afectar los derechos de las personas, grupos o comunidades en situación de riesgo.

(D. 4912/2011, art. 24)

ART. 2.4.1.2.25.—Coordinación de la estrategia de protección. La coordinación general de la estrategia integral de protección estará a cargo de la Unidad Nacional de Protección, sin perjuicio de las competencias que se establecen en el presente capítulo y en normas especiales, para las distintas autoridades responsables.

(D. 4912/2011, art. 25)

ART. 2.4.1.2.26.—Entidades e instancias intervinientes en el marco de la estrategia de protección. Participan en una o varias etapas de la estrategia de protección las siguientes entidades e instancias:

1. Dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior.

2. Unidad Nacional de Protección.

3. Policía Nacional.

4. Ministerio de Defensa Nacional.

5. Consejería Presidencial para los Derechos Humanos

6. Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación a Víctimas.

7. Gobernaciones.

8. Alcaldías.

9. Grupo de valoración preliminar.

10. Comité de evaluación del riesgo y de recomendación de medidas.

11. Fiscalía General de la Nación.

12. Defensoría del Pueblo.

13. Procuraduría General de la Nación.

(D. 4912/2011, art. 26)

ART. 2.4.1.2.27.—Responsabilidades de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. La dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior tiene a su cargo las siguientes actividades:

1. Formular los lineamientos de la política pública en materia de protección de personas en situación de riesgo extraordinario o extremo.

2. Hacer seguimiento y evaluar la implementación de la política pública de protección de personas en situación de riesgo extraordinario o extremo.

3. Realizar los ajustes requeridos a la política pública de protección de personas en situación de riesgo extraordinario o extremo.

4. Proponer los criterios, parámetros, metas y programas a ser aplicados por el programa de prevención y protección.

(D. 4912/2011, art. 27)

ART. 2.4.1.2.28.—Responsabilidades de la Unidad Nacional de Protección. Serán las siguientes:

1. Recibir y tramitar las solicitudes de protección e información allegadas.

2. Informar a los solicitantes de protección, de los procesos que se surten para determinar el ingreso o no al programa de protección, y orientarlos respecto de las instituciones concernidas y las medidas que puedan ser complementarias para cada caso en particular.

3. Analizar y verificar la documentación relacionada con las solicitudes de protección.

4. Coordinar con las entidades competentes la implementación de medidas preventivas a las que haya lugar.

5. Solicitar, a quien corresponda y según el caso, información complementaria para analizar la situación particular de riesgo del peticionario.

6. Atender y tramitar las solicitudes de emergencia y activar la presunción constitucional de riesgo, cuando aplique; así como hacer seguimiento a la respuesta brindada por las autoridades competentes.

7. Dar traslado a las autoridades competentes de las solicitudes de protección o información, que no sean de su competencia.

8. Realizar una entrevista personal con el solicitante, para ampliar la información relacionada con su situación particular del nivel de riesgo.

9. Requerir la elaboración de la evaluación del riesgo al grupo de trabajo encargado y entregar, la información referente a la caracterización inicial del peticionario y la verificación y análisis realizados.

10. Presentar, ante el grupo de valoración preliminar, la petición de protección, el análisis de la situación junto con el caso, con el resultado de la evaluación del riesgo, en el nivel territorial.

11. Presentar ante el Cerrem el caso con las recomendaciones sobre el nivel de riesgo y de medidas, sugeridas por el grupo de evaluación preliminar a fin de que se determine el nivel de riesgo.

12. Adoptar e implementar las medidas de protección a implementar previa recomendación del Cerrem.

13. Hacer seguimiento periódico a la implementación, al uso y a la oportunidad, idoneidad y eficacia de las medidas de protección.

14. Informar al peticionario la decisión tomada y los motivos que la sustentaron respecto de la solicitud de medidas de protección.

15. Dar traslado a la Fiscalía General de la Nación de las amenazas que reporten los peticionarios de protección y hacer seguimiento al avance de los procesos.

16. Coordinar con las autoridades de la fuerza pública y las autoridades civiles nacionales y territoriales, la implementación de estrategias de protección para situaciones particulares de riesgo.

PAR.—La Unidad Nacional de Protección, a través del director general, podrá vincular al programa de protección que esta lidera, de forma excepcional, a otras personas, en casos de extrema gravedad y urgencia, y con el fin de evitar daños irreparables en los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personales, siempre y cuando dicha responsabilidad no esté asignada de manera específica a otra entidad. Así mismo podrá vincular a ex servidores públicos quienes tengan un riesgo extraordinario o extremo.

(D. 4912/2011, art. 28; D. 1225/2012, art. 5º)

ART. 2.4.1.2.29.—Atribuciones de la Policía Nacional. De conformidad con el artículo 218 de la Constitución Política y la Ley 62 de 1993, corresponde a la Policía Nacional:

1. Elaborar mapas de riesgo, por grupos poblacionales, y actualizarlos cuando las circunstancias lo ameriten, y por lo menos semestralmente.

2. Participar de forma permanente en las diferentes instancias del programa de protección.

3. Implementar las medidas de prevención y protección, en el marco de lo dispuesto en los artículos 2.4.1.2.9 a 2.4.1.2.11, así:

3.1. Cursos de autoprotección;

3.2. Patrullajes;

3.3. Rondas policiales;

3.4. Esquemas de protección, en lo relacionado con hombres y mujeres de protección, con su respectivo armamento.

4. Apoyar al programa de prevención y protección en las funciones de su competencia.

(D. 4912/2011, art. 29)

ART. 2.4.1.2.30.—Atribuciones de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Serán sus atribuciones las siguientes:

1. Brindar información relacionada con la inscripción de la población en situación de desplazamiento en el registro único de víctimas.

2. Adoptar medidas en el marco de su competencia y articular los servicios estatales dirigidos a grupos vulnerables que contribuyan a la protección de los protegidos del programa de prevención y protección en virtud del riesgo.

3. Participar en los espacios interinstitucionales en que puedan aportar información para analizar casos y peticiones de protección.

(D. 4912/2011, art. 30)

ART. 2.4.1.2.31.—Atribuciones de las gobernaciones. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 287, 298 y 305 de la Constitución Política las gobernaciones tendrán a su cargo las siguientes atribuciones en materia de los programas de protección dentro del marco de sus competencias:

1. Orientar a los solicitantes de protección y brindar información sobre los servicios institucionales en materia de protección.

2. Servir de enlace entre el nivel nacional y el municipal en asuntos relacionados con la protección.

3. Estructurar los servicios estatales para grupos y personas vulnerables e incluir a protegidos como parte de la atención integral del Estado, cuando a ello haya lugar.

4. Brindar oportunamente la información que se requiera por parte del programa de protección.

5. Apoyar técnica y logísticamente, dentro del marco de sus competencias, a los municipios de su jurisdicción que así lo requieran, en la protección de las personas, grupos o comunidades en situación de riesgo extraordinario o extremo, de acuerdo con los principios de concurrencia, complementariedad y subsidiaridad.

6. Definir, en coordinación con la Unidad Nacional de Protección y las autoridades civiles y de fuerza pública, estrategias de protección para situaciones particulares de riesgo.

7. Desarrollar las actividades de su competencia, en el marco de la ruta de la protección de la población en situación de desplazamiento.

(D. 4912/2011, art. 31)

ART. 2.4.1.2.32.—Atribuciones de las alcaldías. Las alcaldías distritales y municipales, como primera autoridad de policía del municipio, y responsable del orden público tendrán las siguientes atribuciones responsabilidades en materia de protección, dentro del marco de sus competencias, de conformidad con los artículos 311 y 315 de la Constitución Política y 91 de la Ley 136 de 1994:

1. Orientar a los solicitantes de protección y brindar información sobre los servicios institucionales en materia de protección.

2. Diseñar y poner en ejecución, en el marco de los servicios distrital o municipal, planes, programas o proyectos dirigidos a proteger a las personas, grupos o comunidades en situación de riesgo extraordinario o extremo.

3. Apropiar como gasto social prioritario para la implementación de las políticas de protección, el destinado a salvaguardar los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas, grupos y comunidades en situación de riesgo extraordinario o extremo.

4. Brindar oportunamente la información que se requiera por parte del programa de protección.

5. Definir, en coordinación con la Unidad Nacional de Protección y las autoridades civiles y de fuerza pública, estrategias de protección para situaciones particulares de riesgo.

6. Desarrollar las actividades de su competencia, en el marco de la ruta de la protección de la población en situación de desplazamiento.

(D. 4912/2011, art. 32)

ART. 2.4.1.2.33.—Cuerpo técnico de recopilación y análisis de información, CTRAI. Encargado de la recopilación y análisis de información in situ. Podrá estar conformado por personal de la Unidad Nacional de Protección y de la Policía Nacional.

El director de la Unidad Nacional de Protección determinará la conformación del CTRAI, para lo cual coordinará previamente con la Policía Nacional su participación dentro del mismo.

(D. 4912/2011, art. 33)

ART. 2.4.1.2.34.—Conformación del Grupo de valoración preliminar. El grupo de valoración preliminar tendrá carácter permanente y estará conformado por:

1. El delegado de la Unidad Nacional de Protección, quien lo coordinará.

2. El delegado del Ministerio de Defensa Nacional.

3. El delegado de la Policía Nacional.

4. El delegado de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos.

5. El delegado de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

PAR. 1º—Participarán de manera permanente, como invitados especiales:

1. Un representante del Fiscal General de la Nación.

2. Un representante del Procurador General de la Nación, y

3. Un representante del Defensor del Pueblo.

4. El delegado de la secretaría técnica de la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas CIAT.

PAR. 2º—Participará cualquier autoridad pública del nivel nacional, departamental, distrital o municipal, en calidad de invitados, cuando así lo decidan los miembros del Grupo.

(D. 4912/2011, art. 34)

ART. 2.4.1.2.35.—Atribuciones del grupo de valoración preliminar. Son atribuciones del Grupo de valoración preliminar:

1. Analizar la situación de riesgo de cada caso, según la información provista por el CTRAI.

2. Presentar al Cerrem la determinación sobre el nivel de riesgo y un concepto sobre las medidas idóneas a implementar.

3. Elaborar, en un plazo no mayor de 30 días hábiles, la evaluación y reevaluaciones de nivel riesgo, contados estos a partir del momento en que el solicitante expresa su consentimiento por escrito para tal fin.

4. Darse su propio reglamento.

(D. 4912/2011, art. 35; D. 1225/2012, art. 6º)

ART. 2.4.1.2.36.—Conformación del comité de evaluación de riesgo y recomendación de medidas, Cerrem. Son miembros permanentes del Cerrem quienes tendrán voz y voto:

1. El director de la dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior, quien lo presidirá o su delegado.

2. El consejero presidencial para los derechos humanos, o quien haga sus veces, o su delegado.

3. El director de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, o su delegado.

4. El director de protección y servicios especiales de la Policía Nacional, o su delegado.

5. El coordinador de la oficina de derechos humanos de la inspección general de la Policía Nacional, o su delegado.

(D. 4912/2011, art. 36)

ART. 2.4.1.2.37.—Invitados permanentes. Serán invitados permanentes a las sesiones del Cerrem, quienes tendrán solo voz:

1. Un delegado del Procurador General de la Nación.

2. Un delegado del Defensor del Pueblo.

3. Un delegado del Fiscal General de la Nación.

4. Un representante de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

5. Un delegado del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, cuando se trate de casos de población desplazada.

6. Cuatro (4) delegados de cada una de las poblaciones objeto del programa de prevención y protección, quienes estarán presentes exclusivamente en el análisis de los casos del grupo poblacional al que representan.

7. Delegados de entidades de carácter público cuando se presenten casos relacionados con sus competencias.

8. Representante de un ente privado, cuando el comité lo considere pertinente.

PAR. 1º—Los miembros del comité no podrán presentar o estudiar solicitudes de protección sin el lleno total de los requisitos establecidos por el programa de prevención y protección.

PAR. 2º—Los delegados de la población objeto participarán suministrando la información que posean sobre cada caso llevado a consideración del Cerrem, y que sirva a este como insumo para la adopción de medidas de protección.

PAR. 3º—Los miembros del comité de evaluación de riesgo y recomendación de medidas, Cerrem podrán invitar a las entidades públicas que prestan asistencia técnica en enfoque diferencial, quienes participarán con derecho a voz.

(D. 4912/2011, art. 37)

ART. 2.4.1.2.38.—Funciones del Cerrem. El comité de evaluación del riesgo y recomendación de medidas tiene por objeto la valoración integral del riesgo, la recomendación de medidas de protección y complementarias. Ejercerá las siguientes funciones:

1. Analizar los casos que le sean presentados por el programa de protección, teniendo en cuenta el concepto y recomendaciones del grupo de valoración preliminar y los insumos de información que las entidades del comité aportan en el marco de sus competencias.

2. Validar la determinación del nivel de riesgo de las personas que pertenecen a la población objeto del presente decreto a partir del insumo suministrado por el grupo de valoración preliminar.

3. Recomendar al director la Unidad Nacional de Protección las medidas de protección.

4. Recomendar, de manera excepcional, medidas de protección distintas a las previstas en el artículo 2.4.1.2.11, numeral 1.1., conforme al parágrafo 2º, del citado artículo.

5. Recomendar al director de la Unidad Nacional de Protección, el ajuste de las medidas de prevención y protección, cuando a ello hubiere lugar, en virtud de los resultados de la revaluación del riesgo.

6. Recomendar al director de la Unidad Nacional de Protección, la finalización o suspensión de las medidas de protección cuando a ello hubiere lugar.

7. Definir la temporalidad de las medidas de prevención y de protección.

8. Darse su propio reglamento.

9. Las demás que sean necesarias para el desarrollo de su objeto.

PAR. 1º—La secretaría técnica del Cerrem será ejercida por un funcionario de la Unidad Nacional de Protección.

PAR. 2º—Las deliberaciones, recomendaciones y propuestas del comité serán consignadas en un acta, que suscribirán quien lo preside y el secretario técnico y servirán de soporte a la decisión que adopte el director de la Unidad Nacional de Protección mediante acto administrativo.

PAR. 3º—El comité sesionará de manera ordinaria, por lo menos una vez al mes, y de forma extraordinaria, cuando las necesidades de protección lo ameriten, previa convocatoria efectuada por quien lo preside o su secretario técnico.

PAR. 4º—Habrá quórum deliberatorio cuando asistan tres de sus miembros. Y habrá quórum decisorio con el voto de la mitad más uno de los miembros asistentes.

(D. 4912/2011, art. 38)

ART. 2.4.1.2.38 A.—Conformación del Comité de Evaluación de Nivel de Riesgo, (Cenir). (Nota: Adicionado por el Decreto 567 de 2016 artículo 4° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.2.38 B.—Funciones del Comité de evaluación del nivel de riesgo (Cenir). (Nota: Adicionado por el Decreto 567 de 2016 artículo 5° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.2.39.—Procedimientos de la estrategia de prevención. La estrategia de prevención tomará en cuenta los siguientes criterios de procedimiento, que deberán adoptarse a las condiciones propias de la región y del grupo poblacional respectivo:

1. Identificación de las poblaciones o zonas que de acuerdo con el nivel de afectaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad deben ser objeto de implementación de plan de prevención.

2. Identificación y análisis de riesgo, a partir del análisis de amenazas, vulnerabilidades y las capacidades que conducen a la proyección de escenarios de riesgo, contemplando un enfoque diferencial.

3. Formulación de un plan de prevención, que incluya la definición de estrategias y acciones que buscan contrarrestar amenazas y vulnerabilidades y potenciar las capacidades tanto institucionales como sociales para gestionar el nivel de riesgo.

4. Formulación de un plan de contingencia, a fin de contar con una alternativa de acción en caso de que se inicie la consumación del riesgo y se puedan salvaguardar los derechos de la población potencialmente afectada.

5. Implementación del plan de prevención, por parte de los responsables que se identificaron en la fase de diseño, en los tiempos programados y con los recursos necesarios para tal efecto.

6. Seguimiento a la implementación de los planes de prevención y de los planes de contingencia y ajuste a las estrategias y acciones allí definidas.

7. Formulación de recomendaciones a las autoridades competentes para la implementación efectiva de los instrumentos de prevención.

8. Socialización de los resultados de los planes de prevención y protección, especialmente con las poblaciones y comunidades objeto de los mismos.

(D. 4912/2011, art. 39)

ART. 2.4.1.2.40.—Procedimiento ordinario del programa de protección. El procedimiento ordinario del programa de protección es el siguiente:

1. Recepción de la solicitud de protección y diligenciamiento del formato de caracterización inicial del solicitante, por parte de la Unidad Nacional de Protección.

2. Análisis y verificación de la pertenencia del solicitante a la población objeto del programa de protección y existencia del nexo causal entre el riesgo y la actividad que este desarrolla.

3. Traslado al cuerpo técnico de recopilación y análisis de información, CTRAI.

4. Presentación del trabajo de campo del CTRAI al grupo de valoración preliminar.

5. Análisis de caso en el grupo de valoración preliminar.

6. Valoración del caso por parte del Cerrem.

7. Adopción de medidas de prevención y protección por parte del director de la Unidad Nacional de Protección mediante acto administrativo.

8. El contenido o parte del contenido del acto administrativo de que trata el numeral anterior será dado a conocer al protegido mediante comunicación escrita de las medidas de protección aprobadas. En los casos en que el comité de evaluación del riesgo y recomendación de medidas, Cerrem no recomiende medidas en razón a que el riesgo del peticionario fue ponderado como ordinario, se dará a conocer tal situación a través de comunicación escrita.

9. Implementación de las medidas de protección, para lo cual se suscribirá un acta en donde conste la entregada de estas al protegido.

10. Seguimiento a la implementación.

11. Reevaluación.

PAR. 1º—La realización de la evaluación del riesgo, cuando haya lugar a ella, es un requisito sine qua non para que el caso pueda ser tramitado y se puedan asignar medidas de protección.

PAR. 2º—El nivel de riesgo de las personas que hacen parte del programa de protección será revaluado una vez al año, o antes si existen nuevos hechos que puedan generar una variación del riesgo.

PAR. 3º—Las medidas de protección solo podrán ser modificadas por el Cerrem cuando exista una variación de las situaciones que generaron el nivel de riesgo.

PAR. 4º—Los casos de servidores y ex servidores públicos, surtida la instancia del grupo de valoración preliminar, serán presentados individualmente ante un comité especial conformado por el director de la Unidad Nacional de Protección o su delegado, el director de protección y servicios especiales de la Policía Nacional o su delegado, y el subdirector de evaluación de riesgo de la Unidad Nacional de Protección o su delegado, quienes definirán las medidas a implementar.

(D. 4912/2011, art. 1º; D. 1225/2012, arts. 7º y )

ART. 2.4.1.2.41.—Procedimiento para la activación de la presunción constitucional de riesgo. Se aplicará la presunción constitucional de riesgo, a favor de las víctimas de desplazamiento forzado, incluidas víctimas en los términos del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, que intervienen en procesos de restitución de tierras, en caso de manifestar por sí o por interpuesta persona que se encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo, en virtud de lo cual:

1. La información presentada deberá demostrar que la persona es efectivamente desplazada por la violencia y acredite por cualquier medio estar inscrita en el registro único de víctimas.

2. Información, consistente y verosímil, de una amenaza, de un acto de violencia, o de hechos concretos que indiquen que el peticionario o su núcleo familiar, se encuentran en riesgo. Si la autoridad competente considera que los hechos no son ciertos o consistentes, deberá verificar y demostrar el motivo por el cual llega a esa conclusión.

3. De tratarse de personas que no son dirigentes, líderes o representantes, además de las condiciones de consistencia y veracidad del relato de los hechos deberán acreditar, mediante evidencias fácticas, precisas y concretas su situación de riesgo.

4. Se adoptarán medidas de protección de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.4.1.2.9.

5. La presunción deberá ser confirmada o desvirtuada mediante una evaluación del riesgo, a partir del cual se modificarán, mantendrán o suspenderán las respectivas medidas.

(D. 4912/2011, art. 41)

ART. 2.4.1.2.42.—Ruta de la protección. En ejercicio de las atribuciones que en el programa de prevención y protección deben desarrollar las gobernaciones y alcaldías distritales y/o municipales, se implementará una ruta de protección específica para proteger oportuna y efectivamente los derechos a la vida, libertad, integridad o seguridad personal de líderes, dirigentes, representantes y población desplazada acreditada como tal en el registro único de víctimas, mediante la articulación y coordinación del nivel municipal, departamental y nacional y en aplicación de los principios de subsidiariedad, complementariedad e inmediatez.

Para activar esta ruta de protección, los líderes, dirigentes, representantes y la persona en situación de desplazamiento que solicita protección debe acudir ante la secretaría del interior y/o de gobierno municipal del lugar donde se encuentre, y dichas autoridades deben implementar las medidas de prevención y protección a que haya lugar, efectuando una valoración preliminar del riesgo que puede ser solicitada al grupo de valoración preliminar señalado en el presente decreto. En caso de que en dicha valoración preliminar del riesgo determine la necesidad de otras medidas de protección que no estén al alcance de la entidad municipal, se remitirá el caso a la Secretaría del Interior y/o Gobierno del Departamento y este a su vez, en caso de no contar con dicha capacidad lo remitirá al programa de prevención y protección.

(D. 4912/2011, art. 42)

ART. 2.4.1.2.43.—Procedimiento para la implementación de las medidas de protección para personas en razón del cargo. El procedimiento para la implementación de las medidas de protección para personas en razón del cargo, consta de las siguientes etapas:

1. Identificación y verificación de la calidad del protegido por parte de la Policía Nacional.

2. Evaluación de riesgo.

3. Implementación de la medida por parte de la Policía Nacional y coordinación con la Unidad Nacional de Protección en relación con el suministro de recursos físicos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.4.1.2.7 del presente decreto.

4. Supervisión del uso de la medida.

5. Notificación de la finalización de la medida una vez el protegido se separe del cargo.

PAR. 1º—La Policía Nacional adelantará la evaluación de riesgo exclusivamente en relación con las personas mencionadas en el artículo 2.4.1.2.7 del presente decreto y reglamentará internamente el procedimiento para el cumplimiento de las funciones definidas en la presente norma.

PAR. 2º—La Policía Nacional podrá adoptar de manera preventiva y con carácter transitorio las medidas de protección que se estimen pertinentes cuando quiera que existan elementos de juicio que permitan determinar la existencia de un riesgo inminente contra la vida, integridad, libertad o seguridad personal del solicitante de que trata el artículo 2.4.1.2.7, debiendo dar inicio de manera inmediata al procedimiento de evaluación del riesgo que permitirá ratificar, modificar o finalizar las medidas adoptadas inicialmente.

PAR. 3º—El procedimiento de evaluación del riesgo establecido en el presente artículo, se realizará una vez al año o antes si existen nuevos hechos que puedan generar una variación en la ponderación del riesgo. En todo caso la persona estará obligada a facilitar a la Policía Nacional la realización de todas las etapas del procedimiento en mención.

PAR. 4º—Las medidas de protección podrán ser finalizadas con la separación del cargo, sin que para ello se requiera de una nueva evaluación del riesgo.

(D. 4912/2011, art. 43; D. 1225/2012, art. 9º)

ART. 2.4.1.2.44.—(Modificado).* Suspensión de las medidas de protección. El director de la Unidad Nacional de Protección podrá suspender las medidas de protección adoptadas, previa consulta y autorización del Cerrem, en las siguientes circunstancias:

1. Uso indebido de las medidas asignadas. Se considera que existe uso indebido de las medidas de protección por parte del protegido, cuando:

1.1. Autoriza el empleo del esquema de protección o de las medidas asignadas al mismo por personas diferentes a las determinadas por las autoridades definidas en este Decreto, salvo en el caso en que se aprueben como extensivas para el núcleo familiar.

1.2. Exige u obliga al personal que cumple labores de protección a desarrollar actividades que no tienen relación con el servicio de seguridad.

1.3. Agrede física o verbalmente o intenta hacerlo al personal que está asignado a su esquema de protección.

1.4. Abandona o evade el esquema de protección, desplazándose a lugares sin el acompañamiento del personal asignado para la seguridad.

1.5. Impide el acompañamiento del esquema de protección en lugares cerrados o abiertos al público, poniendo en riesgo su vida.

1.6. Ejecuta conductas que implican riesgo para su vida e integridad personal o la de su esquema, tales como:

— Conducir vehículos bajo el efecto de bebidas embriagantes o sustancias alucinógenas.

— Irrespetar la normatividad de tránsito.

— Transportar o manipular explosivos, pólvora o armas sin el correspondiente permiso.

1.7. No hace uso de las medidas otorgadas por el programa.

1.8. Autoriza permisos o descanso al personal del esquema sin el conocimiento de la entidad a cargo de su protección.

1.9. Desatiende las observaciones o recomendaciones de autoprotección y seguridad que formule el personal de su esquema de seguridad o por los organismos de seguridad del Estado.

1.10. Ejecuta conductas punibles, contravencionales o disciplinables haciendo uso de los medios físicos y humanos dispuestos para su protección.

1.11. Usufructúa comercialmente los medios de protección dispuestos en su favor.

1.12. Causa daño intencionalmente a los medios de protección físicos y humanos asignados por el Programa.

1.13. Acude injustificadamente a lugares en donde se ponga en riesgo su seguridad.

1.14. Exige que el personal asignado a esquemas de protección incumpla la normatividad de tránsito o irrespete las señales de tránsito.

1.15. Retorna a la zona de riesgo sin informar oportunamente a las autoridades señaladas en este Capítulo.

2. A solicitud del protegido. En el caso en el cual el protegido solicite la suspensión de las medidas de protección, lo deberá hacer por escrito ante la Unidad Nacional de Protección.

3. Para el caso de los funcionarios públicos por licencia, salvo la licencia por maternidad.

PAR.—La reincidencia en el uso indebido de las medidas definidas en el numeral 1 de este artículo, traerá como consecuencia la finalización de las medidas de protección.

(D. 4912/2011, art. 44)

*(Nota: Modificado el primer inciso por el Decreto 567 de 2016 artículo 6° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.2.45.—Procedimiento para la suspensión de medidas. En caso que el programa de protección, en el marco de sus funciones de seguimiento, identifique que un protegido de medidas está incurriendo en alguna de las situaciones de uso indebido, conforme al artículo 2.4.1.2.44 frente a una o varias de las medidas que le fueron asignadas, se surtirá el siguiente procedimiento:

1. Notificación por escrito al protegido de la situación encontrada.

2. El protegido tendrá la oportunidad de controvertir los hechos, por escrito, en un plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha en que recibe la notificación.

3. Presentación ante el Cerrem de la novedad frente a uso indebido de las medidas.

(Nota: Modificado el presente numeral por el Decreto 567 de 2016 artículo 7° del Ministerio del Interior)

4. Recomendación del Cerrem frente a la suspensión o continuidad de las medidas.

(Nota: Modificado el presente numeral por el Decreto 567 de 2016 artículo 7° del Ministerio del Interior)

5. Adopción de la decisión por parte del director de la Unidad Nacional de Protección, mediante acto administrativo.

6. Notificación de la decisión al protegido.

7. Implementación de la decisión.

(D. 4912/2011, art. 45)

ART. 2.4.1.2.46.—Finalización de las medidas de protección. El respectivo comité podrá recomendar la finalización de las medidas de protección, en los siguientes casos:

1. Por el resultado de la valoración de nivel de riesgo, si de este se concluye que la medida de protección ha dejado de ser necesaria o que no la amerita, en atención a la realidad del riesgo que pese sobre el protegido del programa.

2. Cuando se establezca falsedad en la información o pruebas aportadas para la vinculación al programa o la adopción de medidas.

3. Cuando el protegido no permite la reevaluación del riesgo.

4. Por solicitud expresa y libre de la persona, caso en el cual la Unidad Nacional de Protección le explicará el riesgo que corre, en términos de su vida, integridad, libertad y seguridad personal, en cuyo caso se deberá dejar constancia escrita de ello.

5. Vencimiento del período o cargo por el cual fue adoptada la medida o su prórroga.

(Nota: Modificado por el Decreto 567 de 2016 artículo 8° del Ministerio del Interior)

6. Por imposición de medida de aseguramiento o pena privativa de la libertad que se cumpla en establecimiento de reclusión o con el beneficio de detención domiciliaria.

7. Por imposición de sanción de destitución en proceso disciplinario debidamente ejecutoriado, para el caso de funcionarios públicos.

(Nota: Modificado por el Decreto 567 de 2016 artículo 8° del Ministerio del Interior)

8. Por muerte del protegido.

PAR. 1º—Las medidas de protección implementadas en favor de los magistrados de las altas cortes se mantendrán hasta por seis (6) meses después del vencimiento de su periodo constitucional o la renuncia a su cargo, prorrogables hasta por otro tanto previa valoración del riesgo individual. En el caso de los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, las medidas se mantendrán por un año, prorrogable por un periodo igual previa valoración del riesgo individual.

En los demás casos de personas protegidas en razón del cargo, las medidas asignadas podrán extenderse hasta por tres (3) meses más, de manera inmediata, después de que el funcionario cese en el ejercicio de sus funciones, sin que medie evaluación del riesgo, término que podrá prorrogarse por una sola vez hasta por el mismo período, ajustando las medidas a su nueva condición. En los casos en que su nivel de riesgo sea extraordinario o extremo, habrá lugar al procedimiento de revaluación para determinar la continuidad de las medidas.

(Nota: Modificado por el Decreto 567 de 2016 artículo 8° del Ministerio del Interior)

(D. 4912/2011, art. 46; D. 1225/2012, art. 10)

(Nota: Modificado el primer inciso por el Decreto 567 de 2016 artículo 8° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.2.47.—Compromisos del programa de prevención y protección. Corresponde a la Unidad Nacional de Protección:

1. Entregar las medidas de prevención y protección recomendadas por el Cerrem.

(Nota: Modificado por el Decreto 567 de 2016 artículo 9° del Ministerio del Interior)

2. Entregar los elementos destinados para la protección en buen estado.

3. Manejar de forma reservada la información relacionada con su situación particular.

4. Notificar las decisiones adoptadas.

(D. 4912/2011, art. 47)

(Nota: Modificado el primer inciso por el Decreto 567 de 2016 artículo 9° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.2.48.—Compromisos del protegido. Son compromisos de las personas protegidas por el programa:

1. Acatar las recomendaciones formuladas por el programa de prevención y protección y los organismos de seguridad del Estado.

2. No solicitar ni aceptar inscripción en otro programa de protección del Estado durante la vigencia de las medidas.

3. Conservar los elementos entregados en buen estado y hacer buen uso de ellos.

4. Usar los elementos o apoyos entregados, exclusivamente como medida de protección.

5. Colaborar con los organismos de investigación, de control y seguridad del Estado, para el esclarecimiento de los hechos que motiven sus amenazas.

6. Seguir las recomendaciones de autoprotección, sugeridas por el programa.

7. Informar mínimo con 24 horas de antelación, sobre cualquier desplazamiento que requiera coordinación institucional en diferentes lugares del país.

8. Abstenerse de asumir conductas que puedan poner en peligro su seguridad.

9. Reportar a la Unidad Nacional de Protección los incidentes de seguridad que se presenten y que pongan en peligro su vida, integridad, libertad y seguridad o la de su núcleo familiar.

(Nota: Modificado por el Decreto 567 de 2016 artículo 10 del Ministerio del Interior)

10. Dar respuesta a los requerimientos que en relación con el mal uso de las medidas de protección le hagan la Unidad Nacional de Protección, la Policía Nacional, con el fin de controvertir o aclarar las razones y pruebas sobre el uso e implementación de las medidas de protección.

11. Reportar de inmediato a la Unidad Nacional de Protección la pérdida, hurto o daño, de cualquier elemento suministrado.

(Nota: Modificado por el Decreto 567 de 2016 artículo 10 del Ministerio del Interior)

12. Colaborar con la autoridad que haya asignado la medida de protección para la verificación del debido uso de las medidas de protección.

13. Colaborar con la Unidad Nacional de Protección para la realización de la evaluación del riesgo y las posteriores reevaluaciones del mismo.

(Nota: Modificado por el Decreto 567 de 2016 artículo 10 del Ministerio del Interior)

14. Mantener la reserva y confidencialidad de la información relacionada con su situación particular.

15. Suscribir un acta de compromiso al momento de recibir las medidas de protección, en donde se señalarán los elementos entregados y el estado de los mismos, sus beneficios y compromisos, el lapso de la medida adoptada y las consecuencias por uso indebido de los mismos.

16. Devolver los elementos entregados, como medida de protección, una vez finalice su vinculación al programa de protección.

17. Poner en conocimiento de la Unidad Nacional de Protección los hechos por los cuales teme por su vida, integridad, libertad y seguridad.

(Nota: Modificado por el Decreto 567 de 2016 artículo 10 del Ministerio del Interior)

18. Asumir el valor correspondiente al deducible del seguro que ampara cualquier elemento suministrado por el programa, en caso de reposición por pérdida, hurto o daño, del mismo, en los casos que se compruebe culpa grave del protegido.

19. Las demás inherentes a la naturaleza del beneficiario del servicio de protección y las que recomiende el respectivo comité.

(D. 4912/2011, art. 48)

ART. 2.4.1.2.49.—Cooperación. En desarrollo de las actividades de los programas de prevención y protección, los ejecutores del mismo podrán celebrar convenios de cooperación con otras entidades públicas o privadas y con organismos nacionales e internacionales, con sujeción a las normas legales vigentes, con el fin de recibir asistencia técnica o apoyo a través del suministro de recursos y medios destinados a la protección de los beneficiarios.

(D. 4912/2011, art. 49)

ART. 2.4.1.2.50.—Reglamentación. El Ministerio del Interior reglamentará lo pertinente a la aplicación efectiva del presente capítulo, mediante protocolos y reglamentos generales y específicos para cada población objeto, teniendo en cuenta un enfoque diferencial, desarrollando mecanismos periódicos de evaluación del programa. Así mismo reglamentará los criterios para el estudio, análisis y posterior decisión respecto de las recomendaciones sobre las medidas de protección que realicen los beneficiarios, así como los plazos para su implementación.

(D. 4912/2011, art. 50)

ART. 2.4.1.2.51.—(Modificado).* No inclusión. El programa de prevención y protección de la Unidad Nacional de Protección, no incluirá el programa de protección a víctimas y testigos de la L. 975/2005 ni el programa de protección y asistencia a víctimas y testigos e intervinientes en el proceso penal de la Fiscalía General de la Nación.

(D. 4912/2011, art. 51)

*(Nota: Modificado por el Decreto 567 de 2016 artículo 11 del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.2.52.—Vigencia y transición. Todas las disposiciones normativas que se refieran al Departamento Administrativo de Seguridad DAS y al programa de protección del Ministerio del Interior, salvo el Programa de Protección para Víctimas y Testigos, de que trata la Ley 975 de 2005, se entenderán referidas a la Unidad Nacional de Protección.

(D. 4912/2011, art. 52)

CAPÍTULO 3

Programa especial de protección integral para dirigentes, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano

ART. 2.4.1.3.1.—Objeto. El presente capítulo tiene por objeto unificar el programa especial de protección integral para dirigentes, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano, con el fin de atender los requerimientos de protección presentados por aquellas personas que por razones de vinculación ideológica o partidista, con una de tales agrupaciones políticas, se encuentren en una situación de riesgo extraordinario o extremo.

(D. 2096/2012, art. 1º)

ART. 2.4.1.3.2.—Principios. Además de los principios constitucionales y legales que orientan la función administrativa, las acciones en materia de prevención y protección de la población objeto del programa especial de protección integral para dirigentes, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, se regirán por los siguientes principios:

1. Buena fe: Todas las actuaciones que se surtan ante el programa, se ceñirán a los postulados de la buena fe.

2. Causalidad: La vinculación al programa especial de protección integral, estará fundamentada en la conexidad directa entre el riesgo y el ejercicio de las actividades, funciones políticas o vinculación ideológica o partidista. Los interesados en ser acogidos por el programa deben demostrar, siquiera sumariamente, dicha conexidad.

3. Complementariedad: Las medidas de prevención y protección se implementarán sin perjuicio de otras de tipo asistencial, integral, humanitario o de rehabilitación que sean dispuestas por otras entidades.

4. Concurrencia: La Unidad Nacional de Protección, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y demás autoridades del orden nacional, los municipios y departamentos aportarán las medidas de prevención y protección, de acuerdo con sus competencias y capacidades institucionales, administrativas y presupuestales, para la garantía efectiva de los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal de su población objeto.

5. Consentimiento: La vinculación al programa especial de protección integral requerirá de la manifestación expresa, libre y voluntaria por parte de la persona solicitante respecto de la aceptación o no de su vinculación.

6. Coordinación: Las autoridades competentes dentro del programa especial de protección integral actuarán en forma ordenada, sistemática, coherente, eficiente y armónica, para la prevención, protección y superación de las situaciones de riesgo, amenaza y vulnerabilidad de su población objeto.

7. Eficacia: Las medidas tendrán como propósito prevenir la materialización de los riesgos y mitigar los efectos de su eventual consumación.

8. Enfoque diferencial: Para la evaluación del riesgo, así como para la recomendación y adopción de las medidas de protección, deberán ser observadas las especificidades y vulnerabilidades por edad, etnia, género, discapacidad, orientación sexual y procedencia urbana o rural de las personas objeto de protección.

9. Exclusividad: Las medidas dispuestas por el programa especial de protección integral estarán destinadas para el uso exclusivo de los protegidos del programa.

10. Goce efectivo de derechos: La planeación, ejecución, seguimiento y evaluación del programa especial de protección integral tendrá en cuenta el conjunto de derechos constitucionales fundamentales de los que son titulares las personas protegidas en el marco del principio de correlación entre deberes y derechos.

11. Idoneidad: Las medidas de prevención y protección serán adecuadas a la situación de riesgo extraordinario o extremo y procurarán adaptarse a las particularidades de las personas protegidas.

12. Oportunidad: Las medidas se otorgarán en forma ágil y expedita.

13. Reserva legal: La información relativa a las personas solicitantes y protegidas del programa especial de protección integral es reservada. Las personas beneficiarias de las medidas están obligadas a guardar dicha reserva.

14. Temporalidad: Las medidas de prevención y protección tienen carácter temporal y se mantendrán mientras persista un nivel de riesgo extraordinario o extremo de las personas beneficiarias.

15. Subsidiariedad: El municipio, o en su defecto el departamento, de acuerdo con sus competencias y capacidades institucionales, administrativas y presupuestales, y en el marco de la colaboración administrativa y el principio de subsidiariedad, adoptará las medidas necesarias para prevenir la violación de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad o la protección de los derechos de esta población.

(D. 2096/2012, art. 2º)

ART. 2.4.1.3.3.—Definiciones. Para efectos del presente capítulo se entenderá por:

1. Dirigente: Persona que ocupa un cargo directivo o ejerce la representación de los grupos políticos objeto del programa especial de protección integral. La acreditación de una persona como dirigente será expedida por la misma organización política de la que hace parte.

2. Medidas de prevención en el marco del programa especial de protección integral: Acciones que emprende el Estado, o elementos físicos con los que este cuenta para el cumplimiento del deber de prevención, en lo que se refiere a la promoción del respeto y garantía de los derechos humanos de la población objeto del programa.

3. Medidas de protección: Acciones que emprende el Estado o elementos físicos de los que este dispone con el propósito de prevenir riesgos y proteger los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad personal de los protegidos.

4. Medidas de restablecimiento y rehabilitación: Acciones que emprende o apoya el Estado, y que tienen por finalidad hacer cesar o mitigar las consecuencias de la amenaza o vulneración de los derechos humanos de la población objeto del programa y para restablecer las condiciones alteradas por la situación de riesgo extraordinario o extremo al que han sido sometidos.

5. Medidas materiales de protección: Son medidas de protección material, aquellas otorgadas por el programa especial de protección integral, encaminadas a proteger la vida, integridad, seguridad y libertad de su población objeto, diferentes a aquellas conferidas por las demás entidades competentes para la superación de las condiciones de vulnerabilidad y el restablecimiento de las condiciones alteradas por la situación de riesgo extraordinario o extremo al que ha sido sometida la población beneficiaria.

6. Miembro: Persona afiliada a los grupos políticos objeto del programa especial. La membrecía será acreditada por la misma organización política de la que hace parte.

7. Riesgo extraordinario: Es aquel que las personas, como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, o en razón al ejercicio de su cargo, no están obligadas a soportar y comprende el derecho de recibir del Estado la protección especial por parte del programa, respecto de su población y siempre y que reúna las siguientes características:

a) Que sea específico e individualizable.

b) Que sea concreto, fundado en acciones o hechos particulares y manifiestos y no en suposiciones abstractas.

c) Que sea presente, no remoto ni eventual.

d) Que sea importante, es decir, que amenace con lesionar bienes jurídicos protegidos.

e) Que sea serio, de materialización probable por las circunstancias del caso.

f) Que sea claro y discernible.

g) Que sea excepcional en la medida en que no debe ser soportado por la generalidad de los individuos.

h) Que sea desproporcionado, frente a los beneficios que deriva la persona de la situación por la cual se genera el riesgo.

8. Riesgo extremo: Es aquel que se presenta al confluir todas las características señaladas para el riesgo extraordinario y que adicionalmente es grave e inminente.

9. Sobreviviente: Persona que pertenece o perteneció al grupo político Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano y que ha sufrido un daño.

10. Vulnerabilidad: Es el nivel de exposición a la amenaza, pérdida, daño o sufrimiento de la población objeto del programa. La vulnerabilidad puede estar asociada a condiciones de discriminación política.

PAR.—La protección de los miembros, dirigentes y sobrevivientes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, será asumida por la Unidad Nacional de Protección.

(D. 2096/2012, art. 3º)

ART. 2.4.1.3.4.—Medidas de emergencia. En casos de riesgo inminente y excepcional, el director de la Unidad Nacional de Protección podrá adoptar, sin necesidad de evaluación de riesgo, contemplando un enfoque diferencial, medidas provisionales de protección para las personas beneficiarias del programa especial de protección integral e informará de las mismas al comité de evaluación de riesgo y recomendación de medidas (Cerrem) en la siguiente sesión, con el fin de que este recomiende las medidas definitivas, si es del caso.

(D. 2096/2012, art. 4º)

ART. 2.4.1.3.5.—Medidas de prevención. Son medidas de prevención las siguientes:

1. Curso de autoprotección: Herramienta pedagógica que tiene el propósito de brindar a la población beneficiaria en situación de riesgo contemplando un enfoque diferencial, elementos prácticos que permitan disminuir sus vulnerabilidades e incrementar sus capacidades a fin de realizar una mejor gestión efectiva del mismo.

2. Patrullaje: Es la actividad desarrollada por la Fuerza Pública con un enfoque general, encaminada a asegurar la convivencia y seguridad ciudadana y dirigido a identificar, contrarrestar y neutralizar la amenaza.

3. Revista policial: Es la actividad desarrollada por la Policía Nacional con un enfoque particular, preventivo y disuasivo, encaminada a establecer una interlocución periódica con el solicitante de la medida.

(D. 2096/2012, art. 5º)

ART. 2.4.1.3.6.—Medidas de protección. Son medidas de protección, a cargo de la Unidad Nacional de Protección, las siguientes:

1. Esquema de protección: Compuesto por los recursos físicos y humanos otorgados a los protegidos del Programa para su protección.

Tipo 1: Esquema individual corriente para brindarle seguridad a una sola persona, e incluye:

— 1 vehículo corriente

— 1 conductor

— 1 escolta

Tipo 2: Esquema individual blindado para brindarle seguridad a una sola persona, e incluye:

— 1 vehículo blindado

— 1 conductor

— 1 escolta

Tipo 3: Esquema individual reforzado con escoltas, para brindarle seguridad a una sola persona, e incluye:

— 1 vehículo corriente o blindado

— Conductor

— 2 escoltas

Tipo 4: Esquema individual reforzado con escoltas y vehículo, para brindarle seguridad a una sola persona, e incluye:

— 1 vehículo blindado

— 1 vehículo corriente

— 2 conductores

— Hasta 4 escoltas

Tipo 5: Esquema colectivo, para brindarle protección a un grupo de 2 o más personas, e incluye:

— 1 vehículo corriente o blindado

— 1 conductor

— 2 escoltas

2. Recursos físicos de soporte a los esquemas de seguridad: Son los elementos necesarios para la prestación del servicio de protección de personas y consiste en vehículos blindados o corrientes, motocicletas, escudos blindados, entre otros.

3. Medio de movilización: Es el recurso que se otorga a una persona protegida en procura de salvaguardar su vida, integridad, libertad y seguridad, durante los desplazamientos. Estos pueden ser de las siguientes clases:

a) Tiquetes aéreos internacionales: Consiste en la asignación de un tiquete aéreo internacional para la persona protegida del programa y, si es necesario, su núcleo familiar; el cual se brindará como una medida de protección excepcional. Se suministrará por una sola vez, cuando el nivel de riesgo sea extremo y la persona o el núcleo familiar sean admitidos por el país receptor por un período superior a un año.

b) Tiquetes aéreos nacionales: Consiste en la entrega de tiquetes aéreos en rutas nacionales y se otorgan a la persona protegida del programa, y si es necesario, a su núcleo familiar, cuando frente a una situación de riesgo debe trasladarse a una zona que le ofrezca mejores condiciones de seguridad, o cuando su presencia sea necesaria en actuaciones de orden administrativo o judicial en el marco de su protección.

c) Apoyo de transporte terrestre, fluvial o marítimo: Consiste en el valor que se entrega a la persona protegida del programa, para sufragar el precio del contrato de transporte, para brindar condiciones de seguridad en la movilidad. El valor que se entrega a una persona protegida del programa para sufragar el costo de transporte, no podrá superar la suma correspondiente a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada mes aprobado.

4. Apoyo de reubicación temporal: Constituye la asignación y entrega mensual a la persona protegida de una suma de dinero entre uno (1) y tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, según las particularidades del grupo familiar del caso, para facilitar su asentamiento en un lugar diferente a la zona de riesgo. Este pago se aprobará hasta por tres (3) meses y el monto se determinará tomando en consideración el número de personas del núcleo familiar con los que se reubica el protegido. Esta medida de protección es complementaria a las ayudas que buscan suplir el mínimo vital otorgadas por otras entidades del Estado. De manera excepcional, se podrá otorgar este apoyo por tres (3) meses adicionales, por la mitad del monto inicialmente aprobado, siempre y cuando de manera sumaria se alleguen soportes idóneos, para determinar la situación de riesgo que persiste.

5. Apoyo de trasteo: Consiste en el traslado de muebles y enseres de las personas que en razón del riesgo extremo o extraordinario deban trasladar su domicilio.

6. Medios de comunicación: Son los equipos de comunicación entregados a las personas beneficiarias para permitir su contacto oportuno y efectivo con los organismos del Estado y con el programa especial de protección integral, con el fin de alertar su situación de emergencia o para reportarse de manera permanente e informar sobre su situación de seguridad.

7. Blindaje de inmuebles e instalación de sistemas técnicos de seguridad: Consiste en los elementos y equipos de seguridad integral para el control del acceso a los inmuebles donde funcionan las sedes de las organizaciones políticas beneficiarias del programa especial de protección integral o donde residen los dirigentes, miembros y sobrevivientes que conforme al riesgo así lo requieran. En todos los casos, esta medida se implementará conforme a las recomendaciones de una valoración arquitectónica realizada por la Unidad Nacional de Protección.

8. Actividades para autoprotección: Corresponde al apoyo que se brinda para la realización de talleres y eventos, regionales y nacionales sobre autoprotección que generen escenarios de seguridad basada en la recomposición de confianzas, tejidos de coordinación y comunicación, que creen una cultura de autoprotección y seguridad entre los beneficiarios del programa.

9. Atención psicosocial: Consiste en la atención inmediata individual (consulta terapéutica) o colectiva (talleres) para proveer herramientas de afrontamiento y fortalecimiento ante las condiciones que han tenido que enfrentar en razón de las situaciones de riesgo y amenaza.

PAR. 1º—La Unidad Nacional de Protección podrá asignar las medidas de protección descritas en el numeral 3º, literales b) y c), y numerales 4º, 5º, 6º, 8º y 9º del presente artículo, sin necesidad de evaluación de riesgo, siempre y cuando dichas medidas sean aprobadas y concertadas por el Cerrem, salvo que dicho estudio lo estimare necesario para poder adoptar una decisión sobre el particular.

PAR. 2º—Los apoyos de que tratan los numerales 8º y 9؟ del presente artículo constituyen una medida con enfoque diferencial, la cual tiene como objetivo contribuir a reducir los riesgos y vulnerabilidades a las que pueden estar sometidos los miembros, dirigentes y sobrevivientes de la Unión Patriótica incluidos los militantes del Partido Comunista Colombiano, en concordancia con el artículo 16, numeral 9º, del Decreto 4065 de 2011.

PAR. 3º—Las medidas de que tratan los numerales 1º, 2º, 3º, literal a), y 7º del presente artículo, tendrán como condición obligatoria para su asignación, la realización de la evaluación de riesgo, la cual deberá ponderar un riesgo extraordinario o extremo y llevarse el caso ante el Cerrem.

(D. 2096/2012, art. 6º)

ART. 2.4.1.3.7.—Procedimientos. Los procedimientos para hacer efectivas las medidas dispuestas en los artículos 2.4.1.3.4 a 2.4.1.3.6, serán adoptados por el Cerrem, en el marco de los principios, definiciones y propósitos que en el presente Capítulo se establecen.

(D. 2096/2012, art. 7º)

ART. 2.4.1.3.8.—Conformación del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem). Para efectos del programa especial de protección integral para dirigentes, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, el Cerrem estará conformado así:

— El director de la Unidad Nacional de Protección, o su delegado, quien lo presidirá.

— El director de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, o su delegado, quien oficiará como secretario técnico.

— El consejero presidencial para los derechos humanos, o su delegado.

— El director de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a la Víctimas, o su delegado.

— El coordinador del grupo de derechos humanos de la inspección general de la Policía Nacional.

— El presidente nacional de la Unión Patriótica, o su delegado.

— El secretario general del Partido Comunista Colombiano, o su delegado.

— El presidente de la Corporación Reiniciar, peticionaria del caso de la Unión Patriótica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o su delegado.

— El director de la comisión colombiana de juristas, peticionaria del caso de la Unión Patriótica ante la comisión interamericana de derechos humanos, o su delegado.

Cuando el Cerrem deba analizar y aprobar las medidas de restablecimiento y rehabilitación, se invitará con voz pero sin voto, a los respectivos delegados de los ministerios, departamentos y unidades administrativas especiales que resulten competentes.

Asistirán como invitados especiales, con voz pero sin voto, en calidad de organismos de control del Estado los siguientes:

— Un delegado del Procurador General de la Nación.

— Un delegado del Defensor del Pueblo.

(D. 2096/2012, art. 8º)

ART. 2.4.1.3.9.—Reuniones. El comité se reunirá de manera ordinaria cada treinta (30) días, previa citación por parte del director de la Unidad Nacional de Protección, por conducto de la dirección de derechos humanos como secretaría técnica, y de manera extraordinaria cuando así lo solicite cualquiera de sus miembros.

(D. 2096/2012, art. 9º)

ART. 2.4.1.3.10.—Quórum. El comité podrá deliberar con la mitad más uno de sus integrantes y las decisiones se adoptarán por consenso, salvo situaciones excepcionales en las que el propio comité considere necesario decidir por votación, en cuyo caso la decisión correspondiente se adoptará por mayoría simple de los asistentes.

(D. 2096/2012, art. 10)

ART. 2.4.1.3.11.—Grupo de valoración preliminar. El grupo de valoración preliminar tendrá carácter permanente y estará conformado por:

— Un delegado de la Unidad Nacional de Protección, quien lo coordinará.

— Un delegado del Ministerio de Defensa Nacional.

— Un delegado de la Policía Nacional.

— Un delegado de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos.

— Un delegado de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

— Un delegado que represente a la Unión Patriótica y al Partido Comunista Colombiano.

PAR. 1º—Participarán de manera permanente, como invitados especiales, con derecho a voz:

— Un representante del Fiscal General de la Nación.

— Un representante del Procurador General de la Nación.

— Un representante del Defensor del Pueblo.

— El delegado de la secretaría técnica de la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas (CIAT).

PAR. 2º—Participará cualquier autoridad pública a nivel nacional, departamental, distrital o municipal, en calidad de invitados cuando así lo decidan los miembros del grupo.

(D. 2096/2012, art. 11)

ART. 2.4.1.3.12.—Medidas de restablecimiento y rehabilitación. Son aquellas acciones que emprende o apoya el Estado, y que tienen por finalidad hacer cesar o mitigar las consecuencias de la amenaza o vulneración de los derechos humanos de la población objeto del programa y para restablecer las condiciones alteradas por la situación de riesgo extraordinario o extremo al que han sido sometidas; entre las cuales están las siguientes:

1. Apoyos para proyectos productivos: Constituye una subvención por valor total de doce (12) salarios mínimos legales mensuales vigentes de un proyecto económico que propende por la estabilidad socioeconómica de la persona que en razón del riesgo extraordinario o extremo ha debido trasladar su domicilio. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) será la entidad encargada de asignar dichos apoyos, previa certificación por parte de la Unidad Nacional de Protección respecto del traslado de la persona en razón al riesgo extraordinario o extremo que padece.

2. Apoyo para vivienda: Equivale al subsidio de vivienda dispuesto por el Gobierno Nacional para vivienda urbana o rural de interés social y se otorga a las personas que en razón del riesgo extraordinario o extremo se han establecido social y económicamente en otro domicilio. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio será la entidad encargada de asignar estos apoyos, previa certificación por parte de la Unidad Nacional de Protección respecto del traslado de la persona en razón al riesgo extraordinario o extremo que padece.

3. Atención médica y psicológica: Corresponde a la atención para rehabilitación física y psicológica de los beneficiarios del programa especial de protección integral del presente decreto, que han sobrevivido a atentados personales y han quedado con algún grado de discapacidad. Dicha atención se garantizará en el marco del sistema general de seguridad social en salud, previa certificación por parte de la Unidad Nacional de Protección respecto de la vinculación de la persona al programa de protección.

PAR.—La dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior, con el apoyo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, coordinará la implementación de estas medidas con las instituciones legalmente competentes. Para tal efecto, se podrán celebrar convenios interadministrativos.

(D. 2096/2012, art. 12)

ART. 2.4.1.3.13.—Marco de aplicación. En aquellos aspectos no regulados por el presente capítulo, se aplicará, en lo que resulte pertinente, las disposiciones del capítulo anterior y aquellas disposiciones que los modifiquen, adicionen o deroguen.

(D. 2096/2012, art. 13)

CAPÍTULO 4

Programa de protección especializada de seguridad y protección

(Nota: Adicionado por el Decreto 299 de 2017 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.4.1(Nota: Adicionado por el Decreto 299 de 2017 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.4.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 299 de 2017 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.4.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 299 de 2017 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.4.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 299 de 2017 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.4.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 299 de 2017 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.4.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 299 de 2017 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.4.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 299 de 2017 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.4.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 299 de 2017 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.4.9.—(Nota: Adicionado por el Decreto 299 de 2017 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.4.10.—(Nota: Adicionado por el Decreto 299 de 2017 artículo 1° del Ministerio del Interior)

(Nota: Adicionado por el Decreto 299 de 2017 artículo 1° del Ministerio del Interior)

CAPÍTULO 5

Ruta de protección colectiva de los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal de grupos y comunidades

(Nota: Adicionado por el Decreto 2078 de 2017 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.5.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2078 de 2017 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.5.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2078 de 2017 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.5.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2078 de 2017 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.5.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2078 de 2017 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.5.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2078 de 2017 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.5.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2078 de 2017 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.5.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2078 de 2017 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.5.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2078 de 2017 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.5.9.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2078 de 2017 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.5.10.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2078 de 2017 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.5.11.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2078 de 2017 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.5.12.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2078 de 2017 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.5.13.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2078 de 2017 artículo 1° del Ministerio del Interior)

(Nota: Adicionado por el Decreto 2078 de 2017 artículo 1° del Ministerio del Interior)

CAPÍTULO 6

Prevención y protección de defensores de derechos humanos, líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y comunales, y defensores y defensoras de derechos humanos por parte de gobernadores y alcaldes

(Nota: Adicionado por el Decreto 2252 de 2017 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.6.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2252 de 2017 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.6.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2252 de 2017 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.6.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2252 de 2017 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.6.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2252 de 2017 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.6.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2252 de 2017 artículo 1° del Ministerio del Interior)

(Nota: Adicionado por el Decreto 2252 de 2017 artículo 1° del Ministerio del Interior)

CAPÍTULO 7

Programa integral de seguridad y protección para comunidades y organizaciones en los territorios

(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

SECCIÓN 1

Disposiciones generales

ART. 2.4.1.7.1.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.1.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.1.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.1.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.1.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.1.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.1.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.1.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.1.9.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

SECCIÓN 2

Medidas integrales de prevención, seguridad y protección

ART. 2.4.1.7.2.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.2.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.2.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.2.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.2.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.2.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.2.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.2.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.2.9.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.2.10.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.2.11.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

SECCIÓN 3

Promotores/as comunitarios/as de paz y convivencia

ART. 2.4.1.7.3.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.3.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.3.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.3.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.3.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.3.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.3.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.3.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.3.9.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

SECCIÓN 4

Protocolo de protección para territorios rurales

ART. 2.4.1.7.4.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.4.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.4.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.4.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.4.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.4.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.4.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.4.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.4.9.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

SECCIÓN 5

Componente de apoyo a la actividad de denuncia de las organizaciones de derechos humanos en los territorios

ART. 2.4.1.7.5.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.5.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.5.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

SECCIÓN 6

Instancias de dirección y coordinación

ART. 2.4.1.7.6.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.6.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.6.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.6.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.6.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.6.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.6.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.6.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.6.9.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.6.10.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.6.11.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.6.12.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.6.13.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.6.14.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.6.15.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.2.12.(sic)—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.6.16.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.6.17.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)

ART. 2.4.1.7.6.18.—(Nota: Adicionado por el Decreto 660 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Interior)