ART. 2.7.1.3.4.—Criterios para la elaboración del cronograma de sorteos extraordinarios. Los sorteos extraordinarios anuales que se realicen en forma individual o asociada se realizarán con fundamento en los siguientes criterios:

a) El sorteo extraordinario podrá realizarse en una de las fechas que el operador tiene asignadas para jugar el sorteo ordinario;

b) Cuando la operación se realiza de forma asociada, no se podrá programar más de un sorteo operado por la misma asociación dentro de un mes calendario;

c) No se podrá programar más de un sorteo durante una misma semana;

d) Fijado el cronograma, la modificación posterior de días y fechas de los sorteos se regirá por lo dispuesto en el artículo siguiente.

(D. 3034/2013, art. 20)

ART. 2.7.1.3.5.—Elaboración del cronograma de los sorteos ordinarios. Atendiendo las reglas de periodicidad señaladas en el artículo anterior, las empresas operadoras del juego enviarán a la secretaría técnica del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, antes del primero de noviembre de cada año, por intermedio de su representante legal, una propuesta con el número de sorteos ordinarios y extraordinarios que pretendan realizar en el año siguiente, indicando los días, fechas y horas correspondientes.

Si la propuesta no fuere presentada oportunamente, esta omisión se entenderá como la aceptación voluntaria de la entidad operadora del sorteo de lo que sobre el particular disponga el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, el cual en todo caso, deberá elaborar el cronograma de acuerdo con lo prescrito en la normatividad vigente y sin excluir a ninguna entidad habilitada por la ley para realizar sorteos de lotería tradicional.

Cuando una entidad pretenda iniciar operaciones, el representante legal de esta presentará al Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar la propuesta para la realización de los sorteos que se efectuarán en lo que resta del año en curso, a fin de que, con arreglo a lo dispuesto en el presente título, sean fijadas en el cronograma las fechas y horas correspondientes.

Si se trata de una nueva asociación, mientras el consejo dispone la asignación respectiva, cada entidad asociada podrá continuar realizando los sorteos individuales a que tuviere derecho, siempre y cuando no se encuentre sometida a un proceso de liquidación o enajenación.

Cuando se requiera una modificación de cronograma, los operadores de lotería deben enviar previamente la solicitud al Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, indicando claramente las razones que obligan a la modificación.

PAR. 1º—Los días, fechas y horas asignados en el cronograma de sorteos, solo podrán alterarse por razones de fuerza mayor o caso fortuito. En tal evento, se debe dar a conocer de inmediato a las entidades de vigilancia y al público en general, los motivos y las circunstancias que obligaron a realizar dicho cambio.

PAR. 2º—En ningún caso, se podrá anticipar el día o la hora del sorteo señalada en el cronograma de sorteos.

(D. 3034/2013, art. 21)

CAPÍTULO 4

Condiciones mínimas para efectuar los sorteos

ART. 2.7.1.4.1.—Condiciones para efectuar los sorteos. Las empresas operadoras del juego de lotería tradicional efectuarán sus sorteos con arreglo a los requisitos de seguridad calidad para las organizaciones que realizan actividades de presorteo y sorteo de juegos de suerte y azar, contenidos en la Norma Técnica Colombiana que para el efecto expida el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec), sin perjuicio de la aplicación de las medidas de seguridad y los procedimientos establecidos en el presente título, así como de las definiciones técnicas, de seguridad y de transparencia que expida el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. Adicionalmente, se tendrán en cuenta los procedimientos de aseguramiento de calidad de cada entidad, garantizando que los sorteos se ajusten al principio de transparencia consagrado en el literal b) del artículo 3º de la Ley 643 de 2001 y en las normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen. Estas condiciones rigen para los sorteos del juego de lotería tradicional o de billetes, para sus sorteos promocionales y para los sorteos de los juegos que se autoricen a los operadores del juego de apuestas permanentes.

(D. 3034/2013, art. 23)

ART. 2.7.1.4.2.—Autoridades que deben presenciar el sorteo. Si la operación del juego de lotería tradicional o de billetes se realiza en forma directa, los sorteos se deben realizar en presencia de las siguientes autoridades:

1. El alcalde del municipio donde se realiza el sorteo o su delegado.

2. El gerente o representante legal de la lotería o su delegado.

3. El revisor fiscal de la entidad operadora, si lo hubiere.

4. Un (1) funcionario de la oficina de control interno o de la auditoría interna del operador.

5. Un (1) representante de los concesionarios de apuestas permanentes.

6. Un (1) delegado de las entidades que tengan autorización para utilizar los resultados de la lotería para realizar otros juegos de suerte y azar cuando así lo soliciten.

PAR. 1º—Si la operación directa se realiza en forma asociada, además de las personas señaladas en el presente artículo, el sorteo debe ser presenciado por un delegado de los titulares del monopolio que se hayan asociado.

PAR. 2º—Si la operación se realiza mediante terceros, además de las personas señaladas el presente artículo, el sorteo debe ser presenciado por el representante legal del concedente, o su delegado.

PAR. 3°—La empresa operadora del juego de lotería tradicional o de billetes, por escrito, con una anterioridad no inferior a cinco (5) días calendario a la realización del sorteo, solicitará la presencia de las personas que en los términos de este artículo deben presenciarlo y verificará su asistencia para lo cual se les deberá informar el día, hora y lugar de la realización del sorteo y de las pruebas previas al mismo.

(D. 3034/2013, art. 24)

ART. 2.7.1.4.3.—Pruebas previas al sorteo. Previamente y en presencia de las personas que deben asistir al sorteo, se realizará un número aleatorio de sorteos de prueba, no menor de 5 ni mayor de 10, el cual se calculará mediante alguna rutina de software, lo anterior para determinar que el sistema y los elementos de sorteo estén exentos de fraudes, vicios o intervenciones tendientes a alterar la probabilidad de acertar o de sustraerla del azar. Si se observa tendencia hacia un resultado determinado se realizarán los cambios requeridos.

Los resultados de estas pruebas serán registrados en el acta del sorteo.

(D. 3034/2013, art. 25)

ART. 2.7.1.4.4.—Seguridad del lugar y elementos del sorteo. La empresa operadora deberá garantizar y mantener la seguridad en el lugar de permanencia y custodia de los elementos y sistemas utilizados para realizar el sorteo, los cuales permanecerán en un lugar cerrado con sellos de seguridad.

(D. 3034/2013, art. 26)

ART. 2.7.1.4.5.—Elementos y sistemas para realizar el sorteo. La empresa operadora dispondrá de un sistema hidroneumático o de balotas u otro sistema que corresponda a los adelantos técnicos para efectuar sus sorteos, cuyas características garanticen la seguridad y transparencia de los sorteos, en los términos del artículo 20 de la Ley 643 de 2001 y en las normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen.

Igualmente, mantendrá al menos tres (3) juegos de balotas debidamente certificadas por un laboratorio de metrología certificado por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec) o por un organismo certificador acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) o el Organismo Nacional de Acreditación (ONAC).

El sistema hidroneumático o de balotas, o cualquier otro utilizado para efectuar los sorteos debe estar debidamente certificado por un laboratorio técnico, de conformidad con los términos y condiciones que para el efecto determine el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar.

Los juegos de balotas serán sustituidos de acuerdo con el número de partidas de vida útil que aconseje el fabricante de las mismas o antes de ese límite, cuando se descubra que alguna de las balotas no está en perfectas condiciones. Las balotas sustituidas permanecerán a disposición de las autoridades por un período de (6) seis meses, en un recipiente cerrado, con sellos de seguridad.

Antes del sorteo se elegirán al azar, dentro de los tres (3) juegos de balotas, cuáles sortearán los números y la serie. De este hecho se dejará constancia en el acta del sorteo.

PAR.—El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar podrá definir normas referentes a los elementos y sistemas para la realización de los sorteos, así mismo podrá presentar ante el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (Icontec), o el organismo certificador acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) o el Organismo Nacional de Acreditación (ONAC), proyectos de normas técnicas respecto de los elementos y sistemas para la realización de todo tipo de sorteos, tendientes a garantizar la transparencia de estos.

(D. 3034/2013, art. 27)

ART. 2.7.1.4.6.—Transporte de los elementos y sistemas de sorteo. En el evento que se requiera desplazamiento de los elementos del sorteo hasta el sitio de transmisión del sorteo por televisión, este movimiento requerirá de todas las garantías de seguridad y vigilancia en el transporte de las urnas selladas que los contengan.

(D. 3034/2013, art. 28)

ART. 2.7.1.4.7.—Acta del sorteo. Por cada sorteo de la lotería tradicional se deberá elaborar un acta que debe ser suscrita por las autoridades del sorteo, la cual debe contener como mínimo:

1. Identificación de las personas que deben asistir al sorteo, indicando el nombre, cargo y entidad a la cual representan.

2. Nombre e identificación de los funcionarios encargados de abrir el recinto, desconectar las alarmas y romper los sellos de seguridad, los cuales deben ser verificados previamente para determinar que estos correspondan con los colocados al finalizar el sorteo anterior, describiendo las circunstancias en las cuales fueron realizadas estas actividades.

3. Nombre e identificación de las personas que efectúan los lanzamientos.

4. Número del juego de balotas que se excluye y de las que participan en el sorteo y método por el cual fueron sorteadas.

5. Resultado de las pruebas previas a la realización del sorteo.

6. Número y serie de los billetes que obtuvieron cada uno de los premios ofrecidos.

7. Número de los sellos que se colocan a los recipientes de las balotas al finalizar el sorteo.

8. Cantidad de tracciones que participan en el sorteo.

(D. 3034/2013, art. 29)

ART. 2.7.1.4.8.—Publicidad de los sorteos. Los sorteos de loterías, por ser de interés público nacional, deberán transmitirse por un canal de televisión público nacional y/o regional en el día hora y lugar señalado en el cronograma de sorteos. La transmisión por televisión se hará en vivo y en directo, y no pueden hacerse en diferido.

PAR.—Las empresas operadoras registrarán en video en forma continua las pruebas previas y los sorteos respectivos. Esta grabación se deberá mantener a disposición de las diferentes autoridades.

(D. 3034/2013, art. 30)

ART. 2.7.1.4.9.—Seguridad de los billetes. Todo billete de lotería preimpreso, o expedido o generado por máquina o terminal electrónica, deberá contar con condiciones de seguridad que garanticen su autenticidad y deberá contener como mínimo las combinaciones de números o de caracteres que lo individualizan, la fecha y número del sorteo para el cual fue emitido, la entidad operadora, el distribuidor y el plan de premios.

Los billetes preimpresos deberán contar con un código de barras que valide que los billetes corresponden a los emitidos. Los billetes expedidos por máquina o terminal electrónica deben contar con un código de barras o un código numérico de seguridad. El código de barras que se adopte debe permitir su lectura por medio de un lector óptico, con el objeto de permitir su consolidación y la transmisión electrónica de la eventual devolución.

PAR.—Las condiciones de seguridad descritas en el presente artículo deberán constar en el respectivo contrato de impresión y suministro de billetería. Los impresores o contratistas que suministren los billetes de lotería deberán acreditar certificación de calidad.

(D. 3034/2013, art. 31)

ART. 2.7.1.4.10.—Devolución de los billetes preimpresos no vendidos y reporte a los operadores. Los billetes preimpresos que tengan los distribuidores y que no hayan sido vendidos, serán entregados por estos a una empresa de transporte especializada, debidamente perforados, por lo menos una (1) hora antes de la realización del sorteo.

Los billetes preimpresos que tenga el operador, sin haberse entregado a un distribuidor y que no hayan sido vendidos, serán perforados con anterioridad a la realización del sorteo y en presencia de las personas que deben asistir al mismo.

Los distribuidores reportarán al operador la relación de los billetes preimpresos que no hayan sido vendidos, con antelación al sorteo, utilizando cualquier medio electrónico de transporte o intercambio de datos. En eventos de caso fortuito o fuerza mayor y previa autorización por escrito del operador, los distribuidores reportarán la devolución de billetes por teléfono o por fax, y dispondrán de los medios para preparar los reportes que deben enviarse a la Superintendencia Nacional de Salud, o la entidad que haga sus veces.

Cuando los distribuidores no reporten oportunamente al operador la relación de los billetes preimpresos no vendidos, pagarán al operador el valor total de los billetes no reportados.

Para el ejercicio de vigilancia sobre los sorteos, el operador, antes de la realización del sorteo, reportará treinta (30) minutos antes del citado sorteo, a la Superintendencia Nacional de Salud o a la entidad que haga sus veces, en las condiciones que esta autoridad determine, la relación de los billetes preimpresos, de los expedidos por máquinas o terminales electrónicas y de los electrónicos, que hayan sido vendidos y habilitados para participar en el sorteo.

(D. 3034/2013, art. 32)

ART. 2.7.1.4.11.—Bloqueo de venta de billetes electrónicos y expedidos por máquinas o terminales electrónicas. Previa la realización del sorteo los distribuidores y/o los operadores del juego de lotería tradicional, bloquearán la venta de billetes expedidos por máquinas o terminales electrónicas, o por cualquier otro medio autorizado, treinta (30) minutos antes de la realización del sorteo, a través de su sistema de gestión de juego.

PAR.—Los operadores del juego de lotería tomarán todas las medidas administrativas tendientes a garantizar el normal y oportuno flujo de información relacionada con la devolución, reporte y bloqueo de venta de la billetería, y formularán un plan de contingencia para garantizar la solución de los inconvenientes de tipo técnico que se puedan presentar.

(D. 3034/2013, art. 33)

CAPÍTULO 5

Derechos de explotación, impuestos y giro de recursos por los operadores

ART. 2.7.1.5.1.—Derechos de explotación. En la operación por intermedio de terceros, los derechos de explotación serán, como mínimo, del diecisiete por ciento (17%) de los ingresos brutos del juego, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 7º, 8º y 49 de la Ley 643 de 2001.

(D. 3034/2013, art. 34)

ART. 2.7.1.5.2.—Declaración y pago de los derechos de explotación. En los casos en que el juego se opere por intermedio de terceros, dentro de los diez (10) primeros días hábiles de cada mes, los concesionarios del juego de lotería liquidarán y declararán ante el concedente los derechos de explotación causados en el mes anterior, incluidos los intereses a que haya lugar, así como los gastos de administración. Dentro del mismo plazo, los concesionarios girarán dichos recursos a los fondos de salud de las entidades territoriales correspondientes y a las entidades concedentes, respectivamente.

La declaración se presentará en los formularios diseñados por la secretaría técnica del Consejo Nacional de Juego de Suerte y Azar, o por la entidad que haga sus veces, los cuales serán suministrados por la entidad concedente. El pago de los derechos de explotación se acreditará con copia de un comprobante válido expedido por el concedente.

(D. 3034/2013, art. 35)

ART. 2.7.1.5.3.—Anticipo. Los concesionarios del juego de loterías pagarán mensualmente a la entidad concedente a título de derecho de explotación, el diecisiete por ciento (17%) de sus ingresos brutos.

Al momento de la presentación de la declaración de los derechos de explotación, se pagarán a título de anticipo de derechos de explotación del siguiente período, un valor equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de los derechos de explotación que se declaran.

En el caso de nuevos concesionarios el primer pago de anticipo se realizará con base en los ingresos brutos esperados, de acuerdo con el estudio de mercado elaborado para el efecto y presentado en el marco de la licitación previa a la celebración del contrato de concesión.

PAR.—La diferencia entre el valor total de los derechos liquidados en el período y el anticipo pagado en el período anterior constituirá el remanente o saldo de los derechos de explotación a pagar por el período respectivo.

En el evento de que el valor total de los derechos de explotación del período sea inferior al anticipo liquidado por el mismo, procederá el reconocimiento de compensaciones contra futuros derechos de explotación.

(D. 3034/2013, art. 36)

ART. 2.7.1.5.4.—Impuesto a ganadores. Las empresas operadoras del juego de lotería liquidarán, retendrán, declararán y girarán dentro de los diez (10) primeros días hábiles de cada mes, a sus titulares, el impuesto a ganadores de premios del juego de lotería tradicional o de billetes establecido en el artículo 48 de la Ley 643 de 2001. Este impuesto será retenido por las empresas operadoras al momento de pagar el premio.

(D. 3034/2013, art. 37)

ART. 2.7.1.5.5.—Impuesto de loterías foráneas. Dentro de los primeros diez (10) días de cada mes, las empresas operadoras del juego de lotería liquidarán, declararán y pagarán a los departamentos y al Distrito Capital el impuesto de loterías foráneas establecido en el artículo 48 de la Ley 643 de 2001. Este impuesto se liquidará sobre el valor nominal de cada billete o fracción vendido y no se causará en la jurisdicción de la entidad territorial que explote la respectiva lotería ni en los departamentos o el Distrito Capital, según el caso, con los que aquella se encuentre asociada para administrar u operar el juego.

(D. 3034/2013, art. 38)

ART. 2.7.1.5.6.—Formularios de declaración y liquidación de derechos de explotación, de impuesto de loterías foráneas e impuesto sobre premios de loterías. Los formularios para declaración y liquidación de derechos de explotación, de impuesto de loterías foráneas e impuesto sobre premios de loterías, serán adoptados por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar.

El formulario para declaración y liquidación de los derechos de explotación en la operación por medio de terceros, será suministrado por la entidad concedente.

Los formularios de impuesto de loterías foráneas e impuesto sobre premios de loterías, serán suministrados por el administrador de los respectivos fondos de salud.

(D. 3034/2013, art. 39)

ART. 2.7.1.5.7.—Transferencia de las rentas al sector salud. Los operadores directos del juego de lotería tradicional, dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, liquidarán y girarán a los fondos de salud de las entidades territoriales correspondientes, el 12% de los ingresos brutos obtenidos por la venta del juego de lotería del mes anterior.

El giro deberá comunicarse a la respectiva entidad territorial dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la consignación, suministrándose además la siguiente información:

a) Número de billetes indivisos o número de fracciones vendidos en el mes anterior discriminados por cada sorteo y el valor unitario de venta al público.

b) Valor de venta al público de los billetes de que trata el literal anterior.

c) Valor de la renta generada y transferida por las ventas realizadas de acuerdo con el literal anterior.

(D. 3034/2013, art. 40)

ART. 2.7.1.5.8.—Interés de mora y sanciones. El incumplimiento de los plazos previstos para el pago o giro de los recursos de que trata este título, causará intereses moratorios a favor de quien debió recibirlos, liquidados a la tasa de interés moratorio establecida para los tributos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN); en lo que sea pertinente se aplicará lo dispuesto por el Decreto-Ley 1281 de 2002 y las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan y, en general, por aquellas que se expidan sobre el flujo de recursos del sector salud.

(D. 3034/2013, art. 41)

CAPÍTULO 6

Operación del juego de lotería tradicional o de billetes

ART. 2.7.1.6.1.—Modalidades de operación del juego de lotería tradicional o de billetes por parte de entidades territoriales. En los términos de los artículos 7º y 16 de la Ley 643 de 2001, las entidades territoriales podrán operar el juego de lotería tradicional o de billetes directamente o mediante asociación o a través de terceros. Para la operación directa, las entidades territoriales lo harán a través de empresas industriales y comerciales del Estado y para la operación asociada, mediante la constitución de sociedades de capital público departamental.

Para la operación por medio de terceros, las entidades territoriales podrán entregar en concesión el juego de manera individual, o en forma conjunta, en este caso, podrán además constituir asociaciones de empresas industriales y comerciales del Estado o asociaciones de entidades públicas, en los términos del artículo 95 de la Ley 489 de 1998 o en las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan.

En este último evento, en el convenio que se celebre se determinarán, entre otros, los criterios de distribución de los derechos de explotación que genere la operación del juego entre las entidades territoriales concedentes que hagan parte del respectivo convenio, del impuesto a ganadores, el nombre comercial del juego de lotería y los mecanismos para adelantar el proceso de selección, adjudicación y celebración del respectivo contrato de concesión.

(D. 3034/2013, art. 42)

ART. 2.7.1.6.2.—Iniciación de la operación. La iniciación de la operación del juego de lotería tradicional o de billetes se sujetará al procedimiento que se define en el presente capítulo.

En la operación directa del juego de lotería tradicional se entiende por iniciación de la operación, la ocurrencia de los siguientes eventos:

a) Cuando un número plural de departamentos opten por la explotación asociada y constituyan una sociedad de capital público departamental.

b) Cuando las empresas y entidades operadoras reinicien sus sorteos tras una suspensión voluntaria, siempre que se ajusten a lo establecido en este título y se encuentren a paz y salvo con las obligaciones relacionadas con el sector salud, según certificación que expida la entidad territorial respectiva.

c) Cuando los departamentos o el Distrito Capital disuelvan una sociedad de capital público departamental para operar el juego de lotería tradicional por intermedio de su propia empresa industrial y comercial.

d) Cuando se trate de empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de capital público departamental que administran y operan el juego de lotería tradicional que reemplazan a las que hayan adelantado liquidaciones voluntarias.

En la operación por terceros se considera que hay iniciación de la operación a partir de la iniciación de la ejecución del contrato de concesión para operar el juego de lotería tradicional.

PAR. 1º—De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 47 de la Ley 643 de 2001, modificado por el Decreto-Ley 4144 de 2011, corresponde al Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar establecer el término y las condiciones en que las empresas que sean administradoras u operadoras del juego de lotería podrán recuperar la capacidad para realizar la operación directa de la actividad respectiva.

PAR. 2º—En todo caso, las entidades que inicien la operación del juego de lotería tradicional deberán presentar paz y salvo expedido por el departamento o departamentos titulares de la renta por concepto de transferencias al sector salud.

(D. 3034/2013, art. 43)

ART. 2.7.1.6.3.—Estudio de factibilidad. Las entidades territoriales a través de la entidad administradora del monopolio, aplicando el método de formulación y evaluación de proyectos, determinarán si la operación de la lotería generará rentabilidad social y económica de manera sostenible, todo lo cual se deberá realizar a través de un estudio de factibilidad que deberá contener lo siguiente:

a) Estudio de mercado;

b) Estudio técnico;

c) Estudio económico;

d) Evaluación económica;

e) Análisis y administración del riesgo.

(D. 3034/2013, art. 44)

ART. 2.7.1.6.4.—Estudio de mercado. Para establecer si desde el punto de vista comercial es viable la introducción de la lotería, las entidades administradoras del monopolio deberán elaborar el estudio de mercado determinando y cuantificando la demanda y la oferta mediante el análisis de esquema de precios y el estudio de los canales de comercialización de la lotería tradicional y la de los juegos de suerte y azar sustitutos. El estudio de mercado debe contener como mínimo lo siguiente:

a) Definición del producto, incluyendo el perfil probabilístico y el valor de los premios ofrecidos;

b) Análisis de la demanda, indicando distribución geográfica, comportamiento histórico y proyección de la demanda;

c) Análisis de la oferta, caracterizando los competidores directos y proyectando su desempeño;

d) Análisis de precios, incluyendo su comportamiento histórico y su proyección;

e) Descripción de los canales de comercialización.

PAR.—El estudio de mercado se realizará consultando fuentes primarias y secundarias.

Para analizar la información obtenida de las fuentes primarias se efectuará el correspondiente trabajo de campo y se aplicarán instrumentos de recolección de información a los consumidores, distribuidores, vendedores y al público en general, utilizando procedimientos estadísticos de reconocido valor científico. Las fuentes secundarias serán los registros estadísticos de la industria y de la economía en su conjunto y los propios registros de la empresa cuando sea del caso.

(D. 3034/2013, art. 45)

ART. 2.7.1.6.5.—Estudio técnico. Las entidades administradoras del monopolio deberán realizar un estudio técnico que permita establecer si desde el punto de vista tecnológico y organizacional es viable la introducción de la lotería, determinando el tamaño de la organización empresarial, los elementos para el juego, los recursos tecnológicos requeridos; si los costos que se generan son financiables con cargo a la fracción de los ingresos brutos destinados para gastos de administración de la empresa operadora. Dicho estudio determinará como mínimo:

a) Equipos, instalaciones, elementos del juego, equipos de cómputo y comunicaciones (hardware y software) y en general los activos fijos que se requieran para operar el juego de lotería;

b) Clase y tamaño de la organización y de su planta de personal;

c) Si se trata de una asociación de departamentos se requiere además un estudio de localización.

(D. 3034/2013, art. 46)

ART. 2.7.1.6.6.—Estudio económico. Las entidades administradoras del monopolio deberán realizar un estudio económico que permita consolidar la información financiera obtenida por medio de los estudios de mercado y técnico, calcular los ingresos y la inversión inicial, la cual depende del tipo de organización y de la tecnología seleccionadas y del capital de trabajo requerido, aplicando la metodología de los estados financieros proyectados.

Adicionalmente, se preparará un flujo de tesorería.

Estas estimaciones se harán para un horizonte de cinco (5) años y serán la base para la evaluación económica del proyecto.

El estudio económico determinará el valor de la inversión inicial de la siguiente forma:

a) Valor de la inversión fija, representada por los equipos, instalaciones, elementos del juego, equipos de cómputo y comunicaciones (hardware y software) y en general los activos fijos que se requieran para operar el juego de lotería. En las empresas en marcha la asignación de activos fijos se reconocerá por su valor en libros;

b) Valor del capital de trabajo;

c) Valor del fondo inicial de reserva;

d) Valor de los gastos preoperativos diferidos, incluyendo los costos de lanzamiento;

e) Valor del patrimonio técnico requerido.

(D. 3034/2013, art. 47)

ART. 2.7.1.6.7.—Evaluación económica. Las entidades administradoras del monopolio deberán realizar una evaluación económica que determine la conveniencia de la operación, de conformidad con los siguientes indicadores:

a) Tasa interna de retorno;

b) Valor presente neto de los flujos de caja;

c) Relación costo-beneficio.

d) El punto de equilibrio en pesos y unidades definido como el volumen de ventas en pesos y en unidades que produce una contribución marginal suficiente para pagar los gastos de administración y funcionamiento; la contribución marginal se calculará deduciendo de los ingresos brutos el descuento en ventas reconocido a la red de distribución, la renta del monopolio, el impuesto a foráneas, la rentabilidad mínima, los premios en poder del público y la reserva para el pago de premios.

PAR.—Los flujos netos de caja se obtendrán de los estados de resultados proyectados devolviendo las depreciaciones y las amortizaciones después de calcular la utilidad neta y se descontarán a una tasa no inferior a la DTF vigente al momento del estudio.

(D. 3034/2013, art. 48)

ART. 2.7.1.6.8.—Análisis y administración del riesgo. Las entidades que pretendan operar el juego de lotería deberán establecer los riesgos de mercado, de entorno económico y de estructura probabilística del plan de premios, mediante la medición del riesgo técnico y la suficiencia del régimen de reservas y margen de solvencia requerido para gestionarlo, para lo cual deberán determinar el nivel de provisiones requerido de acuerdo con el riesgo del operador.

(D. 3034/2013, art. 49)

ART. 2.7.1.6.9.—Requisitos de eficiencia. Las entidades que pretendan operar el juego de lotería tradicional se someterán a los criterios de eficiencia de que tratan los artículos 50 y 51 de la Ley 643 de 2001 y a las disposiciones que expida el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar sobre la materia.

(D. 3034/2013, art. 50)

ART. 2.7.1.6.10.—Operación por medio de terceros. Cuando la operación del juego de lotería tradicional o de billetes se realice a través de terceros, la persona jurídica contratista será seleccionada mediante un proceso de licitación pública, con arreglo a la Ley del Régimen Propio del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar y el estatuto general de contratación de la administración pública y las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan. Tales contratos serán celebrados por un término improrrogable no inferior de tres (3) años ni superior a cinco (5) años y en estos se pactarán las cláusulas excepcionales de caducidad, modificación, interpretación y terminación unilateral, y su inclusión será expresa en los respectivos contratos. Así mismo se deberá pactar la constitución de las garantías de cumplimiento del contrato y del pago de los premios a los apostadores.

PAR. 1º—Los departamentos que de conformidad con el artículo 50 de la Ley 643 de 2001 hayan liquidado o deban liquidar su empresa operadora de lotería, por haber presentado pérdidas durante tres (3) años consecutivos, solo podrán operar el juego de lotería tradicional a través de terceros.

PAR. 2º—Los terceros que pretendan operar el juego de lotería deberán acreditar los requisitos señalados en el presente título para el inicio de la operación.

PAR. 3º—No podrán ser operadoras de juegos de loterías aquellas empresas que utilicen los resultados de otros juegos, ni empresas cuyos socios tengan propiedad accionaria en empresas que utilicen los resultados de otros juegos.

(D. 3034/2013, art. 51)

ART. 2.7.1.6.11.—Requisitos de capacidad financiera. La entidad que pretenda operar el juego de lotería tradicional, deberá respaldar y garantizar las obligaciones con los apostadores y con el sector salud, acreditando el cumplimiento de los siguientes requisitos de forma permanente:

a) Respaldo patrimonial. Disponer de un patrimonio técnico cuyo valor no podrá ser menor al monto del premio mayor ofrecido. El cumplimiento de este requisito procede sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos de solvencia que se le exijan a quien opere simultáneamente otros juegos.

b) Razón de endeudamiento. No podrá presentar una razón de endeudamiento superior al 65%;

c) Fondo inicial de reserva. Constituir un fondo inicial de reservas técnicas, cuyo monto no podrá ser inferior al monto del premio mayor ofrecido.

d) Este fondo será reconocido contablemente de conformidad con las normas de contabilidad que le sean aplicables a la entidad y deberá ser depositado aparte en cuentas creadas exclusivamente para el efecto, sin hacer unidad de caja con los demás recursos de la entidad operadora.

e) Requisitos de liquidez. Las entidades que pretendan operar el juego de lotería tradicional deben disponer de un capital de trabajo para financiar sus operaciones de corto plazo, cuyo monto será cuando menos, equivalente al valor de 30 días de costos y gastos; para este cálculo se debe excluir el monto del fondo inicial de reservas.

(D. 3034/2013, art. 52)

ART. 2.7.1.6.12.—Requisitos de experiencia. Para participar en el proceso de selección de concesionario del juego de lotería tradicional, las empresas acreditarán experiencia de cuando menos tres (3) años en la operación del juego en Colombia o en otro país, en las modalidades de lotería tradicional, instantánea o tipo loto.

(D. 3034/2013, art. 53)

ART. 2.7.1.6.13.—Eficiencia contractual en la operación por medio de terceros. En los documentos y estudios previos del proceso licitatorio para la escogencia del operador del juego de lotería tradicional o de billetes, se señalará el monto de las ventas mínimas que durante toda la ejecución del contrato, debe cumplir quien resulte seleccionado como concesionario; estas ventas mínimas constituyen un esfuerzo de eficiencia que se exige del concesionario y una obligación contractual que deberá pactarse expresamente, de manera que su incumplimiento dará lugar a las consecuencias previstas en la ley de régimen propio.

Las personas jurídicas que pretendan participar en el proceso de selección deberán efectuar sus propios estudios y evaluaciones técnicas, financieras, de mercado y de análisis de riesgos, de manera que, previa a su participación en el proceso de selección, determinen si pueden cumplir con las obligaciones de la operación del juego, incluyendo el porcentaje de derechos de explotación que deberán transferir y el valor mínimo de ventas exigido en los términos de referencia. La sola participación en el proceso de selección constituye prueba de que los proponentes manifiestan su libre y expresa aceptación sobre esas obligaciones, ventas mínimas y porcentajes a transferir, sin que haya lugar a reclamaciones o indemnizaciones posteriores por esta razón, en caso de resultar adjudicatarios.

(D. 3034/2013, art. 54)

ART. 2.7.1.6.14.—Documentación adicional. Los terceros operadores que pretendan iniciar la operación del juego de lotería tradicional deberán allegar ante el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar los siguientes documentos:

a) Ordenanza o decreto que ordena la creación de la empresa o escritura pública de constitución de la misma y certificado de existencia y representación legal;

b) Declaración expresa del operador de no encontrarse incurso en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, señaladas en el artículo 10 de la Ley 643 de 2001.

PAR.—Cuando se trata de operadores públicos deberán cumplir además con los requisitos establecidos en la Ley 489 de 1998, referidos a la creación de empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de capital público.

(D. 3034/2013, art. 55)

ART. 2.7.1.6.15.—Trámite y Concepto del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. Radicada la documentación ante el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, esta institución verificará que cumpla con todos los requisitos señalados en el presente título.

En caso de que sea necesario adicionar o aclarar la información entregada, se comunicará por una sola vez al interesado, y para el efecto se le concederá un plazo de dos (2) meses, contados a partir de la fecha del requerimiento. Si dentro de este plazo no se allega, se entenderá que se desiste de la petición y, en consecuencia, se procederá a declarar el abandono de la solicitud.

Examinado y verificado el cumplimiento de todos los requisitos, el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar procederá a la elaboración del respectivo cronograma de sorteos, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes.

(D. 3034/2013, art. 56)

CAPÍTULO 7

Inspección, vigilancia y control de las autoridades

ART. 2.7.1.7.1.—Juegos prohibidos y prácticas no autorizadas. Quedan prohibidas y constituyen prácticas no autorizadas la explotación, administración u operación del juego de lotería tradicional o de billetes que se adelanten en contravención a los mandatos contenidos en la Ley 643 de 2001 y las disposiciones del presente título. En tales eventos, conforme se dispone en el artículo 4º de la citada ley, la autoridad de control competente podrá suspender esas actividades y adoptar las medidas preventivas y de intervención que resulten necesarias, sin perjuicio del ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control correspondientes y de las acciones de tipo penal que deba adelantar la autoridad competente, por ejercicio ilícito de actividad monopolística.

(D. 3034/2013, art. 57)

ART. 2.7.1.7.2.—Indicadores de gestión y eficiencia. De conformidad con lo establecido en los artículos 50 y 51 de la Ley 643 de 2001, y en el artículo 47 ibídem, modificado por el artículo 2º del Decreto-Ley 4144 de 2011, y con las normas que los sustituyan, modifiquen o adicionen, el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar definirá los indicadores de gestión y eficiencia con los que serán calificados los operadores públicos o privados del juego de lotería tradicional o de billetes.

De la misma manera, establecerá los eventos y situaciones que obligan a los operadores del juego de lotería tradicional o de billetes, a someterse a planes de desempeño, entre otras, por verse comprometida su viabilidad financiera o institucional.

(D. 3034/2013, art. 58)

ART. 2.7.1.7.3.—Calificación de la gestión, eficiencia y rentabilidad de las entidades operadoras del juego de lotería tradicional o de billetes. El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar calificará anualmente la gestión y eficiencia de los operadores públicos o privados del juego de lotería tradicional o de billetes, con base en los indicadores de gestión, eficiencia y rentabilidad y en el procedimiento señalado para el efecto.

(D. 3034/2013, art. 59)

ART. 2.7.1.7.4.—Planes de desempeño. Los operadores públicos o privados del juego de lotería tradicional o de billetes, que obtengan calificación insatisfactoria o que incurran en eventos y situaciones que comprometan su viabilidad financiera e institucional, se someterán a un plan de desempeño en las condiciones que establezca el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar en desarrollo de las facultades que le fueron concedidas en el artículo 47 de la Ley 643 de 2001, modificado por el artículo 2º del Decreto 4144 de 2011.

(D. 3034/2013, art. 60)

ART. 2.7.1.7.5.—Deber de suministrar información. Las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas que en cualquier forma o modalidad participen en la explotación, administración, operación, distribución o comercialización del juego de lotería tradicional o de billetes están en la obligación de atender los requerimientos de información formulados por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, y por las autoridades de control y vigilancia, los cuales hacen parte de los sistemas de información del sector salud.

El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de las sanciones a que haya lugar, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 116 y 131 de la Ley 1438 de 2011.

(D. 3034/2013, art. 61)

ART. 2.7.1.7.6.—Formatos y formularios. El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar deberá expedir los formatos, formularios e instrucciones de que trata este título.

(D. 3034/2013, art. 62)

TÍTULO 2

Juego de apuestas permanentes o chance

CAPÍTULO 1

Disposiciones generales

ART. 2.7.2.1.1.—Ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente título se aplican a las entidades territoriales, a las empresas industriales y comerciales del Estado de cualquier orden, sociedades de capital público departamental y demás personas jurídicas, que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 643 del 2001 exploten, administren u operen el juego de apuestas permanentes o chance al que se refiere el capítulo IV de la Ley 643 del 2001.

(D. 1350/2003, art. 1º)

ART. 2.7.2.1.2.—Definiciones. Para efectos del presente título, se adoptan las siguientes definiciones:

1. Agencia: es el establecimiento de comercio previamente autorizado por la entidad concedente, en el que bajo la dependencia y responsabilidad de un concesionario, se colocan apuestas permanentes o chance por medio de uno o varios puntos de venta.

No podrán operar agencias ni puntos de venta que no hayan sido previamente autorizados de manera expresa y por escrito por la entidad concedente.

2. Apuesta: es el valor pagado por el apostador, sin incluir el valor del impuesto sobre las ventas, registrado en el formulario oficial que da derecho a participar en el juego de apuestas permanentes o chance.

3. Colocadores del juego de apuestas permanentes o chance: los colocadores de apuestas en el juego de apuestas permanentes o chance, pueden ser dependientes o independientes, conforme a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 50 de 1990 y demás disposiciones que la modifiquen o adicionen.

4. Concesionario: es la persona jurídica que celebra un contrato de concesión, con las entidades contempladas en el artículo 22 de la Ley 643 de 2001, con el objeto de operar el juego de apuestas permanentes o chance.

5. Entidades concedentes: son las empresas industriales y comerciales del Estado del orden departamental o del Distrito Capital, administradoras del juego de lotería tradicional, o las sociedades de capital público departamental de que trata la Ley 643 de 2001.

6. Formato: son las especificaciones relativas al tamaño, forma y demás características que debe tener el formulario único de apuestas permanentes o chance, para el juego manual y para el juego sistematizado.

7. Formulario único de apuestas permanentes o chance: es un documento al portador, emitido y vendido por las entidades concedentes a los concesionarios, en el cual se registran las apuestas en forma manual o sistematizada.

8. Ingresos brutos: se entiende por ingresos brutos el valor total de las apuestas registradas en los formularios oficiales del juego.

9. Juego autorizado: se entiende por juego autorizado el sorteo autónomo que realiza o autoriza la entidad concedente para efectos exclusivos de utilizar su resultado en el juego de apuestas permanentes o chance.

10. Lotería tradicional: es la modalidad de juego de suerte y azar definida en el artículo 11 de la Ley 643 de 2001 o la norma que lo modifique o adicione.

11. Operador de apuestas permanentes o chance: es el concesionario que en virtud de un contrato de concesión, coloca en forma directa o indirecta el juego de apuestas permanentes o chance.

(D. 1350/2003, art. 2º)

CAPÍTULO 2

Plan de premios e incentivos en el juego de apuestas permanentes o chance

ART. 2.7.2.2.1.—Estructura del plan de premios. Los planes de premios para el juego de apuestas permanentes o chance tendrán como mínimo la siguiente estructura:

1. Para el acierto de las cuatro (4) cifras seleccionadas por el jugador, en su orden, se pagarán cuatro mil quinientos pesos ($ 4.500) por cada peso ($ 1) apostado.

2. Para el acierto de las cuatro (4) cifras seleccionadas por el jugador, en cualquier orden, se pagarán doscientos ocho pesos ($ 208) por cada peso ($ 1) apostado.

3. Para el acierto de las tres (3) cifras seleccionadas por el jugador, en su orden, se pagarán cuatrocientos pesos ($ 400) por cada peso ($ 1) apostado.

4. Para el acierto de las tres (3) cifras seleccionadas por el jugador, en cualquier orden, se pagarán ochenta y tres pesos ($ 83) por cada peso ($ 1) apostado.

5. Para el acierto de las dos (2) cifras seleccionadas por el jugador, en su orden, se pagarán cincuenta pesos ($ 50) por cada peso ($ 1) apostado.

6. Para el acierto de la última y única (1) cifra seleccionada por el jugador, se pagarán cinco pesos ($ 5) por cada peso ($ 1) apostado.

PAR.—De acuerdo con el número de cifras seleccionadas por el jugador, cuatro (4), tres (3), dos (2) o una (1), se entenderá que corresponden a las cuatro, tres últimas, dos últimas, o última, del resultado del premio mayor de la lotería o del juego autorizado.

(D. 1350/2003, art. 3º)

SECCIÓN 1

Planes de premios adicionales para el juego de apuestas permanentes o chance

ART. 2.7.2.2.1.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 176 de 2017 artículo 5° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.7.2.2.2.—Pago de premios. Los premios deberán ser pagados por el concesionario a la presentación del documento de juego para su cobro, previas las retenciones de impuestos a que haya lugar.

En ningún caso el premio podrá ser pagado en especie, ni en cuotas partes.

(D. 1350/2003, art. 4º)

ART. 2.7.2.2.3.—Información de aciertos. Los formularios que resultaren premiados dentro del ejercicio de la apuesta deberán ser reportados a la entidad concedente, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de realización del sorteo.

(D. 1350/2003, art. 5º)

ART. 2.7.2.2.4.—Reservas técnicas para el pago de premios. El concesionario del juego de apuestas permanentes o chance, deberá efectuar la provisión de las reservas técnicas para el pago de premios, en la forma prevista en el presente título.

(D. 1350/2003, art. 7º)

ART. 2.7.2.2.5.—(Modificado).* Incentivos en el juego de apuestas permanentes o chance. Las entidades concedentes del juego de apuestas permanentes o chance podrán autorizar a los concesionarios del juego para otorgar incentivos en la respectiva jurisdicción territorial, como una proporción adicional sobre el valor total del premio correspondiente de conformidad con el plan de premios vigente, siempre y cuando, cumplan con los requisitos previstos en el presente título.

(D. 3535/2005, art. 8º modificado por el D. 4643/2005, art. 4º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 176 de 2017 artículo 6° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.7.2.2.6.—(Modificado).* Requisitos para la autorización de los incentivos. Las entidades concedentes del juego de apuestas permanentes o chance podrán autorizar incentivos a este juego en la respectiva jurisdicción territorial, mediante acto administrativo motivado, previa solicitud de los concesionarios, siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos:

1. Que el concesionario demuestre la capacidad económica en términos de reservas para el pago de premios y de incentivos.

2. Que los incentivos se otorguen a los apostadores por un período predeterminado, término que constará en el mismo acto de autorización y, que en todo caso no podrá exceder el de la respectiva concesión.

3. Que el concesionario se encuentre a paz y salvo en el cumplimiento de la rentabilidad mínima por concepto de derechos de explotación de la respectiva concesión.

4. Que al valor de los incentivos no se les aplique ninguna forma de acumulación dineraria en el tiempo.

PAR. 1º—La autorización de incentivos podrá incluirse en el respectivo contrato de concesión y modificarse, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, en el evento en que desaparezcan los fundamentos de hecho y/o de derecho que soportan tal determinación.

PAR. 2º—Los concesionarios del juego de apuestas permanentes deberán acreditar la constitución de una reserva para el pago de incentivos según la regulación establecida para el efecto.

No obstante, el valor de la reserva que deberá mantener el concesionario, durante toda la vigencia de la autorización, para el pago del incentivo previsto en el literal b) del artículo siguiente será equivalente al cien por ciento (100%) del valor del incentivo correspondiente al valor máximo de la apuesta en la modalidad de cuatro (4) cifras.

(D. 3535/2005, art. 9º modificado por el D. 4643/2005, art. 5º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 176 de 2017 artículo 7° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.7.2.2.7.—(Derogado).* Condiciones de operación de los incentivos. Los incentivos en el juego de apuestas permanentes o chance que podrán ser autorizados por las respectivas entidades concedentes y otorgados por los concesionarios son:

a) Una proporción adicional sobre el valor total del premio correspondiente de conformidad con el plan de premios vigente y, de acuerdo al porcentaje autorizado para el efecto por la respectiva entidad concedente, previo el cumplimiento de los requisitos previstos en el presente título;

b) Una proporción adicional sobre el valor total del premio correspondiente de conformidad con el plan de premios vigente, en los siguientes términos:

1. El apostador debe seleccionar cinco (5) números de tres (3) o de cuatro (4) cifras, siendo excluyente la combinación de unas y otras, con la expectativa de que dos (2) de los números elegidos coincidan con el resultado del premio mayor de dos (2) loterías tradicionales; o con el resultado de dos (2) juegos autorizados o con el resultado del premio mayor de una lotería tradicional y el resultado de un juego autorizado.

2. El valor de la apuesta por los cinco (5) números seleccionados por el apostador no podrá ser inferior a quinientos pesos ($ 500) moneda legal ni superior a mil quinientos pesos ($ 1.500) moneda legal. El valor de la apuesta por cada número seleccionado, para efectos de premios e incentivos, corresponderá a la décima parte del valor total de la apuesta efectuada.

3. En el evento de coincidir dos (2) de los números apostados con los resultados del premio mayor de la lotería o juego autorizado elegidos por el apostador, este, además de hacerse acreedor a los premios previstos en el plan de premios del juego de apuestas permanentes o chance expedido por el Gobierno Nacional, para cada uno de los aciertos alcanzados, obtendrá los siguientes incentivos:

3.1. Para la modalidad del juego de apuestas permanentes o chance de tres (3) cifras, el apostador, en el evento de ser el único ganador, recibirá doscientas cincuenta (250) veces el valor de la sumatoria de los premios causados de conformidad con el plan de premios vigente para el mencionado juego; en el evento en que resulte más de un ganador, el incentivo se distribuirá entre los respectivos ganadores, en proporción al valor del incentivo por peso apostado por cada jugador, de acuerdo con la siguiente regla: el monto del incentivo que correspondería al valor más alto de la apuesta ganadora para el respectivo sorteo se divide entre el resultado de la sumatoria del valor de todas las apuestas ganadoras bajo esta modalidad de incentivo y, el producto de esta división se multiplica por el valor de cada una de las apuestas ganadoras.

3.2. Para la modalidad del juego de apuestas permanentes o chance de cuatro (4) cifras, el apostador, en el evento de ser el único ganador, recibirá entre setenta y cinco (75) y trescientas setenta y un (371) veces el valor de la sumatoria de los premios causados según el plan de premios vigente para el mencionado juego de acuerdo al monto del incentivo autorizado por la respectiva entidad concedente. En el evento en que resulte más de un ganador, el incentivo se distribuirá entre los respectivos ganadores, en proporción al valor del incentivo por peso apostado por cada jugador, de acuerdo con la siguiente regla: el monto del incentivo que correspondería al valor más alto de la apuesta ganadora para el respectivo sorteo se divide entre el resultado de la sumatoria del valor de todas las apuestas ganadoras bajo esta modalidad de incentivo y, el producto de esta división se multiplica por el valor de cada una de las apuestas ganadoras.

3.3. En el evento de no coincidir simultáneamente dos (2) de los números apostados con los resultados del premio mayor de la lotería o juego autorizado elegidos por el apostador, pero presentarse aciertos estos solo se reconocerán y pagarán de la siguiente manera:

3.3.1. Para el acierto de las tres (3) cifras seleccionadas por el jugador, en su orden, se pagarán veinticinco mil pesos ($ 25.000).

3.3.2. Para el acierto de las cuatro (4) cifras seleccionadas por el jugador, en su orden, se pagarán doscientos cincuenta mil pesos ($ 250.000).

Los premios previstos en los ordinales anteriores se ajustarán anualmente de acuerdo con el índice de inflación estimado por el Banco de la República.

4. Este incentivo solo podrá otorgarse a la apuesta que se efectúe a través del mecanismo de explotación sistematizado en línea y en tiempo real.

PAR.—El monto del incentivo correspondiente a la modalidad de cuatro (4) cifras, deberá ajustarse al tamaño del mercado del juego de apuestas permanentes o chance en la respectiva jurisdicción territorial en términos de ingresos brutos mensuales y a la capacidad del concesionario para mantener durante toda la vigencia de la autorización la reserva requerida para el pago de incentivos. En el acto de autorización de incentivos deberá efectuarse el análisis correspondiente.

(D. 3535/2005, art. 10 modificado por el 4643/2005, art. 6º)

*(Nota: Derogado por el Decreto 176 de 2017 artículo 16° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.7.2.2.8.—Desconocimiento del régimen de incentivos. El otorgamiento de incentivos por parte de los concesionarios en contravención a las disposiciones vigentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 4º de la Ley 643 de 2001, constituye práctica ilegal y no autorizada y, por consiguiente configura la causal de inhabilidad, para operar juegos de suerte y azar por cinco (5) años, prevista en el artículo 44 del mismo estatuto; lo anterior sin perjuicio de las demás consecuencias que ello genere.

(D. 4643/2005, art. 7º)

CAPÍTULO 3

Formulario único de apuestas permanentes o chance

ART. 2.7.2.3.1.—(Modificado).* Contenido del formulario único de apuestas permanente o chance. El formulario único para el juego de apuestas permanentes o chance, deberá contener la siguiente información:

1. Nombre de la entidad concedente.

2. Nombre o razón social del concesionario.

3. Número y fecha del contrato de concesión del juego de apuestas permanentes o chance.

4. Numeración consecutiva.

5. Casilla para anotar la ciudad y fecha de expedición del formulario.

6. Número de identificación tributaria del concesionario.

7. Domicilio comercial del concesionario.

8. Casilla para anotar el nombre de la lotería tradicional o juego autorizado, con el que se realizará el sorteo.

9. Casilla para anotar la fecha del sorteo.

10. Casilla para anotar el número del carné del colocador o la máquina autorizada.

11. Casilla para anotar la agencia de la cual depende el colocador.

12. Máximo seis (6) casillas para anotar el número o números apostados. Los números seleccionados en cada apuesta no podrán tener más de cuatro (4) dígitos.

13. Casillas para anotar el valor apostado a cada número.

14. Casilla para anotar el valor total de las apuestas realizadas.

15. Casilla para anotar el valor del incentivo o los incentivos.

16. Código de seguridad.

17. Plan de premios.

PAR. 1º—Los numerales 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 16 y 17, deberán estar preimpresos en el formulario. El numeral 17 deberá estar al respaldo del mismo.

PAR. 2º—Solo se podrán realizar apuestas en formularios que cumplan con lo dispuesto en el presente artículo.

PAR. 3º—El término para la conservación del formulario único del juego de apuestas permanentes o chance, será el previsto para los papeles y documentos del comerciante en el Código de Comercio.

(D. 1350/2003, art. 8º modificado en el D. 309/2004, art. 1º, par. 2º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 176 de 2017 artículo 8° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.7.2.3.2.—Formato del formulario único manual. Los formularios para el juego de apuestas permanentes o chance que sean diligenciados manualmente, deberán ser impresos en papel de seguridad, con un color para el original y el otro para la copia, agruparse en talonarios de cincuenta (50) unidades en original y una copia y su tamaño será determinado por la entidad concedente.

(D. 1350/2003, art. 9º)

ART. 2.7.2.3.3.—(Modificado).* Formato del formulario único sistematizado. Los formularios para el juego de apuestas permanentes o chance que sean diligenciados en forma sistematizada, deberán ser emitidos por la entidad concedente, impresos en papel de seguridad, agruparse en rollos u hojas continuas, la numeración será consecutiva u homologada en un número serial único de identificación de cada jugada y sus dimensiones determinadas por la entidad concedente, donde a través del sistema se puedan verificar los datos de expedición del formulario: fecha, valor apostado y ciudad.

Cuando el juego se realice en línea y en tiempo real, en el papel de seguridad suministrado por la entidad concedente, deberá diligenciarse el formulario con la información preconfigurada por el sistema, la cual corresponderá a la prevista para el formulario único de apuestas permanentes o chance, la numeración será consecutiva u homologada en un número serial único de identificación de cada jugada donde a través del sistema se puedan verificar los datos de expedición del formulario: fecha, valor apostado, ciudad, hora y terminal.

La entidad concedente deberá inspeccionar y revisar los sistemas dispuestos para la operación con el fin de verificar su integridad y la información generada por los mismos.

PAR.—En los formularios utilizados para la operación del juego de apuestas permanentes sistematizado, podrán cursarse otros juegos de suerte y azar que se encuentren debidamente autorizados y que se operen en forma similar.

El sistema debe garantizar que cada juego sea individualizado en tal forma que permita a las autoridades respectivas, ejercer un control permanente e inmediato de cada uno de tales juegos.

(D. 1350/2003, art. 10, modificado del segundo inciso en adelante por el art. 1º del D. 777/2004)

*(Nota: Modificado por el Decreto 176 de 2017 artículo 9° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 4

Condiciones y obligaciones en la operación de los juegos de apuestas permanentes o chance

ART. 2.7.2.4.1.—Operación a través de terceros del juego de apuestas permanentes o chance. El juego de apuestas permanentes o chance, de conformidad con lo previsto, en el artículo 22 de la Ley 643 de 2001, solo podrá operarse a través de terceros seleccionados mediante licitación pública.

(D. 3535/2005, art. 4º)

ART. 2.7.2.4.2.—Régimen aplicable al contrato de concesión. El contrato de concesión del juego de apuestas permanentes o chance, se regirá por la Ley de Régimen Propio de los Juegos de Suerte y Azar, el estatuto general de contratación de la administración pública, y las normas reglamentarias de dichos ordenamientos.

(D. 1350/2003, art. 12)

ART. 2.7.2.4.3.—Inhabilidades de los concesionarios. Sin perjuicio de las inhabilidades a que se refiere el artículo 10 de la Ley 643 de 2001 y el estatuto general de contratación de la administración pública, las entidades concedentes deberán reportar a la Contaduría General de la Nación, la relación de sus deudores morosos por concepto de la explotación del juego de apuestas permanentes o chance.

El concedente, una vez conocida la causal de inhabilidad iniciará inmediatamente las acciones correspondientes e informará a su junta Directiva y al Gobernador o Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., según el caso, para efectos del cumplimiento de estas medidas.

(D. 3535/2005, art. 6º)

ART. 2.7.2.4.4.—Estudios de mercado. Las entidades concedentes, de conformidad con la Ley 643 de 2001, podrán realizar directamente o contratar con terceros de reconocida experiencia en el análisis e investigación de mercados, en los términos de la Ley 80 de 1993, los estudios de mercado de que trata el artículo 23 del régimen propio del monopolio de juegos de suerte y azar.

Dichos estudios podrán ser realizados directamente por las entidades concedentes, siempre y cuando cuenten dentro de su estructura organizacional con los recursos humanos y técnicos adecuados en términos de experiencia y capacidad operativa, para adelantarlo.

Los estudios de mercado deberán ajustarse a lo indicado por la Superintendencia Nacional de Salud y como mínimo, determinar el tamaño del mercado de todos los juegos de suerte y azar que tengan relación o afecten el juego de apuestas permanentes o chance que operen en la respectiva jurisdicción territorial.

Igualmente, deberán determinar el tamaño del mercado del juego de apuestas permanentes o chance en la respectiva jurisdicción territorial; el monto de ingresos brutos que se espera genere la respectiva concesión durante su término de duración y el valor mensual y anual que por concepto de derechos de explotación debe producir la respectiva concesión.

Estos estudios podrán revisarse en los términos y condiciones establecidos por la Superintendencia Nacional de Salud.

La Superintendencia Nacional de Salud podrá contratar estudios de mercado selectivos sobre el juego de apuestas permanentes o chance que serán de referencia obligatoria para el concedente y el concesionario, los cuales deberán ajustar su relación contractual, si es del caso, de acuerdo con los términos de la Ley 80 de 1993, para lo cual el representante legal de la entidad concedente iniciará las acciones correspondientes de manera inmediata a su conocimiento y lo comunicará a su junta directiva y al gobernador o el Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., para el respectivo seguimiento.

(D. 3535/2005, art. 2º)

ART. 2.7.2.4.5.—Publicidad estudios de mercado. Los estudios de mercado de que trata el artículo 23 de la Ley 643 de 2001 y el artículo anterior, forman parte integrante de los pliegos de condiciones de los procesos licitatorios que tienen por objeto adjudicar mediante concesión la operación del juego de apuestas permanentes o chance en una determinada jurisdicción territorial y de los respectivos contratos de concesión y, por tanto deberán sujetarse a los requisitos de publicidad de que trata la Ley 80 de 1993, y su reglamentación compilada en el Decreto Único del Sector de Planeación Nacional.

(D. 4643/2005, art. 2º)

ART. 2.7.2.4.6.—Revisión estudios de mercado. La entidad concedente de la operación del juego de apuestas permanentes o chance, sin perjuicio del estudio de mercado previo a la convocatoria de la licitación pública correspondiente, podrá realizar, durante la ejecución del respectivo contrato, de oficio o a solicitud del concesionario, un estudio de mercado a partir del segundo año de la concesión, con el fin de revisar el potencial del juego de apuestas permanentes y el cumplimiento de las condiciones económicas del contrato. Los estudios de mercado se harán en los términos y condiciones previstos por la Superintendencia Nacional de Salud.

Si como resultado de dicho estudio se determina un aumento o disminución del monto mensual y anual de los derechos de explotación previamente establecidos, se deberán hacer los ajustes correspondientes en el contrato de concesión de acuerdo con lo previsto en la Ley 80 de 1993.

(D. 4643/2005, art. 3º)

ART. 2.7.2.4.7.—Registro diario de apuestas permanentes o chance. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley 643 de 2001 o la norma que la modifique o adicione, los concesionarios del juego de apuestas permanentes o chance deberán llevar como libro auxiliar de contabilidad, un registro diario manual o magnético de sus operaciones diarias debidamente foliado para el asiento contable de las apuestas, cuyos valores estarán en concordancia con los anotados en el formulario único de apuestas permanentes o chance o los registrados en el sistema.

Dicho registro deberá mantenerse actualizado y disponible en forma permanente para la fiscalización, control y vigilancia de las autoridades competentes. Los soportes de este registro serán diligenciados por los colocadores del juego a medida que se van recibiendo las apuestas y será consolidado por el concesionario, sin perjuicio de su obligación de responder en todos los casos por el registro diario y por los premios correspondientes al total de las apuestas.

En el registro diario de apuestas permanentes o chance se anotará: serie, número, fecha, identificación de la lotería o juego autorizado con que se apuesta, código del vendedor, números seleccionados por el apostador y el valor apostado. Así mismo, deberá incluirse en el registro diario el asiento de los formularios anulados o perdidos, debiendo en este último caso soportarse con la respectiva denuncia.

(D. 1350/2003, art. 11)

ART. 2.7.2.4.8.—Requisitos para la operación del juego de apuestas permanentes o chance. Los operadores del juego de apuestas permanentes o chance además de acreditar un patrimonio técnico mínimo, otorgar las garantías y mantener el margen de solvencia, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Adquirir de las entidades concedentes los formularios para el juego manual o sistematizado.

2. Llevar en todas y cada una de las agencias, el registro de control de ventas diarias discriminado por puntos de venta, puestos fijos y colocadores.

3. Utilizar en forma exclusiva los formularios suministrados por las entidades concedentes para el juego manual o sistematizado y responder por el uso adecuado de ellos, ejerciendo un estricto control sobre los colocadores.

4. Identificar a cada uno de sus colocadores con un carné que deberán portar en un lugar visible al público.

5. Efectuar adecuada y oportunamente la liquidación mensual de los derechos de explotación y gastos de administración y realizar los pagos respectivos con la oportunidad debida.

6. Registrar e identificar ante la entidad concedente el número de la agencia a la cual pertenecen los puntos de venta, puntos fijos y colocadores.

7. Exhibir la licencia otorgada por la entidad concedente de cada una de las agencias o puntos de venta fijo, en un lugar visible al público.

8. Entregar únicamente a los colocadores inscritos ante la entidad concedente, los formularios de apuestas permanentes o chance.

9. Asumir los riesgos que se deriven de la operación del contrato de concesión, sin que estos puedan ser trasladados al comercializador, agencia o punto de venta.

10. En el juego de apuestas permanentes o chance que se registre en forma sistematizada y en cumplimiento del artículo siguiente, el concesionario deberá garantizar la conexión en tiempo real con la entidad concedente.

(D. 1350/2003, art. 13)

ART. 2.7.2.4.9.—Porcentajes mínimos de operaciones en línea y en tiempo real. Los contratos de concesión para la operación del juego de apuestas permanentes o chance que se hayan suscrito a partir del 30 de diciembre de 2008 deberán establecer como una de las obligaciones a cargo del concesionario, la de efectuar operaciones de colocación de apuestas permanentes o chance en la respectiva jurisdicción territorial a través del mecanismo de explotación sistematizado en línea y en tiempo real como mínimo en el 90%.

El porcentaje señalado en el presente artículo podrá ser modificado por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar de acuerdo con la penetración de infraestructura de comunicaciones en el área de presencia del concesionario.

PAR. 1º—Para efectos de la operación en línea y tiempo real el procedimiento informático y tecnológico de la apuesta en un punto de venta fijo o móvil debe efectuarse a través de un mecanismo sistematizado que inmediatamente registra la apuesta, la cual es reportada a un sistema de información centralizado. Esto supone que la transacción correspondiente no puede ser almacenada en la respectiva terminal o equipo móvil para su posterior procesamiento.

Los concesionarios deberán suministrar a la entidad concedente los equipos de cómputo, el software licenciado y la capacitación correspondiente, necesarios para efectuar el control y seguimiento a la colocación de apuestas permanentes por el mecanismo sistematizado en línea y en tiempo real y encargarse del mantenimiento y las actualizaciones necesarias.

PAR. 2º—Las obligaciones del concesionario sobre el mecanismo de explotación sistematizado en línea y en tiempo real deberán incluirse en los pliegos de condiciones del proceso licitatorio correspondiente y estipularse en la respectiva minuta contractual. No obstante si no estuvieren expresamente estipuladas se entienden incorporadas tácitamente.

(D. 3535/2005, art. 1º modificado por el D. 4867/2008, art. 1º)

ART. 2.7.2.4.10.—Participación de los concesionarios en la cabal y eficiente explotación del juego de apuestas permanentes o chance. Corresponde a los concesionarios del juego de apuestas permanentes o chance adoptar las medidas indispensables para garantizar la explotación cabal y eficiente del juego en los términos de los artículos 3º y 4º de la Ley 643 de 2001, poner en conocimiento de la entidad concedente cualquier irregularidad que se presente en la explotación del mismo y colaborar activamente con las entidades administradoras de juegos de suerte y azar y con las autoridades de policía para corregir dichas prácticas.

(D. 4643/2005, art. 9º)

ART. 2.7.2.4.11.—Inscripción en el registro nacional público de vendedores de juegos de suerte y azar. Conforme lo dispone el artículo 55 de la Ley 643 del 2001 o la norma que lo modifique o adicione, todo vendedor del juego de apuestas permanentes o chance, debe estar inscrito en el Registro Nacional Público de Vendedores de Juegos de Suerte y Azar de las cámaras de comercio de su jurisdicción.

La omisión de la inscripción en el Registro Nacional Público de Vendedores de Juegos de Suerte y Azar hará acreedores a los infractores de las sanciones que establezca el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar en el reglamento que expida para el efecto.

PAR.—Cuando la cámara de comercio no tenga sede en el lugar donde desarrolla la actividad el vendedor, la inscripción se efectuará en la alcaldía de la localidad que cuente con la delegación respectiva.

(D. 1350/2003, art. 21)

ART. 2.7.2.4.12.—Deberes de los colocadores de apuestas permanentes o chance. Son deberes, entre otros, de los colocadores del juego de apuestas permanentes o chance, los siguientes:

1. Portar a la vista el carné o credencial que los identifique.

2. Utilizar y diligenciar correctamente los formularios oficiales, llenando todas las casillas de manera clara y legible, sin tachaduras, enmendaduras o borrones y abstenerse de diligenciarlo a lápiz o en tintas delebles.

3. Liquidar en forma precisa la totalidad de la apuesta.

4. Entregar al apostador o jugador la copia del formulario y guardar el original en el caso del juego manual, para ser devuelto al concesionario con anticipación a la realización del sorteo.

5. En caso de anulación de un formulario, este debe ser devuelto al concesionario con su respectiva copia.

(D. 1350/2003, art. 22)

CAPÍTULO 5

Derechos de explotación y giro de recursos por los operadores

ART. 2.7.2.5.1.—Declaración, liquidación y pago de los derechos de explotación, anticipo, gastos de administración e intereses. Los concesionarios deberán declarar, liquidar y pagar ante la entidad concedente, en los formularios suministrados por esta dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, a título de derechos de explotación, el doce por ciento (12%) de los ingresos brutos causados en el mes anterior.

En ningún caso, el impuesto sobre las ventas formará parte de la base para el cálculo de los derechos de explotación.

Así mismo, deberán liquidar y pagar a título de anticipo de derechos de explotación del siguiente período, un valor equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de los derechos de explotación liquidados en el período en que se declara.

Conforme al artículo 9º de la Ley 643 de 2001 o la norma que la modifique o adicione, los concesionarios deberán liquidar y pagar a título de gastos de administración, el uno por ciento (1%) de los derechos de explotación liquidados para el período respectivo.

PAR. 1º—La declaración deberá ser presentada y pagada simultáneamente. Los soportes de la declaración deberán conservarse en los términos y condiciones establecidos en el Código de Comercio para los papeles y documentos del comerciante.

PAR. 2º—Los concesionarios que no cancelen oportunamente los derechos de explotación y demás obligaciones contenidas en el presente artículo, deberán liquidar y pagar intereses moratorios, de acuerdo con la tasa de interés moratorio prevista para los tributos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.

(D. 1350/2003, art. 14)

ART. 2.7.2.5.2.—Derechos de explotación. Los derechos de explotación, inclusive para los contratos vigentes y firmados con anterioridad al 19 de abril de 2010, corresponden al 12% de los ingresos brutos obtenidos según lo establecido en el artículo 23 de la Ley 643 de 2001.

(D. 1289/2010, art. 1º)

ART. 2.7.2.5.3.—Pago de anticipos. Para el cálculo del anticipo a que hace referencia el artículo 23 de la Ley 643 de 2001 se considerará como estudio de mercado el valor promedio mensual de los ingresos brutos reportados por los concesionarios a través del mecanismo de explotación sistematizado en línea y en tiempo real a la Superintendencia Nacional de Salud.

Si los operadores de apuestas permanentes no se encuentran en línea o en tiempo real con la Superintendencia Nacional de Salud o la información que haya reportado no responde a exigencias técnicas o de auditoría señaladas por esta, o no existe por lo menos seis (6) meses de información, o no se encuentra en un 100% utilizando el mecanismo de explotación sistematizado en línea y en tiempo real con la Superintendencia Nacional de Salud; la entidad concedente determinará el valor del anticipo con base en los estudios de mercado realizados de conformidad con lo dispuesto en el presente título.

(D. 1289/2010, art. 3º)

ART. 2.7.2.5.4.—Rentabilidad mínima del juego de apuestas permanentes o chance. La rentabilidad mínima del juego de apuestas permanentes o chance, para cada jurisdicción territorial, será el mayor valor que resulte entre el monto mensual y anual que por concepto de derechos de explotación y para el término de duración de la respectiva concesión, determine el estudio de mercado y el monto equivalente a la liquidación de los derechos de explotación correspondientes al 12% de los ingresos brutos del juego.

(D. 3535/2005, art. 3º)

ART. 2.7.2.5.5.—Formulario de declaración, liquidación y pago de los derechos de explotación, gastos de administración e intereses. El formulario de declaración, liquidación y pago de los derechos de explotación, gastos de administración e intereses será suministrado por la entidad concedente, deberá diligenciarse en original y dos (2) copias, y contendrá como mínimo lo siguiente:

1. Razón social del concedente.

2. Razón social del concesionario y número de identificación tributaria.

3. Departamento en el que opera el concesionario y al que corresponde la declaración.

4. Dirección del domicilio social del concesionario.

5. Número del contrato de concesión y fecha de suscripción.

6. Número total de formularios del juego de apuestas permanentes o chance utilizados en el período declarado.

7. Mes y año al cual corresponde la declaración.

8. Valor de los ingresos brutos.

9. Valor de los derechos de explotación.

10. Valor del anticipo del período liquidado y pagado en el mes anterior.

11. Valor compensación autorizada.

12. Saldo a cancelar por los derechos de explotación del período.

13. Valor del anticipo para el período siguiente.

14. Valor de los gastos de administración.

15. Intereses moratorios.

16. Valor total a pagar.

17. Nombre, identificación, firma y matrícula profesional del contador y revisor fiscal.

18. Nombre, identificación y firma del representante legal.

PAR.—La Superintendencia Nacional de Salud establecerá mediante resolución de carácter general el diseño del formulario de declaración de los derechos de explotación, gastos de administración e intereses del juego de apuestas permanentes o chance.

(D. 1350/2003, art. 15)

ART. 2.7.2.5.6.—Compensación. Los concesionarios conforme a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 643 de 2001 o la norma que lo modifique o adicione, podrán solicitar a la entidad concedente la compensación de los mayores valores pagados como anticipo, liquidados a su favor en las declaraciones.

La solicitud de compensación deberá efectuarse dentro del mes siguiente a la fecha de la presentación de la declaración en la cual se generó el saldo a favor, acompañada de los siguientes documentos:

1. Copia de la declaración del período que evidenció el saldo a favor.

2. Copia de la declaración del período en que se liquidó y pagó el anticipo que generó el saldo a favor, así como del recibo del pago de la misma.

La solicitud de compensación deberá resolverse mediante resolución motivada suscrita por el representante legal de la entidad concedente, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su presentación en debida forma, acto que se notificará en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

De ser procedente, la resolución ordenará la compensación con cargo a los derechos de explotación del período o períodos subsiguientes a la fecha de ejecutoria del acto.

(D. 1350/2003, art. 16)

ART. 2.7.2.5.7.—Giro de los recursos del monopolio. Los derechos de explotación, los anticipos a título de derechos de explotación, los intereses de mora y los rendimientos financieros, constituyen rentas del monopolio y son de propiedad de las entidades territoriales.

Dichas rentas deberán ser giradas por las entidades concedentes a los respectivos fondos de salud departamentales y del Distrito Capital, dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes siguiente a su recaudo.

PAR.—El giro efectuado por la entidad concedente deberá ser comunicado al respectivo fondo de salud departamental o del Distrito Capital dentro de los (3) tres días siguientes a su realización, discriminando el valor por concepto de derechos de explotación, anticipos, rendimientos financieros e intereses moratorios.

(D. 1350/2003, art. 17)

ART. 2.7.2.5.8.—Giro directo a los fondos de salud de las entidades Territoriales. En caso de que las empresas que administren el juego de lotería tradicional tengan, por cualquier concepto, deudas pendientes por transferir a los correspondientes fondos de salud de las entidades territoriales, el concesionario del juego de apuestas permanentes o chance girará la rentabilidad del contrato directamente al respectivo fondo de salud, y a la lotería, lo correspondiente a los gastos de administración.

Para efectos de dar aplicación a esta norma, corresponderá al gobernador del departamento y al Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. en su condición de presidentes de la junta directiva de la entidad concedente, impartir la instrucción al concesionario para que gire directamente los recursos al fondo de salud respectivo con base en el informe generado por la Superintendencia Nacional de Salud.

(D. 3535/2005, art. 11)

ART. 2.7.2.5.9.—Intereses moratorios. De conformidad con los artículos 1º y 4º del Decreto-Ley 1281 de 2002 o las normas que los modifiquen o adicionen, los intereses moratorios que se causen por el incumplimiento de los plazos para el pago y giro de los derechos de explotación que deben efectuar los concesionarios a las entidades concedentes y estas al sector salud, se liquidarán por cada día calendario de retardo en el pago, a la tasa de interés moratorio prevista para los tributos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.

(D. 1350/2003, art. 18)

ART. 2.7.2.5.10.—Cobro coactivo. Los actos administrativos expedidos por las entidades concedentes del monopolio de apuestas permanentes o chance, en los cuales se determinen los derechos y sanciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones relativas al monopolio de apuestas permanentes o chance, serán exigibles por jurisdicción coactiva, conforme a lo previsto en el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a través de la respectiva entidad territorial beneficiaria de los recursos.

Las entidades concedentes dentro de los ocho (8) días siguientes a la ejecutoria de los actos administrativos, deberán remitirlos a la Alcaldía Mayor del Distrito Capital y en los departamentos a las respectivas gobernaciones, para que se adelante el proceso de cobro coactivo, si dentro de dicho término no han sido pagados por el concesionario.

(D. 1350/2003, art. 19)

CAPÍTULO 6

Inspección, vigilancia y control

ART. 2.7.2.6.1.—Modelo de Inspección, vigilancia y control. Con la información recaudada por el sistema implementado y por los demás instrumentos de control, la Superintendencia Nacional de Salud deberá realizar y desarrollar un modelo de inspección, vigilancia y control que permita determinar entre otros, el cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como el cumplimiento del régimen propio y de garantías al apostador.

(D. 4867/2008, art. 5º)

ART. 2.7.2.6.2.—Escrutinios. En ejercicio de las facultades de vigilancia y control del monopolio de los juegos de suerte y azar, la Superintendencia Nacional de Salud y las entidades administradoras del monopolio del orden departamental y del Distrito Capital, ejercerán las funciones de su competencia. Para el efecto, podrán, cuando lo estimen conveniente, estar presentes en los procesos de escrutinio realizados por los concesionarios de apuestas permanentes o chance, así mismo podrán solicitar la información que requieran sobre estos, para el ejercicio de su actividad de control.

Las entidades de vigilancia y control y las administradoras del monopolio en ejercicio de sus funciones, deberán observar las normas o condiciones de seguridad señaladas por el concesionario.

(D. 1350/2003, art. 23)

ART. 2.7.2.6.3.—Resultados de los juegos autorizados. Los resultados de los juegos autorizados distintos de la lotería tradicional, deberán ser publicados por el concesionario en un diario de circulación nacional o regional máximo a los dos (2) días siguientes de realizado el sorteo.

Igualmente, el concesionario debe remitir la respectiva información a la Superintendencia Nacional de Salud, en la oportunidad y condiciones que determine dicha entidad.

(D. 1350/2003, art. 24)

ART. 2.7.2.6.4.—Conexión con Superintendencia Nacional de Salud. A más tardar el 31 de diciembre de 2009 los concesionarios que realicen el juego de apuestas permanentes en línea y tiempo real tendrán que estar en conexión con la Superintendencia Nacional de Salud; en caso contrario, se dará aplicación a lo señalado en el artículo 2.7.2.6.10 del presente capítulo.

(D. 4867/2008, art. 2º)

ART. 2.7.2.6.5.—Condiciones técnicas y operativas de conexión. La Superintendencia Nacional de Salud deberá establecer un marco tecnológico que contenga la definición de las condiciones para el establecimiento de un sistema universal que permita la conexión de los concesionarios con dicha entidad teniendo en cuenta como mínimo, los siguientes parámetros:

1. Consideraciones técnicas.

a) Las transacciones (apuestas) realizadas por cada concesionario deben ser transmitidas al sistema central de información de la Superintendencia Nacional de Salud en línea y tiempo real;

b) Los enlaces de comunicación deben proveer alta disponibilidad y confiabilidad, se deben considerar en el diseño aspectos como redundancia y acuerdos de nivel de servicio;

c) El sistema debe ser lo menos intrusivo posible a la infraestructura que los concesionarios tienen instalada;

d) El sistema debe cumplir con las especificaciones suficientes de redundancia a nivel de la infraestructura, tales como Hardware, Software, data Center y personal calificado, entre otras;

e) El sistema debe soportar la carga actual de transacciones y debe ser escalable de manera que mantenga sus condiciones de operatividad y funcionalidad en la medida que aumente la cantidad de información transmitida hacia el sistema central de información;

f) El sistema debe garantizar la seguridad de la información transmitida extremo a extremo mediante técnicas de seguridad apropiadas de manera que la información no se vea comprometida ni sea susceptible de fraude;

g) La seguridad de la información transmitida entre los puntos de venta del concesionario y su infraestructura de información central será responsabilidad del concesionario, la Superintendencia Nacional de Salud establecerá esquemas de auditoría que le permitan hacer control de esta responsabilidad;

h) La seguridad de la información transmitida desde los concesionarios a la Superintendencia Nacional de Salud será garantizada por la entidad, los métodos de seguridad empleados para esto deben ser definidos a nivel de diseño del sistema y se deben implementar esquemas de auditoría para realizar control a este aspecto;

i) Deben definirse esquemas de seguridad física para los equipos del sistema a implementar de manera que no se vea comprometida su integridad ni operatividad;

j) En los casos en los cuales la entidad concedente haya implementado de acuerdo con las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Salud, la conexión con el concedente, la Superintendencia evaluará si el proceso desarrollado cumple con los requisitos definidos para el sistema a implementar. En todo caso, las nuevas concesiones deberán ajustarse al presente título y a la reglamentación del mismo;

k) El sistema a implementar debe contener funcionalidades que permitan, hacer consultas por diferentes vías, análisis en tiempo real de la información, generación de reportes, de datos estadísticos, entre otros, con el fin de que la información adquirida impacte de manera positiva en el desarrollo de las funciones de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud y de la entidad concedente cuando sea del caso.

2. Condiciones operativas.

a) El sistema a implementar debe evitar que se impacte de manera negativa las operaciones de los concesionarios, generando situaciones, tales como, retardos en las transacciones, sobrecarga de recurso en equipos y otras circunstancias que puedan afectar el juego de las apuestas permanentes;

b) El sistema no debe limitar la expansión del juego de chance, ni el otorgamiento de nuevas concesiones, se deben establecer mecanismos que permitan determinar su estado de integración, los riesgos técnicos y operativos que puedan presentarse. Así como permitir hacer las recomendaciones pertinentes para mitigarlos;

c) Sin perjuicio de la información que sea requerida y a las auditorías que puedan realizarse, la interacción del sistema con los concesionarios debe limitarse a la recepción de información sin interferir de manera alguna en el proceso de venta;

d) Adicional a la implementación de una solución de hardware y software que cumpla con los objetivos planteados para el sistema, la Superintendencia Nacional de Salud debe establecer un proceso de auditoría que permita hacer seguimiento a la operación de todos los elementos involucrados en el sistema, incluyendo los de los concesionarios y concedentes;

e) La Superintendencia Nacional de Salud podrá hacer uso de la infraestructura de canales de comunicación con los que cuenta el estado para la interconexión con los concesionarios, siempre y cuando, estos canales se presenten como una opción viable y cumplan con los parámetros de calidad y seguridad definidos para el sistema. La Superintendencia podrá contratar servicios e infraestructura que hagan parte del sistema (datacenters, data warehousing, auditoría, soporte técnico, etc.) siempre que se cumplan con los parámetros de diseño, calidad y seguridad requeridos;

f) La implementación del sistema estará sujeto a la penetración de la infraestructura de comunicaciones a nivel nacional, ya sea de operadores privados o de canales de comunicación del Estado;

g) Cuando exista falla en los elementos del sistema responsabilidad de la Superintendencia Nacional de Salud, esta no deberá afectar de manera alguna la operación de los concesionarios, para este efecto, la Superintendencia Nacional de Salud señalará el procedimiento a seguir.

(D. 4867/2008, art. 3º)

ART. 2.7.2.6.6.—Gastos conexión en línea. Los gastos que genere la conexión en línea y en tiempo real que sean responsabilidad de la Superintendencia Nacional de Salud, serán asumidos con recursos de la tasa creada por el artículo 98 de la Ley 488 de 1998 y la norma que lo modifique adicione o sustituya, los demás gastos serán sufragados directamente por el concesionario de apuestas permanentes.

(D. 4867/2008, art. 6º)

ART. 2.7.2.6.7.—Interventoría especial sobre explotación del juego de apuestas permanentes o chance. La Superintendencia Nacional de Salud deberá contratar a través de un proceso de licitación pública, una interventoría o interventorías que analicen las condiciones en que se ha contratado la concesión del juego de apuestas permanentes o chance, si ellas se ajustaron a las exigencias legales, la forma como las entidades concedentes manejan los recursos generados por la explotación del juego, los costos de dicha operación y los giros que realizan a los fondos territoriales de salud.

Igualmente, la interventoría como resultado de sus análisis formulará recomendaciones para prevenir las posibles desviaciones de los recursos hacia fines distintos de la salud.

Estas interventorías se financiarán con recursos de la tasa anual de supervisión y control, asignados a los concesionarios y operadores del juego de apuestas permanentes o chance en el decreto que anualmente establece la tasa y fija la tarifa que cancelan las diferentes clases de entidades vigiladas a la Superintendencia Nacional de Salud por concepto de inspección, vigilancia y control.

La Superintendencia Nacional de Salud presentará al Ministro de Salud y Protección Social un plan de implementación del programa de interventorías consultando las políticas sectoriales.

(D. 3535/2005, art. 5º)

ART. 2.7.2.6.8.—Información a los Gobernadores y al Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. La Superintendencia Nacional de Salud en el momento en que detecte alguna irregularidad en la contratación, o con ocasión de la operación del juego de apuestas permanentes o chance, o que los recursos que correspondan a la salud no se están girando en su monto u oportunidad, deberá poner en conocimiento del respectivo gobernador y el Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., según el caso, en su calidad de presidente de la junta directiva de la entidad administradora del juego, de estas situaciones con el fin de que se adopten las medidas correctivas necesarias para que los recursos se giren efectivamente a los fondos territoriales de salud.

Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que les cabe a los representantes legales de las entidades administradoras del juego, a los gobernadores y al Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., según el caso, por las omisiones en el giro oportuno y efectivo de los recursos que por concepto de la explotación de este juego le corresponde a la salud.

(D. 3535/2005, art. 7º)

ART. 2.7.2.6.9.—Sanciones. De conformidad con los artículos 44 y 55 de la Ley 643 de 2001 o la norma que los modifique o adicione, a los concesionarios y colocadores que incumplan con las normas que rigen la operación del juego de apuestas permanentes o chance, les serán aplicables las sanciones allí previstas, sin perjuicio de las demás establecidas en el contrato de concesión y en las normas pertinentes.

(D. 1350/2003, art. 20)

ART. 2.7.2.6.10.—Causal de terminación unilateral del contrato. Sin perjuicio de las sanciones penales y las demás a que hubiere lugar, cuando se evidencie que el concesionario ha efectuado apuestas fuera del sistema sin haber solicitado autorización de la Superintendencia Nacional de Salud, será causal de terminación unilateral del contrato.

(D. 4867/2008, art. 4º)

ART. 2.7.2.6.11.—Intervención o toma de posesión. Son causales para la intervención o toma de posesión de las empresas administradoras del monopolio, concesionarias de apuestas permanentes o chance, por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, de conformidad con lo previsto en el artículo 6º del Decreto 2462 de 2013 o la norma que lo modifique o adicione, las siguientes:

1. El no pago reiterado de premios.

2. Cuando el valor de los premios no cancelados supere los ingresos brutos obtenidos por venta de chance de cuatro (4) días del respectivo operador.

3. Por incumplimiento del plan de desempeño.

4. Cuando el administrador o el concesionario presente pérdidas durante tres (3) años seguidos.

5. Cuando la empresa administradora del monopolio, no transfiera en forma oportuna los recursos del monopolio al sector salud.

6. Cuando el concesionario incumpla reiteradamente con sus obligaciones de declarar y pagar los derechos de explotación y demás valores relacionados con la declaración.

7. Cuando las empresas estén explotando el monopolio, sin haber sido autorizadas por la entidad concedente.

8. Cuando se demuestre que el concesionario está ejerciendo prácticas no permitidas.

(D. 1350/2003, art. 25)

ART. 2.7.2.6.12.—Publicidad de los recursos a la salud generados por el juego de apuestas permanentes o chance. La Superintendencia Nacional de Salud publicará en la página web de la institución una relación mensual, por departamento y Distrito Capital, del valor recaudado en el sector de la salud por concepto de derechos de explotación del juego de apuestas permanentes o chance.

(D. 3535/2005, art.12)

TÍTULO 3

Rifas

ART. 2.7.3.1.—Definición. La rifa es una modalidad de juego de suerte y azar mediante la cual se sortean en fecha predeterminada, premios en especie entre quienes hubieren adquirido o fueren poseedores de una o varias boletas emitidas con numeración en serie continua y puestas en venta en el mercado a precio fijo por un operador previa y debidamente autorizado.

Toda rifa se presume celebrada a título oneroso.

(D. 1968/2001, art. 1º)

ART. 2.7.3.2.—Prohibiciones. Están prohibidas las rifas de carácter permanente, entendidas como aquellas que realicen personas naturales o jurídicas, por sí o por interpuesta persona, en más de una fecha del año calendario, para uno o varios sorteos y para la totalidad o parte de los bienes o premios a que se tiene derecho a participar por razón de la rifa. Se considera igualmente de carácter permanente toda rifa establecida o que se establezca como empresa organizada para tales fines, cualquiera que sea el valor de los bienes a rifar y sea cual fuere el número de establecimientos de comercio por medio de los cuales la realice.

Las boletas de las rifas no podrán contener series, ni estar fraccionadas.

Se prohíbe la rifa de bienes usados y las rifas con premios en dinero.

Están prohibidas las rifas que no utilicen los resultados de la lotería tradicional para la realización del sorteo.

PAR. —(Nota: Adicionado por el Decreto 176 de 2017 artículo 10 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(D. 1968/2001, art. 2º)

ART. 2.7.3.3.—Competencia para la explotación y autorización de las rifas. Corresponde a los municipios y al Distrito Capital la explotación de las rifas que operen dentro de su jurisdicción.

Cuando las rifas operen en más de un municipio de un mismo departamento o en un municipio y el Distrito Capital, su explotación corresponde al departamento, por intermedio de la respectiva Sociedad de Capital Público Departamental (SCPD).

Cuando la rifa opere en dos o más departamentos o en un departamento y el Distrito Capital, la explotación le corresponde a la empresa industrial y comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar Coljuegos.

PAR. —(Nota: Adicionado por el Decreto 176 de 2017 artículo 11 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(D. 1968/2001, art. 3º)

ART. 2.7.3.4.—Modalidad de operación de las rifas. Las rifas solo podrán operar mediante la modalidad de operación a través de terceros, previa autorización de la autoridad competente.

En consecuencia, no podrá venderse, ofrecerse o realizarse rifa alguna que no esté previa y debidamente autorizada mediante acto administrativo expedido por la autoridad competente.

(D. 1968/2001, art. 4º)

ART. 2.7.3.5.—Requisitos para la operación. Toda persona natural o jurídica que pretenda operar una rifa, deberá con una anterioridad no inferior a cuarenta y cinco (45) días calendario a la fecha prevista para la realización del sorteo, dirigir de acuerdo con el ámbito de operación territorial de la rifa, solicitud escrita a la respectiva entidad de que trata el artículo 2.7.3.3 del presente título, en la cual deberá indicar:

1. Nombre completo o razón social y domicilio del responsable de la rifa.

2. Si se trata de personas naturales adicionalmente, se adjuntará fotocopia legible de la cédula de ciudadanía así como del certificado judicial del responsable de la rifa; y tratándose de personas jurídicas, a la solicitud se anexará el certificado de existencia y representación legal, expedido por la correspondiente cámara de comercio.

3. Nombre de la rifa.

4. Nombre de la lotería con la cual se verificará el sorteo, la hora, fecha y lugar geográfico, previsto para la realización del mismo.

5. Valor de venta al público de cada boleta.

6. Número total de boletas que se emitirán.

7. Número de boletas que dan derecho a participar en la rifa.

8. Valor del total de la emisión, y

9. Plan de premios que se ofrecerá al público, el cual contendrá la relación detallada de los bienes muebles, inmuebles y/o premios objeto de la rifa, especificando su naturaleza, cantidad y valor comercial incluido el IVA.

(D. 1968/2001, art. 5º)

ART. 2.7.3.6.—Requisitos para la autorización. La solicitud presentada ante la autoridad competente de que trata el artículo anterior, deberá acompañarse de los siguientes documentos:

1. Comprobante de la plena propiedad sin reserva de dominio, de los bienes muebles e inmuebles o premios objeto de la rifa, lo cual se hará conforme con lo dispuesto en las normas legales vigentes.

2. Avalúo comercial de los bienes inmuebles y facturas o documentos de adquisición de los bienes muebles y premios que se rifen.

3. Garantía de cumplimiento contratada con una compañía de seguros constituida legalmente en el país, expedida a favor de la entidad concedente de la autorización. El valor de la garantía será igual al valor total del plan de premios y su vigencia por un término no inferior a cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de realización del sorteo.

4. Texto de la boleta, en el cual deben haberse impreso como mínimo los siguientes datos:

a) El número de la boleta;

b) El valor de venta al público de la misma;

c) El lugar, la fecha y hora del sorteo;

d) El nombre de la lotería tradicional o de billetes con la cual se realizará el sorteo;

e) El término de la caducidad del premio;

f) El espacio que se utilizará para anotar el número y la fecha del acto administrativo que autorizará la realización de la rifa;

g) La descripción de los bienes objeto de la rifa, con expresión de la marca comercial y si es posible, el modelo de los bienes en especie que constituye cada uno de los premios;

h) El valor de los bienes en moneda legal colombiana;

i) El nombre, domicilio, identificación y firma de la persona responsable de la rifa;

j) El nombre de la rifa;

k) La circunstancia de ser o no pagadero el premio al portador.

5. Texto del proyecto de publicidad con que se pretenda promover la venta de boletas de la rifa, la cual deberá cumplir con el manual de imagen corporativa de la autoridad que autoriza su operación.

6. Autorización de la lotería tradicional o de los billetes cuyos resultados serán utilizados para la realización del sorteo.

PAR. —(Nota: Adicionado por el Decreto 176 de 2017 artículo 12 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(D. 1968/2001, art. 6º)

ART. 2.7.3.7.—Pago de los derechos de explotación. Al momento de la autorización, la persona gestora de la rifa deberá acreditar el pago de los derechos de explotación equivalentes al catorce por ciento (14%) de los ingresos brutos, los cuales corresponden al ciento por ciento (100%) del valor de las boletas emitidas.

Realizada la rifa se ajustará el pago los derechos de explotación al valor total de la boletería vendida.

PAR. —(Nota: Adicionado por el Decreto 176 de 2017 artículo 13 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(D. 1968/2001, art. 7º)

ART. 2.7.3.8.—Realización del sorteo. El día hábil anterior a la realización del sorteo, el organizador de la rifa deberá presentar ante la autoridad competente que concede la autorización para la realización del juego, las boletas emitidas y no vendidas; de lo cual, se levantará la correspondiente acta y a ella se anexarán las boletas que no participan en el sorteo y las invalidadas. En todo caso, el día del sorteo, el gestor de la rifa, no puede quedar con boletas de la misma.

Los sorteos deberán realizarse en las fechas predeterminadas, de acuerdo con la autorización proferida por la autoridad concedente.

Si el sorteo es aplazado, la persona gestora de la rifa deberá informar de esta circunstancia a la entidad concedente, con el fin de que esta autorice nueva fecha para la realización del sorteo; de igual manera, deberá comunicar la situación presentada a las personas que hayan adquirido las boletas y a los interesados, a través de un medio de comunicación local, regional o nacional, según el ámbito de operación de la rifa.

En estos eventos, se efectuará la correspondiente prórroga a la garantía de que trata el artículo 2.7.3.6 del presente título.

(D. 1968/2001, art. 8º)

ART. 2.7.3.9.—Obligación de sortear el premio. El premio o premios ofrecidos deberán rifarse hasta que queden en poder del público. En el evento que el premio o premios ofrecidos no queden en poder del público en la fecha prevista para la realización del sorteo, la persona gestora de la rifa deberá observar el procedimiento señalado en los incisos 3º y 4º del artículo anterior.

(D. 1968/2001, art. 9º)

ART. 2.7.3.10.—Entrega de premios. La boleta ganadora se considera un título al portador del premio sorteado, a menos que el operador lleve un registro de los compradores de cada boleta, con talonarios o colillas, caso en el cual la boleta se asimila a un documento nominativo; verificada una u otra condición según el caso, el operador deberá proceder a la entrega del premio inmediatamente.

(D. 1968/2001, art. 10)

ART. 2.7.3.11.—Verificación de la entrega del premio. La persona natural o jurídica titular de la autorización para operar una rifa deberá presentar ante la autoridad concedente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la entrega de los premios, la declaración jurada ante notario por la persona o personas favorecidas con el premio o premios de la rifa realizada en la cual conste que recibieron los mismos a entera satisfacción. La inobservancia de este requisito le impide al interesado tramitar y obtener autorización para la realización de futuras rifas.

PAR. —(Nota: Adicionado por el Decreto 176 de 2017 artículo 14 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(D. 1968/2001, art. 11)

ART. 2.7.3.12.—Valor de la emisión y del plan de premios. El valor de la emisión de las boletas de una rifa, será igual al ciento por ciento (100%) del valor de las boletas emitidas. El plan de premios será como mínimo igual al cincuenta por ciento (50%) del valor de la emisión.

PAR. 1°—Los actos administrativos que se expidan por las autoridades concedentes de las autorizaciones a que se refiere el presente título, son susceptibles de los recursos en la vía gubernativa previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para las actuaciones administrativas. Los actos de trámite o preparatorios no están sujetos a recursos.

PAR. 2°—(Nota: Adicionado por el Decreto 176 de 2017 artículo 15 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(D. 1968/2001, art. 12)

TÍTULO 4

Juegos promocionales

ART. 2.7.4.1.—Solicitud de autorización. Las personas naturales o jurídicas que pretendan organizar y operar juegos de suerte y azar con el fin de publicitar o promocionar bienes o servicios, establecimientos, empresas o entidades, en los cuales se ofrezca un premio al público, sin que para acceder al juego se pague directamente, deberán previamente solicitar y obtener autorización de las entidades competentes.

(D. 493/2001, art. 1º)

ART. 2.7.4.2.—Autorización para la operación de juegos promocionales. Las personas naturales o jurídicas, que pretendan organizar y operar juegos de suerte y azar promocionales, deberán previamente solicitar y obtener autorización de la empresa industrial y comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de Juegos de Suerte y Azar Coljuegos, cuando el juego sea de carácter nacional. Cuando el juego sea de carácter departamental, distrital o municipal, la autorización deberá solicitarse a la Sociedad de Capital Público Departamental, SCPD en cuya jurisdicción vaya a operar el juego.

Para estos efectos, se entiende que un juego promocional es de carácter nacional, cuando el mismo se opera en la jurisdicción de dos o más departamentos, bien sea que cobije a todo el departamento, o solamente a algunos de sus municipios y distritos. Por el contrario, un juego promocional es de carácter departamental, cuando su operación se realiza únicamente en jurisdicción de un solo departamento y es de carácter distrital o municipal, cuando opera únicamente en jurisdicción de un solo distrito o municipio.

(D. 493/2001, art. 2º)

ART. 2.7.4.3.—(Modificado).* Requisitos de la solicitud de autorización. Las solicitudes de autorización para la operación de juegos promocionales deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. La solicitud deberá presentarse por escrito, con una anticipación no inferior a diez (10) días calendario a la fecha propuesta para la realización del sorteo o sorteos, acompañada del certificado de existencia y representación legal si se trata de personas jurídicas y el certificado de autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia para las entidades financieras y aseguradoras.

2. Los planes de premios deberán contar con la respectiva justificación técnica y económica, el lugar y el calendario de realización de los sorteos.

3. Acompañar con la solicitud de autorización las facturas de compra, promesa de contrato de compraventa o certificado de matrícula inmobiliaria según el caso, de los bienes, servicios o elementos que componen el plan de premios o en su defecto, cotización de los mismos con un certificado de disponibilidad que garantice el pago de plan de premios.

4. La manifestación expresa según la cual, en caso de obtener concepto previo y favorable a la solicitud de autorización, se obliga a constituir una garantía de cumplimiento a favor de la empresa industrial y comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar Coljuegos, o de la respectiva Sociedad de Capital Público Departamental, SCPD, según el ámbito de operación del juego, en cuantía igual al valor total del plan de premios ofrecido, con una vigencia mínima desde la fecha prevista para el primer sorteo y hasta dos (2) meses después del último sorteo. En la eventualidad de tener que realizar sorteos adicionales hasta que los premios queden en poder del público, la garantía de cumplimiento deberá prorrogarse.

5. En toda solicitud deberá incluirse el proyecto de pauta publicitaria, la cual se ceñirá al manual de imagen corporativa de la empresa industrial y comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar Coljuegos, o de la respectiva Sociedad de Capital Público Departamental, SCPD.

(D. 493/2001, art. 3º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 2104 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.7.4.4.—Valor del plan de premios. El valor total del plan de premios deberá estimarse por su valor comercial, incluido el IVA. Así mismo, cuando se ofrezcan premios en los cuales la persona natural o jurídica que realiza el sorteo promocional asume el pago de los impuestos correspondientes, el valor de dicho impuesto o impuestos deberá adicionarse al valor comercial del plan de premios, para efecto de cálculo de los derechos de explotación.

(D. 493/2001, art. 4º)

ART. 2.7.4.5.—(Modificado).* Trámite de la solicitud. Recibida la solicitud, la empresa industrial y comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar Coljuegos, o la respectiva Sociedad de Capital Público Departamental, SCPD, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes y previo estudio técnico, jurídico y económico emitirá concepto sobre la viabilidad de la autorización y la comunicará al interesado con el fin de que este constituya la garantía de cumplimiento y cancele el valor de los derechos de explotación y gastos de administración.

Acreditada la constitución de la garantía de cumplimiento en los términos y condiciones señalados en el presente título y el pago de los derechos de explotación y gastos de administración, la empresa industrial y comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar Coljuegos, o la respectiva Sociedad de Capital Público Departamental, SCPD, notificará al interesado el acto administrativo mediante el cual se otorga la autorización, cuyo término o vigencia en ningún caso podrá ser superior a un (1) año, haciéndole entrega de copia íntegra y auténtica de la misma.

PAR.—No podrá iniciarse la publicidad del juego de suerte y azar promocional antes de obtener la respectiva autorización.

(D. 493/2001, art. 5º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 2104 de 2016 artículo 2° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.7.4.6.—(Modificado).* Concepto desfavorable y desistimiento. Si del examen de la solicitud de autorización la empresa industrial y comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar Coljuegos, o la respectiva Sociedad de Capital Público Departamental, SCPD, emite concepto desfavorable, así lo hará conocer al interesado mediante acto administrativo susceptible de recursos. Ejecutoriada la decisión devolverá la documentación suministrada, si es el caso.

Cuando del examen de la solicitud de autorización la empresa industrial y comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar Coljuegos, o la respectiva Sociedad de Capital Público Departamental, SCPD, establezca que está incompleta o que requiere aclaración, así lo comunicará al interesado señalándole un plazo prudencial para que la complete o aclare, vencido el cual sin que esta haya sido allegada, se entenderá que ha desistido. Lo anterior no impide la presentación de posteriores solicitudes.

(D. 493/2001, art. 6º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 2104 de 2016 artículo 3° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.7.4.7.—Modificación del calendario de sorteos. En el evento en el cual la persona autorizada para realizar los sorteos promocionales no pudiera adelantarlos en la fecha o fechas previstas en el calendario de sorteos, por presentarse fuerza mayor o caso fortuito, deberá informarlo inmediatamente a la empresa industrial y comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar Coljuegos, o a la respectiva Sociedad de Capital Público Departamental, SCPD, acreditando las circunstancias que impidieron la realización del sorteo y señalando la fecha en que éste se realizará.

La empresa industrial y comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar Coljuegos, o la respectiva Sociedad de Capital Público Departamental, SCPD, previo análisis de las circunstancias expuestas por el gestor del juego, decidirá mediante acto administrativo. En el evento que del estudio de las circunstancias aducidas por el gestor del juego, la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar Coljuegos, o la respectiva Sociedad de Capital Público Departamental, SCPD, establezca que estas no obedecen a fuerza mayor o caso fortuito, ordenará mediante acto administrativo la realización del sorteo señalando la fecha, caso en el cual el gestor del juego deberá cancelar el valor de los derechos de explotación correspondiente al plan de premios de dicho sorteo, sin perjuicio del pago de los gastos de administración.

(D. 493/2001, art. 7º)

ART. 2.7.4.8.—Premios en dinero y en especie. Con excepción de los juegos promocionales que se autoricen a las entidades financieras y aseguradoras, no se podrán ofrecer o entregar premios en dinero. En consecuencia, los premios deberán consistir en bienes muebles o inmuebles o servicios. Se excluyen de los bienes muebles, los títulos valores y similares.

(D. 493/2001, art. 8º)

ART. 2.7.4.9.—Autorizaciones y regulaciones especiales. Cuando para la realización de los juegos de suerte y azar promocionales se pretenda utilizar el nombre, la marca o los resultados de otros juegos, el interesado deberá acompañar con la solicitud de permiso para la operación, la autorización de uso de los derechos, suscrita por el titular.

Además de lo señalado en el presente título, las entidades pertenecientes al sector financiero y asegurador deberán cumplir con lo dispuesto por el parte 2, libro 24, título 1 del Decreto 2555 de 2010.

(D. 493/2001, art. 9º)

ART. 2.7.4.10.—(Modificado).* Plazo para la entrega de premios. De acuerdo con lo previsto en el artículo 5º de la Ley 643 de 2001, los premios promocionales deberán entregarse en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de realización del sorteo respectivo. A los sorteos de los juegos de suerte y azar promocionales deberá asistir un delegado de la primera autoridad administrativa del lugar donde éste se realice. De la diligencia de los sorteos y de la de entrega de premios, deberán levantarse las actas correspondientes y enviarlas a la empresa industrial y comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar Coljuegos, o a la respectiva Sociedad de Capital Público Departamental, SCPD, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que se surtan.

(D. 493/2001, art. 10)

*(Nota: Modificado por el Decreto 2104 de 2016 artículo 4° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.7.4.11.—(Derogado).* Aplicación restrictiva de las excepciones. Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar juegos de suerte y azar promocionales que considere se encuentra dentro de las excepciones previstas en el inciso tercero del artículo 5º de la Ley 643 de 2001, deberá solicitar y obtener de la empresa industrial y comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar Coljuegos, o de la respectiva Sociedad de Capital Público Departamental, SCPD, según el ámbito de operación de que se trate, concepto mediante el cual se establezca dicha circunstancia, para lo cual deberá acreditar los requisitos establecidos en la citada disposición.

(D. 493/2001, art. 11)

*(Nota: Derogado por el Decreto 2104 de 2016 artículo 5° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

TÍTULO 5

Juegos de suerte y azar localizados

ART. 2.7.5.1.—Ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente título se aplicarán a Coljuegos y a las personas jurídicas que operen el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar localizados.

(D. 1278/2014, art. 1º)

ART. 2.7.5.2.—Requisitos para la operación. Podrán operar los juegos de suerte y azar localizados las personas jurídicas que obtengan autorización de Coljuegos y suscriban el correspondiente contrato de concesión.

(D. 1278/2014, art. 2º)

ART. 2.7.5.3.—(Modificado)*. Autorización. Para efectos de la autorización señalada en el artículo anterior del presente título, se deberá acreditar ante Coljuegos el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Demostrar la tenencia legal de los equipos y elementos utilizados para la operación de los juegos.

2. Obtener concepto previo favorable expedido por el alcalde del municipio donde operará el juego, referido a las condiciones que se establezcan en los planes de ordenamiento territorial o esquemas de ordenamiento territorial según corresponda, especialmente en lo relativo al uso de suelos, ubicación y distancia mínima que se respetará respecto de las instituciones educativas.

3. Los que establezca Coljuegos respecto al número mínimo y/o máximo de elementos que se pueden operar por local comercial, número mínimo de elementos que se pueden operar por contrato, las actividades comerciales o de servicios compatibles con la operación de los juegos localizados en los locales comerciales y las demás condiciones técnicas que sean consideradas necesarias para la efectiva operación de cada tipo de juego localizado.

PAR. 1º—La definición del número de elementos mínimo y/o máximo que se pueden operar por local comercial y las actividades comerciales que pueden ser combinadas con la operación de cada tipo de juego localizado, deberá hacerse con observancia de aspectos que incorporen medidas de control para los elementos de juego autorizados.

PAR. 2º—Mientras Coljuegos establece los mínimos de elementos de cada tipo de juego localizado por local comercial, se aplicarán los siguientes:

Ítem
Número de habitantes por municipio
Elementos de juego
1
500.001 en adelante
20
2
100.001 a 500.000
16
3
50.001 a 100.000
13
4
25.001 a 50.000
11
5
10.001 a 25.000
7
6
menos de 10.000
3

PAR. 3º—Mientras Coljuegos establece las actividades comerciales o de servicios que pueden combinarse con la operación de cada tipo de juego localizado, estos deberán operarse en locales comerciales cuya actividad principal sea la de juegos de suerte y azar, y las máquinas tragamonedas deberán operar en locales comerciales cuya objeto principal sea la operación de este tipo de juegos o de manera compartida con otro tipo de juegos localizados.

(D. 1278/2014, art. 3º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1580 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.7.5.4.—Del contrato de concesión. Una vez en firme el acto administrativo de otorgamiento de la autorización para la operación a través de terceros de los juegos de suerte y azar localizados de que trata el presente título, se procederá a la suscripción del contrato de concesión, el cual se regirá en su orden por lo dispuesto en las leyes 643 de 2001, 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios y en las demás normas que las adicionen o modifiquen, así como por lo que disponga Coljuegos, para la adecuada ejecución del objeto contractual.

(D. 1278/2014, art. 4º)

ART. 2.7.5.5.—Término para la suscripción del contrato de concesión. En el acto de autorización se señalará la fecha límite para la suscripción del contrato. Cuando sin justa causa el autorizado no suscriba el respectivo contrato en dicho plazo, el acto de autorización perderá sus efectos. Hasta tanto no se suscriba y se cumplan los requisitos de ejecución del contrato de que trata el artículo anterior del presente título, no podrá iniciarse la operación del juego.

(D. 1278/2014, art. 5º)

ART. 2.7.5.6.—Declaración, liquidación y pago de los derechos de explotación, gastos de administración e intereses moratorios. Dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, los operadores autorizados, con base en el formulario de declaración, liquidación y pago, deberán efectuar el pago de los derechos de explotación, gastos de administración e intereses moratorios a que hubiere lugar, en los bancos y/o entidades financieras autorizados por Coljuegos.

Dentro del mismo término, presentarán ante Coljuegos, debidamente diligenciado, el formulario de declaración, liquidación y pago, y el respectivo comprobante de consignación.

PAR. 1º—Coljuegos adoptará mediante acto administrativo los requisitos que considere necesarios para la liquidación, declaración y pago de los derechos de explotación, gastos de administración e intereses moratorios y mantendrá en su página electrónica el formulario de declaración, liquidación y pago.

PAR. 2º—Para efectos del presente título y tratándose de los demás juegos localizados a que se hace referencia en el numeral 5º del artículo 34 de la Ley 643 de 2001, los ingresos brutos que sirven de base para la liquidación de los derechos de explotación y gastos de administración corresponden al valor total de las apuestas realizadas sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA).

(D. 1278/2014, art. 6º)

ART. 2.7.5.7.—Garantías. El operador deberá constituir a favor de la empresa industrial y comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos), por intermedio de una compañía de seguros o de un banco legalmente establecido en Colombia, una garantía única que ampare como mínimo los siguientes riesgos:

a) De cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato de concesión, para la operación de juegos de suerte y azar localizados y del pago de las sanciones que se le llegaren a imponer al concesionario, incluyendo en ellas el pago de multas y la cláusula penal pecuniaria, que ampare por lo menos el quince (15%) del valor del contrato y una vigencia igual a la de este más el término establecido para su liquidación;

b) De salarios y prestaciones sociales que ampare por lo menos el cinco por ciento (5%) del valor del contrato y una vigencia igual a la del mismo y tres (3) años más;

c) De pago de premios a los apostadores que ampare por lo menos el cinco por ciento (5%) del valor del contrato de concesión y una vigencia igual a la de aquel más el término establecido para su liquidación.

PAR.—La indivisibilidad de la garantía en los contratos de concesión para la operación de juegos de suerte y azar localizados, no se regirá por lo dispuesto sobre la materia en título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de Planeación Nacional y en su lugar, los operadores podrán constituir la garantía por anualidades, caso en el cual, el monto del amparo se calculará sobre el valor total del contrato para el primer año y, para los años subsiguientes, por el saldo total del contrato que falte por ejecutar, con la obligación del operador de renovar las garantías tres meses antes de su vencimiento y en los términos del presente artículo.

(D. 1278/2014, art. 7º)

ART. 2.7.5.8.—Giro de los recursos del monopolio. Constituyen rentas del monopolio cedidas por la Nación a las entidades territoriales, los derechos de explotación, los intereses de mora y los rendimientos financieros, provenientes de la operación de los juegos de suerte y azar localizados a que se refiere este título.

Dichas rentas deberán ser giradas mensualmente por Coljuegos a los municipios y al Distrito Capital, en los términos establecidos en los artículos 32 de la Ley 643 de 2001, 2.7.9.1.6 del título 9 de la presente parte y numeral 2º del artículo 2º del Decreto 4962 de 2011, o las normas que los modifiquen, adicionen o compilen. Igualmente, remitirá dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de consignación de los recursos, el informe de que trata el Decreto 1659 de 2002.

(D. 1278/2014, art. 8º)

ART. 2.7.5.9.—Función de Policía Judicial. De conformidad con las facultades otorgadas en la Ley 643 de 2001, Coljuegos ejercerá las funciones previstas en el numeral cuatro del artículo 202 de la Ley 906 de 2004.

PAR.—En desarrollo de estas funciones, Coljuegos, dentro del ámbito de su competencia, realizará las actividades tendientes a brindar el apoyo necesario a las autoridades de investigación en la recolección del material probatorio y su aseguramiento para el desarrollo eficaz de la investigación y actuará coordinadamente con dichas autoridades en los casos que se considere pertinente.

(D. 1278/2014, art. 9º)

TÍTULO 6

Apuestas en eventos deportivos, gallísticos, caninos y similares

ART. 2.7.6.1.—Ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente título se aplican a las apuestas en eventos deportivos, gallísticos, caninos, y similares de que trata el artículo 36 de la Ley 643 de 2001, operados a través de terceros.

(D. 2482/2003, art. 1º)

ART. 2.7.6.2.—Operación a través de terceros. La operación del juego de apuestas en eventos deportivos, gallísticos, caninos, y similares, a través de terceros, es aquella que se realiza por personas jurídicas, mediante contratos de concesión celebrados con la empresa industrial y comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar Coljuegos, en los términos de la Ley 80 de 1993.

(D. 2482/2003, art. 2º)

ART. 2.7.6.3.—Reglamento del juego. Con anterioridad a la iniciación del proceso contractual que tiene como fin escoger al concesionario, será necesario que exista el reglamento correspondiente a cada modalidad de juego, aprobado y expedido por la empresa industrial y comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de Juegos de Suerte y Azar Coljuegos.

Dicho reglamento, determinará el monto de los derechos de explotación aplicable a cada juego, el cual en ningún caso podrá ser inferior al diecisiete por ciento (17%) de los ingresos brutos del juego, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 643 de 2001.

(D. 2482/2003, art. 3º)

ART. 2.7.6.4.—Derechos de explotación. Para la liquidación de los derechos de explotación, se entiende por ingresos brutos del juego, el valor total de las apuestas sin incluir el valor del impuesto sobre las ventas.

(D. 2482/2003, art. 4º)

ART. 2.7.6.5.—Gastos de administración y operación. Los operadores de los juegos de que trata el presente título, deberán pagar a título de gastos de administración un porcentaje no superior al uno por ciento (1%) de los derechos de explotación, o aquel porcentaje que por ley posterior se determine.

(D. 2482/2003, art. 5º)

ART. 2.7.6.6.—Declaración, liquidación y pago de los derechos de explotación, de los gastos de administración y de los intereses moratorios. Dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, en el formulario oficial que para el efecto emita la empresa industrial y comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar Coljuegos, el operador deberá declarar y liquidar ante esta, los derechos de explotación y los gastos de administración, causados en el mes anterior, así como los intereses moratorios a que hubiere lugar.

Dentro del mismo término, el operador deberá consignar a la empresa industrial y comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar Coljuegos, los valores liquidados en los bancos y entidades financieras autorizadas.

(D. 2482/2003, art. 6º)

ART. 2.7.6.7.—Formulario de declaración, liquidación y pago de los derechos de explotación y gastos de administración. El formulario de declaración, liquidación y pago de los derechos de explotación y gastos de administración, contendrá como mínimo lo siguiente:

1. Razón social del operador.

2. Número de identificación tributaria.

3. Dirección del domicilio social del operador.

4. Número del contrato de concesión y fecha de suscripción.

5. Mes y año al cual corresponde la declaración.

6. Valor de los ingresos brutos.

7. Valor de los derechos de explotación.

8. Valor de los gastos de administración.

9. Intereses moratorios.

10. Valor total a pagar.

11. Nombre, identificación, firma y matrícula profesional del contador o revisor fiscal.

12. Nombre, identificación y firma del representante legal.

PAR.—El operador deberá adjuntar como anexo al formulario, el respectivo comprobante de consignación de los derechos de explotación, gastos de administración e intereses moratorios.

(D. 2482/2003, art. 7º)

ART. 2.7.6.8.—Giro de los recursos del monopolio. Constituyen rentas del monopolio y son de propiedad de las entidades territoriales, los derechos de explotación, los intereses de mora y los rendimientos financieros, provenientes de la operación de los juegos a que se refiere este título.

Dichas rentas, deberán ser giradas por la empresa industrial y comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar Coljuegos, dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes siguiente a su recaudo, a los fondos de salud departamentales, distritales y municipales, en la proporción y condiciones establecidas en el capítulo 1 del título 9 de la presente parte.

Igualmente, remitirá dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de consignación de los recursos el informe recursos el informe sobre distribución y giros de que trata el citado capítulo 1 del título 9.

(D. 2482/2003, art. 8º)

TÍTULO 7

Modalidad de juegos novedosos

ART. 2.7.7.1.—Ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente título se aplican a los juegos novedosos de que trata el artículo 38 de la Ley 643 de 2001, operados a través de terceros.

(D. 2121/2004, art. 1º)

ART. 2.7.7.2.—Operación a través de terceros. La operación de los juegos novedosos a través de terceros, es aquella que se realiza por personas jurídicas, mediante contratos de concesión celebrados con ellas por la empresa industrial y comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar Coljuegos, en los términos definidos por la Ley de Régimen Propio de los Juegos de Suerte y Azar, el estatuto general de contratación de la administración pública y las normas reglamentarias de dichos ordenamientos o las disposiciones que las modifiquen o sustituyan.

(D. 2121/2004, art. 2º)

ART. 2.7.7.3.—Reglamento del juego. Con anterioridad a la iniciación del proceso contractual que tiene como fin escoger al concesionario, será necesario que exista el reglamento correspondiente a cada modalidad de juego, aprobado y expedido por la empresa industrial y comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de Juegos de Suerte y Azar Coljuegos.

El reglamento determinará el monto de los derechos de explotación aplicable a cada juego, el cual en ningún caso podrá ser inferior al diecisiete (17%) de los ingresos brutos del juego, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 643 de 2001.

(D. 2121/2004, art. 3º)

ART. 2.7.7.4.—Liquidación de los derechos de explotación. Ingresos brutos. Para la liquidación de los derechos de explotación, se entienden por ingresos brutos del juego, el valor total de las apuestas sin incluir el valor del impuesto sobre las ventas.

(D. 2121/2004, art. 4º)

ART. 2.7.7.5.—Gastos de administración reconocidos a Coljuegos. Los concesionarios de los juegos de que trata el presente título, deberán pagar a Coljuegos a título de gastos de administración un porcentaje definido por Coljuegos no superior al uno por ciento (1%) de los derechos de explotación o aquel porcentaje que por ley posterior se determine.

(D. 2121/2004, art. 5º)

ART. 2.7.7.6.—Declaración, liquidación y pago de los derechos de explotación, de los gastos de administración y de los intereses moratorios. Dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, en el formulario oficial que para el efecto suministre la empresa industrial y comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar Coljuegos, el operador deberá declarar y liquidar ante esta, los derechos de explotación, los gastos de administración y los intereses moratorios a que hubiere lugar.

Dentro del mismo término, el concesionario deberá consignar a la empresa industrial y comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar Coljuegos, los valores liquidados en los bancos y entidades financieras autorizadas.

(D. 2121/2004, art. 6º)

ART. 2.7.7.7.—Formulario de declaración, liquidación y pago de los derechos de explotación, gastos de administración e intereses. El formulario de declaración, liquidación y pago de los derechos de explotación y gastos de administración, contendrá como mínimo lo siguiente:

1. Razón social del operador.

2. Número de identificación tributaria.

3. Dirección del domicilio social del operador.

4. Número del contrato de concesión y fecha de suscripción.

5. Mes y año al cual corresponde la declaración.

6. Valor de los ingresos brutos.

7. Valor de los derechos de explotación.

8. Valor de los gastos de administración.

9. Intereses moratorios.

10. Valor total a pagar.

11. Nombre, identificación, firma y matrícula profesional del contador o revisor fiscal.

12. Nombre, identificación y firma del representante legal.

PAR.—El concesionario deberá adjuntar como anexo al formulario, el respectivo comprobante de consignación de los derechos de explotación, gastos de administración e intereses moratorios.

(D. 2121/2004, art. 7º)

ART. 2.7.7.8.—Giro de recursos del monopolio. Constituyen rentas del monopolio y son de propiedad de las entidades territoriales, los derechos de explotación, los intereses de mora y los rendimientos financieros, provenientes de la operación de los juegos a que se refiere el presente título.

Estas rentas, deberán ser giradas por la empresa industrial y comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar Coljuegos, dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes siguiente a su recaudo, a los fondos de salud departamentales, distritales y municipales, en la proporción y condiciones establecidas en el capítulo 1 del título 9 de la presente parte.

Igualmente, remitirá dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de consignación de los recursos el informe sobre distribución y giros de que trata el citado capítulo 1 del título 9.

(D. 2121/2004, art. 8º)

TÍTULO 8

Fiscalización y control a la explotación de juegos de suerte y azar

ART. 2.7.8.1.—Facultades de fiscalización y control a la explotación de juegos de suerte y azar. Sin perjuicio de las facultades propias de la Superintendencia Nacional de Salud, corresponde a los municipios, al Distrito Capital, a los departamentos y a las demás entidades administradoras de juegos de suerte y azar de que trata la Ley 643 de 2001, ejercer oportuna y efectivamente las facultades de fiscalización y control previstas en los artículos 4º, 43 y 44 del mencionado estatuto, teniendo en cuenta la competencia funcional de la respectiva entidad administradora y el ámbito territorial en el cual se opera la respectiva modalidad de juegos de suerte y azar, así como imponer las sanciones correspondientes, a fin de evitar la explotación ilegal de juegos de suerte y azar, la proliferación de juegos no autorizados y en general de prácticas contrarias al régimen propio del monopolio. La omisión o extralimitación en el ejercicio de dichas facultades compromete la responsabilidad personal e institucional de las referidas entidades de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política y en la ley.

(D. 4643/2005, art. 8º)

ART. 2.7.8.2.—Manuales y protocolos de fiscalización. El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar adoptará los manuales y protocolos que deben aplicar todas las entidades territoriales que exploten, administren u operen el monopolio rentístico de juegos de suerte y azar, para el ejercicio de la función de fiscalización a que haya lugar, los cuales se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que establece el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(D. 2341/2012, art. 3º)

TÍTULO 9

Recursos provenientes de los juegos de suerte y azar

CAPÍTULO 1

Distribución de los recursos provenientes de los juegos de suerte y azar

ART. 2.7.9.1.1.—Distribución de los recursos provenientes de los juegos de suerte y azar localizados. Los recursos provenientes de juegos de suerte y azar localizados en ciudades de menos de cien mil (100.000) habitantes, incluidos los rendimientos financieros generados por ellos, se destinarán al municipio generador de los mismos y los generados en los demás, se distribuirán el cincuenta por ciento (50%) acorde con la jurisdicción donde se generaron los derechos o regalías y el otro cincuenta por ciento (50%), se distribuirá entre los municipios, los distritos y el Distrito Capital, con base en el porcentaje de participación de la distribución efectuada para cada uno de ellos en el total de los recursos del sistema general de participaciones para el sector salud.

El procedimiento para efectuar la distribución de los recursos acorde con el porcentaje de participación del sistema general de participaciones para el sector salud es el siguiente:

1. Para cada municipio, distrito y el Distrito Capital, se efectuará la sumatoria de los recursos del sistema general de participaciones para salud, distribuidos por concepto de subsidios a la demanda, prestación de servicios de salud a la población pobre, en lo no cubierto con subsidios a la demanda y de acciones de salud pública.

2. El porcentaje de participación será el resultante de dividir la suma del total de estos recursos para cada municipio, distrito y el Distrito Capital, entre el total nacional de los recursos distribuidos por concepto del sistema general de participaciones para el sector salud.

3. El porcentaje de participación de cada municipio, distrito y el Distrito Capital, calculado en el numeral anterior, se aplicará al total de los recursos a distribuir, previo descuento del porcentaje del siete por ciento (7%) con destino al fondo de investigación en salud, obteniendo de esta manera los recursos que le corresponden a cada municipio, distrito y Distrito Capital.

(D. 1659/2002, art. 1º)

ART. 2.7.9.1.2.—Distribución de los recursos provenientes de los juegos de suerte y azar novedosos diferentes al Lotto en línea, lotería preimpresa y lotería instantánea. La distribución del cincuenta por ciento (50%) del veinte por ciento (20%) de los recursos correspondientes a los departamentos se realizará de acuerdo con la participación de la asignación de cada departamento, en el total de la asignación nacional total departamental del sistema general de participaciones para el sector salud.

(D. 1659/2002, art. 2º)

ART. 2.7.9.1.3.—Distribución de los recursos provenientes de la explotación del Lotto en línea, lotería preimpresa y la lotería instantánea. La distribución de la totalidad de las rentas obtenidas por el administrador del monopolio por concepto de la explotación del Lotto en línea, la lotería preimpresa y la lotería instantánea, incluyendo sus correspondientes rendimientos financieros, destinadas a la financiación del pasivo pensional territorial del sector salud, a través del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet, se efectuará semestralmente con cortes a 30 de junio y a 31 de diciembre de cada año, por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con base en la metodología definida para los juegos novedosos en el artículo anterior, y la información remitida por el administrador del monopolio, sin efectuar el descuento del siete por ciento (7%) para el fondo de investigaciones en salud.

(D. 1659/2002, art. 3º)

ART. 2.7.9.1.4.—Distribución de recursos de rifas, juegos promocionales, eventos deportivos, gallísticos, caninos y similares. Los recursos por concepto de rifas, juegos promocionales, eventos deportivos, gallísticos, caninos y similares, explotados por la empresa industrial y comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar Coljuegos, incluidos sus rendimientos financieros, se distribuirán entre los municipios, distritos y el Distrito Capital, aplicando el porcentaje de participación en la distribución total de los recursos del sistema general de participaciones para el sector salud, calculado de acuerdo con la metodología descrita en el artículo 2.7.9.1.1 del presente capítulo, previa deducción del siete por ciento (7%) con destino al fondo de investigaciones en salud.

(D. 1659/2002, art. 4º)

ART. 2.7.9.1.5.—Distribución de los recursos provenientes de los eventos hípicos. Los recursos derivados de las apuestas hípicas y sus rendimientos financieros, explotados por los departamentos y Distritos previa deducción del siete por ciento (7%) con destino al fondo de investigaciones en salud, son de propiedad de los municipios, distritos y el Distrito Capital, según su localización, por lo tanto su distribución se efectuará a la entidad territorial que los generó.

(D. 1659/2002, art. 5º)

ART. 2.7.9.1.6.—Periodicidad en la distribución y giro de los recursos. Los recursos de que trata el presente capítulo se distribuirán y girarán por parte del Administrador del Monopolio Rentístico de cada uno de los Juegos de Suerte y Azar, con la siguiente periodicidad:

1. Los recursos de juegos localizados, juegos promocionales, rifas, apuestas en eventos deportivos, gallísticos, caninos y similares, los de eventos hípicos, así como los correspondientes a nuevos juegos que operen debidamente autorizados, se distribuirán mensualmente, dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes siguiente a su recaudo por parte del Administrador del Monopolio Rentístico de cada uno de los Juegos de Suerte y Azar, según sea el caso. El giro a los fondos municipales y distritales de salud, así como al fondo de investigación en salud, se efectuará dentro del término antes señalado.

2. Los recursos de juegos novedosos distintos al Lotto en línea, lotería preimpresa y lotería instantánea, se distribuirán semestralmente con corte a 30 de junio y a 31 de diciembre de cada año y su giro a los fondos departamentales, distritales y municipales de salud, así como al fondo de investigación en salud, se efectuará a más tardar el décimo día hábil del mes siguiente al del corte.

3. Los recursos provenientes de la explotación de juegos novedosos del Lotto en línea, lotería preimpresa y lotería instantánea, se distribuirán semestralmente con corte a 30 de junio y a 31 de diciembre de cada año y su giro al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet, se efectuará a más tardar el décimo día hábil del mes siguiente al del corte.

PAR. 1º—Las entidades territoriales, deberán reportar al Administrador del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar de cada uno de los juegos, la información relacionada con la cuenta corriente que se haya dispuesto para la recepción de los recursos de que trata la Ley 643 de 2001.

Estos recursos en ningún caso podrán hacer unidad de caja con las demás rentas del ente territorial, se manejarán en forma separada y deberán destinarse exclusivamente a los fines establecidos en la Ley 643 de 2001, de acuerdo con las competencias fijadas por la Ley 715 de 2001.

PAR. 2º—Los recursos de la Nación destinados al fondo de investigaciones en salud, se girarán por parte del Administrador del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar de cada uno de los juegos, a la cuenta que para tal efecto le informe el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Francisco José de Caldas, Colciencias.

PAR. 3º—Los recursos provenientes de la lotería instantánea, la lotería preimpresa y del Lotto en línea, se girarán por parte del Administrador del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar de cada uno de los juegos, al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet, a las cuentas certificadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

(D. 1659/2002, art. 6º)

ART. 2.7.9.1.7.—Información sobre el porcentaje de participación que corresponde a cada municipio, distrito, Distrito Capital y departamento. El Departamento Nacional de Planeación informará al Administrador del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar de cada uno de los juegos, previa solicitud de esta última, durante los primeros diez (10) días hábiles a la fecha de aprobación del Conpes Social en el que se asignen los recursos del sistema general de participaciones para el sector salud, los porcentajes de distribución que corresponden a cada municipio, distrito, Distrito Capital y departamento, que se aplicará a la distribución y giro de lo recaudado durante la correspondiente vigencia fiscal, conforme a lo dispuesto en el presente capítulo.

(D. 1659/2002, art. 7º)

ART. 2.7.9.1.8.—Informes sobre la distribución y giros. El Administrador del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar de cada uno de los juegos, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de consignación de los recursos a la entidad territorial, remitirá a cada una de las entidades territoriales un informe de los valores asignados en la distribución, discriminando:

1. Valor total asignado en la distribución de los recursos originados en juegos diferentes del Lotto en línea, lotería preimpresa y lotería instantánea.

2. Valor girado al fondo de investigaciones en salud.

3. Valor girado a la respectiva entidad territorial.

(D. 1659/2002, art. 8º)

SECCIÓN 1

Reglas particulares para los recursos de Lotto en línea

ART. 2.7.9.1.1.1.—Financiación del pasivo pensional del sector salud con recursos del Fonpet por concepto del Lotto en línea. Los departamentos, municipios y distritos que posean recursos en el Fonpet derivados de recaudos por concepto del Lotto en línea y respecto de los cuales existan obligaciones pendientes relacionadas con la financiación de pasivos pensionales del sector salud, causado a 31 de diciembre de 1993, podrán hacer uso de ellos como fuente de financiación de la concurrencia a su cargo, en la siguiente forma:

a) Los recursos por concepto del Lotto en línea que posean en el Fonpet los departamentos, municipios y distritos que al 20 de diciembre de 2011 no hayan suscrito los contratos de concurrencia, una vez se efectúe el cruce de cuentas, se determinen los porcentajes y montos de las concurrencias que les correspondan y se suscriban los respectivos contratos, se girarán a los patrimonios autónomos o encargos fiduciarios que se constituyan para la administración de los recursos de la concurrencia, a las cuentas plenamente identificadas.

b) Los entes territoriales con los cuales ya se han suscrito contratos de concurrencia que tienen obligaciones pendientes o que para tal fin dispusieron de fuentes de financiación amparadas en Vigencias Futuras, también podrán hacer uso de los recursos recaudados por concepto del Lotto en línea en el Fonpet, sustituyendo las demás fuentes y cancelando o reduciendo las vigencias futuras hasta el monto de los recursos existentes en la cuenta del Fonpet, para lo cual se ajustarán los contratos respectivos.

(D. 4812/2011, art. 1º)

ART. 2.7.9.1.1.2.—Giro de los recursos del Fonpet. Para efecto del giro de los recursos del Fonpet a los patrimonios autónomos o encargos fiduciarios constituidos para la administración de los recursos de la concurrencia, la entidad territorial presentará solicitud del giro de los recursos a la Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, señalando la cuenta a la cual deben girarse los recursos de acuerdo con lo establecido en el contrato de concurrencia.

Para el caso de las entidades territoriales contempladas en los artículos 2.7.9.1.1.3 y siguientes la solicitud deberá incluir la certificación de la cuenta a la que se deben girar los recursos destinados a la atención de los servicios de salud.

La Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, una vez recibida la solicitud y con base en la información registrada en el sistema de información del Fonpet sobre el monto de los recursos acumulados por concepto del Lotto en línea, a 31 de diciembre de la vigencia anterior, autorizará la transferencia de los recursos por cuenta de cada una de las entidades territoriales, a los patrimonios autónomos o encargos fiduciarios contratados para la administración de los recursos de la concurrencia para el pago las obligaciones pensionales del sector salud, o a la entidad territorial, de acuerdo con lo señalado en el artículo anterior.

Las entidades territoriales deberán realizar por su cuenta las operaciones presupuestales necesarias para efectos de la transferencia de los recursos de que trata la presente sección.

(D. 4812/2011, art. 2º)

ART. 2.7.9.1.1.3.—Destinación de los recursos acumulados provenientes del Lotto en línea. Los municipios, distritos y departamentos que no tengan obligaciones pensionales del sector salud o las tengan plenamente financiadas, utilizarán los recursos provenientes del Lotto en línea, acumulados en el Fonpet a la fecha en que se determine la inexistencia de obligaciones pensionales de las entidades territoriales con el sector salud o que se establezca que se encuentran plenamente financiadas, así:

a) Para la cofinanciación del aseguramiento en el régimen subsidiado. Estos recursos son adicionales a aquellos que por mandato de la ley deben asignar los entes territoriales como esfuerzo propio para el financiamiento de dicho régimen;

b) Para el saneamiento de las obligaciones pendientes de pago por concepto de contratos del régimen subsidiado suscritos hasta marzo 31 de 2011, para lo cual, deberán tener en cuenta los recursos asignados o por asignar, previstos en el marco del Decreto 1080 de 2012 o la norma que lo modifique o compile y la Ley 1608 de 2013. Para estos efectos, las entidades territoriales deberán informar al Ministerio de Salud y Protección Social el saldo de la deuda, los recursos asignados o por asignar con las fuentes previstas en dichas normas y los recursos de que trata la presente sección;

c) Los departamentos o distritos, podrán destinar los recursos contemplados en este artículo en primer lugar al saneamiento fiscal y financiero de las empresas sociales del Estado categorizadas en riesgo financiero medio y alto en los términos del artículo 81 de la Ley 1438 de 2011, acorde con lo definido en el artículo 8º de la Ley 1608 de 2013.

En caso de que el saneamiento fiscal y financiero de las empresas sociales del Estado se encuentren plenamente financiados, los departamentos o distritos podrán destinar estos recursos a la inversión en infraestructura de la red pública de instituciones prestadoras de servicios de salud, en el marco de la organización de la red de prestación de servicios.

Estas inversiones deberán estar incluidas en el plan bienal de inversiones en salud del respectivo departamento o distrito.

En el caso de los departamentos con corregimientos departamentales, estas destinaciones solo procederán cuando existan remanentes, una vez aplicados los recursos acumulados del Lotto en línea al saneamiento de la deuda a que hace referencia el literal b) del presente artículo.

PAR.—Es responsabilidad del representante legal de la entidad territorial certificar la inexistencia de obligaciones pensionales del sector salud o que existiendo las tienen plenamente financiadas. Los municipios, distritos y departamentos tendrán responsabilidad exclusiva por la precisión y veracidad de la información.

(D. 728/2013, art. 1º)

ART. 2.7.9.1.1.4.—Destinación de los recursos provenientes del Lotto en línea. Los recursos provenientes del Lotto en línea que se generen en nombre de la entidad territorial con posterioridad a la fecha en que se determine la inexistencia de obligaciones pensionales de estas entidades con el sector salud o que se establezca que dichas obligaciones se encuentran plenamente financiadas, se destinarán a la cofinanciación del régimen subsidiado de salud de la respectiva entidad territorial.

Para estos efectos, los recursos generados en nombre de los departamentos, se asignarán a la cofinanciación del régimen subsidiado de los municipios de su jurisdicción, excepto para aquellos departamentos que tienen competencias de aseguramiento en salud.

En caso de que con posterioridad a la aplicación del artículo anterior surjan pasivos pensionales del sector salud no financiados, los recursos de los que trata esta sección deberán destinarse prioritariamente a la atención de dicho pasivo, para lo cual, la respectiva entidad territorial y la empresa industrial y comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar-Coljuegos, seguirán las instrucciones que para el efecto imparta el Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección de Regulación Económica de la Seguridad Social.

PAR.—La aplicación de los recursos según lo previsto en el presente artículo, deberá reflejarse en la contabilidad de las entidades territoriales, de acuerdo con los procedimientos contables definidos en las normas vigentes aplicables a cada entidad.

(D. 728/2013, art. 2º)

ART. 2.7.9.1.1.5.—Giro de los recursos del Lotto en línea. Con base en las solicitudes de las entidades territoriales al Fonpet y una vez acreditados los términos y condiciones del 2.7.9.1.1.1 de la presente sección, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en su calidad de administrador del Fonpet, girará los recursos del Lotto en línea destinados a la cofinanciación del aseguramiento en el régimen subsidiado al mecanismo de recaudo y giro a que refiere el Decreto 4962 de 2011 o aquella norma que lo modifique o compile, para que sean contabilizados como parte de la cofinanciación a cargo del municipio o del departamento, según el caso, de lo cual, se informará por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la respectiva entidad territorial.

Para los recursos que se generen en nombre de la entidad territorial, con posterioridad a la fecha en que se determine la inexistencia de obligaciones pensionales de las entidades territoriales con el sector salud o que se establezca que se encuentran plenamente financiadas, corresponderá directamente a Coljuegos, el giro de los recursos de Lotto en línea al mecanismo de recaudo y giro a que refiere el Decreto 4962 de 2011 o aquella norma que lo modifique o compile, dentro de los plazos previstos por el artículo 40 de la Ley 643 de 2001 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Coljuegos informará a las entidades territoriales los giros efectuados, para que estas realicen los registros presupuestales y contables respectivos.

Para el pago de las deudas por contratos del régimen subsidiado, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en su calidad de administrador del Fonpet y previa solicitud de las entidades territoriales, procederá al giro de los recursos acumulados del Lotto a la fecha de la solicitud, al mecanismo de recaudo y giro a que refiere el Decreto 4962 de 2011 o aquella norma que lo modifique o compile, para que este proceda a girarlos aplicando en lo pertinente, el procedimiento previsto en el Decreto 1080 de 2012 o aquella norma que lo modifique o compile. Así mismo, cuando estos recursos se usen en virtud de lo establecido en los programas de saneamiento fiscal y financiero, los recursos se girarán a las instituciones prestadoras de servicios de salud en el marco de los programas respectivos. En los casos de la inversión en infraestructura, los recursos se girarán a la entidad territorial respectiva o al Prestador correspondiente dependiendo del tipo de inversión que se realice.

(D. 728/2013, art. 3º)

ART. 2.7.9.1.1.6.—Registros contables y presupuestales. La aplicación de los recursos según lo previsto en la presente sección, deberá reflejarse en la contabilidad de las entidades territoriales y en sus presupuestos, de acuerdo con los procedimientos definidos en las normas vigentes, de lo cual, se deberá informar al Ministerio de Salud y Protección Social.

(D. 728/2013, art. 4º)

CAPÍTULO 2

Compensación por disminuciones en el recaudo de derechos de explotación del juego de las apuestas permanentes o chance

ART. 2.7.9.2.1.—Compensación. El presente capítulo tiene por objeto definir el procedimiento para llevar a cabo la compensación de que trata el parágrafo del artículo 4º de la Ley 1393 de 2010, cuyas previsiones aplicarán a los departamentos y al Distrito Capital cuando presenten disminuciones en términos constantes del recaudo por concepto de derechos de explotación del juego de las apuestas permanentes o chance, frente a lo recaudado por este mismo concepto en el año 2009.

(D. 2550/2012, art. 1º)

ART. 2.7.9.2.2.—Procedimiento para efectuar la compensación. La compensación a que refiere este capítulo, se efectuará de conformidad con el siguiente procedimiento:

1. Los departamentos y el Distrito Capital deberán presentar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público las solicitudes de compensación a más tardar el 30 de abril del año siguiente al que se pretende compensar.

La solicitud de compensación deberá contener el valor anual del recaudo de los derechos de explotación del juego de las apuestas permanentes o chance del año a compensar en pesos corrientes del mismo año.

2. Para cada entidad territorial el Ministerio de Hacienda y Crédito Público calculará la diferencia entre el valor recaudado por derechos de explotación del juego de las apuestas permanentes o chance del año a compensar y lo recaudado por el mismo concepto en el año 2009, en pesos constantes del año que se va a compensar. El valor de la compensación a nivel nacional se obtendrá de la sumatoria de los valores así obtenidos.

3. En caso de que la sumatoria de los valores obtenidos no supere el equivalente a dos (2) puntos del IVA aplicable al juego de las apuestas permanentes o chance recaudados en el respectivo año, certificado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN, el valor de la compensación de cada entidad territorial será el obtenido de acuerdo con el numeral 2º del presente artículo. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN certificará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el valor equivalente a dos (2) puntos del IVA aplicable al juego de las apuestas permanentes o chance recaudados en el año que se va a compensar, a más tardar el 15 de abril del año siguiente.

4. En caso de que la sumatoria de los valores obtenidos supere el equivalente a dos (2) puntos del IVA aplicable al juego de las apuestas permanentes o chance recaudados en el respectivo año, el valor a compensar a cada entidad territorial se determinará aplicando al valor de los dos (2) puntos del IVA, el porcentaje de su participación en la sumatoria de los valores inicialmente obtenidos.

5. Los valores a compensar estarán expresados en pesos corrientes del año respectivo.

PAR.—Validación de la información. Para efectos de aplicar el procedimiento previsto en el presente capítulo y validar la información reportada por las entidades territoriales, la Superintendencia Nacional de Salud certificará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a más tardar el 15 de abril de cada año, el valor recaudado en el año anterior por concepto de derechos de explotación del juego de las apuestas permanentes o chance por cada departamento y por el Distrito Capital.

(D. 2550/2012, art. 2º)

ART. 2.7.9.2.3.—Financiamiento de la compensación. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, realizará la compensación de que trata este capítulo a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de las certificaciones de que trata el artículo anterior, con cargo a los recursos recaudados por concepto del IVA aplicable al juego de las apuestas permanentes o chance.

(D. 2550/2012, art. 3º)

ART. 2.7.9.2.4.—Giro de los recursos. Una vez aplicado el procedimiento de que trata el artículo 2.7.9.2.2 de este capítulo y previa comunicación de los resultados de la compensación realizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Salud y Protección Social, órgano en el cual se programarán las apropiaciones presupuestales del IVA aplicable al juego de las apuestas permanentes o chance, procederá a girar los recursos a los departamentos y al Distrito Capital que sean objeto de la compensación, a más tardar el 15 de julio del respectivo año.

PAR.—Para efectos del giro, las entidades territoriales deberán remitir al Ministerio de Salud y Protección Social una certificación bancaria expedida por la entidad financiera donde conste la cuenta bancaria a la cual se girarán los recursos, indicando número, nombre de la cuenta, tipo de cuenta y nombre y número de NIT del titular.

(D. 2550/2012, art. 4º)

PARTE 8

Régimen presupuestal

TÍTULO 1

Reglamentación de las leyes orgánicas de presupuesto

ART. 2.8.1.1.—Campo de aplicación. El presente título rige para los órganos nacionales que conforman la cobertura del estatuto orgánico del presupuesto.

(D. 4730/2005, art. 1º)

CAPÍTULO 1

Sistema presupuestal

ART. 2.8.1.1.1.—Objetivos y conformación del sistema presupuestal. Son objetivos del sistema presupuestal: el equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos que permita la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo; la asignación de los recursos de acuerdo con las disponibilidades de ingresos y las prioridades de gasto y la utilización eficiente de los recursos en un contexto de transparencia.

El sistema presupuestal está constituido por el plan financiero, incluido en el marco fiscal de mediano plazo; el presupuesto anual de la Nación y el plan operativo anual de inversiones.

(D. 4730/2005, art. 2º)

ART. 2.8.1.1.2.—(Modificado).* Plan financiero. El plan financiero es un programa de ingresos y gastos de caja y sus posibilidades de financiamiento. El plan define las metas máximas de pagos a efectuarse durante el año que servirán de base para elaborar el programa anual de caja-PAC.

El plan financiero del sector público consolidado tiene como base las proyecciones efectivas de caja del Gobierno Nacional, de las entidades descentralizadas dedicadas a actividades no financieras del orden nacional, de las entidades territoriales y sus descentralizadas y de las cuentas sectoriales que por su magnitud ameriten ser incluidas en este.

El plan deberá ser aprobado antes de la presentación del presupuesto general de la Nación al Congreso y su revisión definitiva se hará antes del 10 de diciembre de cada año.

(D. 568/96, art. 2º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 412 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.8.1.1.3.—Seguimiento al marco fiscal de mediano plazo. El Confis velará por el cumplimiento del marco fiscal de mediano plazo, para lo cual hará un seguimiento detallado de manera que, si hay cambios en las condiciones económicas, recomiende la adopción de las medidas necesarias para propender por el equilibrio macroeconómico.

El seguimiento se realizará de manera independiente y detallada de acuerdo con la metodología que para el efecto establezca el Confis.

(D. 4730/2005, art. 3º)

ART. 2.8.1.1.4.—Proyecciones sectoriales. El Gobierno Nacional de conformidad con el artículo 1º de la Ley 819 de 2003, desarrollará el marco de gasto de mediano plazo.

Este contendrá las proyecciones para un período de 4 años de las principales prioridades sectoriales y los niveles máximos de gasto, distribuidos por sectores y componentes de gasto del presupuesto general de la Nación. El marco de gasto de mediano plazo se renovará anualmente.

Al interior de cada sector, se incluirán los gastos autorizados por leyes preexistentes en concordancia con lo previsto en el artículo 39 del estatuto orgánico del presupuesto, los compromisos adquiridos con cargo a vigencias futuras, los gastos necesarios para la atención del servicio de la deuda y los nuevos gastos que se pretende ejecutar. En caso que se propongan nuevos gastos, se identificarán los nuevos ingresos, las fuentes de ahorro o la financiación requerida para su implementación.

Adicionalmente, el marco de gasto de mediano plazo propondrá reglas para la distribución de recursos adicionales a los proyectados en el marco fiscal de mediano plazo.

(D. 4730/2005, art. 4º)

CAPÍTULO 2

El ciclo presupuestal

ART. 2.8.1.2.1.—Ciclo presupuestal. El ciclo presupuestal comprende:

— Programación del proyecto de presupuesto.

— Presentación del proyecto al Congreso de la República.

— Estudio del proyecto y aprobación por parte del Congreso de la República.

— Liquidación del presupuesto general de la Nación.

— Ejecución.

— Seguimiento y evaluación.

(D. 4730/2005, art. 5º)

ART. 2.8.1.2.2.—Divulgación del ciclo presupuestal. La programación, aprobación, modificación y ejecución, seguimiento y evaluación así como los informes periódicos y finales del ciclo presupuestal, son de conocimiento público.

(D. 4730/2005, art. 6º)

ART. 2.8.1.2.3.—(Modificado).* Sistemas de clasificación presupuestal. Para efectos del ciclo presupuestal se podrá utilizar los sistemas de clasificación funcional y económica, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2.8.1.4.2 del presente título.

(D. 4730/2005, art. 7º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 412 de 2018 artículo 2° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.8.1.2.4.—(Modificado).* Clasificación económica. La clasificación económica incluirá los siguientes componentes:

1. Rentas y recursos de capital.

2. Gastos e inversiones de capital.

3. Fuentes y aplicaciones del financiamiento, y

4. Resultados presupuestales.

La Dirección General del Presupuesto Público Nacional, en desarrollo del artículo 93 del estatuto orgánico del presupuesto, adelantará las gestiones necesarias para adoptar la clasificación económica.

(D. 4730/2005, art. 8º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 412 de 2018 artículo 3° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.8.1.2.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 412 de 2018 artículo 4° del Ministerio de Hacienda y Crédito)

CAPÍTULO 3

Programación del anteproyecto y proyecto de presupuesto general de la Nación

ART. 2.8.1.3.1.—Remisión de anteproyectos de presupuesto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Antes de la primera semana del mes de abril, los órganos que hacen parte del presupuesto general de la Nación remitirán el anteproyecto de presupuesto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público de acuerdo con las metas, políticas y criterios de programación establecidos en el marco de gasto de mediano plazo.

Los anteproyectos deben acompañarse de la justificación de los ingresos y gastos así como de sus bases legales y de cálculo.

PAR. 1º—(Nota: Adicionado por el Decreto 2107 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito)

PAR. 2º—(Nota: Adicionado por el Decreto 2107 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito)

PAR. 3º—(Nota: Adicionado por el Decreto 761 de 2018 artículo 3° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

(D. 568/96, art. 12 modificado tácitamente en su inciso primero por el D. 4730/2005, art. 12)

ART. 2.8.1.3.2.—Envío al Congreso de anteproyecto de presupuesto. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público —Dirección General del Presupuesto Nacional— enviará los anteproyectos de presupuesto de rentas y gastos elaborados por cada órgano a las comisiones económicas de Senado y Cámara durante la primera semana del mes de abril de cada año.

(D. 568/96, art. 13).

ART. 2.8.1.3.3.—Comités sectoriales de presupuesto. De conformidad con la Ley 489 de 1998, para la elaboración del marco de gasto de mediano plazo y el presupuesto general de la nación se crearán comités sectoriales de presupuesto, con presencia indelegable del director general del presupuesto público nacional, del director de inversiones y finanzas públicas del Departamento Nacional de Planeación y los jefes de los órganos de las secciones presupuestales que conforman el respectivo sector, quienes excepcionalmente podrán delegar su asistencia en un funcionario del nivel directivo o asesor. El Ministro de Hacienda y Crédito Público establecerá el manual de funcionamiento de estos comités, para lo cual tendrá en cuenta las recomendaciones del Departamento Nacional de Planeación y de las secciones presupuestales.

En las discusiones de los comités sectoriales, se consultará las evaluaciones de impacto y resultados realizadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación.

(D. 4730/2005, art. 9º)

ART. 2.8.1.3.4.—Elaboración del marco de gasto de mediano plazo. Antes del 15 de julio de cada vigencia fiscal, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación, elaborará y someterá el marco de gasto de mediano plazo para aprobación por parte del Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, sesión a la cual deberán asistir todos los ministros del despacho.

El proyecto de presupuesto general de la Nación coincidirá con las metas del primer año del marco de gasto de mediano plazo. Las estimaciones definidas para los años siguientes del marco de gasto de mediano plazo son de carácter indicativo, y serán consistentes con el presupuesto de la vigencia correspondiente en la medida en que no se den cambios de política fiscal o sectorial, ni se generen cambios en la coyuntura económica o ajustes de tipo técnico que alteren los parámetros de cálculo relevantes.

(D. 4730/2005, art. 10, modificado por el D. 1957/2007, art. 4º)

ART. 2.8.1.3.5.—Elaboración del plan operativo anual de inversiones. Antes del 15 de julio, el Departamento Nacional de Planeación, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las secciones presupuestales, presentarán el plan operativo anual de inversiones para su aprobación por el Conpes. El plan será elaborado con base en los resultados de los comités sectoriales de que trata el artículo 2.8.1.3.3, incluyendo los proyectos debidamente inscritos y evaluados en el banco de proyectos de inversión y guardará consistencia con el marco fiscal de mediano plazo y el marco de gasto de mediano plazo.

(D. 4730/2005, art. 11)

ART. 2.8.1.3.6.—Recursos de crédito interno y externo – incorporación al presupuesto. Los recursos del crédito interno y externo con vencimiento mayor a un año se incorporarán al presupuesto general de la Nación de acuerdo con los cupos autorizados por el Congreso de la República y las estimaciones de la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda.

(D. 568/96, art. 11)

ART. 2.8.1.3.7.—Recursos administrados por terceros. La Dirección General del Presupuesto Nacional y el Departamento Nacional de Planeación deberán tener en cuenta el valor de los recursos administrados por terceros durante la preparación y elaboración del proyecto de presupuesto del respectivo órgano o entidad.

(D. 1738/98, art. 6º)

CAPÍTULO 4

Presentación del proyecto de presupuesto al Congreso de la República

ART. 2.8.1.4.1.—Mensaje presidencial. El mensaje presidencial incluirá lo siguiente:

1. Resumen del marco fiscal de mediano plazo presentado al Congreso de la República. Si en la programación del presupuesto dicho marco fue actualizado, se debe hacer explícita la respectiva modificación.

2. Informe de la ejecución presupuestal de la vigencia fiscal anterior.

3. Informe de ejecución presupuestal de la vigencia en curso, hasta el mes de junio.

4. Informe donde se evalúe el cumplimiento de los objetivos establecidos en leyes que han autorizado la creación de rentas de destinación específica, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.8.1.4.3 del presente capítulo.

5. Anexo de la clasificación económica del presupuesto, de conformidad con el artículo 2.8.1.2.4 del capítulo 2 del presente título.

6. Resumen homologado de las cifras del presupuesto y plan financiero.

Adicionalmente, se podrá presentar anexos con otras clasificaciones, siguiendo estándares internacionales.

(D. 4730/2005, art. 14)

ART. 2.8.1.4.2.—(Modificado).* Clasificación del proyecto de presupuesto. El proyecto de presupuesto de gastos se presentará al Congreso clasificado en secciones presupuestales distinguiendo entre cada una los gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública y los gastos de inversión. Los gastos de inversión se clasificarán en programas y subprogramas.

Son programas los constituidos por las apropiaciones destinadas a actividades homogéneas en un sector de acción económica, social, financiera o administrativa a fin de cumplir con las metas fijadas por el Gobierno Nacional, a través de la integración de esfuerzos con recursos humanos, materiales y financieros asignados.

Son subprogramas el conjunto de proyectos de inversión destinados a facilitar la ejecución en un campo específico en virtud del cual se fijan metas parciales que se cumplen mediante acciones concretas que realizan determinados órganos. Es una división de los programas.

(D. 568/96, art. 14)

*(Nota: Modificado por el Decreto 412 de 2018 artículo 5° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.8.1.4.3.—Objetivos de gasto. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003, la ley que autorice una renta de destinación específica, debe definir su vigencia en el tiempo y los objetivos que atenderá, con metas cuantificables para verificar su cumplimiento y por ende su eliminación legal.

PAR.—El Gobierno Nacional en la presentación del proyecto de ley anual de presupuesto, incluirá un anexo donde se evalúe el cumplimiento de los objetivos establecidos en leyes que autorizaron la creación de rentas de destinación específica. Si los objetivos se han cumplido, se propondrá un proyecto de ley en el que se proponga derogar la ley que creó la renta de destinación específica.

(D. 4730/2005, art. 13).

ART. 2.8.1.4.4.—Proyecto de presupuesto presentado. Para los efectos del estatuto orgánico del presupuesto, se entiende por presupuesto presentado por el Gobierno Nacional al Congreso el proyecto inicial y las modificaciones que se hicieren durante el estudio y deliberación conjunta de las comisiones económicas de las dos cámaras al cierre del primer debate.

(D. 568/96, art. 15)

CAPÍTULO 5

Liquidación del presupuesto

ART. 2.8.1.5.1.—Decreto de liquidación del presupuesto. La Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público preparará el decreto de liquidación del presupuesto el cual contendrá un anexo que incluirá el detalle desagregado de la composición de las rentas y apropiaciones aprobados por el Congreso de la República. Adicionalmente, se podrá incluir un documento con las metas que deben cumplir las entidades con las apropiaciones asignadas.

Cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticos, secciones, programas y subprogramas que no correspondan a su objeto o naturaleza, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección General del Presupuesto Público Nacional las ubicará mediante Resolución en el sitio que corresponda. Cuando se trate de inversión, se requerirá del concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación.

(D. 4730/2005, art. 15, inc. 3º derogado por el D. 2844/2010, art. 33).

ART. 2.8.1.5.2.—(Modificado).* Anexo del decreto de liquidación. El anexo del decreto de liquidación del presupuesto en lo correspondiente a gastos incluirá, además de las clasificaciones contempladas en el artículo 2.8.1.4.2, las siguientes:

a) Unidades ejecutoras especiales comprenden:

• Unidades administrativas especiales de la administración central.

• Las superintendencias sin personería jurídica.

• En las entidades de previsión social una unidad ejecutora especial para cada uno de los regímenes que administre así: El régimen contributivo en salud, el régimen pensional y el pago directo de cesantías.

• En el Ministerio de Defensa Nacional una unidad ejecutora especial para cada una de las Fuerzas Militares así: El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y el Comando General.

• En la Rama Judicial una unidad ejecutora especial para cada una de las altas cortes judiciales.

• En la Registraduría Nacional del Estado Civil una unidad ejecutora especial para el Consejo Nacional Electoral.

• Las dependencias internas con autonomía administrativa y financiera sin personería jurídica, de cada entidad u órgano administrativo, de acuerdo con el literal j) del artículo 54 de la Ley 489 de 1998.

• Los órganos que tengan aportes de la Nación permitidos por las normas vigentes para las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta, con régimen de aquellas.

• Cada una de las cámaras que componen el Congreso de la República.

• Las demás dependencias de los órganos no mencionadas en este artículo agrupadas bajo la denominación: Gestión general.

b) Cuentas comprenden:

• Gastos de personal.

• Gastos generales.

• Transferencias corrientes.

• Transferencias de capital.

• Gastos de comercialización y producción.

• Servicio de la deuda interna.

• Servicio de la deuda externa.

• Programas de inversión.

c) Subcuenta comprende:

1. Para las transferencias corrientes:

— Transferencias por convenios con el sector privado.

— Transferencias al sector público.

— Transferencias al exterior.

— Transferencias de previsión y seguridad social.

— Sistema general de participaciones.

— Otras transferencias.

2. Para las transferencias de capital:

— Otras transferencias.

3. Para los gastos de comercialización y producción:

— Comercial.

— Industrial.

— Agrícola.

4. Para el servicio de la deuda pública interna:

— Amortización deuda pública interna.

— Intereses, comisiones y gastos deuda pública interna.

5. Para el servicio de la deuda pública externa:

— Amortización deuda pública externa.

— Intereses, comisiones y gastos deuda pública externa.

6. Para programas de inversión:

— Subprogramas de inversión.

d) Objeto del gasto comprende:

1. Para gastos de personal:

— Servicios personales asociados a la nómina.

— Servicios personales indirectos.

— Contribuciones inherentes a la nómina al sector privado y público.

2. Para gastos generales:

— Adquisición de bienes y servicios.

— Impuestos y multas.

3. Para transferencias por convenios con el sector privado:

— Programas nacionales que se desarrollan con el sector privado.

4. Para transferencias corrientes al sector público:

— Orden Nacional.

— Empresas públicas nacionales no financieras.

— Empresas públicas nacionales financieras.

— Departamentos.

— Empresas públicas departamentales no financieras.

— Empresas públicas departamentales financieras.

— Municipios.

— Empresas públicas municipales no financieras.

— Empresas públicas municipales financieras.

— Otras entidades descentralizadas públicas del orden territorial.

5. Para transferencias al exterior:

— Organismos internacionales.

— Otras transferencias al exterior.

6. Para transferencias de previsión y seguridad social:

— Pensiones y jubilaciones.

— Cesantías.

— Otras transferencias de previsión y seguridad social.

7. Sistema general de participaciones:

— Participación para educación.

— Participación para salud.

— Participación para agua potable y saneamiento básico.

— Participación para propósito general.

— Asignaciones especiales.

8. Para otras transferencias corrientes:

— Sentencias y conciliaciones.

— Fondo de compensación interministerial.

— Destinatarios de las otras transferencias corrientes.

9. Para otras transferencias de capital:

— Destinatarios de las otras transferencias de capital.

10. Para comercial, industrial y agrícola:

— Compra de bienes y servicios.

— Otros gastos.

11. Para amortizaciones, intereses, comisiones y gastos de la deuda pública interna:

— Nación.

— Departamentos.

— Municipios.

— Proveedores.

— Entidades financieras.

— Títulos valores.

12. Para amortizaciones, intereses, comisiones y gastos de la deuda pública externa:

— Banca comercial.

— Banca de fomento.

— Gobiernos.

— Organismos multilaterales.

— Proveedores.

— Títulos valores.

— Cuenta especial de deuda externa.

13. Para subprogramas de inversión:

— Identificación de los proyectos de inversión.

(D. 568/96 art. 16, modificado por el D. 2260/96, art. 1º, modificado por el D. 4730/2005, art. 16; el lit. a) modificado parcialmente por el D. 3487/2007, art. 1º; y el num. 7º del lit. d) modificado parcialmente por el D. 315/2008, art. 1º).

*(Nota: Modificado por el Decreto 412 de 2018 artículo 6° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.8.1.5.3.—(Modificado).* Desagregación de gastos. Cuando el objeto del gasto no quede identificado con la clasificación establecida en artículo anterior, podrán desagregarse los gastos de funcionamiento y el servicio de la deuda pública a nivel de ordinales y los proyectos de inversión a nivel de subproyectos.

Los recursos y sus correspondientes códigos de identificación que aparecen con los clasificadores en el decreto de liquidación y sus anexos son de carácter estrictamente informativo, por lo tanto la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá corregirlos, siempre que no se afecte el presupuesto de ingresos.

(D. 568/96, art. 18, modificado en el inciso primero por el D. 2260/96, art. 2º).

*(Nota: Modificado por el Decreto 412 de 2018 artículo 7° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.8.1.5.4.—(Derogado).* Registros internos. Las entidades que se encuentren en capacidad de estructurar e identificar la información presupuestal relacionada con los gastos de personal y generales y de subprogramas de inversión, atendiendo a la clasificación contable de gastos de administración y de operación, los primeros, y de formación bruta de capital y gastos operativos, los segundos, pueden manejarla a nivel de registros internos, sin afectar el marco legal y general que rige para los efectos de la liquidación y ejecución presupuestal.

(D. 2260/96, art. 4º).

*(Nota: Derogado por el Decreto 412 de 2018 artículo 21 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.8.1.5.5.—Ajuste al valor de rentas constitutivas de recursos de capital. El Ministro de Hacienda y Crédito Público, tomando en cuenta el comportamiento de las rentas y previo concepto del Confis, podrá ajustar mediante resolución el valor de las rentas constitutivas de los recursos de capital sin exceder el monto de estos aprobado en la ley anual de presupuesto para la respectiva vigencia fiscal.

(D. 3245/2005, art. 1º)

ART. 2.8.1.5.6.—(Modificado).* Modificaciones al detalle del gasto. Las modificaciones al anexo del decreto de liquidación que no modifiquen en cada sección presupuestal el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda o los programas y subprogramas de inversión aprobados por el Congreso, se realizarán mediante resolución expedida por el jefe del órgano respectivo. En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estas modificaciones se harán por resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos, o por resolución del representante legal en caso de no existir aquellas.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección General del Presupuesto Público Nacional, aprobará las operaciones presupuestales contenidas en las resoluciones o acuerdos una vez se realice el registro de las solicitudes en el sistema integrado de información financiera SIIF Nación. Si se trata de gastos de inversión, se requerirá además, del concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación.

La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, con base en las modificaciones de que tratan los incisos anteriores, realizará los ajustes al programa anual mensualizado de caja, PAC consultando la información registrada en el sistema integrado de información financiera SIIF Nación. Los órganos públicos que requieran conocer las modificaciones al anexo del decreto de liquidación deberán acceder a las mismas a través del sistema integrado de información financiera SIIF Nación.

Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención.

PAR.—La Dirección General del Presupuesto Público Nacional podrá solicitar ajustes al PAC cuando lo considere pertinente. También podrá solicitar dichos ajustes la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de Planeación, cuando se trate de gastos de inversión.

(D. 4730/2005, art. 29, modificado por el D. 4836/2011, art. 1º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 412 de 2018 artículo 8° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.8.1.5.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 412 de 2018 artículo 9° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.8.1.5.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 412 de 2018 artículo 10 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.8.1.5.9.—(Nota: Adicionado por el Decreto 412 de 2018 artículo 11 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.8.1.5.10.—(Nota: Adicionado por el Decreto 412 de 2018 artículo 12 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.8.1.5.11.—(Nota: Adicionado por el Decreto 412 de 2018 artículo 13 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 6

Inembargabilidad de rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación

ART. 2.8.1.6.1.—Inembargabilidad. Las rentas y recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación son inembargables.

El incumplimiento de lo establecido en el presente artículo, dará lugar a la imposición de las sanciones establecidas en la ley.

(D. 1807/94, art. 1º, adicionado D. 2980/89, art. 4º, inc. 2º)

SECCIÓN 1

Inembargabilidad de los recursos depositados por la Nación en cuentas abiertas exclusivamente a favor de la Nación

ART. 2.8.1.6.1.1.—Inembargabilidad en cuentas abiertas a favor de la Nación. Cuando un embargo de recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación sea ordenado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sólo se podrá practicar sobre la cuenta o cuentas corrientes que reciban recursos del presupuesto nacional, abiertas a favor de la entidad u organismo condenado en la sentencia respectiva.

PAR.—En ningún caso procederá el embargo de los recursos depositados por la Nación en cuentas abiertas exclusivamente a favor de la Nación - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el Banco de la República o en cualquier otro establecimiento de crédito.

(D. 1807/94, art. 2º, modificado por D. 3861/2004, art. 1º)

ART. 2.8.1.6.1.2.—Informe a la Contraloría General de la República. El establecimiento de crédito que reciba una orden de embargo en contravención a lo dispuesto por el presente capítulo, deberá informar inmediatamente a la Contraloría General de la República para que inicie un juicio fiscal contra el funcionario judicial que ordenó el embargo.

(D. 1807/94, art. 3º)

ART. 2.8.1.6.1.3.—Medidas cautelares originadas en procesos ejecutivos. En el evento que una cuenta abierta a favor de la Nación - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, resulte afectada por medidas cautelares originadas en procesos ejecutivos en que sea parte una sección del presupuesto general de la Nación, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional deberá comunicar a la entidad demandada el respectivo embargo, con el fin de que se proceda a hacer los registros contables correspondientes de acuerdo con el procedimiento establecido por la Contaduría General de la Nación.

Así mismo la entidad demandada deberá comunicar a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y al Consejo Superior de la Judicatura - Sala Disciplinaria para los efectos propios de su competencia.

El representante legal de la entidad demandada será el responsable de adelantar las gestiones establecidas en la presente sección, sin perjuicio de la obligación de cada órgano de defender los intereses del Estado, debiendo realizar todas las actuaciones procesales necesarias en el curso de los procesos en procura del desembargo de los citados recursos, entre ellas, solicitar al respectivo despacho judicial el cumplimiento de lo previsto en el artículo 594 del Código General del Proceso.

(D. 1807/94, art. 5º, adicionado por el D. 3861/2004, art. 2º)

ART. 2.8.1.6.1.4.—Ejecutoriedad de la sentencia. Una vez ejecutoriada la providencia judicial que apruebe la liquidación final del crédito correspondiente a embargos decretados sobre cuentas abiertas a favor de la Nación - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por cuenta de procesos en que hayan sido sujetos demandados órganos ejecutores del Presupuesto General de la Nación, la entidad demandada deberá:

1. Adelantar, conforme a las normas presupuestales, los trámites necesarios para obtener de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la apropiación sin situación de fondos en el rubro sentencias y Conciliaciones, por el valor efectivamente pagado al beneficiario del título que representa el depósito judicial por concepto del embargo.

2. Reintegrar los remanentes a que hubiere lugar, de manera inmediata, en la cuenta que para el efecto indique la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

3. Para cancelar la obligación con la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la entidad deberá expedir un acto administrativo, en el que se reconozca y ordene el gasto, con indicación del reintegro de remanentes efectuados cuando a ello hubiere lugar y remitir copia del mismo, a la mencionada dirección para los efectos pertinentes.

PAR.—La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la entidad demandada, deberán efectuar los registros contables correspondientes a la cancelación del embargo, conforme al procedimiento establecido por la Contaduría General de la Nación.

(D. 1807/94, art. 6º adicionado por el D. 3861/2004, art. 3º)

ART. 2.8.1.6.1.5.—Medida cautelar improcedente y levantamiento. Cuando el funcionario judicial considere que la medida cautelar era improcedente y en consecuencia ordene el levantamiento de la misma, la entidad demandada deberá proceder a consignar los recursos embargados, en la cuenta que para el efecto indique la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Así mismo deberá reversar el registro contable de reconocimiento del embargo, cancelando la obligación para con la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, conforme al procedimiento establecido por la Contaduría General de la Nación.

(D. 1807/94, art. 7º adicionado por el D. 3861/2004, art. 4º)

CAPÍTULO 7

Ejecución del presupuesto

ART. 2.8.1.7.1.—Requisitos para afectar el presupuesto. Ningún órgano del Presupuesto General de la Nación podrá efectuar gasto público con cargo al tesoro o transferir crédito alguno que no figure en el presupuesto, o en exceso del saldo disponible, para lo cual, previo a contraer compromisos, se requiere la expedición de un certificado de disponibilidad presupuestal.

El certificado de disponibilidad y el registro presupuestal, podrán expedirse a través de medios electrónicos, de conformidad con lo señalado en la Ley 527 de 1999, bajo la entera responsabilidad del funcionario competente, por motivos previamente definidos en la ley, y con las formalidades legales establecidas.

(D. 4730/2005, art. 18)

ART. 2.8.1.7.2.—Certificado de disponibilidad presupuestal. El certificado de disponibilidad es el documento expedido por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces con el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos.

Este documento afecta preliminarmente el presupuesto mientras se perfecciona el compromiso y se efectúa el correspondiente registro presupuestal. En consecuencia, los órganos deberán llevar un registro de éstos que permita determinar los saldos de apropiación disponible para expedir nuevas disponibilidades.

(D. 568/96, art. 19)

ART. 2.8.1.7.3.—Registro presupuestal. El registro presupuestal es la operación mediante la cual se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta no será desviada a ningún otro fin. En esta operación se debe indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar.

(D. 568/96, art. 20)

ART. 2.8.1.7.4.—Sistema único presupuestal. Las entidades que conforman el Presupuesto General de la Nación ejecutarán sus presupuestos a través de un Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), el cual será administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

PAR.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2107 de 2017 artículo 3° del Ministerio de Hacienda y Crédito)

PAR. 2º—(Nota: Adicionado por el Decreto 761 de 2018 artículo 4° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

(D. 4730/2005, art. 17)

ART. 2.8.1.7.5.—(Modificado).* Registro de compromisos. El registro de los compromisos con cargo al presupuesto general de la Nación correspondiente a las cuentas de gastos de personal y gastos generales en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, deberá hacerse de conformidad con el detalle establecido en el plan de cuentas expedido por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

(D. 4836/2011, art. 5º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 412 de 2018 artículo 14 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.8.1.7.6.—(Modificado).* Ejecución compromisos presupuestales. Los compromisos presupuestales legalmente adquiridos, se cumplen o ejecutan, tratándose de contratos o convenios, con la recepción de los bienes y servicios, y en los demás eventos, con el cumplimiento de los requisitos que hagan exigible su pago.

Para pactar la recepción de bienes y servicios en vigencias siguientes a la de celebración del compromiso, se debe contar previamente con una autorización por parte del Confis o de quien este delegue, de acuerdo con lo establecido en la ley, para asumir obligaciones con cargo a presupuestos de vigencias futuras. Para tal efecto, previo a la expedición de los actos administrativos de apertura del proceso de selección de contratistas en los que se evidencie la provisión de bienes o servicios que superen el 31 de diciembre de la respectiva vigencia fiscal, deberá contarse con dicha autorización.

PAR.—La disponibilidad presupuestal sobre la cual se amparen procesos de selección de contratistas podrá ajustarse, previo a la adjudicación y/o celebración del respectivo contrato. Para tal efecto, los órganos que hacen parte del presupuesto general de la Nación podrán solicitar, previo a la adjudicación o celebración del respectivo contrato, la modificación de la disponibilidad presupuestal, esto es, la sustitución del certificado de disponibilidad presupuestal por la autorización de vigencias futuras.

(D. 1957/2007, art. 1º, modificado por el D. 4836/2011, art. 3º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 412 de 2018 artículo 15 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.8.1.7.7.—Recursos entregados a través de negocios jurídicos que no desarrollan objeto de la apropiación. Los recursos entregados para ser manejados a través de negocios jurídicos que no desarrollen el objeto de la apropiación, no se constituyen en compromisos presupuestales que afecten la apropiación respectiva, con excepción de la remuneración pactada por la prestación de este servicio.

(D. 568/96, art. 21)

ART. 2.8.1.7.8.—Ejecución de recursos entregados a entidades fiduciarias. Los órganos públicos fideicomitentes para la celebración de contratos o expedición de actos administrativos con cargo a los recursos que manejen las entidades fiduciarias, deberán realizar todos los trámites presupuestales, incluyendo los certificados de disponibilidad, los registros presupuestales y la solicitud de vigencias futuras.

(D. 568/96, art. 22)

ART. 2.8.1.7.9.—Vigilancia de los órganos de control interno en las conciliaciones. Las oficinas de control interno de los diferentes órganos públicos ejercerán la vigilancia para garantizar que en los procesos de conciliación se está ante una responsabilidad inminente y que se proteja el interés patrimonial del Estado.

Los órganos que hacen parte del presupuesto nacional para cancelar los créditos judicialmente reconocidos, conciliaciones y laudos arbitrales proferidos antes del 30 de abril de 1995, deberán contar con una certificación expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cual conste que éstos no han sido cancelados ni se encuentra en trámite ninguna solicitud de pago.

(D. 568/96, art. 23)

ART. 2.8.1.7.10.—Fondo de compensación interministerial. Cuando durante la ejecución del Presupuesto General de la Nación se hiciere indispensable utilizar los recursos del Fondo de Compensación Interministerial para atender faltantes de funcionamiento, la Dirección General del Presupuesto Nacional estudiará los requerimientos y preparará el acto administrativo que el Ministro de Hacienda y Crédito Público expedirá conforme a lo ordenado por la ley.

En los casos distintos a los mencionados en la presente disposición, además del estudio y evaluación de la Dirección General del Presupuesto Nacional, se requiere de previa calificación de excepcional urgencia por parte del Presidente de la República y del consejo de ministros.

La operación presupuestal a que se refiere este artículo se hará mediante resolución motivada, previa expedición del certificado de disponibilidad presupuestal por parte del jefe de la división de presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o quien haga sus veces. La Dirección General del Presupuesto Nacional comunicará la resolución a los respectivos órganos.

(D. 568/96, art. 35)

SECCIÓN 1

Vigencias futuras

ART. 2.8.1.7.1.1.—Autorizaciones de Vigencias futuras ordinarias en ejecución de contratos. De conformidad con el artículo 10 de la Ley 819 de 2003, el Confis o su delegado podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras con el fin de adicionar los contratos que se encuentren en ejecución, sin que se requiera expedir un nuevo certificado de disponibilidad presupuestal.

Cuando los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación requieran ampliar el plazo de los contratos en ejecución, sin aumentar el monto del mismo y ello implique afectación de presupuestos de posteriores vigencias fiscales, podrán solicitar la sustitución de la apropiación presupuestal que respalda el compromiso, por la autorización de vigencias futuras, en este caso las apropiaciones sustituidas quedarán libres y disponibles.

La autorización para comprometer vigencias futuras procederá siempre y cuando se reúnan las condiciones para su otorgamiento.

(D. 4836/2011, art. 8º)

ART. 2.8.1.7.1.2.—Validación del Impacto fiscal de la declaratoria de importancia estratégica. La declaratoria de importancia estratégica por parte del Conpes a que se refiere el artículo 10 de la Ley 819 de 2003, requerirá del concepto previo y favorable del Confis, donde se valide la consistencia con el marco de gasto de mediano plazo y el marco fiscal de mediano plazo.

(D. 4730/2005, art. 21)

ART. 2.8.1.7.1.3.—Viabilidad fiscal para la aprobación de vigencias futuras excepcionales. Los proyectos de inversión que requieran vigencias futuras excepcionales y superen el respectivo período de Gobierno, deben contar con el aval fiscal por parte del Confis, antes de su declaratoria de importancia estratégica por parte del Conpes.

La presente disposición se aplica a las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta sujetas al régimen de aquellas, del orden nacional dedicadas a actividades no financieras.

(D. 4730/2005, art. 23)

ART. 2.8.1.7.1.4.—Excepción a las vigencias futuras. Los contratos de empréstito, la emisión, suscripción y colocación de títulos de deuda pública, los créditos de proveedores, las asunciones de deuda pública y las contrapartidas que se estipulen, no requieren de autorización por parte del Confis para asumir obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras. Dichos contratos se regirán por las normas que regulan las operaciones de crédito público.

La presente disposición se aplica a las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta sujetas al régimen de aquellas, del orden nacional dedicadas a actividades no financieras.

(D. 4730/2005, art. 22)

ART. 2.8.1.7.1.5.—Operaciones de crédito público. Para efectos del artículo 3º de la Ley 225 de 1995, se entiende por contratos de empréstito las operaciones de crédito público definidas en el parágrafo 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993.

(D. 568/96, art. 5º)

ART. 2.8.1.7.1.6.—Créditos de proveedores. Para la suscripción de los créditos de proveedores se tendrán en cuenta los mismos requisitos presupuestales establecidos para los contratos de empréstito. Su ejecución se realizará de conformidad con los requisitos establecidos en cada contrato en particular.

(D. 568/96, art. 8º)

ART. 2.8.1.7.1.7.—Vigencias futuras negocios fiduciarios. Los negocios fiduciarios de administración o manejo de recursos que requieran celebrar los órganos públicos que cubran más de una vigencia fiscal, necesitarán autorización para comprometer vigencias futuras previa a la apertura de la licitación o concurso, de manera general o particular. Esta autorización la dará el Consejo Superior de Política Fiscal-Confis, únicamente sobre la remuneración de la entidad fiduciaria.

El anterior requisito será igualmente necesario en caso de la adición, prórroga o reajuste de este tipo de contratos ya celebrados, siempre y cuando cubran más de una vigencia fiscal.

(D. 568/96, art. 3º)

ART. 2.8.1.7.1.8.—Autorización de vigencias futuras sin especificar su valor. El Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, o quien éste delegue podrá autorizar la asunción de compromisos que afecten presupuestos de vigencias futuras sin especificar su valor, cuando se trate de la administración de fondos especiales o contribuciones parafiscales sujetos al monto de las apropiaciones presupuestales que se hagan en la respectiva vigencia.

(D. 568/96, art. 4º)

ART. 2.8.1.7.1.9.—Reducción o eliminación de las autorizaciones de vigencias futuras. El Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, cuando lo considere conveniente por razones de coherencia macroeconómica o por cambios en las prioridades sectoriales, podrá reducir o eliminar las autorizaciones de vigencias futuras. En estos casos, el Confis no podrá reducir o eliminar las autorizaciones de vigencias futuras que amparen compromisos perfeccionados.

(D. 568/96, art. 6º)

ART. 2.8.1.7.1.10.—(Modificado).* Caducidad de las vigencias futuras. Los cupos anuales autorizados para asumir compromisos de vigencias futuras no utilizados a 31 de diciembre de cada año caducan sin excepción. En consecuencia, los órganos deberán reportar a la Dirección General del Presupuesto Nacional antes del 31 de enero de cada año la utilización de los cupos autorizados.

(D. 568/96, art. 7º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 412 de 2018 artículo 16 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.8.1.7.1.11.—Vigencias futuras en procesos de selección. Los procesos de selección amparados con vigencias futuras excepcionales que no se adjudiquen en la vigencia fiscal en que se autorizaron, requerirán una nueva autorización, antes de su perfeccionamiento, sin que sea necesario reiniciar el proceso de selección.

(D. 3629/2004, art. 2º).

ART. 2.8.1.7.1.12.—Afectación del presupuesto para procesos de selección en trámite: Cuando quiera que se encuentre en trámite una licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección del contratista con todos los requerimientos legales, incluida la disponibilidad presupuestal, y la celebración y perfeccionamiento del respectivo contrato se efectúe en la vigencia fiscal siguiente, este se atenderá con el presupuesto de esta última vigencia.

Lo previsto en el inciso anterior sólo procederá cuando los ajustes presupuestales requeridos para tal fin impliquen modificaciones al anexo del decreto de liquidación que no modifiquen en cada sección presupuestal el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, o los subprogramas de inversión aprobados por el Congreso.

(D. 1957/2007, art. 3º)

ART. 2.8.1.7.1.13.—Contratos estatales ejecutados en distintas vigencias fiscales.- En los contratos estatales que incluyan en su objeto varias obligaciones, tales como, el diseño, construcción y mantenimiento, y que deban ser ejecutados en distintas vigencias fiscales, se podrá establecer que su objeto es integral y su ejecución presupuestal se realiza en los términos pactados en el contrato.

Las entregas de obra por montos superiores a las respectivas apropiaciones presupuestales no implican operación de crédito público o asimilada.

En dichos contratos no se podrán pactar pagos por montos superiores a las respectivas autorizaciones de gasto.

(D. 3629/2004, art. 1º)

SECCIÓN 2

Programa anual mensualizado de caja, PAC

ART. 2.8.1.7.2.1.—Programa anual mensualizado de caja. El programa anual mensualizado de caja (PAC) define el monto máximo mensual de pagos para el presupuesto general la Nación con el fin de cancelar las obligaciones exigibles de pago. El monto global del PAC, junto con sus modificaciones, será aprobado por el Confis. Las modificaciones al PAC que no afecten los montos globales aprobados por el Confis, podrán ser aprobadas por la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, con sujeción a la disponibilidad de recursos.

En caso de los establecimientos públicos con ingresos propios, corresponderá a las juntas o consejos directivos aprobar el PAC y sus modificaciones, con base en las metas globales de pago aprobadas por el Confis, o por el representante legal en caso de no existir aquellas. Esta facultad se podrá delegar en el representante legal de cada entidad.

El programa anual de caja correspondiente a las apropiaciones de cada vigencia fiscal, tendrá como límite máximo el valor del presupuesto de ese período. Se podrán reducir las apropiaciones, cuando se compruebe una inadecuada ejecución del PAC.

Los establecimientos públicos podrán pagar con sus ingresos propios obligaciones financiadas con recursos de la Nación, mientras la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público transfiere los dineros respectivos. Igual procedimiento será aplicable a los órganos del presupuesto general de la Nación cuando administren fondos especiales y a las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas sobre los recursos de la Nación. Estas operaciones deben contar con la autorización previa de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional.

Las apropiaciones suspendidas, incluidas las que se financian con los recursos adicionales a que hace referencia el artículo 347 de la Constitución Política, lo mismo que aquellas financiadas con recursos del crédito no perfeccionadas, sólo se incluirán en el PAC cuando cese en sus efectos la suspensión o cuando lo autorice el Confis mientras se perfeccionan los contratos de empréstito.

Los desembolsos de los contratos celebrados por los órganos que conforman el presupuesto general de la Nación, deben pactarse hasta la cuantía de los montos aprobados en el PAC.

(D. 4730/2005, art. 26)

ART. 2.8.1.7.2.2.—Aprobación del PAC. El Confis con fundamento en las metas máximas de pago establecidas en el Plan Financiero aprobará el programa anual de caja, PAC, con recursos de la Nación. Las juntas o consejos directivos o el representante legal del órgano, si no existen juntas o consejos directivos, aprobarán el PAC y sus modificaciones con ingresos propios de los establecimientos públicos, con fundamento en las metas globales de pagos fijadas por el Confis.

(D. 568/96, art. 24)

ART. 2.8.1.7.2.3.—Aplicación específica disposiciones PAC. Las disposiciones establecidas en el presente capítulo que hacen referencia a las competencias de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con relación al programa anual mensualizado de caja - PAC se aplican únicamente a los recursos del presupuesto nacional.

(D. 568/96, art. 25)

ART. 2.8.1.7.2.4.—Clasificación de los recursos nación en el PAC. El programa anual mensualizado de caja con recursos de la Nación se clasificará así:

a) Funcionamiento: gastos de personal, gastos generales, transferencias corrientes y transferencias de capital.

b) Servicio de la deuda pública: deuda interna y externa.

c) Gastos de inversión.

(D. 568/96, art. 26)

ART. 2.8.1.7.2.5.—Ajustes al PAC. Cuando se efectúen traslados presupuestales con cargo al Fondo de Compensación Interministerial, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional hará de oficio los ajustes al programa anual mensualizado de caja y los comunicará a los órganos afectados. Igual procedimiento se aplicará cuando se efectúen las distribuciones del presupuesto nacional autorizadas por las disposiciones generales de la ley anual del presupuesto.

(D. 568/96, art. 27)

ART. 2.8.1.7.2.6.—Expedición manual de tesorería PAC. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional expedirá un Manual de Tesorería en el cual se establezcan las directrices y parámetros necesarios para la administración del PAC. Igualmente, comunicará a cada órgano los parámetros y lineamientos necesarios para la mensualización de los pagos.

(D. 568/96, art. 28)

ART. 2.8.1.7.2.7.—Solicitud de PAC a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Los órganos presentarán su solicitud de PAC a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional antes del 20 de diciembre, diferenciando los pagos que correspondan a recursos del crédito externo y donaciones del exterior, cuando en éstos se haya estipulado mecanismos especiales de ejecución.

(D. 568/96, art. 29)

ART. 2.8.1.7.2.8.—Modificaciones PAC. Las solicitudes de modificación al PAC, deberán ser presentadas por los órganos, oportunamente a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en el formato que ésta establezca.

(D. 568/96, art. 31)

ART. 2.8.1.7.2.9.—Límite desembolsos de contratos. Los desembolsos de los contratos celebrados por los órganos que forman parte del presupuesto general de la Nación deberán pactarse hasta la cuantía de los montos aprobados en el programa anual mensualizado de caja, PAC.

(D. 568/96, art. 33)

ART. 2.8.1.7.2.10.—Seguimiento al programa anual mensualizado de caja. El Confis hará un seguimiento trimestral al programa anual mensualizado de caja, con el objeto de definir o modificar los montos máximos de pago mensuales por entidad, teniendo en cuenta el monto global de PAC aprobado, las prioridades de gasto, el nivel de ejecución y las restricciones fiscales y financieras.

(D. 4730/2005, art. 27)

SECCIÓN 3.

Reservas presupuestales y cuentas por pagar

ART. 2.8.1.7.3.1.—Reservas presupuestales y cuentas por pagar. A través del sistema integrado de información financiera SIIF Nación se definirán, cada vigencia y con corte a 31 de diciembre de la vigencia fiscal anterior, las reservas presupuestales y cuentas por pagar de cada una de las secciones del presupuesto general de la Nación.

Las reservas presupuestales corresponderán a la diferencia entre los compromisos y las obligaciones, y las cuentas por pagar a la diferencia entre las obligaciones y los pagos.

(D. 4836/2011, art. 6º)

ART. 2.8.1.7.3.2.—(Modificado).* Constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar. A más tardar el 20 de enero de cada año, los órganos que conforman el presupuesto general de la Nación constituirán las reservas presupuestales y cuentas por pagar de la respectiva sección presupuestal correspondientes a la vigencia fiscal anterior, de conformidad con los saldos registrados a 31 de diciembre a través del sistema integrado de información financiera SIIF Nación. En dicho plazo, podrán efectuar los ajustes a que haya lugar para la constitución de las reservas presupuestales y de las cuentas por pagar, sin que en ningún caso se puedan registrar nuevos compromisos.

Cumplido el plazo para adelantar los ajustes a que hace mención el inciso primero del presente artículo y constituidas en forma definitiva las reservas presupuestales y cuentas por pagar a través del sistema integrado de información financiera SIIF Nación, los dineros sobrantes de la Nación serán reintegrados por el ordenador del gasto y el funcionario de manejo del respectivo órgano a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los primeros quince (15) días del mes de febrero del respectivo año.

Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre de la vigencia en la cual se constituyeron, expiran sin excepción. En consecuencia, los respectivos recursos de la Nación deben reintegrarse por el ordenador del gasto y el funcionario de manejo del respectivo órgano a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los primeros diez (10) días del mes siguiente a la expiración de estas.

(D. 4836/2011, art. 7º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 412 de 2018 artículo 17 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.8.1.7.3.3.—Fenecimiento de reservas presupuestales y cuentas por pagar. Las reservas presupuestales y cuentas por pagar constituidas por los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, que no se ejecuten durante el año de su vigencia fenecerán.

(D. 568/96, art. 38)

ART. 2.8.1.7.3.4.—Extinción del compromiso u obligación fundamento de reservas presupuestales y cuentas por pagar. Si durante el año de la vigencia de la reserva o cuenta por pagar desaparece el compromiso u obligación que las originó, el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto elaborarán un acta, la cual será enviada a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional para los ajustes respectivos.

(D. 568/96, art. 39)

ART. 2.8.1.7.3.5.—Reducción al presupuesto de acuerdo con el monto de reservas presupuestales. De conformidad con lo previsto en el artículo 9º de la Ley 225 de 1995 y el artículo 31 de la Ley 344 de 1996, en cada vigencia, el Gobierno Nacional reducirá el presupuesto en el 100% del monto de las reservas presupuestales constituidas sobre el presupuesto del año inmediatamente anterior, que excedan el 2% de las apropiaciones de funcionamiento y el 15% de las apropiaciones de inversión del presupuesto de dicho año.

El presente artículo no será aplicable a las transferencias de que trata el artículo 357 de la Constitución Política.

(D. 1957/2007, art. 2º)

CAPÍTULO 8

Seguimiento y evaluación

ART. 2.8.1.8.1.—(Modificado).* Seguimiento y evaluación presupuestal. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General del Presupuesto Público Nacional realizará el seguimiento y evaluación del presupuesto general de la Nación, con base en la información registrada en el sistema integrado de información financiera SIIF Nación. Lo anterior sin perjuicio de la información adicional que la dirección solicite y que no se encuentre disponible en el sistema.

El Departamento Nacional de Planeación realizará el seguimiento y evaluará la gestión de los proyectos de inversión en los términos previstos en los artículos 27 y 28 del Decreto 2844 de 2010 o aquel que lo compile, y mantendrá disponible la información en el sistema de seguimiento a proyectos de inversión pública, SPI para consulta de todas las entidades públicas que puedan requerirla para la elaboración de los informes a que se refiere el presente título o para el cumplimiento de sus funciones. La información estará además disponible para la ciudadanía en general.

Cuando los órganos que conforman el presupuesto general de la Nación no registren la información en el sistema integrado de información financiera SIIF Nación, o en el sistema unificado de inversión pública, o no reporten la información que requiera la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y/o a Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de Planeación para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 92 del estatuto orgánico del presupuesto, estos podrán abstenerse de adelantar los trámites presupuestales que dichos órganos presenten para su aprobación o concepto favorable.

(D. 4730/2005, art. 34 modificado por el D. 4836/2011, art. 2º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 412 de 2018 artículo 18 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.8.1.8.2.—Seguimiento del Confis. Las operaciones de crédito público de manejo y asunción de deuda y prefinanciamiento, requerirán del pronunciamiento por parte del Confis, con el fin de establecer que el gasto en intereses, comisiones y gastos de deuda que estas generan, se encuentra ajustado al marco fiscal de mediano plazo.

(D. 4730/2005, art. 24)

SECCIÓN 1

Portal Central de Transparencia Fiscal (PCTF)

(Nota: Adicionado por el Decreto 1268 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.8.1.8.1.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1268 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.8.1.8.1.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1268 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.8.1.8.1.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1268 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.8.1.8.1.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1268 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.8.1.8.1.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1268 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.8.1.8.1.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1268 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.8.1.8.1.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1268 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.8.1.8.1.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1268 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.8.1.8.1.9.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1268 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.8.1.8.1.10.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1268 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.8.1.8.1.11.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1268 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.8.1.8.1.12.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1268 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.8.1.8.1.13.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1268 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.8.1.8.1.14.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1268 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.8.1.8.1.15.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1268 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.8.1.8.1.16.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1268 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.8.1.8.1.17.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1268 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.8.1.8.1.18.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1268 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Adicionado por el Decreto 1268 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 9

Disposiciones varias

ART. 2.8.1.9.1.—Inversiones del Fondo de Superavit de la Nación. Las inversiones de los recursos del fondo de superávit de la Nación, constituido de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 del estatuto orgánico del presupuesto, se harán por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, de acuerdo con las atribuciones que le confieren el estatuto orgánico de presupuesto y demás normas concordantes y pertinentes.

Podrán constituirse inversiones financieras en el país, siempre y cuando no afecten la base monetaria, tanto en el mercado primario como en el secundario, aún tratándose de títulos de deuda pública de la Nación, y en este caso no operará el fenómeno de la confusión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 100 del estatuto orgánico del presupuesto.

(D. 568/96, art. 32)

ART. 2.8.1.9.2.—Gastos funcionamiento Confis. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público con cargo a su presupuesto atenderá los gastos que ocasione el funcionamiento del Consejo Superior de Política Fiscal Confis.

(D. 568/96, art. 40)

ART. 2.8.1.9.3.—Modificaciones a las plantas de personal. Las modificaciones a las plantas de personal que no incrementen sus costos anuales actuales o que no superen las apropiaciones vigentes de gastos de personal entrarán en vigencia una vez se expida el decreto respectivo.

En consecuencia, salvo que exista autorización en la Constitución o en la ley, aquellas modificaciones de planta que incrementen los costos anuales actuales y superen las apropiaciones vigentes de gastos de personal, entrarán en vigencia el primero de enero del año siguiente a su aprobación.

Se entiende por costos anuales actuales, el valor de la planta de personal del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año en que se efectúe la modificación.

Requerirán de viabilidad presupuestal expedida por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público las modificaciones a las plantas de personal que incrementen sus costos anuales actuales o cuando sin hacerlo impliquen el pago de indemnizaciones a los servidores públicos.

En todo caso, la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público verificará el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. Para tal efecto, dará concepto previo a la expedición de los correspondientes decretos, indicando si las modificaciones propuestas se encuentran en el evento previsto en el inciso primero o si, por el contrario, deben entrar a regir el primero de enero del año siguiente.

PAR.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2107 de 2017 artículo 2° del Ministerio de Hacienda y Crédito)

PAR. 2º—(Nota: Adicionado por el Decreto 761 de 2018 artículo 2° del Ministerio de Justicia y del Derecho)

(D. 568/96, art. 41)

ART. 2.8.1.9.4.—Liquidación de rentas de destinación específica. Las liquidaciones de las rentas de destinación específica de que tratan los numerales 2º y 3º del artículo 359 de la Constitución Política, se harán efectivas una vez descontadas las transferencias territoriales de que tratan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, en los términos establecidos en el artículo 7º de la Ley 225 de 1995.

(D. 2305/2004, art. 1º)

ART. 2.8.1.9.5.—Liquidación de excedentes financieros de los establecimientos públicos. Los excedentes financieros se calcularán con fundamento en los estados financieros a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, y serán iguales al patrimonio descontando el capital, la reserva legal y las donaciones. Adicionalmente, se tendrá en cuenta la situación de liquidez para determinar la cuantía que se trasladará a la Nación como recursos de capital.

(D. 4730/2005, art. 25)

ART. 2.8.1.9.6.—Modificaciones presupuestales. Si durante la ejecución del presupuesto general de la Nación fuese necesario modificar el monto del presupuesto para complementar los recursos insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la ley, el Gobierno presentará al Congreso de la República un proyecto de ley para tales efectos.

La modificación se realizará preferiblemente mediante un contracrédito en la vigencia en curso. Cuando no sea posible, las adiciones presupuestales podrán efectuarse cuando se cumpla con alguno de los siguientes requisitos:

a) Tener el carácter de extraordinarios e imprevisibles, frente a la estimación inicial de gastos;

b) Contar con mayores ingresos.

En caso de que ninguno de los requisitos antes previstos se cumplan, y se requiera la respectiva adición, el Ministro de Hacienda y Crédito Público preparará una actualización del marco fiscal de mediano plazo, un análisis de las implicaciones de dicha adición y un conjunto de recomendaciones.

(D. 4730/2005, art. 28)

ART. 2.8.1.9.7.—Créditos judicialmente reconocidos, laudos arbitrales y conciliaciones. Las providencias que se profieran en contra de los establecimientos públicos deben ser atendidas con cargo a sus rentas propias y de manera subsidiaria con aportes de la Nación.

Las proferidas contra cualquier tipo de empresa en las que la Nación o una de sus entidades tengan participación en su capital, serán asumidas con sus propias rentas y activos, sólo se podrán atender subsidiariamente con aportes de la Nación y hasta el monto de su participación en la empresa.

(D. 4730/2005, art. 32)

ART. 2.8.1.9.8.—Rendimientos financieros. Los rendimientos financieros originados con recursos de la Nación, incluidos los negocios fiduciarios, deben ser consignados en la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional en el mes siguiente de su recaudo. Se exceptúan los rendimientos financieros generados con aportes destinados a la seguridad social.

(D. 4730/2005, art. 33)

CAPÍTULO 10

Ordenación del gasto en el Congreso de la República

ART. 2.8.1.10.1.—(Modificado).* Pasajes aéreos o terrestres. La ordenación de los pasajes aéreos o terrestres dentro del territorio nacional para los honorables congresistas en ejercicio, así como los desplazamientos al exterior para el representante a la Cámara para los colombianos residentes en el exterior, se autorizarán por el ordenador de gasto previa solicitud del secretario general de cada corporación.

Para el efecto la Secretaría General, presentará a las mesas directivas del honorable Senado de la República y la honorable Cámara de Representantes, una solicitud mensual de los pasajes a que tienen derecho los honorables congresistas, indicando nombre del beneficiario y ruta respectiva, uno por cada semana, durante el período de sesiones ordinarias o extraordinarias y un pasaje mensual en período de receso, salvo que se trate de comisiones especiales en el interior del país solicitadas y aprobadas por las mesas directivas de las comisiones constitucionales permanentes legales reglamentarias o accidentales o de sesiones de la comisión interparlamentaria de crédito público previamente convocadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, casos en los cuales se podrá autorizar un número mayor de pasajes.

El representante a la cámara para los colombianos residentes en el exterior, tendrá derecho a un pasaje al mes, durante el período de sesiones ordinarias o extraordinarias, y un pasaje en cada período de receso, con destino al lugar del exterior en el cual inscribió su candidatura, salvo que se trate de comisiones especiales en el interior del país, solicitadas y aprobadas por las mesas directivas de las comisiones constitucionales permanentes legales reglamentarias o accidentales o de sesiones de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, previamente convocadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, casos en los cuales se podrá autorizar un número mayor de pasajes.

Igualmente, la secretaría general de Senado y de Cámara de Representantes enviará a las mesas directivas del honorable Senado de la República y la honorable Cámara de Representantes, una relación de los pasajes que hayan sido utilizados o devueltos para efecto de elaborar la correspondiente resolución que ordene el reconocimiento y pago.

(D. 870/89, art. 4º, modificado parcialmente por el D. 299/2005, modificado por el D. 3727/2010, art. 1º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 2171 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.8.1.10.2.—Requisitos para la expedición de pasajes aéreos. La expedición de pasajes aéreos para empleados del honorable Senado de la República y de la honorable Cámara de Representantes, cuando en cumplimiento de sus funciones deban trasladarse fuera de Bogotá, requiere solicitud justificada del inmediato superior y resolución de la mesa directiva.

En la misma forma se procederá respecto de los contratistas, cuya prestación de servicio lo amerite y así se haya estipulado expresamente en el respectivo contrato.

PAR.—Los secretarios generales de Senado y Cámara, previa autorización del ordenador del gasto, solicitará el tiquete respectivo a la empresa aérea, indicando el nombre del empleado o contratista, su cargo o número de contrato y la ruta.

(D. 870/89, art. 5º)

ART. 2.8.1.10.3.—Viáticos. El director administrativo de cada Cámara, señalará viáticos a los empleados que en cumplimiento de sus funciones deban trasladarse fuera de Bogotá, para ello, se requerirá autorización previa de la comisión de la mesa de la respectiva corporación, la cual se otorgará mediante resolución debidamente motivada (L. 52/78, art. 12).

(D. 870/89, art. 6º)

ART. 2.8.1.10.4.—Comisiones al exterior. Las comisiones al exterior se tramitarán de acuerdo con las resoluciones que autoricen las mesas directivas de cada corporación, las cuales se elaborarán en la secretaría general respectiva, determinando el objeto de la comisión, ciudad y país en donde se cumplirá, tiempo de duración y valor de los viáticos, conforme con las cuantías que se establezcan en el orden nacional.

(D. 870/89, art. 7º)

ART. 2.8.1.10.5.—Régimen de contratación. La compra de bienes muebles, prestación de servicios y obras públicas y demás contratos necesarios que se requieran para el desempeño de las funciones administrativas, se regirán por lo previsto en la Ley 80 de 1993, y demás normas que lo modifiquen y/o adicionen.

(D. 870/89, art. 8º)

ART. 2.8.1.10.6.—Aplicación de la normativa del presupuesto general de la Nación. La ordenación del gasto prevista en el presente capítulo , deberá sujetarse a las disposiciones consagradas en la Ley normativa del Presupuesto General de la Nación y las demás normas reglamentarias, régimen de apropiaciones, acuerdos de gastos, programa anual de caja, constitución y pago de reservas.

(D. 870/89, art. 14)

TÍTULO 2

Presupuesto de contribuciones parafiscales

ART. 2.8.2.1.—Campo de aplicación. El presente título rige para los órganos a los que se refiere el inciso tercero del artículo 12 de la Ley 179 de 1994, modificado por el artículo 81 de la Ley 1687 de 2013 que administren las siguientes contribuciones:

a) Las contribuciones parafiscales cafeteras, agropecuarias o pesqueras.

b) Los aportes para el subsidio familiar.

c) Las estampillas que determinen contribuciones parafiscales del orden nacional.

d) Las contribuciones parafiscales del Fondo de Promoción Turística.

e) Las contribuciones parafiscales del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

PAR.—De conformidad con el inciso tercero del artículo 12 de la Ley 179 de 1994, modificado por el artículo 81 de la Ley 1687 de 2013, el presente título no se aplicará a aquella parte de las contribuciones parafiscales destinadas al financiamiento del sistema general de seguridad social establecidas en el artículo 8º de la Ley 100 de 1993.

(D. 3035/2013, art. 1º modificado D. 1298/2014, art. 1º que elimina el literal f))

ART. 2.8.2.2.—Elaboración y publicación de presupuestos. Las entidades administradoras de las contribuciones parafiscales a que se refiere el artículo anterior elaborarán sus presupuestos, conforme a la normatividad que les aplique, los cuales deberán ser aprobados por sus órganos directivos en primera instancia, antes de ser sometidos a la aprobación del Consejo Superior de Política Fiscal, Confis.

Para garantizar la publicidad y transparencia en la administración de las mencionadas contribuciones parafiscales, los órganos, a que se refiere este título, deberán enviar el presupuesto aprobado por sus órganos directivos, quince días antes de la sesión de aprobación que realice el Confis, con el fin de ser publicados en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

(D. 3035/2013, art. 2º)

ART. 2.8.2.3.—Aprobación y modificación de presupuestos. Corresponde al Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, establecer las normas y procedimientos para el trámite de aprobación y modificación de los presupuestos de los órganos a los que se refiere el inciso tercero del artículo 12 de la Ley 179 de 1994, modificado por el artículo 81 de la Ley 1687 de 2013.

(D. 3035/2013, art. 3º)

ART. 2.8.2.4.—Responsabilidad de gerentes, presidentes y directores. La responsabilidad de la presentación de los presupuestos aprobados por las entidades y su remisión al Consejo Superior de Política Fiscal, Confis para su posterior aprobación, será de los gerentes, presidentes o directores de los órganos a los que se refiere el inciso tercero del artículo 12 de la Ley 179 de 1994, modificado por el artículo 81 de la Ley 1687 de 2013.

Asistirán, en calidad de invitados a las sesiones de aprobación, el ministro o director del órgano cabeza del sector y demás funcionarios de los órganos o entidades que el Confis considere pertinentes, quienes tendrán voz y no voto.

(D. 3035/2013, art. 4º)

TÍTULO 3

Presupuestos de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras

ART. 2.8.3.1.—Campo de aplicación. El presente título se aplica a las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta sujetas al régimen de aquellas, del orden nacional dedicadas a actividades no financieras, y a aquellas entidades del orden nacional que la ley les establezca para efectos presupuestales el régimen de empresas industriales y comerciales del Estado. En adelante se denominarán empresas en este título.

(D. 115/96, art. 1º)

ART. 2.8.3.2.—Principios presupuestales. Los principios presupuestales son: la planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, la coherencia macroeconómica y la sostenibilidad y estabilidad fiscal.

Este último de conformidad con el artículo 8º de la Ley 1473 de 2011.

(D. 115/96, art. 2º modificado tácitamente por la L. 1473/2011, art. 8º)

ART. 2.8.3.3.—Planificación. El presupuesto deberá guardar concordancia con los contenidos del plan nacional de desarrollo, del plan de inversiones, del plan financiero y del plan operativo anual de inversiones.

(D. 115/96, art. 3º)

ART. 2.8.3.4.—Anualidad. El año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción.

(D. 115/96, art. 4º)

ART. 2.8.3.5.—Universalidad. El presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos que se espere realizar durante la vigencia fiscal respectiva. En consecuencia ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos, erogaciones con cargo al tesoro o transferir crédito alguno, que no figuren en el presupuesto.

(D. 115/96, art. 5º)

ART. 2.8.3.6.—Unidad de caja. Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el presupuesto.

(D. 115/96, art. 6º)

ART. 2.8.3.7.—Programación integral. Todo programa presupuestal deberá contemplar simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento que las exigencias técnicas y administrativas demanden como necesarios para su ejecución y operación, de conformidad con los procedimientos y normas vigentes.

El programa presupuestal incluye las obras complementarias que garanticen su cabal ejecución.

(D. 115/96, art. 7º)

ART. 2.8.3.8.—Especialización. Las apropiaciones deben referirse en cada empresa a su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas.

(D. 115/96, art. 8º)

ART. 2.8.3.9.—Coherencia macroeconómica. El presupuesto debe ser compatible con las metas macroeconómicas fijadas por el Gobierno en coordinación con la Junta Directiva del Banco de la República.

(D. 115/96, art. 9º)

ART. 2.8.3.10.—Sostenibilidad y estabilidad fiscal. El presupuesto tendrá en cuenta que el crecimiento del gasto debe ser acorde con la evolución de los ingresos de largo plazo a estructurales de la economía y debe ser una herramienta de estabilización del ciclo económico, a través de una regla fiscal de conformidad con el artículo 7º de la Ley 1437 de 2011.

(D. 115/96, art. 10 modificado tácitamente por la L. 1437/2011, art. 8º)

ART. 2.8.3.11.—Autonomía presupuestal. Las empresas tienen capacidad para contratar y ordenar el gasto en los términos previstos en el artículo 110 del estatuto orgánico del presupuesto.

(D. 115/96, art. 31)

CAPÍTULO 1

Presupuesto

ART. 2.8.3.1.1.—Presupuesto de ingresos. El presupuesto de ingresos comprende la disponibilidad inicial, los ingresos corrientes que se esperan recaudar durante la vigencia fiscal y los recursos de capital.

El presupuesto de las empresas podrá incluir la totalidad de los cupos de endeudamiento autorizados por el gobierno.

(D. 115/96, art. 12)

ART. 2.8.3.1.2.—Presupuesto de gastos. El presupuesto de gastos comprende las apropiaciones para gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión que se causen durante la vigencia fiscal respectiva.

La causación del gasto debe contar con la apropiación presupuestal correspondiente.

Los compromisos y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre, deberán incluirse en el presupuesto del año siguiente como una cuenta por pagar y su pago deberá realizarse en dicha vigencia fiscal.

(D. 115/96, art. 13, modificado por el D. 4836/2011, art. 10)

ART. 2.8.3.1.3.—Títulos de gasto. En el presupuesto de gastos solo se podrán incluir apropiaciones que correspondan a:

a) Créditos judicialmente reconocidos;

b) Gastos decretados conforme a la ley anterior;

c) Las destinadas a dar cumplimiento a los planes y programas de desarrollo económico y social y a las obras públicas de que tratan los artículos 339 y 341 de la Constitución Política, que fueren aprobadas por el Congreso Nacional, y

d) Las normas que organizan las empresas.

(D. 115/96, art. 14)

ART. 2.8.3.1.4.—Disponibilidad final. La disponibilidad final corresponde a la diferencia existente entre el presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos.

(D. 115/96, art. 15)

ART. 2.8.3.1.5.—Envío de anteproyectos de presupuesto. Las empresas enviarán a la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y al Departamento Nacional de Planeación el anteproyecto de presupuesto antes del 31 de octubre de cada año.

(D. 115/96, art. 16)

ART. 2.8.3.1.6.—Consulta y concepto favorable para la preparación del presupuesto. La Dirección General del Presupuesto Nacional, previa consulta con el Ministerio respectivo, preparará el presupuesto de ingresos y gastos y sus modificaciones, con base en los anteproyectos presentados por las empresas. Para los gastos de inversión se requiere del concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación.

El concepto del Departamento Nacional de Planeación para las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras, se emitirá en forma global y en ningún caso a nivel de proyectos de inversión.

(D. 115/96, art. 17, adicionado el último inciso por el D. 353/98, art. 1º).

ART. 2.8.3.1.7.—Marco fiscal de mediano plazo. El marco fiscal de mediano plazo servirá de base para la aprobación y modificación del presupuesto de las empresas en cada vigencia fiscal. Para tales efectos, la secretaría técnica del Confis comunicará a más tardar la primera semana de noviembre, los parámetros fijados en el marco fiscal de mediano plazo.

(D. 4730/2005, art. 35)

ART. 2.8.3.1.8.—Presentación y aprobación del presupuesto. La Dirección General del Presupuesto Público Nacional presentará al Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos y sus modificaciones.

El Confis o quien éste delegue, aprobará por resolución el presupuesto y sus modificaciones.

(D. 115/96, art. 18)

ART. 2.8.3.1.9.—Delegación. El Confis podrá delegar en las juntas o consejos directivos de las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta sometidas al régimen de aquellas la aprobación y modificación de sus presupuestos, conforme a las directrices generales que este establezca y siempre que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Desarrollen su objeto social en competencia con otros agentes o se desempeñen en mercados regulados.

b) Cuenten con prácticas de buen gobierno corporativo que garanticen, entre otros, la protección de sus accionistas minoritarios e inversionistas, la transparencia y revelación de información, el cumplimiento de los deberes y responsabilidades de los órganos sociales y administradores en materia presupuestal y financiera y una política de dividendos y constitución de reservas, derivadas de códigos de buen gobierno adoptados en cumplimiento de estipulaciones estatutarias o legales que definirán su contenido mínimo.

c) Acreditar una calificación anual de riesgo crediticio mayor o igual a AA-, o su equivalente, otorgada por una entidad calificadora de riesgo debidamente acreditada en el país.

El Confis verificará el cumplimiento de lo previsto en este artículo a través de su Secretaría Ejecutiva. En caso que la empresa no cumpla con todos los requisitos establecidos en este artículo, se sujetará al régimen presupuestal previsto en el este título y demás normas expedidas en ejercicio del artículo 96 del estatuto orgánico del presupuesto y en el plazo que el Confis señale.

(D. 4730/2005, art. 36)

ART. 2.8.3.1.10.—Desagregación del presupuesto. La responsabilidad de la desagregación del presupuesto de ingresos y gastos, conforme a las cuantías aprobadas por el Confis o quien éste delegue, será de los gerentes, presidentes o directores, quienes presentarán un informe de la desagregación a la junta o consejo directivo, para sus observaciones, modificaciones y refrendación mediante resolución o acuerdo, antes del 1º de febrero de cada año.

En la distribución se dará prioridad a los sueldos de personal, prestaciones sociales, servicios públicos, seguros, mantenimiento, sentencias, pensiones y transferencias asociadas a la nómina.

La ejecución del presupuesto podrá iniciarse con la desagregación efectuada por los gerentes, presidentes o directores de las empresas. El presupuesto distribuido se remitirá al Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección General del Presupuesto Público Nacional y al Departamento Nacional de Planeación a más tardar el 15 de febrero de cada año.

(D. 115/96, art. 19)

ART. 2.8.3.1.11.—Definición apropiación. Las apropiaciones son autorizaciones máximas de gasto que tienen como fin ser comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. Después del 31 de diciembre de cada año las autorizaciones expiran y en consecuencia no podrán adicionarse, ni transferirse, ni contracreditarse, ni comprometerse.

(D. 115/96, art. 20)

CAPÍTULO 2

Ejecución presupuestal

ART. 2.8.3.2.1.—Disponibilidad y registro presupuestal. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales, deberán contar con los certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos.

Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos.

En consecuencia, no se podrán contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, con anticipación a la apertura del crédito adicional correspondiente, o con cargo a recursos del crédito cuyos contratos no se encuentren perfeccionados, o sin que cuenten con el concepto de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional para comprometerlos antes de su perfeccionamiento, o sin la autorización para comprometer vigencias futuras por el Consejo Superior de Política Fiscal, Confis o quien éste delegue. El funcionario que lo haga responderá personal y pecuniariamente de las obligaciones que se originen.

(D. 115/96, art. 21)

ART. 2.8.3.2.2.—Autorización de vigencias futuras. El Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, o quien éste delegue, previo concepto técnico-económico del Ministerio respectivo, podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras, cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso.

El Confis, en casos excepcionales para las obras de infraestructura, energía, comunicaciones, aeronáutica, defensa y seguridad, así como para las garantías a las concesiones, podrá autorizar que se asuman obligaciones que afecten el presupuesto de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año en que se concede la autorización.

Cuando las anteriores autorizaciones afecten el presupuesto de gastos de inversión, se requerirá el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación.

Los contratos de empréstitos y las contrapartidas que en estos se estipulen no requerirán de la autorización del Confis para la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras. Estos contratos se regirán por las normas que regulan las operaciones de crédito público.

Los recursos necesarios para desarrollar estas actividades deberán ser incorporados en los presupuestos de la vigencia fiscal correspondiente.

Los procesos de selección amparados con vigencias futuras excepcionales que no se adjudiquen en la vigencia fiscal en que se autorizaron, requerirán una nueva autorización, antes de su perfeccionamiento, sin que sea necesario reiniciar el proceso de selección.

(D. 115/96, art. 11 adicionado el último inciso por el D. 4336/2004, art. 1º)

ART. 2.8.3.2.3.—Modificación de apropiaciones. El detalle de las apropiaciones podrá modificarse, mediante acuerdo o resolución de las juntas o consejos directivos, siempre que no se modifique en cada caso el valor total de los gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión.

Una vez aprobada la modificación, deberá reportarse en los diez (10) días siguientes a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional y al Departamento Nacional de Planeación.

(D. 115/96, art. 23)

ART. 2.8.3.2.4.—Adiciones, traslados o reducciones. Las adiciones, traslados o reducciones que modifiquen el valor total de los gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión serán aprobados por el Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, o quien éste delegue. Para estos efectos se requiere del concepto del Ministerio respectivo. Para los gastos de inversión se requiere adicionalmente el concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación.

La Dirección General del Presupuesto Público Nacional y el Departamento Nacional de Planeación podrán solicitar la información que se requiera para su estudio y evaluación.

(D. 115/96, art. 24)

ART. 2.8.3.2.5.—Requisitos para adiciones, traslados o reducciones y cruce de cuentas. Las adiciones, traslados o reducciones requerirán del certificado de disponibilidad que garantice la existencia de los recursos, expedido por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces.

Cuando las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta sujetas al régimen de aquellas, celebren convenios de reciprocidad comercial en desarrollo de su objeto social previsto en la ley de creación con entidades de derecho público o con entidades privadas, podrán realizar cruce de cuentas, los cuales deberán reflejarse en sus respectivos presupuestos.

Para adelantar las operaciones de cruce de cuentas se requerirá además de los requisitos indicados en el inciso anterior, la autorización previa por parte de los ordenadores de gasto de las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta sujetas al régimen de aquellas.

(D. 115/96, art. 25, modificado por el D. 1786/2001, art. 1º)

ART. 2.8.3.2.6.—Asignaciones y/o distribuciones. Cuando los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación efectúen asignaciones y/o distribuciones que afecten el presupuesto de las empresas, las juntas o consejos directivos harán los ajustes presupuestales correspondientes sin variar la destinación de los recursos, mediante acuerdo o resolución. Estos actos administrativos deben enviarse a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional para su información y seguimiento, y además al Departamento Nacional de Planeación cuando se trate de proyectos de inversión.

(D. 115/96, art. 26 modificado tácitamente por el D. 4730/2005, art. 37)

ART. 2.8.3.2.7.—Modificaciones al presupuesto de gastos cuya fuente de financiación sean recursos de crédito previamente autorizados. Las modificaciones al presupuesto de gastos de inversión que tengan como fuente de financiación recursos del crédito previamente autorizados, no requerirán de un nuevo concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación para adelantar los trámites de incorporación al presupuesto.

(D. 115/96, art. 27)

ART. 2.8.3.2.8.—Suspensión, reducción o modificación del presupuesto. El Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, o quien éste delegue podrá suspender, reducir o modificar el presupuesto cuando la Dirección General del Presupuesto Público Nacional estime que los recaudos del año pueden ser inferiores al total de los gastos presupuestados; o cuando no se perfeccionen los recursos del crédito; o cuando la coherencia macroeconómica así lo exija; o cuando el Departamento Nacional de Planeación lo determine, de acuerdo con los niveles de ejecución de la inversión.

(D. 115/96, art. 28)

ART. 2.8.3.2.9.—Prohibiciones. No se podrá tramitar o legalizar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. Los ordenadores de gastos responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma.

(D. 115/96, art. 22)

CAPÍTULO 3

Disposiciones varias

ART. 2.8.3.3.1.—Modificaciones a las plantas de personal. Las modificaciones a las plantas de personal requerirán de viabilidad presupuestal expedida por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, para lo cual podrá solicitar la información que considere necesaria.

(D. 115/96, art. 29)

ART. 2.8.3.3.2.—Provisión de vacantes. Cuando se provean vacantes se requerirá de la certificación de su previsión en el presupuesto de la vigencia fiscal correspondiente. Para tal efecto, el jefe de presupuesto garantizará la existencia de los recursos del 1º de enero al 31 de diciembre de cada año fiscal.

(D. 115/96, art. 30)

ART. 2.8.3.3.3.—Rendición de cuentas. Los resultados y desempeño de las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta sometidas al régimen de aquellas, serán de conocimiento público y se incorporarán en el informe anual al Congreso de la República del Ministro del sector al cual pertenezca dicha empresa.

(D. 4730/2005, art. 38 modificado por el D. 1957/2007, art. 7º)

ART. 2.8.3.3.4.—Excedentes financieros. Los excedentes financieros de las empresas industriales y comerciales del Estado no societarias se liquidarán de acuerdo con el régimen previsto para las sociedades comerciales.

(D. 4730/2005, art. 39 modificado por el D. 1957/2007, art. 8º)

ART. 2.8.3.3.5.—Convenios. Las entidades de carácter financiero, rendirán un informe trimestral al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Nacional de Planeación, sobre la ejecución de los proyectos adelantados con órganos que ejecutan recursos del Presupuesto General de la Nación.

Cuando en desarrollo de tales contratos o convenios se generen rendimientos financieros que correspondan al órgano contratante, la entidad de carácter financiero los consignará a más tardar el 28 de febrero de cada año en la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, y/o en las tesorerías de los órganos del Presupuesto General de la Nación cuando correspondan a recursos propios.

(D. 4730/2005, art. 40)

ART. 2.8.3.3.6.—Información presupuestal. Las empresas enviarán a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional y a la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de Planeación toda la información que sea necesaria para la programación, ejecución y seguimiento financiero de sus presupuestos, con la periodicidad y el detalle que determinen a este respecto.

(D. 115/96, art. 32)

ART. 2.8.3.3.7.—Suspensión de trámites por incumplimientos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General del Presupuesto Público Nacional, podrá abstenerse de adelantar los trámites de cualquier operación presupuestal cuando las empresas no envíen los informes periódicos, la documentación complementaria que se le solicite o incumplan los objetivos y metas trazados en el plan financiero y en el programa macroeconómico del Gobierno Nacional.

(D. 115/96, art. 33)

ART. 2.8.3.3.8.—Recaudo de ingresos de otras entidades. Cuando una empresa esté facultada para recaudar ingresos que pertenecen a otras entidades no realizará operación presupuestal alguna, sin perjuicio de la vigilancia que deban ejercer los correspondientes órganos de control.

(D. 115/96, art. 34)

ART. 2.8.3.3.9.—Rendimientos financieros. Los rendimientos financieros originados con recursos del presupuesto nacional, incluidos los negocios fiduciarios, deben ser consignados en la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional en el mes siguiente de su recaudo. Se exceptúan los rendimientos financieros generados con aportes destinados a la seguridad social.

(D. 115/96, art. 35)

ART. 2.8.3.3.10.—Aportes de la Nación. La Nación podrá hacer aportes a las empresas durante la vigencia fiscal para atender gastos relacionados con su objeto social.

(D. 115/96, art. 36)

ART. 2.8.3.3.11.—Cajas menores. Las empresas podrán constituir cajas menores y hacer avances previa autorización de los gerentes, siempre que se constituyan las fianzas y garantías que éstos consideren necesarias.

(D. 115/96, art. 37 inciso final derogado parcialmente por el D. 2768/2012)

ART. 2.8.3.3.12.—Destinación de utilidades. Para que en los términos del artículo 97 del estatuto orgánico del presupuesto, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, imparta instrucciones respecto de la destinación que debe dársele a las utilidades que correspondan a las entidades estatales nacionales por su participación en el capital de las empresas industriales y comerciales societarias del Estado y de las sociedades de economía mixta con régimen de aquellas, del orden nacional, las mismas deberán enviar al Departamento Nacional de Planeación y a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a más tardar con un mes de antelación a la fecha de celebración de la respectiva asamblea, el proyecto de repartición de tales utilidades con base en estados financieros fidedignos cortados a 31 de diciembre del año precedente.

Si en la fecha de celebración de la asamblea ordinaria de tales sociedades, el Consejo Nacional de Política Económica y Social no ha impartido las instrucciones de que trata el inciso anterior, las utilidades que correspondan por su participación a las entidades estatales nacionales, se registraran en el patrimonio social como utilidades de ejercicios anteriores, hasta que el Conpes decida sobre el particular y luego de haber apropiado los recursos correspondientes a la reserva legal y estatutaria, si fuere del caso.

El proyecto de distribución de utilidades que remitan aquellas entidades que tengan más de un ejercicio contable deberá corresponder al periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre y se enviara durante los dos primeros meses del año, con la misma antelación prevista en el primer inciso de este artículo, respecto de la fecha de celebración de la asamblea.

(D. 205/97, art. 1º)

TÍTULO 4

Medidas de austeridad del gasto público

CAPÍTULO 1

Ámbito de aplicación

ART. 2.8.4.1.1.—Campo de aplicación. Se sujetan a la regulación de este título, salvo en lo expresamente aquí exceptuando, los organismos, entidades, entes públicos, y personas jurídicas que financien sus gastos con recursos del tesoro público.

(D. 1737/98, art. 1º)

ART. 2.8.4.1.2.—Medidas para las entidades territoriales. Las entidades territoriales adoptarán medidas equivalentes a las aquí dispuestas en sus organizaciones administrativas.

(D. 1737/98, art. 2º)

CAPÍTULO 2

Comisiones al exterior

ART. 2.8.4.2.1.—Comisiones al exterior. Las comisiones de servicio al exterior de los servidores públicos de los órganos adscritos o vinculados serán conferidas por el jefe del órgano público respectivo.

Todas las demás comisiones, incluidas las del jefe del órgano adscrito o vinculado a que hace referencia el inciso anterior, continuarán siendo otorgadas de conformidad con las disposiciones vigentes.

(D. 26/98, art. 16)

ART. 2.8.4.2.2.—Comisiones para cumplir compromisos en representación del gobierno. Las comisiones para cumplir compromisos en representación del Gobierno colombiano, con organismos o entidades internacionales de las cuales Colombia haga parte, deberán comunicarse previamente al Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de actuar coordinadamente en el exterior y mejorar la gestión diplomática del gobierno. Las que tengan por objeto negociar o tramitar empréstitos requerirán autorización previa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

(D. 26/98, art. 17, modificado por el D. 2411/2007, art. 1º)

ART. 2.8.4.2.3.—Reembolso de pasajes. El valor de los pasajes o de los viáticos no utilizados deberá reembolsarse, en forma inmediata, al órgano público.

(D. 26/98, art. 19)

CAPÍTULO 3

Contratación administrativa

ART. 2.8.4.3.1.—Desembolsos sujetos al PAC. En los contratos no se podrán pactar desembolsos en cuantías que excedan el programa anual de caja aprobado por el Consejo Superior de Política Fiscal o las metas de pago establecidas por éste.

(D. 26/98, art. 20)

ART. 2.8.4.3.2.—Reservas presupuestales y perfeccionamiento de contratos. Las reservas presupuéstales provenientes de relaciones contractuales sólo podrán constituirse con fundamento en los contratos debidamente perfeccionados, cuando se haya adjudicado una licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección del contratista con todos los requerimientos legales, incluida la disponibilidad presupuestal, y su perfeccionamiento se efectúa en la vigencia fiscal siguiente, se atenderá con el presupuesto de esta última vigencia, previo el cumplimiento de los procedimientos presupuestales correspondientes.

Para efectos de la previsión contenida en el inciso precedente, constituirán compromisos debidamente perfeccionados la aceptación de oferta o la suscripción de LOA (letter of offer and acceptance), realizadas en desarrollo de convenios entre el gobierno colombiano y gobiernos extranjeros, con el propósito de adquirir equipos para la defensa y seguridad nacional por parte del Ministerio de Defensa Nacional con destino a la fuerza pública.

(D. 26/98, art. 21 modificado por el D. 2676/99, art. 1º)

ART. 2.8.4.3.3.—Oferta más favorable. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y demás normas que lo modifiquen, para las compras que se realicen sin licitación o concurso de méritos, los órganos públicos tendrán en cuenta las condiciones que el mercado ofrezca y escogerán la más eficiente y favorable para el tesoro público.

(D. 26/98, art. 22)

ART. 2.8.4.3.4.—Prohibiciones para el suministro, adquisición, mantenimiento o reparación de bienes muebles. No se podrán iniciar trámites de licitación, contrataciones directas, o celebración de contratos, cuyo objeto sea la realización de cualquier trabajo material sobre bienes inmuebles, que implique mejoras útiles o suntuarias, tales como el embellecimiento, la ornamentación o la instalación o adecuación de acabados estéticos.

En consecuencia, sólo se podrán adelantar trámites de licitación y contrataciones para la realización de trabajos materiales sobre bienes inmuebles, cuando el contrato constituya una mejora necesaria para mantener la estructura física de dichos bienes.

PAR.—El Ministerio de Relaciones Exteriores quedará exento de la aplicación del presente artículo, cuando se trate de la realización de obras que tiendan a la conservación, mantenimiento y/o adecuación de los salones de estado y de las oficinas, ya sea que se trate de inmuebles de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores o de inmuebles tomados en arrendamiento. Así mismo, quedará exento de la aplicación del presente artículo, cuando se trate de obras que tiendan a la conservación, mantenimiento y/o adecuación de los bienes inmuebles tomados en arrendamiento para el funcionamiento de las oficinas y residencias asignadas a las diferentes misiones diplomáticas y oficinas consulares de Colombia en el exterior.

(D. 1737/98, art. 20 adicionado por el D. 1202/99, art. 1º)

ART. 2.8.4.3.5.—Contratación o renovación de contratos de suministro, mantenimiento o reparación de bienes muebles. Sólo se podrán iniciar trámites para la contratación o renovación de contratos de suministro, mantenimiento o reparación de bienes muebles y para la adquisición de bienes inmuebles, cuando el secretario general, o quien haga sus veces, determine en forma motivada que la contratación es indispensable para el normal funcionamiento de la entidad o para la prestación de los servicios a su cargo.

(D. 1737/98, art. 21, modificado por el D. 2209/98, art. 9º)

SECCIÓN 1

Contratos o convenios con terceros para la administración de recursos

ART. 2.8.4.3.1.1.—Envío de información de contratos y convenios con terceros para la administración de recursos. Los secretarios generales de los órganos que financien gastos con recursos del tesoro público, o quien haga sus veces, deberán enviar semestralmente a la Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la información correspondiente a los contratos o convenios vigentes que hayan suscrito con terceros para la administración de recursos, incluyendo los convenios suscritos con entidades de derecho internacional y la información sobre el empleo de los recursos de tales convenios.

La información deberá incluir en forma discriminada para cada uno de los contratos o convenios lo siguiente:

a) La fecha de convenio o contrato y su vigencia;

b) La fuente, fecha y el monto de los recursos entregados en administración;

c) El monto comprometido y el monto disponible;

d) La lista de cada una de las personas contratadas con cargo a estos recursos, incluyendo para cada caso el valor, la vigencia y el objeto del respectivo contrato;

e) Las solicitudes de contrataciones en curso dirigidas por los organismos que financien gastos con recursos del Tesoro Público a las entidades que administran los recursos.

(D. 1738/98, art. 1º)

ART. 2.8.4.3.1.2.—Envío de información a la DIAN. Los secretarios generales de los órganos que financien gastos con recursos del tesoro público, o quien haga sus veces deberán entregar semestralmente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la información correspondiente a los pagos efectuados en los dos últimos años con cargo a los recursos entregados para administración por terceros. La información se deberá entregar en forma discriminada para cada beneficiario de pagos, incluyendo la identificación de cada uno de ellos, el monto de cada pago y la fecha o fechas de pago.

(D. 1738/98, art. 2º)

ART. 2.8.4.3.1.3.—Autorizaciones. La celebración, perfeccionamiento, renovación, ampliación, modificación o prórroga de los contratos suscritos con las entidades administradoras de los recursos y la celebración, perfeccionamiento, renovación, ampliación modificación o prórroga de los contratos suscritos con cargo a los recursos administrados por terceros, deberá contar con la autorización escrita del jefe del respectivo órgano, entidad o persona jurídica que financie gastos con recursos del tesoro público.

(D. 1738/98, art. 4º, modificado por el D. 2209/98, art.13)

ART. 2.8.4.3.1.4.—Cumplimiento de las disposiciones. Las dependencias encargadas del control interno en cada entidad velarán especialmente por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta sección.

(D. 1738/98, art. 7º)

ART. 2.8.4.3.1.5.—Adopción de medidas. Los representantes del Presidente de la República y del Gobierno Nacional en las entidades descentralizadas que no estén comprendidas en la presente sección, deben proponer y propender a la mayor brevedad por la adopción de medidas similares a las dispuestas en la presente sección, a través de los órganos de dirección en los cuales tengan representación.

(D. 1738/98, art. 8º)

ART. 2.8.4.3.1.6.—Contratos de asistencia técnica. Para todos los efectos previstos en esta sección entiéndase que los contratos de asistencia técnica con terceros que impliquen la contratación de personal son contratos para la administración de recursos.

(D. 2209/98, art. 11)

CAPÍTULO 4

Administración de personal, contratación de servicios personales

ART. 2.8.4.4.1.—Provisión de vacantes de personal. Cuando se provean vacantes de personal se requerirá de la certificación de disponibilidad suficiente de recursos por todos los conceptos en el presupuesto de la vigencia fiscal del respectivo año.

(D. 26/98, art. 2º)

ART. 2.8.4.4.2.—Convenciones o pactos colectivos. Las convenciones o pactos colectivos se ajustarán a las pautas generales fijadas por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes.

(D. 26/98, art. 3º)

ART. 2.8.4.4.3.—Horas extras y comisiones. La autorización de horas extras y comisiones sólo se hará cuando así lo impongan las necesidades reales e imprescindibles de los órganos públicos, de conformidad con las normas legales vigentes.

(D. 26/98, art. 4º)

ART. 2.8.4.4.4.—Provisión y desvinculación de cargos. Los jefes de los órganos públicos velarán porque la provisión y desvinculación de cargos se haga de acuerdo con la norma vigente y previa el cumplimiento de los requisitos legales.

En consecuencia, para los empleados de libre nombramiento y remoción quedan abolidas todas las autorizaciones previas para su provisión o su desvinculación.

(D. 26/98, art. 5º)

ART. 2.8.4.4.5.—Condiciones para contratar la prestación de servicios. Los contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán.

Se entiende que no existe personal de planta en el respectivo organismo, entidad, ente público o persona jurídica, es imposible atender la actividad con personal de planta, porque de acuerdo con los manuales específicos, no existe personal que pueda desarrollar la actividad para la cual se requiere contratar la prestación del servicio, o cuando el desarrollo de la actividad requiere un grado de especialización que implica la contratación del servicio, o cuando aun existiendo personal en la planta, éste no sea suficiente, la inexistencia de personal suficiente deberá acreditarse por el jefe del respectivo organismo.

Tampoco se podrán celebrar estos contratos cuando existan relaciones contractuales vigentes con objeto igual al del contrato que se pretende suscribir, salvo autorización expresa del jefe del respectivo órgano, ente o entidad contratante. Esta autorización estará precedida de la sustentación sobre las especiales características y necesidades técnicas de las contrataciones a realizar.

(D. 1737/98, art. 3º modificado por el D. 2209/98, art. 1º)

ART. 2.8.4.4.6.—Prohibición de contratar prestación de servicios de forma continua. Está prohibido el pacto de remuneración para pago de servicios personales calificados con personas naturales, o jurídicas, encaminados a la prestación de servicios en forma continua para atender asuntos propios de la respectiva entidad, por valor mensual superior a la remuneración total mensual establecida para el jefe de la entidad.

PAR. 1º—Se entiende por remuneración total mensual del jefe de la entidad, la que corresponda a este en cada uno de dichos períodos, sin que en ningún caso puedan tenerse en consideración los factores prestacionales.

PAR. 2º—Los servicios a que hace referencia el presente artículo corresponden exclusivamente a aquellos comprendidos en el concepto de “remuneración servicios técnicos” desarrollado en el decreto de liquidación del presupuesto general de la Nación, con independencia del presupuesto con cargo al cual se realice su pago.

PAR. 3º—De manera excepcional, para aquellos eventos en los que se requiera contratar servicios altamente calificados, podrán pactarse honorarios superiores a la remuneración total mensual establecida para el jefe de la entidad, los cuales no podrán exceder del valor total mensual de remuneración del jefe de la entidad incluidos los factores prestacionales y las contribuciones inherentes a la nómina, relacionadas con seguridad social y parafiscales a cargo del empleador. En estos eventos el representante legal de la entidad deberá certificar el cumplimiento de los siguientes aspectos: 1. Justificar la necesidad del servicio personal altamente calificado. 2. Indicar las características y calidades específicas, altamente calificadas, que reúne el contratista para la ejecución del contrato, y 3. Determinar las características de los productos y/o servicios que se espera obtener.

PAR. 4º—Se entiende por servicios altamente calificados aquellos requeridos en situaciones de alto nivel de especialidad, complejidad y detalle.

(D. 1737/98, art. 4º, modificado por el D. 2209/98, art. 2º, modificado por el D. 2785/2011, art. 1º)

ART. 2.8.4.4.7.—Vinculación de supernumerarios. La vinculación de supernumerarios sólo podrá hacerse cuando no exista personal de planta suficiente para atender las actividades requeridas. En este caso, deberá motivarse la vinculación, previo estudio de las vacantes disponibles en la planta de personal.

(D. 1737/98, art. 5º)

CAPÍTULO 5

Publicidad y publicaciones

ART. 2.8.4.5.1.—Actividades de divulgación. De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1474 de 2011, las entidades públicas podrán adelantar directa o indirectamente, actividades de divulgación de sus programas y políticas, para dar cumplimiento a la finalidad de la respectiva entidad en un marco de austeridad en el gasto y reducción real de costos, acorde con los criterios de efectividad, transparencia y objetividad.

(D. 4326/2011, art. 1º)

ART. 2.8.4.5.2.—Actividades no comprendidas. No se consideran actividades de divulgación de programas y políticas, ni publicidad oficial, aquellas que realicen las entidades públicas con la finalidad de promover o facilitar el cumplimiento de la ley en relación con los asuntos de su competencia, la satisfacción del derecho a la información de los ciudadanos o el ejercicio de sus derechos, o aquellas que tiendan simplemente a brindar una información útil a la ciudadanía, como pueden ser entre otras:

a) Las originadas en actividades o situaciones de riesgo, cuya difusión tiende a prevenir o disminuir la consumación de daños a la ciudadanía;

b) Las notificaciones, comunicaciones o publicaciones legalmente dispuestas;

c) La comunicación o publicación de los instrumentos y demás documentos que deba realizar, de acuerdo con el ordenamiento jurídico;

d) La información de orden legal que sea de interés general para la ciudadanía.

(D. 4326/2011, art. 2º)

ART. 2.8.4.5.3.—Papelería. La papelería de cada uno de los órganos públicos deberá ser uniforme en su calidad, preservando claros principios de austeridad en el gasto, excepto la que utiliza el jefe de cada órgano público, los miembros del Congreso de la República y los magistrados de las Altas Cortes.

(D. 26/98, art. 11)

ART. 2.8.4.5.4.—Avisos institucionales. Solamente se publicarán los avisos institucionales que sean requeridos por la ley. En estas publicaciones se procurará la mayor limitación, entre otros, en cuanto a contenido, extensión tamaño y medios de publicación, de tal manera que se logre la mayor austeridad en el gasto y la reducción real de costos.

(D. 1737/98, art. 7º)

ART. 2.8.4.5.5.—Impresión de folletos, informes y textos institucionales. La impresión de informes, folletos o textos institucionales se deberá hacer con observancia del orden y prioridades establecidos en normas y directivas presidenciales en cuanto respecta a la utilización de la Imprenta Nacional y de otras instituciones prestatarias de estos servicios.

En ningún caso las entidades objeto de esta reglamentación podrán patrocinar, contratar o realizar directamente la edición, impresión o publicación de documentos que no estén relacionados con las funciones que legalmente deben cumplir, ni contratar o patrocinar la impresión de ediciones de lujo, ni de impresiones con policromías, salvo cuando se trate de cartografía básica y temática, de las campañas institucionales de comunicación de la UAE. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y de las publicaciones que requieran efectuar las Empresas Industriales y Comerciales del Estado del orden nacional que tengan un intercambio económico frecuente con empresas extranjeras o cuyo desarrollo empresarial dependa de la inversión extranjera, cuando la finalidad de tales publicaciones sea la difusión y promoción de las perspectivas económicas y posibilidades de desarrollo que ofrece el país.

PAR. 1º—El Ministerio de Relaciones Exteriores podrá realizar publicaciones de lujo o con policromías, cuando se trate de publicaciones para promocionar la imagen de Colombia en el exterior o de impresos que se requieran para el cumplimiento de las funciones protocolarias del mismo.

PAR. 2º—El Ministerio de Defensa Nacional podrá editar la Revista Defensa Nacional en policromía, teniendo en cuenta que es una publicación institucional de carácter cultural, educativa e informativa, que difunde la filosofía y las políticas del Gobierno Nacional, del Ministro y de los Mandos Militares, con el propósito de mejorar la imagen institucional ante la opinión nacional e internacional.

PAR. 3º—El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República podrá realizar publicaciones de lujo o con policromías, en atención al carácter especial de su misión y al ejercicio de la función pública, como también al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional de Colombia para el cumplimiento de su función de promoción y coordinación de la Cooperación Internacional y, solo con policromías, para el desarrollo de programas de atención a la población vulnerable y vulnerada.

(D. 1737/98, art. 8º, modificado por el D. 2209/98, art. 4º y D. 212/96, art 2º adicionado por el D. 85/99, art. 1º modificado por el D. 950/99, art. 1º; D. 2445/2000, art. 1º; art. 1° 2465/2000, art. 1º y el D. 3667/2006, art. 1º)

ART. 2.8.4.5.6.—Prohibición de aplausos y /o censura. Las entidades objeto de la regulación de este título no podrán en ningún caso difundir expresiones de aplauso, censura, solidaridad o similares, o publicitar o promover la imagen de la entidad o sus funcionarios con cargo a recursos públicos.

Lo dispuesto en el inciso anterior no será aplicable al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República cuando en ejercicio de las actividades de protocolo inherentes al desempeño de la misión presidencial, requiera la ordenación de publicación de avisos de condolencia por el fallecimiento de altos dignatarios y personajes de la vida nacional o sus familiares y de dignatarios o personajes extranjeros.

(D. 1737/98, art. 9º, modificado el D. 2672/2001, art. 1º)

ART. 2.8.4.5.7.—Tarjetas de navidad, presentación, conmemoración. Está prohibido a los organismos, entidades, entes públicos y entes autónomos que utilizan recursos públicos, la impresión, suministro y utilización, con cargo a dichos recursos, de tarjetas de navidad, tarjetas de presentación o tarjetas de conmemoraciones. Se excluyen de esta restricción al Presidente de la República y al Vicepresidente de la República.

(D. 1737/98, art. 13)

CAPÍTULO 6

Servicios administrativos

ART. 2.8.4.6.1.—Cuotas a clubes y pagos de tarjetas de crédito. Está prohibida la utilización de recursos públicos para relaciones públicas para afiliación o pago de cuotas de servidores públicos a clubes sociales o para el otorgamiento y pago de tarjetas de crédito a dichos servidores.

(D. 1737/98, art. 10)

ART. 2.8.4.6.2.—Alojamiento y alimentación. Las entidades objeto de la regulación de este título no podrán con recursos públicos celebrar contratos que tengan por objeto el alojamiento, alimentación, encaminadas a desarrollar, planear o revisar las actividades y funciones que normativa y funcionalmente le competen.

Cuando reuniones con propósitos similares tengan ocurrencia en la sede de trabajo los servicios de alimentación podrán adquirirse exclusivamente dentro de las regulaciones vigentes en materia de cajas menores.

Lo previsto en este artículo no se aplica a los seminarios o actividades de capacitación que de acuerdo con las normas vigentes se deban ofrecer u organizar, y que sea necesario desarrollar con la presencia de los funcionarios que pertenecen a las sedes o regionales de los organismos, entidades, entes públicos y personas jurídicas de otras partes del país.

En este caso el ordenador del gasto deberá dejar constancia de dicha situación en forma previa a la autorización del gasto.

Tampoco se encuentran dentro del ámbito de regulación de esta disposición, las actividades necesarias para la negociación de pactos y convenciones colectivas, o aquellas actividades que se deban adelantar o programar cuando el país sea sede de un encuentro ceremonia, asamblea o reunión de organismos internacionales o de grupos de trabajo internacionales.

(D. 1737/98, art. 11, modificado por el D. 2209/98, art. 5º)

ART. 2.8.4.6.3.—Celebración de recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones. Está prohibida la realización de recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones de las entidades con cargo a los recursos del tesoro público.

Se exceptúan de la anterior disposición, los gastos que efectúen el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y los gastos para reuniones protocolarias o internacionales que requieran realizar los ministerios de Relaciones Exteriores, de Comercio Exterior y de Defensa Nacional y la Policía Nacional, lo mismo que aquellas conmemoraciones de aniversarios de creación o fundación de las empresas industriales y comerciales del Estado del orden nacional cuyo significado, en criterio del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, revista particular importancia para la historia del país.

(D. 1737/98, art. 12, modificado por el D. 2209/98, art. 6º modificado por el D. 2445/2000, art. 2º)

ART. 2.8.4.6.4.—Asignación de códigos para llamadas. Los organismos, entidades, entes públicos y entes autónomos sujetos a esta reglamentación deberán, a través del área administrativa correspondiente, asignar códigos para llamadas internacionales, nacionales y a líneas celulares. Los jefes de cada área, a los cuales se asignarán teléfonos con código, serán responsables del conocimiento de dichos códigos y, consecuentemente, de evitar el uso de teléfonos con código para fines personales por parte de los funcionarios de las respectivas dependencias.

(D. 1737/98, art. 14)

ART. 2.8.4.6.5.—Asignación de teléfonos celulares. Se podrán asignar teléfonos celulares con cargo a los recursos del tesoro público exclusivamente a los siguientes servidores:

1. Presidente y Vicepresidente de la República.

2. Altos comisionados.

3. Ministros consejeros presidenciales.

4. Secretarios y consejeros del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

5. Ministros del despacho.

6. Viceministros.

7. Secretarios generales y directores de ministerios.

8. Directores, subdirectores, secretarios generales y jefes de unidad de departamentos administrativos y funcionarios que en estos últimos, de acuerdo con sus normas orgánicas, tengan rango de directores de ministerio.

9. Embajadores y cónsules generales de Colombia con rango de embajador.

10. Superintendentes, superintendentes delegados y secretarios generales de superintendencias.

11. Directores y subdirectores, presidentes y vicepresidentes de establecimientos públicos, unidades administrativas especiales y empresas industriales y comerciales del Estado, así como los secretarios generales de dichas entidades.

12. Rectores, vicerrectores y secretarios generales de entes universitarios autónomos del nivel nacional.

13. Senadores de la República y representantes a la Cámara, secretarios generales de estas corporaciones, secretarios de comisiones, subsecretarios del Senado y de la Cámara de Representantes.

14. Magistrados de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral.

15. Contralor General de la República, vicecontralor y secretario general de la Contraloría General de la República.

16. Procurador General de la Nación, viceprocurador y secretario general de la Procuraduría General de la Nación.

17. Defensor del Pueblo y secretario general de la Defensoría del Pueblo.

18. Registrador Nacional del Estado Civil y secretario general de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

19. Fiscal General de la Nación, vicefiscal y secretario general de la Fiscalía General de la Nación.

20. Generales de la República.

21. Director general del Senado de la República.

22. Auditor General de la República, auditor auxiliar y secretario general de la Auditoría General de la República.

En caso de existir regionales de los organismos antes señalados, podrá asignarse un teléfono celular al servidor que tenga a su cargo la dirección de la respectiva regional.

PAR. 1º—Se exceptúa de la aplicación del presente artículo:

a) Al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y al Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, entidades que asignarán, por intermedio de su Director, los teléfonos celulares a sus funcionarios teniendo en cuenta únicamente las necesidades del servicio y las condiciones para el ejercicio de la función pública;

b) Al Ministerio de Relaciones Exteriores y se autoriza al secretario general de dicho ministerio para asignar teléfonos celulares, con cargo a los recursos del tesoro público, a las personas que por sus funciones de carácter diplomático o protocolario así lo requieran, teniendo en cuenta únicamente las necesidades del servicio y las condiciones para el ejercicio de la función pública;

c) A los organismos de investigación y fiscalización, entendidos por estos, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, y la Contraloría General de la República, así como los de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, y se autoriza a los secretarios generales de los mismos, para asignar teléfonos celulares a otros servidores de manera exclusiva, para el desarrollo de actividades especiales de investigación y custodia, sin que dicha asignación pueda tener carácter permanente. Así mismo, los secretarios generales de las entidades mencionadas en el artículo siguiente, o quienes hagan sus veces, podrán asignar teléfonos celulares para la custodia de los funcionarios públicos de la respectiva entidad, cuando así lo recomienden los estudios de seguridad aprobados en cada caso por la autoridad competente;

d) A Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC y al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y se autoriza a los secretarios generales de los mismos o a quienes hagan sus veces para asignar, bajo su responsabilidad, teléfonos celulares para uso del personal técnico en actividades específicas;

e) A la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, y se autoriza a su Secretario General para asignar teléfonos celulares con cargo a recursos del tesoro público a los empleados públicos de la entidad, para el desarrollo de labores de investigación control, fiscalización y de ejecución de operativos tendientes a optimizar la gestión en la administración y en el control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, y para garantizar la prestación eficiente del servicio público tributario, aduanero y cambiario de carácter esencial a cargo de la institución, de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 53 de la Ley 633 de 2000. Así mismo, se podrá asignar un teléfono celular al defensor del contribuyente y usuario aduanero de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, así como a los servidores públicos del Ministerio de Transporte, que estén a cargo de una inspección fluvial permanente a nivel regional y cuyos costos y tarifa resulten menores a los consumos de líneas fijas debidamente demostrados en forma comparativa;

f) Al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, y se autoriza al director administrativo y financiero del mismo para asignar teléfono celular, con cargo a los recursos de la entidad, a los subdirectores de los centros de formación y a los jefes de oficina del Sena, previa expedición del acto administrativo mediante el cual señale el monto máximo de uso de los mismos;

g) A los ministerios y departamentos administrativos, en cuanto sus competencias y funciones tengan relación con las actividades de prevención y atención de desastres, en particular el Ministerio del Interior y de Justicia, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Departamento Nacional de Planeación, en su calidad de integrantes del sistema nacional para la prevención y atención de desastres. Tales entidades asignarán, por intermedio de su representante legal, los teléfonos celulares a sus funcionarios teniendo en cuenta únicamente las necesidades del servicio en la atención y prevención de desastres, y las condiciones para el ejercicio de la función pública;

h) A la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) y se autoriza a su secretario general para asignar teléfonos celulares con cargo a recursos del tesoro público, a los empleados públicos de las dependencias misionales, directiva y de coordinación de la entidad, como son: los administradores aeroportuarios; los jefes y supervisores de torres de control y de centros de control; personal de soporte técnico, meteorología, AIS/COM/MET, planes de vuelo, seguridad aérea, seguridad aeroportuaria, bomberos aeronáuticos, búsqueda y rescate y atención al usuario.

PAR. 2º—Las entidades a que se refiere el parágrafo anterior, velaran por que exista una efectiva compensación en los gastos de adquisición de servicios, con la reducción de los costos en el servicio de telefonía básica conmutada de larga distancia.

PAR. 3º—La limitación del presente artículo comprende únicamente el suministro de los equipos terminales y el pago del servicio por concepto de comunicaciones de voz móvil, denominado en el presente título indistintamente como celulares.

Las entidades a las que se encuentran vinculados los servidores públicos a quienes les aplica el presente título podrán, con cargo a su presupuesto de servicios, asignar a sus empleados planes de datos o de acceso a internet móvil, para lo cual al interior de la entidad se deberán definir las condiciones para la asignación. Los planes asumidos por la entidad deberán ser de aquellos que no permitan consumos superiores a los contratados por la entidad, denominados comúnmente como planes controlados o cerrados.

En todo caso, los destinatarios del servicio, salvo las personas que pueden ser beneficiarias de un servicio celular en los términos del presente artículo, deberán tener contratado por su cuenta el servicio móvil de voz y asumir integralmente su costo. De igual manera, deberán proporcionar el equipo terminal que permita el uso del servicio de datos.

El director de la entidad responsable deberá adoptar las medidas necesarias para:

(i) Verificar que los planes autorizados a sus funcionarios no sean cedidos o transferidos por estos a personal ajeno a la misma.

(ii) Verificar cuando menos semestralmente el uso que se está dando al servicio.

(iii) Verificar que una vez finalizada la relación laboral, el proveedor del servicio de comunicaciones con el cual tiene contratado el servicio, suspenda su prestación.

(D. 1737/98, art. 15, modificado y adicionado por los Ds. 2209/98, art. 7º; D. 2316/98, art. 1º; D. 2445/2000, art. 3º, D. 134/2001, art. 1º; D. 644/2001, art. 1º; D. 3668/2006, art. 1º; D. 4561/2006, art. 1º; art. 1º de los decretos 966, 1440 y 2045/2007; D. 4863/2009 art. 1º y el D. 1598/2011, art. 1º adicionado en el lit. h) del D. 1743/2013, art. 1º, par. 1º).

ART. 2.8.4.6.6.—Asignación de vehículos. Se podrán asignar vehículos de uso oficial con cargo a los recursos del tesoro público exclusivamente a los siguientes servidores: Presidente de la República, altos comisionados, ministros consejeros presidenciales, secretarios y consejeros del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, ministros del despacho, viceministros, secretarios generales y directores de ministerios; directores, subdirectores, secretarios generales y jefes de unidad de departamentos administrativos y funcionarios que en estos últimos, de acuerdo con sus normas orgánicas, tengan rango de directores de ministerio; embajadores y cónsules generales de Colombia con rango de embajador; superintendentes, superintendentes delegados, y secretarios generales de superintendencias; directores y subdirectores, presidentes y vicepresidentes de establecimientos públicos, unidades administrativas especiales y empresas industriales y comerciales del Estado, así como a los secretarios generales de dichas entidades; rectores, vicerrectores y secretarios generales de entes universitarios autónomos del nivel nacional; senadores de la República y representantes a la Cámara, y secretarios generales de estas corporaciones; magistrados de las altas cortes (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral); Contralor General de la República, vicecontralor y secretario general de la Contraloría General de la República; Procurador General de la Nación, viceprocurador, secretario general de la Procuraduría General de la Nación; Defensor del Pueblo y secretario general de la Defensoría del Pueblo; Registrador Nacional del Estado Civil y secretario general de la Registraduría Nacional del Estado Civil; Fiscal General de la Nación, vicefiscal y secretario general de la Fiscalía General de la Nación y generales de la República; al defensor del contribuyente y usuario aduanero de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

En las altas cortes, el Congreso de la República, los organismos de investigación, los organismos de fiscalización y control y la organización electoral, se podrá asignar vehículo a quienes ocupen cargos del nivel directivo equivalente a los aquí señalados para los ministerios.

En caso de existir regionales de los organismos señalados en este artículo, podrá asignarse vehículo al servidor que tenga a su cargo la dirección de la respectiva regional.

En las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, y el Departamento Administrativo de Seguridad —DAS—, la asignación de vehículos se hará de conformidad con sus necesidades operativas y con las normas vigentes.

PAR. 1º— En el evento de existir primas o préstamos económicos para adquisición de vehículo en los organismos antes señalados, la asignación de vehículos se sujetará a las normas vigentes que regulan tales primas o préstamos.

PAR. 2º—Se exceptúa de lo dispuesto en el presente artículo al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, entidad que asignará, por intermedio de su Director, los vehículos de uso oficial a sus funcionarios teniendo en cuenta únicamente las necesidades del servicio y las condiciones para el ejercicio de la función pública.

Exceptúase de la aplicación del presente artículo teniendo en cuenta las funciones de carácter diplomático y protocolario que ejerce, al Ministerio de Relaciones Exteriores.

El secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores podrá asignar vehículos de uso oficial con cargo a los recursos del tesoro público a las personas que por sus funciones ya sean de carácter diplomático o protocolarios así lo requieran, teniendo en cuenta las necesidades del servicio y las condiciones para el ejercicio de la función pública.

(D. 1737/98, art. 17, modificado por el D. 2209/98, art. 8º, adicionado por el D. 2316/98, art. 2º, modificado por el D. 2445/2000, art. 4º, adicionado por D. 134/2001 art. 2º y modificado por el D. 644/2002, art 1º)

ART. 2.8.4.6.7.—Vehículos operativos. En los órganos, organismos, entes y entidades enumeradas en el artículo anterior se constituirá un grupo de vehículos operativos administrados directamente por la dependencia administrativa que tenga a su cargo las actividades en materia de transportes. Su utilización se hará de manera exclusiva y precisa para atender necesidades ocasionales e indispensables propias de las funciones de cada órgano y en ningún caso se podrá destinar uno o más vehículos al uso habitual y permanente de un servidor público distinto de los mencionados en el artículo anterior.

Será responsabilidad de los secretarios generales, o quienes hagan sus veces, observar el cabal cumplimiento de esta disposición. De igual modo, será responsabilidad de cada conductor de vehículo, de acuerdo con las obligaciones de todo servidor público, poner en conocimiento de aquél la utilización de vehículos operativos no ajustada a estos parámetros.

(D. 1737/98, art. 18 inc. 1º derogado por el D. 2710/2014, art. 41, lit. A, num. 2.1)

ART. 2.8.4.6.8.—Traslado de servidores públicos fuera de la sede. Los servidores públicos que por razón de las labores de su cargo deban trasladarse fuera de su sede no podrán hacerlo con vehículos de ésta, salvo cuando se trate de localidades cercanas y resulte económico.

No habrá lugar a la prohibición anterior cuando el desplazamiento tenga por objeto visitar obras para cuya inspección se requiera el uso continuo del vehículo.

(D. 26/98, art. 15)

CAPÍTULO 7

Otras disposiciones

ART. 2.8.4.8.1.—Pagos conciliaciones judiciales. Los apoderados de los órganos públicos deben garantizar que los pagos de las conciliaciones judiciales, las transacciones y todas las soluciones alternativas de conflictos sean oportunos, con el fin de evitar gastos adicionales para el tesoro público.

(D. 26/98, art. 6º)

ART. 2.8.4.8.2.—Verificación de cumplimiento de disposiciones. Las oficinas de control interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto.

Si se requiere tomar medidas antes de la presentación del informe, así lo hará saber el responsable del control interno al jefe del organismo.

En todo caso, será responsabilidad de los secretarios generales, o quienes hagan sus veces, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas.

El informe de austeridad que presenten los jefes de control interno podrá ser objeto de seguimiento por parte de la Contraloría General de la República a través del ejercicio de sus auditorías regulares.

(D. 1737/98, art. 22, modificado por el D. 984/2012, art. 1º)

ART. 2.8.4.8.3.—Responsabilidades asignadas a secretarios generales. Las responsabilidades asignadas a los secretarios generales referentes a la austeridad del gasto serán cumplidas por éstos, o por los funcionarios que hagan sus veces.

(D. 2209/98, art. 10)

TÍTULO 5

Constitución y funcionamiento de las cajas menores

ART. 2.8.5.1.—Campo de aplicación. Quedan sujetos a las disposiciones del presente título los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación y las entidades nacionales con régimen presupuestal de empresa industriales y comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas con carácter no financiero, respecto de los recursos que le asigna la Nación.

(D. 2768/2012, art. 1º)

ART. 2.8.5.2.—Constitución. Las cajas menores se constituirán, para cada vigencia fiscal, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano, en la cual se indique la cuantía, el responsable, la finalidad y la clase de gastos que se pueden realizar. Así mismo, se deberá indicar la unidad ejecutora y la cuantía de cada rubro presupuestal.

Para la constitución y reembolso de las cajas menores se deberá contar con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal.

En los ministerios, las cajas menores podrán ser constituidas mediante resolución expedida por cada director general, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 110 del estatuto orgánico del presupuesto. En el Ministerio de Defensa Nacional las cajas menores podrán ser constituidas por el comandante general de las Fuerzas Militares, los comandantes de cada una de las fuerzas y los directores de las respectivas unidades ejecutoras.

Las cajas menores deberán ajustarse a las necesidades de cada entidad, siendo responsabilidad de los ordenadores del gasto de dichas entidades el buen uso de las mismas y el cumplimiento de las reglas que aquí se establecen.

(D. 2768/2012, art. 2º)

ART. 2.8.5.3.—Número de cajas menores. El representante legal, de acuerdo con los requerimientos de la entidad, deberá establecer el número de cajas menores y autorizar su creación con base en las reglas aquí establecidas.

La justificación técnica y económica deberá quedar anexa a la respectiva resolución de constitución de caja menor.

(D. 2768/2012, art. 3º)

ART. 2.8.5.4.—Cuantía. La cuantía de cada una de las cajas menores se establecerá de acuerdo con la siguiente clasificación de los órganos, dentro de cada vigencia fiscal:

Presupuesto vigente del organismo o entidad
Cuantía máxima de caja una de las cajas menores hasta
(Salario mínimo legal mensual vigente)
(Salario mínimo legal mensual vigente)
1
Menos
de
3.897
11
2
3.898
a
7.796
22
3
7.797
a
19.546
27
4
19.547
a
39.089
31
5
39.090
a
80.184
40
6
80.185
a
117.270
44
7
117.271
o
más
53

Los órganos que requieran una mayor cuantía deberán justificarlo mediante escrito motivado por el jefe de cada órgano, el cual deberá quedar anexo a la resolución.

(D. 2768/2012, art. 4º)

ART. 2.8.5.5.—Destinación. El dinero que se entregue para la constitución de cajas menores debe ser utilizado para sufragar gastos identificados y definidos en los conceptos del presupuesto general de la Nación que tengan el carácter de urgente. De igual forma los recursos podrán ser utilizados para el pago de viáticos y gastos de viaje, los cuales sólo requerirán de autorización del ordenador del gasto.

PAR. 1º—Los dineros entregados para viáticos y gastos de viaje se legalizarán dentro de los cinco (5) días siguientes a la realización del gasto y, para las comisiones al exterior, en todo caso, antes del 29 de diciembre de cada año.

PAR. 2º—Podrán destinarse recursos de las cajas menores para los gastos de alimentación que sean indispensables con ocasión de reuniones de trabajo requeridas para la atención exclusiva de la dirección superior de cada órgano, direcciones generales de los ministerios y gerencias, presidencias o direcciones de los establecimientos públicos nacionales, siempre que el titular del despacho correspondiente deba asistir y autorice el gasto por escrito.

En el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República los gastos de alimentación que sean indispensables con ocasión de reuniones de trabajo de los ministros consejeros, consejeros presidenciales, el Alto Comisionado y los titulares de las secretarías presidenciales requerirán autorización previa del director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

(D. 2768/2012, art. 5º)

ART. 2.8.5.6.—Fianzas y garantías. El ordenador del gasto deberá constituir las fianzas y garantías que considere necesarias para proteger los recursos del tesoro público.

(D. 2768/2012, art. 6º)

ART. 2.8.5.7.—Legalización. La legalización de los gastos de la caja menor deberá efectuarse durante los cinco (5) días siguientes a su realización.

No se podrán entregar nuevos recursos a un funcionario, hasta tanto no se haya legalizado el gasto anterior.

(D. 2768/2012, art. 7º)

ART. 2.8.5.8.—Prohibiciones. No se podrán realizar con fondos de cajas menores las siguientes operaciones:

1. Fraccionar compras de un mismo elemento o servicio.

2. Realizar desembolsos con destino a gastos de órganos diferentes de su propia organización.

3. Efectuar pagos de contratos cuando de conformidad con el estatuto de contratación administrativa y normas que lo reglamenten deban constar por escrito.

4. Reconocer y pagar gastos por concepto de servicios personales y las contribuciones que establece la ley sobre la nómina, cesantías y pensiones.

5. Cambiar cheques o efectuar préstamos.

6. Adquirir elementos cuya existencia esté comprobada en el almacén o depósito de la entidad.

7. Efectuar gastos de servicios públicos, salvo que se trate de pagos en seccionales o regionales del respectivo órgano, correspondiendo a la entidad evaluar la urgencia y las razones que la sustentan.

8. Pagar gastos que no contengan los documentos soporte exigidos para su legalización, tales como facturas, resoluciones de comisión, recibos de registradora o la elaboración de una planilla de control.

PAR.—Cuando por cualquier circunstancia una caja menor quede inoperante, no se podrá constituir otra o reemplazarla, hasta tanto la anterior haya sido legalizada en su totalidad.

(D. 2768/2012, art. 8º)

ART. 2.8.5.9.—Manejo del dinero. El manejo del dinero de caja menor se hará a través de una cuenta corriente de acuerdo con las normas legales vigentes. No obstante, se podrá manejar en efectivo hasta cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Están exceptuados de esta cuantía el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Estos recursos serán administrados por el funcionario facultado, debidamente afianzado.

PAR.—Cuando el responsable de la caja menor se encuentre en vacaciones, licencia o comisión, el funcionario que haya constituido la respectiva caja menor, podrá mediante resolución, encargar a otro funcionario debidamente afianzado, para el manejo de la misma, mientras subsista la situación, para lo cual sólo se requiere de la entrega de los fondos y documentos mediante arqueo, al recibo y a la entrega de la misma, lo que deberá constar en el libro respectivo.

(D. 2768/2012, art. 9º)

ART. 2.8.5.10.—Registro de creación en el SIIF. Una vez suscrita la resolución de constitución de la caja menor, previa expedición del certificado de disponibilidad presupuestal, el órgano ejecutor procederá al registro de creación de la Caja Menor en el SIIF Nación, así como el registro de la gestión financiera que se realice a través de las mismas.

(D. 2768/2012, art. 10)

ART. 2.8.5.11.—Primer giro. Se efectuará con base en los siguientes requisitos:

1. Que exista resolución de constitución expedida de conformidad con el presente título.

2. Que el funcionado encargado de su administración haya constituido o ampliado la fianza de manejo y esté debidamente aprobada, amparando el monto total del valor de la caja menor.

(D. 2768/2012, art. 11)

ART. 2.8.5.12.—Registro de operaciones. Todas las operaciones que se realicen a través de la caja menor deben ser registradas por el responsable de la caja menor en el SIIF Nación. Esto incluye los procesos relacionados con la apertura, ejecución, reembolso y de legalización para el cierre de la caja menor.

Con el fin de garantizar que las operaciones estén debidamente sustentadas, que los registros sean oportunos y adecuados y que los saldos correspondan, las oficinas de control interno, deberán efectuar arqueos periódicos y sorpresivos independientemente de la verificación por parte de las dependencias financieras de los diferentes órganos y de las oficinas de auditoría. En todas las revisiones se debe tener en cuenta que la información oficial es la que se encuentra registrada en el SIIF Nación.

(D. 2768/2012, art. 12)

ART. 2.8.5.13.—Legalización. En la legalización de los gastos para efectos del reembolso, se exigirá el cumplimiento de los requisitos que a continuación se indican:

1. Que se haya registrado una solicitud de reembolso en el SIIF Nación.

2. Que los documentos presentados sean los originales y se encuentren firmados por los acreedores con identificación del nombre o razón social y el número del documento de identidad o NIT, objeto y cuantía.

3. Que la fecha del comprobante del gasto corresponda a la vigencia fiscal que se está legalizando.

4. Que el gasto se haya efectuado después de haberse constituido o reembolsado la caja menor según el caso.

5. Que se haya expedido la resolución de reconocimiento del gasto, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 110 del estatuto orgánico del presupuesto.

La legalización definitiva de las cajas menores, constituidas durante la vigencia fiscal, se hará antes del 29 de diciembre, fecha en la cual se deberá reintegrar el saldo sobrante y el respectivo cuentadante responderá por el incumplimiento de su legalización oportuna y del manejo del dinero que se encuentre a su cargo, sin perjuicio de las demás acciones legales a que hubiese lugar.

(D. 2768/2012, art. 13)

ART. 2.8.5.14.—Reembolso. Los reembolsos se harán en la cuantía de los gastos realizados, sin exceder el monto previsto en el respectivo rubro presupuestal, en forma mensual o cuando se haya consumido más de un setenta por ciento (70%), lo que ocurra primero, de algunos o todos los valores de los rubros presupuestales afectados.

En el reembolso se deberán reportar los gastos realizados en todos los rubros presupuestales a fin de efectuar un corte de numeración y de fechas.

(D. 2768/2012, art. 14)

ART. 2.8.5.15.—Cambio de responsable. Cuando se cambie el responsable de la caja menor, deberá hacerse una legalización efectuando el reembolso total de los gastos realizados con corte a la fecha.

(D. 2768/2012, art. 15)

ART. 2.8.5.16.—Cancelación de la caja menor. Cuando se decida la cancelación de una caja menor, su titular la legalizará en forma definitiva, reintegrando el saldo de los fondos que recibió. En este caso, se debe saldar la cuenta corriente.

(D. 2768/2012, art. 16)

ART. 2.8.5.17.—Vigilancia. Corresponde a la Contraloría General de la República ejercer la vigilancia y el control posterior en los términos establecidos en el artículo 268 de la Constitución Política.

Los responsables de las cajas menores deberán adoptar los controles internos que garanticen el adecuado uso manejo de los recursos, independientemente de las evaluaciones y verificaciones que compete adelantar a las oficinas de auditoría o control interno.

(D. 2768/2012, art. 17)

ART. 2.8.5.18.—Responsabilidad. Los funcionarios a quienes se les entregue recursos del tesoro público, para constituir cajas menores se harán responsables por el incumplimiento en la legalización oportuna y por el manejo de este dinero.

(D. 2768/2012, art. 18)

TÍTULO 6

Cumplimiento de sentencias y conciliaciones

CAPÍTULO 1

Pago de sentencias con recursos del presupuesto general de la Nación

ART. 2.8.6.1.1.—Remisión al órgano condenado u obligado. A partir del 1º de marzo de 1995 los créditos judicialmente reconocidos, las conciliaciones y los laudos arbitrales deben ser remitidos por la autoridad judicial o la administrativa que los reciba, al órgano condenado u obligado.

Cuando dos o más entidades públicas resulten obligadas a pagar sumas de dinero y no se especifique en la respectiva providencia la forma y el porcentaje con que cada entidad deberá asumir el pago, la obligación dineraria será atendida conforme a las siguientes reglas:

1. En conflictos de naturaleza laboral, el pago deberá atenderse en su totalidad con cargo al presupuesto de la entidad en la que preste o prestó el servicio en forma personal y remunerada el servidor público beneficiario de la sentencia, laudo o conciliación derivada de la relación laboral.

2. En conflictos de naturaleza contractual, deberá afectarse el presupuesto de la entidad que liquidó el contrato o, en su defecto, de la que lo suscribió.

Cuando la causa de la condena proviniere del ejercicio de las potestades excepcionales al derecho común consagradas en la Ley 80 de 1993 o en normas posteriores que la modifiquen, adicionen o complementen, deberá afectarse el presupuesto de la entidad que expidió el respectivo acto administrativo.

A falta de cualquiera de las anteriores hipótesis, el cumplimiento del pago de la condena deberá estar a cargo de la entidad que se benefició con la prestación contractual.

3. En conflictos de naturaleza extracontractual, deberá afectarse, en su orden, el presupuesto de la entidad responsable de la custodia y guarda del bien que produjo el hecho dañoso; o el de la entidad a la que prestaba sus servicios el servidor público que causó el perjuicio o incurrió en vía de hecho; o el de la entidad que omitió el deber legal que generó la condena; o el de la entidad que produjo la operación administrativa u ocupó inmuebles en los términos del artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

PAR. 1º—Cuando una entidad pública sea condenada al pago de una indemnización, bonificación, salario o cualquier otra prestación laboral en beneficio de un servidor público que no ha estado vinculado a su planta de personal, deberá afectarse el presupuesto de la entidad a la que presta o prestó los servicios personales relacionados con la causa de la condena, aún si la indemnización consiste en el pago de prestaciones periódicas.

PAR. 2º—En los procesos de ejecución de sentencias en contra de entidades públicas de cualquier orden, los mandamientos de pago, medidas cautelares y providencias que ordenen seguir adelante la ejecución, deberán ceñirse a las reglas señaladas en el presente capítulo.

(D. 359/95, art. 37, modificado por el D. 4689/2005, art. 1º).

ART. 2.8.6.1.2.—Trámite de las tutelas. Los fallos de tutela seguirán tramitándose y atendiéndose de la misma manera que se venía haciendo a 31 de diciembre de 1994.

(D. 359/95, art. 40)

CAPÍTULO 2

Compensación de obligaciones

ART. 2.8.6.2.1.—Sentencias y conciliaciones judiciales. Las oficinas encargadas en cada organismo de dar cumplimiento a las sentencias y conciliaciones judiciales de acuerdo con el artículo 29 de la Ley 344 de 1996, deberán informar sobre la existencia de la providencia o auto que aprueba la conciliación debidamente ejecutoriada, a la subdirección de recaudación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.

En la información enviada a la subdirección de recaudación de la DIAN, se incluirán los siguientes datos:

a) Nombres y apellidos o razón social completos, del beneficiario de la sentencia o conciliación;

b) Número de identificación personal, tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía o el número de identificación tributaria si lo tiene disponible, según sea el caso;

c) Dirección que se obtenga del respectivo expediente de los beneficiarios de las providencias o conciliaciones, así como el monto de la obligación a cargo de la Nación o del órgano que sea una sección del presupuesto general de la Nación según sea el caso, y

d) Número y fecha de la providencia o auto de conciliación y fecha de la ejecutoria de la providencia, datos que se entenderán certificados para todos los efectos.

Esta información será remitida por el obligado al pago de la sentencia o conciliación, en un término máximo de un (1) día, una vez se disponga de la misma.

(D. 2126/97, art. 1º)

ART. 2.8.6.2.2.—Trámite a cargo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. La subdirección de gestión de recaudo y cobranzas de la DIAN, luego de establecer el domicilio de los beneficiarios de las providencias o conciliaciones, remitirá toda la información descrita en el artículo anterior a la administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, donde ésta exista, o en los demás casos, a la Administración de Impuestos Nacionales de la jurisdicción del beneficiario, con el objeto de que ésta realice las inspecciones necesarias tendientes a cuantificar el valor de las obligaciones tributarias, aduaneras o cambiarias exigibles, que puedan ser objeto de compensación.

PAR.—La inspección consistirá en la verificación a nivel nacional, de las deudas tributarias, aduaneras o cambiarias a cargo de los beneficiarios de la sentencia o conciliación, realizada por la administración que corresponda de conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior.

(D. 2126/97, art. 2º)

ART. 2.8.6.2.3.—Obligaciones objeto de compensación. Las obligaciones tributarias, aduaneras o cambiarias objeto de compensación, serán aquellas que estén contenidas en liquidaciones privadas, liquidaciones oficiales y demás actos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que fijen sumas líquidas de dinero a favor del fisco nacional, debidamente ejecutoriadas, y las garantías o cauciones prestadas a favor de la Nación para afianzar el pago de obligaciones tributarias, aduaneras o cambiarias, una vez ejecutoriada la providencia que declare su incumplimiento o la exigibilidad de las obligaciones garantizadas.

(D. 2126/97, art. 3º)

ART. 2.8.6.2.4.—Trámite. La administración respectiva, dispondrá del término máximo de veinte (20) días contados a partir del recibo de la información, para efectuar la inspección y para expedir la resolución de compensación por una sola vez cuando existan deudas exigibles, sin perjuicio de las facultades de cobro de las obligaciones pendientes de pago.

La resolución que ordene la compensación se notificará por correo certificado a la dirección informada en el respectivo proceso, a la que informe la entidad, o el beneficiario, o a la que establezca la administración.

Contra la resolución de compensación procederán los recursos de reposición y apelación, los cuales deberán ser interpuestos dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del acto y se resolverán dentro del término máximo de quince (15) días.

De manera inmediata a la ejecutoria del acto de compensación, la administración respectiva informará a los organismos el valor en que fue afectada la sentencia o la conciliación por efecto de la compensación, remitiendo copia del acto administrativo debidamente notificado y ejecutoriado. Cuando de conformidad con la inspección realizada no haya lugar a la compensación, la administración así lo informará en el menor término posible y, en todo caso, dentro del plazo máximo establecido en el primer inciso de este artículo.

Con base en la información anterior el órgano público encargado de dar cumplimiento a la sentencia o conciliación, dictará el acto administrativo correspondiente, el cual será notificado al beneficiario.

PAR.—Cuando se compensen obligaciones exigibles por diferentes administraciones, la administración que haya realizado la inspección deberá proferir la resolución por el total de la deuda a compensar.

(D. 2126/97, art. 4º)

CAPÍTULO 3

Pago de sentencias y conciliaciones mediante bonos

ART. 2.8.6.3.1.—Reconocimiento de sentencias y conciliaciones judiciales mediante bonos. Cuando el Ministerio de Hacienda y Crédito Público opte por reconocer como deuda pública las sentencias y conciliaciones judiciales en contra de la Nación y de los establecimientos públicos del orden nacional, las podrá, pagar mediante la emisión de bonos en condiciones de mercado siempre y cuando cuente con la aceptación del beneficiario.

Sujeta a la posterior ratificación por parte de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y antes de la expedición de la resolución que haga el reconocimiento de deuda pública y ordene la emisión de los bonos, la entidad responsable del cumplimiento de la sentencia o conciliación judicial formulará una oferta al beneficiario del pago para que manifieste si acepta o no el pago mediante bonos por el valor total o parcial de la suma a cancelar.

El beneficiario que desee recibir el pago mediante bonos deberá aceptar la oferta por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al envío del requerimiento, expresando en forma clara y precisa el monto, máximo que acepta recibir mediante bonos. Vencido el término para contestar el requerimiento sin que el beneficiario, haya manifestado su voluntad de recibir bonos se entenderá que no ha aceptado.

PAR. 1º—Los bonos que se emitan para el reconocimiento de las sentencias y conciliaciones judiciales como deuda pública se entregarán en condiciones de mercado de acuerdo con el mecanismo que disponga el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En todo caso, la emisión de dichos bonos deberá tener en cuenta las condiciones financieras del mercado primario de los títulos de deuda pública de la Nación.

Los bonos que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emita en desarrollo de lo previsto en este artículo, podrán ser administrados directamente por la Nación o esta podrá celebrar con el Banco de la República o con otras entidades nacionales o extranjeras contratos de administración fiduciaria y todos aquellos necesarios para la agencia, administración y/o servicio de los respectivos títulos, en los cuales se podrá prever que la administración de los mismos y de los cupones que representan sus rendimientos se realice a través de depósitos centralizados de valores.

PAR. 2º—Cuando en desarrollo de lo previsto en este artículo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público opte por reconocer como deuda pública de la Nación las sentencias y conciliaciones judiciales de los establecimientos públicos del orden nacional, estos celebrarán acuerdos del pago en los cuales se establecerán los términos y condiciones para reintegrar a la Nación las sumas reconocidas a través de los bonos previstos en este capítulo.

(D. 2126/97, art. 5º; D. 3732/2005, art. 1º, par. 1º)

CAPÍTULO 4

Trámite de pago oficioso

ART. 2.8.6.4.1.—(Nota: Modificado por el Decreto 1342 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Adicionado por el Decreto 2469 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.8.6.4.2.—(Nota: Modificado por el Decreto 1342 de 2016 artículo 2° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Adicionado por el Decreto 2469 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 5

Pago de sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones por solicitud del beneficiario

ART. 2.8.6.5.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2469 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 6

Tasas de interés y fórmula de cálculo para el pago de sentencias, conciliaciones y laudos arbitrales

ART. 2.8.6.6.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2469 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

PAR.—(Nota: Derogado por el Decreto 1342 de 2016 artículo 3° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.8.6.6.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2469 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

TÍTULO 7

Inclusión en el presupuesto general de la Nación de los recursos necesarios para ingreso de Colombia a la OCDE

ART. 2.8.7.1.—Recursos necesarios para el ingreso a la OCDE. En desarrollo de lo previsto en el artículo 47 de la Ley 1450 de 2011, el Gobierno Nacional incluirá en el presupuesto general de la Nación los recursos necesarios para sufragar los gastos que requieran las entidades técnicas responsables para el ingreso de Colombia en la OCDE, en particular los necesarios para participar o pertenecer a sus grupos y comités y para cumplir las obligaciones derivadas de la preparación para el ingreso y aceptación como miembro. Tales erogaciones incluyen, entre otras, las destinadas a sufragar:

a) Las revisiones de pares y demás revisiones, estudios y auditorías (“peer reviews”, “assessments”, entre otros) sobre el Estado colombiano, su legislación y funcionamiento, que sean necesarios para y dentro de los procesos tendientes al acceso de Colombia a la OCDE.

b) Las revisiones de pares y demás revisiones, estudios y auditorías (“peer reviews”, “assessments”, entre otros) en relación con otros Estados, su legislación y funcionamiento, en los que deba participar Colombia como parte de los compromisos adquiridos en virtud de su participación en los distintos foros y grupos de trabajo de los que haga parte el país en desarrollo de los procesos tendientes a su acceso a la OCDE.

c) Las misiones de los funcionarios de la OCDE o sus grupos y comités a Colombia, incluidos los gastos de traslado, estadía y alojamiento, entre otros.

d) Las misiones de funcionarios y contratistas del Estado colombiano a la sede o lugares de reunión permanente o esporádica de la OCDE, incluidos los gastos de traslado, estadía y alojamiento, entre otros.

e) Las misiones de trabajo permanente de funcionarios y contratistas del Estado colombiano que deban desarrollarse por un lapso superior a un mes (secondment) en alguna de las sedes de la OCDE o de los foros o cuerpos de los que la OCDE haga la secretaría o coordinación, incluidos los gastos de traslado, estadía y alojamiento, entre otros.

f) La traducción de textos normativos, documentos de trabajo, cuestionarios, formularios, publicaciones y demás material producido por la OCDE o por el Estado colombiano dentro de los procesos tendientes al acceso.

g) La interpretación oficial al español en los eventos de la OCDE a los que asistan funcionarios o contratistas del Estado colombiano.

h) Los eventos que deba realizar el Estado colombiano dentro de los procesos tendientes al acceso a la OCDE, incluidos los que se celebren en sus sedes de representación en el exterior.

i) Las contribuciones para la adhesión, participación o membresía en los comités o grupos de la OCDE, así como en los foros, grupos, convenciones y demás instrumentos patrocinados, y/o administrados, y/o coordinados por la OCDE, de los que Colombia deba hacer parte para efectos de los procesos tendientes al acceso a la OCDE.

j) Los eventos de capacitación de los funcionarios colombianos por parte de la OCDE en relación con los temas trabajados por la organización, así como los manuales, recomendaciones, convenciones y demás instrumentos a los que Colombia deba adherir o que deba adoptar como parte de los procesos tendientes a lograr su acceso a la organización.

(D. 1192/2012, art. 1º)

ART. 2.8.7.2.—Certificado de disponibilidad presupuestal. Con cargo al rubro que se especifique para los efectos atrás descritos, se atenderán los gastos establecidos en el artículo anterior del presente título, para lo cual al inicio de cada vigencia fiscal se expedirá el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal que amparará los compromisos necesarios para el cumplimiento de la preparación para el ingreso y aceptación de Colombia en dicha organización.

(D. 1192/2012, art. 2º)

PARTE 9

Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF, Nación

TÍTULO 1

Sistema Integrado de Información Financiera-SIIF Nación

CAPÍTULO 1

Características generales y estructura del SIIF

ART. 2.9.1.1.1.—Objeto. El presente título determina el marco para la administración, implantación, operatividad, uso y aplicabilidad del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación.

(D. 2674/2012, art. 1º)

ART. 2.9.1.1.2.—Definición. El Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación es un sistema que coordina, integra, centraliza y estandariza la gestión financiera pública nacional, con el fin de propiciar una mayor eficiencia y seguridad en el uso de los recursos del presupuesto general de la Nación y de brindar información oportuna y confiable.

(D. 2674/2012, art. 2º)

ART. 2.9.1.1.3.—Campo de aplicación. El presente título aplica a todas las entidades y órganos que hacen parte del presupuesto general de la Nación.

Para las corporaciones autónomas regionales y las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta sujetas al régimen de aquellas, que reciban recursos de la nación a través del presupuesto general de la Nación, solo aplicará en lo relacionado con la gestión presupuestal del gasto para el giro de dichos recursos.

(D. 2674/2012, art. 3º)

ART. 2.9.1.1.4.—Información del sistema. El SIIF Nación reflejará el detalle, la secuencia y el resultado de la gestión financiera pública registrada por las entidades y órganos que conforman el presupuesto general de la Nación, especialmente la relacionada con la programación, liquidación, modificación y ejecución del presupuesto; la programación, modificación y ejecución del programa anual mensualizado de caja (PAC), la gestión contable y los recaudos y pagos realizados por la cuenta única nacional y demás tesorerías.

(D. 2674/2012, art. 4º)

ART. 2.9.1.1.5.—Obligatoriedad de utilización del sistema. Las entidades y órganos ejecutores del presupuesto general de la Nación, las direcciones generales del Presupuesto Público Nacional y de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Contaduría General de la Nación, o quienes hagan sus veces, deberán efectuar y registrar en el SIIF Nación las operaciones y la información asociada con su área de negocio, dentro del horario establecido, conforme con los instructivos que para el efecto expida el administrador del sistema.

El comité directivo del SIIF Nación, de que trata el artículo 2.9.1.1.8 del presente capítulo, determinará qué entidades y órganos ejecutores, por conveniencia de carácter técnico y misional, podrán registrar la gestión financiera pública a través de aplicativos misionales, los cuales deberán interoperar en línea y tiempo real con el SIIF Nación, de acuerdo al estándar, la seguridad y las condiciones tecnológicas que para tal fin defina el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

PAR.—Para efectos del presente título se entiende por línea y tiempo real, que las aplicaciones se puedan conectar directamente al SIIF Nación y que los registros se efectúen cuando los hechos económicos y financieros se generen.

(D. 2674/2012, art. 5º)

ART. 2.9.1.1.6.—Alcance de la información registrada en el SIIF Nación. La información registrada en el Sistema es fuente válida para:

a) El desarrollo de los procesos operativos relacionados con:

1. La programación del presupuesto general de la Nación.

2. La administración de apropiaciones.

3. La ejecución presupuestal de ingresos y de gastos en sus diferentes clasificaciones.

4. Las solicitudes, autorizaciones, modificaciones y compromisos de vigencias futuras.

5. La distribución y administración del programa anual mensualizado de caja (PAC).

6. La tramitación de las órdenes de pago para el abono en cuenta a través del sistema de Cuenta Única Nacional y de las tesorerías de las entidades que administran rentas parafiscales.

7. La gestión contable.

8. La expedición de certificados de disponibilidad presupuestal, la asunción de compromisos, el registro de obligaciones y el pago de los mismos con cargo a las apropiaciones autorizadas en el presupuesto general de la Nación.

9. La constitución de las reservas presupuestales y de las cuentas por pagar.

b) La generación de información presupuestal básica y la elaboración de informes de seguimiento presupuestal;

c) La generación de información contable básica y la obtención de consultas, reportes e informes contables requeridos por la Contaduría General de la Nación;

d) La generación de informes de tesorería, presupuestales y contables;

e) La evaluación financiera de la inversión pública;

f) El control de resultados financieros que realicen las autoridades públicas;

g) La obtención de los informes requeridos por las entidades de control;

PAR.—Las aplicaciones administradas por las entidades y órganos que hacen parte del presupuesto general de la Nación, empleadas para registrar negocios no previstos en el SIIF Nación, servirán como auxiliares de los códigos contables que conforman los estados contables. Dicha información hará parte integral del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación.

(D. 2674/2012, art. 6º)

ART. 2.9.1.1.7.—Estructura del SIIF Nación. El sistema integrado de información financiera, (SIIF) Nación estará conformado por los siguientes órganos de dirección y administración:

a) Un comité directivo;

b) Un comité operativo y de seguridad;

c) Un administrador del sistema;

d) Un funcionario responsable del SIIF en cada entidad usuaria del aplicativo.

(D. 2674/2012, art. 7º)

ART. 2.9.1.1.8.—Composición del comité directivo del SIIF Nación. El comité directivo del SIIF Nación estará conformado por:

a) El viceministro general de hacienda quien lo presidirá;

b) El Contador General de la Nación;

c) El director general del Presupuesto Público Nacional;

d) El director general de Crédito Público y Tesoro Nacional;

e) El director de tecnología del Ministerio de Hacienda y Crédito Público;

f) El administrador del SIIF Nación quien será el secretario técnico.

(D. 2674/2012, art. 8º)

ART. 2.9.1.1.9.—Funciones del comité directivo. Corresponde al comité directivo del SIIF Nación, desarrollar las siguientes funciones:

a) Aprobar políticas respecto al funcionamiento, la seguridad, la funcionalidad y cobertura del Sistema, de conformidad con las normas vigentes y de acuerdo con las características del mismo;

b) Aprobar y establecer el reglamento de uso del sistema;

c) Aprobar el modelo conceptual del sistema y los cambios en la funcionalidad, la cobertura y/o los aspectos tecnológicos, propuestos por cualquiera de sus miembros, previo concepto funcional emitido por el administrador del sistema;

d) Autorizar la actualización de los requerimientos e instalación de la infraestructura tecnológica necesaria, cuando haya lugar a modificaciones en los componentes tecnológicos sobre los cuales opera el sistema;

e) Determinar qué entidades y órganos que conforman el presupuesto general de la Nación, por conveniencia de carácter técnico y misional, podrán registrar la gestión financiera pública a través de aplicativos misionales que deberán interoperar en línea y tiempo real con el SIIF Nación;

f) Reglamentar los mecanismos de coordinación que sean necesarios para la definición y operación de las funcionalidades nuevas que el comité incorpore al sistema;

g) Establecer su propio reglamento.

PAR.—Las decisiones adoptadas por el comité directivo, respecto al SIIF Nación, son de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades, dependencias y órganos que conforman el sistema.

(D. 2674/2012, art. 9º)

ART. 2.9.1.1.10.—Composición del comité operativo y de seguridad del SIIF Nación. El comité operativo y de seguridad del SIIF Nación, estará conformado por:

a) El administrador del SIIF Nación, quien lo presidirá;

b) El subdirector de análisis y consolidación presupuestal de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional;

c) El subdirector de operaciones de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional;

d) El subdirector de ingeniería de software de la Dirección de Tecnología del Ministerio de Hacienda y Crédito Público;

e) El subcontador de centralización de la información de la Contaduría General de la Nación;

f) El asesor de seguridad del SIIF Nación quien ejercerá las funciones de secretario del comité, quien tendrá voz pero no voto.

PAR.—El contralor delegado para economía y finanzas de la Contraloría General de la República será invitado, con voz pero sin voto, a las sesiones del comité operativo y de seguridad en donde se traten los temas relacionados con el proceso de cierres de fin de año y apertura del nuevo año.

De igual manera, asistirá el jefe de la oficina de control interno del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con voz pero sin voto.

(D. 2674/2012, art. 10)

ART. 2.9.1.1.11.—Funciones del comité operativo y de seguridad del SIIF Nación. Corresponde al comité operativo y de seguridad del SIIF Nación, desarrollar las siguientes funciones:

a) Proponer al comité directivo las políticas y los estándares que constituyen el modelo de seguridad del SIIF Nación;

b) Determinar pautas para la implantación, complementación y mejoramiento permanente del modelo de seguridad del SIIF Nación;

c) Trazar directrices para la divulgación e implantación de estándares de seguridad por parte de las entidades usuarias;

d) Solicitar al administrador del SIIF Nación informes de seguimiento sobre el modelo de seguridad del sistema;

e) Evaluar el informe anual de riesgos del SIIF Nación presentado por el administrador del aplicativo;

f) Mantener actualizado al comité directivo acerca del estado del modelo de seguridad del SIIF Nación;

g) Determinar los eventos en que por motivos técnicos u operativos no se deba realizar el pago directo al beneficiario a través del SIIF Nación;

h) Tomar las medidas que considere pertinentes cuando el administrador del sistema le informe del mal uso del aplicativo por parte de los usuarios;

i) Presentar a consideración de la autoridad competente propuestas de modificación a las normas presupuestales, contables o tributarias que permitan un registro integral de la gestión financiera de los usuarios en el sistema;

j) Coordinar la parametrización del aplicativo y las acciones de los órganos rectores en materia contable, presupuestal y de tesorería, que sean necesarias para el buen funcionamiento del sistema;

k) Coordinar el proceso de cierres de fin de año y apertura de nuevo año;

l) Aprobar los cambios que no modifiquen el modelo conceptual aprobado por el Comité directivo que presente el administrador del SIIF Nación;

m) Deshabilitar o inactivar a los usuarios cuando tenga evidencias de que no atiende las medidas de seguridad implementadas;

n) Establecer su propio reglamento;

o) Las demás que le determine el comité directivo respecto de la seguridad y operación del sistema.

(D. 2674/2012, art. 11)

ART. 2.9.1.1.12.—Administrador del SIIF Nación. El viceministerio general del Ministerio de Hacienda y Crédito Público es la dependencia encargada de la administración del SIIF Nación. Para tal fin, el viceministro general de Hacienda designará a un funcionario de alto nivel de la planta de personal de su despacho como administrador del sistema, quien tendrá a su cargo un grupo de apoyo.

(D. 2674/2012, art. 12)

ART. 2.9.1.1.13.—Funciones del administrador del SIIF Nación. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará las funciones que ejercerá el administrador del SIIF Nación, quien como mínimo deberá:

a) Ejecutar las decisiones adoptadas por el comité directivo del SIIF Nación;

b) Definir la priorización de los desarrollos requeridos para mantener actualizada la funcionalidad del aplicativo de acuerdo con la normatividad vigente, en coordinación con los órganos rectores;

c) Definir las funcionalidades que posibiliten la integridad de los distintos módulos que conforman el sistema;

d) Verificar que las funcionalidades del aplicativo operen adecuadamente y registren la información de manera correcta;

e) Proponer mejoras y cambios a la funcionalidad del aplicativo que no modifiquen el modelo conceptual aprobado por el comité directivo, para aprobación del comité operativo y de seguridad del SIIF Nación;

f) Evaluar y aprobar las propuestas de mejoras y cambios que hagan los órganos rectores y las entidades usuarias, para presentarlas al comité operativo y de seguridad del SIIF Nación;

g) Definir y ejecutar la estrategia de capacitación y acompañamiento a los usuarios en el uso del sistema;

h) Establecer procedimientos para el buen uso de la aplicación;

i) Velar por el cumplimiento del modelo de seguridad aprobado por el comité directivo;

j) Prestar soporte funcional y conceptual sobre el aplicativo a los usuarios del SIIF y a las entidades y dependencias miembros del comité directivo;

k) Coordinar con los órganos rectores y con las entidades los procesos administrativos que se requieran para el buen funcionamiento del aplicativo;

l) Emitir concepto para el comité directivo cuando se propongan cambios al aplicativo que modifiquen o adicionen el modelo conceptual;

m) Hacer propuestas de cambios normativos que permitan apoyar los negocios a través de la aplicación;

n) Presentar al comité directivo propuestas de cambios funcionales que modifiquen o adicionen el modelo conceptual del sistema para su aprobación.

(D. 2674/2012, art. 13)

ART. 2.9.1.1.14.—Funcionario responsable del SIIF en la entidad. Los secretarios generales o quien haga sus veces, designarán un funcionario del nivel directivo o asesor para que ejerza las funciones de coordinador SIIF entidad, quien será el enlace oficial entre la entidad y el administrador del sistema.

En el evento que la entidad tenga más de una unidad ejecutora, se podrá designar un coordinador SIIF entidad por cada una de ellas.

(D. 2674/2012, art. 14)

ART. 2.9.1.1.15.—Responsabilidades de la coordinación del SIIF en la entidad. El coordinador SIIF Entidad será responsable de la implantación de las medidas de seguridad señaladas por el comité operativo y de seguridad y de la administración de los usuarios de la entidad. Para tal fin deberá:

a) Responder por la creación de usuarios;

b) Replicar oportunamente a los usuarios del SIIF Nación, todas la comunicaciones emitidas e informadas por el administrador del sistema;

c) Verificar las restricciones de uso del aplicativo;

d) Brindar soporte funcional y técnico a los usuarios de la entidad;

e) Mantener actualizado al administrador del sistema respecto a las novedades de los usuarios y del funcionario responsable del sistema;

f) Capacitar a los usuarios nuevos, previa su creación en el aplicativo;

g) Mantener un archivo documental de los usuarios y cumplir con las políticas y estándares de seguridad del sistema SIIF Nación.

PAR.—Las entidades usuarias del SIIF Nación que ejecuten su presupuesto a través de dependencias, subunidades, seccionales o regionales, deberán conformar al interior de las entidades, bajo la coordinación del responsable del SIIF Nación de la entidad, un equipo que preste soporte y capacitación básica a los usuarios de las mismas.

(D. 2674/2012, art. 15)

CAPÍTULO 2

Reglas sobre la utilización del SIIF

ART. 2.9.1.2.1.—Pago a beneficiario final. Las entidades y órganos ejecutores del SIIF Nación efectuarán el pago de sus obligaciones directamente a los beneficiarios a través de dicho aplicativo con abono a una cuenta bancaria previamente registrada y validada en el mismo.

En los casos que expresamente determine el comité operativo y de seguridad del SIIF Nación, el pago se efectuará a través de la pagaduría de la entidad.

(D. 2674/2012, art. 16)

ART. 2.9.1.2.2.—Registro de cuentas bancarias de beneficiarios. Las entidades y órganos deberán registrar previamente en el SIIF Nación, la cuenta bancaria a través de la cual efectuarán el pago de las obligaciones reconocidas a favor de cada beneficiario, para que sean prenotificadas a través del sistema Cenit del Banco de la República. Dicha cuenta se requerirá para el cumplimiento del acto administrativo que afecte las apropiaciones presupuestales.

El comité directivo del SIIF Nación reglamentará el procedimiento y los requisitos para el registro de las cuentas bancarias en el SIIF Nación.

(D. 2674/2012, art. 17)

ART. 2.9.1.2.3.—Responsabilidad del pago a beneficiario final. Todo pago que se haga a beneficiario final en las cuentas registradas por las entidades usuarias del SIIF Nación, se hará de conformidad con el acto administrativo que lo ordena. Los usuarios que intervinieron en el mismo, serán responsables por las imprecisiones e inexactitudes de la información registrada.

Para el pago en el exterior por concepto de servicio de la deuda o de proveedores, la validación de las cuentas será responsabilidad del ordenador del gasto de la entidad que efectúa el pago o del funcionario en quien este haya delegado dicha operación.

PAR. 1º—El secretario general de las entidades usuarias del SIIF Nación, o quien haga sus veces, debe adoptar las medidas necesarias para mitigar que se hagan pagos no debidos a través del SIIF Nación.

PAR. 2º—La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, o quien haga sus veces, no será responsable por los pagos ordenados por las entidades con cargo a la cuenta única nacional.

Igualmente, no serán responsables las tesorerías o pagadurías de las entidades, o quien haga sus veces, por los pagos ordenados por los funcionarios competentes, distintos a tales dependencias, con cargo a los recursos que no hagan parte de la cuenta única nacional.

(D. 2674/2012, art. 18)

ART. 2.9.1.2.4.—Exclusividad del pago a beneficiario final. El pago a beneficiario final se efectuará únicamente al beneficiario y a la cuenta bancaria registrados por medio de la cual se afectan las apropiaciones presupuestales, salvo en los eventos definidos por el comité operativo y de seguridad del SIIF Nación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.9.1.1.11 del presente título.

Las entidades usuarias del SIIF Nación son responsables por las modificaciones que se hagan al beneficiario de un compromiso, en virtud de una cesión de contratos o en los demás eventos permitidos por la ley. Para tal fin, estas deberán contar con autorización del ordenador del gasto.

(D. 2674/2012, art. 19)

ART. 2.9.1.2.5.—Requisitos para el registro de usuarios. El comité operativo y de seguridad del SIIF Nación reglamentará el procedimiento y los requisitos para la creación de los usuarios de la aplicación.

(D. 2674/2012, art. 20)

ART. 2.9.1.2.6.—Registro del anexo del decreto de liquidación del presupuesto general de la Nación y de sus modificaciones. La Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público registrará en el SIIF Nación el anexo del decreto de liquidación y el anexo de la composición del presupuesto de rentas de la vigencia fiscal que se inicia antes del 31 de diciembre del año en que se aprobó.

Las modificaciones al decreto de liquidación se realizarán conforme a lo dispuesto en el 2.8.1.5.6. sobre modificaciones al gasto contenido en la parte 8 del título 1 del capítulo 5 o la norma que lo modifique o sustituya.

(D. 2674/2012, art. 21)

ART. 2.9.1.2.7.—(Modificado).* Desagregación para la ejecución del presupuesto a través del SIIF Nación. Con el fin de vincular la gestión presupuestal de los ingresos y de los gastos a la gestión contable, las entidades usuarias del SIIF Nación deberán desagregar el presupuesto, al máximo nivel de conformidad con el detalle de los rubros presupuestales establecido en el plan de cuentas expedido por la dirección general del presupuesto público nacional.

Cuando la entidad usuaria requiera para su gestión el empleo de un mayor detalle al plan de cuentas establecido por dicha dirección, deberá solicitar a la administración del sistema su creación, para lo cual esta observará que corresponda a un concepto de ingreso o de gasto.

(D. 2674/2012, art. 22)

*(Nota: Modificado por el Decreto 412 de 2018 artículo 19 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.9.1.2.8.—Registro de la distribución inicial del programa anual mensualizado de caja con recursos de la Nación y de sus modificaciones. La distribución inicial del programa anual mensualizado de caja (PAC), con recursos Nación de cada entidad y órgano ejecutor, será registrada en el SIIF Nación por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, antes de iniciar la ejecución presupuestal de cada vigencia fiscal.

La apropiación presupuestal de la vigencia soportará el PAC de la vigencia actual y del rezago del año siguiente, y la constitución de las reservas presupuestales y de las cuentas por pagar soportarán el PAC del rezago del año anterior.

Con base en la información de las reservas presupuestales y de las cuentas por pagar resultantes del cierre calendario y definitivo del SIIF Nación, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público asignará el PAC del rezago en cada vigencia fiscal.

(D. 2674/2012, art. 23)

ART. 2.9.1.2.9.—Del registro de los ingresos en el SIIF Nación. Los órganos encargados de generar la información sobre los ingresos de las entidades y órganos que conforman el presupuesto general de la Nación deberán reconocer y clasificar a través del SIIF Nación, los recaudos por cada uno de los conceptos que los originen de conformidad con las normas presupuestales y contables vigentes, dentro de las fechas que defina la Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

(D. 2674/2012, art. 24)

ART. 2.9.1.2.10.—Soportes documentales para el registro de la gestión financiera en el SIIF Nación. Todo registro que realicen las entidades usuarias en el SIIF Nación, asociado con la gestión financiera y presupuestal, debe estar soportado en documentos legalmente expedidos, los cuales serán parte integral del acto administrativo o del contrato por medio del cual se causan los ingresos y se comprometen las apropiaciones.

(D. 2674/2012, art. 25)

ART. 2.9.1.2.11.—Obligaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público como administrador del SIIF Nación. Son obligaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público como administrador del SIIF Nación las siguientes:

a) Administrar adecuadamente el Sistema para que funcione conforme al reglamento que expida el comité directivo;

b) Custodiar la información registrada por las entidades usuarias;

c) Gestionar los mecanismos necesarios que permitan el funcionamiento ininterrumpido y la recuperación automática del sistema durante el horario establecido;

d) Poner a disposición del usuario el Sistema de acuerdo con los desarrollos que se presenten, siempre y cuando este cumpla con el reglamento y las especificaciones técnicas exigidas por la administración del sistema;

e) Informar al usuario sobre problemas y fallas técnicas que se presenten en el SIIF Nación;

f) Actualizar el sistema de acuerdo a los cambios normativos que se hagan a los negocios que lo componen;

PAR.—El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como administrador del SIIF Nación, no será responsable, por:

a) El mal uso de las funcionalidades de la aplicación que hagan los usuarios autorizados por las entidades;

b) El registro de los datos que hagan los usuarios en el Sistema ni las consecuencias judiciales que estos genere;

c) La veracidad y validez de los datos registrados por los usuarios autorizados por las entidades;

d) El uso del Sistema en las entidades por parte de funcionarios o contratistas que no están autorizados para tal fin;

e) Las aperturas de períodos presupuestales y contables que realicen y autoricen los órganos rectores a través de las funcionalidades definidas para tal fin;

f) Las demás actividades realizadas por los usuarios del Sistema que no sean de competencia del Administrador del mismo.

(D. 2674/2012, art. 26)

ART. 2.9.1.2.12.—Obligaciones de las entidades y de los usuarios del SIIF Nación. Con el fin de propender por un registro de la gestión financiera pública, basado en criterios de oportunidad, veracidad, confiabilidad, confidencialidad e integridad, son obligaciones del representante legal y de los usuarios del SIIF Nación las siguientes:

a) Registrar la gestión financiera pública en línea y tiempo real acorde con la operación realizada;

b) Dar cumplimiento al presente título y a los reglamentos que expida el comité directivo;

c) Acatar las instrucciones que expida la administración del sistema para el buen uso de la aplicación;

d) Tener a su disposición y mantener en adecuado funcionamiento los equipos de cómputo, los canales de comunicaciones, las redes internas y los equipos de firma digital que se requieran para la conexión y utilización del SIIF Nación;

e) Usar de forma adecuada y con responsabilidad la aplicación, las claves y demás elementos de seguridad, por parte de las personas autorizadas para hacer registros y consultas de información en el SIIF Nación;

f) Cumplir con las condiciones y especificaciones de orden técnico que establezca la administración del sistema;

g) Cumplir con las directrices generales de seguridad que determine el comité operativo y de seguridad del sistema;

h) Establecer los procedimientos de control interno, administrativos, financieros y contables, que garanticen la aplicación de los requerimientos técnicos y de seguridad previstos para el adecuado funcionamiento del sistema.

(D. 2674/2012, art. 27)

ART. 2.9.1.2.13.—Responsabilidades de las entidades y de los usuarios del SIIF Nación. El representante legal de las entidades y los usuarios del SIIF Nación serán responsables por:

a) La creación de los usuarios que harán registros o consultas en el Sistema a nombre de la entidad;

b) El uso adecuado del sistema;

c) La veracidad de los datos;

d) El registro oportuno de la gestión financiera pública de la entidad;

e) El uso de las claves y firmas digitales asignados;

f) El registro de los beneficiarios y de las cuentas bancarias que se requieran para efectuar pagos a través del SIIF Nación.

(D. 2674/2012, art. 28)

ART. 2.9.1.2.14.—Obligatoriedad de adopción del modelo de seguridad para la interoperación de aplicaciones con el SIIF Nación. Las entidades y órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación a las que el comité directivo les haya aprobado el uso de aplicaciones misionales que deban interoperar con el SIIF Nación, deberán adoptar el modelo de seguridad que el comité directivo defina para tal fin.

(D. 2674/2012, art. 29)

ART. 2.9.1.2.15.—(Modificado).* Del período de ajustes previos al cierre definitivo del sistema. El sistema integrado de información financiera (SIIF) Nación tendrá un período de transición al inicio de cada año, con el fin de que las entidades hagan ajustes a los compromisos y obligaciones a que haya lugar para la constitución de las reservas presupuestales y de las cuentas por pagar, de conformidad con lo señalado en el artículo 89 del estatuto orgánico del presupuesto, el cual durará hasta el día anterior al de la constitución legal de estas, de forma que puedan obtener del sistema la información requerida para tal fin. En todo caso, en concordancia con los artículos 14 y 71 de dicho estatuto, en este período no se pondrán asumir compromisos con cargo a las apropiaciones del año que se cerró.

Igualmente el sistema tendrá un período de transición contable, con el fin de que las entidades efectúen los ajustes respectivos a la contabilidad del año que se cierra, el cual durará hasta la fecha en que las entidades deban reportar la información solicitada por la Contaduría General de la Nación.

(D. 2674/2012, art. 30)

*(Nota: Modificado por el Decreto 412 de 2018 artículo 20 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.9.1.2.16.—Cumplimiento de las normas que rigen la gestión financiera pública. El uso del SIIF Nación no exime a los usuarios de las responsabilidades en el cumplimiento de las disposiciones orgánicas, legales y reglamentarias en relación con la programación, aprobación, modificación y ejecución de sus presupuestos, así como de la aplicación de las normas contables vigentes.

(D. 2674/2012, art. 31)

ART. 2.9.1.2.17.—Solicitud de información. Cuando los entes de control y seguimiento soliciten información que esté registrada en el SIIF Nación, las entidades en línea la extraerán del mismo para su presentación. Tales entes si lo consideran conveniente, podrán solicitar, de acuerdo a los procedimientos establecidos, su vinculación como usuarios del sistema con un perfil especial de consulta, con el fin de obtener la información requerida.

(D. 2674/2012, art. 32)

ART. 2.9.1.2.18.—Restricciones a la adquisición y utilización de software financiero. Las entidades y órganos usuarios del SIIF Nación no podrán adquirir ningún software financiero que contemple la funcionalidad incorporada en tal aplicativo y que implique la duplicidad del registro de información presupuestal y contable.

Se exceptúan las entidades que a criterio del Comité Directivo del SIIF Nación posean sistemas misionales que puedan interactuar en línea y tiempo real con dicho aplicativo.

(D. 2674/2012, art. 33)

PARTE 10

Política macroeconómica

TÍTULO 1

Fondo para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria (Frech)

ART. 2.10.1.1.—Disposición aclaratoria de vigencia. Las normas de los capítulos 4 y 5 de este título se compilan para efectos de aplicarlas, según corresponda, a las coberturas previamente otorgadas en su oportunidad y que se encuentran vigentes.

CAPÍTULO 1

Fondo para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria (Frech) para cobertura de tasa DTF y UVR

ART. 2.10.1.1.1.—Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria (Frech). En desarrollo de la autorización prevista en el artículo 48 de la Ley 546 de 1999, créase el Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria-Frech, administrado por el Banco de la República, como un fondo-cuenta de la Nación.

(D. 2670/2000, art. 1º, modificado por el D. 1163/2001, art. 1º, modificado por el D. 2587/2004, art. 1º)

ART. 2.10.1.1.2.—Manejo presupuestal de los recursos del Frech. El manejo de los recursos del Frech se realizará teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Los recursos provenientes del impuesto a la remuneración del encaje establecido en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 546 de 1999, serán retenidos al momento del pago al respectivo establecimiento y consignados directamente en el Frech.

2. Los recursos aportados al Frech por los establecimientos de crédito de conformidad con el mecanismo establecido en este capítulo, los cuales deberán apropiarse para su ejecución.

3. Los ingresos provenientes de los rendimientos financieros de los recursos que conformen el Frech deberán apropiarse para su ejecución.

PAR.—El Banco de la República, en su calidad de administrador, deberá separar en dos cuentas los recursos del Frech. Una de las cuentas se utilizará para registrar los recursos efectivamente apropiados, los cuales pueden ser ejecutados por el Frech para el cumplimiento de su finalidad. La otra cuenta se utilizará para registrar las sumas no apropiadas, hasta el momento en que se surta dicho procedimiento por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Los movimientos que se realicen solo pueden corresponder a la operación del Frech, previo el cumplimiento de las normas legales respectivas.

(D. 2670/2000, art. 2º, num. 1º modificado por el D. 2587/2004, art. 2º, num. 1º y parágrafo modificado por el D. 2587/2004, art. 3º)

ART. 2.10.1.1.3.—Administración de los recursos del Frech. Para la debida administración del Frech, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco de la República convendrán la forma como se darán las instrucciones para su administración, mediante la suscripción de un convenio en donde se establecerán las condiciones específicas para tal efecto, teniendo en cuenta los siguientes lineamientos:

1. Los recursos del Frech serán administrados con criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad apropiados al cumplimiento de sus fines.

2. Las operaciones que debe llevar a cabo el Frech dentro del giro ordinario de sus actividades de tesorería se sujetarán a las normas legales vigentes.

3. Las operaciones de reporto o repo, simultáneas y de transferencias temporales de valores se sujetarán a lo establecido en el artículo 2.36.3.1.1 y subsiguientes del Decreto 2555 de 2010 o demás normas que lo sustituyan, modifiquen o subroguen.

4. Los gastos en que incurra el Banco da la República por la administración del Frech se reconocerán con cargo a los recursos de este, previo el cumplimiento de las normas legales correspondientes.

(D. 2670/2000, art. 6º, modificado por el D. 343/2007, art. 22)

ART. 2.10.1.1.4.—Contabilidad. El Banco de la República llevará una contabilidad separada del Frech, sujetándose a los principios y normas que rigen para el Banco, que pondrá a disposición de la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, luego de finalizar cada semestre calendario. Aunque los pagos de las obligaciones generadas en los contratos a los que se refiere el presente capítulo se realicen anualmente, cada mes se contabilizarán las posiciones pasivas o activas de cada una de las partes.

(D. 2670/2000, art. 8º, modificado por el D. 1163/2001, art. 5º, modificado por el D. 2587/2004, art. 6º)

ART. 2.10.1.1.5.—Inversión de los recursos del Frech. El Banco de la República invertirá los recursos del Frech con criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad, en los términos y condiciones que establezca el comité de inversiones del Frech de que trata el artículo siguiente.

(D. 2670/2000, art. 5º, modificado por el D. 2587/2004, art. 5º)

ART. 2.10.1.1.6.—Comité de inversiones. De acuerdo con el inciso 1º del artículo 48 de la Ley 546 de 1999, la administración del Frech le corresponde al Banco de la República. Para el cumplimiento de esta finalidad, contará con un comité de inversiones cuya función será dar las instrucciones en materia de inversiones que deben ser adoptadas por el Banco de la República.

El comité de inversiones se compondrá por tres personas: el viceministro técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o su delegado, el director general de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o su delegado y el Director de la Unidad Especial, Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera-URF o su delegado. A dicho comité asistirá como invitado el Gerente General del Banco de la República o su delegado.

La secretaría técnica del Comité de Inversiones del Frech será efectuada por el funcionario designado por el Banco de la República. El comité de inversiones se reunirá ordinariamente, por lo menos una vez cada tres (3) meses y extraordinariamente cuando sea convocada por cualquiera de sus miembros o por su secretario.

(D. 2670/2000, art. 7º, modificado por el D. 1163/2001, art. 4º, modificado por el D. 936/2004, art. 1º, modificado por el D. 2875/2013, art. 1º).

CAPÍTULO 2

Frech subcuenta Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín

ART. 2.10.1.2.1.—Subcuenta especial del Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria, Frech. De conformidad con el parágrafo del artículo 96 de la Ley 795 de 2003, el Banco de la República, en su calidad de Administrador del Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria, Frech mantendrá una subcuenta especial en el citado Fondo por valor de cincuenta mil millones de pesos ($ 50.000.000.000), cuyos recursos se utilizarán por Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - Fogafín para otorgar la cobertura a los créditos individuales de vivienda a largo plazo frente al riesgo de variación de la UVR respecto a una tasa determinada, cuya reglamentación se prevé en los artículos 11.3.3.1.1 y subsiguientes del Decreto 2555 de 2010 y demás normas que lo modifiquen o adicionen. La subcuenta deberá estar separada y totalmente diferenciada de los demás recursos del Frech.

PAR.—El Banco de la República, en su calidad de administrador del Frech continuará administrando los recursos de la subcuenta.

(D. 1269/2003, art. 1º, parágrafo adicionado en compilación del D. 1269/2003, art. 2º).

ART. 2.10.1.2.2.—Inversión y utilización de los recursos. El Banco de la República invertirá los recursos de la subcuenta conforme a las instrucciones que reciba del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dichas instrucciones versarán sobre la inversión, liquidación, redención, reinversión y entrega al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín, de los recursos de la subcuenta.

PAR. 1º.—Las instrucciones que deba dar el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para efectos del presente artículo se podrán canalizar a través del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín.

PAR. 2º—El administrador deberá abonar en la subcuenta los rendimientos generados por los recursos del artículo anterior.

PAR. 3º—La afectación de la subcuenta será realizada hasta el agotamiento de los cincuenta mil millones de pesos ($ 50.000.000.000) destinados por la Ley 795 de 2003, más los rendimientos generados. Una vez agotados los recursos de la subcuenta, cesará la obligación del Banco de la República de entregar recursos al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín.

PAR. 4º—El Banco de la República en su calidad de administrador del Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria, Frech con corte al 31 de diciembre de cada anualidad, trasladará de la subcuenta especial del Frech creada en el parágrafo del artículo 96 de la Ley 795 de 2003 a la cuenta principal de dicho fondo, los recursos generados por las inversiones de la subcuenta especial, cuyo monto exceda la suma establecida en el parágrafo del artículo 96 de la Ley 795 de 2003, para lo cual el Banco de la República podrá trasladar títulos o dinero.

Para la realización de estas operaciones, se han de contemplar las siguientes reglas:

a) Los títulos que se trasladen a la cuenta principal del Frech se tomarán por el valor por el que se encuentren registrados en la contabilidad el día anterior al que se realice la transferencia de los mismos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público dará las instrucciones correspondientes respecto a los títulos a transferir.

b) La diferencia resultante entre el valor total de los recursos a transferir y el monto de los títulos transferidos de conformidad con lo previsto en el literal anterior, será cubierto mediante traslado de efectivo.

PAR. 5º—La verificación del monto de los recursos de que trata el parágrafo del artículo 96 de la Ley 795 de 2003 será realizada por el Banco de la República en su condición de administrador del Frech con corte al mes de diciembre de cada año. Si, descontadas la transferencia de recursos a Fogafín, se encuentra un defecto en el monto originado en variaciones en los precios de mercado del portafolio de inversiones de la Subcuenta Especial del Frech, se informará de este hecho al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien autorizará, si a ello hay lugar, el traslado de los recursos de la cuenta principal del Frech a la Subcuenta Especial y dará las instrucciones correspondientes.

(D. 1269/2003, art. 3º, modificado por el D. 984/2010, art. 1º)

CAPÍTULO 3

Frech mejoramiento de vivienda con garantía del FNG

ART. 2.10.1.3.1.—Garantía de créditos destinados al mejoramiento de vivienda. El Banco de la República en su calidad de administrador de los recursos del Fondo de Reserva para la Estabilización de Cartera Hipotecaria, Frech, transferirá al Fondo Nacional de Garantías, con cargo a los recursos del Frech, doce mil quinientos millones de pesos ($ 12.500.000.000), para que garantice créditos otorgados por establecimientos de crédito dirigidos a financiar el mejoramiento de vivienda en los términos del presente capítulo. Para tal efecto, el Banco de la República como administrador del Frech transferirá los mencionados recursos al Fondo Nacional de Garantías de conformidad con las instrucciones que imparta el viceministerio técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

La ejecución del programa se hará de acuerdo con las políticas generales que para el efecto defina la junta directiva del Fondo Nacional de Garantías.

(D. 1142/2009, art 1º, modificado por el D. 2731/2009, art 1º, modificado por el D. 2497/2010, art 1º)

ART. 2.10.1.3.2.—Condiciones de los créditos garantizados. Los créditos individuales de vivienda objeto de la presente garantía, deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) La destinación del crédito será exclusivamente el mejoramiento de unidades habitacionales; rurales o urbanas.

b) El monto del crédito no podrá superar la suma de treinta millones de pesos ($ 30.000.000) al momento de su desembolso.

c) Los créditos a que se refiere esta disposición podrán estar cubiertos por garantías diferentes a las hipotecarias.

d) Para el pago de las obligaciones contraídas podrá utilizarse el sistema de descuento por nómina por parte del empleador (libranza), en cuyo caso podrá accederse a una cobertura del 70% del saldo del crédito.

Para tal efecto, el empleador está obligado a descontar por nómina y a girar mensualmente los recursos correspondientes a la entidad respectiva.

Respecto de aquellos créditos que tengan una modalidad de pago diferente de la libranza, la garantía a otorgarse será equivalente al 50% del saldo del crédito.

e) Las garantías previstas en el presente capítulo se aplicarán por una sola vez, a un crédito de mejoramiento de vivienda por sujeto de crédito en calidad de deudor principal o solidario. En ningún caso, una misma persona podrá tener más de un crédito objeto de la garantía del presente programa.

f) Serán objeto de garantía los créditos destinados al mejoramiento de vivienda que hubiesen sido otorgados a partir del 1º de abril de 2009 y hasta el agotamiento de los recursos destinados para este programa.

PAR. 1º—El Fondo Nacional de Garantías definirá mediante resolución a los establecimientos de crédito dispuestos a colocar créditos de manera directa o por intermedio de otras entidades especializadas, los controles que permitan verificar claramente las condiciones de acceso a la garantía, así como la correcta destinación de los recursos desembolsados con tal propósito.

PAR. 2º—La junta directiva del Fondo Nacional de Garantías establecerá los términos y condiciones de las garantías de que trata el presente capítulo.

(D. 1142/2009, art. 2º, lit. e) y f) adicionados por el D. 2497/2010)

ART. 2.10.1.3.3.—Direccionamiento del crédito cubierto por la garantía. La utilización de los recursos de crédito otorgados con la garantía contemplada en el presente capítulo en propósitos distintos del mejoramiento de vivienda, conllevará la terminación inmediata de la garantía, así como las consecuencias previstas en el artículo 311 del Código Penal, sobre “Aplicación fraudulenta de crédito oficialmente regulado”.

(D. 1142/2009, art. 3º)

ART. 2.10.1.3.4.—Restitución de recursos. El viceministerio técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, definirá en su oportunidad, la forma de restitución al Frech tanto de los recursos que no sean utilizados en desarrollo de la ejecución del presente capítulo, así como los rendimientos que se generen sobre los mismos.

(D. 2497/2010, art. 3º)

CAPÍTULO 4

Frech I - Cobertura condicionada a la tasa de interés para créditos individuales de vivienda

ART. 2.10.1.4.1.—Cobertura para créditos individuales de vivienda. El Banco de la República es quien estaba autorizado, en su calidad de administrador del Frech para ofrecer con recursos de este fondo una cobertura condicionada para facilitar la financiación de vivienda. Dicha cobertura consiste en una permuta financiera calculada sobre la tasa de interés pactada en créditos nuevos que fueron otorgados por establecimientos de crédito a deudores individuales de crédito hipotecario de vivienda nueva que cumplieran las condiciones que se establecían en el presente capítulo y, en todo caso, únicamente durante los primeros siete (7) años de vida del crédito.

Los deudores individuales de crédito hipotecario de vivienda nueva que optaron por la cobertura prevista en el presente capítulo, debían manifestar por escrito al establecimiento de crédito su intención de recibirla, con un señalamiento expreso de conocer los términos de su otorgamiento y pérdida. La vigencia de dicha cobertura estará condicionada a que en los primeros siete (7) años de vida del crédito no se incurra en mora por más de tres (3) meses consecutivos.

En este evento, es decir de presentarse una mora en la atención de un crédito beneficiario de la cobertura por más de tres (3) meses consecutivos, el beneficio de la cobertura se perderá definitivamente.

No obstante, el tratamiento en caso de retraso o mora inferiores al término señalado en precedencia será objeto de instrucción por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como parte del procedimiento de acceso y vigencia de la cobertura.

PAR.—La Resolución 954 de 2009 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y todas aquéllas que la modifiquen, sustituyan o adicionen, establece las instrucciones al Banco de la República, en su calidad de administrador del Frech, relativas al procedimiento que deben cumplir los deudores individuales de vivienda beneficiarios de la cobertura y la forma como los establecimientos de crédito certifican el cumplimiento de la condición a cargo de los deudores referida al pago oportuno, así como los demás aspectos procedimentales derivados de la aplicación del presente capítulo.

En todo caso, el Banco de la República, en su calidad de administrador del Frech, podrá contratar con un tercero la operación del esquema de cobertura previsto en el presente capítulo, con cargo a los recursos del Frech.

(D. 1143/2009, art. 1º).

ART. 2.10.1.4.2.—Condiciones generales para quienes accedieron a la cobertura. Deberán cumplirse las siguientes condiciones:

1. Solo aplicaba a un crédito individual de vivienda nueva por sujeto de crédito, siempre que sea otorgado por los establecimientos de crédito:

a) Créditos que no hubiesen sido desembolsados a 1º de abril de 2009, pero que se hayan desembolsado antes del 31 de marzo de 2012 o hasta la fecha en que se agotaron el número de cupos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y que cumplen las demás condiciones previstas en este artículo.

b) Créditos aprobados con posterioridad al 1º de abril de 2009, y que se hubiesen desembolsado antes del 31 de marzo de 2012 o hasta la fecha en que se agotaron el número de cupos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y que cumplen las demás condiciones contempladas en este artículo.

c) La subrogación de un crédito objeto de la cobertura descrita en el presente capítulo, genera la pérdida de la misma.

2. Los recursos de los créditos de que trata el presente capítulo deben destinarse exclusivamente para financiar la construcción de vivienda propia, o la compra de vivienda nueva.

3. La cobertura opera de acuerdo con la siguiente graduación, según los valores de la respectiva vivienda:

3.1. Vivienda cuyo valor de venta o comercial, de acuerdo con el avalúo del establecimiento de crédito, sea de hasta ciento treinta y cinco (135) salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv): La entidad otorgante del crédito se compromete a entregar al Frech el equivalente mensual de la tasa de interés pactada en el crédito, convertida a su equivalente en pesos cuando ésta se encuentre referida a la UVR, menos el equivalente mensual de cinco (5) puntos porcentuales, liquidados sobre el saldo remanente del crédito, a su vez convertido en pesos cuando se encuentre referido a la UVR. Por su parte, el Frech se compromete a entregar el equivalente mensual de la tasa de interés pactada en el crédito, convertida a su equivalente en pesos cuando ésta se encuentre referida a la UVR, liquidada sobre el saldo remanente del crédito, a su vez convertido en pesos cuando se encuentre referido a la UVR.

Durante la vigencia de la cobertura el deudor pagará mensualmente el equivalente mensual de la tasa de interés pactada, convertida a su equivalente en pesos cuando ésta se encuentre referida a la UVR, menos el equivalente mensual de cinco (5) puntos porcentuales, liquidada sobre el saldo remanente del crédito, a su vez convertido en pesos cuando se encuentre referido a la UVR.

3.2. Vivienda cuyo valor de venta o comercial, de acuerdo con el avalúo del establecimiento de crédito, sea mayor a ciento treinta y cinco (135) smmlv y hasta doscientos treinta y cinco (235) smmlv: La entidad otorgante del crédito se compromete a entregar al Frech el equivalente mensual de la tasa de interés pactada en el crédito, convertida a su equivalente en pesos cuando ésta se encuentre referida a la UVR, menos el equivalente mensual de cuatro (4) puntos porcentuales, liquidados sobre el saldo remanente del crédito, a su vez convertido en pesos cuando se encuentre referido a la UVR. Por su parte, el Frech se compromete a entregar el equivalente mensual de la tasa de interés pactada en el crédito, convertida a su equivalente en pesos cuando ésta se encuentre referida a la UVR, liquidada sobre el saldo remanente del crédito, a su vez convertido en pesos cuando se encuentre referido a la UVR.

Durante la vigencia de la cobertura el deudor pagará mensualmente el equivalente mensual de la tasa de interés pactada, convertida a su equivalente en pesos cuando ésta se encuentre referida a la UVR, menos el equivalente mensual de cuatro (4) puntos porcentuales, liquidada sobre el saldo remanente del crédito, a su vez convertido en pesos cuando se encuentre referido a la UVR.

3.3. Vivienda cuyo valor de venta o comercial, de acuerdo con el avalúo del establecimiento de crédito, sea mayor a doscientos treinta y cinco (235) smmlv y hasta trescientos treinta y cinco (335) smmlv: La entidad otorgante del crédito se compromete a entregar al Frech el equivalente mensual de la tasa de interés pactada en el crédito, convertida a su equivalente en pesos cuando ésta se encuentre referida a la UVR, menos el equivalente mensual de tres (3) puntos porcentuales, liquidados sobre el saldo remanente del crédito, a su vez convertido en pesos cuando se encuentre referido a la UVR. Por su parte, el Frech se compromete a entregar el equivalente mensual de la tasa de interés pactada en el crédito, convertida a su equivalente en pesos cuando ésta se encuentre referida a la UVR, liquidada sobre el saldo remanente del crédito, a su vez convertido en pesos cuando se encuentre referido a la UVR.

Durante la vigencia de la cobertura el deudor pagará mensualmente el equivalente mensual de la tasa de interés pactada, convertida a su equivalente en pesos cuando ésta se encuentre referida a la UVR, menos el equivalente mensual de tres (3) puntos porcentuales, liquidada sobre el saldo remanente del crédito, a su vez convertido en pesos cuando se encuentre referido a la UVR.

PAR. 1º—El pago producto de la permuta descrita en los numerales anteriores se hará por el monto neto de las obligaciones generadas mes a mes.

PAR. 2º—Los locatarios en contratos nuevos de leasing habitacional podían optar por la cobertura aquí prevista, la cual se aplica sobre el valor del canon mensual y sólo en el evento en el que efectivamente se ejerza la opción de compra por parte del locatario. En caso contrario, es decir, de no ejercer la mencionada opción, deberá restituirse el valor de la cobertura de la que fue beneficiario. Estos contratos de leasing habitacional deben cumplir con los mismos requisitos previstos para los créditos individuales de vivienda de que trata el presente capítulo.

PAR. 3º—Dado que la cobertura prevista está dirigida a los nuevos deudores individuales de crédito de vivienda, en los procesos de titularización, cesión, venta o enajenación de cualquier especie de la cartera por parte de la entidad financiera, el mismo se mantendrá vigente.

PAR. 4º—El Ministerio de Hacienda y Crédito Público al establecer las condiciones de cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes intervinientes en el mecanismo de la cobertura, podrá señalar eventos de terminación anticipada de los beneficios de la cobertura para los deudores, así como la imposibilidad de presentar las cuentas de cobro para los establecimientos de crédito en caso de tramitación indebida y/o inoportuna de las mismas o de sus soportes, en cuyo caso no se verá afectado el derecho del deudor.

(D. 1143/2009, art. 2º, lits. a) y b) del num. 1º modificados por el D. 1729/2009, art. 1º, modificados por el D. 1176/2010, art. 1º, modificados por el D. 4864/2011, art. 1º, par. 4º adicionado por el D. 1729/2009, art. 2º).

CAPÍTULO 5

Frech III - Contracíclico 2013 para la financiación de vivienda nueva

SECCIÓN 1

Cobertura de tasa de interés para la financiación de vivienda nueva

ART. 2.10.1.5.1.1.—Cobertura de tasa de interés para la financiación de vivienda nueva. El Gobierno Nacional, a través del Fondo de Reserva para la Estabilización de Cartera Hipotecaria (Frech), administrado por el Banco de la República, ofreció coberturas de tasa de interés para facilitar la financiación de vivienda nueva, a través de créditos para la compra de vivienda y contratos de leasing habitacional, de acuerdo con la focalización, condiciones y términos establecidos en el presente capítulo, y la reglamentación que para el efecto ha expedido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El Banco de la República, como administrador del Frech, creó una subcuenta para el manejo de los recursos requeridos para la cobertura que por el presente capítulo se establece, separada y diferenciada presupuestal y contablemente de los demás recursos del Frech, la cual se denomina Frech, contracíclico 2013.

La cobertura consiste en una permuta financiera calculada sobre la tasa de interés pactada en créditos o contratos de leasing habitacional, otorgados por los establecimientos de crédito a deudores que cumplan las condiciones que se establecen en el presente capítulo y en la normativa aplicable. La cobertura solo será aplicable durante los primeros siete (7) años de vigencia contados a partir del desembolso del crédito o de la fecha de inicio del contrato de leasing habitacional.

La permuta financiera consiste en un intercambio de flujos que se presenta cuando el establecimiento de crédito entrega al Frech, Contracíclico 2013 el equivalente mensual de la tasa de interés pactada en el crédito o contrato de leasing habitacional, descontando lo correspondiente a la cobertura y el Frech, Contracíclico 2013 a su vez entrega al establecimiento de crédito el equivalente mensual de la tasa de interés pactada en el crédito o contrato de leasing habitacional. Cuando se trate de operaciones en UVR, el equivalente mensual de la tasa de interés pactada en el crédito o contrato de leasing habitacional se convertirá a su equivalente en pesos.

El pago producto de la permuta financiera por parte del Frech-Contracíclico 2013 a los establecimientos de crédito se realizará por el monto neto de las obligaciones generadas mes a mes, derivadas del intercambio de flujos.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio de la Resolución 1263 del 24 de abril de 2013 y todas aquéllas que la modifiquen, sustituyan o adicionen, ha señalado al Banco de la República y a los establecimientos de crédito, entre otras cosas, los términos y condiciones para realizar el intercambio de flujos derivados de la cobertura y precisa el alcance y contenido de los contratos marco de cobertura a que se refiere el artículo 2.10.1.5.5.1 de este capítulo, así mismo ha señalado a los Establecimientos de Crédito los aspectos derivados de la aplicación del presente capítulo.

(D. 701/2013, art. 1º).

ART. 2.10.1.5.1.2.—Graduación de la cobertura. La cobertura prevista en el presente capítulo es graduada de acuerdo con el valor de la vivienda financiada a los deudores del crédito o locatarios del leasing habitacional que la soliciten, según los siguientes segmentos:

1. Para viviendas cuyo valor, de acuerdo con el avalúo del establecimiento de crédito, sea mayor a ciento treinta y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (135 smmlv) y hasta doscientos treinta y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (235 smmlv), la cobertura es equivalente a 2.5 puntos porcentuales, liquidados sobre el saldo remanente del crédito o del contrato de leasing habitacional.

2. Para viviendas cuyo valor, de acuerdo con el avalúo del establecimiento de crédito, sea mayor a doscientos treinta y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (235 smmlv) y hasta trescientos treinta y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (335 smmlv), la cobertura es equivalente a 2.5 puntos porcentuales, liquidados sobre el saldo remanente del crédito o del contrato de leasing habitacional.

El deudor del crédito o locatario del leasing habitacional beneficiarios de la cobertura, durante la vigencia de la misma, pagará mensualmente a los establecimientos de crédito, el equivalente mensual de la tasa de interés pactada para el respectivo período, descontando lo correspondiente a la cobertura, de acuerdo con la graduación establecida en los numerales 1º y 2º del presente artículo. Cuando se trate de operaciones en UVR, el equivalente mensual de la tasa de interés pactada en el crédito o contrato de leasing habitacional se convertirá a pesos.

En el evento que por cualquier circunstancia el establecimiento de crédito cobre al deudor una tasa de interés diferente a la pactada, la tasa de interés efectivamente cobrada será la utilizada para el cálculo del intercambio de flujos derivado de la cobertura. En ningún caso la cobertura resultante podrá ser superior a la tasa pactada del crédito o a la efectivamente cobrada al deudor según sea el caso.

(D. 701/2013, art. 2º).

ART. 2.10.1.5.1.3.—Condiciones para quienes accedieron a la cobertura. Los deudores del crédito o locatarios del contrato de leasing habitacional, para acceder a la cobertura debían cumplir la siguiente condición, además de las previstas en este capítulo y en la reglamentación que se ha expedido para el efecto.

No haber sido beneficiario a cualquier título de las coberturas establecidas en el presente capítulo o de aquellas otorgadas en desarrollo de lo dispuesto en el capítulo 4 del presente título y en el Decreto 1190 de 2012 compilado en el decreto único reglamentario del sector administrativo de vivienda, ciudad y territorio y las normas que los reglamenten, modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan.

Los beneficiarios deben haber manifestado por escrito al establecimiento de crédito, su intención de recibirla, antes del desembolso del crédito o de la suscripción del respectivo contrato de leasing habitacional, señalando expresamente que conocen y aceptan los términos y condiciones para el acceso, vigencia y terminación anticipada de la cobertura, en particular que el beneficio de la cobertura estaba sujeto a la disponibilidad de coberturas para los créditos y contratos de leasing al momento del desembolso del crédito o del inicio del contrato de leasing.

Los establecimientos de crédito deben verificar y controlar lo relativo a la condición de acceso a la cobertura establecida en el presente artículo, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.10.1.5.6.1 del presente capítulo.

(D. 701/2013, art. 3º).

ART. 2.10.1.5.1.4.—Créditos o contratos de leasing habitacional que eran elegibles. La cobertura se aplica a los créditos o contratos de leasing habitacional que cumplen, como mínimo, con las condiciones que a continuación se relacionan y, las demás que se prevean en las normas que reglamenten, modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen el presente capítulo.

1. Financiación objeto de la cobertura: créditos o contratos de leasing habitacional que se otorgaron por los establecimientos de crédito para financiar el acceso a una vivienda nueva.

Por vivienda nueva, se entenderá la que se encuentre en proyecto, en etapa de preventa, en construcción y la que estando terminada no haya sido habitada.

En cualquier caso, no se consideran elegibles para efectos de la cobertura los siguientes créditos o contratos de leasing habitacional:

a) Los otorgados para la reparación, subdivisión o ampliación del inmueble.

b) Los originados en las reestructuraciones, refinanciaciones o consolidaciones.

2. Fecha de desembolso: créditos que se hayan desembolsado o contratos de leasing habitacional que hayan iniciado a partir del 6 de mayo de 2013 y hasta la fecha en que se agotaron el número de coberturas establecidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

3. Unicidad: La cobertura se aplica a un crédito individual de vivienda nueva o contrato de leasing habitacional nuevo por sujeto de crédito, a cualquier título.

4. Tasa de interés pactada: corresponderá a la tasa de interés remuneratoria de los créditos y contratos de leasing habitacional.

a) Para las viviendas de que trata el numeral 1º del artículo 2.10.1.5.1.2 del presente capítulo, cuando se trata de créditos y contratos de leasing habitacional denominados en moneda legal, la tasa de interés pactada no puede exceder de 9.5 puntos porcentuales efectivos anuales.

Cuando se trata de créditos y contratos de leasing habitacional denominados en UVR, la tasa de interés pactada no puede exceder de 6,5 puntos porcentuales efectivos anuales, calculados sobre la UVR;

b) Para las viviendas de que trata el numeral 2º del artículo 2.10.1.5.1.2 del presente capítulo, cuando se trate de créditos y contratos de leasing habitacional denominados en moneda legal, la tasa de interés pactada no puede exceder de 10.5 puntos porcentuales efectivos anuales.

Cuando se trate de créditos y contratos de leasing habitacional denominados en UVR, la tasa de interés pactada no puede exceder de 7.5 puntos porcentuales efectivos anuales, calculados sobre el UVR.

(D. 701/2013, art. 4º, num. 4º modificado por el D. 154/2014, art. 2º).

ART. 2.10.1.5.1.5.—Límite de coberturas. El número de coberturas disponibles definidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al que se refiere el artículo 2.10.1.5.1.2 de la presente sección, que podían ser objeto del beneficio previsto en este capítulo 5, no podía superar 12.600 coberturas para los créditos desembolsados o contratos de leasing habitacional iniciados a partir de febrero 5 de 2014, siempre y cuando existiera disponibilidad presupuestal para el efecto.

(D. 154/2014, art. 1º).

SECCIÓN 2

Terminación anticipada de la cobertura

ART. 2.10.1.5.2.1. (sic)—Terminación anticipada de la cobertura. La cobertura se terminará en forma anticipada en los siguientes eventos:

1. Por pago anticipado del crédito o hacer uso de la opción de compra tratándose de contratos de leasing habitacional.

2. Por mora en el pago de tres (3) cuotas o cánones consecutivos a cargo del deudor o locatario del leasing habitacional. En este caso, la cobertura se perderá a partir del día siguiente al vencimiento de la última cuota o canon incumplido.

3. Por petición del deudor o locatario.

4. Por cesión del crédito por parte del deudor.

5. Por cesión del contrato de leasing habitacional, por parte del locatario.

6. Por reestructuración del crédito o del contrato de leasing habitacional que implique el incremento de los montos o saldos de las obligaciones o ampliación del plazo de los créditos o los contratos.

7. Por aceleración del plazo conforme a los términos contractuales.

8. Las demás que establezca el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de acuerdo a la naturaleza y finalidad de la cobertura.

PAR.—La cobertura se mantendrá vigente en los casos de cesión, venta o enajenación de la cartera con cobertura, entre establecimientos de crédito, y en los procesos derivados de titularización de cartera con cobertura.

(D. 701/2013, art. 5º)

SECCIÓN 3

Recursos para la cobertura

ART. 2.10.1.5.3.1. (sic)—Recursos para la cobertura. Los recursos del Frech que fueron comprometidos para las coberturas otorgadas en el capítulo 4 del título 1 de la presente parte, de acuerdo con el documento elaborado por el viceministerio técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de fecha 19 de marzo de 2013, fueron utilizados para el otorgamiento y pago de las coberturas previstas en este capítulo y transferidos a la subcuenta denominada Frech, contracíclico 2013.

Los recursos adicionales requeridos para el otorgamiento y pago de las coberturas previstas en este capítulo, fueron apropiados en el presupuesto general de la Nación, y comprometidos con cargo al presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a favor del Frech, contracíclico 2013, dando cumplimiento a las disposiciones en materia presupuestal.

La apropiación de estos recursos debió guardar concordancia con la disponibilidad fiscal establecida tanto en el marco de gasto de mediano plazo del sector, así como en el marco fiscal de mediano plazo.

(D. 701/2013, art. 6º)

ART. 2.10.1.5.3.2. (sic)—Giro de los recursos. Los recursos asignados para financiar la cobertura de que trata el presente capítulo, que no hagan parte de los que se transfieran del Frech, de acuerdo con el artículo anterior, serán girados a la subcuenta denominada Frech-Contracíclico 2013 en la oportunidad que establezca el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de conformidad con los compromisos que se deriven del otorgamiento, ejecución y vencimiento de dichas coberturas.

El viceministerio técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público definirá el procedimiento, oportunidad, plazo y cuantías requeridas para el giro al Frech-Contracíclico 2013 de los recursos líquidos necesarios para el cubrimiento y pago de las coberturas de que trata el presente capítulo.

El Banco de la República, como administrador del Frech, no será responsable por el cubrimiento y pago de las coberturas de que trata este capítulo cuando el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no haya realizado las apropiaciones presupuestales necesarias para el pago de estas coberturas y cuando el Ministerio no haya hecho la entrega y giro de los recursos correspondientes al Frech-Contracíclico 2013.

Los trámites de apropiación, ejecución, registro y desembolso presupuestales estarán a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

PAR.—Los gastos en que incurra el Banco de la República en la realización de la permuta financiera se harán con cargo a los recursos del Frech.

(D. 701/2013, art. 7º)

ART. 2.10.1.5.3.3. (sic)—Restitución de los recursos de la cobertura. Las sumas provenientes de las restituciones de recursos que deban realizar los establecimientos de crédito al Frech-Contracíclico 2013 respecto de créditos cuyos deudores o locatarios no tengan derecho a la cobertura o que se haya entregado en exceso, o por haber perdido la posibilidad de realizar el intercambio de flujos de la cobertura, o cualquier otra suma que deba restituirse, serán trasladadas a la subcuenta Frech-Contracíclico 2013. El viceministerio técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público impartirá las instrucciones para la restitución de estos recursos.

(D. 701/2013, art. 8º)

ART. 2.10.1.5.3.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2454 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

SECCIÓN 4

Inversión de los recursos del Frech

ART. 2.10.1.5.4.1. (sic)—Inversión de los recursos del Frech. El Banco de la República invertirá los recursos del Frech con criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad, en los términos y condiciones que establezca el comité de inversiones del Frech de que trata el artículo 2.10.1.1.6 del capítulo 1 del presente título.

(D. 701/2013, art. 9º).

SECCIÓN 5

Contratos marco de permuta financiera de tasas de interés

ART. 2.10.1.5.5.1. (sic)—Contratos marco de permuta financiera de tasas de interés. Los establecimientos de crédito que accedieron a la cobertura ofrecida por el Gobierno Nacional a través del Frech, Contracíclico 2013, debieron celebrar con el Banco de la República, como administrador del Frech, un contrato marco de permuta financiera de tasas de interés para realizar el intercambio de flujos derivado de la cobertura prevista en este capítulo.

Dichos contratos marco deben tener en cuenta de conformidad con lo dispuesto en este capítulo y demás normas que lo reglamenten, modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan, entre otras, las siguientes obligaciones:

1. Para los establecimientos de crédito:

a) Informar al Frech-Contracíclico 2013, para su registro, los créditos y contratos de leasing habitacional elegibles con derecho a la cobertura, de acuerdo con lo dispuesto en este capítulo.

b) Presentar al Frech-Contracíclico 2013, la cuenta de cobro correspondiente a los créditos desembolsados o a los contratos de leasing habitacional con derecho a la cobertura, registrados en el Frech-Contracíclico 2013, por el valor neto del intercambio de flujos derivado de la permuta financiera, de acuerdo con lo dispuesto en este capítulo.

c) Certificar al Banco de la República, como administrador del Frech:

i) Que los créditos o contratos de leasing habitacional objeto de la cobertura cumplen los requisitos y condiciones establecidos para el acceso y vigencia de la cobertura de tasa de interés, señalados en los artículos 2.10.1.5.1.2, 2.10.1.5.1.3, 2.10.1.5.1.4, 2.10.1.5.3.3 y 2.10.1.5.6.1 de este capítulo.

ii) La veracidad de toda la información enviada al Frech-Contracíclico 2013, en concordancia con los requisitos y condiciones para el acceso, vigencia, terminación anticipada, de la cobertura de tasa de interés y aquella relacionada con el intercambio de flujos, establecidos en este capítulo y en la normativa aplicable.

iii) Los créditos o contratos de leasing habitacional registrados en el Frech-Contracíclico 2013, que no tengan el derecho a la cobertura y las terminaciones anticipadas de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en este capítulo.

d) Suministrar la información que requiera el Banco de la República para la realización de la permuta financiera en la oportunidad que se establezca para el efecto.

e) Restituir a la subcuenta Frech-Contracíclico 2013 los recursos de que trata el artículo 2.10.1.5.3.3 del presente capítulo.

2. Para el Banco de la República:

a) Validar que el contenido de la información remitida por los establecimientos de crédito al Frech-Contracíclico 2013, para efectos del registro de los créditos desembolsados o contratos de leasing habitacional con derecho a la cobertura y para el pago de la misma, sea consistente con el presente capítulo y su reglamentación.

b) Registrar en el Frech-Contracíclico 2013, atendiendo la fecha de recibo en el Banco de la República en orden de llegada, los créditos desembolsados o contratos de leasing habitacional con derecho a la cobertura, teniendo en cuenta el número de coberturas disponibles para los créditos y contratos de leasing establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el número de créditos y contratos de leasing habitacional con cobertura registrados en el Frech-Contracíclico 2013, de acuerdo con lo informado por los establecimientos de crédito.

c) Pagar el valor neto del intercambio de flujos derivado de la permuta financiera, de acuerdo con las instrucciones que para el efecto imparta el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

d) Excluir de la cobertura los créditos o contratos de leasing habitacional registrados en el Frech-Contracíclico 2013, que no tengan derecho a esta y registrar las terminaciones anticipadas de la misma, así como los créditos o contratos respecto de los cuales no sea posible realizar el intercambio de flujos, de conformidad con la información presentada por los establecimientos de crédito.

e) Informar mensualmente a los establecimientos de crédito y al viceministerio técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el número de créditos desembolsados y los contratos de leasing habitacional con derecho a la cobertura registrados en el Frech-Contracíclico 2013.

PAR. 1º—En los contratos marco se estipulará que los establecimientos de crédito perderán la posibilidad de realizar el intercambio de flujos de la cobertura en los eventos que defina el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuando haya lugar a ello, de acuerdo con la naturaleza y propósito de dicho mecanismo.

PAR. 2º—En todo caso el registro y pago de la cobertura estará condicionada a la suscripción de los contratos marco aquí establecidos, entre los establecimientos de crédito y el Banco de la República.

(D. 701/2013, art. 10)

SECCIÓN 6

Responsabilidad de los establecimientos de crédito

ART. 2.10.1.5.6.1. (sic)—Responsabilidad de los establecimientos de crédito. Los establecimientos de crédito son los únicos responsables de verificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos para el acceso, vigencia, y terminación anticipada de la cobertura de tasa de interés a los créditos o contratos de leasing habitacional de que trata el presente capítulo; así como de la veracidad de la información presentada al Frech-Contracíclico 2013 y del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato marco que suscriba con el Banco de la República.

Los establecimientos de crédito debían informar a los potenciales deudores de créditos de vivienda y locatarios de contratos de leasing habitacional acerca de las condiciones de acceso, vigencia, y terminación anticipada de la cobertura, en las condiciones establecidas en el presente capítulo y demás normas que lo reglamenten, complementen, adicionen, modifiquen o sustituyan, así como las demás condiciones que establezca la Superintendencia Financiera de Colombia.

Los establecimientos de crédito no podían desembolsar créditos o suscribir contratos de leasing con derecho a la cobertura, sin haber recibido de parte de los potenciales deudores de los créditos y locatarios de leasing habitacional, la manifestación escrita prevista en el artículo 2.10.1.5.1.3 de este capítulo.

Igualmente los establecimientos de crédito, deberán haber informado al deudor o locatario:

a) que su cobertura se encuentra sujeta a que en el momento del desembolso o al inicio del contrato de leasing no se hayan agotado las coberturas disponibles y,

b) en el extracto de la obligación, el cálculo y aplicación de la cobertura, y remitir dentro de la proyección anual de los créditos individuales de vivienda lo que corresponda a la discriminación de los valores del beneficio.

Los establecimientos de crédito debieron implementar un mecanismo que les permitiera verificar al momento de efectuar el desembolso del crédito o del inicio del contrato de leasing habitacional:

i) La disponibilidad de coberturas para cada uno de los segmentos de vivienda establecidos y, en esa medida, no podían desembolsar créditos o dar inicio del contrato de leasing habitacional con derecho a la cobertura, en exceso del número de coberturas que estableció el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, so pena de asumir el pago de la misma con sus propios recursos.

ii) Que la cobertura se hubiere otorgado e únicamente a un crédito o contrato de leasing habitacional y que aquella se aplique a los deudores del crédito o locatarios del contrato de leasing habitacional, a cualquier título. Así mismo, debieron verificar que los potenciales deudores o locatarios no habían sido beneficiarios, a cualquier título, de la cobertura establecida en el presente capítulo o de aquellas otorgadas en desarrollo de lo dispuesto en el capítulo 4 de la presente parte y el Decreto 1190 de 2012 compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio y las normas que lo reglamenten, modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan.

Corresponde a los establecimientos de crédito determinar al momento del inicio del contrato de leasing o del desembolso del crédito si tienen derecho a la cobertura y en este evento, informarlo al Banco de la República para efectos de su registro y pago de la cobertura y comunicar lo pertinente a los deudores de los créditos o a los locatarios del contrato según sea el caso.

El uso de los recursos otorgados como cobertura no puede destinarse a propósitos diferentes a los indicados en el presente capítulo y las normas que lo reglamenten, complementen, modifiquen, adicionen o sustituyan, so pena de incurrir en la conducta descrita en el artículo 311 del Código Penal.

(D. 701/2013, art. 11)

CAPÍTULO 6

Acceso a mecanismos de liquidez con cargo a recursos del Frech

ART. 2.10.1.6.1. (sic)—Nuevas entidades que pueden realizar operaciones de tesorería con los recursos del Frech. Las sociedades fiduciarias, sociedades comisionistas de bolsa y sociedades administradoras de inversión, así como los fondos de inversión colectiva por ellas administrados, podrán realizar operaciones de tesorería, con cargo a los recursos disponibles del Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria, Frech. Los términos y condiciones de estas operaciones serán definidas por el comité de inversiones previsto en el artículo 2.10.1.1.6.del capítulo 1 del presente título.

(D. 1524/2013, art. 1º)

CAPÍTULO 7

Frech para la financiación de vivienda urbana nueva-Frech no VIS

(Nota: Adicionado por el Decreto 2500 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

SECCIÓN 1

Cobertura condicionada de tasa de interés para créditos de vivienda y contratos de leasing habitacional en el marco del programa Frech no VIS

ART. 2.10.1.7.1.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2500 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.10.1.7.1.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2500 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Modificado por el Decreto 1442 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.10.1.7.1.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2500 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.10.1.7.1.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2500 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Modificado el numeral 2 por el Decreto 1442 de 2017 artículo 2° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.10.1.7.1.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2500 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

SECCIÓN 2

Recursos para la cobertura

ART. 2.10.1.7.2.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2500 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.10.1.7.2.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2500 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.10.1.7.2.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2500 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.10.1.7.2.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2500 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

SECCIÓN 3.

Contratos marco, obligaciones y responsabilidades

ART. 2.10.1.7.3.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2500 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.10.1.7.3.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2500 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Adicionado por el Decreto 2500 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

PARTE 11

Sector solidario

TÍTULO 1

Niveles de supervisión a que están sometidos las entidades bajo inspección, control y vigilancia de la Superintendencia de la Economía Solidaria

ART. 2.11.1.1.—Clasificación de las entidades vigiladas en niveles de supervisión. Las entidades sujetas a la inspección, control y vigilancia de la Superintendencia de la Economía Solidaria, se clasificarán en tres niveles de supervisión, de acuerdo con su nivel de activos y el desarrollo o no de actividad financiera.

PAR.—Los parámetros de supervisión que se señalan en el presente título, para los diferentes niveles de supervisión, deberán ser cumplidos de manera permanente por parte de las entidades vigiladas.

(D. 2159/99, art. 1º)

ART. 2.11.1.2.—Primer nivel de supervisión. El primer nivel se considera como el más alto y exigente de supervisión. En este caso la supervisión, vigilancia y control, aplicará para todas las cooperativas que ejerzan la actividad financiera, en los términos del artículo 39 de la Ley 454 de 1998.

Para esta labor se aplicarán especialmente los parámetros que a continuación se establecen:

— Control estricto de participantes en el mercado teniendo en cuenta la estructura de la propiedad, el vínculo de asociación y los estados financieros.

— Revisión de cualquier cambio en la estructura de la propiedad y cambios en la administración.

— Revisión de la evaluación y calificación de los riesgos inherentes a la actividad financiera.

— Revisión periódica del cumplimiento de las normas contables, principalmente lo relacionado con las provisiones sobre los activos conforme a la calidad de los mismos.

— Control de los costos de agencia a través de la evaluación del endeudamiento de los administradores y vinculados con la entidad vigilada.

— Control permanente del cumplimiento del monto mínimo de aportes sociales.

— Evaluación constante de las causales de disolución y de las prácticas y procedimientos relativos a la operación de la cooperativa.

— Visitas de inspección a las entidades vigiladas cuando se estime necesario.

— Evaluación del cumplimiento de las normas legales, contables, así como de lo consagrado en los estatutos, especialmente en el cumplimiento del objeto social, principios, valores, fines y características propias de la entidad vigilada.

— Control sobre la distribución de excedentes y la destinación de los ingresos obtenidos en operaciones con terceros.

— Control de conflictos de intereses de los miembros de los órganos de administración y vigilancia.

— Control de las reformas estatutarias, así como de los reglamentos y demás decisiones que tomen los órganos de administración y vigilancia.

— Evaluación del sistema del control social interno, buscando que sea adecuado a la escala y naturaleza de la entidad vigilada.

— Cumplimiento de las normas de regulación prudencial vigentes.

— Revelación adecuada y fidedigna de la situación financiera por parte de las cooperativas a sus asociados y al público en general.

— Verificación del cumplimiento de las directrices, instrucciones y órdenes impartidas por la superintendencia.

(D. 2159/99, art. 2º)

ART. 2.11.1.3.—Reportes de las entidades del primer nivel de supervisión. La periodicidad de los reportes que deben enviar, a la Superintendencia de la Economía Solidaria, las cooperativas del primer nivel de supervisión será trimestral, sin perjuicio de que la Superintendencia de la Economía Solidaria establezca períodos inferiores, para el reporte de determinados indicadores. La información será enviada en los formatos que para el efecto determine la entidad de inspección, vigilancia y control.

Los reportes a que hace referencia este artículo serán los que se relacionan a continuación:

— Balance y estado de resultados de acuerdo con el plan único de cuentas del sector solidario.

— Información detallada de las principales cuentas del activo, pasivo y patrimonio de acuerdo con los formatos que para el efecto determine la Superintendencia de la Economía Solidaria.

— Información relativa al cumplimiento de normas sobre margen de solvencia, clasificación y calificación de cartera de crédito y de inversión.

— Evaluación de la gestión de activos y pasivos, de acuerdo a la metodología que con este fin se adopte.

— Cualquier otro informe que la Superintendencia considere necesario solicitar.

(D. 2159/99, art. 3º)

ART. 2.11.1.4.—Segundo nivel de supervisión: El segundo nivel de supervisión, se aplicará a aquellas entidades de la economía solidaria que no adelanten actividad de ahorro y crédito con sus asociados y posean más de mil quinientos millones de pesos ($ 1.500.000.000) de activos.

Para esta labor se aplicarán especialmente los parámetros que a continuación se establecen:

— Evaluación de las prácticas y procedimientos relativos a la operación de la entidad, así como de la gestión de sus administradores.

— Revisión del cumplimiento de las normas contables, principalmente de la adecuada aplicación de las provisiones de acuerdo con la calidad de los activos.

— Revelación adecuada y fidedigna de la situación financiera de la entidad a sus asociados y al público en general.

— Control del cumplimiento del monto mínimo de aportes sociales.

— Evaluación de las causales de disolución y de las prácticas y procedimientos relativos a la operación de la cooperativa.

— Visitas de inspección a las entidades vigiladas cuando se estime necesario.

— Evaluación del cumplimiento de las normas legales, contables, así como de lo consagrado en los estatutos, especialmente en el cumplimiento del objeto social, principios, valores, fines y características propias de la entidad vigilada.

— Control sobre la distribución de excedentes y de la destinación de los ingresos obtenidos en operaciones con terceros.

— Control de conflictos de intereses de los miembros de los órganos de administración y vigilancia.

— Control de las reformas estatutarias, así como de los reglamentos y demás decisiones que tomen los órganos de administración y vigilancia.

— Verificación del cumplimiento de las directrices, instrucciones y órdenes impartidas por la superintendencia.

(D. 2159/99, art. 4º)

ART. 2.11.1.5.—Reportes de las entidades del segundo nivel de supervisión. La periodicidad de los reportes que deben enviar a la Superintendencia de la Economía Solidaria, las entidades de la economía solidaria del segundo nivel de supervisión será semestral, sin perjuicio de que la Superintendencia de la Economía Solidaria establezca períodos inferiores, para el reporte de determinados indicadores. La información será enviada en los formatos que para el efecto establezca la entidad de inspección, vigilancia y control.

Los reportes a que hace referencia este artículo son los que se relacionan a continuación:

— Balance y estado de resultados de acuerdo con el plan único de cuentas del sector solidario.

— Información detallada de las principales cuentas del activo, pasivo y patrimonio de acuerdo con los formatos que para el efecto determine la Superintendencia de la Economía Solidaria.

— Cualquier otro informe que la Superintendencia considere necesario solicitar.

(D. 2159/99, art. 5º)

ART. 2.11.1.6.—Tercer nivel de supervisión. El tercer nivel de supervisión, se aplicará a las entidades de la economía solidaria que no se encuentren dentro de los parámetros de los dos primeros niveles de supervisión y cumplan a criterio de la Superintendencia de la Economía Solidaria, con las características señaladas en el artículo 6º de la Ley 454 de 1998.

Para esta labor se aplicarán especialmente los parámetros que a continuación se establecen:

— Control del cumplimiento del monto mínimo de aportes sociales.

— Evaluación de las causales de disolución y de las prácticas y procedimientos relativos a la operación de la cooperativa.

— Visitas de inspección a las entidades vigiladas cuando se estime necesario.

— Evaluación del cumplimiento de las normas legales, contables, así como de lo consagrado en los estatutos, especialmente en el cumplimiento del objeto social, principios, valores, fines y características propias de la entidad vigilada.

— Control sobre la distribución de excedentes y la destinación de los ingresos obtenidos en operaciones con terceros.

— Control de conflicto de intereses de los miembros de los órganos de administración y vigilancia.

— Control de las reformas estatutarias, así como de los reglamentos y demás decisiones que tomen los órganos de administración y vigilancia.

— Verificación del cumplimiento de las directrices, instrucciones y órdenes impartidas por la superintendencia.

PAR. 1º—La verificación de los parámetros correspondientes a este nivel por parte de la superintendencia se realizará en forma selectiva de acuerdo a la metodología definida por la entidad.

PAR. 2º—La periodicidad de los reportes, que deben enviar las organizaciones solidarias de este nivel de supervisión, es anual y la información será enviada en los formatos que para el efecto determine la Superintendencia de la Economía Solidaria.

(D. 2159/99, art. 6º)

ART. 2.11.1.7.—Funciones del Superintendente para los niveles de supervisión. El Superintendente de la Economía Solidaria ejercerá todas las funciones que se le asignan en el artículo 36 de la Ley 454 de 1998 para todos los niveles de supervisión, en el momento y periodicidad que considere conveniente, para facilitar la operación de las entidades de los tres niveles de supervisión, que se definen en el presente título.

(D. 2159/99, art. 7º)

ART. 2.11.1.8.—Modificación nivel de supervisión. Cuando a juicio del Superintendente de la Economía Solidaria la situación jurídica, financiera o administrativa de alguna de las entidades vigiladas así lo requiera, en ejercicio de las atribuciones previstas en el numeral 19 del artículo 36 de la Ley 454 de 1998, éste podrá someter a cualquier entidad a un nivel de supervisión más elevado y aplicar los principios de supervisión que corresponda.

(D. 2159/99, art. 8º)

ART. 2.11.1.9.—Ajuste. Los valores absolutos indicados en este título se ajustarán anual y acumulativamente a partir del año 2000, mediante la aplicación de la variación del índice de precios al consumidor, total nacional, que calcula el DANE.

(D. 2159/99, art. 9º)

TÍTULO 2

Plazos para subsanar causales de disolución en organizaciones de economía solidaria

ART. 2.11.2.1.—Plazo para subsanar causales de disolución. La Superintendencia de la Economía Solidaria dará a las organizaciones de la economía solidaria bajo su supervisión, que se encuentren en las causales de disolución previstas en los numerales 2º, 3º y 6º del artículo 107 de la Ley 79 de 1988 y en los numerales 2º y 4º del artículo 56 del Decreto-Ley 1480 de 1989, un plazo hasta de seis (6) meses para que subsanen la causal de disolución respectiva o para que en el mismo plazo convoquen a asamblea general con el fin de acordar la disolución.

(D. 1934/2002, art. 1º)

ART. 2.11.2.2.—Procedimiento en caso de vencimiento del plazo. Si vencido el plazo anterior, dichas organizaciones de la economía solidaria no acreditan ante la Superintendencia de la Economía Solidaria que han subsanado la causal de disolución en la que se encuentran, o que han convocado a asamblea general con el fin de acordar la disolución, la Superintendencia de la Economía Solidaria decretará la disolución de las mismas y nombrará liquidador o liquidadores con cargo a sus presupuestos.

(D. 1934/2002, art. 2º)

TÍTULO 3

Normas de posesión y liquidación aplicables a entidades solidarias que adelantan actividades diferentes a la financiera

ART. 2.11.3.1.—Ámbito de aplicación. El presente título será aplicable a las organizaciones solidarias sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de la Economía Solidaria, diferentes de las cooperativas de ahorro y crédito y cooperativas multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito, a las cuales les será aplicable lo dispuesto en el Decreto 756 de 2000 o las disposiciones que lo modifiquen o compilen.

(D. 455/2004, art. 1º)

ART. 2.11.3.2.—Normas aplicables. Serán aplicables a las entidades de que trata el presente título, en lo pertinente, las siguientes disposiciones:

Estatuto orgánico del sistema financiero: artículos 114, 116, 117, 291, 293, 294, 295, excepto el numeral 4º y el literal o) del numeral 9º; artículo 296 numeral 1º literales a) y b), y numeral 2º; artículos 297, 299 numerales 1º, 2º literales a), b), c), d) y j); artículo 300 numerales 3º, 4º y 6º; y artículos 301 y 302.

(D. 455/2004, art. 2º, derogado el numeral 2 por el D. 2211/2004, art. 64)

ART. 2.11.3.3.—Regímenes especiales. A los fondos de empleados, las asociaciones mutualistas, las cooperativas de trabajo asociado y en general a las entidades que de acuerdo con la ley pueden captar ahorro, diferentes de las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas con sección de ahorro y crédito, le serán aplicables, además de las previstas en sus disposiciones especiales, las señaladas en el artículo 2.11.3.2 del presente título, así como de las normas que las modifiquen o adicionen.

(D. 455/2004, art. 3º)

ART. 2.11.3.4.—Remisión normativa. En lo no previsto en el presente título y siempre que por virtud de la naturaleza de las entidades solidarias sus disposiciones no sean contrarias a las normas que rigen este tipo de entidades, se aplicarán las normas sobre procesos de toma de posesión y liquidación forzosa administrativa para entidades financieras previstas en el estatuto orgánico del sistema financiero y en especial lo establecido en la Ley 510 de 1999, parte 9, libro 1, título 1, capítulo 1 del Decreto 2555 de 2010, así como lo previsto en las disposiciones que las adicionen o modifiquen.

(D. 455/2004, art. 4º)

ART. 2.11.3.5.—Menciones. Las menciones a la Superintendencia Financiera de Colombia, o al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras en las normas de que trata el artículo 2.11.3.2 del presente título, se entenderán hechas a la Superintendencia de la Economía Solidaria o a la entidad que haga sus veces. Las efectuadas al director del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, se entenderán hechas al Superintendente de la Economía Solidaria.

(D. 455/2004, art. 5º)

TÍTULO 4

Reactivación de cooperativas en liquidación

ART. 2.11.4.1.—Reactivación. Si dentro de la liquidación, una vez cancelado el pasivo externo subsistieren recursos, el liquidador convocará a una audiencia de acreedores internos para que estos decidan si optan por la reactivación de la entidad, para desarrollar nuevamente su objeto social, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente título, o por la devolución de sus aportes.

La convocatoria se realizará mediante la publicación de por lo menos dos (2) avisos en un diario de amplia circulación nacional y en otro del domicilio principal de la intervenida. El último aviso deberá publicarse cuando menos con un (1) mes de anticipación a la realización de la audiencia. Los avisos indicarán los requisitos previstos en este título para reactivar la entidad y la posibilidad que tienen los acreedores internos de solicitar la devolución de los aportes.

La audiencia tendrá por objeto la discusión y aprobación o rechazo de las fórmulas de reactivación de la entidad intervenida propuestas por los acreedores internos. La audiencia podrá suspenderse por una sola vez, a solicitud de la mayoría absoluta de los asistentes, para lo cual se fijará en la misma audiencia fecha y hora para su reanudación, la cual deberá producirse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

En todo caso, el acuerdo requerirá para su validez del voto favorable de por lo menos el 51% del monto de las acreencias internas.

El acuerdo será oponible a todos los acreedores internos cuando haya sido aprobado con la mayoría prevista en el presente artículo, sin perjuicio de la posibilidad que tengan los que no hayan votado a favor del mismo, de solicitar el reembolso de su aporte, conforme al régimen legal y estatutario correspondiente.

PAR. 1º—Cuando las circunstancias así lo ameriten, la audiencia podrá llevarse sucesivamente en diferentes lugares, siempre y cuando todas las reuniones se lleven a cabo en los períodos que se señalan a continuación, según el número de acreedores internos:

a) Hasta 20 días hábiles para las cooperativas que tengan menos de 1.000 acreedores internos.

b) Hasta 40 días hábiles para las cooperativas que tengan entre 1.000 y 10.000 acreedores internos.

c) Hasta 60 días hábiles para las cooperativas que tengan entre 10.001 y 30.000 acreedores internos.

d) Hasta 80 días hábiles para las cooperativas que tengan más de 30.000 acreedores internos.

PAR. 2º—Todo acreedor interno podrá hacerse representar en las reuniones mediante poder otorgado por escrito. En tal caso serán aplicables las disposiciones de los artículos 184 y 185 del Código de Comercio.

PAR. 3º—Cuando el plan de reactivación de la entidad contemple la fusión o la incorporación con otra entidad y este sea aprobado en los términos establecidos en el presente artículo, no será necesario realizar una nueva asamblea para efectos de la aprobación prevista en el artículo 32 de la Ley 79 de 1988, siempre que dicha decisión haya sido adoptada con las mayorías y demás requisitos establecidos en esta última norma.

PAR. 4º—Las disposiciones del presente título no serán aplicables si no se logra el quórum necesario para la reunión de acreedores internos. En todo caso, sólo aquellas cooperativas con actividad financiera que se encuentren en liquidación y se sometan al procedimiento de reactivación previsto en el presente título, podrán ejercer nuevamente el objeto social que venían desarrollando con anterioridad a la orden de disolución y liquidación.

(D. 4030/2006, art. 1º, modificado el parágrafo y adicionado un parágrafo por el D. 1538/2007, art. 1º, modificado el inciso 4º por el D. 1533/2008, art. 1º, adicionado el parágrafo 4º por el D. 557/2009, art. 1º).

ART. 2.11.4.2.—Contenido mínimo de los acuerdos de acreedores internos para la reactivación de la entidad. El acuerdo de acreedores internos para la reactivación de la entidad deberá contener un plan de reorganización, el cual contemplará para cada caso particular la reestructuración financiera, administrativa, operativa y jurídica, entre otros, según sea el caso, conducentes a solucionar los hechos que dieron origen a la toma de posesión y para poner a la entidad en condiciones de desarrollar en forma adecuada su objeto social. En el acuerdo se incluirá un cronograma preciso de actividades dirigidas a enervar cualquier posible causal de toma de posesión.

Los recursos en exceso de los aportes deberán constituirse como reserva patrimonial, no susceptible de repartición.

(D. 4030/2006, art. 2º)

ART. 2.11.4.3.—Aprobación del acuerdo y levantamiento de la medida de toma de posesión. Celebrado el acuerdo de acreedores, el liquidador deberá presentarlo a consideración de la Superintendencia de la Economía Solidaria para su aprobación, acompañado de su concepto.

La Superintendencia de la Economía Solidaria podrá aprobar el acuerdo cuando, previo análisis, considere que permite subsanar en su integridad las causales que dieron origen a la toma de posesión en un plazo razonable y resulte conducente para poner a la entidad en condiciones de desarrollar en forma adecuada su objeto social.

En tal evento, la Superintendencia de la Economía Solidaria levantará la medida de toma de posesión para liquidar. No obstante, la misma Superintendencia, en ejercicio de sus facultades legales de vigilancia y control, velará especialmente por el estricto cumplimiento de los términos y plazos del cronograma incorporado al acuerdo de acreedores, tomando las medidas que considere apropiadas a tal fin.

El funcionamiento de la entidad reactivada estará sujeto a las normas que de conformidad con su actividad y tipo asociativo le correspondan así como al acuerdo de reactivación correspondiente. En el evento en que se presentaren retrasos considerables en la ejecución del cronograma incorporado en el mismo acuerdo, cualquier persona interesada podrá solicitar a la Superintendencia de Economía Solidaria la liquidación de la entidad o esta hacerlo de oficio.

(D. 4030/2006, art. 3º)

ART. 2.11.4.4.—Fracaso de la audiencia. De no lograrse el acuerdo de acreedores internos para la reactivación de la entidad, el liquidador deberá proceder a la devolución de aportes, a dar cumplimiento a las previsiones del artículo 121 de la Ley 79 de 1988 y a la terminación de la existencia de la persona jurídica.

(D. 4030/2006, art. 4º)

TÍTULO 5

Normas aplicables a los fondos de empleados para la prestación de servicios de ahorro y crédito

(Nota: Adicionado por el Decreto 344 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 1

Disposiciones generales

(Nota: Adicionado por el Decreto 344 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.5.1.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 344 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.5.1.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 344 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.5.1.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 344 de 2017 artículo 1° y véase artículo 2° y artículo 3° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 2

Normas prudenciales aplicables a los fondos de empleados

(Nota: Adicionado por el Decreto 344 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

SECCIÓN 1

Reglas sobre patrimonio

(Nota: Adicionado por el Decreto 344 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.5.2.1.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 344 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.5.2.1.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 344 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.5.2.1.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 344 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.5.2.1.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 344 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Adicionado el literal f por el Decreto 962 de 2018 artículo 2° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.5.2.1.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 344 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.5.2.1.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 344 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Derogado el literal b) por el Decreto 962 de 2018 artículo 11 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.5.2.1.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 344 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.5.2.1.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 344 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.5.2.1.9.—(Nota: Adicionado por el Decreto 344 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.5.2.1.10.—(Nota: Adicionado por el Decreto 344 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.5.2.1.11.—(Nota: Adicionado por el Decreto 344 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

SECCIÓN 2

Límites a los cupos individuales de crédito y la concentración de operaciones

(Nota: Adicionado por el Decreto 344 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.5.2.2.1.—(Modificado).* (Nota: Adicionado por el Decreto 344 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

*(Nota: Modificado por el Decreto 962 de 2018 artículo 3° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.5.2.2.2.—(Modificado).* (Nota: Adicionado por el Decreto 344 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

*(Nota: Modificado por el Decreto 962 de 2018 artículo 4° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.5.2.2.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 344 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.5.2.2.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 344 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Adicionado en lo pertinente por el Decreto 962 de 2018 artículo 5° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.5.2.2.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 344 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.5.2.2.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 344 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

SECCIÓN 3

Idoneidad para la prestación de servicios de ahorro y crédito

(Nota: Adicionado por el Decreto 344 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.5.2.3.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 344 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.5.2.3.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 344 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

TÍTULO 6

Toma de posesión de las cooperativas de ahorro y crédito y cooperativas multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito

(Nota: Adicionado por el Decreto 961 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.6.1.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 961 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

TÍTULO 7

Normas sobre la gestión y administración de riesgo de liquidez de las cooperativas de ahorro y crédito, las secciones de ahorro y crédito de las cooperativas multiactivas e integrales, los fondos de empleados y las asociaciones mutualistas

(Nota: Adicionado por el Decreto 961 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO I

Principios y procedimientos aplicables al riesgo de liquidez

ART. 2.11.7.1.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 961 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.7.1.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 961 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.7.1.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 961 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.7.1.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 961 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.7.1.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 961 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO II

Fondo de liquidez para cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, fondos de empleados y asociaciones mutualistas

ART. 2.11.7.2.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 961 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.7.2.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 961 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.7.2.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 961 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.7.2.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 961 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO III

Otras disposiciones

ART. 2.11.7.3.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 961 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.7.3.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 961 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.7.3.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 961 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

TÍTULO 8

Servicios financieros prestados por las cooperativas de ahorro y crédito y las cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito a través de corresponsales

(Nota: Adicionado por el Decreto 961 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.8.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 961 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.8.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 961 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.8.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 961 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

TÍTULO 9

Captación de cooperativas de ahorro y crédito y secciones de ahorro y crédito de cooperativas multiactivas o integrales a través de ahorro contractual

(Nota: Adicionado por el Decreto 961 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.9.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 961 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.9.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 961 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.9.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 961 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

TÍTULO 10

Normas prudenciales para las cooperativas de ahorro y crédito y las cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito

(Nota: Adicionado por el Decreto 961 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO I

Reglas sobre patrimonio

ART. 2.11.10.1.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 961 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.10.1.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 961 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.10.1.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 961 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.10.1.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 961 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Adicionado en lo pertinente por el Decreto 962 de 2018 artículo 6° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.10.1.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 961 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.10.1.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 961 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.10.1.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 961 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.10.1.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 961 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.10.1.9.—(Nota: Adicionado por el Decreto 961 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.10.1.10.—(Nota: Adicionado por el Decreto 961 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.10.1.11.—(Nota: Adicionado por el Decreto 961 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO II

Límites a los cupos individuales de crédito y la concentración de operaciones

ART. 2.11.10.2.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 961 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Modificado por el Decreto 962 de 2018 artículo 7° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.10.2.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 961 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Adicionado en lo pertinente por el Decreto 962 de 2018 artículo 8° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.10.2.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 961 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.10.2.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 961 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.10.2.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 961 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.10.2.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 962 de 2018 artículo 9° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO III

Otras disposiciones

ART. 2.11.10.3.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 961 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

TÍTULO 11

Normas de buen gobierno aplicables a las organizaciones de economía solidaria que prestan servicios de ahorro y crédito

(Nota: Adicionado por el Decreto 962 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 1

Disposiciones generales

ART. 2.11.11.1.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 962 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.11.1.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 962 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 2

Información a los asociados, convocatoria y políticas mínimas para la asamblea general

ART. 2.11.11.2.1. —(Nota: Adicionado por el Decreto 962 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.11.2.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 962 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.11.2.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 962 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.11.2.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 962 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 3

Nombramiento de delegados

ART. 2.11.11.3.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 962 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.11.3.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 962 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 4

Elección del consejo de administración o junta directiva

ART. 2.11.11.4.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 962 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.11.4.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 962 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.11.4.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 962 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 5

La gerencia

ART. 2.11.11.5.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 962 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.11.5.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 962 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.11.5.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 962 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 6

Junta de vigilancia o comité de control social

ART. 2.11.11.6.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 962 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.11.6.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 962 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.11.6.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 962 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.11.6.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 962 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.11.6.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 962 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 7

Revisoría fiscal

ART. 2.11.11.7.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 962 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.11.7.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 962 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.11.7.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 962 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 8

Conflictos de interés y transacciones con partes relacionadas

ART. 2.11.11.8.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 962 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.11.8.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 962 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.11.11.8.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 962 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

PARTE 12

Disposiciones transversales al sistema general de seguridad social

TÍTULO 1

Fiscalización de las contribuciones parafiscales de la protección social

ART. 2.12.1.1.—Definiciones. Las expresiones contenidas en este título tendrán los siguientes alcances:

1. Contribuciones parafiscales del sistema de la protección social: se refieren a los aportes con destino al sistema de seguridad social integral conformado por el sistema general de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, y a los establecidos con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al régimen de subsidio familiar.

2. Administradora: comprende a las entidades administradoras de pensiones del régimen solidario de prima media con prestación definida, a las entidades administradoras de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, a las entidades promotoras de salud (EPS) o a las que hagan sus veces, a las entidades obligadas a compensar y a las demás entidades autorizadas para administrar el régimen contributivo del sistema general de seguridad social en salud (SGSSS), a las entidades administradoras de riesgos laborales (ARL), a las cajas de compensación familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

3. Omisión en la afiliación: es el incumplimiento de la obligación de afiliar o afiliarse a alguno o algunos de los subsistemas que integran el sistema de la protección social y como consecuencia de ello, no haber declarado ni pagado las respectivas contribuciones parafiscales, cuando surja la obligación conforme con las disposiciones legales vigentes.

4. Omisión en la vinculación: es el no reporte de la novedad de ingreso a una administradora del sistema de la protección social cuando surja la obligación conforme con las disposiciones legales vigentes y como consecuencia de ello no se efectúa el pago de los aportes a su cargo a alguno o algunos de los subsistemas que integran el sistema de la protección social.

5. Inexactitud: es cuando se presenta un menor valor declarado y pagado en la autoliquidación de aportes frente a los aportes que efectivamente el aportante estaba obligado a declarar y pagar, según lo ordenado por la ley.

6. Mora: es el incumplimiento que se genera cuando existiendo afiliación no se genera la autoliquidación acompañada del respectivo pago de las contribuciones parafiscales de la protección social en los plazos establecidos en las disposiciones legales vigentes.

(D. 3033/2013, art. 1º)

ART. 2.12.1.2.—Control a la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la protección social por parte de la UGPP. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) efectuará las labores de determinación y cobro de las contribuciones parafiscales de la protección social, en los casos de omisión, inexactitud y mora por acción preferente.

Cuando la UGPP adelante un proceso de determinación de obligaciones parafiscales y detecte omisión, inexactitud y mora en el pago de los aportes al sistema de la protección social, la unidad asumirá la gestión integral de determinación y cobro de los valores adeudados al sistema.

PAR.—Los procesos de determinación y cobro en materia de inexactitud iniciados por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y demás administradoras de naturaleza pública con anterioridad a la fecha de expedición de la Ley 1607 de 2012, deberán ser culminados por dichas entidades, sin perjuicio de las competencias que sobre esta materia ostenta la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

(D. 3033/2013, art. 2º)

ART. 2.12.1.3.—Control a la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las Contribuciones Parafiscales de la Protección Social por parte de las administradoras. las entidades administradoras del sistema de la protección social deberán verificar la exactitud y consistencia de la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes de las contribuciones que estas entidades administran, para lo cual solicitarán de los aportantes, afiliados o beneficiarios las explicaciones y correcciones sobre las inconsistencias detectadas.

Si realizadas estas acciones los aportantes no corrigen las inconsistencias detectadas, informarán de este hecho a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) para que conforme con sus competencias, políticas, estrategias y procedimientos adelante las acciones a que hubiere lugar.

(D. 3033/2013, art. 3º)

ART. 2.12.1.4.—Determinación del número de empleados para la aplicación de la sanción por omisión en la afiliación y/o vinculación. Para efectos de la sanción prevista en el numeral 1º del artículo 179 de la Ley 1607 de 2012, entiéndase que el número de empleados que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) deberá tener en cuenta para la imposición de la sanción, será el número de trabajadores que estuvieren vinculados en el respectivo periodo mensual en que se configuró la falta, sean estos trabajadores permanentes u ocasionales, con independencia del tiempo laborado en el periodo correspondiente.

(D. 3033/2013, art. 4º)

ART. 2.12.1.5.—Del procedimiento para la liquidación y cobro por no suministro de información. La sanción de cinco (5) UVT por cada día de retraso en la entrega de la información, prevista en el numeral 3º del artículo 179 de la Ley 1607 de 2012, se contabilizará desde el día siguiente a la finalización del término otorgado para dar respuesta al requerimiento de información o pruebas, hasta la fecha en que se entregue la información requerida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

No obstante lo anterior, se harán liquidaciones parciales de esta sanción por periodos consecutivos no mayores a 180 días hasta la entrega de la información respectiva sin que el plazo total supere el término de caducidad aplicable a la Unidad, según lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 178 de la Ley 1607 de 2012 o las normas que la modifiquen o la sustituyan.

(D. 3033/2013, art. 5º)

ART. 2.12.1.6.—Selección de la administradora en el caso de requerirse afiliación transitoria. La afiliación transitoria es un mecanismo excepcional a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), en los casos de omisos que no se encuentran afiliados a alguno o algunos de los subsistemas de la protección social y no atiendan la invitación a afiliarse, haciendo uso del derecho de elección, dentro de los ocho (8) días siguientes al envío de dicha invitación.

En tal evento, la UGPP procederá a efectuar la afiliación y presentará a nombre del aportante el formulario de afiliación a una administradora pública, que se entenderá efectiva en la fecha de recibo de la solicitud por parte de la administradora, quien deberá informar al afiliado tal condición dentro de los cinco (5) días calendario siguientes.

PAR. 1º—En caso de no existir una administradora pública, la afiliación transitoria deberá ser efectuada a una administradora con participación accionaria estatal así no sea mayoritaria y en su defecto, a una administradora de naturaleza privada seleccionada de acuerdo con los procedimientos que para tal efecto establezca la UGPP mediante resolución, consultando los principios de transparencia, igualdad y eficiencia, que deberá ser publicada en la página web de la unidad.

PAR. 2º—Los afiliados transitorios podrán ejercer su derecho al traslado a otra administradora, una vez cumplan con el periodo mínimo de permanencia exigido por las disposiciones legales vigentes.

(D. 3033/2013, art. 6º)

ART. 2.12.1.7.—Mecanismo de pago de las contribuciones parafiscales de la protección social. El pago de los recursos correspondientes a las contribuciones parafiscales de la protección social y las sanciones correspondientes se realizará haciendo uso de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA). La entidad que tenga a su cargo la administración de la planilla, debe implementar los ajustes y cambios solicitados, a más tardar dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de radicación de la respectiva solicitud por parte de la UGPP.

(D. 3033/2013, art. 7º)

ART. 2.12.1.8.—Destinación de los recursos de las contribuciones parafiscales de la protección social correspondientes a periodos de omisión. Los recursos del Sistema de la Protección Social, recuperados a través de las acciones adelantadas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) en los procesos de determinación y cobro a omisos del sistema, sobre periodos de omisión en la afiliación, tendrán la siguiente destinación:

a) Los recursos del sistema general de seguridad social en salud, al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), o la entidad que haga sus veces, quien efectuará las imputaciones correspondientes de conformidad con las disposiciones legales vigentes;

b) Los recursos del sistema general de seguridad social en pensiones, a la administradora a la cual quede afiliado el omiso, para que de conformidad con las disposiciones legales vigentes efectúe las respectivas imputaciones;

c) Los recursos del sistema general de seguridad social de riesgos laborales, al fondo de riesgos laborales, administrado por el Ministerio de Trabajo;

d) Los recursos con destino al régimen de subsidio familiar, se girarán a la caja a la cual se afilie el omiso, quien deberá efectuar las imputaciones, de conformidad con las disposiciones legales vigentes;

e) Los recursos que correspondan al SENA e ICBF, se girarán a cada una de estas entidades en las proporciones establecidas, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

(D. 3033/2013, art. 8º)

ART. 2.12.1.9.—Responsabilidad de los obligados aportantes por las contingencias prestacionales que se presenten como consecuencia de la evasión por omisión, inexactitud o mora. Los pagos que realicen los obligados aportantes, con ocasión de las acciones de determinación y cobro, de las contribuciones parafiscales de la protección social que adelante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) en ejercicio de sus funciones, no los exime de la responsabilidad por las contingencias prestacionales que se presenten como consecuencia de la evasión por omisión, inexactitud o mora, conforme con las disposiciones legales vigentes.

(D. 3033/2013, art. 9º)

TÍTULO II

Conciliación y terminación por mutuo acuerdo de procesos de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP

(Nota: Sustituido por el Decreto 938 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Adicionado por el Decreto 1302 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

ART. 2.12.2.1.1.— (Nota: Adicionado por el Decreto 1302 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Sustituido por el Decreto 938 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.2.1.2.— (Nota: Adicionado por el Decreto 1302 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Sustituido por el Decreto 938 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO II

Conciliación contencioso-administrativa tributaria

ART. 2.12.2.2.1.— (Nota: Adicionado por el Decreto 1302 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Sustituido por el Decreto 938 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.2.2.2.— (Nota: Adicionado por el Decreto 1302 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Sustituido por el Decreto 938 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.2.2.3.— (Nota: Adicionado por el Decreto 1302 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Sustituido por el Decreto 938 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.2.2.4.— (Nota: Adicionado por el Decreto 1302 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Sustituido por el Decreto 938 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO III

Terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos de determinación y sancionatorios

ART. 2.12.2.3.1.— (Nota: Adicionado por el Decreto 1302 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Sustituido por el Decreto 938 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.2.3.2.— (Nota: Adicionado por el Decreto 1302 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Sustituido por el Decreto 938 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.2.3.3.— (Nota: Adicionado por el Decreto 1302 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Sustituido por el Decreto 938 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.2.3.4.— (Nota: Adicionado por el Decreto 1302 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Sustituido por el Decreto 938 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.2.3.5.— (Nota: Adicionado por el Decreto 1302 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Sustituido por el Decreto 938 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO IV

Disposiciones finales

ART. 2.12.2.4.1.— (Nota: Adicionado por el Decreto 1302 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Sustituido por el Decreto 938 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

TÍTULO 3

Del Fonpet

(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 1

Disposiciones generales

ART. 2.12.3.1.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.1.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.1.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.1.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.1.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.1.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.1.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.1.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.1.9.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.1.10.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 2

Recaudo de los recursos del Fonpet

ART. 2.12.3.2.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.2.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.2.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.2.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 3

Cálculo actuarial de referencia

ART. 2.12.3.3.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.3.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 4

Recursos del situado fiscal y de la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación, recursos del sistema general de participaciones y otros recursos

ART. 2.12.3.4.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.4.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.4.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.4.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.4.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 5

Anticipos para pago de mesadas pensionales atrasadas

ART. 2.12.3.5.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 6

Cumplimiento de requisitos

ART. 2.12.3.6.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.6.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.6.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.6.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.6.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 7

Destinación recursos del sistema general de regalías con destino al Fonpet

ART. 2.12.3.7.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 8

Saldo en cuenta y retiro de recursos

SECCIÓN 1

Saldo en cuenta

ART. 2.12.3.8.1.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.8.1.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.8.1.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.8.1.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.8.1.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.8.1.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.8.1.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

SECCIÓN 2

Autorización para el retiro de recursos

ART. 2.12.3.8.2.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.8.2.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.8.2.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.8.2.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.8.2.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.8.2.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.8.2.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.8.2.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.8.2.9.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.8.2.10.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.8.2.11.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.8.2.12.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

SECCIÓN 3

Obligación de cubrimiento del pasivo pensional

ART. 2.12.3.8.3.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.8.3.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.8.3.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.8.3.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.8.3.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.8.3.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.8.3.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.8.3.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 9

Transferencias de recursos para amortización de la deuda consolidada con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

ART. 2.12.3.9.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.9.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 10

Retiro de recursos para el pago de bonos pensionales y cuotas partes de bonos pensionales

ART. 2.12.3.10.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.10.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 11

Condiciones para el pago y cobro coactivo

ART. 2.12.3.11.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.11.2.—(Derogado).* (Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

*(Nota: Derogado por el Decreto 1913 de 2018 artículo 12 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 12

Consideraciones por venta de activos

ART. 2.12.3.12.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 13

Administración de los recursos del Fonpet

ART. 2.12.3.13.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.13.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.13.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Modificado por el Decreto 1913 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 14

Reembolso por pago de bonos pensionales

ART. 2.12.3.14.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.14.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 15

Administración de título de tesorería

ART. 2.12.3.15.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.15.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.15.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.15.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 16

Exclusión de realizar aportes al Fonpet

ART. 2.12.3.16.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.16.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.16.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.16.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.16.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.16.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.16.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.16.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 17

Reglamentación parcial del artículo 48 de la Ley 863 de 2003

ART. 2.12.3.17.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.17.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.17.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.17.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 18

Gastos administrativos del Fonpet

ART. 2.12.3.18.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.18.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 19

La rentabilidad mínima del Fonpet y otras disposiciones

ART. 2.12.3.19.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Modificado por el Decreto 1913 de 2018 artículo 2° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.19.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Modificado por el Decreto 1913 de 2018 artículo 10 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.19.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.19.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.19.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.19.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.19.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.19.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1913 de 2018 artículo 3° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.19.9.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1913 de 2018 artículo 4° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.19.10.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1913 de 2018 artículo 5° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.19.11.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1913 de 2018 artículo 6° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.19.12.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1913 de 2018 artículo 7° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.19.13.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1913 de 2018 artículo 8° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.19.14.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1913 de 2018 artículo 9° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.19.15.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1913 de 2018 artículo 11 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 20

Del impuesto de registro en el Fonpet

ART. 2.12.3.20.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 21

Disposiciones para la distribución de recursos del Fonpet

ART. 2.12.3.21.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 22

Compensación y/o pago de cuotas partes pensionales con recursos del Fonpet

ART. 2.12.3.22.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.22.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.22.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.22.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.22.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.3.22.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

TÍTULO 4

Liquidación del Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud

(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 1

Normas relativas a la supresión del fondo

ART. 2.12.4.1.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.4.1.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.4.1.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.4.1.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.4.1.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 2

Procedimiento para el reconocimiento y pago del pasivo prestacional del sector salud

ART. 2.12.4.2.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.4.2.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.4.2.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.4.2.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.4.2.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.4.2.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.4.2.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.4.2.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.4.2.9.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.4.2.10.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.4.2.11.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.4.2.12.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 3

Pasivo pensional de los extrabajadores del San Juan de Dios retirados a 31 de diciembre de 1993

ART. 2.12.4.3.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.4.3.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.4.3.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.4.3.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 4

Procedimiento para el cálculo y pago del pasivo pensional del sector salud causado a treinta y uno (31) de diciembre de 1993, del personal certificado como retirado de las instituciones de salud beneficiarias del Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud

ART. 2.12.4.4.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 586 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.4.4.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 586 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.4.4.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 586 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.4.4.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 586 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.4.4.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 586 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.4.4.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 586 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.4.4.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 586 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

TÍTULO 5

Pasivo pensional de las universidades públicas

(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 1

Concurrencia en el pasivo pensional de las universidades públicas

ART. 2.12.5.1.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.5.1.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.5.1.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.5.1.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.5.1.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.5.1.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.5.1.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.5.1.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 2

Concurrencia de la Nación

ART. 2.12.5.2.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.5.2.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.5.2.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 3

Fondo para el Pago del Pasivo Pensional de las Universidades Oficiales

ART. 2.12.5.3.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.5.3.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.5.3.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.5.3.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.5.3.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.5.3.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.5.3.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.5.3.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.5.3.9.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.5.3.10.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

TÍTULO 6

Del registro único de aportantes, RUA

(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.6.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.6.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.12.6.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 117 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

PARTE 13

Disposiciones específicas al fondo adaptación

TÍTULO 1

Contratación

ART. 2.13.1.1.—(Modificado).* Régimen contractual. Los contratos que celebre el Fondo Adaptación para la ejecución de los recursos destinados a la recuperación, construcción y reconstrucción, de las zonas afectadas por el fenómeno de La Niña, y aquellos necesarios para la ejecución de estas actividades, se regirán por el derecho privado y estarán sujetos a las disposiciones contenidas en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política y en su desarrollo se dará aplicación a los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007.

Los demás contratos estarán sometidos al estatuto general de contratación de la administración pública, contenido en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y las normas que los modifiquen o adicionen.

(D. 203/2015, art. 1º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 2387 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.13.1.2.—(Modificado).* Modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de invitación abierta, invitación cerrada y contratación directa, con base en las siguientes reglas:

1. Invitación abierta: modalidad de selección mediante la cual el Fondo Adaptación formulará invitación pública para que todos aquellos interesados en participar presenten sus ofertas y, entre ellas, seleccionará objetivamente la más favorable a los fines e intereses de la entidad.

Corresponde a la modalidad de selección prevista para aquellos casos en que el monto de la contratación sea igual o superior a 132.000 smmlv.

Esta modalidad podrá estar precedida de una precalificación de interesados en invitación abierta, en las condiciones que definan los términos de referencia.

2. Invitación cerrada: modalidad de selección objetiva mediante la cual el Fondo Adaptación, previa definición de los requerimientos financieros, de organización y de experiencia específica, requeridos para la ejecución del futuro contrato, adelantará un estudio de mercado y con base en sus resultados, formulará invitación a mínimo dos (2) de los oferentes que se hayan identificado y mediante la aplicación de criterios objetivos previamente determinados, seleccionará entre ellos el ofrecimiento más favorable a los intereses de la entidad.

Esta modalidad será aplicable para los contratos cuyo valor sea superior a 1.000 smlmv e inferior a 132.000 smlmv.

3. Contratación directa: modalidad mediante la cual el Fondo Adaptación contratará de manera directa al contratista, en los siguientes eventos:

a) Contratos cuya cuantía sea igual o inferior a 1.000 smlmv;

b) Contratos o convenios que se celebren con otras entidades públicas, siempre que el objeto de la entidad contratada tenga relación directa con el objeto a contratar;

c) Contratos para el desarrollo de actividades científicas o tecnológicas;

d) Contratos para la ejecución de actividades que puedan encomendarse a determinadas personas, en consideración a las calidades técnicas, de experiencia y amplio reconocimiento en el mercado de la persona natural o jurídica a contratar debidamente justificada;

e) Contratos de prestación de servicios profesionales y los relacionados con actividades operativas, logísticas o asistenciales;

f) Contratos de consultoría;

g) Contratos para el desarrollo de actividades de acompañamiento social o para el desarrollo de proyectos de reactivación socioeconómica en los territorios objeto de intervención;

h) Contratos para la adquisición de proyectos de vivienda de interés prioritario;

i) Contratos de arrendamiento, comodato y adquisición de bienes inmuebles;

j) Cuando el estudio de mercado demuestre que solo hay una persona con capacidad para proveer el bien o servicio, por ser el titular o representante de los derechos de propiedad industrial, propiedad intelectual o de los derechos de autor o por ser, de acuerdo con la ley, su proveedor exclusivo;

k) Cuando no se presente propuesta alguna o se declare fallida la invitación abierta o la cerrada.

Sin perjuicio de las causales definidas en el presente numeral, en aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se considere conveniente, se podrá adelantar un proceso de invitación abierta o cerrada según se determine.

PAR.—Las reglas para la ejecución de cada una de las modalidades de selección a que se refiere el presente artículo, estarán señaladas en el manual de contratación que adopte el fondo.

(D. 203/2015, art. 2º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 2387 de 2015 artículo 2° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.13.1.3.—(Modificado).* Determinación de garantías o seguros. El fondo adaptación establecerá las garantías o seguros que debe exigir a los contratistas para la ejecución de sus contratos teniendo en cuenta para cada caso, la naturaleza y objeto del contrato, las condiciones de ejecución del mismo y los riesgos identificados, que deban ser cubiertos.

Para los efectos previstos en el presente artículo el Fondo Adaptación podrá sujetarse al régimen de garantías establecido en el Decreto 1510 de 2013 o aquel que lo modifique, sustituya o compile, en aquello que resulte aplicable.

(D. 203/2015, art. 3º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 2387 de 2015 artículo 3° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.13.1.4.—(Modificado).* Autorización. Se requerirá autorización del consejo directivo para la contratación directa prevista en las causales contenidas en los literales d), f), e) e i) del numeral 3º del artículo 2.13.1.2 del presente título, en aquellos casos en que la cuantía del futuro contrato supere los 20.000 smlmv.

(D. 203/2015, art. 4º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 2387 de 2015 artículo 4° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.13.1.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2387 de 2015 artículo 5° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

PARTE 14

Disposiciones relacionadas con la Unidad de Información y Análisis Financiero-UIAF

ART. 2.14.1.—Información solicitada a entidades públicas. En desarrollo del artículo 9º de la Ley 526 de 1999, la Unidad de Información y Análisis Financiero podrá solicitar a cualquier entidad pública, salvo la información reservada en poder de la Fiscalía General de la Nación, la información que considere necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

Las entidades públicas y sus funcionarios deberán prestar toda su colaboración, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6º de la Ley 489 de 1998 y el artículo 34 de la Ley 734 de 2002, no podrán oponer reserva de la información solicitada y deberán hacerla llegar en el plazo que determine la Unidad de Información y Análisis Financiero. El plazo se fijará de acuerdo con el tipo de información que se solicite y su complejidad.

PAR.—En todo caso, las superintendencias y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, informarán a la Unidad de Información y Análisis Financiero sobre las operaciones que puedan estar vinculadas al lavado de activos de las que tengan conocimiento por virtud de sus funciones.

(D. 1497/2002, art. 1º)

ART. 2.14.2.—Sectores económicos obligados a informar sobre operaciones. Sin perjuicio de las obligaciones de las entidades que adelantan las actividades financiera, aseguradora o propias del mercado de valores, las entidades públicas y privadas pertenecientes a sectores diferentes a estos, deberán reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero la información de que tratan el literal d) del numeral 2º del artículo 102 y los artículos 103 a 104 del estatuto orgánico del sistema financiero, cuando dicha unidad lo solicite, en la forma y oportunidad que esta señale.

PAR. 1º—Las personas naturales o jurídicas, independientemente de su denominación que en forma profesional se dediquen a la compra y venta de divisas, deberán reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero, además de la información de que trata el presente artículo, la exigida por la Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República y sus modificaciones.

PAR. 2º—Las entidades que administren sistemas de tarjetas de crédito, de débito o de cajeros automáticos, deberán reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero, la información sobre transacciones que por su número, por las cantidades transadas o por las características particulares de las mismas, puedan conducir razonablemente a sospechar que las entidades están siendo utilizadas para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas.

(D. 1497/2002, art. 2º)

ART. 2.14.3.—Características de la información. De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 526 de 1999, las entidades dedicadas a la actividad financiera, aseguradora o propias del mercado de valores, las entidades obligadas a cumplir con lo previsto en los artículos 102 a 107 del estatuto orgánico del sistema financiero, así como las entidades incorporadas en el artículo 2.14.2 de la presente Parte, deben reportar en forma inmediata y suficiente a la Unidad de Información y Análisis Financiero cualquier información relevante sobre manejo de fondos cuya cuantía o características no guarden relación con la actividad económica de sus clientes o sobre transacciones de sus usuarios que por su número, por las cantidades transadas o por las características particulares de las mismas, puedan conducir razonablemente a sospechar que los mismos están usando a la entidad para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas.

Las entidades de que trata el artículo 2.14.2 de la presente parte deberán informar las operaciones que reúnan las características señaladas en el presente artículo con independencia de la naturaleza del bien o activo involucrado.

(D. 1497/2002, art. 3º)

ART. 2.14.4.—Información adicional. Las entidades obligadas a cumplir con lo previsto en los artículos 102 a 107 del estatuto orgánico del sistema financiero y las incorporadas en el artículo 2.14.2 de la presente Parte, deberán aportar la información adicional que requiera la Unidad de Información y Análisis Financiero, en el plazo y con las especificaciones que establezca dicha Unidad. Las entidades y funcionarios que incumplan con los plazos o especificaciones de la solicitud, serán responsables administrativamente ante los órganos competentes, de acuerdo con las normas que rigen la materia.

(D. 1497/2002, art. 4º)

ART. 2.14.5.—Reserva de información. De acuerdo con el artículo 42 de la Ley 190 de 1995, las personas naturales y jurídicas obligadas a cumplir con los deberes establecidos en los artículos 102 a 107 del estatuto orgánico del sistema financiero, en la presente parte y demás normas aplicables, no serán sujetos de ningún tipo de responsabilidad por virtud de la información aportada en cumplimiento de las disposiciones citadas.

La información remitida a la Unidad de Información y Análisis Financiero en desarrollo de la Ley 526 de 1999, la presente parte y demás normas aplicables, será objeto de la reserva prevista en el inciso cuarto del artículo 9º y los incisos segundo y tercero del artículo 11 de la misma ley.

(D. 1497/2002, art. 5º)

ART. 2.14.6.—Información a autoridades. En desarrollo de lo dispuesto en el numeral 9º del artículo 4º y en el artículo 9º de la Ley 526 de 1999, la Unidad de Información y Análisis Financiero podrá abstenerse de entregar información a autoridades diferentes a la Fiscalía General de la Nación y de las entidades legitimadas para ejercitar la acción de extinción del dominio, no obstante que dichas autoridades cuenten con funciones relacionadas con el lavado de activos, cuando de la evaluación efectuada se concluya que no existe fundamento jurídico para acceder a la solicitud.

Por lo anterior, las autoridades que soliciten información a la Unidad de Información y Análisis Financiero, deberán indicar claramente la función para cuyo ejercicio requieren de la misma y la norma legal que se las atribuye, con el fin de que la Unidad de Información y Análisis Financiero establezca su pertinencia.

(D. 1497/2002, art. 6º)

ART. 2.14.7.—Bases de datos de entidades financieras. En desarrollo de lo previsto en el artículo 3º de la Ley 526 de 1999, la Unidad de Información y Análisis Financiero tendrá acceso a las bases de datos de las entidades financieras, mediante la celebración de convenios con tales entidades.

(D. 1497/2002, art. 7º)

TÍTULO 1

Información de clubes deportivos

ART. 2.14.1.1.—Verificación de información. Contenido mínimo. En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 5º de la Ley 1445 de 2011, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), recibida la declaración juramentada por parte del representante legal del club con deportistas profesionales y el listado de los aportes del club, realizará mediante actividades reservadas de inteligencia financiera, una verificación de la información recaudada respecto de la contenida en sus bases de datos.

El listado de los socios, asociados y/o accionistas del club con deportistas profesionales deberá contener como mínimo lo siguiente:

1. NIT del equipo reportante.

1.(sic) Razón social del club.

2. Tipo de identificación del socio, asociado y/o accionista.

3. Número de identificación del socio, asociado y/o accionista.

4. Nombre completo o razón social del socio, asociado y/o accionista.

5. Dirección de residencia del socio, asociado o accionista.

6. Número telefónico del socio, asociado o accionista.

7. Código municipio al que corresponde la dirección de residencia del suscriptor (de acuerdo con la codificación del DANE).

8. Código departamento al que corresponde la dirección de residencia del suscriptor (de acuerdo con la codificación del DANE).

9. Código del país (de acuerdo con la codificación del DANE).

10. Número de acciones o aportes sociales.

11. Valor de las acciones o aportes sociales en pesos.

12. Porcentaje de participación y fecha de ingreso al club.

Efectuada esta verificación, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), dentro de los diez (10) días hábiles siguientes informará por escrito al director de Coldeportes que la misma se efectuó, indicando que de encontrar posibles nexos o vínculos con los delitos de lavado de activos y/o financiación del terrorismo en cumplimiento de sus competencias legales, lo comunicará a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las acciones penales correspondientes.

PAR.—Si la información enviada a la UIAF es incompleta o inexacta, esta informará por escrito al representante legal del club con deportistas profesionales que cuenta con cinco (5) días hábiles para enviar la información faltante o para ajustarla con los criterios y especificaciones que se requieran en los términos del presente título. Si transcurrido este término no se envía la información requerida, la UIAF informará al director de Coldeportes que no fue posible realizar la verificación y que no debe continuarse con el proceso de conversión, hasta tanto se subsanen las deficiencias identificadas en la información.

(D. 3160/2011, art. 1º)

PARTE 15

Registro único nacional de entidades operadoras de libranza

(Nota: Modificado por el Decreto 2121 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

TÍTULO 1

Definiciones y disposiciones generales

(Nota: Derogado por el Decreto 1890 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Modificado por el Decreto 2121 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.15.1.1.(sic)—Objetivo. El Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza, Runeol, es el registro virtual llevado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que tiene como objetivo dar publicidad a las entidades operadoras de libranza o descuento directo que cumplan con los requisitos para la inscripción establecidos en la ley y la presente parte, y se les haya asignado el código único de reconocimiento a nivel nacional.

(D. 2620/2013, art. 1º)

(Nota: Derogado por el Decreto 1890 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Modificado por el Decreto 2121 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.15.1.2.(sic)—administración del registro único nacional de entidades operadoras de libranza. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1527 de 2012, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público administrará el registro único nacional de entidades operadoras de libranza o descuento directo —Runeol—, y será el único medio para dar publicidad al código asignado a la entidad operadora de libranza.

(D. 2620/2013, art. 2º)

(Nota: Derogado por el Decreto 1890 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Modificado por el Decreto 2121 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.15.1.3.(sic)—Obligaciones del administrador del registro único nacional de entidades operadoras de libranza, Runeol. El administrador del registro único nacional de entidades operadoras de libranza o descuento directo-Runeol, deberá:

1. Revisar la información y documentos exigidos como requisitos para la inscripción de las entidades operadoras de libranza o descuento directo.

2. Realizar la inscripción a los operadores de libranza o descuento directo que cumplan con los requisitos establecidos para tal fin.

3. Asignar el código único de reconocimiento a cada entidad operadora de libranza o descuento directo.

4. Publicar en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la información que identifique a los operadores de libranza o descuento directo que hayan obtenido el Código Único mencionado, en el artículo 14 de la Ley 1527 del 2012.

5. Tener a disposición del empleador, de la entidad pagadora o del público en general, los documentos de que trata el artículo 2.15.2.2 de la presente parte.

6. Conservar los documentos soporte de la información suministrada por los operadores.

(D. 2620/2013, art. 3º)

(Nota: Derogado por el Decreto 1890 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Modificado por el Decreto 2121 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

TÍTULO 2

Procedimiento de inscripción en el registro único nacional de entidades operadoras de libranza

(Nota: Derogado por el Decreto 1890 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Modificado por el Decreto 2121 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.15.2.1.—Solicitud de inscripción. La solicitud de la inscripción se hará a través de internet mediante el diligenciamiento del formulario único virtual adoptado por el administrador del Runeol para tal fin, al cual se anexará la documentación exigida en la presente parte para el efecto.

A cada entidad operadora de libranza o de descuento directo que cumpla con todos los requisitos se le asignará un código único de reconocimiento a nivel nacional, el cual contendrá como parte principal el número de identificación tributaria, NIT, y se le abrirá un expediente virtual en el cual se archivarán los documentos relacionados con su inscripción como operador. Por lo tanto, ningún operador podrá identificarse con un código único de reconocimiento diferente al asignado.

(D. 2620/2013, art. 4º)

(Nota: Derogado por el Decreto 1890 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Modificado por el Decreto 2121 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.15.2.2.—Documentos requeridos para Runeol y verificación de información. La entidad operadora deberá acompañar la solicitud con la prueba de vinculación contractual vigente con los bancos de datos de información financiera, crediticia, comercial y de servicios, donde se acredite la obligación de reportar la información a dichas entidades, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 5º de la Ley 1527 de 2012.

Adicionalmente, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público verificará en el certificado de existencia y representación legal expedido por la respectiva cámara de comercio o la superintendencia que expida este tipo de certificados, según sea la actividad principal de la persona jurídica, que conste explícitamente dentro de su objeto social la realización de operaciones de libranza, o certificado de constitución del patrimonio autónomo emitido por la entidad fiduciaria, según corresponda.

PAR. 1º—Para el caso de los patrimonios autónomos, dicho requisito se cumplirá con la prueba como persona jurídica de la entidad administradora del mismo, y la certificación de existencia del patrimonio autónomo expedido por dicha entidad administradora.

PAR. 2º—Las entidades cesionarias de créditos de libranza, en los términos definidos en el parágrafo 1º del artículo 3º de la Ley 1527 de 2012, deberán tener la condición de entidades operadoras y haberse registrado como tales en el Runeol, previamente a la cesión del contrato, con el fin de que reciban directamente de las entidades pagadoras las cuotas de los créditos de libranza cedidos a su favor.

PAR. 3º—Los documentos establecidos en este artículo deberán tener una vigencia no mayor a 30 días calendario.

(D. 2620/2013, art. 5º)

(Nota: Derogado por el Decreto 1890 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Modificado por el Decreto 2121 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.15.2.3.—Formulario único. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público como administrador del Runeol, adoptará el formulario único para inscripción, actualización, renovación y sus anexos.

(D. 2620/2013, art. 6º)

(Nota: Derogado por el Decreto 1890 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Modificado por el Decreto 2121 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.15.2.4.—Procedimiento para el registro único nacional de entidades operadoras de libranza, Runeol. Para efectos de la inscripción en el Runeol, los interesados deben seguir el procedimiento que se indica a continuación ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público:

a) La entidad operadora de libranzas o descuento directo interesada deberá, por intermedio de su representante legal o en el caso de los patrimonios autónomos el representante legal de la entidad administradora, diligenciar el formulario virtual de inscripción a través de internet en la forma establecida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público;

b) El Ministerio de Hacienda y Crédito Público tendrá diez (10) días calendario para revisar la solicitud y los documentos soporte requeridos para la inscripción;

c) En caso de presentarse inconsistencias en la información o estar incompleta, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público informará al solicitante de tal situación vía correo electrónico, quien tendrá ocho (8) días calendario contados a partir del requerimiento del Ministerio para completar o hacer los ajustes que correspondan a la solicitud;

d) A partir de la fecha de recibo de los documentos o ajustes de conformidad con el literal c) de este artículo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público contará con cinco (5) días calendario para efectuar la revisión de la solicitud. Si hay nuevamente errores o inconsistencias en la solicitud, se volverá a aplicar lo dispuesto en el literal c). Luego de haber realizado el procedimiento antes descrito hasta por (3) tres veces consecutivas sin éxito, el solicitante deberá iniciar el proceso desde lo dispuesto en el literal a) del presente artículo;

e) Si la solicitud se ajusta a los requerimientos exigidos, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, procederá con el registro, asignando a la entidad operadora interesada el código único de reconocimiento a nivel nacional al que se refiere el inciso segundo del artículo 14 de la Ley 1527 de 2012 y lo publicará en su página web informando esta situación a través de correo electrónico al operador.

PAR.—Una vez inscrito en el Runeol, para realizar correcciones, cambios o adicionar información al registro, el interesado deberá realizar el procedimiento establecido en el artículo 2.15.3.1 de la presente parte.

(D. 2620/2013, art. 7º)

(Nota: Derogado por el Decreto 1890 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Modificado por el Decreto 2121 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

TÍTULO 3

Actualización y renovación del registro

(Nota: Adicionado el parágrafo 3° al artículo 2.15.3. por el Decreto 120 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Derogado por el Decreto 1890 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Modificado por el Decreto 2121 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.15.3.1.—Actualización o modificación de la información del Runeol. Cuando se presente una modificación en los datos que obren en el registro único nacional de entidades operadoras de libranza, el interesado deberá comunicarla al administrador del Runeol, mediante el diligenciamiento de los campos a modificar del formulario correspondiente, acompañado de los documentos pertinentes que acrediten las modificaciones, los cuales se deben anexar en digital.

PAR. 1º—Cuando las superintendencias publiquen la información de sanciones en firme, impuestas a los operadores únicamente relacionadas con la actividad de libranza, el administrador actualizará la información correspondiente, sin necesidad de actuación alguna por parte del operador de libranza o descuento directo.

PAR. 2º—Para efectos de la actualización del Runeol, se seguirá el procedimiento y términos establecidos en los literales b), c) y d) del artículo 2.15.2.4 de la presente parte. Una vez transcurridos dichos términos, y el administrador del registro encuentre que la solicitud se ajusta a los requerimientos exigidos, procederá con la actualización según sea el caso.

(D. 2620/2013, art. 8º)

(Nota: Derogado por el Decreto 1890 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Modificado por el Decreto 2121 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.15.3.2.—Renovación del Runeol. La inscripción en el registro estará vigente por un (1) año, contado a partir del día siguiente a la fecha en que se asigna el respectivo código único en el registro único nacional de entidades operadoras de libranza o descuento directo, Runeol, a cada entidad operadora, y se deberá renovar dentro del mes anterior a su vencimiento. Para el efecto, se utilizará el formulario correspondiente, al cual deberán anexarse los mismos documentos exigidos para la inscripción, salvo aquellos que se hubiesen aportado anteriormente y que no pierdan su vigencia.

Si el interesado no solicita la renovación del registro único nacional de entidades operadoras de libranza dentro del término establecido, cesarán sus efectos, así como la solidaridad del empleador o entidad pagadora en el pago o descuento con destino al operador, respecto de desembolsos realizados con posterioridad a la no renovación, hasta tanto se renueve el mismo.

La cesación de efectos no tiene carácter sancionatorio y, en consecuencia, la existencia de periodos continuos de permanencia en el registro no podrá ser exigida como requisito para celebrar operaciones de libranza o descuento directo, sin perjuicio de que la renovación pueda ser solicitada con posterioridad.

La cesación de efectos mencionada en el inciso anterior, no afecta la obligación principal contraída entre los asalariados contratistas, afiliados o pensionados y la entidad operadora de libranza o descuento directo.

PAR.—Para efectos de la renovación del Runeol, se seguirá el procedimiento y términos establecidos en los literales b), c) y d) del artículo 2.15.2.4 de la presente parte. Una vez transcurridos dichos términos, y el administrador del registro encuentre que la solicitud se ajusta a los requerimientos exigidos, procederá con la renovación.

(D. 2620/2013, art. 9º, modificado por el D. 2371/2014, art. 1º)

(Nota: Derogado por el Decreto 1890 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Modificado por el Decreto 2121 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.15.3.3.—Abstención de la inscripción, actualización o renovación. El administrador del registro único nacional de entidades operadoras de libranza, Runeol, se abstendrá de realizar la inscripción, actualización o renovación, en los siguientes eventos:

1. Cuando existan diferencias o inconsistencias entre la información consignada en el formulario y la documentación de soporte establecida en esta parte.

2. Cuando no se adjunten los documentos digitales exigidos en la presente parte, o se presenten sin las formalidades requeridas, o cuando los datos contenidos en el formulario presentado por el operador no coincidan con los contenidos en el registro mercantil, o cuando los documentos no contengan los datos e información que se exige para cada uno de ellos.

3. Cuando la duración del operador se encuentre vencida, de conformidad con el certificado de existencia y representación legal.

El administrador informará a la entidad operadora de libranza o descuento directo, de manera virtual, con señalamiento claro de las razones de la abstención; una vez el operador realice las correcciones del caso, podrá presentar nuevamente los documentos para proseguir con el trámite correspondiente.

(D. 2620/2013, art. 10)

(Nota: Derogado por el Decreto 1890 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Modificado por el Decreto 2121 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Adicionado el parágrafo 3° al artículo 2.15.3. por el Decreto 120 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

TÍTULO 4

Otras disposiciones sobre el registro único nacional de entidades operadoras de libranza

(Nota: Derogado por el Decreto 1890 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Modificado por el Decreto 2121 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.15.4.1.—Causales de cancelación del código único de reconocimiento para descuentos a través del sistema de libranza. Son causales para la cancelación del código único de reconocimiento otorgado para descuentos por nómina a través de libranza las siguientes:

1. Suspensión o pérdida de la personería jurídica del operador de libranza o descuento directo.

2. Disolución, fusión, escisión o liquidación de la empresa, entidad, asociación o cooperativa que actúa como operador de libranza y esta sea la entidad disuelta, absorbida, escindida o liquidada.

3. No adjuntar los documentos actualizados soporte para renovación del registro, con posterioridad al vencimiento del plazo establecido en el inciso 1º del artículo 2.15.3.2 de la presente parte.

4. Por solicitud escrita virtual a través de internet del representante legal del operador de libranza o descuento directo.

5. Por orden judicial o de la autoridad de vigilancia, supervisión y control correspondiente.

6. Cuando con posterioridad a la inscripción, se encuentre que los documentos soporte del registro son falsos.

7. Por acaecimiento de una de las causales establecidas en el artículo 1240 del Código de Comercio, en el caso de los patrimonios autónomos.

PAR. 1º—La entidad de vigilancia, supervisión y control del operador de libranza o descuento directo, deberá informar el acaecimiento de las causales establecidas en los numerales 1º, 2º y 5º del presente artículo.

PAR. 2º—La cancelación del código único de reconocimiento a través del sistema de libranza, tendrá como efecto que el empleador o la entidad pagadora dejará de ser responsable solidariamente por los no pagos al operador de libranza, hasta tanto sea renovado o actualizado el correspondiente código.

La cancelación mencionada en el inciso anterior, no afecta la obligación principal contraída entre los asalariados, contratistas, afiliados o pensionados, y la entidad operadora de libranza o descuento directo.

(D. 2620/2013, art. 11)

(Nota: Derogado por el Decreto 1890 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Modificado por el Decreto 2121 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.15.4.2.—Consulta del Runeol. Corresponde al empleador o entidad pagadora la consulta del Runeol, con el fin de verificar la inscripción de la respectiva entidad operadora, de tal manera, que no podrá exigirle a esta última o a la entidad administradora constancia o prueba de tal hecho.

(D. 2620/2013, art. 12)

(Nota: Derogado por el Decreto 1890 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Modificado por el Decreto 2121 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.15.4.3.—Régimen de transición. Con el fin de dar continuidad a las operaciones de libranza y/o descuento directo que se hayan realizado con anterioridad a la entrada en operación del registro único nacional de entidades operadoras de libranza, estas continuarán rigiéndose por los términos y plazos en que fueron pactadas hasta la extinción de la(s) obligación(es) que le dieron origen. En caso de cesión a otra entidad operadora, reliquidación o cualquier modificación a las condiciones inicialmente pactadas para las operaciones a que se refiere este inciso, se sujetarán a lo establecido por la Ley 1527 de 2012, y demás normativa sobre la materia.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, no podrá exigirse al empleador o entidad pagadora el cumplimiento de la obligación de verificación de la inscripción de la entidad operadora en el registro único nacional de entidades operadoras de libranza, por tanto, no se le podrá endilgar responsabilidad solidaria en el pago de la obligación adquirida por el beneficiario del crédito.

PAR.—Para efectos de los códigos asignados a las entidades operadoras de libranza o descuento directo en el registro único nacional de entidades operadoras de libranza o descuento directo, Runeol, durante el mes de diciembre del 2013 y la anualidad 2014, se procederá así:

Los códigos asignados en el Runeol en el mes de diciembre del 2013, tendrán vigencia únicamente por una sola vez hasta el 1º de mayo del 2015. La renovación de estos códigos deberá efectuarse dentro del mes anterior a dicho vencimiento.

Los códigos asignados en el Runeol en el mes de enero del 2014, tendrán vigencia únicamente por una sola vez hasta el 1º junio del 2015. La renovación de estos códigos deberá efectuarse dentro del mes anterior a dicho vencimiento.

Los códigos asignados en el Runeol en los meses de febrero y marzo del 2014, tendrán vigencia únicamente por una sola vez hasta el 1º de julio del 2015. La renovación de estos códigos deberá efectuarse dentro del mes anterior a dicho vencimiento.

Los códigos asignados en el Runeol en los meses de abril y mayo del 2014, tendrán vigencia únicamente por una sola vez hasta el 1º de agosto del 2015. La renovación de estos códigos deberá efectuarse dentro del mes anterior a dicho vencimiento.

Para los códigos asignados a las entidades operadoras a partir del 1º de junio del 2014, se mantendrá la vigencia y el proceso establecido en el artículo 2.15.3.2 de esta parte.

La no renovación de los códigos de que trata este artículo en los términos antes establecidos, da lugar a los efectos previstos en el citado artículo 2.15.3.2.

(D. 2620/2013, art. 13, par. trans. modificado por el D. 2371/2014, art. 2º)

(Nota: Derogado por el Decreto 1890 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Modificado por el Decreto 2121 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

PARTE 16

Sistema de seguro de crédito a la exportación

TÍTULO 1

Garantía de la nación sobre riesgos políticos y extraordinarios

(Nota: Modificado por el Decreto 159 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 1

Disposiciones generales

(Nota: Modificado por el Decreto 159 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.16.1.1.1.—(Modificado).* Garantía de la Nación sobre riesgos políticos y extraordinarios. La Nación, en virtud de la obligación contemplada en el estatuto orgánico del sistema financiero, garantizará las operaciones de seguro de crédito a las exportaciones que amparen riesgos políticos y extraordinarios únicamente cuando el Banco de Comercio Exterior de Colombia participe en las entidades aseguradoras autorizadas para explotar ese ramo de seguro constituyéndolas, haciéndose socio o contratando con ellas la prestación del servicio en los términos previstos en la ley.

Para estos efectos la Nación celebrará con las entidades aseguradoras autorizadas para explotar el seguro de crédito a la exportación, un contrato de administración de la garantía otorgada por aquélla sobre los riesgos políticos y extraordinarios propios de las operaciones de seguro de crédito a la exportación de conformidad con lo previsto en este título.

(D. 2569/93, art. 1º, inc. 1º modificado por el D. 1649/94, art. 1º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 159 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.16.1.1.2.—(Modificado).* Monto de la Garantía sobre los riesgos políticos y extraordinarios. El monto anual de la garantía de la Nación equivaldrá al total del valor de las exportaciones aseguradas contra riesgos políticos y extraordinarios durante el respectivo año.

(D. 2569/93, art. 2º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 159 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.16.1.1.3.—(Modificado).* Cubrimiento de la Garantía. La garantía de la Nación sobre las operaciones de seguro de crédito a las exportaciones que amparen riesgos políticos y extraordinarios, solamente se hará efectiva cuando resulte insuficiente o se agote la reserva técnica a la cual se refiere el artículo 2.16.1.4.1 del presente título.

(D. 2569/93, art. 3º, modificado por el D. 1649/94, art. 2º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 159 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.16.1.1.4.—(Modificado).* Partida presupuestal para atender la garantía sobre riesgos políticos y extraordinarios. El Gobierno Nacional incluirá anualmente en el proyecto de presupuesto general de la Nación la proyección de las partidas necesarias para atender las obligaciones legales y contractuales que surjan del cubrimiento de los riesgos políticos y extraordinarios, así como los costos de las acciones judiciales o extrajudiciales requeridas para procurar el recobro de las sumas pagadas a los beneficiarios de las respectivas pólizas, a título de indemnización.

Como procedimiento para hacer efectiva la garantía, la Nación situará en Bancoldex, a título de anticipo del contrato de garantía que suscriba la Nación-Ministerio de Hacienda Crédito Público y el Banco de Comercio Exterior de Colombia, los recursos apropiados anualmente en el presupuesto, para que con ellos atienda la obligación de la Nación y/o se reembolse las sumas que hubiere desembolsado el Banco de Comercio Exterior de Colombia como entidad financiera garante de aquélla, junto con los intereses causados por tales desembolsos.

Si los recursos anualmente situados por la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público a título de anticipo del contrato de garantía antes mencionado resultaren insuficientes para atender las obligaciones a su cargo, Bancoldex, se reembolsará las sumas que haya tenido que desembolsar, con los fondos que le sean situados con cargo a la apropiación presupuestal correspondiente, a más tardar dentro de la vigencia fiscal inmediatamente siguiente a aquella en la cual el Banco de Comercio Exterior de Colombia haya hecho tales desembolsos.

La Nación ejecutará las apropiaciones mencionadas, de tal forma que los recursos se sitúen directamente a Bancoldex y permanezcan en poder de este hasta su utilización si fuere el caso o hasta la terminación de la vigencia fiscal correspondiente.

Terminado el contrato de garantía mencionado, se procederá a su liquidación para cuyo efecto se tendrá en cuenta las siguientes reglas:

a) Si existiere remanentes de los fondos situados a Bancoldex, este los reintegrará a la Nación junto con sus rendimientos financieros.

b) Si existieren sumas a favor de Bancoldex, estas le serán reembolsadas por la Nación junto con sus intereses, con cargo a la apropiación presupuestal correspondiente, a más tardar dentro de la vigencia fiscal inmediatamente siguiente a aquella dentro de la cual haya terminado el contrato.

(D. 2569/93, art. 4º, modificado por el D.1649/94, art. 3º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 159 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.16.1.1.5.—(Modificado).* Pago de la garantía. En los términos del contrato interadministrativo que para el efecto suscriban la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en virtud de la obligación consagrada en el literal g) del artículo 282 del estatuto orgánico del sistema financiero y el Banco de Comercio Exterior de Colombia, como garante de la Nación, atenderá las obligaciones que surjan a cargo de esta última con las entidades aseguradoras para el pago de los siniestros derivados de los riesgos políticos y extraordinarios en los términos contractuales, así como los costos de las acciones judiciales o extrajudiciales para procurar el recobro de los montos pagados a los beneficiarios de las respectivas pólizas, a título de indemnización, sumas que serán reembolsadas junto con sus intereses con cargo al presupuesto general de la Nación.

(D. 2569/93, art. 5º, modificado por el D. 1649/94, art. 4º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 159 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 2

Comité para riesgos políticos y extraordinarios

(Nota: Modificado por el Decreto 159 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.16.1.2.1.—(Modificado).* Comité para riesgos políticos y extraordinarios. Créase el comité para riesgos políticos y extraordinarios, como organismo para administrar la garantía de la Nación sobre las operaciones de seguro de crédito a las exportaciones que amparen tales riesgos.

El comité directivo para riesgos políticos y extraordinarios estará integrado así: el Ministerio de Hacienda y Crédito Público o su delegado, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o su delegado, el viceministro técnico de hacienda y crédito público, un experto en seguros designado por el Presidente de la República, el Presidente del Banco de Comercio Exterior de Colombia o su delegado que será un vicepresidente designado por este y dos delegados designados por la entidad o entidades aseguradoras que exploten el ramo de seguro de crédito a la exportación, en las cuales participe el Banco de Comercio Exterior de Colombia en los términos previstos en la ley.

(D. 2569/93, art. 6º, inc. 1º modificado por el D. 1649/94, art. 5º inc. 2º modificado por el D. 1176/1995, art. 1º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 159 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.16.1.2.2.—(Modificado).* Funciones del comité para riesgos políticos y extraordinarios. El comité a que alude el artículo anterior sesionará por lo menos una vez al mes de conformidad con el reglamento que para el efecto adopte y tendrá las siguientes funciones:

a) Identificar, para efectos de las pólizas que se ofrezcan en el mercado, los riesgos políticos y extraordinarios que cuenten con la garantía de la Nación o aquellos que no gocen de la misma.

b) Establecer las tarifas que deberán ser aplicadas a la cobertura de los riesgos políticos y extraordinarios, para que estos riesgos cuenten con la garantía de la Nación. Para este efecto tomará en cuenta la información periódica sobre la operación del seguro presentada por las entidades aseguradoras; en la determinación de tarifas se deberán acoger las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

c) Establecer, para efecto de la garantía, la clasificación de los países por nivel de riesgo y las tarifas diferenciales correspondientes, sujetándose a las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

d) Recomendar al Gobierno Nacional el monto máximo de las responsabilidades que está en capacidad de aceptar anualmente el sistema del seguro de crédito a la exportación, en relación con los riesgos políticos y extraordinarios, para lo cual tendrá en cuenta la información suministrada por las entidades aseguradoras que operen este ramo de seguro. Con sujeción a dicho monto máximo, el Comité establecerá los países a los cuales se fijarán límites de cobertura y definirá el valor de los mismos.

e) Determinar el valor de los deducibles, los cuales no podrán ser inferiores al 10% del valor del siniestro amparado.

f) Recomendar al Gobierno Nacional el monto de la partida que anualmente deberá incluir en el proyecto de ley de presupuesto general de la Nación o en sus adiciones, para atender las obligaciones que surjan de la garantía que otorga la Nación sobre los riesgos políticos y extraordinarios.

g) Señalar las políticas de selección de riesgos de naturaleza política o extraordinaria garantizados por la Nación, a las cuales deban ceñirse las entidades aseguradoras.

h) Remitir a las entidades competentes las medidas que adopte en ejercicio de sus funciones y la información necesaria para la supervisión y control de las operaciones del seguro de crédito a la exportación en lo referente a los riesgos políticos y extraordinarios.

i) Darse su propio reglamento.

j) Aprobar la modalidad de la identificación de riesgos de que trata el literal a) del presente artículo. Tal aprobación deberá contar con el visto bueno del Ministro de Hacienda y Crédito Público.

(D. 2569/93, art. 7º, lit. d) modificado por el D. 1176/95, art. 2º, lit. e) modificado por el D. 1082/96, art. 1º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 159 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.16.1.2.3.—(Modificado).* Identificación de los riesgos políticos y extraordinarios. En la identificación de los riesgos políticos y extraordinarios el comité deberá seguir los siguientes parámetros:

a) El amparo de riesgos políticos y extraordinarios no podrá cubrir eventos que correspondan a riesgos comerciales.

b) El riesgo de tasa de cambio no contará con la garantía de la Nación.

c) Los riesgos políticos son, en general, los asociados a medidas adoptadas por gobiernos extranjeros, la imposibilidad derivada de situaciones económicas o políticas de carácter general o de medidas adoptadas por gobiernos extranjeros para convertir moneda local en las divisas acordadas para realizar el pago de una transacción y/o para transferir dichas divisas; y los extraordinarios son los asociados a sucesos catastróficos.

PAR.—Constituirá riesgo de tasa de cambio aquel que da lugar a pérdidas económicas en una transacción denominada en moneda extranjera, por razón de variaciones en la cotización de las monedas.

(D. 2569/93, art. 8º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 159 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.16.1.2.4.—(Modificado).* Solicitud de