Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico

RESOLUCIÓN CRA 911 DE 2020

(Marzo 17)

“Por la cual se establecen medidas regulatorias transitorias en el sector de agua potable y saneamiento básico, derivadas de la emergencia declarada por el Gobierno Nacional a causa del covid-19”.

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico,

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por la Ley 142 de 1994, los decretos 1524 de 1994, 2882 y 2883 de 2007, modificado por el Decreto 2412 de 2015 y el Decreto 1077 de 2015, la Resolución CRA 475 de 2009, lo dispuesto en la declaratoria de emergencia adoptada por el Gobierno Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 49 de la Constitución Política de 1991 determina que la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado y que el mismo garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud;

Que el artículo 334 ídem consagra que la dirección general de la economía estará a cargo del Estado, el cual intervendrá por mandato de la ley entre otras actividades, en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano;

Que el artículo 365 ibídem prevé que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que es deber del mismo asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional;

Que con fundamento en el mismo artículo constitucional, los servicios públicos domiciliarios estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, y señala que el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios;

Que el artículo 370 del ordenamiento constitucional, prevé que corresponde al Presidente de la República señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios;

Que el artículo 68 de la Ley 142 de 1994, establece que el señalamiento de esas políticas, se podrá delegar en las comisiones de Regulación;

Que en virtud de lo anterior, el Presidente de la República, mediante Decreto 1524 de 1994, delegó las funciones presidenciales de señalar políticas generales de administración y control de eficiencia en los servicios públicos domiciliarios, en las Comisiones de Regulación;

Que el artículo 2º de la Ley 142 de 1994 dispone que el Estado intervendrá en los servicios públicos, entre otros fines, para “(…) 2.2. Ampliación permanente de la cobertura mediante sistemas que compensen la insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios. 2.3. Atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento básico. 2.4. Prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico que así lo exijan. (…) 2.9. Establecer un régimen tarifario proporcional para los sectores de bajos ingresos de acuerdo con los preceptos de equidad y solidaridad”;

Que el numeral 11.7 del artículo 11 de la Ley 142 de 1994, establece que, para cumplir con la función social de la propiedad, pública o privada, las entidades que presten servicios públicos, tienen, entre otras, la siguiente obligación “(…) 11.7 Colaborar con las autoridades en casos de emergencia o de calamidad pública, para impedir perjuicios graves a los usuarios de servicios públicos”;

Que de conformidad con el artículo 73 de la Ley 142 de 1994 “Las comisiones de regulación tienen la función de regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y, en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de la posición dominante, y produzcan servicios de calidad. (...)”;

Que el numeral 99.9 del artículo 99 de la citada ley, señala que “(…) con el fin de cumplir cabalmente con los principios de solidaridad y redistribución no existirá exoneración en el pago de los servicios de que trata esta ley para ninguna persona natural o jurídica”;

Que la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró el 11 de marzo de 2020 que el brote de covid-19 es una pandemia;

Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución número 385 de 12 de marzo de 2020 “por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus covid-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”;

Que el artículo 2º numeral 2.9 de dicha resolución, ordena a todas las autoridades del país para que de acuerdo con su naturaleza y sus competencias “cumplan en lo que les corresponda, con el plan de contingencia que expida el Ministerio para responder a la emergencia sanitaria por covid-19”;

Que adicionalmente el Gobierno Nacional el 17 de marzo de 2020 declaró el Estado de Emergencia previsto en el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia con el objetivo de que se adopten medidas de orden económico, social y ecológico tendientes a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos;

Que en virtud de lo anterior, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, en ejercicio de sus funciones, impartirá las órdenes e instrucciones a los prestadores de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado a fin de que procedan de manera inmediata y por una única vez, con la reinstalación y/o reconexión, según corresponda, a los usuarios y/o suscriptores de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en condición de suspensión o corte, y/o a la provisión por métodos alternativos;

Que concordante con lo anterior, el artículo 6º de esta misma resolución señala que las instituciones públicas y privadas deben coadyuvar en la implementación de las medidas previstas en la resolución, así como “en desarrollo del principio de solidaridad y de los postulados de respeto al otro, se deberá adoptar una cultura de prevención vital y minimización del riesgo”;

Que la medida más efectiva para prevenir el covid-19 es lavarse las manos correctamente, con agua y jabón de manera frecuente, lo cual contribuye a la reducción del riesgo de contraer coronavirus en hasta un 50%, de ahí la importancia de generar herramientas que permitan que los habitantes del territorio nacional dispongan de acceso al agua potable en sus domicilios;

Que otra medida fundamental para evitar el contagio del covid-19, es el lavado y desinfección frecuente de las áreas públicas;

Que el servicio público detenta una dimensión social y una dimensión económica, que deben ser armonizadas a través de la intervención estatal, en cada caso concreto, siempre con miras a satisfacer la finalidad social del Estado en estos ámbitos;

Que con el fin de facilitar las medidas, relacionadas con la declaratoria de emergencia sanitaria, que deban adoptar los prestadores de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo que presten el servicio en el ámbito de aplicación de las resoluciones CRA 688 de 2014, CRA 720 de 2015 y CRA 825 de 2017, esta Comisión de Regulación adoptará medidas transitorias derivadas y en cumplimiento de la emergencia sanitaria del covid-19;

Que de igual forma, para incrementar la eficacia de las medidas sanitarias y de aislamiento social, no pueden presentarse hogares sin acceso al agua potable y al saneamiento básico mientras dura la emergencia sanitaria;

Que para los eventos de cortes y suspensiones asociadas con las conexiones fraudulentas se requiere que de manera provisional la prestación del servicio se realice mediante una solución alternativa que permita suministrar como mínimo el consumo básico;

Que en virtud del artículo 1º de la Resolución CRA 475 de 2009, cuando se presenten graves situaciones de orden público, económico o social, o se produzcan fenómenos naturales, que tengan la capacidad de afectar de manera grave la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo y sea necesaria la intervención urgente de la Comisión no se requerirá el procedimiento de participación ciudadana;

Que como consecuencia de las medidas sanitarias derivadas de la Resolución 385 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, se hace necesaria la intervención urgente de esta Comisión de Regulación expidiendo las medidas regulatorias transitorias por la declaratoria de emergencia sanitaria;

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

CAPÍTULO I

De los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado

ART. 1º—Ámbito de aplicación. El presente capítulo aplica a todos aquellos prestadores que se encuentren en el ámbito de aplicación de la Resolución CRA 688 de 2014 y CRA 825 de 2017.

PAR.—Las personas prestadoras que hubieren pactado tarifa contractual, darán aplicación a las medidas contenidas en la presente resolución e informarán a los entes territoriales respectivos y a la Superintendencia de Servicios Públicos, las acciones para su cumplimiento.

ART. 2º—Suspensión temporal de los incrementos tarifarios de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. De manera temporal y por el término previsto en la presente resolución, se suspende la aplicación de las variaciones tarifarias derivadas de los siguientes criterios:

a) Actualización de los costos económicos de referencia por variación en el índice de precios al consumidor, IPC, según lo dispuesto en el artículo 58 de la Resolución CRA 688 de 2014 y el artículo 11 de la Resolución CRA 825 de 2017, en concordancia con el artículo 125 de la Ley 142 de 1994.

b) Las autorizadas por los capítulos I y II del título III de la Resolución CRA 864 de 2018.

c) Las que surgen de la aplicación del parágrafo de los artículos 28 y 42 de la Resolución CRA 688 de 2014.

d) Las provenientes de los artículos 13; parágrafos 4º y 5º del artículo 19; parágrafos 3º y 4º del artículo 28 y el parágrafo 2º de los artículos 30 y 31 de la Resolución CRA 825 de 2017.

e) La aplicación de la progresividad establecida en la Resolución CRA 881 de 2019, en el evento que el respectivo plan de progresividad contemple ajustes durante la vigencia de la presente resolución.

f) Ajustes tarifarios por la aplicación de la Resolución CRA 907 de 2019.

PAR. 1º—Después de finalizado el periodo de emergencia sanitaria, la persona prestadora podrá aplicar las variaciones acumuladas durante los siguientes seis (6) meses, para lo cual deberá informar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a los suscriptores el plan de aplicación gradual de dichos incrementos.

PAR. 2º—Las personas prestadoras que hubieren suspendido los ajustes tarifarios definidos en el plan de progresividad de que trata la Resolución CRA 881 de 2019 deberán reanudar su aplicación en el periodo de facturación siguiente a la finalización del término de aplicación de la medida previsto en el artículo 12 de la presente resolución. Por esta situación se podrá superar el término establecido en el artículo 37A de la Resolución CRA 825 de 2017.

ART. 3º—Reinstalación del servicio de acueducto a los suscriptores residenciales suspendidos. Las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto, que a la fecha de expedición de la presente resolución, cuenten con suscriptores residenciales en condición de suspensión del servicio, con excepción de aquellos que fueron suspendidos por fraude a la conexión o al servicio, deberán reinstalar de manera inmediata el servicio público domiciliario de acueducto.

PAR. 1º—La reinstalación del servicio no implica la condonación de la deuda que generó la suspensión del servicio. Los suscriptores sujetos a esta medida deberán realizar el pago de la deuda y del consumo que realicen durante la aplicación de la misma, una vez se cumpla el término de aplicación de la medida previsto en el artículo 12 de la presente resolución.

PAR. 2º—Las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto, asumirán durante el término de aplicación de esta medida y por una sola vez, los costos que genere la reinstalación del servicio, sin perjuicio de que el prestador pueda gestionar aportes de los entes territoriales.

PAR. 3º—En caso de tratarse de usuarios residenciales suspendidos por conexiones fraudulentas, la provisión de agua potable se efectuará mediante una solución alternativa que garantice el volumen correspondiente al consumo básico.

ART. 4º—Reconexión del servicio de acueducto a los suscriptores residenciales cortados. Las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto que a la fecha de expedición de la presente resolución, cuenten con suscriptores residenciales a quienes les hubiese cortado el servicio, deberán reconectarlos y/o proveerles dicho servicio mediante una solución alternativa, garantizando el volumen de agua potable correspondiente al consumo básico, con la celeridad que amerita la emergencia sanitaria.

PAR. 1º—La reconexión del servicio no implica la condonación de la deuda que generó el corte del servicio. Los suscriptores sujetos a esta medida deberán realizar el pago de la deuda y del consumo que realicen durante la aplicación de la misma.

PAR. 2º—Las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto, asumirán los costos que genere la reconexión del servicio o el suministro alternativo del mismo, sin perjuicio de que el prestador pueda gestionar aportes de los entes territoriales.

PAR. 3º—En caso de tratarse de usuarios residenciales en situación de corte por conexiones fraudulentas, la provisión de agua potable podrá efectuarse mediante una solución alternativa que garantice el volumen correspondiente al consumo básico mensual.

ART. 5º—Suspensión y corte del servicio de acueducto. Durante la vigencia de la presente resolución, las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto no podrán adelantar acciones de suspensión o corte del servicio a los suscriptores residenciales.

PAR. 1º—Los prestadores del servicio público domiciliario de acueducto contarán con un plazo de un periodo de facturación, para reiniciar las acciones de suspensión o corte del servicio, a las que se refieren los artículos 2º, 3º y 4º de la presente resolución, a partir de la finalización del término de aplicación de la medida previsto en el artículo 12 de la presente resolución.

CAPÍTULO III

Del servicio público de aseo

ART. 6º—Ámbito de aplicación. El presente capítulo aplica a todos aquellos prestadores que se encuentren en el ámbito de aplicación de la Resolución CRA 720 de 2015.

ART. 7º—Incremento de frecuencia de lavado de áreas públicas. Durante el término de aplicación de la presente resolución, las personas prestadoras del servicio público de aseo en las actividades de recolección y transporte de residuos no aprovechables deberán realizar el lavado de áreas públicas de alto tráfico peatonal como mínimo con una frecuencia semanal, en articulación con el municipio y/o distrito respectivo.

El lavado de áreas públicas, durante la emergencia sanitaria, deberá incorporar procedimientos de desinfección de superficies, para lo cual es necesario que previo a la aplicación del desinfectante, se efectúe la remoción de la suciedad, con ayuda de detergente o jabón, y posteriormente, una vez se encuentre libre de suciedad, se realice la aplicación del desinfectante en solución (según las instrucciones del fabricante y los requerimientos de la emergencia).

ART. 8º—Costo de lavado y desinfección de áreas públicas a transfer vía tarifa al usuario. Después de tres (3) meses de finalizado el periodo de emergencia sanitaria, y por los siguientes seis (6) meses, el costo de lavado y desinfección de áreas públicas incurrido durante la emergencia sanitaria, podrá ser incorporado en el costo de limpieza urbana por suscriptor, CLUS, sin perjuicio de que la persona prestadora pueda gestionar aportes de los entes territoriales, calculado de la siguiente forma:

Resolución 911 de marzo 17 de 2020 i1
Resolución 911 de marzo 17 de 2020 i1
 

ART. 9º—Costo de referencia de lavado y desinfección de áreas públicas durante la emergencia sanitaria (CRLAVDjE). El costo máximo de lavado de áreas públicas, durante la emergencia sanitaria, será el resultado de la aplicación de los siguientes rubros:

Resolución 911 de marzo 17 de 2020 i2
Resolución 911 de marzo 17 de 2020 i2
 

PAR. 1º—Las labores de lavado y desinfección de áreas públicas de alto tráfico, durante la emergencia sanitaria, son responsabilidad de las personas prestadoras del servicio público de aseo de no aprovechables en el APS donde realicen las actividades de recolección y transporte.

PAR. 2º—Se permitirá el reúso de agua en esta actividad siempre y cuando las condiciones de esta sean aptas para el lavado de áreas públicas y los procesos de desinfección requeridos.

ART. 10.—Reporte e incorporación de costos. Las personas prestadoras del servicio público de aseo deberán remitir, a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD, el estudio de costos en aplicación de lo dispuesto en la presente resolución, con los respectivos soportes contables y/o financieros de los costos a incorporar en el (CRLAVDjE) previo a la aprobación de la entidad tarifaria local.

Una vez se cuente con el concepto del estudio de costos, y transcurridos los tres (3) meses de terminada la emergencia sanitaria, la persona prestadora podrá incorporar estos costos en la tarifa a cobrar al usuario final.

Los costos incorporados en la tarifa serán cobrados durante los seis (6) meses siguientes al plazo previsto en el inciso anterior.

ART. 11.—Incremento de frecuencia de recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables y de barrido y limpieza de vías y áreas públicas. Las personas prestadoras del servicio público de aseo en las actividades de recolección, barrido y limpieza de vías y áreas públicas deberán durante la aplicación de la presente resolución, incrementar las frecuencias de prestación cuando los entes territoriales establezcan que es necesario, como medida para afrontar la emergencia sanitaria del covid-19.

CAPÍTULO IIIII

Disposiciones finales

ART. 12.—Duración de la medida. Las disposiciones contenidas en la presente resolución se aplicarán por el término de la declaratoria de la emergencia sanitaria, por causa del coronavirus covid-19, declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 385 de 12 de marzo de 2020.

PAR.—Finalizada la medida establecida en la presente resolución, para la estimación del costos de limpieza urbana por suscriptor, CLUS, las personas prestadoras del servicio público de aseo deberán dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 15 de la Resolución CRA 720 de 2015, modificado por el artículo primero de la Resolución CRA 807 de 2017.

ART. 13.—Vigilancia y control. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios al momento de analizar los resultados del indicador único sectorial, IUS, establecido en la Resolución CRA 906 de 2019, tendrá en consideración las situaciones derivadas de la presente emergencia sanitaria.

ART. 14.—Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 17 de marzo de 2020.