DUR HACIENDADUR 1068HACIENDA 1068Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

DUR HACIENDADUR 1068HACIENDA 1068DECRETO ÚNICO 1068DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1068DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO HACIENDADECRETO ÚNICO HACIENDADECRETO 1068 DE 2015

(Mayo 26)

“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de sus facultades constitucionales, en especial la que le confiere el numeral 11 y 25 del artículo 189 de la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:

Que la producción normativa ocupa un espacio central en la implementación de políticas públicas, siendo el medio a través del cual se estructuran los instrumentos jurídicos que materializan en gran parte las decisiones del Estado.

Que la racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico es una de las principales herramientas para asegurar la eficiencia económica y social del sistema legal y para afianzar la seguridad jurídica.

Que constituye una política pública gubernamental la simplificación y compilación orgánica del sistema nacional regulatorio.

Que las facultades del numeral 11 y 25 del presidente incluyen la posibilidad de compilar normas de la misma naturaleza.

Que en el ejercicio compilatorio de este decreto se priorizó la inclusión de las normas expedidas principalmente con base en el numeral 11.

Que no obstante la priorización referida anteriormente, se han incluido en la presente compilación los decretos que desarrollan leyes marco sobre régimen cambiario y algunas disposiciones en ejercicio del numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política.

Que este decreto no incluye decretos sobre el régimen de aduanas ni de comercio exterior que hayan sido expedidos con base en el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política.

Que este decreto tampoco incluye las normas sobre estructura del Sector Administrativo de Hacienda y Crédito Público.

Que el Decreto 2555 de 2010 compila las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y por lo tanto ninguna disposición allí contenida ha sido compilada por este decreto Único.

Que por tratarse de un decreto compilatorio de normas preexistentes, las mismas no requieren de consulta previa alguna, dado que las normas fuente cumplieron al momento de su expedición con las regulaciones vigentes sobre la materia.

Que la tarea de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario implica, en algunos casos, la simple actualización de la normativa compilada, para que se ajuste a la realidad institucional y a la normativa vigente, lo cual conlleva, en aspectos puntuales, el ejercicio formal de la facultad reglamentaria.

Que en virtud de sus características propias, el contenido material de este decreto guarda correspondencia con el de los decretos compilados; en consecuencia, no puede predicarse el decaimiento de las resoluciones, las circulares y demás actos administrativos expedidos por distintas autoridades administrativas con fundamento en las facultades derivadas de los decretos compilados.

Que la compilación de que trata el presente decreto se contrae a la normatividad vigente al momento de su expedición, sin perjuicio de los efectos ultractivos de disposiciones derogadas a la fecha, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 153 de 1887.

Que las normas cuya vigencia ya se agotó en el tiempo no fueron incorporadas, lo que no afecta las situaciones, obligaciones o derechos que se consolidaron durante la vigencia de las mismas.

Que por cuanto este decreto constituye un ejercicio de compilación de reglamentaciones preexistentes, los considerandos de los decretos fuente se entienden incorporados a su texto, aunque no se transcriban, para lo cual en cada artículo se indica el origen del mismo.

Que las normas que integran el libro 1 de este decreto no tienen naturaleza reglamentaria, como quiera que se limitan a describir la estructura general administrativa del sector.

Que durante el trabajo compilatorio recogido en este decreto, el gobierno verificó que ninguna norma compilada hubiera sido objeto de declaración de nulidad o de suspensión provisional, acudiendo para ello a la información suministrada por la Relatoría y la Secretaría General del Consejo de Estado.

Que con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo, se hace necesario expedir el presente Decreto Único Reglamentario Sectorial.

Por lo anteriormente expuesto,

DECRETA:

LIBRO 1

Estructura del sector hacienda y crédito público

PARTE 1

Sector central

TÍTULO 1

Cabeza del sector

ART. 1.1.1.1.—Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público tiene como objetivo la definición, formulación y ejecución de la política económica del país, de los planes generales, programas y proyectos relacionados con esta, así como la preparación de las leyes, la preparación de los decretos y la regulación, en materia fiscal, tributaria, aduanera, de crédito público, presupuestal, de tesorería, cooperativa, financiera, cambiaria, monetaria y crediticia, sin perjuicio de las atribuciones conferidas a la Junta Directiva del Banco de la República, y las que ejerza, a través de organismos adscritos o vinculados, para el ejercicio de las actividades que correspondan a la intervención del Estado en las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos del ahorro público y el tesoro nacional, de conformidad con la Constitución Política y la ley.

(D. 4712/2008, art. 2º)

TÍTULO 2

Unidades administrativas especiales sin personería jurídica

ART. 1.1.2.1.—Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera. La Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), tendrá por objeto, dentro del marco de política fijado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y sin perjuicio de las atribuciones de la Junta Directiva del Banco de la República, la preparación de la normativa para el ejercicio de la facultad de reglamentación en materia cambiaria, monetaria y crediticia y de las competencias de regulación e intervención en las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, para su posterior expedición por el Gobierno Nacional.

(D. 4172/2011, art. 2º)

ART. 1.1.2.1.—Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones. Es Unidad Administrativa Especial del orden nacional de la Rama Ejecutiva, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sin personería jurídica, con autonomía administrativa y patrimonio independiente.

(Creación mediante D.L. 4173/2011)

TÍTULO 3

Comisiones intersectoriales

ART. 1.1.3.1.—Comisión Intersectorial para la coordinación de la reinstitucionalización del Régimen de Prima Media a través de la UGPP.

(D. 4602/2008)

ART. 1.1.3.2.—Comisión intersectorial para la educación económica y financiera.

(D. 457/2014)

ART. 1.1.3.3.—Comisión intersectorial del operador económico autorizado.

(D. 3568/2011)

ART. 1.1.3.4.—Comisión intersectorial para el programa de inversión banca de las oportunidades.

(D. 2555/2010, art. 10.4.2.1.3)

ART. 1.1.3.5.—Comisión intersectorial de estadísticas de finanzas públicas.

(D. 574/2012)

ART. 1.1.3.6.—Comisión Intersectorial del FUT.

(D. 3402/2007, art. 5º)

ART. 1.1.3.7.—Comisión Intersectorial de Extinción de Dominio

(D. 1777/2016, art. 2°)

ART. 1.1.3.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1411 de 2017 artículo 2° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

TÍTULO 4

Órganos sectoriales de asesoría y coordinación

ART. 1.1.4.1.—Consejo Superior de Política Fiscal, Confis.

(D. 411/90)

ART. 1.1.4.2.—Comité de seguimiento al sistema financiero.

(Creado por el art. 92 de la L. 795/2003 y art. 11.1.1.1.1 D. 2555/2010)

ART. 1.1.4.3.—Consejo macroeconómico.

(D. 2036/91)

ART. 1.1.4.4.—Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, CNJSA.

(D. 4144/2011)

ART. 1.1.4.5.—Comité consultivo para la regla fiscal.

(D. 1790/2012)

ART. 1.1.4.6.—Mecanismo de participación de expertos para la discusión y revisión de la metodología para el cálculo de la rentabilidad mínima.

(D. 2837/2013)

ART. 1.1.4.7.—Comité para riesgos políticos y extraordinarios.

(D. 2569/93)

TÍTULO 5

Sistemas administrativos

ART. 1.1.5.1.—Sistema Administrativo Nacional para la Educación Económica y Financiera. El Sistema Administrativo Nacional para la Educación Económica y Financiera es el conjunto de políticas, lineamientos, orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones públicas y privadas relacionados con la educación económica y financiera.

(D. 457/2014, art. 2º inc. 1º)

TÍTULO 6

Fondos especiales

ART. 1.1.6.1.—Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, FEPC. Es un fondo cuenta sin personería jurídica, adscrito y administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual tendrá como función atenuar en el mercado interno, el impacto de las fluctuaciones de los precios de los combustibles en los mercados internacionales.

(D. 1880/2014, art. 2º)

ART. 1.1.6.2.—Fondo CREE. Es un fondo especial sin personería jurídica que será administrado por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyos recursos están destinados a atender los gastos de que tratan los artículos 20 y 28 de la Ley 1607 de 2012, así como los necesarios para garantizar el crecimiento estable de los presupuestos del SENA, ICBF y del sistema de seguridad social en salud a través de los recursos provenientes de la subcuenta de que trata el artículo 29 de la misma ley.

(D. 2222/2013, art. 1º)

ART. 1.1.6.3.—Fondo de Desarrollo para La Guajira-Fondeg. El Fondo de Desarrollo para La Guajira, Fondeg, es una cuenta especial sin personería jurídica adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El Fondeg tiene por objeto, administrar los recursos provenientes del impuesto de ingreso a la mercancía, previsto en el artículo 18 de la Ley 677 de 2001.

(D. 611/2002, arts. 1º y 2º)

ART. 1.1.6.4.—Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria, FRECH. El Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria, FRECH fue creado por el artículo 48 de la Ley 546 de 1999, como un fondo-cuenta de la Nación y administrado por el Banco de la República.

(Definición ajustada del art. 1º del D. 2587/2004)

TÍTULO 7

Comisión de estudio del gasto público y de la inversión en Colombia

(Nota: Adicionado por el Decreto 320 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 1.1.7.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 320 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 1.1.7.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 320 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 1.1.7.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 320 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 1.1.7.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 320 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 1.1.7.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 320 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 1.1.7.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 320 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 1.1.7.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 320 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Adicionado por el Decreto 320 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

PARTE 2

Sector descentralizado

TÍTULO 1

Entidades adscritas

ART. 1.2.1.1.—Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafin. El objeto general del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras consistirá en la protección de la confianza de los depositantes y acreedores en las instituciones financieras inscritas, preservando el equilibrio y la equidad económica e impidiendo injustificados beneficios económicos o de cualquier otra naturaleza de los accionistas y administradores causantes de perjuicios a las instituciones financieras.

(L. 117/85, art. 2º inc.)

ART. 1.2.1.2.—Fondo Adaptación. El objeto del Fondo Adaptación será la recuperación, construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de “La Niña”, con personería jurídica, autonomía presupuestal y financiera, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

(D. 4819/2010, art. 1º)

ART. 1.2.1.3.—Superintendencia Financiera de Colombia. La Superintendencia Financiera de Colombia ejerce la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público.

La Superintendencia Financiera de Colombia tiene por objetivo supervisar el sistema financiero colombiano con el fin de preservar su estabilidad, seguridad y confianza, así como promover, organizar y desarrollar el mercado de valores colombiano y la protección de los inversionistas, ahorradores y asegurados.

(Objeto ajustado del art. 11.2.1.3.1, D. 2555/2010)

ART. 1.2.1.4.—Superintendencia de Economía Solidaria. La Superintendencia de la Economía Solidaria, es un organismo de carácter técnico, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera. En su carácter de autoridad técnica de supervisión desarrollará su gestión con los siguientes objetivos y finalidades generales:

1. Ejercer el control, inspección y vigilancia sobre las entidades que cobija su acción para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias y de las normas contenidas en sus propios estatutos.

2. Proteger los intereses de los asociados de las organizaciones de economía solidaria, de los terceros y de la comunidad en general.

3. Velar por la preservación de la naturaleza jurídica de las entidades sometidas a su supervisión, en orden a hacer prevalecer sus valores, principios y características esenciales.

4. Vigilar la correcta aplicación de los recursos de estas entidades, así como la debida utilización de las ventajas normativas a ellas otorgadas.

5. Supervisar el cumplimiento del propósito socioeconómico no lucrativo que ha de guiar la organización y funcionamiento de las entidades vigiladas.

(D. 1401/99, art. 4º)

ART. 1.2.1.5.—Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, estará organizada como una unidad administrativa especial del orden nacional de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio.

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, tiene como objeto coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público económico nacional, mediante la administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad.

(D. 1071/99, art. 1º inc. 1º y art. 4º)

ART. 1.2.1.6.—Administrativa Especial Contaduría General de la Nación. Unidad Administrativa Especial Contaduría General de la Nación. Corresponde a la Contaduría General de la Nación, a cargo del Contador General de la Nación, llevar la contabilidad general de la Nación y consolidarla con la de las entidades descentralizadas territorialmente o por servicios, cualquiera que sea el orden al que pertenezcan. Igualmente, uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad pública, elaborar el balance general y determinar las normas contables que deben regir en el país, conforme a la ley.

(D. 143/2004, art. 1º)

ART. 1.2.1.7.—Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero, UIAF. La Unidad de Información y Análisis Financiero, es una Unidad Administrativa Especial con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio independiente y regímenes especiales en materia de administración de personal, nomenclatura, clasificación, salarios y prestaciones, de carácter técnico. La unidad tendrá como objetivo la prevención y detección de operaciones que puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas, prioritariamente el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

(incs. primeros de los arts. 1º y 3º de la L. 526/99)

ART. 1.2.1.8.—Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, es una entidad administrativa del orden nacional con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, tiene por objeto reconocer y administrar los derechos pensionales y prestaciones económicas a cargo de las administradoras exclusivas de servidores públicos del régimen de prima media con prestación definida del orden nacional o de las entidades públicas del orden nacional que se encuentren en proceso de liquidación, se ordene su liquidación o se defina el cese de esa actividad por quien la esté desarrollando.

Así mismo, la entidad tiene por objeto efectuar, en coordinación con las demás entidades del sistema de la protección social, las tareas de seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la protección social, así como el cobro de las mismas.

(D. 575/2013, arts. 1º y )

TÍTULO 2

Entidades vinculadas

ART. 1.2.2.1.—Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas Financieras y Ahorro y Crédito, Fogacoop. El objeto del fondo consistirá en la protección de la confianza de los depositantes y ahorradores de las entidades cooperativas inscritas, preservando el equilibrio y la equidad económica e impidiendo injustificados beneficios económicos o de cualquier otra naturaleza a los asociados y administradores causantes de perjuicios a las entidades cooperativas.

(D. 2206/98, art. 2º)

ART. 1.2.2.2.—Financiera de Desarrollo Territorial S.A., Findeter. Es una sociedad de economía mixta del orden nacional, del tipo de las anónimas, organizada como un establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y sometida a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. El objeto social es la promoción del desarrollo regional y urbano, mediante la financiación y la asesoría en lo referente a diseño, ejecución y administración de proyectos o programas de inversión relacionados con las siguientes actividades:

a) Construcción, ampliación y reposición de infraestructura correspondiente al sector de agua potable y saneamiento básico;

b) Construcción, pavimentación y remodelación de vías urbanas y rurales;

c) Construcción, pavimentación y conservación de carreteras departamentales, veredales, caminos vecinales, puentes y puertos fluviales;

d) Construcción, dotación y mantenimiento de la planta física de los planteles educativos oficiales de primaria y secundaria;

e) Construcción y conservación de centrales de transporte;

f) Construcción, remodelación y dotación de la planta física de puestos de salud y ancianatos;

g) Construcción, remodelación y dotación de centros de acopio, plazas de mercado y plazas de ferias;

h) Recolección, tratamiento y disposición final de basuras;

i) Construcción, remodelación y dotación de mataderos;

j) Ampliación de redes de telefonía urbana y rural;

k) Otros rubros que sean calificados por la junta directiva de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., Findeter, como parte o complemento de las actividades señaladas en el presente artículo;

l) Asistencia técnica a las entidades beneficiarias de financiación, requerida para adelantar adecuadamente las actividades enumeradas;

m) Financiación de contrapartidas para programas y proyectos relativos a las actividades de que tratan los numerales precedentes, que hayan sido financiados conjuntamente por otras entidades públicas o privadas;

n) Adquisición de equipos y realización de operaciones de mantenimiento, relacionadas con las actividades enumeradas en este artículo.

(D. 4167/2011, art. 1º y L. 57/89, art. 1º)

ART. 1.2.2.3.—Financiera de Desarrollo Nacional S.A., FDN. La Financiera de Desarrollo Nacional S.A., una sociedad de economía mixta del orden nacional, del tipo de las anónimas, organizada como un establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y sometida a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, con un régimen legal propio, tiene por objeto principal promover, financiar y apoyar empresas o proyectos de inversión en todos los sectores de la economía, para lo cual podrá:

a) Desarrollar las operaciones previstas para las corporaciones financieras y las previstas en el numeral 1º del artículo 261 del Decreto 663 de 1993,

b) Recibir, administrar y canalizar los aportes de organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros, o de organismos internacionales, destinados a la consolidación, diseño, construcción, desarrollo y operación de empresas o proyectos,

c) Estructurar productos financieros y esquemas de apoyo, soporte, promoción y financiación de empresas o proyectos,

d) Conseguir y gestionar recursos de financiación para el desarrollo de empresas o proyectos,

e) Proveer cooperación técnica para la preparación, financiamiento y ejecución de proyectos incluyendo la transferencia de tecnología apropiada a través de los esquemas que considere pertinentes.

(EOSF, art. 258)

ART. 1.2.2.4.—La Previsora S.A. Compañía de Seguros S.A. La Previsora S.A. es una sociedad de economía mixta del orden nacional, sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado. Cuenta con personería jurídica y autonomía administrativa, está vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y es vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

El objeto de la sociedad es el de celebrar y ejecutar contratos de seguro, coaseguro y reaseguro que amparen los intereses asegurables que tengan las personas naturales o jurídicas privadas, así como los que directa o indirectamente tengan la Nación, el Distrito Capital de Bogotá, los departamentos, los distritos, los municipios y las entidades descentralizadas de cualquier orden, asumiendo todos los riesgos que de acuerdo con la ley puedan ser materia de estos contratos.

(art. 3º estatutos vigentes marzo de 2012)

ART. 1.2.2.5.—Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar, Coljuegos. La Empresa Industrial y Comercial del Estado Coljuegos, tendrá como objeto la explotación, administración, operación y expedición de reglamentos de los juegos que hagan parte del monopolio rentístico sobre los juegos de suerte y azar que por disposición legal no sean atribuidos a otra entidad. Su domicilio será la ciudad de Bogotá D.C.

(D. 4142/2011, art. 2º)

ART. 1.2.2.6.—Central de Inversiones S.A. CISA. CISA tendrá por objeto gestionar, adquirir, administrar, comercializar, cobrar, recaudar, intermediar, enajenar y arrendar, a cualquier título, toda clase de bienes inmuebles, muebles, acciones, títulos valores, derechos contractuales, fiduciarios, crediticios o litigiosos, incluidos derechos en procesos liquidatorios, cuyos propietarios sean entidades públicas de cualquier orden o rama, organismos autónomos e independientes previstos en la Constitución Política y en la ley, o sociedades con aportes estatales de régimen especial y patrimonios autónomos titulares de activos provenientes de cualquiera de las entidades descritas, así como prestar asesoría técnica y profesional a dichas entidades en el diagnóstico y/o valoración de sus activos y sobre temas relacionados con el objeto social.

(D. 4819/2007, art. 2º, inc. 1º modificado por el D. 3409/2008, art. 1º)

ART. 1.2.2.7.—Sociedad de Activos Especiales SAS - SAE. La sociedad tiene por objeto adquirir, administrar, comercializar, intermediar, enajenar y arrendar a cualquier título, bienes muebles, inmuebles, unidades comerciales, empresas, sociedades, acciones, cuotas sociales y partes de interés en sociedades civiles y comerciales, sin distinción de su modalidad de constitución, así como el cobro y recaudo de los frutos producto de los mismos, respecto de los cuales se haya decretado total o parcialmente medidas de incautación, extinción de dominio, comiso, decomiso, embargo, secuestro o cualquier otra que implique la suspensión del poder dispositivo en cabeza de su titular o el traslado de la propiedad del bien a la Nación, por orden de autoridad competente conforme a los procedimientos establecidos por la ley para tales fines.

(art. 5º inc. 1º, estatutos SAE - Acta 12, abr. 23/2012)

ART. 1.2.2.8.—Fiduciaria la Previsora S.A. El objeto exclusivo de la sociedad es la celebración, realización y ejecución de todas las operaciones autorizadas a las sociedades fiduciarias, por normas generales, y a la presente sociedad, por normas especiales, esto es, la realización de los negocios fiduciarios, tipificados en el Código de Comercio y previstos tanto en el estatuto orgánico del sistema financiero como en el estatuto de contratación de la administración pública, al igual que en las disposiciones que modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten a las anteriores.

En consecuencia, la sociedad podrá:

a) Tener la calidad de fiduciario, según lo dispuesto en el artículo 1.226 del Código de Comercio.

b) Celebrar negocios fiduciarios que tengan por objeto la realización de inversiones, al(sic) administración de bienes o la ejecución de actividades relacionadas con el otorgamiento de garantías por terceros para asegurar el cumplimiento de obligaciones, la administración o vigilancia de los bienes sobre los que s(sic) constituyan las garantías y la realización de las mismas, con sujeción a las restricciones legales.

c) Obrar como agente de trasferencia y registro de valores.

d) Obrar como representante de tenedores de bonos.

e) Obrar, en los casos en que sea procedente con arreglo a la ley, como síndico, curador de bienes o depositario de sumas consignadas en cualquier juzgado, por orden de autoridad judicial competente o por determinación de la personas que tengan facultad legal para designarlas con tal fin.

f) Prestar servicio de asesoría financiera.

g) Emitir bonos por cuenta de una fiducia mercantil o de dos o más empresas, de conformidad con las disposiciones legales.

h) Administrar fondos de pensiones de jubilación e invalidez.

i) Actuar como intermediario en el mercado de valores en los eventos autorizados por las disposiciones vigentes.

j) Obrar como agente de titularización de activos.

k) Ejecutar las operaciones especiales determinadas por el artículo 276 del estatuto orgánico del sistema financiero.

l) En general, realizar todas las actividades que le sean autorizadas por la ley.

(art. 5º estatutos sociales)

ART. 1.2.2.9.—Positiva Compañía de Seguros S.A. Positiva Compañía de Seguros S.A., tiene por objeto la realización de operaciones de seguros de vida y afines, bajo las modalidades y los ramos autorizados expresamente; de coaseguros y reaseguros; y en aplicación de la Ley 100 de 1993, sus decretos reglamentarios y demás normas que los modifiquen o adicionen, el desarrollo de todas aquellas actividades que por ley sean permitidas a este tipo de sociedades.

(D. 1234/2012, art. 2º)

LIBRO 2

Régimen Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público

PARTE 1

Disposiciones generales

ART. 2.1.1.—Objeto. El objeto de este decreto es compilar la normatividad expedida por el Gobierno Nacional en ejercicio principalmente de la facultad reglamentaria conferida por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, para la cumplida ejecución de las leyes del Sector Hacienda y Crédito Público.

También se han incluido en la presente compilación los decretos que desarrollan leyes marco sobre régimen cambiario y algunos decretos expedidos en ejercicio conjunto de las facultades de los numerales 11 y 25 del artículo 189 de la Constitución Política. Estos últimos aunque tienen disposiciones sobre las actividades financiera, bursátil y/o aseguradora, la temática principal que regulan no corresponde a dichas actividades, y por tanto, no están ni serán incluidos en el Decreto 2555 de 2010.

ART. 2.1.2.—Ámbito de aplicación. El presente decreto aplica a las entidades del sector Hacienda y Crédito Público y rige en todo el territorio nacional.

PARTE 2

Crédito público

TÍTULO 1

Disposiciones generales de crédito público

ART. 2.2.1.1.—Ámbito de aplicación. El presente título se aplica a las operaciones de crédito público, las operaciones asimiladas, las operaciones propias del manejo de la deuda pública y las conexas con las anteriores, de que trata el parágrafo 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, que realicen las entidades estatales definidas en el artículo 2º, de la mencionada ley.

Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en relación con las operaciones que, dentro del giro ordinario de las actividades propias de su objeto social, celebren los establecimientos de crédito, las compañías de seguros y las demás entidades financieras de carácter estatal.

(D. 2681/93, art. 1º)

ART. 2.2.1.2.—Celebración de operaciones a nombre de la Nación. Se celebrarán a nombre de la Nación, las operaciones de crédito público, las operaciones asimiladas, las operaciones de manejo de la deuda y las conexas con las anteriores, de las siguientes entidades estatales: los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas especiales, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Senado de la República, la Cámara de representantes y los demás organismos o dependencias del Estado del orden nacional que carezcan de personería jurídica y a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos.

Los embajadores y demás agentes diplomáticos y consulares de la República, podrán suscribir, previa autorización del respectivo representante de la Nación, los actos, documentos y contratos requeridos para la celebración y ejecución de las operaciones de que trata el parágrafo 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. Tales actos y documentos requerirán la posterior ratificación del representante de la Nación. De igual forma, los agentes consulares podrán ser autorizados por el respectivo representante de la Nación para recibir notificaciones en nombre de ésta en los procesos que se adelanten en relación con las mencionadas operaciones.

(D. 2681/93, art. 2º)

ART. 2.2.1.3.—Delegación celebración de operaciones en nombre de la Nación. Conforme a lo dispuesto por los artículos 11 y 12 de la Ley 80 de 1993 y al inciso primero del artículo anterior y, salvo que se trate de créditos de proveedores, las operaciones a que se refiere este título sólo podrán ser celebradas en nombre de la Nación por el Presidente de la República y por los funcionarios en quienes se delega esta facultad de acuerdo con los dos artículos siguientes.

(D. 2540/2000, art. 1º)

ART. 2.2.1.4.—(Modificado).* Delegación operaciones de empréstito externo por su cuantía. Delégase en el Ministro de Hacienda y Crédito Público, la facultad de celebrar contratos de empréstito externo en nombre de la Nación, cuando su cuantía no exceda de Setecientos millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 700.000.000) o su equivalente en otras monedas.

Esta facultad comprende la de suscribir los avales y garantías que se requieran para dichos empréstitos externos.

Cuando los anteriores contratos de empréstito externo sean atinentes al despacho de los demás ministerios o departamentos administrativos, delégase en el Ministro de Hacienda y Crédito Público y en el respectivo Ministro o Director de Departamento Administrativo la facultad de celebrar dichos contratos. En consecuencia, tales contratos deberán ser suscritos conjuntamente por el correspondiente Ministro o Director del Departamento Administrativo y por el Ministro de Hacienda y Crédito Público.

(D. 2540/2000, art. 2º modificado por el D. 769/2008, art. 1º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 2075 de 2016 artículo 1° del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República)

ART. 2.2.1.5.—Delegación operaciones diferentes a los de empréstito externo. Delégase en el Ministro de Hacienda y Crédito Público la facultad de celebrar en nombre de la Nación y sin limitación de cuantía, las operaciones a nombre de la Nación de que trata el artículo 2.2.1.3 del presente título, diferentes a los contratos de empréstito externo de que trata el artículo anterior.

(D. 2540/2000, art. 3º)

ART. 2.2.1.6.—Emisión de autorizaciones y conceptos. Para emitir los conceptos y las autorizaciones que les corresponden, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público tendrán en cuenta, entre otros, la adecuación de las respectivas operaciones a la política del gobierno en materia de crédito público y su conformidad con el Programa Macroeconómico y el Plan Financiero aprobados por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, y el Consejo Superior de Política Fiscal, Confis.

Los conceptos del Conpes y del Departamento Nacional de Planeación, cuando haya lugar a ellos, se expedirán sobre la justificación técnica, económica y social del proyecto, la capacidad de ejecución y la situación financiera de la respectiva entidad, su plan de financiación por fuentes de recursos y el cronograma de gastos anuales.

PAR.—Los mencionados conceptos y autorizaciones se podrán solicitar por las entidades estatales para una o varias operaciones determinadas.

(D. 2681/93, art. 40)

ART. 2.2.1.7.—Autorizaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para pronunciarse sobre las autorizaciones de que trata el presente título, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público tendrá en cuenta, entre otros criterios, las condiciones del mercado, las fuentes de recursos del crédito, la competitividad de las ofertas, la situación financiera de la entidad, determinada según se establece en el artículo siguiente y el cumplido servicio de la deuda por parte de dicha entidad.

(D. 2681/93, art. 41 incs. derogados por la L. 185/95)

ART. 2.2.1.8.—Situación financiera y cupos de crédito. Corresponde al Departamento Nacional de Planeación, cuando se trate de la emisión de conceptos de dicho organismo o del Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, verificar que el endeudamiento de las entidades estatales se encuentra en el nivel adecuado teniendo en cuenta su situación financiera.

(D. 2681/93, art. 42 modificado por la L. 185/95)

ART. 2.2.1.9.—Disposiciones transitorias. La celebración de operaciones de crédito público, operaciones asimiladas, operaciones propias del manejo de la deuda y las conexas con las anteriores que estuvieren iniciadas al 31 de diciembre de 1993, se continuarán rigiendo por las normas con las cuales se iniciaron, en cuanto a los trámites y requisitos que faltaren para la suscripción de los respectivos contratos.

PAR.—En concordancia con lo previsto en este artículo para la celebración de operaciones de crédito público, operaciones asimiladas, operaciones propias del manejo de la deuda pública y las conexas con las anteriores, el contenido de los contratos se someterá a la Ley vigente al momento de la aprobación de la minuta.

(D. 2681/93, art. 44, par. añadido del art. 1º D. 1121/94)

CAPÍTULO 1

Definiciones generales

ART. 2.2.1.1.1.—Operaciones de crédito público. Son operaciones de crédito público los actos o contratos que tienen por objeto dotar a la entidad estatal de recursos, bienes o servicios con plazo para su pago o aquellas mediante las cuales la entidad actúa como deudor solidario o garante de obligaciones de pago.

Dentro de estas operaciones están comprendidas, entre otras, la contratación de empréstitos, la emisión, suscripción y colocación de títulos de deuda pública, los créditos de proveedores y el otorgamiento de garantías para obligaciones de pago a cargo de entidades estatales.

Para efectos de lo dispuesto en el presente título, las operaciones de crédito público pueden ser internas o externas. Son operaciones de crédito público internas las que, de conformidad con las disposiciones cambiarias, se celebren exclusivamente entre residentes del territorio colombiano para ser pagaderas en moneda legal colombiana. Son operaciones de crédito público externas todas las demás. Se consideran como residentes los definidos en el artículo 2.17.1.2 del título 1 de la parte 17 del presente decreto único reglamentario.

(D. 2681/93, art. 3º)

ART. 2.2.1.1.2.—Actos asimilados a operaciones de crédito público. Los actos o contratos análogos a las operaciones de crédito público, mediante los cuales se contraigan obligaciones con plazo para su pago, se asimilan a las mencionadas operaciones de crédito público.

Dentro de los actos o contratos asimilados a las operaciones de crédito público se encuentran los créditos documentarios, cuando el banco emisor de la carta de crédito otorgue un plazo para cubrir el valor de su utilización y la novación o modificación de obligaciones, cuando la nueva obligación implique el otorgamiento de un plazo para el pago.

A las operaciones de crédito público asimiladas con plazo superior a un año, les serán aplicables las disposiciones relativas a las operaciones de crédito público, según se trate se operaciones internas o externas y la entidad estatal que las celebre. En consecuencia, las operaciones de crédito público asimiladas con plazo igual o inferior a un (1) año, están autorizadas por vía general y no requerirán los conceptos mencionados en el parágrafo 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993.

(D. 2681/93, art. 4º)

ART. 2.2.1.1.3.—Operaciones de manejo de la deuda pública. Constituyen operaciones propias del manejo de la deuda pública las que no incrementan el endeudamiento neto de la entidad estatal y contribuyan a mejorar el perfil de la deuda de la misma. Estas operaciones, en tanto no constituyen un nuevo financiamiento, no afectan el cupo de endeudamiento.

Dentro de las anteriores operaciones se encuentran comprendidas, entre otras, la refinanciación, reestructuración, renegociación, reordenamiento, conversión o intercambio, sustitución, compra y venta de deuda pública, los acuerdos de pago, el saneamiento de obligaciones crediticias, las operaciones de cobertura de riesgos, la titularización de deudas de terceros, las relativas al manejo de la liquidez de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y todas aquellas operaciones de similar naturaleza que en el futuro se desarrollen.

Las operaciones de intercambio o conversión de deuda pública se podrán realizar siempre y cuando tengan por objeto reducir el valor de la deuda, mejorar su perfil o incentivar proyectos de interés social o de inversión en sectores prioritarios.

PAR.—Las operaciones que impliquen adición al monto contratado o incremento en el endeudamiento neto de la entidad deberán tramitarse conforme a lo dispuesto en el presente título para la contratación de nuevos empréstitos.

(D. 2681/93, art. 5º)

ART. 2.2.1.1.4.—Operaciones conexas. Se consideran conexas a las operaciones de crédito público, a las operaciones asimiladas o a las de manejo de la deuda pública, los actos o contratos relacionados que constituyen un medio necesario para la realización de tales operaciones.

Son conexos a las operaciones de crédito público, entre otros, los contratos necesarios para el otorgamiento de garantías o contragarantías a operaciones de crédito público; los contratos de edición, colocación, incluida la colocación garantizada, fideicomiso, encargo fiduciario, garantía y administración de títulos de deuda pública en el mercado de valores, así como los contratos para la calificación de la inversión o de valores, requeridos para la emisión y colocación de tales títulos en los mercados de capitales.

Igualmente son conexos a operaciones de crédito público, a las operaciones asimiladas a éstas o a las de manejo de la deuda, los contratos de intermediación necesarios para llevar a cabo tales operaciones y los de asistencia o asesoría necesarios para la negociación, contratación, o representación de la entidad estatal en el exterior que deban realizarse por personas o entidades expertas en estas materias.

Las operaciones conexas se contratarán en forma directa, sin someterse al procedimiento de licitación o concurso de méritos.

(D. 2681/93, art. 6º)

CAPÍTULO 2

Operaciones de crédito público

SECCIÓN 1

Contratación de empréstitos

ART. 2.2.1.2.1.1.—Contratos de empréstito. Son contratos de empréstito los que tienen por objeto proveer a la entidad estatal contratante de recursos en moneda nacional o extranjera con plazo para su pago.

Los empréstitos se contratarán en forma directa, sin someterse al procedimiento de licitación o concurso de méritos. Su celebración se sujetará a lo dispuesto en los artículos siguientes.

PAR.—De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los sobregiros están autorizados por vía general y no requerirán los conceptos allí mencionados.

(D. 2681/93, art. 7º)

ART. 2.2.1.2.1.2.—Empréstitos externos de la Nación. La celebración de contratos de empréstito externo a nombre de la Nación, requerirá:

a) Autorización para iniciar gestiones, impartida mediante resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual podrá otorgarse una vez se cuente con:

1. Concepto favorable del Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes; y

2. Concepto de la comisión de crédito público si el empréstito tiene plazo superior a un año.

b) Autorización para suscribir el contrato impartida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con base en la minuta definitiva del mismo.

(D. 2681/93, art. 8º)

ART. 2.2.1.2.1.3.—Empréstitos internos de la Nación. La celebración de contratos de empréstito interno a nombre de la Nación, requerirá autorización para suscribir el contrato, impartida mediante resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual podrá otorgarse una vez se cuente con el concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación, cuando se trate de proyectos de inversión, y la minuta definitiva del contrato.

(D. 2681/93, art. 9º)

ART. 2.2.1.2.1.4.—Empréstitos externos de entidades descentralizadas del orden nacional y de entidades territoriales y sus descentralizadas. La celebración de contratos de empréstito externo por las entidades descentralizadas del orden nacional, diferentes de las mencionadas en el artículo 2.2.1.2.1.6 del presente capítulo, y por las entidades territoriales y sus descentralizadas requerirá:

a) Autorización para iniciar gestiones, impartida mediante resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual podrá otorgarse una vez se cuente con concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación; y

b) Autorización para suscribir el contrato y otorgar garantías al prestamista, impartida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con base en las correspondientes minutas definitivas.

(D. 2681/93, art. 10)

ART. 2.2.1.2.1.5.—Empréstitos internos de entidades descentralizadas del orden nacional. La celebración de contratos de empréstito interno por las entidades descentralizadas del orden nacional, diferentes de las mencionadas en el artículo siguiente, requerirá autorización para suscribir el contrato y otorgar garantías al prestamista, impartida mediante resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual podrá otorgarse una vez se cuente con el concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación y las correspondientes minutas definitivas.

(D. 2681/93, art. 11)

ART. 2.2.1.2.1.6.—Empréstitos de entidades con participación estatal superior al cincuenta por ciento e inferior al noventa por ciento de su capital. La celebración de contratos de empréstito por las entidades estatales con participación del Estado superior al cincuenta por ciento e inferior al noventa por ciento de su capital, requerirá autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual podrá otorgarse una vez se cuente con el concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación.

(D. 2681/93, art. 12)

ART. 2.2.1.2.1.7.—Empréstitos internos de entidades territoriales y sus descentralizadas. La celebración de empréstitos internos de las entidades territoriales y sus descentralizadas continuará rigiéndose por lo señalados en los decretos-ley 1222 y 1333 de 1986 y sus normas complementarias, según el caso. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de registro de los mismos en la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

No podrán registrarse en la mencionada dirección los empréstitos que excedan los montos individuales máximos de crédito de las entidades territoriales.

(D. 2681/93, art. 13)

ART. 2.2.1.2.1.8.—Créditos de presupuesto. Los empréstitos que celebren las entidades estatales con la Nación con cargo a apropiaciones presupuestales en los términos del estatuto orgánico del presupuesto general de la Nación requerirán autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual se expedirá una vez se cuente con el concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación cuando tales empréstitos se efectúen para financiar gastos de inversión.

No obstante, el concepto del Departamento Nacional de Planeación no se requerirá en los créditos de presupuesto que celebre la Nación para la transferencia a determinadas entidades estatales de recursos de créditos externos contratados por esta.

(D. 2681/93, art. 14)

ART. 2.2.1.2.1.9.—Créditos de corto plazo. Son créditos de corto plazo los empréstitos que celebren las entidades estatales con plazo igual o inferior a un año. Los créditos de corto plazo podrán ser transitorios o de tesorería.

Son créditos de corto plazo de carácter transitorio los que vayan a ser pagados con créditos de plazo mayor a un año, respecto de los cuales exista oferta en firme del negocio.

Son créditos de corto plazo de tesorería, los que deben ser pagados con recursos diferentes del crédito.

La celebración de créditos de corto plazo de entidades estatales diferentes de la Nación, con excepción de los créditos internos de corto plazo de las entidades territoriales y sus descentralizadas, requerirá autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Cuando se trate de créditos de tesorería, dicha autorización podrá solicitarse para toda una vigencia fiscal o para créditos determinados. Para tal efecto, las cuantías de tales créditos o los saldos adeudados, según el caso, no podrán sobrepasar en conjunto el diez por ciento (10%) de los ingresos corrientes de la respectiva entidad, sin incluir los recursos de capital, de la correspondiente vigencia fiscal. No obstante, cuando se trate de financiar proyectos de interés social o de inversión en sectores prioritarios o se presente urgencia evidente en obtener dicha financiación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, podrá autorizar porcentajes superiores al mencionado, siempre y cuando el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, haya conceptuado sobre la ocurrencia de alguno de los mencionados eventos.

Los créditos de tesorería no podrán convertirse en fuente para financiar adiciones en el presupuesto de gastos.

PAR.—De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los créditos de tesorería que contrate la Nación están autorizados por vía general y no requerirán los conceptos allí mencionados.

(D. 2681/93, art. 15)

ART. 2.2.1.2.1.10.—Líneas de crédito de gobierno a gobierno. Se consideran líneas de crédito de gobierno a gobierno los acuerdos mediante los cuales un gobierno extranjero adquiere el compromiso de poner a disposición del gobierno nacional los recursos necesarios para la financiación de determinados proyectos, bienes o servicios.

Los acuerdos o convenios constitutivos de líneas de crédito de gobierno a gobierno no se consideran empréstitos y solo requerirán para su celebración el concepto favorable del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

En todo caso, para la utilización de las líneas de crédito deberán celebrarse contratos de empréstito externo y de garantía, según el caso, que se someterán a lo dispuesto para el efecto en el presente título, según la entidad estatal que los celebre.

La adquisición de bienes o servicios con cargo a las líneas de crédito se regirá por lo establecido para tal efecto en la Ley 80 de 1993.

(D. 2681/93, art. 16)

SECCIÓN 2

Líneas de crédito contingentes

ART. 2.2.1.2.2.1.—Líneas de crédito contingentes. Se consideran líneas de crédito contingentes los acuerdos, convenios o contratos que tienen como propósito permitir a la Nación el acceso a recursos que otorgan los organismos multilaterales y entidades financieras internacionales, en aquellos eventos en los cuales la Nación no pueda obtener recursos para financiar el Presupuesto General de la Nación en condiciones ordinarias y sean necesarios para mantener y/o restablecer la estabilidad fiscal y/o económica del país.

(D. 3996/2008, art. 1º)

ART. 2.2.1.2.2.2.—Requisitos para la celebración de Líneas de Crédito Contingentes. Los acuerdos, convenios o contratos de líneas de crédito contingente, requerirán para su celebración autorización impartida mediante resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con base en la minuta definitiva de los mismos, la cual podrá otorgarse una vez se cuente con:

a) Concepto favorable del Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, y

b) Concepto de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

(D. 3996/2008, art. 2º)

SECCIÓN 3

Crédito de proveedores

ART. 2.2.1.2.3.1.—Créditos de proveedores. Se denominan créditos de proveedores aquellos mediante los cuales se contrata la adquisición de bienes o servicios con plazo para su pago.

Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos para la adquisición de bienes o servicios en la Ley 80 de 1993, los créditos de proveedor se sujetarán a lo dispuesto en el capítulo 1 del presente título, según se trate de empréstitos internos o externos y la entidad estatal que los celebre.

PAR.—De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, están autorizados por vía general y no requerirán los conceptos allí mencionados, los créditos de proveedor con plazo igual o inferior a un año.

(D. 2681/93, art. 17)

ART. 2.2.1.2.3.2.—Excepción en créditos de proveedores. Exceptúanse de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 2.2.1.2 de este título los créditos de proveedores, los cuales se celebrarán a nombre de las entidades estatales allí mencionadas, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.1.4. y 2.2.1.2.1.5. del capítulo 1 del presente título para los empréstitos de las entidades descentralizadas del orden nacional y sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo del artículo anterior.

(D. 95/94, art. 1º)

SECCIÓN 4

Garantía de la Nación

ART. 2.2.1.2.4.1.—Garantía de la Nación. Para obtener la garantía de la Nación, las entidades estatales deberán sujetarse a lo establecido en este título y constituir las contragarantías adecuadas, a juicio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En ningún caso la Nación podrá garantizar obligaciones internas de pago de las entidades territoriales y sus descentralizadas, ni obligaciones de pago de particulares. No podrán contar con la garantía de la Nación los títulos de que trata el inciso segundo del artículo 2.2.1.3.1 del capítulo 3 del presente título; no obstante, cuando la emisión corresponda a títulos de mediano y largo plazo, esto es, con plazo superior a un año, para ser colocados en el exterior, éstos podrán contar con la garantía de la Nación.

Tampoco podrá la Nación garantizar obligaciones de pago de entidades estatales que no se encuentren a paz y salvo en sus compromisos con la misma, ni podrá extender su garantía a operaciones ya contratadas, si originalmente fueron contraídas sin garantía de la Nación.

PAR.—El Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, determinará los criterios generales que deben satisfacer las operaciones de crédito público y las obligaciones de pago para obtener la garantía de la Nación y las condiciones en que ésta se otorgará.

(D. 2681/93, art. 23)

ART. 2.2.1.2.4.2.—Otorgamiento de la garantía de la Nación. La Nación podrá otorgar su garantía a obligaciones de pago de las entidades estatales una vez se cuente con lo siguiente:

a) Concepto favorable del Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, respecto del otorgamiento de la garantía y el empréstito o la obligación de pago, según el caso;

b) Concepto de la Comisión de Crédito Público respecto del otorgamiento de la garantía de la Nación, si ésta se otorga por plazo superior a un año; y

c) El cumplimiento de lo dispuesto en el presente título cuando se garantice la celebración de empréstitos o la emisión y colocación de títulos de deuda pública, según se trate de operaciones internas o externas y la entidad estatal que las celebre. No obstante, no se requerirá en este caso el concepto del Departamento Nacional de Planeación.

PAR.—La Nación no podrá suscribir el documento en el cual otorgue su garantía a un empréstito, hasta tanto no se hayan constituido las contragarantías a su favor.

(D. 2681/93, art. 24)

CAPÍTULO 3

Emisión, suscripción y colocación de títulos de deuda pública

ART. 2.2.1.3.1.—Títulos de deuda pública. Son títulos de deuda pública los bonos y demás valores de contenido crediticio y con plazo para su redención, emitidos por las entidades estatales.

No se consideran títulos de deuda pública los valores que, en relación con las operaciones del giro ordinario de las actividades propias de su objeto social, emitan los establecimientos de crédito, las compañías de seguros y las demás entidades financieras de carácter estatal.

La colocación de los títulos de deuda pública se sujetará a las condiciones financieras de carácter general que señale la Junta Directiva del Banco de la República.

(D. 2681/93, art. 18)

ART. 2.2.1.3.2.—Títulos de deuda pública de la Nación. La emisión y colocación de títulos de deuda pública a nombre de la Nación requerirá autorización, impartida mediante resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual podrá otorgarse una vez se cuente con lo siguiente:

a) Concepto favorable del Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes; y

b) Concepto de la Comisión de Crédito Público si se trata de títulos de deuda pública externa con plazo superior a un año.

(D. 2681/93, art. 19)

ART. 2.2.1.3.3.—Títulos de deuda externa de entidades descentralizadas del orden nacional y de entidades territoriales y sus descentralizadas. La emisión y colocación de títulos de deuda pública externa de las entidades descentralizadas del orden nacional y de entidades territoriales y sus descentralizadas requerirá:

a) Autorización para iniciar gestiones, impartida mediante resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual podrá otorgarse una vez se cuente con el concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación; y

b) Autorización de la emisión y colocación, incluida la suscripción de los contratos correspondientes, impartida mediante resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cual se determine la oportunidad, características y condiciones de la colocación de acuerdo con las condiciones del mercado.

PAR.—Para efectos de determinar si las características y condiciones de la emisión y colocación de los títulos de deuda de que trata este artículo se ajustan a las condiciones del mercado, en la respectiva resolución de autorización se podrá establecer que previa la colocación se tengan en cuenta las evaluaciones que sobre el particular realice el viceministerio técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

(D. 2681/93, art. 20)

ART. 2.2.1.3.4.—Títulos de deuda interna de entidades descentralizadas del orden nacional. La emisión y colocación de títulos de deuda pública interna de entidades descentralizadas del orden nacional requerirá autorización, impartida mediante resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cual se determine la oportunidad, características y condiciones de la colocación. La mencionada autorización podrá otorgarse una vez se cuente con el concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación.

(D. 2681/93, art. 21)

ART. 2.2.1.3.5.—Títulos de deuda interna de entidades territoriales y sus descentralizadas. La emisión y colocación de títulos de deuda pública interna de entidades territoriales y sus descentralizadas requerirá autorización, impartida mediante resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cual se determine la oportunidad, características y condiciones de la colocación de acuerdo con las condiciones del mercado. La mencionada autorización podrá otorgarse una vez se cuente con el concepto favorable de los organismos departamentales o distritales de planeación, según el caso.

El concepto de los organismos departamentales o distritales de planeación se expedirá sobre la justificación técnica, económica y social del proyecto, la capacidad institucional y la situación financiera de la entidad estatal, su plan de financiación por fuentes de recursos y el cronograma de gastos anuales, dentro del término y con los efectos establecidos en el parágrafo 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá pronunciarse sobre la autorización solicitada dentro del término de dos (2) meses, contados a partir de la fecha en que se reciba por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional la documentación requerida en forma completa. Transcurrido este término se entenderá que opera el silencio administrativo positivo.

PAR.—Para efectos de determinar si las características y condiciones de la emisión y colocación de los títulos de deuda de que trata este artículo se ajustan a las condiciones del mercado, en la respectiva resolución de autorización se podrá establecer que previa la colocación se tengan en cuenta las evaluaciones que sobre el particular realice el viceministerio técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

(D. 2681/93, art. 22)

SECCIÓN 1

Reglas generales para la emisión de TES

ART. 2.2.1.3.1.1.—Características y requisitos para emisión de TES clase “B”. Los TES clase “B” para financiar apropiaciones presupuestales y para efectuar operaciones temporales de tesorería, de que tratan los artículos 4º y 6º de la Ley 51 de 1990 tendrán las siguientes características y se sujetarán a los siguientes requisitos:

1. Podrán ser administrados directamente por la Nación o ésta podrá celebrar con el Banco de la República o con otras entidades nacionales o extranjeras, contratos de administración fiduciaria, y todos aquellos necesarios para la agencia, edición, emisión, colocación, garantía, administración o servicio de los respectivos títulos.

2. No contarán con garantía del Banco de la República.

3. La emisión o emisiones de los TES clase “B” para financiar apropiaciones presupuestales, no afectarán el cupo de endeudamiento del artículo 1º de la Ley 51 de 1990 y leyes que lo adicionen. El monto de la emisión o emisiones se limitará al monto de la apropiación presupuestal que sea financiada con dicha fuente de recursos. En el caso de los TES “B” para efectuar operaciones temporales de tesorería el monto de emisiones se fijará mediante el decreto que la autorice.

4. El servicio de la deuda de los títulos de que trata este artículo, será apropiado en el presupuesto general de la Nación.

5. Su emisión solo requerirá:

a) Concepto de la Junta Directiva del Banco de la República sobre las características de la emisión y sus condiciones financieras.

b) Decreto del Gobierno Nacional que autorice la emisión y fije las características financieras y de colocación de los títulos.

(D. 1250/92, art. 13)

ART. 2.2.1.3.1.2.—Normas reguladoras de los TES clase “A”. Los TES clase “A” continuarán rigiéndose por lo dispuesto en la Ley 51 de 1990 y normas que la desarrollen.

(D. 1250/92, art. 14)

ART. 2.2.1.3.1.3.—Apropiaciones financiadas con emisiones de títulos. Las apropiaciones financiadas con recursos provenientes de emisión de títulos se afectarán a partir del momento en que se expida el acto administrativo que ordene su emisión.

(D. 2424/93, art. 1º)

SECCIÓN 2

Emisión de TES Clase B para la vigencia fiscal del año 2015

ART. 2.2.1.3.2.1.—Emisión de “Títulos de Tesorería - TES-Clase B” para financiar apropiaciones del Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal del año 2015. Ordénese la emisión, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de “Títulos de tesorería-TES-clase B” hasta por la suma de treinta y cuatro billones cuatrocientos setenta y siete mil millones de pesos ($ 34.477.000.000.000) moneda legal colombiana, destinados a financiar apropiaciones del Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal del año 2015.

(D. 2684/2014, art. 1º)

ART. 2.2.1.3.2.2.—Emisión de “Títulos de tesorería-TES-clase B” para financiar operaciones temporales de tesorería. Ordénese la emisión, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de “Títulos de tesorería-TES-clase B”, denominados en moneda legal colombiana, hasta por la suma de diez billones de pesos ($ 10.000.000.000.000) moneda legal colombiana, destinados a financiar operaciones temporales de tesorería, los cuales tendrán las características y condiciones de emisión y colocación establecidas en el artículo 2.2.1.3.2.4 de la presente sección salvo el plazo, el cual deberá ser superior a treinta (30) días calendario e inferior a un (1) año.

La autorización conferida en este artículo comprende también la facultad de emitir nuevos “Títulos de Tesorería - TES-Clase B” para reemplazar los que se amorticen por redención o recompra hasta por la cuantía anteriormente señalada.

(D. 2684/2014, art. 2º)

ART. 2.2.1.3.2.3.—Características financieras y condiciones de las colocaciones. De acuerdo con el Plan Financiero aprobado por el Confis, el programa anual mensualizado de caja y los requerimientos de tesorería, entre otros, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará las características y condiciones de las colocaciones, así como su oportunidad y monto de las mismas; tanto de los “Títulos de tesorería-TES-Clase B” destinados a financiar apropiaciones presupuestales como de los destinados a financiar operaciones temporales de tesorería.

(D. 2684/2014, art. 3º)

ART. 2.2.1.3.2.4.—Características financieras y condiciones de emisión de “Títulos de tesorería-TES-clase B” para financiar apropiaciones del presupuesto general de la Nación de la vigencia fiscal del año 2015. Los “Títulos de tesorería-TES-clase B” de que trata el artículo 2.2.1.3.2.1 de la presente sección tendrán las siguientes características financieras y condiciones de emisión y colocación:

1. Nombre de los títulos: títulos de tesorería -TES-Clase B.

2. Denominación: moneda legal colombiana, Moneda extranjera o UVR.

3. Moneda de pago de principal e intereses: legal colombiana.

4. Ley de circulación y recompra anticipada: serán títulos a la orden y libremente negociables en el mercado. Podrán tener cupones para intereses, también libremente negociables. No podrán colocarse con derecho de recompra anticipada.

5. Cuantía mínima de los títulos: para los títulos denominados en moneda legal colombiana, la cuantía mínima será de quinientos mil pesos ($ 500.000) y para sumas superiores, esta cuantía se adicionará en múltiplos de cien mil pesos ($ 100.000). Para los títulos denominados en moneda extranjera, la cuantía mínima será de mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 1.000) o su equivalente en otras monedas extranjeras y para sumas superiores esta cuantía se adicionará en múltiplos de cien dólares de los Estados Unidos de América (US$ 100) o su equivalente en otras monedas extranjeras. Para los títulos denominados en UVR, la cuantía mínima será de diez mil (10.000) UVR y para valores superiores esta cuantía se adicionará en múltiplos de mil (1.000) UVR.

6. Plazo y pago del principal: para títulos destinados a financiar apropiaciones del Presupuesto General de la Nación, el plazo se determinará con sujeción a las necesidades presupuestales y no podrá ser inferior a un (1) año. En todo caso, el pago del principal se deberá efectuar con cargo a recursos presupuestales de vigencias fiscales posteriores a aquellas en las cuales se emitan los títulos.

7. Tasas máximas de interés: las tasas máximas de rentabilidad efectiva estarán dentro de los límites que registre el mercado, según las directrices que establezca la Junta Directiva del Banco de la República.

8. Lugar de colocación: mercado de capitales colombiano.

9. Forma de colocación: podrán ser colocados en el mercado bien directamente o por medio de sistemas de oferta, remates o subastas, según lo determine el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para este propósito se podrán utilizar como intermediarios a las personas legalmente habilitadas para el efecto. También se entienden como colocaciones directas las colocaciones privadas de “Títulos de tesorería-TES-Clase B”, así como la entrega de “Títulos de tesorería-TES-clase B” a beneficiarios de sentencias y conciliaciones judiciales conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 344 de 1996 y demás normas concordantes.

10. Compra: con descuento o prima sobre su valor nominal, según las condiciones del mercado, que serán reflejadas mediante los sistemas previstos en la forma de colocación que determine el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto en la presente sección.

(D. 2684/2014, art. 4º)

ART. 2.2.1.3.2.5.—Unidad de Valor Real o UVR. Para efectos de lo previsto en la presente sección, la Unidad de Valor Real o UVR es una unidad de cuenta que refleja el poder adquisitivo de la moneda, con base exclusivamente en la variación del índice de precios al consumidor certificada por el DANE, cuyo valor en pesos se calculará de conformidad con la metodología que establezca la Junta Directiva del Banco de la República.

(D. 2684/2014, art. 5º)

ART. 2.2.1.3.2.6.—Administración de los “Títulos de tesorería-TES-clase B”. Los “Títulos de tesorería-TES-clase B” podrán ser administrados directamente por la Nación, o ésta podrá celebrar con el Banco de la República o con otras entidades nacionales o extranjeras contratos de administración fiduciaria y todos aquellos necesarios para la agencia, administración o servicio de los respectivos títulos, en los cuales se podrá prever que la administración de los “Títulos de tesorería-TES-clase B” y de los cupones que representan los rendimientos de los mismos se realice a través de depósitos centralizados de valores.

(D. 2684/2014, art. 6º)

ART. 2.2.1.3.2.7.—Remanente del cupo de emisión. El cupo de emisión de “Títulos de tesorería-TES-clase B” autorizado por el artículo 2.2.1.3.2.1 de la presente sección que no se haya utilizado para realizar pagos correspondientes a la vigencia presupuestal del año 2015 podrá ser utilizado en el año 2016 para atender las reservas presupuestales correspondientes a la vigencia del año 2015 y en todo caso se entenderá agotado el 31 de diciembre del año 2016.

(D. 2684/2014, art. 7º)

ART. 2.2.1.3.2.8.—Aclaración de vigencia. Los artículos 2.2.1.3.2.1 a 2.2.1.3.2.7 de la presente sección compilan el Decreto 2684 de 2014 que fue publicado en el Diario Oficial el 23 de diciembre de 2014. Por lo anterior las órdenes contenidas en esta sección de la compilación no pueden entenderse como nuevas instrucciones de emisión.

(Artículo nuevo aclaratorio de vigencia)

CAPÍTULO 4

Operaciones propias del manejo de la deuda pública

ART. 2.2.1.4.1.—Contratación de operaciones de manejo de deuda. Las operaciones propias del manejo de la deuda se podrán celebrar directa o indirectamente por la entidad estatal a través de contratos de agencia y demás formas de intermediación.

Las operaciones para el manejo de la deuda se contratarán en forma directa, sin someterse al procedimiento de licitación o concurso de méritos y se sujetarán a lo dispuesto en los artículos siguientes.

No obstante, el saneamiento de obligaciones crediticias se continuará rigiendo, en lo pertinente, por las normas del capítulo III de la Ley 51 de 1990 y la titularización de deudas de terceros, por las normas especiales que al efecto se expidan.

(D. 2681/93, art. 25)

ART. 2.2.1.4.2.—Operaciones de manejo de deuda externa de la Nación. La celebración de operaciones para el manejo de la deuda externa de la Nación requerirá autorización, impartida mediante resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual podrá otorgarse siempre y cuando se demuestre la conveniencia y justificación financiera de la operación y sus efectos sobre el perfil de la deuda.

(D. 2681/93, art. 26)

ART. 2.2.1.4.3.—Operaciones de manejo de la deuda externa de entidades descentralizadas del orden nacional y de entidades territoriales y sus descentralizadas. La celebración de operaciones para el manejo de la deuda externa de entidades descentralizadas del orden nacional y de entidades territoriales y sus descentralizadas, requerirá autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual podrá otorgarse siempre y cuando se demuestre la conveniencia y justificación financiera de la operación y sus efectos sobre el perfil de la deuda, mediante documento justificativo de la operación, elaborado por la entidad estatal con base en las instrucciones de carácter general que imparta el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

(D. 2681/93, art. 27)

ART. 2.2.1.4.4.—Operaciones de sustitución de deuda pública. Son operaciones de sustitución de deuda pública aquellas en virtud de las cuales la entidad estatal contrae una obligación crediticia cuyos recursos se destinan a pagar de manera anticipada otra obligación ya vigente. Con la realización de estas operaciones no se podrá aumentar el endeudamiento neto y se deberán mejorar los plazos, intereses o las demás condiciones del portafolio de la deuda.

Sin perjuicio de lo que establezcan normas especiales, la celebración de operaciones de sustitución de deuda externa de la Nación y las demás entidades estatales se sujetará a lo dispuesto en los artículos anteriores para las operaciones de manejo de la deuda externa.

(D. 2681/93, art. 28)

ART. 2.2.1.4.5.—Acuerdos de pago. Son acuerdos de pago los que se celebran para establecer la forma y condiciones de pago de obligaciones adquiridas por determinada entidad estatal. La celebración de acuerdos de pago entre entidades estatales sólo requerirá para su perfeccionamiento la firma de las partes.

(D. 2681/93, art. 29)

ART. 2.2.1.4.6.—Operaciones de manejo de deuda en relación con obligaciones de operaciones de crédito público o asimiladas. Las operaciones de manejo de deuda de las entidades estatales se podrán celebrar en relación con obligaciones de pago de una o varias operaciones de crédito público o asimiladas, no podrán incrementar el endeudamiento neto de la entidad estatal y deberán contribuir a mejorar su perfil.

Para la celebración de operaciones de cobertura de riesgo de las cuales se puedan originar obligaciones de pago que no coincidan en montos y plazos con las obligaciones de pago de las operaciones de crédito público o asimiladas objeto de la cobertura, se deberá evaluar previamente la conveniencia de tales operaciones de cobertura de riesgo teniendo en cuenta los efectos financieros que se generen por dichas diferencias.

Cuando una entidad estatal otorgue garantía de pago a otras entidades estatales sobre operaciones de crédito público o asimiladas, podrá asumir las obligaciones que se originen o deriven con ocasión de la contratación y el cumplimiento de operaciones de manejo sobre la garantía otorgada, así como los costos y gastos asociados, o acordar los términos y condiciones en los cuales la entidad garantizada asuma o comparta el pago de dichas obligaciones, costos y/o gastos.

(D. 2283/2003, art. 1º)

ART. 2.2.1.4.7.—De la contratación de derivados con las operaciones de crédito público y asimiladas. Cuando las necesidades de financiamiento así lo justifiquen y las condiciones de mercado así lo requieran, las operaciones de crédito público o asimiladas se podrán contratar con derivados de los autorizados por las autoridades competentes. Cuando se trate de operaciones de crédito público o asimiladas sujetas a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional de ese ministerio verificará, con anterioridad a dicha aprobación, la existencia de las necesidades y condiciones aquí señaladas.

Las obligaciones de pago que se puedan derivar de la ejecución o cumplimiento de los derivados de que trata el presente artículo, se reputarán como intereses de las operaciones de crédito público o asimiladas correspondientes. Tales obligaciones se deberán incluir en el presupuesto de deuda de las respectivas vigencias fiscales, en las cuantías que recomiende el estudio técnico sobre medición de probabilidades que para el efecto realice la entidad estatal.

En cualquier caso, las entidades estatales que celebren las operaciones de que trata el presente artículo deberán informar de este hecho a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en los términos y condiciones que esta lo determine.

(D. 2283/2003, art. 2º)

ART. 2.2.1.4.8.—Operaciones de cobertura de riesgo en relación con obligaciones de pago derivadas de operaciones de dicha naturaleza. Las operaciones de cobertura de riesgo que celebren las entidades estatales, podrán consistir en operaciones de cobertura sobre las obligaciones de pago derivadas de operaciones de esa naturaleza previamente celebradas, siempre que se demuestre la conveniencia y la justificación financiera de la operación, para lo cual se deberá tener en cuenta el efecto sobre dichas obligaciones y sobre el endeudamiento neto de la respectiva entidad estatal.

(D. 2283/2003, art. 3º)

ART. 2.2.1.4.9.—Terminación anticipada de operaciones de cobertura de riesgo. Sin perjuicio del cumplimiento de las normas presupuestales y previa la autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las operaciones de cobertura de riesgo se podrán dar por terminadas anticipadamente por mutuo acuerdo de las partes contratantes, para lo cual la respectiva entidad estatal deberá realizar un estudio técnico en el que se demuestre la conveniencia y justificación financiera de la terminación anticipada.

(D. 2283/2003, art. 4º)

CAPÍTULO 5

Contratación

ART. 2.2.1.5.1.—Contratación directa y selección de contratistas. Las operaciones de crédito público, las operaciones asimiladas, las operaciones de manejo de la deuda y las conexas con las anteriores, se contratarán en forma directa, sin someterse al procedimiento de licitación o concurso de méritos.

Para la selección de los contratistas se aplicarán los principios de economía, transparencia y selección objetiva contenidos en la Ley 80 de 1993, según lo dispuesto en este capítulo en desarrollo de lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 24 de la citada ley.

(D. 2681/93, art. 30)

ART. 2.2.1.5.2.—Evaluación de formas de financiamiento. Previa la celebración de operaciones de crédito público, las entidades estatales deberán evaluar diferentes formas de financiamiento y la conveniencia financiera y fiscal de realizar tales operaciones frente al financiamiento con recursos diferentes del crédito.

La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá asesorar a las entidades estatales respecto de la obtención de recursos del crédito en condiciones favorables de acuerdo al tipo de proyecto que se financiará.

PAR.—El Departamento Nacional de Planeación elaborará indicadores y evaluará la evolución del gasto y del déficit de las entidades territoriales y sus descentralizadas. Con base en tales indicadores, dicho organismo presentará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público las recomendaciones necesarias para asesorar a las entidades territoriales sobre la utilización eficiente del crédito, procurando un incremento en el esfuerzo fiscal de las mencionadas entidades.

(D. 2681/93, art. 31)

ART. 2.2.1.5.3.—Evaluación de alternativas de mercado. En todo caso las entidades estatales deberán evaluar las diferentes alternativas del mercado, para lo cual, en cuanto lo permitan las condiciones del mismo y el tipo de la operación a realizar solicitarán al menos dos cotizaciones.

Así mismo, las entidades estatales deberán tener en cuenta el ofrecimiento más favorable, considerando factores de escogencia tales como clase de entidad financiera, cumplimiento, experiencia, organización, tipo de crédito, tasa de interés, plazos, comisiones, y en general, el costo efectivo de la oferta, con el propósito de seleccionar la que resulte más conveniente para la entidad.

(D. 2681/93, art. 32)

ART. 2.2.1.5.4.—Adquisición de bienes o servicios con financiación. Cuando se vayan a adquirir bienes o servicios para los cuales la entidad estatal proyecte obtener financiación, dicha adquisición de bienes o servicios se someterá al procedimiento y requisitos establecidos para el efecto por la Ley 80 de 1993 y el empréstito respectivo, a lo establecido en el presente título.

En los contratos de empréstito y demás formas de financiamiento, distintos de los créditos de proveedores y de aquellos que sean resultado de una licitación, se buscará que no se exija el empleo, la adquisición de bienes o la prestación de servicios de procedencia extranjera específica o que a ello se condicione el otorgamiento del empréstito. Así mismo, se buscará incorporar condiciones que garanticen la participación de oferentes de bienes y servicios de origen nacional.

Cuando se trate de los contratos regulados por reglamentos de entidades de derecho público internacional de que trata el artículo 2.2.1.5.10 del presente capítulo, se buscará la utilización de procedimientos que aseguren la libre competencia y la aplicación de los principios de economía, transparencia y selección objetiva, contenidos en la Ley 80 de 1993.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público para pronunciarse sobre las autorizaciones que le correspondan, evaluará que se haya dado aplicación a lo dispuesto en este artículo y tendrá en cuenta para tal efecto la justificación que sobre el particular presente la entidad.

(D. 2681/93, art. 33)

ART. 2.2.1.5.5.—Previsiones y particularidades en contratación con organismos multilaterales. Conforme a lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 en los contratos de empréstito o cualquier otra forma de financiación que se contrate con organismos multilaterales se podrán incluir las previsiones y particularidades contempladas en los reglamentos de tales entidades que no sean contrarias a la Constitución Política o a la ley.

Constituyen previsiones o particularidades en los contratos de empréstito, la auditoría, la presentación de reportes o informes de ejecución, la apertura de cuentas para el manejo de los recursos del crédito, y en general, las propias de la debida ejecución de dichos contratos.

PAR.—La programación del crédito multilateral corresponde al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Nacional de Planeación. En consecuencia, sólo podrán celebrarse los empréstitos que se encuentren incluidos en el programa de crédito con los organismos multilaterales. Las gestiones propias de la celebración de tales empréstitos deberán, ser coordinadas con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación.

(D. 2681/93, art. 34 modificado por el D. 1721/95, art. 1º)

ART. 2.2.1.5.6.—Estipulaciones prohibidas. Salvo lo que determine el consejo de ministros, queda prohibida cualquier estipulación que obligue a la entidad estatal prestataria a adoptar medidas en materia de precios, tarifas, y en general, el compromiso de asumir decisiones o actuaciones sobre asuntos de su exclusiva competencia en virtud de su carácter público. De igual manera, y salvo lo que determine el mencionado consejo, en los contratos de garantía la Nación no podrá garantizar obligaciones diferentes a las de pago.

(D. 2681/93, art. 35)

ART. 2.2.1.5.7.—Ley y jurisdicción. Las operaciones de crédito público, las operaciones asimiladas, las operaciones de manejo de la deuda y las conexas con las anteriores, que se celebren en Colombia para ser ejecutadas en el exterior se podrán regir por la ley extranjera; las que se celebren en el exterior para ser ejecutadas en el exterior, se podrán regir por la ley del país en donde se hayan suscrito. Tales operaciones se someterán a la jurisdicción que se pacte en los respectivos contratos.

Lo anterior, salvo que tales operaciones se celebren para ser ejecutadas exclusivamente en Colombia.

Se entenderá que la ejecución de los contratos se verifica en aquel país en el cual deban cumplirse las obligaciones esenciales de las partes; no obstante, para fines de lo dispuesto en este artículo, se considerará que la operación se ejecuta en el exterior cuando una de tales obligaciones esenciales debe cumplirse en el exterior.

(D. 2681/93, art. 36)

ART. 2.2.1.5.8.—Perfeccionamiento y publicación. Las operaciones de crédito público, las operaciones asimiladas, las operaciones de manejo de la deuda y las conexas con las anteriores, se perfeccionarán con la firma de las partes.

Su publicación se efectuará en el en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP, si se trata de operaciones a nombre de la Nación y sus entidades descentralizadas. Para las operaciones a nombre de la Nación, este requisito se entenderá cumplido en la fecha de la orden de publicación impartida por el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En los contratos de las entidades descentralizadas del orden nacional, el requisito de publicación se entenderá surtido en la fecha de publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP.

Los contratos de las entidades territoriales y sus descentralizadas se publicarán en la gaceta oficial correspondiente a la respectiva entidad territorial, o a falta de dicho medio, por algún mecanismo determinado en forma general por la autoridad administrativa territorial, que permita a los habitantes conocer su contenido.

Cuando se utilice un medio de divulgación oficial, este requisito se entiende cumplido con el pago de los derechos correspondientes o con la publicación en el SECOP.

(D. 2681/93, art. 37)

ART. 2.2.1.5.9.—Cesión. Las operaciones de crédito público, las operaciones asimiladas, las operaciones de manejo de la deuda y las conexas con las anteriores, no podrán cederse sin previa autorización escrita de la entidad contratante.

(D. 2681/93, art. 38)

ART. 2.2.1.5.10.—Contratos regulados por reglamentos de entidades de derecho público internacional. Conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, cuando se celebren contratos con personas de derecho público internacional, organismos internacionales de cooperación, asistencia o ayuda internacional o se trate de contratos cuya financiación provenga de empréstitos de organismos multilaterales, tales contratos se podrán someter a los reglamentos de dichas entidades, en todo lo relacionado con los procedimientos para su formación y adjudicación, así como a las cláusulas especiales de ejecución, cumplimiento, pago y ajustes.

Los reglamentos de los organismos multilaterales incluyen las leyes de adhesión del país a los tratados o convenios respectivos, los acuerdos constitutivos, los normativos y las disposiciones generales que hayan adoptado dichos organismos para regir los contratos de empréstito que se celebren con las mismas.

(D. 2681/93, art. 39)

CAPÍTULO 6

Concepto de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público

ART. 2.2.1.6.1.—Solicitud. Con el fin de someter las operaciones de crédito público y asimiladas a concepto de los miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, las entidades estatales deberán efectuar la respectiva solicitud al Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, como mínimo con quince (15) días hábiles de antelación a la celebración de la respectiva reunión, proporcionando la información y la documentación que se requiera.

La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional se abstendrá de tramitar la convocatoria de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público cuando no se cumplan los términos y requisitos que se establecen en el presente capítulo.

(D. 2757/2005, art. 1º)

ART. 2.2.1.6.2.—Convocatoria. Los miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público serán convocados de forma ordinaria por escrito por el Ministro de Hacienda y Crédito Público o el viceministro, como mínimo con ocho (8) días corrientes de antelación. La respectiva reunión se llevará a cabo en las instalaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, salvo que el ministerio disponga otra cosa.

(D. 2757/2005, art. 2º)

ART. 2.2.1.6.3.—Contenido de la convocatoria. La convocatoria para la emisión del concepto deberá contener la fecha, hora y lugar de la reunión, el temario y el tiempo estimado para cumplir con el objeto de la misma. A esta se deberá acompañar copia del proyecto de acta de la penúltima reunión y de la información que soporta la solicitud por parte de las entidades estatales interesadas y la que suministre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para cada operación en los términos del presente capítulo. Además de lo anterior, en la convocatoria deberá tenerse en cuenta que únicamente podrán incorporarse operaciones que cumplan las condiciones establecidas en el presente capítulo.

(D. 2757/2005, art. 3º)

ART. 2.2.1.6.4.—Solicitud de concepto. El Ministro de Hacienda y Crédito Público o el viceministro que presida la reunión para la cual se convocó a los miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, deberá solicitar el concepto a los miembros de dicha comisión sobre cada operación una vez la misma haya sido estudiada, antes de continuar con el siguiente tema listado en la convocatoria respectiva.

(D. 2757/2005, art. 4º)

ART. 2.2.1.6.5.—Secretaría de la reunión convocada. La secretaría de la reunión convocada será ejercida por el funcionario que para tal efecto designe el Ministro de Hacienda y Crédito Público quien, entre otras funciones, estará a cargo de la elaboración de las actas de cada reunión. Todas las reuniones serán grabadas y, dichas grabaciones, servirán de soporte para la elaboración de las actas y reposarán en los archivos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Las actas serán una trascripción de las grabaciones.

(D. 2757/2005, art. 5º)

ART. 2.2.1.6.6.—Invitados y deber de asistencia. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público citará a los ministros o viceministros de despacho, directores o subdirectores de departamentos administrativos y los demás funcionarios de las entidades estatales que tengan interés en las operaciones sometidas a concepto de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. La asistencia de los invitados será obligatoria.

(D. 2757/2005, art. 6º)

ART. 2.2.1.6.7.—Documentos de la convocatoria. Con el fin de que los miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público cuenten con la adecuada información para la emisión del concepto respectivo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá acompañar la convocatoria de la siguiente documentación:

1. Para las operaciones de crédito público o asimiladas de la Nación de libre destinación, diferentes a la emisión de bonos, que se someten a concepto previo de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público:

1.1. Ficha técnica de la operación la cual deberá contener:

1.1.1. Monto máximo que se proyecta gestionar.

1.1.2. Entidad prestataria.

1.1.3. Destinación de los recursos.

1.1.4. Contextualización del monto a gestionar dentro de las fuentes del plan financiero del año en curso.

1.1.5. Posibles fuentes de financiación y sus características.

1.1.6. Justificación.

1.1.7. Aprobación Conpes: número de documento y fecha de aprobación.

1.1.8. Recomendación y solicitud del concepto.

1.2. Fotocopia del documento del Consejo Nacional de Política Económica Social, Conpes.

2. Para las operaciones de crédito público o asimiladas de la Nación de libre destinación, diferentes a la emisión de bonos, que se someten a concepto definitivo de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público:

2.1. Ficha técnica de la operación la cual debe contener:

2.1.1. Ficha técnica presentada para concepto previo.

2.1.2. Fecha y monto del concepto previo.

2.1.3. Monto de la operación.

2.1.4. Entidad prestataria y prestamista.

2.1.5. Cronograma de los desembolsos: monto(s) y vigencia(s).

2.1.6. Objetivos de política derivados de la operación (si aplica).

2.1.7. Condiciones especiales de desembolso (si aplica).

2.1.8. Condiciones financieras de la operación.

2.1.9. Evaluación de costo de la operación respecto a la curva de rendimientos.

2.1.10. Recomendación y solicitud del concepto definitivo.

3. Para las operaciones de crédito público o asimiladas de la Nación de destinación específica, que se someten a concepto previo de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público:

3.1. Ficha técnica de la operación la cual deberá contener:

3.1.1. Monto máximo de la operación que se proyecta gestionar.

3.1.2. Entidad prestataria.

3.1.3. Destinación de los recursos.

3.1.4. Objetivos y descripción preliminar del proyecto.

3.1.5. Costo estimado del proyecto (crédito/contrapartida).

3.1.6. Contextualización del monto a gestionar dentro de las fuentes del plan financiero del año en curso.

3.1.7. Cronograma estimado de desembolsos (montos y vigencias).

3.1.8. Posibles fuentes de financiación y sus características.

3.1.9. Justificación.

3.1.10. Aprobación Conpes: número de documento y fecha de aprobación.

3.1.11. Recomendación y solicitud del concepto.

3.2. Fotocopia del documento del Consejo Nacional de Política Económica Social, Conpes.

4. Para las operaciones de crédito público o asimiladas de la Nación de destinación específica, que se someten a concepto definitivo de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público:

4.1. Ficha técnica de la operación la cual debe contener:

4.1.1. Ficha técnica presentada para concepto previo.

4.1.2. Fecha y monto del concepto previo.

4.1.3. Monto de la operación.

4.1.4. Entidad(es) prestataria(s), prestamistas(s) y ejecutora(s).

4.1.5. Objetivos y descripción definitiva del proyecto.

4.1.6. Costo definitivo del proyecto por componente (crédito/contrapartida).

4.1.7. Cronograma de los desembolsos: monto(s) y vigencia(s).

4.1.8. Fuentes definitivas de financiación y sus características.

4.1.9. Condiciones financieras de la operación.

4.1.10. Evaluación de costo de la operación respecto a la curva de rendimientos.

4.1.11. Recomendación y solicitud del concepto.

5. Para concepto único de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público cuando la Nación proyecte endeudarse a través del mecanismo de emisión de bonos:

5.1. Ficha técnica de la operación la cual debe contener:

5.1.1. Monto solicitado.

5.1.2. Prestamistas.

5.1.3. Contextualización del monto a aprobar dentro de las fuentes del plan financiero del año en curso (si aplica).

5.1.4. Contextualización frente al límite máximo establecido en el numeral.

5.3. (si aplica).

Debe incluir:

5.1.4.1. Proyección anual y mensual del servicio de la deuda externa proyectado para el año siguiente discriminando capital e intereses.

5.1.4.2. Capacidad máxima de prefinanciamiento.

5.1.4.3. Capacidad máxima de prefinanciamiento disponible.

5.1.4.4. Recientes emisiones efectuadas y condiciones obtenidas.

5.1.4.5. Condiciones actuales del mercado y otros.

5.1.4.6. Aprobación Conpes: número de documento y fecha de aprobación.

5.1.4.7. Recomendación y solicitud del concepto único.

5.2. Fotocopia del documento del Consejo Nacional de Política Económica Social, Conpes.

5.3. En caso de que el concepto solicitado a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público de que trata este numeral se destine a prefinanciación, se deberá tener en cuenta que el monto solicitado no puede superar el 80% del servicio de la deuda externa proyectado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el año siguiente.

6. Para concepto único de operaciones de crédito público o asimiladas que proyecten celebrar las entidades estatales diferentes de la Nación con la garantía de la Nación:

6.1. Ficha técnica de la operación la cual debe contener:

6.1.1. Monto de la garantía solicitada.

6.1.2. Prestatario y garante.

6.1.3. Aprobación Conpes: número de documento y fecha de aprobación.

6.1.4. Descripción del proyecto.

6.1.5. Justificación de la operación.

6.1.6. Condiciones financieras estimadas de la operación.

6.1.7. Flujo de caja del proyecto.

6.1.8. Contragarantías elegibles a favor de la Nación.

6.1.9. Recomendación y solicitud del concepto.

6.2. Fotocopia del documento del Consejo Nacional de Política Económica Social, Conpes.

7. Adicional a los requisitos de información relacionados para las respectivas operaciones en los numerales anteriores, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá presentar en cada reunión de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público la siguiente información:

7.1. Informe resumen sobre el cupo de la ley de endeudamiento de la Nación:

7.1.1. Cupo autorizado.

7.1.2. Monto de reembolsos y/o cancelaciones.

7.1.3. Afectaciones de conformidad con las leyes vigentes.

7.1.4. Cupo disponible real.

7.1.5. Relación de conceptos previos, definitivos y únicos emitidos por la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público que no han afectado el cupo de endeudamiento.

7.1.6. Relación de operaciones con concepto previo, definitivo y único que no continuarán su trámite.

7.1.7. Cupo disponible proyectado tomando como base el cupo disponible real y los conceptos de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público cuyas operaciones no han dado lugar a la afectación correspondiente y que continuarán su trámite.

7.2. Informe resumen sobre el cupo de garantías Nación:

7.2.1. Cupo autorizado.

7.2.2. Monto de cancelaciones.

7.2.3. Afectaciones de conformidad con las leyes vigentes.

7.2.4. Cupo disponible real.

7.2.5. Relación de conceptos emitidos por la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público que no han afectado el cupo de garantías Nación.

7.2.6. Relación de operaciones con concepto de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público que no continuarán su trámite.

7.2.7. Cupo disponible proyectado tomando como base el cupo disponible real y los conceptos de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público cuyas operaciones no han dado lugar a la afectación correspondiente y que continuarán su trámite.

7.3. Relación deuda/PIB.

7.3.1. Relación deuda/PIB fin año anterior.

7.3.2. Relación deuda/PIB año en curso.

Si por la especial naturaleza de una operación se requiere información adicional a la anteriormente señalada, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público evaluará su relevancia frente a la operación de crédito público o asimilada sujeta a consideración de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, y podrá solicitar, por una sola vez, un término adicional de máximo diez (10) días hábiles para suministrar información complementaria, y aprobada dicha solicitud deberá convocar a una nueva reunión dentro de dicho lapso para la rendición del concepto. En el acta respectiva se consignará la motivación de la administración en relación con la relevancia o no de la información adicional solicitada.

Para los anteriores efectos, las entidades estatales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, la respectiva información a más tardar cuatro (4) días hábiles antes del vencimiento del plazo solicitado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a los miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

En caso de que la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público no rinda concepto, habiendo sido convocada previamente y suministrada la información a que hace referencia el presente capítulo se dará aplicación a lo establecido en el parágrafo del artículo 21 de la Ley 51 de 1990 y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá dar por cumplido este requisito.

(D. 2757/2005, art. 7º)

ART. 2.2.1.6.8.—Informes periódicos. Para rendir los informes semestrales al Congreso de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público suministrará la siguiente información a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, a más tardar el 30 de marzo y el 30 de septiembre con corte 31 de diciembre y 30 de junio, respectivamente:

1. Informe sobre el cupo de endeudamiento de la Nación:

1.1. Relación de operaciones de crédito público y asimiladas contratadas por la Nación que han afectado el cupo de endeudamiento, con la siguiente discriminación:

1.1.1. Sector beneficiado.

1.1.1.1. Fuente de financiación.

1.1.2. Prestamista.

1.1.3. Ejecutor.

1.1.4. Valor del crédito en dólares de los Estados Unidos de América.

1.1.5. Fecha de firma del contrato.

1.1.6. Destinación.

1.1.7. Monto desembolsado.

1.1.8. Monto por desembolsar.

1.1.9. Marco dentro del plan de desarrollo.

1.1.10. Estado de avance del proyecto.

1.2. Reembolsos de créditos contratados por la Nación que incrementan la disponibilidad del cupo de endeudamiento, con la siguiente discriminación:

1.2.1. Sector.

1.2.2. Fuente de financiación.

1.2.3. Prestamista.

1.2.4 Valor del crédito en dólares de los Estados Unidos de América.

1.2.5. Fecha de firma del contrato.

1.2.6. Destinación.

1.2.7. Monto desembolsado.

1.2.8. Monto por desembolsar.

1.2.9. Reembolsos efectuados.

1.3. Cancelaciones de créditos de la Nación que incrementan la disponibilidad del cupo de endeudamiento señalando lo siguiente:

1.3.1. Sector.

1.3.2. Fuente de financiación.

1.3.3. Prestamista.

1.3.4. Valor del crédito en dólares de los Estados Unidos de América.

1.3.5. Fecha de firma del contrato (si aplica).

1.3.6. Destinación.

1.3.7. Monto desembolsado (si aplica).

1.3.8. Monto por desembolsar (si aplica).

1.3.9. Cancelaciones efectuadas por no utilización.

1.3.10. Razones de la cancelación.

2. El informe de garantías deberá contener:

Relación de operaciones de crédito público y asimiladas garantizadas por la Nación que han afectado el cupo de garantías, la cual deberá contener la siguiente información:

2.1. Sector.

2.2. Fuente de financiación.

2.3. Prestamista.

2.4. Prestatario.

2.5. Valor del crédito en dólares de los Estados Unidos de América.

2.6. Fecha de firma del contrato.

2.7. Destinación.

2.8. Fecha del concepto único.

2.9. Contragarantías.

2.10. Monto desembolsado.

2.11. Monto por desembolsar.

2.12. Cancelaciones efectuadas por no utilización.

2.13. Razones de la cancelación.

2.14. Informe de cumplimiento del prestatario de sus obligaciones de pago.

2.15. Estado de avance del proyecto.

PAR.—Para efecto de dar cumplimiento a lo establecido en este artículo, las entidades estatales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, a más tardar el 1º de marzo y el 1º de septiembre de cada año, con corte a 31 de diciembre y 30 de junio respectivamente, el estado de avance de todos los proyectos financiados con recursos de fuente específica o garantizada por la Nación tanto aquellos que no hubieran culminado su ejecución antes de la presentación del informe inmediatamente anterior como los que se hubieran iniciado a partir de la presentación de dicho informe.

(D. 2757/2005, art. 8º)

ART. 2.2.1.6.9.—Carácter de los conceptos. Los conceptos de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público en ejercicio de sus funciones legales, no tendrán carácter vinculante, excepto cuando la motivación del mismo sea la del artículo 3º de la Ley 18 de 1970.

Para la aplicación de este artículo, siempre debe entenderse que los recursos internos complementarios del endeudamiento externo para financiar el gasto de la Nación son sanos en los términos definidos en el referido artículo 3º de la Ley 18 de 1970, cuando no correspondan a emisión primaria del Banco de la República. No obstante lo anterior, si se presenta este evento, le corresponderá al Ministerio de Hacienda y Crédito Público aportar el documento técnico respectivo donde se demuestre que dichos recursos no son inflacionarios por sí solos.

(D. 2757/2005, art. 9º)

TÍTULO 2

Aspectos especiales del endeudamiento de algunas entidades públicas

CAPÍTULO 1

Determinación de la capacidad de pago de las entidades territoriales

ART. 2.2.2.1.1.—Operaciones de crédito público. Para efectos de lo previsto en la Ley 358 de 1997, se encuentran comprendidos dentro de las operaciones de crédito público los actos o contratos que tengan por objeto dotar a las entidades territoriales de recursos con plazo para su pago, de bienes o servicios con plazo para su pago superior a un año, así como los actos o contratos análogos a los anteriores. También se encuentran comprendidos aquellos actos o contratos mediante los cuales las entidades territoriales actúen como deudoras solidarias o garantes de obligaciones de pago y aquellos relacionados con operaciones de manejo de la deuda pública.

(D. 696/98, art. 1º)

ART. 2.2.2.1.2.—Información para determinar los ingresos corrientes. Para efectuar el cálculo de los indicadores intereses/ahorro operacional y saldo de la deuda/ingresos corrientes, a los que se refiere la Ley 358 de 1997, la información sobre ingresos corrientes corresponde a los ingresos presupuestados y efectivamente recibidos en la vigencia fiscal inmediatamente anterior, incluidos los ingresos por recuperación de cartera tributarios y no tributarios.

Para determinar los ingresos corrientes aludidos no se tienen en cuenta los siguientes conceptos:

a) Los recursos de cofinanciación;

b) El producto de las cuotas de fiscalización percibido por los órganos de control fiscal;

c) Los ingresos percibidos en favor de terceros que, por mandato legal o convencional, las entidades territoriales estén encargadas de administrar, recaudar o ejecutar;

d) Los activos, inversiones y rentas titularizados, así como el producto de los procesos de titularización;

e) Los recursos del sistema general de participaciones cuando los departamentos, distritos o municipios no hayan sido certificados para administrarlos autónomamente;

f) El producto de la venta de activos fijos; y

g) Los excedentes financieros de las entidades descentralizadas que se transfieran a la administración central.

(D. 696/98, art. 2º)

ART. 2.2.2.1.3.—Determinación de los intereses de la deuda. Para determinar el monto de los intereses de la deuda que ha de emplearse en el cálculo del indicador intereses/ahorro operacional se suman los intereses pagados durante la vigencia fiscal; los causados cuyo pago deba efectuarse dentro de la misma vigencia; los de la nueva operación de crédito público; los intereses de mora; los de créditos de corto plazo; y los de sobregiros. Para este propósito, la vigencia fiscal corresponde al período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año en el que se realice el cálculo del respectivo indicador de capacidad de pago.

(D. 696/98, art. 3º)

ART. 2.2.2.1.4.—Créditos de corto plazo. Los créditos de corto plazo que celebren las entidades territoriales podrán destinarse a fines distintos al gasto de inversión, siempre y cuando sean cancelados con recursos diferentes del crédito y dentro de la misma vigencia fiscal en que se contraten.

(D. 696/98, art. 4º)

ART. 2.2.2.1.5.—Obligaciones contingentes. Para efectos del cálculo del saldo de la deuda a que se refiere el artículo 6º de la Ley 358 de 1997, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público fijará el porcentaje por el cual se computarán las obligaciones contingentes según la clase de operación de que se trate.

(D. 696/98, art. 5º)

ART. 2.2.2.1.6.—Cálculo de indicadores. Los indicadores intereses/ahorro operacional y saldo de la deuda/ingresos corrientes, de que trata la Ley 358 de 1997, se deben calcular para la celebración de cada operación de crédito público.

(D. 696/98, art. 6º)

ART. 2.2.2.1.7.—Verificación y estudio de la capacidad de pago. Las entidades que otorguen créditos a las entidades territoriales deberán verificar la capacidad de pago de las mismas. Si hay lugar a ello, deberán, asimismo, acordar el diseño del plan de desempeño en los términos del artículo 2.2.2.1.10 del presente título y exigir la autorización de endeudamiento. La inobservancia de esta disposición dará lugar a la aplicación de sanciones correspondientes.

(D. 696/98, art. 7º)

ART. 2.2.2.1.8.—Endeudamiento que requiere autorización. Las entidades territoriales requieren autorización de endeudamiento cuando se presente cualquiera de los siguientes eventos:

a) Cuando la relación intereses/ahorro operacional sea superior al 40% sin exceder el 60%, siempre que el saldo de la deuda de la vigencia anterior se incremente, con la nueva operación, a una tasa superior a la variación del índice de precios al consumidor (IPC), o meta de inflación, proyectada por el Banco de la República para la vigencia;

b) Cuando la relación intereses/ahorro operacional supere el 60%;

c) Cuando la relación saldo de la deuda/ingresos corrientes supere el 80%.

PAR.—Las operaciones de manejo de la deuda pública a que se refiere el artículo 2.2.1.1.3 del capítulo 1 del título 1 de esta misma parte no requieren autorización de endeudamiento.

Las operaciones de crédito público que impliquen la refinanciación de intereses requieren autorización de endeudamiento cuando se presente cualquiera de los eventos descritos en los literales a), b) y c) de este artículo.

(D. 696/98, art. 8º)

ART. 2.2.2.1.9.—Solicitud de autorizaciones. Los municipios no capitales que se encuentren en la situación prevista en el literal a) del artículo anterior presentarán la solicitud de autorización de endeudamiento ante el respectivo departamento.

En los demás casos en que se requiera autorización de endeudamiento, la misma se solicitará ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

(D. 696/98, art. 9º)

ART. 2.2.2.1.10.—Planes de desempeño. Los planes de desempeño de que trata la Ley 358 de 1997 y el presente capítulo contendrán un diagnóstico financiero e institucional de las respectivas entidades territoriales, incluido el cálculo de los indicadores de capacidad de pago. Contendrán, así mismo, las acciones, medidas y metas que se comprometen a instaurar o lograr en un período determinado, con base en las capacidades, instrumentos y restricciones con que cuenten las entidades territoriales, y deberán estar orientados a restablecer su solidez económica y financiera.

El contenido de los planes de desempeño deberá ser acordado entre la entidad territorial y la entidad prestamista, teniendo en cuenta, para el efecto, su viabilidad e incidencia fiscal y financiera, así como la correspondencia entre el uso previsto de los recursos del crédito y el uso legalmente autorizado.

La ejecución y el cumplimiento de los planes de desempeño son responsabilidad exclusiva de la respectiva entidad territorial.

(D. 696/98, art. 10)

ART. 2.2.2.1.11. Conformidad con los planes de desempeño. Para efectos de dar su conformidad con los planes de desempeño que les presenten las entidades territoriales, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público —Dirección General de Apoyo Fiscal— o los departamentos, según el caso, observarán los siguientes aspectos:

a) Viabilidad de las medidas, acciones y metas previstas en el plan de desempeño;

b) Incidencia del plan de desempeño sobre la situación fiscal, financiera y administrativa de la respectiva entidad territorial; y efectividad probable de las medidas, acciones y metas previstas para restablecer la solidez económica y financiera de las mismas o para evitar su deterioro;

c) Efectos del crédito que se pretende contratar sobre las finanzas de la entidad territorial, y correspondencia entre el uso previsto de los recursos del crédito y el uso autorizado por la ley; y

d) Antecedentes de la entidad territorial en relación con el cumplimiento de planes de desempeño.

PAR. La conformidad con los planes de desempeño y las autorizaciones de endeudamiento, por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o de los departamentos, en ningún caso constituye aval, garantía o compromiso en relación con las operaciones de crédito público que en desarrollo de las mismas celebre la entidad territorial.

(D. 696/98, art. 11)

ART. 2.2.2.1.12.—Cumplimiento de los planes de desempeño. Sin perjuicio de la función de evaluación atribuida por la Ley 358 de 1997 a la Dirección General de Apoyo Fiscal, los departamentos harán el seguimiento de los planes de desempeño de los municipios no capitales a los que les otorguen autorización de endeudamiento. En el evento de que estos municipios incumplan los planes de desempeño, los departamentos enviarán a la Dirección General de Apoyo Fiscal los informes correspondientes para dar aplicación a lo dispuesto en el siguiente artículo.

(D. 696/98, art. 12)

ART. 2.2.2.1.13.—Información sobre incumplimiento. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público —Dirección General de Apoyo Fiscal— informará, para los efectos previstos en las normas vigentes, a la Superintendencia Financiera de Colombia sobre las entidades territoriales que incumplan con los planes de desempeño.

(D. 696/98, art. 13)

ART. 2.2.2.1.14.—Sobre el alcance del registro del crédito. El registro de las operaciones de crédito público que deben realizar las entidades territoriales no las exime de las autorizaciones y requisitos exigidos por la Ley 358 de 1997 y el presente capítulo.

(D. 696/98, art. 14)

CAPÍTULO 2

Determinación de la capacidad de pago para las entidades descentralizadas del orden territorial

ART. 2.2.2.2.1.—Calificación de capacidad de pago. Establécese el sistema obligatorio de calificación de capacidad de pago para las entidades descentralizadas del orden territorial. En consecuencia, dichas entidades no podrán gestionar endeudamiento externo ni efectuar operaciones de crédito público externo o interno con plazo superior a un año, si no han obtenido previamente la calificación sobre su capacidad de pago.

Las entidades atrás indicadas también deberán contar con la calificación sobre su capacidad de pago cuando vayan a llevar a cabo titularizaciones a que se refiere la Circular Externa 1 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 25 de enero de 1996.

(D. 610/2002, art. 1º)

ART. 2.2.2.2.2.—Criterios para determinar la capacidad de pago. La capacidad de pago de las entidades descentralizadas de los entes territoriales será determinada a partir de los siguientes criterios, cuyo análisis es obligatorio:

a) Con respecto a las características de la entidad:

1. Naturaleza jurídica de la entidad calificada.

2. Descripción del sector e índole de las actividades a su cargo.

3. Competidores y posición competitiva.

4. Situación económica, de orden público, política y social en que se desenvuelve la entidad objeto de la calificación.

5. Recursos tecnológicos con que cuenta la entidad.

6. Promoción de las actividades y servicios que constituyen el objeto de la entidad pública calificada.

7. Solidez de la posición de la entidad frente a condiciones adversas de cualquier índole.

b) Con respecto a las actividades propias de su objeto:

1. Índole del objeto y destinación de recursos de la entidad.

2. Estructura administrativa de la entidad y recursos humanos.

3. Orientación estratégica de la entidad.

4. Actividad de la entidad y tendencia actual.

5. Grado de regulación normativa acerca de su acción.

6. Barreras de entrada y salida para la actividad desarrollada por la entidad objeto de la calificación.

7. Logros más importantes de la entidad con respecto a su gestión financiera y operativa.

8. Propiedad y posible apoyo en caso de dificultades financieras.

9. Contingencias económicas que pueden surgir por pleitos legales.

c) Con respecto a la composición general de ingresos y gastos:

1. Análisis financiero, incluyendo proyecciones sobre los principales indicadores de rentabilidad, endeudamiento, capital, activos y liquidez.

2. Análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la entidad.

3. Requerimientos de inversión y desarrollo futuro.

4. Políticas de financiación y capitalización.

5. Cumplimiento de presupuestos anteriores y políticas para presupuestación futura.

6. Compromisos adquiridos con proveedores, Gobierno Nacional, otras entidades públicas y clientes.

7. Garantías otorgadas por la entidad calificada.

8. Garantías recibidas por la entidad calificada.

9. Información pública de organismos reguladores.

10. En caso de existir documentos externos de análisis financiero provistos por analistas independientes.

PAR.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2339 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(D. 610/2002, art. 4º)

ART. 2.2.2.2.3.—Entidades autorizadas para calificar la capacidad de pago. La calificación de la capacidad de pago de las entidades descentralizadas de los entes territoriales, será realizada por las sociedades calificadoras de valores y actividades análogas que se encuentren debidamente autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

(D. 610/2002, art. 5º)

ART. 2.2.2.2.4.—Obligaciones de las calificadoras de valores. La calificación sobre capacidad de pago de las entidades descentralizadas del orden territorial que emitan las calificadoras de valores, deberá expresar que se siguieron los criterios señalados en el artículo 2.2.2.2.2 del presente capítulo.

En el evento en que la entidad calificadora estime que alguno de los criterios indicados no puede aplicarse a la entidad descentralizada, deberá justificarlo expresamente al emitir la correspondiente calificación sobre su capacidad de pago.

En todo caso, cuando se califique la capacidad de pago de una entidad descentralizada del orden territorial, quien haya emitido la calificación deberá efectuar un seguimiento sobre la calificada a fin de verificar periódicamente su vigencia.

Calificada la capacidad de pago de una entidad descentralizada del orden territorial, la entidad que haya emitido la correspondiente calificación deberá ponerla en conocimiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, así como todos los cambios que advierta en lo sucesivo, en relación con la misma, a raíz del correspondiente seguimiento.

(D. 610/2002, art. 6º)

ART. 2.2.2.2.5.—Selección de la calificadora de valores. Las entidades señaladas en el artículo 2.2.2.2.1 del presente capítulo que requieran una calificación sobre su capacidad de pago, deberán escoger quien deba efectuarla de acuerdo con las disposiciones aplicables en materia de contratación administrativa.

Sin perjuicio de lo anterior, los contratos que se celebren para obtener la calificación de la capacidad de pago de las entidades a que se refiere el presente artículo, se considerarán incluidos dentro de las operaciones reguladas por el artículo 2.2.1.1.4 del capítulo 1 del título 1 de la presente parte o las normas que lo modifiquen.

(D. 610/2002, art. 7º)

ART. 2.2.2.2.6.—Información financiera básica. No obstante que las personas autorizadas para calificar capacidad de pago de las entidades a que se refiere el presente capítulo puedan emplear información complementaria para la elaboración de los estudios pertinentes, la información financiera básica que deberán utilizar será la registrada en la Contaduría General de la Nación.

(D. 610/2002, art. 8º)

ART. 2.2.2.2.7.—(Modificado).* Prohibición de exceder la capacidad de pago. En los términos del artículo 8º de la Ley 358 de 1997, los miembros de las juntas o consejos directivos de las entidades descentralizadas del orden territorial deberán verificar al autorizar la gestión o celebración de operaciones de crédito público el cabal cumplimiento del artículo 364 de la Constitución Política.

*(Nota: Modificado por el Decreto 2339 de 2015 artículo 2° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(D. 610/2002, art. 9º)

ART. 2.2.2.2.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2339 de 2015 artículo 3° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 3

Determinación de la capacidad de pago para áreas metropolitanas, asociaciones de municipios y otras entidades estatales de naturaleza especial

ART. 2.2.2.3.1.—Ámbito de aplicación. Para los efectos del artículo 7º de la Ley 781 de 2002, las siguientes entidades estatales podrán demostrar su capacidad de pago según lo dispuesto por el capítulo 2 anterior:

1. Las áreas metropolitanas.

2. Las asociaciones de municipios.

3. Los entes universitarios autónomos.

4. Las corporaciones autónomas regionales.

5. La Autoridad Nacional de Televisión.

(D. 3480/2003, art. 1º)

ART. 2.2.2.3.2.—Verificación de la existencia de capacidad de pago. El funcionario competente para autorizar las operaciones de crédito público de las entidades señaladas en el artículo anterior, deberá comprobar previamente que ellas tienen capacidad de pago, mediante el concepto a que se refiere el artículo 2.2.1.8 del título 1 de la presente parte de este decreto único o por medio de la calificación expedida según el capítulo 2 anterior y que tales requisitos han sido satisfechos siguiendo los criterios que establece el artículo 2.2.2.2.2 de este último.

(D. 3480/2003, art. 2º)

ART. 2.2.2.3.3.—Informe al Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre variaciones de la situación financiera. Las entidades estatales enumeradas por el artículo 2.2.2.3.1 del presente capítulo que celebren operaciones de crédito público autorizadas con fundamento en los documentos que indica el artículo precedente, deberán informar trimestralmente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público —Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional— las variaciones en su situación financiera que, a juicio de la entidad que efectuó inicialmente su valoración, pueden afectarla de manera significativa y adversa.

(D. 3480/2003, art. 3º)

ART. 2.2.2.3.4.—Validez de la calificación de capacidad de pago. La calificación sobre capacidad de pago será válida solamente si se fundamenta en la información financiera registrada en la Contaduría General de la Nación.

(D. 3480/2003, art. 4º)

TÍTULO 3

Préstamos de la Nación a las entidades territoriales y a las entidades descentralizadas

ART. 2.2.3.1.—Préstamos a las entidades territoriales y a las entidades descentralizadas. Para efectos de los préstamos de que trata el artículo 43 del estatuto orgánico del presupuesto general de la Nación corresponderá al Ministerio de Hacienda y Crédito Público fijar en los contratos respectivos las condiciones financieras y las garantías, de conformidad con el estudio que adelante a través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, para lo cual el ente destinatario o la entidad prestataria deberá presentar ante la citada dependencia los siguientes documentos:

a) Solicitud suscrita por el ministro, jefe de departamento administrativo, gobernador, alcalde, administrador o representante del ente destinatario de los recursos, de ser este el caso;

b) Copia debidamente autenticada de la ordenanza, acuerdo, decreto, resolución o acta que autorice al representante del prestatario o a éste como administrador o representante del ente destinatario de los recursos, de ser el caso, para contratar el préstamo y otorgar las garantías que lo respalden.

c) En los casos en que la autorización proceda mediante acta de junta directiva u otro organismo directivo que haga sus veces, bastará allegar la certificación del secretario de la misma, la cual deberá contener el extracto correspondiente;

d) Certificado de libertad de las garantías que habrán de otorgarse, suscrito por la autoridad competente, y

e) Los documentos demostrativos de la situación financiera de la entidad prestataria y del ente destinatario de los recursos, de ser éste el caso, así como los demás que, a juicio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público —Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional—, deba aportar.

(D. 1945/92, art. 1º)

ART. 2.2.3.2.—Suscripción y perfeccionamiento de los contratos de préstamo. Los contratos de préstamo de que trata el artículo anterior, serán suscritos por el Presidente de la República y el Ministro de Hacienda y Crédito Público, en nombre de la Nación, o por este último, conforme a las normas de delegación vigentes, y, por el representante del prestatario. Estos contratos se perfeccionarán mediante su publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP.

(D. 1945/92, art. 2º)

ART. 2.2.3.3.—Desembolsos. Previo el cumplimiento de los requisitos contractuales, el Gobierno Nacional efectuará los desembolsos con sujeción a las apropiaciones presupuestales y con estricto cumplimiento de las disposiciones presupuestales.

(D. 1945/92, art. 3º)

ART. 2.2.3.4.—Requisito previo a la celebración de los contratos de préstamo. Los contratos de préstamo de que trata el artículo 43 del estatuto orgánico del presupuesto general de la Nación, sólo podrán celebrarse con los entes y entidades que se encuentren a paz y salvo con la Nación en el pago de préstamos u otras operaciones de crédito respectivamente otorgados o celebrados con anterioridad.

Lo anterior es igualmente aplicable a las entidades de cualquier naturaleza que, como administradoras o representantes de los entes destinatarios de los recursos, actúen como prestatarias en los contratos de préstamo de que trata el artículo 43 del estatuto orgánico del presupuesto general de la Nación.

(D. 1945/92, art. 4º)

ART. 2.2.3.5.—Reestructuración de los préstamos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar mediante resolución, la restructuración de los préstamos otorgados por la Nación en desarrollo de lo previsto en el 43 del estatuto orgánico del presupuesto general de la Nación, previo estudio correspondiente que adelante la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, para lo cual, la entidad o ente interesado deberá allegar a dicha dirección los siguientes documentos:

a) Solicitud motivada suscrita por el representante de la entidad prestataria;

b) Copia debidamente autenticada de la ordenanza, acuerdo, decreto, resolución o acta que autorice al representante del prestatario o a éste como administrador o representante del ente destinatario de los recursos, de ser el caso, para contratar el préstamo y otorgar las garantías que lo respalden.

c) En los casos en que la autorización proceda mediante acta de junta directiva u otro organismo directivo que haga sus veces, bastará allegar la certificación del secretario de la misma, la cual deberá contener el extracto correspondiente;

d) Certificado de libertad de las garantías que habrán de otorgarse, suscrito por la autoridad competente, y

e) Los documentos demostrativos de la situación financiera de la entidad prestataria y los demás que, a juicio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público —Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional—, deba aportar.

PAR.—Una vez cumplidos los requisitos anteriores y aprobada la restructuración de los contratos de préstamo de que trata el presente artículo, los contratos respectivos serán elaborados por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y suscritos por el Presidente de la República y el Ministro de Hacienda y Crédito Público, en nombre de la Nación, o por este último, conforme a las normas de delegación vigentes y por el representante del prestatario. Estos contratos se perfeccionarán mediante su publicación en el sistema electrónico para la contratación pública, SECOP.

(D. 1945/92, art. 5º)

ART. 2.2.3.6.—Consignación al tesoro nacional. Las entidades prestatarias deberán consignar a disposición del tesoro nacional, en las fechas de pago pactadas en los contratos, el valor de las cuotas de amortización, intereses, comisiones, gastos y demás erogaciones correspondientes al servicio de la deuda contraída con la Nación.

(D. 1945/92, art. 6º)

ART. 2.2.3.7.—Inclusión de la deuda en los proyectos anuales de presupuesto. Las entidades prestatarias estarán obligadas a incluir en sus proyectos anuales de presupuesto el valor de las amortizaciones, intereses, comisiones, gastos y demás erogaciones correspondientes a las deudas contraídas con la Nación.

(D. 1945/92, art. 7º)

PARTE 3

Tesorería y manejo de los recursos públicos

TÍTULO 1

Sistema de cuenta única nacional

ART. 2.3.1.1.—Definición del sistema de cuenta única nacional. El sistema de cuenta única nacional (SCUN) es el conjunto de procesos de recaudo, traslado, administración y giro de recursos realizados por los órganos que conforman el presupuesto general de la Nación. Los lineamientos y procedimientos para el traslado de recursos al SCUN, su administración y giro serán establecidos por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme a las normas orgánicas del presupuesto.

Los ingresos del sistema de cuenta única nacional corresponden al recaudo de las rentas y recursos de capital establecidos en el artículo siguiente y su correspondiente traslado a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

Los recursos que se trasladen al sistema de cuenta única nacional serán administrados por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público hasta tanto se efectúen los giros para atender el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el presupuesto general de la Nación.

Los giros corresponden al pago de obligaciones en nombre de cada órgano ejecutor del presupuesto general de la Nación, con los recursos disponibles en el sistema de cuenta única nacional.

Los procedimientos corresponden a las disposiciones que de conformidad con las normas presupuestales imparta la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la administración de los recursos que integran el sistema de cuenta única nacional en los términos del artículo 2.3.1.5 de este título.

Para la administración de los recursos del sistema de cuenta única nacional, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público contará con un mecanismo de registro por entidad, tanto de los traslados como de los giros de recursos realizados con cargo al sistema de cuenta única nacional.

PAR.—En los casos en que no se pueda realizar pago a beneficiario final, los recursos se podrán ubicar en la cuenta que para el efecto indique previamente la entidad estatal.

(D. 2785/2013, art. 1º)

ART. 2.3.1.2.—Ámbito de aplicación. Las disposiciones del sistema de cuenta única nacional se aplicarán a los recursos que forman parte del Presupuesto General de la Nación, y a los que por disposición legal administre la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con excepción de los establecimientos públicos que administran contribuciones parafiscales y los órganos de previsión y seguridad social que administren prestaciones sociales de carácter económico.

Los recursos del sistema de cuenta única nacional seguirán conservando la naturaleza, propiedad y fines de la ley que los creó.

(D. 2785/2013, art. 2º)

ART. 2.3.1.3.—Recaudo y ejecución de recursos del sistema de cuenta única nacional. Las respectivas entidades estatales y sus correspondientes órganos de administración o dirección serán los responsables del recaudo, clasificación y ejecución de sus recursos propios, administrados y de los fondos especiales que sean trasladados al sistema de cuenta única nacional.

(D. 2785/2013, art. 3º)

ART. 2.3.1.4.—Traslado de recursos a la Cuenta Única Nacional. A partir del 18 de septiembre de 2014 y previa instrucción de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los recaudos de los recursos propios, administrados y de los fondos especiales de los órganos que forman parte del Presupuesto General de la Nación deberán trasladarse a la cuenta única que para estos efectos disponga la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Los recursos propios, administrados y de los fondos especiales que al 29 de noviembre de 2013 se encuentren invertidos en títulos de deuda pública emitidos por la Nación o cualquier otro activo financiero distinto de estos y que no se encuentren generando pérdidas de capital, se incorporarán como ingresos del sistema de cuenta única nacional por su valor equivalente a precios de mercado, para lo cual se realizará una transferencia de los derechos incorporados en dichos títulos ante el depósito central de valores del Banco de la República a favor de la Nación - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

En el evento en que las inversiones que no hayan sido trasladadas al sistema de cuenta única nacional por encontrarse generando pérdidas de capital, produzcan algún recaudo por concepto de rendimientos, dividendos o amortización, se deberá proceder con el traslado de este recaudo en los términos del presente artículo. En todo caso, se deberá proceder al traslado de dichas inversiones cuando las mismas hayan dejado de generar pérdidas de capital.

PAR.—Hasta tanto la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional no emita la instrucción de inclusión de recursos al sistema de cuenta única nacional, de conformidad con lo descrito en el artículo 2.3.1.7 del presente título, los órganos que forman parte del Presupuesto General de la Nación deberán continuar administrando y ejecutando directamente sus ingresos por concepto de recursos propios, administrados y de los fondos especiales.

La inversión de los excedentes de liquidez que se generen en esta administración seguirá atendiendo las disposiciones legales aplicables y se podrán liquidar anticipadamente con el fin de atender compromisos de gasto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.3.3.2.4 y 2.3.3.3 del título 3 de la presente parte o cualquier norma que lo modifique o adicione.

(D. 2785/2013, art. 4º modificado por el D. 1780/2014, art. 1º)

ART. 2.3.1.5.—Administración de recursos del sistema de cuenta única nacional. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público establecerá para cada entidad o fondo especial a los que se les aplique el presente título, los procedimientos operativos, plazos y flujos de información requeridos para el funcionamiento del sistema de cuenta única nacional de conformidad con lo establecido en el artículo 2.3.1.7 del presente título.

(D. 2785/2013, art. 5º)

ART. 2.3.1.6.—Disponibilidad de recursos para la atención de giros. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se abstendrá de efectuar giros a beneficiarios de gastos, financiados con recursos propios de los establecimientos públicos del orden nacional y los fondos especiales, en caso de no existir disponibilidad de los mismos en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación.

(D. 2785/2013, art. 6º)

ART. 2.3.1.7.—Artículo transitorio. Plazos y criterios para la inclusión de recursos en el sistema de cuenta única nacional. Para que los recursos de que trata el artículo 2.3.1.2 del presente título sean incluidos en el sistema de cuenta única nacional, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional mediante comunicación escrita emitirá la instrucción correspondiente para que el órgano respectivo efectúe el traslado.

En todo caso, a más tardar el 31 de diciembre de 2015, las entidades obligadas deberán trasladar a la cuenta única que para estos efectos disponga la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público los recursos propios, administrados o de fondos especiales.

PAR.—A partir del 26 de diciembre de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2015, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional tendrá en cuenta cualquiera de los siguientes criterios para incluir en forma progresiva los recursos de las entidades que deban trasladarse a la Cuenta Única Nacional: i) Entidades o fondos que hayan reportado los mayores promedios mensuales de que trata el artículo 2.3.3.2.10 del capítulo 2 del título 3 de la presente parte durante la última vigencia fiscal, o, ii) entidades o fondos que presenten el mayor crecimiento del saldo nominal de TES de los últimos doce (12) meses, o iii) entidades o fondos que tengan la menor ejecución presupuestal de la vigencia con cargo a recursos propios.

(D. 2785/2013, art. 7º modificado por el D. 2711/2014, art. 1º)

ART. 2.3.1.8.—Rendimientos financieros. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional abonará una vez al año, máximo hasta el último día hábil bancario de la vigencia fiscal, el valor de los rendimientos generados por los recursos administrados en el SCUN de acuerdo a los recursos manejados y a las inversiones realizadas en el lapso en que permanecieron los saldos disponibles.

(D. 1780/2014, art. 2º)

ART. 2.3.1.9.—Banco agente para la implementación del sistema de cuenta única nacional. El Banco de la República actuará como único banco agente para la implementación de la Cuenta Única Nacional, de acuerdo con la relación contractual que para el efecto se establezca.

(D. 1425/98, art. 2º)

ART. 2.3.1.10.—Pagos con cargo al Presupuesto General de la Nación. Todos los pagos a beneficiarios originados en los órganos con cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación, deberán ser realizados por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional mediante abono en cuenta, a través del sistema ACH del banco agente.

(D. 1425/98, art. 3º)

CAPÍTULO 1

Titularidad de recursos de la Nación en patrimonios autónomos

ART. 2.3.1.1.1.—Reintegro de tesorería de saldos de recursos públicos en patrimonios autónomos. Las entidades ejecutoras del presupuesto general de la Nación que hayan recibido aportes de la Nación destinados a la ejecución de recursos a través de patrimonios autónomos deben ordenar a los administradores de los patrimonios autónomos, siempre que el contrato lo permita, el reintegro a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de los saldos disponibles en dichos patrimonios que no estén amparando obligaciones cuyo giro se haya realizado con más de dos años de anterioridad. Dicho reintegro de tesorería se efectuará a la cuenta que para ello indique la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional según su capacidad operativa podrá definir la gradualidad en la que se hagan los reintegros.

Tratándose de contratos de fiducia que respalden el pago de obligaciones sujetas a condición, las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación que hayan recibido aportes de la Nación destinados a la ejecución de recursos a través de patrimonios autónomos, cederán los derechos fiduciarios que reflejen dichos saldos disponibles a favor de la Nación —Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional— para que esta reporte los derechos fiduciarios, sin que ello afecte los recursos en los patrimonios autónomos.

Por saldos públicos disponibles en patrimonios autónomos se entenderán los saldos de la cuenta contable de la entidad ejecutora de presupuesto respecto de recursos de la Nación girados al patrimonio autónomo, que no se encuentren amparando obligaciones, deduciendo el valor de los aportes efectuados con recursos de la Nación que se hayan girado en los últimos dos (2) años calendario.

PAR. 1º—Exceptúese de la obligación de reintegro de que trata el presente artículo a los patrimonios autónomos constituidos con recursos públicos para atender proyectos de agua potable y saneamiento básico, y los recursos de previsión y seguridad social que administren prestaciones sociales de carácter económico.

PAR. 2º—En el marco de este capítulo entiéndase por recursos de la Nación girados a patrimonios autónomos que se encuentren amparando obligaciones, aquellos recursos que amparen obligaciones exigibles soportadas en cuentas por pagar con ocasión de la adquisición de bienes o servicios por parte del patrimonio autónomo.

PAR. 3º—Los recursos que reposen en el patrimonio autónomo seguirán conservando la naturaleza, y fines por los cuales fueron constituidos, por lo que de ninguna manera su cesión exime de responsabilidad a la entidad estatal del seguimiento de la debida ejecución de los recursos.

PAR. 4º—Las operaciones de reintegro o de cesión de derechos, según sea el caso, no generarán operación presupuestal alguna.

(D. 2712/2014, art. 1º)

ART. 2.3.1.1.2.—Devolución de recursos reintegrados. En el evento en que haya habido reintegro material de recursos a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, una vez se haga exigible el derecho al pago de la obligación, la administradora del patrimonio autónomo, a través de la entidad ejecutora de presupuesto, solicitará a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional que se realice el giro de devolución respectivo. El giro será realizado por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional al patrimonio autónomo en un plazo no mayor a 5 días. Las operaciones de devolución no generarán operación presupuestal alguna.

(D. 2712/2014, art. 2º)

ART. 2.3.1.1.3.—Reintegro de tesorería a la Nación con plazos menores a dos (2) años. Los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación que sean fideicomitentes de negocios fiduciarios que administren recursos girados por la Nación o que hayan celebrado convenios interadministrativos para la ejecución de proyectos y/o administración de sus recursos, podrán realizar el reintegro de recursos que no estén amparando obligaciones a favor de la Nación conforme lo contemplado en el presente capítulo, aun cuando no hayan transcurrido dos (2) años desde la realización del giro correspondiente. La devolución, si hubiera lugar a ella, se efectuará por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional en los mismos términos del artículo anterior.

(D. 2712/2014, art. 3º)

ART. 2.3.1.1.4.—Reporte de información y afectación de los saldos registrados como reintegro a favor de la Nación. La entidad ejecutora presentará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público un informe mensual del estado de la ejecución de recursos públicos a través de patrimonios autónomos, con corte al mes anterior.

En los informes se discriminará la siguiente información:

1. Saldos iniciales registrados en la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

2. Ingreso por nuevos aportes girados de la Nación.

3. Rendimientos financieros por aportes Nación.

4. Gastos con cargo a recursos Nación por adquisición de bienes y/o servicios del proyecto de inversión.

5. Obligaciones exigibles de pago con cargo al proyecto de inversión al fin de mes.

6. Saldos al fin de mes de recursos a registrar a favor de la Nación en la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

Dicha información deberá ser remitida dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, con fecha de corte del mes anterior.

Con base en la información reportada por la entidad ejecutora, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional procederá a la actualización de los registros contables de los saldos de que trata el artículo 2.3.1.1.1 del presente capítulo.

PAR.—La entidad ejecutora pública será responsable de implementar los mecanismos de información tendientes a obtener del administrador del patrimonio autónomo el estado de ejecución de los recursos del proyecto que administra, con las especificaciones, características y periodicidad requerida. La entidad ejecutora pública será la única responsable de la veracidad de los reportes contables remitidos.

(D. 2712/2014, art. 4º)

ART. 2.3.1.1.5.—Registros en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación. El administrador del SIIF dispondrá de la funcionalidad que permita la definición contable de forma automática tanto para la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional como para la entidad ejecutora.

(D. 2712/2014, art. 5º)

TÍTULO 2

Proceso de giro del programa anual mensualizado de caja

ART. 2.3.2.1.—Aplicación transitoria de los procesos de pago. Las disposiciones contenidas en el presente título sobre el programa anual mensualizado de caja, las cuentas autorizadas y registradas y los pagos del tesoro nacional se aplicarán con carácter transitorio mientras se desarrolla el sistema de cuenta única nacional.

(D. 359/95, art. 1º)

ART. 2.3.2.2.—Programa anual mensualizado de caja, PAC. El programa anual mensualizado de caja, PAC, es el instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles en las cuentas de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional para los órganos financiados con recursos de la Nación y el monto máximo mensual de pagos de los establecimientos públicos del orden nacional con sus propios ingresos, con el fin de cumplir sus compromisos.

(D. 630/96, art. 1º)

ART. 2.3.2.3.—Programación diaria de giros. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional hará la programación diaria de giros con base en la información registrada por las Unidades Ejecutoras en el Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF.

(Artículo actualizado en compilación fundamentado en el D. 630/96, art. 2º)

ART. 2.3.2.4.—Transferencia de recursos únicamente a cuentas autorizadas o registradas. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público solo podrá transferir recursos de la Nación a través de las cuentas autorizadas o registradas.

Los ingresos propios de los establecimientos públicos deberán manejarse en entidades financieras sometidas al control y vigilancia del Estado y deberán sujetarse a los mismos esquemas definidos para la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, bajo la responsabilidad de los funcionarios que tengan la facultad de su manejo.

Los establecimientos públicos podrán pagar con sus propios ingresos obligaciones financiadas con recursos del Presupuesto Nacional mientras la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público transfiere los recursos respectivos.

(D. 359/95, art. 13)

ART. 2.3.2.5.—Definición cuentas autorizadas y registradas. Se denominan cuentas autorizadas las cuentas en las que los órganos del orden nacional de la Administración Pública manejan recursos del Presupuesto General de la Nación excluyendo los ingresos propios de los establecimientos públicos. La autorización correspondiente será impartida por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

Se denominan cuentas registradas las cuentas, diferentes a las autorizadas, a las que la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional traslade recursos de la Nación.

Se exceptúan de la autorización y registro establecidos en el presente artículo las siguientes cuentas, que serán responsabilidad de los funcionarios encargados de su manejo:

1. Las cuentas destinadas al manejo de las rentas parafiscales.

2. Las cuentas de manejo de devolución de impuestos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.

3. Las cuentas en que se manejen recursos de caja menor.

4. Las cuentas radicadas en el exterior. En este caso, el órgano titular deberá mantener informada a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional sobre las aperturas y cancelaciones de cuentas.

(D. 630/96, art. 3º)

ART. 2.3.2.6.—Objetivo de los recursos que se entregan. Los recursos que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, entregue a los órganos y entidades financiados con recursos de la Nación, no tendrán por objeto proveer de fondos las cuentas bancarias oficiales, sino atender los compromisos y obligaciones asumidos por ellos frente a su personal y a terceros, en desarrollo de las apropiaciones presupuestales legalmente autorizadas.

(D. 630/96, art. 10)

ART. 2.3.2.7.—Restricción del uso de los recursos entregado por la Nación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, los recursos de la Nación que entregue el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, —Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional—, a las entidades ejecutoras, no podrán utilizarse para la constitución de depósitos de ahorro y a término, ni a la suscripción de ningún tipo de activos financieros.

(D. 630/96, art. 11)

ART. 2.3.2.8.—Plazo máximo que pueden permanecer los recursos girados en las cuentas autorizadas. Los recursos que formen parte del Presupuesto Nacional, girados por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no podrán mantenerse en cuentas corrientes autorizadas por más de cinco (5) días promedio mensual, contados a partir de la fecha de los giros respectivos, sin perjuicio de aquellos recursos correspondientes a cheques entregados al beneficiario y no cobrados.

En el caso de aquellos órganos que hacen giros a sus oficinas regionales, los cinco (5) días de que trata el inciso anterior se contarán de la siguiente manera: La oficina central deberá hacer el giro a las seccionales a más tardar el día hábil siguiente a aquel en que recibió la transferencia de los recursos de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Las seccionales deberán hacer uso de los recursos en los mismos términos del inciso anterior.

Los saldos de meses anteriores que se mantengan sin utilizar harán parte del cálculo anterior en el mes respectivo, mientras persista esta situación.

Una vez finalizado el mes, si la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional detecta que se mantuvieron recursos en cuentas autorizadas por más de cinco (5) días promedio al mes, lo reportará a la Procuraduría General de la Nación - Procuraduría delegada y a la Contraloría General de la República para que hagan las investigaciones sumarias y apliquen las sanciones del caso.

La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional establecerá los procedimientos y requisitos para el cumplimiento del presente artículo.

PAR.—Los recursos destinados a gastos reservados no estarán sujetos al límite establecido en el inciso 1º del presente artículo.

(D. 359/95, art. 15 parágrafo adicionado por el D. 2001/2005, art. 1º)

ART. 2.3.2.9.—Tiempo de permanencia superior en razón a reciprocidad por servicios especiales. Los recursos del Presupuesto Nacional podrán permanecer por un tiempo superior al establecido en el artículo anterior en cuentas corrientes, cuando así se haya convenido como reciprocidad a servicios especiales que preste el establecimiento financiero donde se encuentra radicada la cuenta. En este evento, los respectivos servicios y el tiempo de reciprocidad deben acordarse previamente y por escrito y las condiciones financieras las autorizará la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

(D. 359/95, art. 16)

ART. 2.3.2.10.—Solicitud de registro de cuenta. La solicitud de registro de una cuenta, debidamente diligenciada y suscrita por quien tenga la capacidad de ordenar el gasto, y el tesorero o pagador, deberá enviarse a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional en el formato que ésta diseñe al efecto.

(D. 359/95, art. 19)

ART. 2.3.2.11.—Manual para autorización de cuentas. Corresponde a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional expedir los manuales en que se establezcan los procedimientos y trámites que deben cumplir los órganos para obtener la autorización de apertura y terminación de cuentas autorizadas.

(D. 630/96, art. 4º)

ART. 2.3.2.12.—Selección del establecimiento financiero. Sin perjuicio de lo establecido por la Ley 80 de 1993 sobre negocios fiduciarios, para la selección, en forma directa, del establecimiento financiero donde los órganos puedan manejar, administrar, invertir o mantener sus recursos, al ser esta una actividad de prestación de servicios profesionales, se tendrán en cuenta criterios comerciales de calidad, costo, seguridad, rapidez y eficiencia de los servicios ofrecidos.

(D. 359/95, art. 20)

ART. 2.3.2.13.—Causales para negar autorización de cuentas. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional podrá negar la autorización para la celebración de contratos para el manejo financiero de los recursos del Presupuesto Nacional, en los siguientes casos:

1. Incumplimiento por parte del órgano solicitante de la obligación de inversión forzosa prevista en la legislación vigente.

2. No remisión o envío extemporáneo de la información que el respectivo órgano deba suministrar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en especial de la prevista en este título.

3. Cuando la pagaduría, respectiva tenga vigente un contrato con una entidad financiera por el mismo concepto de gasto, salvo que se trate de sustitución de cuenta.

4. Cuando el establecimiento financiero correspondiente se encuentre sometido a la vigilancia especial de los órganos de control del estado o a toma de posesión o liquidación forzosa administrativa.

5. Cuando la calificación del establecimiento financiero por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional no sea satisfactoria. Para estos efectos se tendrán en cuenta las condiciones de calidad y cobertura del servicio, las tarifas, la tecnología disponible y la oportunidad y calidad de los reportes periódicos de información.

6. Cuando durante el último año la entidad financiera haya incumplido las obligaciones de los contratos de cuenta corriente suscritos con los órganos ejecutores de presupuesto nacional.

7. No remisión o envío extemporáneo y/o incompleto de la información que el respectivo órgano deba suministrar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en razón a convenios vigentes, a la normatividad aplicable y a los manuales expedidos por la mencionada dirección.

8. Cuando la calificación de la entidad financiera, realizada por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, no sea satisfactoria. Para estos efectos se tendrán en cuenta las condiciones de calidad y cobertura del servicio, las tarifas, la tecnología disponible y, en especial, y la oportunidad y calidad de todos los reportes periódicos de información que la entidad financiera deba presentar ante dicha Dirección, en razón a convenios vigentes o a la normatividad aplicable.

9. Cuando al órgano, en los seis (6) meses anteriores a la fecha de la solicitud, se le haya otorgado autorización para la celebración de un contrato de cuenta por el mismo concepto, y no lo haya celebrado en el término indicado en los manuales expedidos por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

PAR.—Por solicitud expresa de los órganos públicos, diligenciada y suscrita por el ordenador del gasto y el tesorero o pagador respectivo, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional deberá autorizar la apertura de cuentas corrientes, ya sea de nuevas cuentas o por sustitución, en establecimientos financieros que cuenten con capital garantía otorgado por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafin.

Lo anterior siempre y cuando, de acuerdo con el artículo anterior, prevalezca la calidad, seguridad y eficiencia de los servicios ofrecidos por la entidad financiera, y que ello no implique la dispersión de fondos a más de un beneficiario final, para garantizar la implantación de la Cuenta Única Nacional.

(D. 359/95, art. 22, num. 6º incluido por el D. 564/2013, art. 2º , y parágrafo adicionado mediante el D. 1183/98, art. 1º. Numerales 7º, 8º y 9º añadidos en compilación del art. 5º del D. 630/96)

ART. 2.3.2.14.—Terminación contrato de cuenta autorizada. El órgano que desee dar por terminado un contrato de cuenta autorizada deberá remitir a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la solicitud correspondiente debidamente diligenciada y suscrita por el ordenador del gasto y el tesorero o pagador respectivo.

El contrato de cuenta se dará por terminado dentro del mes siguiente a la fecha en que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional autorice su terminación.

(D. 359/95, art. 23)

ART. 2.3.2.15.—Causales para solicitar la terminación de una cuenta. Cada órgano podrá solicitar la terminación de una cuenta, en los siguientes eventos:

1. Pérdida, destrucción o hurto de la respectiva chequera, talonario o similar. En este evento, la cuenta que la sustituya deberá abrirse en la misma sucursal o agencia y entidad financiera en que se manejaba la cuenta cuyo contrato se autoriza terminar;

2. Cierre de la sucursal o agencia en que se había abierto la respectiva cuenta;

3. Cambio de domicilio de la entidad.

PAR.—La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional podrá ordenar la terminación de los contratos con las entidades financieras en las que se manejan los recursos del Presupuesto Nacional, en los siguientes eventos:

1. Incumplimiento por parte de la entidad financiera de los requisitos establecidos para el desarrollo de la cuenta única nacional;

2. Cuando la entidad financiera se rehúse a participar, o demande condiciones remuneratorias que no sean aceptadas por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para el desarrollo del plan piloto o el establecimiento de la cuenta única nacional, o niegue la apertura de cuentas pertenecientes a la cuenta única nacional;

3. Cuando se envíe en forma extemporánea o incorrecta la información que se le solicite en desarrollo de lo dispuesto en el presente título.

4. En caso de cambio de domicilio del órgano, y cuando la entidad financiera no cumpla con los criterios mínimos de calificación, según los parámetros establecidos por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

(D. 359/95, art. 24, num. 3º derogado por el D. 564/2013, art. 7º num. 4º añadido en compilación del art. 6º D. 630/96)

ART. 2.3.2.16.—Obligatoriedad de los requisitos en el manejo de las cuentas. Las entidades financieras no podrán abrir, manejar o terminar los contratos de cuenta con los órganos, sin el lleno de los requisitos establecidos en el presente título y en las demás normas aplicables. Los órganos de vigilancia estatales velarán por el cumplimiento de tales requisitos y por la oportuna y completa remisión de la información solicitada por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, e impondrán las sanciones a que haya lugar.

(D. 359/95, art. 25)

ART. 2.3.2.17.—Plazo y condiciones de sustitución de cuentas corrientes. Durante los meses de marzo y abril de los años impares, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorizará, a solicitud de los órganos ejecutores del presupuesto nacional, la sustitución de las cuentas corrientes autorizadas.

Dichas sustituciones, se realizarán por iniciativa del órgano ejecutor, siempre y cuando las respectivas cuentas corrientes a sustituir tengan como mínimo un (1) año de apertura, y no se presente cualquiera de los presupuestos jurídicos establecidos en el artículo 2.3.2.13.

Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá por solicitud de los órganos ejecutores del presupuesto nacional, de acuerdo con los procedimientos internos que esta defina, efectuar la sustitución de cuentas corrientes autorizadas a otra entidad financiera, en caso de que la entidad financiera no preste un servicio adecuado, en términos de calidad, costos, seguridad y eficiencia.

(D. 1425/98, art. 4º modificado por el D. 564/2013, art. 1º)

ART. 2.3.2.18.—Calificación de las entidades seleccionadas. Sin perjuicio de las demás normas aplicables, los órganos ejecutores del presupuesto nacional solo podrán sustituir las cuentas corrientes con entidades financieras que aprueben la calificación de riesgo efectuada por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

(D. 564/2013, art. 3º)

ART. 2.3.2.19.—Selección objetiva para la sustitución de cuentas autorizadas. En el marco de la normativa de contratación aplicable al órgano ejecutor, para la sustitución de cuentas autorizadas a otra entidad financiera, el órgano ejecutor deberá implementar un proceso de selección objetiva conforme a los principios de contratación administrativa. Asimismo para la selección de la entidad financiera considerará parámetros tales como seguridad, cobertura geográfica, calidad, servicios adicionales y tecnología disponible, eficiencia y menores costos para la Nación y el órgano ejecutor.

(D. 564/2013, art. 4º)

ART. 2.3.2.20.—Responsabilidad. Una vez autorizada la sustitución de las cuentas corrientes por parte de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el órgano ejecutor será responsable de exigir a la entidad financiera la adecuada prestación del servicio conforme a los parámetros de selección y los términos del contrato de cuenta corriente suscrito.

(D. 564/2013, art. 5º)

ART. 2.3.2.21.—Sustitución de cuentas corrientes en una sola entidad financiera. Para efectos de evitar la dispersión de las cuentas corrientes requeridas por un órgano ejecutor en varias entidades financieras, se autorizará la sustitución de cuentas corrientes en una sola entidad financiera.

PAR.—Excepcionalmente por circunstancias de cobertura y eficiencia se autorizará cuentas corrientes en más de una entidad financiera, situación que será evaluada por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

(D. 564/2013, art. 6º)

ART. 2.3.2.22.—Envío de información a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Los órganos deberán enviar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, dentro de los siete (7) primeros días calendario de cada mes, la información que ésta solicite de manera general, relativa al manejo de las cuentas autorizadas o registradas. En todo caso el órgano deberá suministrar cualquier información adicional en los plazos y condiciones que establezca la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

El ordenador del gasto será responsable del envío oportuno y completo de la información respectiva.

(D. 359/95, art. 26)

ART. 2.3.2.23.—Envío relación de cuentas autorizadas a la Contraloría General de la República. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional remitirá a la Contraloría General de la República, en las condiciones y dentro de los términos que la misma Dirección establezca, una relación de las cuentas autorizadas y registradas durante el trimestre inmediatamente anterior, para las investigaciones a que hubiere lugar.

(D. 630/96, art. 7º)

ART. 2.3.2.24.—Pago directo de las obligaciones de la Nación. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional podrá situar directamente al beneficiario final, los fondos para el cumplimiento de obligaciones de la Nación por los siguientes conceptos:

1. Servicio de la deuda pública nacional interna o externa.

2. Cuotas o aportes a instituciones internacionales.

3. El sistema general de participaciones.

4. Pagos que deban hacerse en desarrollo de los convenios celebrados para implantar el esquema de Plan Piloto de la Cuenta Única Nacional.

5. Las obligaciones derivadas de la redención de bonos pensionales.

Para atender el pago del servicio de la deuda pública interna y externa el documento de instrucción de pago deberá ser firmado por el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

(D. 359/95, art. 28 adicionados numerales 4º y 5º y modificado inc. 1º en compilación por el art. 8º D. 630/96)

ART. 2.3.2.25.—Propiedad de los rendimientos de inversiones financieras obtenidos con recursos de la Nación. Los rendimientos de inversiones financieras obtenidos con recursos de la Nación, si se causan pertenecen a ésta y en consecuencia, deberán consignarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su liquidación, en la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 16 del estatuto orgánico del presupuesto general de la Nación, exceptúense los obtenidos con los recursos recibidos por los órganos de previsión y seguridad social, para el pago de prestaciones sociales de carácter económico.

(D. 630/96, art. 12)

ART. 2.3.2.26.—Excedentes de liquidez. Los excedentes de liquidez generados por los ingresos de los establecimientos públicos, no podrán mantenerse en depósitos en cuenta corriente bancaria por más de cinco días hábiles, sin perjuicio de aquellos recursos correspondientes a cheques entregados al beneficiario y no cobrados, pasados los cuales deberán invertirse de conformidad con lo establecido por el artículo 102 del estatuto orgánico del presupuesto general de la Nación.

(D. 359/95, art. 29)

ART. 2.3.2.27.—Excedentes financieros. Los excedentes financieros del ejercicio fiscal anterior de los establecimientos públicos del orden nacional y de las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta con el régimen de aquéllas, deberán ser consignados a nombre de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en la cuantía y fecha establecidas por el Conpes. El incumplimiento en dicho plazo, generará intereses de mora a la tasa máxima legal permitida, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, liquidados sobre el saldo insoluto de la obligación.

(D. 630/96, art. 13)

ART. 2.3.2.28.—Compensación de servicios de instituciones financieras. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá compensar servicios prestados por las instituciones financieras, a través del manejo de los promedios de sus cuentas corrientes en la respectiva institución.

La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional podrá recurrir, para efectos de dicha compensación, a otros tipos de depósitos, siempre y cuando, de su evaluación comparativa bajo condiciones de mercado, se determinen que en términos financieros y de requerimiento de recursos, son más favorables para la Nación que los indicados en el inciso anterior. En este caso, la tasa de rentabilidad y los plazos pactados, reflejarán el costo, valorado en condiciones de mercado, de los servicios prestados por la institución financiera.

(D. 358/95, art. 1º)

ART. 2.3.2.29.—Autorización del Confis. Asignase al Consejo Superior de Política Fiscal Confis, la función de autorizar, para cada caso, la celebración de las operaciones a que se refiere el artículo anterior, previa solicitud presentada por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en la que se deberán especificar:

a) El origen de la operación;

b) La evaluación técnica correspondiente;

c) Las condiciones financieras en que se celebrará la operación y la vigencia de la misma;

d) Las entidades involucradas en la operación.

(D. 358/95, art. 2º)

ART. 2.3.2.30.—Informes mensuales al Confis. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional deberá presentar al Confis informes mensuales sobre los recursos que se encuentren comprometidos mediante el sistema de compensación a que se refiere el presente título.

(D. 358/95, art. 3º)

ART. 2.3.2.31.—Omisión en el cumplimiento de las obligaciones. La omisión en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas en el presente título será reportada a la Procuraduría General de la Nación, para las investigaciones y sanciones a que hubiera lugar.

(D. 359/95, art. 43)

TÍTULO 3

Manejo de excedentes de liquidez

ART. 2.3.3.1.—Definición de excedentes de liquidez. Para los efectos previstos en los capítulos 3 a 5 del presente título, se entiende por excedentes de liquidez todos aquellos recursos que de manera inmediata no se destinen al desarrollo de las actividades que constituyen el objeto de las entidades a que se refieren los mencionados capítulos.

(D. 1525/2008, art. 55)

ART. 2.3.3.2.—Ofrecimiento de los excedentes de liquidez a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Las entidades financieras que manejen excedentes de liquidez de las entidades estatales a que se refiere el capítulo 3 del presente título mediante contratos de administración delegada de recursos, negocios fiduciarios o patrimonios autónomos, con excepción de aquellas que administren recursos de la seguridad social, deberán ofrecer a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 100% de los excedentes de liquidez que se generen en virtud de dicha administración.

Las entidades estatales a las que va dirigido el presente título, así como las entidades financieras que manejen excedentes de liquidez de estas entidades mediante contratos de administración delegada de recursos, negocios fiduciarios o patrimonios autónomos, no podrán utilizar dichos excedentes para celebrar operaciones de crédito, repos o simultáneas ni transferencia temporal de valores, salvo las entidades estatales a que se refiere el capítulo 4 del presente título.

(D. 1525/2008, art. 56)

ART. 2.3.3.3.—Oferta de títulos a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Las entidades estatales a que se refiere el presente título que requieran liquidez podrán ofrecer los títulos, en primera opción, a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, salvo las entidades estatales a que hace referencia el capítulo 2 del presente título las cuales están obligadas a realizar tal ofrecimiento. Para tales efectos, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en condiciones de mercado y con sujeción a su flujo de caja, deberá comunicar a la entidad dentro de los dos días siguientes al ofrecimiento, si se encuentra interesada en la compra, con indicación de las condiciones ofrecidas; en caso contrario, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional deberá manifestar por escrito su autorización para que la entidad acuda al mercado secundario para la negociación de los respectivos títulos.

Este ofrecimiento debe realizarse vía fax u otro mecanismo idóneo, detallando las siguientes características del título a redimir: número de emisión, fecha de emisión, fecha de vencimiento, tasa cupón, valor nominal, y aclarar si fue adquirido mediante inversión convenida o forzosa. En este último caso se deberá adicionar la fecha y tasa de compra del título que desea redimir.

Cuando las entidades estatales a que se refiere el presente título requieran vender la respectiva inversión en valores, no podrán registrar pérdidas por concepto de capital y las negociaciones deberán efectuarse en condiciones de mercado. No obstante, los recursos manejados a través de carteras colectivas, se sujetarán a las disposiciones propias de este tipo de instrumentos.

(D. 1525/2008, art. 57)

ART. 2.3.3.4.—Reporte trimestral sobre el portafolio de inversiones. Las entidades a las que se refiere el presente título salvo las previstas en el capítulo 5, deberán reportar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, la información relacionada con su portafolio de inversiones con una periodicidad trimestral con corte a 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de cada año, la cual deberá presentarse ante la misma dirección, máximo un mes después de la fecha de corte. Dicha información deberá contener como mínimo, fecha de la inversión, fecha de vencimiento del instrumento, valor nominal y valor de giro al momento de la compra, tasa de rentabilidad efectiva anual para el inversionista y contraparte con la cual se realizó la operación. Igualmente, se deberá indicar las políticas de inversión que se han aplicado durante el período reportado para el manejo de los excedentes de liquidez, dicha información deberá ser suscrita por el representante legal de la respectiva entidad.

(D. 1525/2008, art. 58)

ART. 2.3.3.5.—Irrevocabilidad de las operaciones con TES. Para las operaciones de compra y venta de títulos de tesorería TES, clase “B” negociadas con la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, se entiende que una vez en firme, las mismas son irrevocables y deben ejecutarse en los términos pactados. En caso que la entidad incumpla con las obligaciones a su cargo, tal situación será reportada a los respectivos órganos de control.

(D. 1525/2008, art. 59)

ART. 2.3.3.6.—Adquisición transitoria de los títulos de deuda de la misma entidad. Las entidades estatales a las que les aplica el presente título podrán adquirir como inversión transitoria los títulos de deuda emitidos por la respectiva entidad, sin que en este evento opere el fenómeno de la confusión. En este caso los títulos adquiridos podrán ser declarados de plazo vencido o negociarlos nuevamente en el mercado secundario.

(D. 1525/2008, art. 60)

ART. 2.3.3.7.—Valoración de inversiones a precios de mercado. Las inversiones a que se refiere el presente título deberán estar valoradas y contabilizadas a precio de mercado.

(D. 1525/2008, art. 61)

ART. 2.3.3.8.—Recursos de la seguridad social. Las disposiciones previstas en el presente título, no aplican respecto a los recursos de la seguridad social, para cuya administración se deberán cumplir las disposiciones especiales previstas, en especial respecto a la constitución, administración, redención y liquidación de las inversiones.

(D. 1525/2008, art. 62)

CAPÍTULO 1

Inversión de los excedentes de liquidez en moneda extranjera de las entidades estatales del orden nacional y territorial

ART. 2.3.3.1.1.—Ámbito de aplicación. Las disposiciones establecidas en el presente capítulo le serán aplicables a los establecimientos públicos del orden nacional, entidades estatales del orden nacional a las cuales se les apliquen las disposiciones de orden presupuestal de aquellos.

PAR.—Lo establecido en el presente capítulo, podrá ser aplicado por las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta, las empresas de servicios públicos domiciliarios mixtas, por la Autoridad Nacional de Televisión, las corporaciones autónomas regionales y los entes universitarios.

(D. 1525/2008, art. 50)

ART. 2.3.3.1.2.—Autorización para invertir excedentes de liquidez en moneda extranjera. Las entidades estatales a las que se refiere el inciso único del artículo anterior y que en desarrollo de su objeto social cuenten con excedentes de liquidez en moneda extranjera, deberán solicitar autorización a Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional para invertir dichos recursos, en el evento en que se emita la citada autorización, podrán hacer las siguientes inversiones:

a) Títulos de deuda pública externa colombiana, y

b) Títulos de deuda pública emitidos por otros gobiernos, cuentas corrientes o de ahorro en moneda extranjera, depósitos remunerados en moneda extranjera, certificados de depósito en moneda extranjera.

PAR. 1º—Las inversiones a que hace referencia el literal b) del presente artículo, deberán ser constituidas en gobiernos o instituciones financieras internacionales que cuenten con una calificación de riesgo de largo plazo como mínimo de (A+) o su equivalente y una calificación de riesgo de corto plazo como mínimo de (A-1+) o su equivalente, emitidas únicamente por aquellas agencias calificadoras de riesgo que califiquen la deuda externa de la Nación. Igualmente podrán invertir en sucursales en el exterior de establecimientos bancarios vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia que cuenten con la máxima calificación vigente para largo y corto plazo según la escala utilizada por las sociedades calificadoras.

PAR. 2º—En el evento en que no se imparta la autorización para efectuar inversiones por parte de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, la entidad estatal deberá proceder a monetizar los excedentes de liquidez en moneda extranjera.

(D. 1525/2008, art. 51)

ART. 2.3.3.1.3.—Compra o venta de recursos en moneda extranjera. Las entidades estatales a que se refiere el artículo 2.3.3.1.1 del presente capítulo que requieran comprar o vender recursos en moneda extranjera, deberán en primera instancia acudir a la subdirección de tesorería de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, informando como mínimo con un día hábil de antelación las condiciones de la respectiva transacción.

En el evento en que la subdirección de tesorería de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no esté interesada en celebrar la operación, deberá notificar a la entidad oferente su decisión por escrito a más tardar el día hábil siguiente a la fecha del ofrecimiento Si dicha notificación no se presenta en el término indicado, se entenderá que la entidad estatal podrá acudir a un Intermediario del Mercado Cambiario (IMC) seleccionado de acuerdo con las políticas de riesgo establecidas por la entidad para tal efecto.

(D. 1525/2008, art. 52)

ART. 2.3.3.1.4.—Reporte de las inversiones en moneda extranjera. Las entidades estatales a que se refiere el artículo 2.3.3.1.1 del presente capítulo que posean recursos o inversiones en moneda extranjera en los términos señalados en los artículos anteriores, deberán reportar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la citada información en forma mensual de conformidad con los procedimientos que para tal efecto establezca la mencionada dirección.

(D. 1525/2008, art. 53)

ART. 2.3.3.1.5.—Condiciones para las inversiones de algunas entidades territoriales y las entidades descentralizadas del orden territorial. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 819 de 2003, las entidades a que hace referencia el artículo 2.3.3.5.1 deberán invertir sus excedentes de liquidez en moneda extranjera de conformidad con los parámetros establecidos en el artículo 2.3.3.1.2 del presente título. Adicionalmente y en el evento en que las citadas entidades requieran comprar o vender divisas, podrán acudir a la Subdirección de Tesorería de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las condiciones previstas en el artículo 2.3.3.1.3 del presente título.

(D. 1525/2008, art. 54)

CAPÍTULO 2

Establecimientos públicos y entidades estatales del orden nacional a los cuales se les apliquen las disposiciones de orden presupuestal de aquellos

ART. 2.3.3.2.1.—Ámbito de aplicación. Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 102 del estatuto orgánico del presupuesto, y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2.3.2.26 del título 2 de la presente parte, los establecimientos públicos del orden nacional y las entidades estatales del orden nacional a las cuales se les apliquen las disposiciones de orden presupuestal de aquellos, deben invertir sus excedentes de liquidez originados en sus recursos propios, administrados, y los de los fondos especiales administrados por ellos, en títulos de tesorería TES, clase “B” del mercado primario adquiridos directamente en la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

PAR. 1º—El presente capítulo no aplicará a los fondos especiales que tengan definido un régimen especial de inversión de sus recursos en la respectiva ley de creación de los mismos.

PAR. 2º—Respecto a los fondos especiales administrados por las entidades a las que aplica este capítulo, la obligación prevista en este artículo se entenderá sin perjuicio del cumplimiento de la finalidad establecida para cada fondo en sus respectivas normas de creación.

(D. 1525/2008, art. 1º)

ART. 2.3.3.2.2.—Base para determinar la inversión. La base para la determinación de la inversión dispuesta en el artículo anterior, será el promedio diario mensual, durante el trimestre inmediatamente anterior, de las disponibilidades en caja, cuentas corrientes, depósitos de ahorro, a término o cualquier otro depósito, títulos de tesorería TES, clase “B” y otros activos financieros distintos de estos, excluidos los títulos de renta variable que hayan recibido por cualquier concepto, en poder de los establecimientos públicos del orden nacional y demás entidades asimiladas. Sobre esta base, las entidades estatales obligadas de conformidad con lo previsto en el presente capítulo, deberán dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, suscribir títulos de tesorería TES, clase “B” por el equivalente al ciento por ciento, (100%) del respectivo promedio trimestral, deducidos los títulos de tesorería TES, clase “B”, en su poder.

(D. 1525/2008, art. 2º)

ART. 2.3.3.2.3.—Disponibilidad en cuenta corriente. Sin perjuicio del cumplimiento de la inversión obligatoria dispuesta en el artículo 2.3.3.2.1 de este capítulo, la disponibilidad generada por la liquidación de los activos financieros, así como cualquier otro excedente de liquidez, podrá permanecer en cuenta corriente por un tiempo superior al de cinco días hábiles, establecido en el artículo 2.3.2.26 del título 2 de la presente parte, o en depósitos de ahorro o certificados de ahorro a término, cuando así se haya convenido como reciprocidad a servicios especiales que preste el establecimiento financiero.

Los convenios deberán constar por escrito y determinarse en ellos los servicios, modalidad, monto y tiempo de la reciprocidad, que en ningún caso podrá exceder del tercer día hábil anterior al cierre del mes respectivo; además, deberán guardar equilibrio entre el servicio prestado por la entidad financiera y la retribución pactada.

(D. 1525/2008, art. 3º)

ART. 2.3.3.2.4.—Liquidación anticipada de “títulos de tesorería TES clase B”. La inversión en títulos de tesorería TES, clase “B”, podrá liquidarse anticipadamente con el fin de atender compromisos de gasto, que deberán ser ejecutados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la liquidación de la inversión.

No obstante lo anterior, dichos recursos podrán permanecer en cuenta corriente, depósitos de ahorro o certificados de ahorro a término, por un tiempo superior a los cinco (5) días indicados en el inciso anterior, cuando así se convenga como reciprocidad a la prestación de servicios, en los términos del artículo anterior.

Igualmente, podrá liquidarse anticipadamente, la inversión en TES, para rotar el portafolio de estos títulos. Con los recursos obtenidos las entidades obligadas deberán constituir TES del mercado primario adquiridos directamente con la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, máximo el día hábil siguiente a la venta de dichos títulos.

(D. 1525/2008, art. 4º)

ART. 2.3.3.2.5.—Fondo para la redención anticipada de los “Títulos de tesorería TES clase B”. De conformidad con las facultades conferidas por el artículo 98 del estatuto orgánico del presupuesto, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional mantendrá como una cuenta de la misma, el Fondo para la redención anticipada de los títulos de tesorería TES, clase “B”, suscritos en desarrollo de lo normado en el presente título.

(D. 1525/2008, art. 5º)

ART. 2.3.3.2.6.—Capitalización del Fondo para la redención anticipada de “Títulos de tesorería TES clase “B”. El fondo de que trata el artículo anterior es capitalizado mediante la transferencia directa de recursos provenientes de las colocaciones que efectúen los establecimientos públicos del orden nacional y las entidades estatales del orden nacional a las cuales se les apliquen las disposiciones de orden presupuestal de aquellos y en ningún caso podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) de las colocaciones respectivas de acuerdo con la determinación que adopte la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. No obstante lo anterior, el fondo también podrá recibir recursos de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional los cuales serán reembolsables a esta. De igual forma, dicha Dirección podrá utilizar transitoriamente las disponibilidades del fondo.

(D. 1525/2008, art. 6º)

ART. 2.3.3.2.7.—Acceso al Fondo para la redención anticipada de “Títulos de tesorería TES clase “B”. Para que los establecimientos públicos del orden nacional y las entidades estatales del orden nacional a las cuales se les apliquen las disposiciones de orden presupuestal de aquellos puedan acceder al fondo, será indispensable que estén vinculados al depósito central de valores del administrador de los títulos y que informen a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, por lo menos, los (2) días hábiles anteriores, su intención de redimir anticipadamente, y la cuantía de la operación respectiva.

Simultáneamente con la redención anticipada de los títulos de tesorería TES, clase “B” en el Fondo, se deberán transferir los derechos correspondientes a la orden de la Nación - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

(D. 1525/2008, art. 7º)

ART. 2.3.3.2.8.—Administración separada del portafolio con los TES Clase “B” redimidos. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional constituirá y administrará, de manera separada, un portafolio con los TES clase “B” redimidos en el Fondo de que tratan los artículos 2.3.3.2.6. y 2.3.3.2.7. A dicho portafolio le serán aplicables las disposiciones del artículo 100 del estatuto orgánico del presupuesto.

(D. 1525/2008, art. 8º)

ART. 2.3.3.2.9.—Redención de los “Títulos de tesorería TES clase “B”. La redención de los títulos de tesorería TES, clase “B” se subordinará al siguiente mecanismo: dentro de los primeros 60 días, contados a partir de la fecha de suscripción de los títulos, se les reconocerá el equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la tasa efectiva causada en el respectivo periodo, con año base 365 días; a las que realicen entre el día 61 y el 120 se les reconocerá el equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la tasa efectiva causada en el respectivo período, con año base 365 días; a las comprendidas entre los 121 y 180 días el setenta y cinco por ciento (75%) de la tasa efectiva causada en el respectivo período, con año base 365 días, y de los 181 días en adelante no tendrán redención anticipada en el fondo.

Lo anterior, sin perjuicio de que los establecimientos públicos del orden nacional y las entidades estatales del orden nacional a las cuales se les apliquen las disposiciones de orden presupuestal de aquellos puedan liquidar su inversión en el mercado secundario, con sujeción a las disposiciones de los artículos 2.3.3.2.4 y 2.3.3.2.5 de este capítulo.

(D. 1525/2008, art. 9º)

ART. 2.3.3.2.10.—Información sobre los saldos y promedio diario mensual. Para los efectos previstos en los artículos anteriores, las entidades estatales a que se refiere el presente capítulo deberán radicar en la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, la información sobre los saldos y el promedio diario mensual de sus disponibilidades en caja, cuentas corrientes, depósitos de ahorros, a término o cualquier otro depósito y títulos valores, incluidos los títulos de tesorería TES, clase “B” en poder de las entidades, durante el mes calendario anterior al del reporte. Tal información deberá ser suscrita por el ordenador de gasto respectivo.

(D. 1525/2008, art. 10)

ART. 2.3.3.2.11.—Informe al representante legal. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional informará por escrito al representante legal de la entidad estatal a que se refiere el presente capítulo sobre el incumplimiento de la inversión obligatoria, por defecto en su cuantía o inoportunidad de su constitución; suministro extemporáneo o inexacto de la información mensual, o cualquiera otra irregularidad relacionada con las disposiciones de este capítulo.

Si transcurridos cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de la referida comunicación la entidad estatal a que se refiere el presente capítulo no ha radicado en la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional la respuesta respectiva o la misma es incompleta o insatisfactoria, dicha instancia deberá informar de tal situación a la Procuraduría General de la Nación.

(D. 1525/2008, art. 11)

ART. 2.3.3.2.12.—Selección aleatoria. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional seleccionará cada mes, de manera aleatoria, la información recibida relacionada con la liquidez de por lo menos cinco (5) entidades estatales a que se refiere el presente capítulo, que pondrá mensualmente a disposición de la Contraloría General de la República, para las evaluaciones correspondientes e iniciación de las investigaciones a que haya lugar, si es el caso. Para los anteriores efectos, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional podrá incluir en la relación mencionada, a entidades que hayan sido seleccionadas en listas anteriores.

(D. 1525/2008, art. 12)

CAPÍTULO 3

Empresas industriales y comerciales del Estado del orden nacional y sociedades de economía mixta con régimen de empresas comerciales e industriales del Estado dedicadas a actividades no financieras y asimiladas a estas

ART. 2.3.3.3.1.—Ámbito de aplicación. El presente capítulo se aplica a los actos y contratos que en relación con los excedentes de liquidez, impliquen de cualquier manera el depósito, la disposición, adquisición, manejo, custodia, administración de dinero, de títulos y en general de valores, por parte de las empresas industriales y comerciales del Estado del orden nacional y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras, así como a las empresas sociales del Estado y las empresas de servicios públicos en las que la participación del Estado sea superior al noventa por ciento (90%) de su capital.

En todos los casos, las inversiones financieras deberán efectuarse bajo los criterios de transparencia, rentabilidad, solidez y seguridad, y en condiciones de mercado.

PAR. 1º—Cuando las entidades a las cuales se les aplique este capítulo celebren contratos de administración con terceros, para que estos efectúen cualquiera de las actividades mencionadas en el presente artículo, con dinero, títulos o en general valores de propiedad de dichas entidades, incluyendo aquellos que se celebren para ejercer la facultad consagrada en el parágrafo del artículo 10 de la Ley 533 de 1999 o la norma que lo adicione o sustituya, deberán asegurarse que aquellos den estricto cumplimiento a lo establecido en el presente título.

PAR. 2º—La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, podrá administrar y manejar los excedentes de liquidez de las empresas industriales y comerciales del Estado para lo cual suscribirá los convenios a que haya lugar.

(D. 1525/2008, art. 13)

ART. 2.3.3.3.2.—Oferta de recursos a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado del orden nacional y las Sociedades de Economía Mixta con régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras y las asimiladas a estas, deberán ofrecer a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional en primera opción y en condiciones de mercado, el ciento por ciento (100%) de la liquidez en moneda nacional, cualquiera fuere el plazo de la citada liquidez.

En el evento en que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional no esté interesada en tomar los recursos ofrecidos, deberá notificar a la entidad oferente su decisión por escrito a más tardar el día hábil siguiente a la fecha del ofrecimiento. Si la citada notificación no se presenta dentro del término indicado, se entenderá que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional no está interesada en la negociación, caso en el cual las entidades de que trata el presente capítulo podrán efectuar inversiones financieras, con sujeción a las normas legales que las rigen y con base en las políticas y criterios que establezcan las Juntas Directivas o Consejos Directivos de la respectiva entidad.

(D. 1525/2008, art. 14)

ART. 2.3.3.3.3.—Políticas, reglas y procedimientos para la ejecución de los actos o contratos. Todos los actos o contratos a que se refiere el artículo 2.3.3.3.1 del presente capítulo, deberán ser ejecutados con estricta sujeción a políticas, reglas y procedimientos, previamente definidos y divulgados por la junta o consejo directivo de la respectiva entidad. En dichas políticas, reglas y procedimientos, se deberá prever, como mínimo, lo siguiente:

1. Criterios para la selección de agentes para la administración delegada de recursos.

2. Criterios de selección de los sistemas transaccionales de negociación de valores a través de los cuales se exponen y concretan las operaciones.

3. Justificación y documentación de la selección a que se refieren los numerales anteriores.

4. Criterios para la administración o inversión de los activos a que se refiere el artículo 2.3.3.3.1 del presente capítulo.

5. Metodologías definidas con criterios técnicos aplicables a la inversión de los excedentes para la determinación de precios de referencia.

6. Regulación de los conflictos de interés entre la respectiva entidad y funcionarios o terceros, así como de la obligación de manifestar oportunamente tales conflictos en todos los eventos en que se presenten.

7. Regulación respecto de la prevención y prohibición del uso indebido de información conocida en razón de la labor o de las funciones, que pueda ser utilizada en provecho de funcionarios, agentes o terceros.

8. Criterios y razones que motivan de manera general las decisiones para la administración e inversión de los excedentes, sea que se efectúen directamente o mediante agentes.

9. Descripción clara de los eventos en los cuales sea admisible aplicar políticas, reglas y procedimientos de manera especial o restringida. Cuando tales eventos tengan lugar se deberá justificar plenamente, dejando expresa constancia de la respectiva necesidad.

10. En general, deberá dejarse registro detallado y documentación de todas las operaciones a las que se refiere este capítulo, de manera que pueda verificarse el cumplimiento de las políticas, reglas y procedimientos aplicables, todo lo cual deberá permanecer a disposición de las personas o entidades que tengan la facultad de inspección o verificación. Igualmente, deberá dejarse registro y documentación de la forma como el respectivo organismo haya dado aplicación al principio de la selección objetiva.

(D. 1525/2008, art. 15)

ART. 2.3.3.3.4.—Selección de los agentes para la administración delegada de recursos. Para la selección de los agentes a que se refiere el numeral 1º del artículo anterior se tendrá en consideración, como mínimo, lo siguiente:

a) Que dichos agentes se encuentren legalmente facultados para realizar la administración de tales recursos;

b) Que dichos agentes estén específicamente calificados en la actividad de administración de recursos o de fondos por al menos una firma calificadora debidamente autorizada;

c) Que las calificaciones superen los mínimos establecidos en las políticas promulgadas por la respectiva entidad, en cumplimiento de lo aquí previsto.

PAR.—Cuando se entreguen recursos en administración a terceros, las entidades a las que se refiere el presente capítulo deberán determinar las políticas, parámetros y criterios para el manejo de los recursos por parte del contratista administrador, incluida la obligatoriedad para este último de realizar las operaciones a través de sistemas transaccionales de negociación de valores y/o mecanismos de subasta, con sujeción a lo establecido en el presente capítulo; así como evaluar la conveniencia por parte de la entidad de contratar una auditoría externa.

(D. 1525/2008, art. 16)

ART. 2.3.3.3.5.—Operaciones a través de sistemas de negociación de valores. Las entidades a que se refiere el presente capítulo deberán realizar directamente las operaciones sobre valores a través de sistemas de negociación de valores autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia.

(D. 1525/2008, art. 17)

ART. 2.3.3.3.6.—Mecanismos de subasta. Cuando las entidades en la realización de sus operaciones no utilicen sistemas de negociación de valores, deberán recurrir a mecanismos de subasta las cuales podrán realizarse a través de sistemas electrónicos, salvo que se trate de operaciones interadministrativas.

(D. 1525/2008, art. 18)

ART. 2.3.3.3.7.—Reglamentación de las subastas. Será responsabilidad de cada entidad estatal a que se refiere el presente capítulo expedir la reglamentación de las respectivas subastas la cual deberá constar por escrito, y asegurar que las operaciones se celebren en condiciones de transparencia, seguridad, solidez, liquidez y rentabilidad, y en condiciones de mercado.

Las entidades estatales a que se refiere el presente capítulo deberán informar al mercado sobre los medios a través de los cuales realizarán la convocatoria de las subastas y la comunicación de los resultados de las mismas. Para el efecto, podrán utilizar sistemas electrónicos de comunicación o cualquier otro medio que consideren idóneo. En todo caso, las entidades deberán asegurarse que las contrapartes y emisores idóneos quedarán oportunamente informados con los medios seleccionados.

(D. 1525/2008, art. 19)

ART. 2.3.3.3.8.—Registro de las operaciones efectuadas mediante subasta. El emisor y/o la contraparte a que se refiere el presente capítulo deberán registrar en el sistema de registro de valores aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia todas las operaciones efectuadas mediante el mecanismo de subasta, el mismo día de su realización.

(D. 1525/2008, art. 20)

ART. 2.3.3.3.9.—Tipos de subastas. Las subastas para la constitución de certificados de depósito y de ahorro a término pueden ser de dos tipos: tipo oferta y tipo demanda.

(D. 1525/2008, art. 21)

ART. 2.3.3.3.10.—Subasta tipo oferta. Se denomina subasta tipo oferta aquella mediante la cual las entidades ofrecen recursos para constituir certificados de depósito y de ahorro a término y se adjudica a los emisores idóneos que presenten las propuestas en las mejores condiciones de mercado.

ART. 2.3.3.3.11.—Estas subastas deberán ser organizadas y realizadas directamente por las entidades.

PAR. 1º—Con sujeción a las políticas de las entidades, en aplicación del presente capítulo, estas deberán definir las características y requisitos para que un emisor sea considerado idóneo.

PAR. 2º—Se considera oferta o propuesta en las mejores condiciones de mercado, aquella que cumpla con los criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad, que para el efecto defina la respectiva entidad.

(D. 1525/2008, art. 22)

ART. 2.3.3.3.12.—Exigencias para la realización de subastas tipo oferta. Las entidades al organizar y realizar subastas tipo oferta, como mínimo, deberán:

a) Divulgar de manera previa y adecuada el horario, mecanismos y procedimientos para la presentación de las propuestas, adjudicación y cumplimiento de las subastas;

b) Informar previamente el plazo de los recursos ofrecidos en cada subasta;

c) Exigir que las propuestas presentadas sean en firme, y sólo admitir modificaciones que impliquen mejorar los términos de la oferta;

d) Ofrecer plazos en múltiplos de 30 para aquellos mayores de 30 días, sin perjuicio de que puedan subastarse recursos a plazos inferiores de 30 días cuando se trate de certificados de ahorro a término;

e) Exigir que la modalidad y pago de intereses sea por periodos vencidos, los montos expresados en múltiplos de cien mil pesos y que los títulos se encuentren desmaterializados en un depósito centralizado de valores;

f) Exigir que el cumplimiento de las operaciones sea compensado, esto es, entrega contra pago;

g) Suministrar, como mínimo, información global de montos, plazos y tasas de adjudicación.

PAR.—La entidad previa la convocatoria de cada subasta, deberá determinar la tasa mínima por plazo a la cual está dispuesta a colocar los recursos. Todos los elementos y factores considerados para su definición deberán constar por escrito.

Dicha tasa, en ningún caso, deberá ser informada al mercado.

(D. 1525/2008, art. 23)

ART. 2.3.3.3.13.—Subasta tipo demanda. Se denomina subasta tipo demanda aquella a través de la cual las entidades financieras sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, demandan recursos contra la expedición de certificados de depósito o de ahorro a término.

(D. 1525/2008, art. 24)

ART. 2.3.3.3.14.—Exigencias para la realización de subastas tipo demanda. Las entidades podrán participar en subastas tipo demanda, si:

1. Son realizadas a través de sistemas electrónicos;

2. La convocatoria es abierta, esto es, que permita la libre participación del mayor número posible de entidades públicas y de las vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia en desarrollo de su objeto;

3. Se divulga de manera previa y adecuada, por parte de la respectiva entidad financiera, el horario, mecanismos y procedimientos para la presentación de las propuestas, adjudicación y cumplimiento de las subastas;

4. Se informa de manera previa y adecuada, por parte de la respectiva entidad financiera, el monto mínimo a subastar, clase de título a expedir, plazo, modalidad y periodicidad de pago de los intereses;

5. Las propuestas presentadas son en firme y solo admiten modificaciones que impliquen mejorar los términos de la oferta;

6. El ofrecimiento de plazos es en múltiplos de 30 para aquellos mayores de 30 días, sin perjuicio de que puedan demandarse recursos a plazos inferiores de 30 días cuando se trate de certificados de ahorro a término;

7. Hay manifestación expresa, por parte de las entidades financieras, de que los títulos ofrecidos serán expedidos bajo la modalidad de pago de intereses por periodo vencido, los montos expresados en múltiplos de cien mil pesos y se encuentren desmaterializados en un depósito centralizado de valores;

8. El cumplimiento de las operaciones es compensado, esto es, entrega contra pago;

9. Se suministra, como mínimo, información global sobre montos, plazos y tasas de adjudicación.

PAR.—Las entidades participantes en este tipo de subasta deberán sustentar por escrito los criterios que consideraron para determinar la tasa de su oferta.

(D. 1525/2008, art. 25)

ART. 2.3.3.3.15.—Subastas para la compra y venta de títulos en el mercado secundario. A través de las subastas para la compra y venta de títulos y en general de valores en el mercado secundario las entidades ofrecen comprar o vender títulos en el mercado secundario, previamente especificados en cuanto a clase y plazo, a contrapartes idóneas del sector público y de las sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia en desarrollo de su objeto.

Las entidades podrán optar por organizar directamente este tipo de subastas, garantizando la convocatoria de otras entidades públicas o participar en las que otras entidades públicas realicen.

PAR. 1º—Contraparte idónea se entenderá en los términos del artículo 2.3.3.3.28 del presente capítulo.

PAR. 2º—Las entidades previa la convocatoria de cada subasta deberán determinar por plazo la tasa mínima de rentabilidad que la entidad está dispuesta a aceptar para realizar la compra o la tasa máxima de rentabilidad que la entidad está dispuesta a ceder para realizar la venta. Todos los elementos y factores considerados para la definición de las tasas deberán constar por escrito. Dichas tasas, en ningún caso, deberán ser informadas al mercado.

(D. 1525/2008, art. 26)

ART. 2.3.3.3.16.—Exigencias para la realización de subastas en el mercado secundario. Las entidades en la realización de las subastas para la compra y venta de títulos y en general de valores en el mercado secundario, como mínimo, deberán:

a) Efectuar convocatoria abierta, esto es, que permita la libre participación de las entidades públicas y de las vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia en desarrollo de su objeto, que sean consideradas como contrapartes idóneas;

b) Divulgar de manera previa y adecuada el horario, mecanismos y procedimientos para la presentación de las ofertas de compra y venta, adjudicación y cumplimiento de las subastas;

c) Informar previamente, entre otros, la clase de título objeto de la subasta, fechas de emisión y vencimiento o plazo y tasa facial;

d) Exigir que las propuestas presentadas sean en firme y solo admitir modificaciones que impliquen mejorar los términos de la oferta;

e) Informar que solo negociarán títulos que se encuentren desmaterializados en un depósito centralizado de valores;

f) Exigir que el cumplimiento de las operaciones sea compensado, esto es, entrega contra pago;

g) Suministrar, como mínimo, información global de montos, plazos y tasas de adjudicación.

(D. 1525/2008, art. 27)

ART. 2.3.3.3.17.—Diseño de subastas para otras operaciones. Las entidades deberán diseñar subastas para la realización de operaciones distintas de las previstas en el presente capítulo, cuando las mismas no puedan efectuarse bajo la modalidad de interadministrativa o a través de los sistemas de negociación de valores.

En todo caso, dicho diseño deberá contemplar los aspectos previstos para los diferentes tipos de subasta y subordinarse a lo señalado en el presente capítulo.

(D. 1525/2008, art. 28)

ART. 2.3.3.3.18.—Excepciones a la utilización de sistemas de negociación de valores y/o mecanismos de subasta. Las entidades no estarán obligadas a utilizar sistemas de negociación de valores y/o mecanismos de subasta cuando realicen operaciones en el exterior, compren y/o vendan divisas en el país y/o celebren operaciones interadministrativas.

(D. 1525/2008, art. 29)

ART. 2.3.3.3.19.—Condiciones para las operaciones en el exterior y para la compra y venta de divisas en el país. La modalidad de negociación utilizada por las entidades estatales a las que aplica el presente capítulo para las operaciones en el exterior y para la compra y venta de divisas en el país, deberá ser establecida por la junta o consejo directivo de la entidad y deberán realizarse en condiciones que garanticen una amplia exposición al mercado, las cuales se documentarán previamente.

Además, se dejará registro de las operaciones, de forma que pueda examinarse fácilmente el cumplimiento de las condiciones establecidas. Estas operaciones deberán realizarse en condiciones de mercado.

(D. 1525/2008, art. 30)

ART. 2.3.3.3.20.—Políticas para la realización de las operaciones. Para realizar las operaciones de que trata este capítulo, las entidades deberán como mínimo, formular y aplicar políticas relacionadas con:

a) Planeación financiera;

b) Manejo de cuentas corrientes y de ahorros, recaudos y pagos;

c) Riesgo;

d) Rentabilidad;

e) Liquidez, y

f) Estructura de portafolios.

Las juntas o consejos directivos de las entidades estatales a que se refiere el presente capítulo son las responsables de la adopción y actualización permanente de las políticas a que se refiere el presente capítulo. Dichas políticas deberán constar por escrito mediante acta aprobada, a la cual deberán anexarse los documentos soporte.

(D. 1525/2008, art. 31)

ART. 2.3.3.3.21.—Adopción de herramientas gerenciales. En el manejo de los excedentes de liquidez las entidades estatales a que se refiere el presente capítulo, deberán adoptar herramientas gerenciales, entre las cuales darán prioridad a la implantación y utilización permanente del flujo de caja para la toma de decisiones, y en estas deberá primar la atención de los compromisos derivados del desarrollo del objeto de cada organismo, frente a la generación de excedentes para realizar operaciones de tesorería.

(D. 1525/2008, art. 32)

ART. 2.3.3.3.23.(sic) —Estructuración y actualización del flujo de caja. Para la estructuración y actualización del flujo de caja las entidades deberán considerar, como mínimo, los siguientes aspectos:

a) Control y seguimiento a las fuentes constitutivas de ingresos;

b) Planeación y programación de pagos;

c) Previsión oportuna de financiación.

PAR.—Las entidades, con base en el resultado del flujo de caja, deberán definir las políticas para la optimización de los excedentes y/o para determinar, con sujeción a las normas legales aplicables, las alternativas, características y oportunidad de la financiación requerida.

(D. 1525/2008, art. 33)

ART. 2.3.3.3.23.—Criterios mínimos en la definición de las políticas sobre flujo de caja. Sin perjuicio del cumplimiento de las normas legales aplicables, las entidades estatales a que se refiere el presente capítulo, en la definición de las políticas relacionadas con los aspectos del artículo precedente, deberán establecer, como mínimo, criterios que les permitan:

a) Evaluar los niveles de riesgo de la entidad a seleccionar y de los procesos relacionados con la prestación de los servicios demandados, así como la calidad y oportunidad de los mismos y de la información requerida;

b) Establecer metodologías para la selección de las entidades prestadoras de los servicios y para la evaluación y seguimiento de estas y de los servicios prestados;

c) Formular directrices relacionadas con los montos máximos de exposición y el número de días de permanencia de los recursos en cuentas no remuneradas;

d) Definir políticas y metodologías para la determinación de la remuneración mediante compensación o pago por los servicios prestados;

e) Determinar la modalidad de pago a los acreedores de la entidad estatal a que se refiere el presente capítulo, previa evaluación de las distintas alternativas existentes, teniendo en cuenta aspectos tales como, seguridad, calidad, eficiencia, oportunidad y costo.

PAR.—Cuando se trate de pagos mediante abono en cuenta del beneficiario final, la entidad estatal a que se refiere el presente capítulo en ningún caso podrá indicar o sugerir al proveedor o beneficiario, la entidad financiera en la cual este debe realizar la apertura de la cuenta receptora de los recursos.

En el registro de cuentas de beneficiarios finales, las entidades estatales a que se refiere el presente capítulo deberán establecer procedimientos eficientes y seguros, que involucren adecuados controles, orientados a impedir el desvío de recursos públicos.

(D. 1525/2008, art. 34)

ART. 2.3.3.3.24.—Políticas de riesgo. Para el establecimiento de las políticas de riesgo, las entidades deberán considerar, como mínimo, los siguientes riesgos:

a) De depositarios de recursos públicos y de crédito de emisores;

b) De contraparte;

c) Administrativos;

d) De mercado.

(D. 1525/2008, art. 35)

ART. 2.3.3.3.25.—Riesgo de depositarios. El riesgo de depositarios a través de cuentas corrientes, de ahorro y de recaudo y de crédito de emisores se origina en la probabilidad de deterioro de la situación financiera de la entidad depositaria de los recursos o en el deterioro del crédito de los emisores de los títulos y en general de valores.

Las entidades en la definición de la política para el control de este riesgo, deberán considerar al menos los siguientes elementos: selección de entidades depositarias y emisoras, selección de títulos y en general de valores, determinación de cupos o montos máximos de exposición por entidad y plazos máximos por entidad y por título.

(D. 1525/2008, art. 36)

ART. 2.3.3.3.26.—Pautas mínimas para la asignación de cupos o montos máximos de exposición. Para la asignación de cupos o montos máximos de exposición, las entidades deberán tener en cuenta, como mínimo, las siguientes pautas:

a) Verificar la existencia de calificación vigente de la deuda de las entidades emisoras nacionales e internacionales, publicada en los boletines expedidos por las sociedades calificadoras de riesgo debidamente autorizadas o reconocidas;

b) Determinar el nivel mínimo de calificación aceptable;

c) Realizar el estudio técnico para la evaluación del riesgo, mediante la aplicación de su propia metodología;

d) Asignar los cupos o montos máximos respectivos, en concordancia con las políticas que cada organismo adopte, teniendo en cuenta la calificación de la sociedad calificadora de riesgo y la obtenida al aplicar su propia metodología.

PAR. 1º—En el caso de las inversiones en el exterior, aun cuando no se exige la adopción de metodologías propias para la evaluación del riesgo emisor y/o de depositarios de recursos públicos, es indispensable que se adopten mecanismos que permitan conocer oportunamente los factores que directa o indirectamente puedan afectar en el corto, mediano o largo plazo, la situación de los emisores y /o depositarios y modificar los riesgos inherentes a los títulos poseídos.

PAR. 2º—El cupo asignado o monto máximo de exposición se definirá en función del análisis del riesgo de la respectiva entidad depositada o emisora y no de la mayor disponibilidad de liquidez del organismo.

(D. 1525/2008, art. 37)

ART. 2.3.3.3.27.—Vigencia de los cupos asignados o montos máximos de exposición y criterios de medición mensual. Los cupos asignados o montos máximos de exposición podrán tener una vigencia hasta de seis (6) meses; no obstante, las entidades deberán establecer criterios de medición mensual, que les permitan identificar ágilmente signos de deterioro en la situación financiera de las entidades, para realizar los ajustes requeridos y adoptar oportunamente las decisiones tendientes a minimizar o eliminar el riesgo.

De manera simultánea con la asignación de cupos, las entidades deberán establecer políticas de plazo máximo por emisor, en función del riesgo, del flujo de caja y de otros factores que consideren importantes para su determinación.

En todo caso los títulos a que hace referencia este título 3 deberán ser desmaterializados en un depósito centralizado de valores.

(D. 1525/2008, art. 38)

ART. 2.3.3.3.28.—Riesgo de contraparte. El riesgo de contraparte hace referencia a los eventuales incumplimientos de la entidad con la que se realiza la negociación.

Las entidades, con sujeción a sus propias políticas, deberán definir las características y requisitos para que una contraparte sea considerada idónea.

Para minimizar este riesgo las entidades deberán considerar, como mínimo, lo siguiente:

a) Asignar cupos y/o límites a las contrapartes según el tipo de operación que realicen, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, los antecedentes de cumplimiento;

b) Exigir que el cumplimiento de las operaciones sea compensado, esto es, entrega contra pago y establecer mecanismos que minimicen el riesgo de contraparte, cuando se trate de operaciones en el exterior que no puedan ser compensadas;

c) Establecer como política en la compra de divisas en el país, que el pago se realice una vez estas hayan sido abonadas en la cuenta del organismo, y en el caso de la venta en el país, que el traslado de las mismas se produzca previo el abono de los pesos equivalentes en la cuenta del organismo, lo cual no aplica en el caso de las operaciones interadministrativas.

(D. 1525/2008, art. 39)

ART. 2.3.3.3.29.—Riesgo administrativo. El riesgo administrativo hace referencia a las eventuales pérdidas por debilidades en los procesos operativos y administrativos.

Las entidades en la definición de esta política deberán considerar al menos los siguientes elementos:

a) Adquisición de títulos desmaterializados y vinculación directa y obligatoria a un depósito centralizado de valores;

b) Adopción de las medidas necesarias para la realización de las operaciones a través de sistemas y, en su defecto, la utilización de mecanismos de subasta, en los términos establecidos en el presente título;

c) Establecimiento de mecanismos idóneos que permitan la adopción y ajustes de las políticas en forma oportuna y ágil, seguimiento eficaz al cumplimiento de las políticas y evaluación de los resultados de la gestión en el manejo de los excedentes;

d) Adopción de mecanismos que les permitan determinar las necesidades de capacitación de las personas encargadas de la administración o inversión de los excedentes y el desarrollo de programas de capacitación y actualización académica requeridos;

e) Elaboración de manuales de políticas y procedimientos y difusión de estos al interior de las entidades, así como de las normas que regulan la actividad de la administración o inversión de los excedentes;

f) Definición de niveles de atribución y responsabilidad para la administración o inversión de los excedentes;

g) Utilización, con sujeción a las normas legales, de un sistema de grabación de llamadas telefónicas en las áreas que tengan a su cargo el manejo de los excedentes;

h) Aplicación rigurosa del control interno en los términos de la Ley 87 de 1993 o de las normas que la modifiquen o sustituyan;

i) Definición de políticas y procedimientos, de acuerdo con las normas legales, para que las personas encargadas de la administración o inversión de los excedentes expongan ante la dirección de la entidad y los órganos de control interno los conflictos de interés, así como las situaciones de carácter intelectual, moral o económico que les inhiba, ocasional o permanentemente, para cumplir dichas funciones;

j) Adopción de herramientas adecuadas que permitan, entre otros, la inclusión detallada de las operaciones, su liquidación, valoración, contabilización, control de vencimientos y generación de informes;

k) Evaluación de la necesidad y conveniencia de contratar pólizas de infidelidad y riesgos financieros.

(D. 1525/2008, art. 40)

ART. 2.3.3.3.30.—Riesgo de mercado. El riesgo de mercado se entiende como la contingencia de pérdida o ganancia, por la variación del valor de mercado frente al valor registrado de la inversión, producto del cambio en las condiciones de mercado, incluida la variación en las tasas de interés o de cambio. Para el efecto, las entidades deberán considerar, como mínimo, lo siguiente:

a) Identificación y análisis de las variables que permitan prever el comportamiento futuro de las tasas de interés y de cambio y la liquidez del mercado. Lo anterior, con el objeto de establecer tasas de referencia, evaluar el portafolio constituido, tomar las decisiones respectivas y asumir estrategias de inversión;

b) Adopción de políticas y procedimientos en cuanto a liquidez, estructura y cobertura, con sujeción a las directrices contenidas en este título;

c) Adopción de políticas restrictivas en relación con la realización de operaciones en corto u otras que se consideren de alto riesgo.

(D. 1525/2008, art. 41)

ART. 2.3.3.3.31.—Políticas de rentabilidad. Las políticas de rentabilidad son las políticas mínimas orientadas a optimizar la administración o inversión de los excedentes de liquidez, con sujeción a la seguridad y responsabilidad que en todo momento deberán observar las entidades.

Al definir estas políticas, las entidades deberán, por lo menos:

a) Formular metas de rentabilidad con sujeción a las políticas de riesgo, estructura y liquidez del portafolio, con referencia en la tasa libre de riesgo;

b) Diseñar una metodología para la definición de las metas, realizar seguimiento periódico y efectuar los ajustes a que haya lugar;

c) Establecer lineamientos para la adopción de una estrategia racional de mercado, para que la participación de las entidades en los sistemas transaccionales de negociación de valores y en los mecanismos de subasta, no atenten contra la adecuada formación de precios ni conduzca al deterioro del patrimonio público.

PAR.—Tratándose de inversiones en moneda legal colombiana, entiéndese por tasa libre de riesgo la correspondiente a la tasa de mercado de los títulos de tesorería, TES, para el plazo respectivo.

(D. 1525/2008, art. 42)

ART. 2.3.3.3.32.—Políticas de liquidez. Las políticas de liquidez son las políticas mínimas orientadas a garantizar la disponibilidad de recursos, que les permita a las entidades atender en forma adecuada y oportuna las obligaciones, sin perjuicio de la optimización de los excedentes.

Las entidades deberán tener en cuenta, al establecer sus políticas de liquidez, como mínimo, lo siguiente:

a) El análisis del flujo de caja, las contingencias de ingresos y egresos y la capacidad del portafolio de generar liquidez;

b) La fijación de un nivel mínimo de liquidez permanente para cubrir eventuales contingencias del flujo de caja, determinado con base en la aplicación de una metodología adecuada.

(D. 1525/2008, art. 43)

ART. 2.3.3.3.33.—Políticas de estructura del portafolio. Las políticas de estructura del portafolio responden principalmente al manejo responsable y seguro del portafolio. Estas políticas deben ser consistentes con las de riesgo, rentabilidad y liquidez.

Las entidades, en la definición de esta política deberán, como mínimo:

a) Establecer cupos porcentuales máximos de inversión sobre el total de su portafolio por tipo de operación, de títulos, de tasas de interés, de emisores, de monedas y por niveles de riesgo, con base en los cuales deben diseñar un portafolio de referencia;

b) Adoptar mecanismos ágiles para ajustar el portafolio real al de referencia, cuando se presenten desviaciones por cambios en las condiciones del mercado, y/o por la modificación del de referencia, como consecuencia de modificaciones de las políticas de estructura.

(D. 1525/2008, art. 44)

ART. 2.3.3.3.34.—Operaciones directas entre entidades públicas. Se podrá dar prioridad a la realización de operaciones directas entre entidades públicas siempre que así se establezca en las políticas de cada organismo, salvo que se trate de contratos celebrados con las entidades de carácter público para ejercer la facultad consagrada en el parágrafo del artículo 10 de la Ley 533 de 1999, o en general, contratos con entidades públicas cuyo objeto legal principal sea de servicios financieros o de administración de los activos a que se refiere este título.

PAR. 1º—Las inversiones en títulos de tesorería TES, clase “B” del mercado primario deberán pactarse con la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

PAR. 2º—La negociación de divisas podrá realizarse como operación interadministrativa, mediante la compra o venta de saldos en cuentas de compensación, con estricta sujeción a las normas cambiarias vigentes.

(D. 1525/2008, art. 45)

ART. 2.3.3.3.35.—Operaciones interadministrativas. Las operaciones interadministrativas deberán registrarse con sujeción a lo señalado en el artículo 2.3.3.3.8 del presente capítulo. Se exceptúan de esta obligación las interadministrativas realizadas a través de sistemas transaccionales de negociación de valores la suscripción primaria de TES y la negociación de divisas.

(D. 1525/2008, art. 46)

ART. 2.3.3.3.36.—Revisión periódica de las políticas, reglas y procedimientos. Las políticas, reglas y procedimientos que se fijen en desarrollo de lo previsto en el presente título deberán ser revisadas periódicamente, teniendo en cuenta, entre otras, la evolución del mercado y las operaciones de la respectiva entidad.

(D. 1525/2008, art. 47)

CAPÍTULO 4

Sociedades de economía mixta o participación directa o indirecta del Estado inferior al 90% de su capital, empresas de servicios públicos domiciliarios mixtas del orden nacional, Autoridad Nacional de Televisión, las corporaciones autónomas regionales y los entes universitarios autónomos

ART. 2.3.3.4.1.—Ámbito de aplicación. Las sociedades de economía mixta con participación pública inferior al noventa por ciento (90%) de su capital, las empresas de servicios públicos domiciliarios mixtas, así como de aquellas con participación directa o indirecta del Estado superior al cincuenta por ciento de su capital social del orden nacional, la Autoridad Nacional de Televisión, las corporaciones autónomas regionales y los entes universitarios autónomos podrán ofrecer a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en condiciones de mercado sus excedentes de liquidez.

En el evento en que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional no esté interesada en tomar los recursos ofrecidos, deberá notificar a la entidad oferente su decisión por escrito a más tardar el día hábil siguiente a la fecha del ofrecimiento.

(D. 1525/2008, art. 48)

CAPÍTULO 5

Entidades territoriales y las entidades descentralizadas del orden territorial con participación pública superior al cincuenta por ciento

ART. 2.3.3.5.1.—Ámbito de aplicación. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 819 de 2003, las entidades a que hace referencia el presente capítulo deberán invertir sus excedentes de liquidez, así:

i. En títulos de tesorería (TES) clase “B”, tasa fija o indexados a la UVR, del mercado primario directamente ante la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional o en el mercado secundario en condiciones de mercado, y,

ii. En certificados de depósitos a término, depósitos en cuenta corriente, de ahorros o a término en condiciones de mercado en establecimientos bancarios vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia o en entidades con regímenes especiales contemplados en la parte décima del estatuto orgánico del sistema financiero.

PAR. 1º—Para efectos de las inversiones a que hace referencia el numeral ii) en lo concerniente a los establecimientos bancarios, dichos establecimientos deberán contar con la siguiente calificación de riesgo, según el plazo de la inversión, así:

a) Para inversiones con plazo igual o inferior a un (1) año, el establecimiento bancario deberá contar con una calificación vigente correspondiente a la máxima categoría para el corto plazo, de acuerdo con las escalas usadas por las sociedades calificadoras que la otorgan y contar como mínimo con la segunda mejor calificación vigente para el largo plazo utilizada por las respectivas sociedades;

b) Para inversiones con plazo superior a un (1) año, el establecimiento bancario deberá contar con la segunda mejor calificación vigente para el largo plazo, según la escala utilizada por las sociedades calificadoras y la máxima calificación para el corto plazo de acuerdo con la escala utilizada para este plazo.

PAR. 2º—Respecto a los actos y contratos que impliquen de cualquier manera el depósito, la disposición, adquisición, manejo, custodia, administración de dinero, de títulos y en general de valores celebrados por las entidades territoriales y sus descentralizadas, se aplicarán como mínimo los parámetros establecidos en el artículo 2.3.3.3.3 del presente título; en todo caso el régimen de inversión previsto para las entidades territoriales y sus entidades descentralizadas será el previsto en el presente capítulo.

PAR. 3º—Las sociedades fiduciarias que administren o manejen recursos públicos vinculados a contratos estatales y/o excedentes de liquidez de las entidades territoriales y sus descentralizadas a través de fiducia pública deben sujetarse a lo previsto en el inciso único y los parágrafos 1º y 2º del presente artículo. Cuando dichas sociedades administren excedentes de liquidez de las entidades territoriales y sus descentralizadas, deberán además contar con la segunda mejor calificación vigente en fortaleza o calidad en la administración de portafolio según la escala de la sociedad calificadora que la otorga y que la misma esté vigente.

Igualmente, las entidades territoriales y sus descentralizadas, podrán invertir los recursos a que se refiere el presente parágrafo, en carteras colectivas del mercado monetario o abiertas sin pacto de permanencia, en ambos casos siempre y cuando la sociedad fiduciaria administradora de las mismas, cuente con la calificación prevista en el presente parágrafo y cumpla, como administrador de la cartera colectiva con el régimen de inversión previsto en el inciso único y el parágrafo 1º del presente artículo.

(D. 1525/2008, art. 49 modificado por el D.N. 4866/2011, art. 1º, modificado por el D.N. 600/2013, art. 1º. Adicionado por el D.N. 4471/2008. Par. 4º derogado por el D.N. 1117/2013, art. 9º)

SECCIÓN 1

Condiciones del manejo de excedentes de liquidez por los institutos de fomento y desarrollo de las entidades territoriales

ART. 2.3.3.5.1.1.—Entidades de bajo riesgo crediticio. Para los efectos de la administración de excedentes de liquidez de que trata el artículo 17 de la Ley 819 de 2003, se considerarán como de bajo riesgo crediticio, únicamente los institutos de fomento y desarrollo de las entidades territoriales que reúnan los siguientes requisitos:

1. Autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia, para hacer parte del régimen especial de control y vigilancia de que trata el artículo siguiente de esta sección.

2. Contar con una calificación de bajo riesgo crediticio conforme lo establece el parágrafo del artículo 17 de la Ley 819 de 2003, la cual deberá ser como mínimo la segunda mejor calificación para corto y largo plazo de acuerdo con las escalas usadas por las sociedades calificadoras, emitida por una calificadora de valores vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

PAR.—Cuando los institutos de fomento y desarrollo, por efecto de la revisión de la calificación de riesgo de corto o largo plazo, disminuyan la calificación vigente por debajo de las calificaciones mínimas a que se refiere el numeral 2º del presente artículo, pero se mantengan dentro del grado de inversión en ambos plazos, de acuerdo con las escalas utilizadas por las sociedades calificadoras, deberán abstenerse de ser depositarios de nuevos recursos de los que trata el presente título 3, hasta que se realice la siguiente revisión de su calificación y esta sea al menos igual a la calificación otorgada para ambos plazos antes de la disminución. Si en la siguiente revisión no se alcanza al menos la calificación otorgada para ambos plazos antes de la disminución, el representante legal del respectivo instituto deberá, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de la calificación, presentar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público un plan de desmonte de las operaciones activas y pasivas perfeccionadas con dichos recursos. Dicho desmonte no deberá superar un (1) año.

Cuando los institutos de fomento y desarrollo, por efecto de la revisión de la calificación de riesgo de corto o de largo plazo, disminuyan la calificación vigente pasando a grado de especulación, de acuerdo con las escalas usadas por las sociedades calificadoras, deberán abstenerse de seguir siendo depositarios de recursos de que trata el presente título 3. En este evento, el representante legal del respectivo instituto deberá, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de la calificación, presentar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público un plan de desmonte de las operaciones activas y pasivas perfeccionadas con dichos recursos. Dicho desmonte no deberá superar un (1) año.

(D. 1117/2013 art. 1º, parágrafo añadido en el ejercicio compilatorio del art. 49 D. 1525/2008 adicionado mediante el D. 4471/2008 y modificado mediante los Ds. 2805/2009, 4686/2010, 4866/2011, 1468/2012, 600/2013 y 1117/2013)

ART. 2.3.3.5.1.2.—Control y vigilancia. La Superintendencia Financiera de Colombia ejercerá control y vigilancia sobre los institutos de fomento y desarrollo de que trata la presente sección, a través del régimen especial expedido por dicha entidad, el cual debe comprender por lo menos las siguientes materias, además de las disposiciones dictadas sobre la financiación de las actividades previstas en el numeral 2º del artículo 268 del estatuto orgánico del sistema financiero:

1. Los requisitos e información que debe incorporar la solicitud para hacer parte del régimen especial de control y vigilancia y el trámite de la misma, según las especificaciones que determine la misma superintendencia.

2. Las funciones previstas en el artículo 326 del estatuto orgánico del sistema financiero en lo que resulte acorde con la naturaleza y operaciones autorizadas a las entidades a las que se refiere el artículo anterior.

3. Instrucciones que comprendan reglas por lo menos sobre segregación de funciones, gobierno corporativo, control interno y revelación de información contable, además de exigencias en materia de manejo de los riesgos que se derivan de las actividades de los institutos de fomento y desarrollo territorial que de acuerdo con el artículo siguiente son objeto de supervisión por parte de dicha superintendencia.

4. Las previsiones de los artículos 208 a 211 del estatuto orgánico del sistema financiero y disposiciones reglamentarias.

5. Las disposiciones de los artículos 72 y 74 del estatuto orgánico del sistema financiero, en lo que considere pertinente la Superintendencia Financiera de Colombia, y demás aplicables sobre deberes de los administradores.

(D. 1117/2013, art. 2º)

ART. 2.3.3.5.1.3.—Supervisión. La Superintendencia Financiera de Colombia ejercerá la supervisión sobre las siguientes operaciones adelantadas por los institutos de fomento y desarrollo que hagan parte del régimen especial de control y vigilancia que adelanta la Superintendencia Financiera sobre dichos institutos:

a) Administración de excedentes de liquidez de las entidades territoriales;

b) Otorgamiento de créditos;

c) Financiación de las actividades previstas en el numeral 2º del artículo 268 del estatuto orgánico del sistema financiero;

d) Descuento y negociación de pagarés, giros, letras de cambio y otros títulos de deuda;

e) Administración de fondos especiales.

(D. 1117/2013, art. 3º)

ART. 2.3.3.5.1.4.—Límites a la autorización. La autorización impartida por la Superintendencia Financiera de Colombia y la aplicación del régimen especial de control y vigilancia no implicará, ni tendrá como efecto, la facultad para los institutos de fomento y desarrollo de las entidades territoriales de adelantar las operaciones autorizadas exclusivamente a las instituciones vigiladas que no hacen parte del régimen especial de control y vigilancia que adelanta la Superintendencia Financiera de Colombia sobre dichos institutos.

(D. 1117/2013, art. 4º)

ART. 2.3.3.5.1.5.—Suspensión de la autorización. Sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en el parágrafo del artículo 2.3.3.5.1.1 de esta sección, la autorización de que trata la presente sección podrá ser suspendida por la Superintendencia Financiera de Colombia cuando evidencie que existen razones que justifican la decisión. En este evento, el representante legal del respectivo instituto deberá, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de la respectiva resolución, presentar ante la Superintendencia Financiera de Colombia para su aprobación, un plan de desmonte de la administración de excedentes de liquidez. Dicho desmonte no deberá superar un (1) año.

(D. 1117/2013, art. 5º)

ART. 2.3.3.5.1.6.—Auditoría de la información. Los estados financieros y los balances contables que presenten las entidades a las que se refiere el 2.3.3.5.1.1 de esta sección, tanto a las secretarías de hacienda como a las firmas calificadoras de riesgo, deben estar auditados por un revisor fiscal y remitirse a la Superintendencia Financiera de Colombia.

(D. 1117/2013, art. 6º)

ART. 2.3.3.5.1.7.—Control fiscal. El control y vigilancia adelantados por la Superintendencia Financiera de Colombia en desarrollo de las previsiones de la presente sección, no se entenderán como sustitutivos del control fiscal a que se refiere la Ley 42 de 1993 y demás normas sobre la materia.

(D. 1117/2013, art. 7º)

ART. 2.3.3.5.1.8.—Plazo. Los institutos de fomento y desarrollo de las entidades territoriales que no hayan reunido los requisitos previstos en el artículo 2.3.3.5.1.1 de esta sección a 30 de noviembre de 2014, deberán someterse al plan gradual de ajuste de que trata el artículo siguiente, con el fin de continuar administrando los excedentes de liquidez de las entidades territoriales y sus entidades descentralizadas.

(D. 1117/2013, art. 8º modificado por el D. 2463/2014, art. 1º)

ART. 2.3.3.5.1.9.—Plan gradual de ajuste. Los institutos de fomento y desarrollo que al 30 de noviembre de 2014 no cumplieron con lo dispuesto en los artículos anteriores de esta sección, esto es, contar con la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia, para hacer parte del régimen especial de control y vigilancia y obtener por lo menos la segunda mejor calificación para el corto y el largo plazo, emitida por una calificadora de valores vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, se someterán a las siguientes reglas para el desmonte de la administración de excedentes de liquidez, de acuerdo al grupo de entidades al que corresponda, según se indica a continuación:

Grupo 1: institutos de fomento y desarrollo que a 30 de noviembre de 2014 presentaron la documentación exigida por la Superintendencia Financiera de Colombia con el propósito de someterse al régimen especial de control y vigilancia pero que a esa fecha no lograron su autorización, y en los últimos dos (2) años presentaron una mejora en la calificación de riesgo prevista para el corto y largo plazo.

Grupo 2: institutos de fomento y desarrollo que a 30 de noviembre de 2014 presentaron la documentación exigida por la Superintendencia Financiera de Colombia con el propósito de someterse al régimen especial de control y vigilancia pero que a esa fecha no lograron su autorización, y en los últimos dos (2) años no presentaron una mejora en la calificación de riesgo prevista para el corto y largo plazo.

Grupo 3: institutos de fomento y desarrollo que a 30 de noviembre de 2014 no presentaron la documentación exigida por la Superintendencia Financiera de Colombia con el propósito de someterse al régimen especial de control y vigilancia.

1. El grupo 1 podrá continuar administrando los excedentes de liquidez de las entidades territoriales y sus descentralizadas, máximo en los porcentajes que se señalan a continuación:

a) Para la vigencia del 2 de diciembre de 2014 al 1º de diciembre de 2015, el 90% de los excedentes de liquidez administrados de acuerdo con la información contable pública reportada a través del CHIP en la cuenta “2.1.10 operaciones de captación y servicios financieros - saldo final”, para el corte disponible al 30 de septiembre de 2014, de la Contaduría General de la Nación.

b) Para la vigencia del 2 de diciembre de 2015 al 1º de diciembre de 2016, el 70% de los excedentes de liquidez administrados de acuerdo con la información contable pública reportada a través del CHIP en la cuenta “2.1.10 operaciones de captación y servicios financieros - saldo final”, para el corte disponible al 30 de septiembre de 2014, de la Contaduría General de la Nación.

c) Para la vigencia del 2 de diciembre de 2016 al 1º de diciembre de 2017, el 50% de los excedentes de liquidez administrados de acuerdo con la información contable pública reportada a través del CHIP en la cuenta “2.1.10 operaciones de captación y servicios financieros - saldo final”, para el corte disponible al 30 de septiembre de 2014, de la Contaduría General de la Nación.

d) Para la vigencia del 2 de diciembre de 2017 al 1º de diciembre de 2018, el 30% de los excedentes de liquidez administrados de acuerdo con la información contable pública reportada a través del CHIP en la cuenta “2.1.10 operaciones de captación y servicios financieros - saldo final”, para el corte disponible al 30 de septiembre de 2014, de la Contaduría General de la Nación.

e) Para la vigencia del 2 de diciembre de 2018 al 1º de diciembre de 2019, el 10% de los excedentes de liquidez administrados de acuerdo con la información contable pública reportada a través del CHIP en la cuenta “2.1.10 operaciones de captación y servicios financieros - saldo final”, para el corte disponible al 30 de septiembre de 2014, de la Contaduría General de la Nación.

2. El grupo 2 podrá continuar administrando los excedentes de liquidez de las entidades territoriales y sus descentralizadas, máximo en los porcentajes que se señalan a continuación:

a) Para la vigencia del 2 de diciembre de 2014 al 1º de diciembre de 2015 el 80% de los excedentes de liquidez administrados de acuerdo con la información contable pública reportada a través del CHIP en la cuenta “2.1.10 operaciones de captación y servicios financieros - saldo final”, para el corte disponible al 30 de septiembre de 2014, de la Contaduría General de la Nación.

b) Para la vigencia del 2 de diciembre de 2015 al 1º de diciembre de 2016, el 60% de los excedentes de liquidez administrados de acuerdo con la información contable pública reportada a través del CHIP en la cuenta “2.1.10 operaciones de captación y servicios financieros - saldo final”, para el corte disponible al 30 de septiembre de 2014, de la Contaduría General de la Nación.

c) Para la vigencia del 2 de diciembre de 2016 al 1º de diciembre de 2017, 30% de los excedentes de liquidez administrados de acuerdo con la información contable pública reportada a través del CHIP en la cuenta “2.1.10 operaciones de captación y servicios financieros - saldo final”, para el corte disponible al 30 de septiembre de 2014, de la Contaduría General de la Nación.

d) Para la vigencia del 2 de diciembre de 2017 al 1º de diciembre de 2018, el 10% de los excedentes de liquidez administrados de acuerdo con la información contable pública reportada a través del CHIP en la cuenta “2.1.10 operaciones de captación y servicios financieros - saldo final”, para el corte disponible al 30 de septiembre de 2014, de la Contaduría General de la Nación.

3. El grupo 3 no podrá continuar con la administración de los excedentes de liquidez de las entidades territoriales y sus descentralizadas. Estos institutos de fomento y desarrollo debieron haber presentado a la subdirección de financiamiento interno de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a más tardar el 1º de marzo de 2015, un plan de desmonte de la administración de los excedentes de liquidez, el cual no puede superar el plazo de dos (2) años parágrafo 1º. Los institutos de fomento y desarrollo que pertenecen al grupo 1 o 2, y que al 2 de diciembre de 2014 estuvieren administrando excedentes de liquidez en un monto superior al permitido para el primer año según el tipo de grupo, debieron haber presentado el 31 de diciembre de 2014 a la subdirección de financiamiento Interno de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, un plan de desmonte para la devolución del exceso de los excedentes de liquidez que no les está autorizado administrar. Dicho plan de desmonte debió realizarse a más tardar el 1º de abril de 2015.

PAR. 2º—Si vencido el último año del plan de ajuste según el tipo de grupo, los institutos de fomento y desarrollo no han logrado la segunda mejor calificación para el corto y largo plazo y no han logrado someterse al régimen especial de control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, dichas entidades deberán presentar a la subdirección de financiamiento interno de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los tres (3) meses siguientes, un plan de desmonte de la administración de los excedentes de liquidez, el cual no podrá superar el plazo de dos (2) años. Aquellos institutos de fomento y desarrollo que se encuentren en esta situación, bajo ninguna circunstancia podrán captar excedentes de liquidez de las entidades territoriales y sus descentralizadas.

PAR. 3º—Para efectos de definir el grupo al que debe pertenecer un instituto de fomento y desarrollo, en virtud de la calificación obtenida en los últimos dos (2) años, se entiende que una entidad podrá pertenecer al grupo 1 si presentó la documentación exigida por la Superintendencia Financiera de Colombia, con el propósito de someterse al régimen especial de control y vigilancia, y mejoró hasta obtener al menos las siguientes calificaciones para el largo y para el corto plazo:

Calificadora de riesgo
Calificación largo plazo
Calificación de corto plazo
BRC Investor Services S.A.
A
BRC2
Fitch Ratings Colombia S.A.
A
F2
Value & Risk Rating
A
VrR2

PAR. 4º—Aquellos institutos que logren la segunda mejor calificación para el corto y el largo plazo y se sometan al régimen especial de control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, podrán volver a captar los excedentes de liquidez de las entidades territoriales y sus descentralizadas.

(D. 1117/2013, art. 9º adicionado por el D. 2463/2014, art. 2º)

TÍTULO 4

Fondos administrados por el Tesoro Nacional

CAPÍTULO 1

Fondo de estabilización de precios de los combustibles

(Nota: Modificado el presente capítulo por el Decreto 1451 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.3.4.1.1.—Definiciones. Para los efectos del funcionamiento y operatividad del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, en adelante FEPC, creado mediante el artículo 69 de la Ley 1151 de 2007, se establecen las siguientes definiciones:

1. Precio de paridad: son los precios diarios de los combustibles gasolina regular y ACPM observados durante el mes, expresados en pesos, referenciados al mercado del golfo de los Estados Unidos de América, calculado aplicando los artículos 5º, 6º y 7º de la Resolución 180522 del 29 de marzo de 2010, proferida por el Ministerio de Minas y Energía o las normas que la modifiquen o sustituyan.

Para efectos de la importación de combustible desde la República Bolivariana de Venezuela se entenderá por precio de paridad, el precio diario de la gasolina regular y del ACPM observado durante el mes, expresado en pesos y fijado por la Empresa de Petróleos de Venezuela, el cual incluye: precio de facturación en planta de producción, transporte en territorio venezolano, administración y logística, servicios aduaneros y fondo social de desarrollo fronterizo.

Excepcionalmente, para la importación de combustibles desde otros países fronterizos con Colombia, se entenderá por precio de paridad, el precio diario de la gasolina regular y del ACPM observado durante el mes, expresado en pesos y fijado por la empresa de petróleos exportadora, el cual incluye, precio de facturación en planta de producción, transporte y demás costos administrativos asociados a la operación de importación. Para este efecto, las operaciones deberán contar con previo concepto favorable del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Lo anterior con el fin de llevar a cabo el abastecimiento de combustibles en las zonas de frontera, sin perjuicio de lo dispuesto por el parágrafo 3 del artículo 6º de la Resolución 180522 del 29 de marzo de 2010, proferida por el Ministerio de Minas y Energía o las normas que la modifiquen o sustituyan.

2. Precio de referencia: con miras a estabilizar el precio de la gasolina motor o ACPM del consumidor final, es el ingreso al productor definido por el Ministerio de Minas y Energía, de acuerdo con las resoluciones 181602 del 30 de septiembre de 2011 y 18 1491 del 30 de agosto de 2012, proferidas por el Ministerio de Minas y Energía o las normas que las modifiquen o sustituyan.

3. Diferencial: es el producto entre el volumen reportado por el refinador y/o importador en el momento de la venta y la diferencia entre el precio de paridad y el precio de referencia. Este factor se calculará en pesos, semestralmente para la gasolina regular y para el ACPM por el Ministerio de Minas y Energía.

4. Refinador y/o importador: es toda persona natural o jurídica que cumpla con los requisitos exigidos para los refinadores y/o importadores en el Decreto 4299 de 2005, o las normas que lo modifiquen o compilen, y se encuentre debidamente registrada ante el Ministerio de Minas y Energía para actuar como tal.

(D. 1880/2014, art. 1º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1451 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.3.4.1.2.—Estructura del FEPC. El FEPC, creado por el artículo 69 de la Ley 1151 de 2007, funcionará como un fondo cuenta sin personería jurídica, adscrito y administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual tendrá como función atenuar en el mercado interno, el impacto de las fluctuaciones de los precios de los combustibles en los mercados internacionales.

(D. 1880/2014, art. 2º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1451 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.3.4.1.3.—Recursos del FEPC. Los recursos necesarios para el funcionamiento del FEPC provendrán de las siguientes fuentes:

a) Los rendimientos de los recursos que conformen el fondo;

b) Los recursos de crédito que de manera extraordinaria reciba del tesoro;

c) Los recursos del Presupuesto General de la Nación que se destinen para el efecto.

(D. 1880/2014, art. 3º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1451 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.3.4.1.4.—Reporte ante el Ministerio de Minas y Energía – Dirección de Hidrocarburos. Dentro de los veinticinco (25) primeros días de cada mes, los Refinadores y/o Importadores deberán reportar a la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, las cantidades de gasolina corriente y ACPM vendidas en el mes anterior, incluyendo aquel ACPM proveniente de la degradación del JET A -1.

Dichos reportes deberán contener la información correspondiente a cada combustible desagregada diariamente y deberán ser suscritos por la persona natural registrada o por el representante legal de la persona jurídica. El informe contendrá adicionalmente la discriminación de los volúmenes vendidos, indicando si el origen de los mismos es nacional o importado. En caso que la gasolina corriente o el ACPM sean de origen nacional, es necesario informar la refinería de la cual provienen. Para estos efectos, los refinadores y/o importadores deberán usar el formato diseñado por el Ministerio de Minas y Energía.

El Ministerio de Minas y Energía evaluará la información remitida y podrá requerir aclaraciones o correcciones a la misma, de conformidad con los requisitos establecidos en el presente capítulo y con base en las disposiciones que sobre la materia expida dicho ministerio.

(D. 1880/2014, art. 4º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1451 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.3.4.1.5.—Cálculo de la posición neta. El Ministerio de Minas y Energía calculará y liquidará mediante resolución, la posición neta semestral de cada refinador y/o Importador y para cada combustible a ser estabilizada por el FEPC.

Dicha posición será la sumatoria de los diferenciales a lo largo del semestre, cuyo resultado será el monto en pesos a favor de cada refinador y/o importador con cargo a los recursos del FEPC.

(D. 1880/2014, art. 5º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1451 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.3.4.1.6.—Pagos con cargo a los recursos del FEPC. El FEPC cancelará en pesos el valor correspondiente al cálculo y liquidación de la Posición Neta Semestral de cada refinador y/o importador dentro del plazo que defina el Ministerio de Minas y Energía y con base en la disponibilidad de recursos del FEPC.

En el evento en que los recursos depositados en el FEPC sean insuficientes para atender los pagos a cargo de dicho fondo, el administrador deberá presentar para autorización del comité directivo del fondo, la obtención de recursos de crédito extraordinarios previstos en el literal b) del artículo 2.3.4.1.3 del presente capítulo.

(D. 1880/2014, art. 6º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1451 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.3.4.1.7.—Incompatibilidad. No se podrán generar dobles pagos a favor de los importadores y/o refinadores en virtud de la aplicación del presente capítulo y de la Resolución 180522 de 2010, proferida por el Ministerio de Minas y Energía o las normas que la modifiquen o sustituyan.

(D. 1880/2014, art. 7º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1451 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.3.4.1.8.—Comité directivo. El FEPC tendrá un comité directivo conformado de la siguiente forma:

a) El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado, quien lo presidirá;

b) El Ministro de Minas y Energía o su delegado;

c) El Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o su delegado;

d) El Director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía o su delegado;

e) El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o su delegado.

PAR. 1º—Los miembros del comité directivo solo podrán delegar la asistencia en los funcionarios del nivel directivo de los ministerios. La secretaría técnica del comité directivo será ejercida por el Director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía o su delegado.

PAR. 2°.—El director general de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o su delegado se abstendrán de deliberar y/o votar en el comité directivo, cuando se trate de temas relacionados con el otorgamiento de los créditos extraordinarios previstos en el literal b) del artículo 2.3.4.1.3 del presente capítulo.

(D. 1880/2014, art. 8º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1451 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.3.4.1.9.—Funciones del comité directivo. El comité directivo del FEPC tendrá las siguientes funciones:

a) Revisar los informes semestrales presentados por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y pronunciarse sobre el estado del fondo.

b) Hacer seguimiento al desempeño del FEPC y a las políticas establecidas.

c) Autorizar la celebración o la renovación de los plazos de los créditos extraordinarios.

d) Darse su propio reglamento.

e) Trazar la política de inversión del fondo.

f) Las demás funciones inherentes a la naturaleza y a los fines del fondo.

(D. 1880/2014, art. 9º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1451 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.3.4.1.10.—Facultades del administrador del FEPC. Será facultad del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en su calidad de administrador del FEPC, decidir autónomamente sobre la compra y venta de títulos o valores financieros de acuerdo con la política de inversión que defina el comité directivo.

PAR.—Facúltase a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que, con cargo a los recursos del FEPC y en virtud de su administración, pueda negociar y ejecutar operaciones de cobertura sobre los productos objeto de estabilización así como de petróleo y sus derivados.

(D. 1880/2014, art. 10)

(Nota: Modificado por el Decreto 1451 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.3.4.1.11.—Naturaleza de los recursos. Los recursos existentes en el FEPC no forman parte de las reservas internacionales del país.

(D. 1880/2014, art. 11)

(Nota: Modificado por el Decreto 1451 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.3.4.1.12.—Otorgamiento de recursos de crédito extraordinarios del tesoro. La Nación- Ministerio de Hacienda y Crédito Público, otorgará recursos de créditos extraordinarios para atender las obligaciones del FEPC en una determinada vigencia, cuando el Ministerio de Minas y Energía haya calculado y expedido mediante resolución la posición neta semestral de cada refinador y/o importador a que se refiere el artículo 2.3.4.1.5 del presente capítulo y previa certificación del administrador del FEPC en la que conste que los recursos depositados en dicho fondo son insuficientes para atender las obligaciones a su cargo.

En todo caso, la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público sólo podrá otorgar recursos de crédito extraordinarios del tesoro cuando exista disponibilidad de recursos para ello.

PAR.—El Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Ministro de Minas y Energía suscribirán en el ámbito de sus competencias el pagaré al que se refiere el artículo 2.3.4.1.14 del presente capítulo.

(D. 1880/2014, art. 12)

(Nota: Modificado por el Decreto 1451 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.3.4.1.13.—Condiciones de los créditos extraordinarios. Los créditos extraordinarios se sujetarán a las siguientes reglas:

1. Los recursos de crédito extraordinario serán únicamente los necesarios para atender los pagos con cargo al FEPC de que trata el artículo 2.3.4.1.6 del presente capítulo.

2. El plazo de los créditos extraordinarios deberá ser inferior a un (1) año.

3. Los recursos que se incorporen al FEPC deberán utilizarse para pagar las obligaciones a su cargo, en su orden así:

a) Los intereses de los créditos extraordinarios;

b) La amortización de capital de los créditos extraordinarios, pudiendo redimirse anticipadamente en forma parcial o total;

c) Los pagos de que trata el artículo 2.3.4.1.6 del presente capítulo.

(D. 1880/2014, art. 13)

(Nota: Modificado por el Decreto 1451 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.3.4.1.14.—Requisitos de los créditos extraordinarios. El FEPC deberá expedir un pagaré a favor de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público por cada desembolso.

(D. 1880/2014, art. 14)

(Nota: Modificado por el Decreto 1451 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.3.4.1.15.—Ingreso al productor en zonas de frontera. El Ministerio de Minas y Energía fijará el ingreso al productor en zonas de frontera; sin embargo, los cambios en la proporcionalidad sobre el ingreso al productor nacional o el incremento de volúmenes en dichas zonas, así como la decisión de extender dicha política a nuevas zonas de frontera deberá contar con previo concepto favorable del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en virtud de lo dispuesto en los numerales 1º del artículo 3º y 2º del artículo 6º del Decreto 4712 de 2008.

(D. 1880/2014, art. 15)

(Nota: Modificado por el Decreto 1451 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Modificado el presente capítulo por el Decreto 1451 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 2

Fondo CREE

ART. 2.3.4.2.1.—Fondo CREE. Constitúyase un fondo especial sin personería jurídica denominado Fondo CREE, que será administrado por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyos recursos están destinados a atender los gastos de que tratan los artículos 20 y 28 de la Ley 1607 de 2012, así como los necesarios para garantizar el crecimiento estable de los presupuestos del SENA, ICBF y del sistema de seguridad social en salud a través de los recursos provenientes de la subcuenta de que trata el artículo 29 de la misma ley.

(D. 2222/2013, art. 1º)

ART. 2.3.4.2.2.—Recursos del Fondo CREE. Constituirán recursos del fondo CREE los siguientes:

1. Los recursos trasladados a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional por las entidades recaudadoras del impuesto sobre la renta para la equidad CREE.

2. Los recursos provenientes de las operaciones temporales de tesorería necesarias para proveer los faltantes transitorios de recaudo en el Fondo CREE.

3. Los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación en cumplimiento de la garantía de financiación de que trata el artículo 28 de la Ley 1607 de 2012.

4. Los rendimientos financieros generados en la administración de los recursos de dicho fondo.

5. Los recursos recaudados por concepto de intereses por la mora en el pago del CREE y las sanciones a que haya lugar.

6. Los reintegros de recursos girados a que haya lugar.

(D. 2222/2013, art. 2º)

ART. 2.3.4.2.3.—Subcuenta de garantía CREE. Constitúyase en el fondo CREE la subcuenta de garantía CREE creada por el artículo 29 de la Ley 1607 de 2012, destinada a financiar el crecimiento estable de los presupuestos del SENA, ICBF y del sistema de seguridad social en salud y que estará conformada por los excesos de recaudo del impuesto sobre la renta para la equidad CREE, que excedan la respectiva estimación prevista en el presupuesto de rentas de cada vigencia.

(D. 2222/2013, art. 3º)

ART. 2.3.4.2.4.—Administración de recursos del Fondo CREE. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional podrá administrar los recursos del fondo CREE y de la respectiva subcuenta de garantía CREE, conforme las facultades establecidas en las normas presupuestales y con plena observancia de los principios previstos en el artículo 209 de la Constitución Política. Las operaciones temporales de tesorería realizadas con los recursos del fondo CREE o de la subcuenta de garantía CREE se harán teniendo en cuenta los criterios de rentabilidad, solidez y seguridad. Todas las operaciones se realizarán en condiciones de mercado.

(D. 2222/2013, art. 4º)

ART. 2.3.4.2.5.—Faltantes transitorios de recaudo. Si en un determinado mes el recaudo en el fondo CREE resulta inferior a una doceava parte del monto mínimo apropiado en el Presupuesto General de la Nación para el SEna y el ICBF, la entidad podrá solicitar los recursos faltantes. Para el efecto, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional deberá proveer dicha liquidez a través de operaciones temporales de tesorería.

Los recursos provistos mediante operaciones temporales de tesorería serán pagados a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional con cargo a los recursos recaudados en los meses posteriores en el Fondo CREE, con cargo a la subcuenta de garantía CREE, y, en subsidio, con los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación por cuenta de la garantía de financiación de que trata el artículo siguiente.

(D. 2222/2013, art. 5º)

ART. 2.3.4.2.6.—Garantía de financiación. El Gobierno Nacional, con cargo a los recursos del presupuesto general de la Nación, asumirá los faltantes del recaudo del fondo CREE conforme a lo previsto en el parágrafo 1º del artículo 28 de la Ley 1607 de 2012.

Para el efecto, se deberá incorporar en el proyecto de Presupuesto General de la Nación los recursos necesarios para garantizar el pago de las obligaciones generadas con cargo al fondo CREE.

(D. 2222/2013, art. 6º)

SECCIÓN 1

Asignación de recursos para educación provenientes del CREE

(Nota: Derogado por el Decreto 1246 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Educación Nacional)

ART. 2.3.4.2.1.1.—(Derogado).* Ámbito de aplicación. Para la asignación y distribución de los recursos de que trata el parágrafo transitorio del artículo 24 de la Ley 1607 de 2012, serán beneficiarias aquellas instituciones que ofrezcan programas, y que cuenten con personería jurídica activa.

Se excluirán las entidades previstas en el artículo 137 de la Ley 30 de 1992 que no ostenten la calidad de instituciones de educación superior públicas, aunque se encuentren facultadas para la prestación del servicio de Educación Superior.

(D. 1835/2013, art. 1º)

*(Nota: Derogado por el Decreto 1246 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Educación Nacional)

ART. 2.3.4.2.1.2.—(Derogado).* Uso de los recursos. Teniendo en cuenta el carácter no recurrente de los recursos, estos se destinarán a proyectos de inversión relacionados con la construcción, ampliación, mejoramiento, adecuación y dotación de infraestructura física y tecnológica, y diseño y adecuación de nueva oferta académica, siempre y cuando dichos proyectos no generen gastos recurrentes.

PAR.—La aprobación de las decisiones de inversión quedará a cargo de los máximos órganos de dirección y gobierno de las instituciones de educación superior públicas, en el ejercicio de la autonomía consagrada en los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992.

(D. 1835/2013, art. 2º)

*(Nota: Derogado por el Decreto 1246 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Educación Nacional)

ART. 2.3.4.2.1.3.—(Derogado).* Asignación de los recursos. Los recursos de que trata el parágrafo transitorio del artículo 24 de la Ley 1607 de 2012 se asignarán entre las instituciones de educación superior públicas, de acuerdo con los siguientes porcentajes:

a) 75% para las universidades públicas;

b) 25% para colegios mayores, instituciones tecnológicas, instituciones universitarias o escuelas tecnológicas e instituciones técnicas profesionales, públicas.

(D. 1835/2013, art. 3º)

*(Nota: Derogado por el Decreto 1246 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Educación Nacional)

ART. 2.3.4.2.1.4.— (Derogado).* Distribución para universidades públicas. El 75% de los recursos para universidades públicas, previsto en el literal a) del artículo anterior, será distribuido de acuerdo con los siguientes porcentajes:

a) 70%, conforme a los resultados obtenidos en los indicadores de gestión previstos en el artículo 87 de la Ley 30 de 1992 para la vigencia inmediatamente anterior a la cual se distribuyen los recursos;

b) 30%, conforme a la regionalización de la educación superior y la matrícula en la zona de frontera y consolidación. Considerando la matrícula de las universidades públicas en municipios con menor participación en el total de la matrícula nacional; así como la matrícula en los municipios en la zona de frontera y consolidación, según la clasificación del Departamento Nacional de Planeación.

PAR.—La metodología de distribución del presente artículo será aplicada por el Ministerio de Educación Nacional.

(D. 1835/2013, art. 4º)

*(Nota: Derogado por el Decreto 1246 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Educación Nacional)

ART. 2.3.4.2.1.5.—(Derogado).* Distribución para colegios mayores, instituciones tecnológicas, instituciones universitarias o escuelas tecnológicas e instituciones técnicas profesionales, públicas. El 25% de los recursos para colegios mayores, instituciones tecnológicas, instituciones universitarias o escuelas tecnológicas e instituciones técnicas profesionales, públicas, previsto en el literal b) del artículo 2.3.4.2.1.3 de la presente sección, se distribuirán según el resultado de los indicadores de gestión de formación y bienestar para la vigencia inmediatamente anterior conforme con los siguientes indicadores:

a) Índice de resultados de formación (Irfor);

b) Indicador de bienestar (Irbie);

c) Municipios con baja participación en el total de la matrícula.

(D. 1835/2013, art. 5º)

*(Nota: Derogado por el Decreto 1246 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Educación Nacional)

ART. 2.3.4.2.1.6.—(Derogado).* Seguimiento y control de los recursos. Las instituciones de educación superior públicas deberán administrar estos recursos en una cuenta especial que permita realizar el debido control y seguimiento a los recursos.

El control y vigilancia fiscal de los recursos provenientes del parágrafo transitorio del artículo 24 de la Ley 1607 de 2012, corresponderá a la Contraloría General de la República.

Cada institución educativa deberá reportar al Ministerio de Educación Nacional, un informe con la periodicidad que este determine, en el cual se detalle la forma como se utilizaron los recursos en proyectos de inversión que se financiaron con estos recursos.

(D. 1835/2013, art. 6º)

*(Nota: Derogado por el Decreto 1246 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Educación Nacional)

ART. 2.3.4.2.1.7.—(Derogado).* Transferencia de los recursos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público directamente o a través del Ministerio de Educación Nacional transferirá los recursos a que se refiere la presente sección a cada una de las entidades beneficiarias que sean ejecutoras de los mismos.

(D. 1835/2013, art. 7º)

*(Nota: Derogado por el Decreto 1246 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Educación Nacional)

SECCIÓN 2

Asignación de recursos para salud provenientes del CREE

ART. 2.3.4.2.2.1.—Asignación de los recursos. Los recursos correspondientes al 30%, del punto adicional de que trata el parágrafo transitorio del artículo 24 de la Ley 1607 de 2012, serán trasladados a la sección del Ministerio de Salud y Protección Social, para la correcta ejecución del régimen subsidiado en salud.

(D. 1835/2013, art. 8º)

ART. 2.3.4.2.2.2.—Seguimiento y control de los recursos. El control y vigilancia fiscal de los recursos provenientes del parágrafo transitorio del artículo 24 de la Ley 1607 de 2012, corresponderá a la Contraloría General de la República.

(D. 1835/2013, art. 9º)

CAPÍTULO 3

Fondo de Desarrollo para La Guajira, Fondeg

ART. 2.3.4.3.1.—Fondo de Desarrollo para La Guajira, Fondeg. El Fondo de Desarrollo para La Guajira creado en virtud del artículo 19 de la Ley 677 de 2001, que en adelante se denominará Fondeg, es una cuenta especial sin personería jurídica adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sujeta a las normas y principios que regulan la contabilidad general del Estado y a las normas y principios establecidos en la Ley Orgánica del Presupuesto en lo pertinente, así como al control fiscal de la Contraloría General de la República.

(D. 611/2002, art. 1º)

ART. 2.3.4.3.2.—Objeto. Fondeg tiene por objeto, administrar los recursos provenientes del impuesto de ingreso a la mercancía, previsto en el artículo 18 de la Ley 677 de 2001. Los recursos que ingresarán a Fondeg corresponden únicamente al impuesto de ingreso a la mercancía de que habla el artículo 18 de la Ley 677 de 2001, los cuales serán administrados y destinados en la forma prevista en dicha ley.

(D. 611/2002, art. 2º)

ART. 2.3.4.3.3.—Consignación de los recursos provenientes del impuesto de ingreso a la mercancía. Las entidades financieras autorizadas para el recaudo de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, deberán consignar los recursos por concepto del impuesto de ingreso a la mercancía en la cuenta que para tal efecto tiene dispuesta la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional en el Banco de la República, para el recaudo de tributos aduaneros.

PAR.—Las obligaciones generales de las entidades recaudadoras que recepcionen recursos provenientes del impuesto de ingreso a la mercancía, estarán sujetas a lo contemplado en el artículo 801 del estatuto tributario, las resoluciones 8 de 2000, 478 de 2000 y 8110 de 2000 y sus modificaciones o adiciones.

(D. 611/2002, art. 3º)

ART. 2.3.4.3.4.—Certificación de los recursos con destino al Fondeg. La subdirección de gestión de recaudo y cobranzas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales deberá certificar a la subdirección de tesorería de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, una vez surtido el proceso de contabilización del respectivo período, el valor de los recursos con destino al Fondeg, recaudados a partir de la vigencia de la Ley 677 de 2001.

(D. 611/2002, art. 4º)

ART. 2.3.4.3.5.—Manejo independiente de los recursos. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional dará manejo independiente a los recursos destinados al Fondeg mientras se produce el giro de los mismos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo el cumplimiento de los trámites presupuestales correspondientes.

(D. 611/2002, art. 5º)

ART. 2.3.4.3.6.—Operaciones. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional con los recursos destinados al Fondeg y, mientras son girados al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, podrá realizar las operaciones a ella autorizadas para el manejo de sus excedentes y el de los recursos que administra, las cuales deberá efectuar, a más tardar el día hábil siguiente, al de la radicación de la certificación de que trata el artículo 2.3.4.3.4 del presente título.

(D. 611/2002, art. 6º)

ART. 2.3.4.3.7.—Transferencia de los recursos al departamento de la Guajira. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público transferirá semestralmente al departamento de La Guajira los recursos del Fondeg. Dichos recursos se entenderán ejecutados por la Nación al momento de la transferencia mencionada. En todo caso el departamento de La Guajira deberá realizar la incorporación a su presupuesto de los recursos del Fondeg que gire el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a dicha entidad territorial. El departamento de La Guajira será responsable de la ejecución de los recursos y su destinación en obras de inversión social dentro del Departamento, en cumplimiento de los fines previstos en el artículo 18 de la Ley 677 de 2001.

(D. 611/2002, art. 7º modificado por el D. 2212/2002, art. 1º)

ART. 2.3.4.3.8.—Consejo superior. El consejo superior establecido en el artículo 19 de la Ley 677 de 2001, estará integrado por un delegado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, un delegado de la Contraloría General de la República, el gobernador del departamento de La Guajira, los alcaldes de los municipios de Maicao, Uribia y Manaure, un representante de los comerciantes de la región y un representante de los indígenas de la región.

PAR. 1º—El representante de los comerciantes de la región será elegido por las cámaras de comercio del departamento y cuya elección conste en acta debidamente suscrita por los representantes legales de dichas cámaras de comercio.

El representante de los indígenas será designado conforme a sus usos y costumbres.

PAR. 2º—El representante de los comerciantes y de los indígenas de la región se designarán por períodos de un año.

(D. 611/2002, art. 8º)

ART. 2.3.4.3.9.—Estructura del consejo superior. El consejo superior contará con una presidencia y una secretaría técnica.

La presidencia del consejo será ejercida por el delegado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El secretario técnico será el gobernador del departamento de La Guajira.

(D. 611/2002, art. 9º)

ART. 2.3.4.3.10.—Reuniones del consejo superior. El consejo superior se reunirá ordinariamente, una vez cada dos (2) meses y extraordinariamente, cuando lo solicite el presidente del consejo.

El consejo se reunirá en la sede de la gobernación del departamento de La Guajira o en el lugar que aquél previamente determine.

El secretario técnico del consejo superior deberá convocar a sesiones ordinarias, mediante escrito dirigido a cada uno de sus miembros, con por lo menos 5 días hábiles de anticipación a la celebración de la respectiva reunión.

Las sesiones extraordinarias las convocará el secretario técnico por cualquier medio de comunicación, con una antelación de por lo menos 3 días comunes.

La falta de convocatoria o su indebida realización se entenderá saneada cuando a la sesión respectiva asista el 100% de los miembros del consejo superior.

(D. 611/2002, art. 10)

ART. 2.3.4.3.11.—Actas. Las decisiones del consejo superior constarán en actas que deberán ser suscritas por el presidente y el secretario técnico y que se asentarán en el respectivo libro.

(D. 611/2002, art. 11)

ART. 2.3.4.3.12.—Toma de decisiones. Las decisiones del consejo se adoptarán por mayoría simple y el quórum deliberatorio y decisorio será el que corresponda a un número plural de sus miembros.

PAR.—Cuando se presenten empates al votarse una decisión, dicho empate será dirimido por el delegado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

(D. 611/2002, art. 12)

ART. 2.3.4.3.13.—Invitados. El consejo superior podrá invitar a las sesiones, cuando lo considere pertinente, a funcionarios públicos o particulares.

(D. 611/2002, art. 13)

ART. 2.3.4.3.14.—Funciones del consejo superior. Son funciones del consejo superior:

a) Emitir las directrices sobre la administración de los recursos del fondo de conformidad con lo previsto en la ley;

b) Velar por la adecuada y oportuna utilización de los recursos del fondo en obras de inversión social en el departamento de La Guajira, sin perjuicio de las funciones asignadas a los órganos de control y vigilancia;

c) Solicitar informes periódicos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre el manejo de los recursos del fondo;

d) Solicitar informes periódicos al gobernador del departamento de La Guajira, sobre la ejecución de los proyectos financiados con los recursos de Fondeg;

e) Realizar los estudios técnicos necesarios para evaluar la ejecución de los proyectos financiados con recursos del fondo, que a juicio del consejo superior requieran dicho seguimiento;

f) Realizar revisiones selectivas a proyectos financiados con recursos del Fondeg, con el fin de establecer el avance y cumplimiento de objetivos y de encontrarse irregularidades informar a los entes de control competentes.

(D. 611/2002, art. 14)

ART. 2.3.4.3.15.—Investigaciones. El consejo superior, podrá solicitar se realicen las investigaciones a que haya lugar, a los proyectos que incumplan con el suministro de los informes y demás datos requeridos para el seguimiento presupuestal.

(D. 611/2002, art. 15)

ART. 2.3.4.3.16.—Vigilancia fiscal. La Contraloría General de la República y la Contraloría Departamental de La Guajira, ejercerán la vigilancia fiscal de la ejecución de los recursos cedidos de que trata el capítulo II de la Ley 677 de 2001 y sobre todos los sujetos que en ella intervienen.

El control fiscal a cargo de la Contraloría Departamental de La Guajira se realizará sobre la ejecución de los recursos de Fondeg, exclusivamente y dentro del marco de su competencia, en el territorio de La Guajira.

(D. 611/2002, art. 16)

CAPÍTULO 4

Fondo bonos de paz

ART. 2.3.4.4.1.—Aclaración de vigencia para la recepción de ingresos y pago de los bonos de paz. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional está facultada para recibir los ingresos pendientes por los títulos de deuda pública interna de la Nación denominados “Bonos de solidaridad para la paz” que se emitieron de conformidad con el Decreto 676 de 1999 y que aún estén siendo recaudados. También podrá pagar los “Bonos de solidaridad para la paz” que por diferentes razones no se hayan cancelado.

Las situaciones que se consolidaron en vigencia del Decreto 676 de 1999, seguirán rigiéndose por esa norma, y en especial, respecto de las disposiciones sobre procedimiento de control y sanciones, a que todavía haya lugar.

(Artículo nuevo añadido en compilación)

CAPÍTULO 5

Fondo cuenta para atender los pasivos pensionales del sector hotelero

(Nota: Adicionado por el Decreto 1949 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.3.4.5.1.— (Nota: Adicionado por el Decreto 1949 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.3.4.5.2.— (Nota: Adicionado por el Decreto 1949 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.3.4.5.3.— (Nota: Adicionado por el Decreto 1949 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.3.4.5.4.— (Nota: Adicionado por el Decreto 1949 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.3.4.5.5.— (Nota: Adicionado por el Decreto 1949 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.3.4.5.6.— (Nota: Adicionado por el Decreto 1949 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.3.4.5.7.— (Nota: Adicionado por el Decreto 1949 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.3.4.5.8.— (Nota: Adicionado por el Decreto 1949 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.3.4.5.9.— (Nota: Adicionado por el Decreto 1949 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Adicionado por el Decreto 1949 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

TÍTULO 5

Liquidación y traslado de los rendimientos financieros originados con recursos de la Nación

(Nota: Adicionado por el Decreto 1853 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.3.5.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1853 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.3.5.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1853 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.3.5.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1853 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.3.5.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1853 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.3.5.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1853 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.3.5.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1853 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.3.5.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1853 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.3.5.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1853 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.3.5.9.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1853 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.3.5.10.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1853 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Adicionado por el Decreto 1853 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

PARTE 4

Régimen de las obligaciones contingentes de las entidades estatales

TÍTULO 1

Contingencias contractuales de las entidades estatales

ART. 2.4.1.1.—Finalidades del régimen. El régimen de obligaciones contingentes de las entidades estatales tiene por objeto la implantación de un sistema para su manejo basado en un criterio preventivo de disciplina fiscal.

(D. 423/2001, art. 1º)

ART. 2.4.1.2.—Régimen obligatorio de las contingencias contractuales del Estado. Las disposiciones de la Ley 448 de 1998 y del presente título, constituyen el régimen obligatorio de las contingencias contractuales del Estado.

(D. 423/2001, art. 2º)

ART. 2.4.1.3.—Objeto del Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales. El Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales creado por la Ley 448 de 1998, funcionará conforme a las normas generales que establece el presente reglamento y tendrá por objeto atender el cumplimiento cabal de las obligaciones contingentes de las entidades estatales sometidas al presente régimen.

(D. 423/2001, art. 3º)

ART. 2.4.1.4.—Definición de obligaciones contingentes. En los términos del parágrafo del artículo primero de la Ley 448 de 1998, son obligaciones contingentes aquéllas en virtud de las cuales alguna de las entidades señaladas en el artículo 2.4.1.8 del presente título, estipula contractualmente a favor de su contratista, el pago de una suma de dinero, determinada o determinable a partir de factores identificados, por la ocurrencia de un hecho futuro e incierto.

(D. 423/2001, art. 6º)

ART. 2.4.1.5.—Obligatoriedad del Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales. Conforme al mandato de la Ley 448 de 1998, las entidades cobijadas por su régimen deberán incluir en sus presupuestos, en la sección del servicio de la deuda, las apropiaciones necesarias para atender el pago de las obligaciones contingentes que hayan contraído para cada una de las vigencias fiscales que comprenda la ejecución del respectivo contrato.

Los organismos sometidos al régimen de contingencias de las entidades estatales, deberán manejar a través del Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales, la totalidad de los recursos que apropien en sus presupuestos, para el cumplimiento de obligaciones contingentes contractuales derivadas de los riesgos comprendidos dentro del área de riesgos definida en el artículo 2.4.1.2.2 del capítulo 2 del presente título.

(D. 423/2001, art. 7º)

ART. 2.4.1.6.—Mecanismos alternativos para asegurar el pago de obligaciones contingentes. El fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales es el único mecanismo autorizado para atender el pago de las obligaciones contingentes que contraigan las entidades cobijadas por el régimen en cuanto se trate de riesgos comprendidos por el área de riesgos determinada por la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público conforme al artículo 2.4.1.2.2 del capítulo 2 del presente título.

En consecuencia, no serán admisibles mecanismos alternativos dirigidos a asegurar el pago de tales obligaciones contingentes, estructurados sobre el manejo de los correspondientes recursos por fuera del fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales.

(D. 423/2001, art. 13)

ART. 2.4.1.7.—Mecanismos de liquidez autorizados. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, serán admisibles los mecanismos transitorios que busquen otorgar al contratista liquidez cuando los aportes disponibles para atender el pago de alguna obligación contingente resultaren insuficientes al ocurrir ésta efectivamente y mientras se efectúa el trámite presupuestal que permita a la entidad aportante efectuar el pago de la suma faltante a su cargo.

(D. 423/2001, art. 14)

ART. 2.4.1.8.—Entidades sometidas al régimen obligatorio de contingencias contractuales del Estado. Se someten al régimen obligatorio de contingencias estatales consagrado por la Ley 448 de 1998 y por el presente título, las siguientes entidades, que —en consecuencia— tienen el carácter de aportantes del fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales:

1. La Nación.

2. Los establecimientos públicos.

3. Las empresas industriales y comerciales del Estado.

4. Las sociedades de economía mixta en las que la participación estatal sea de más del 75%.

5. Las unidades administrativas especiales con personería jurídica.

6. Las corporaciones autónomas regionales.

7. Los departamentos, los municipios, los distritos y el Distrito Capital de Bogotá.

8. Las entidades estatales indicadas en los numerales 2º, 3º, 4º y 5º de los niveles departamental, municipal y distrital.

9. Las empresas de servicios públicos oficiales y mixtas definidas en el artículo 14 de la Ley 142 de 1994 en las que el componente de capital público sea igual o superior al 75%.

10. Las sociedades públicas.

(D. 423/2001, art. 9º)

ART. 2.4.1.9.—Sectores de riesgo. El Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales, atenderá las obligaciones contingentes que contraigan las entidades sometidas al régimen aquí señalado, en virtud de la celebración de los contratos indicados en el artículo 22 de la Ley 185 de 1995, ya sea que ellos se rijan por el estatuto general de contratación de la administración pública o por disposiciones contractuales especiales, en relación con los siguientes sectores:

1. Infraestructura de transporte.

2. Energético.

3. Saneamiento básico.

4. Agua potable.

5. Comunicaciones.

(D. 423/2001, art. 10)

ART. 2.4.1.10.—Política de riesgo contractual del Estado. Las entidades estatales sometidas al régimen aquí previsto, deberán ajustarse a la política de riesgo contractual del Estado, conformada por los principios, pautas e instrucciones que determine el Gobierno Nacional, para la estipulación de obligaciones contingentes a su cargo.

(D. 423/2001, art. 15)

ART. 2.4.1.11.—Diseño de la política de riesgo contractual del Estado. El Consejo de Política Económica y Social, Conpes, orientará la política de riesgo contractual del Estado a partir del principio de que corresponde a las entidades estatales asumir los riesgos propios de su carácter público y del objeto social para el que fueron creadas o autorizadas, y a los contratistas aquéllos determinados por el lucro que constituye el objeto principal de su actividad.

(D. 423/2001, art. 16)

ART. 2.4.1.12.—Funciones del Conpes en materia de política de riesgo contractual del Estado. Corresponde al Consejo de Política Económica y Social, Conpes, en materia de política de riesgo contractual del Estado recomendar las directrices que deben seguir las entidades estatales al estructurar proyectos, con participación de capital privado en infraestructura y, de manera específica, en lo concerniente a los riesgos que puedan asumir contractualmente como obligaciones contingentes.

PAR.—El Consejo de Política Económica y Social, Conpes, revisará por lo menos una vez al año los lineamientos que determinan la política de riesgo establecida conforme al presente artículo, con el fin de asegurar su adaptación a la realidad de la contratación estatal del país.

(D. 423/2001, art. 17)

ART. 2.4.1.13.—Concepto de las dependencias de planeación sobre adecuación a la política de riesgo contractual del Estado. Cuando se trate de contratos a cargo de las entidades del orden nacional o descentralizado del mismo nivel, la dependencia de planeación del organismo rector del respectivo sector administrativo, deberá conceptuar sobre la adecuación de tales contratos a la política de riesgo contractual del Estado establecida por el Consejo de Política Económica y Social, Conpes.

De igual manera, las dependencias de planeación de las entidades territoriales, deberán emitir concepto acerca del ajuste de los contratos de dichas entidades y de sus descentralizadas a la política de riesgo contractual del Estado señalada por el Consejo de Política Económica y Social, Conpes.

(D. 423/2001, art. 18)

ART. 2.4.1.14.—Contratos especiales asimilados a operaciones de crédito público. En los términos del artículo 22 de la Ley 185 de 1995, y en concordancia con lo dispuesto por el parágrafo segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los contratos allí mencionados en los que se pacten obligaciones contingentes, se asimilan a operaciones de crédito público, siempre y cuando el pago debido al contratista por la provisión a la entidad pública de bienes o servicios, se encuentre sometida a plazo o condición.

(D. 423/2001, art. 19)

ART. 2.4.1.15.—No aplicación de las disposiciones generales de crédito público. Los contratos especiales asimilados a operaciones de crédito público, no se sujetan a los requisitos exigidos por las disposiciones generales de crédito público para tal tipo de operaciones. Por lo tanto, para su celebración bastará el cumplimiento de los requisitos aquí establecidos, sin perjuicio de la aplicación de las normas que exijan otros requisitos para su celebración y validez en razón de su naturaleza contractual.

(D. 423/2001, art. 20)

ART. 2.4.1.16.—Requisitos a que deben someterse las operaciones especiales asimiladas. Los contratos especiales que constituyen operaciones especiales asimiladas a operaciones de crédito público deben cumplir con los siguientes requisitos previamente a su celebración:

1. El pronunciamiento de la dependencia de planeación a que alude el artículo 2.4.1.13, sobre la adecuación de las obligaciones contingentes asumidas a la política general de riesgo contractual; y

2. La aprobación de los montos estimados de tales obligaciones contingentes por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante su inclusión en el plan de aportes para el respectivo contrato, al Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales.

(D. 423/2001, art. 21)

ART. 2.4.1.17.—Obligaciones contingentes no sujetas al régimen de contingencias estatales. Las entidades enumeradas en el artículo 2.4.1.8, que hubieren asumido obligaciones contingentes con anterioridad a la vigencia de la Ley 448 de 1998, continuarán ejecutando los respectivos contratos, en los términos pactados conforme a la legislación vigente al momento de su celebración.

(D. 423/2001, art. 56)

ART. 2.4.1.18.—Tránsito de legislación. Los contratos celebrados luego de la expedición de la Ley 448 de 1998 por las entidades estatales sometidas al régimen de contingencias estatales en los que se haya estipulado el pago de obligaciones contingentes, continuarán su ejecución conforme a las autorizaciones del Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, para comprometer vigencias futuras.

El régimen establecido por el presente título se aplicará íntegramente a los contratos de las entidades estatales sometidos al mismo que se celebren luego de su entrada en vigor.

(D. 423/2001, art. 57)

ART. 2.4.1.19.—Modificaciones a los contratos vigentes. Las modificaciones de los contratos a que se refieren los artículos anteriores, en las que se pacten obligaciones contingentes, se sujetarán a las disposiciones del presente título.

(D. 423/2001, art. 58)

CAPÍTULO 1

Fondo de Contingencias Contractuales

ART. 2.4.1.1.1.—Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales. El Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales es un sistema de manejo de los recursos transferidos por las entidades aportantes en la forma, cuantía y oportunidad previstas en el plan de aportes al administrador, para atender el cumplimiento de las obligaciones contingentes asumidas en el contrato identificado en la correspondiente cuenta.

(D. 423/2001, art. 4º)

ART. 2.4.1.1.2.—Naturaleza del Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales. Conforme a lo dispuesto por la Ley 448 de 1998, el Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales constituye una cuenta especial, sin personería jurídica manejada por el sector administrativo de Hacienda y Crédito Público, cuyo objeto es el señalado por el artículo 2.4.1.3 del presente título.

(D. 423/2001, art. 23)

ART. 2.4.1.1.3.—Administración del Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales. Conforme al mandato de la Ley 448 de 1998, la administración del Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales la realizará la fiduciaria La Previsora S.A., con arreglo a lo dispuesto en el presente título, en el reglamento que al efecto determine el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al contrato que con tal objeto celebre la Nación —Ministerio de Hacienda y Crédito Público— con la sociedad fiduciaria La Previsora S.A.

(D. 423/2001, art. 25)

ART. 2.4.1.1.4.—Recursos manejados a través del Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales. Los recursos que deberán manejarse a través del Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley 448 de 1998, serán los siguientes:

1. Los aportes efectuados por las entidades estatales.

2. Los aportes del presupuesto nacional.

3. Los rendimientos financieros que generen sus recursos.

4. El producto de su recuperación de cartera.

PAR.—Los recursos manejados a través del Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales serán tratados conforme a las normas presupuestales aplicables a las entidades estatales de carácter financiero.

(D. 423/2001, art. 24)

ART. 2.4.1.1.5.—Inversión de los recursos. La fiduciaria La Previsora S.A., invertirá los recursos que se manejan a través del Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales exclusivamente en títulos TES, en el mercado primario o en el secundario de los mismos, según lo que determine para el caso la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

(D. 423/2001, art. 26)

ART. 2.4.1.1.6.—Rendimientos que produzca la inversión. Los rendimientos del Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales estarán constituidos por el rendimiento de sus inversiones deducidos los costos de la administración del mismo, indicados en el contrato a que se refiere el artículo 2.4.1.1.3 de este capítulo e incluidos en el presupuesto, expresados como porcentaje de tales rendimientos de las inversiones.

Los rendimientos del Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales se contabilizarán diariamente en las subcuentas correspondientes a los contratos para los cuales dichas entidades hayan realizado aportes al fondo.

(D. 423/2001, art. 27)

ART. 2.4.1.1.7.—Costos de administración. Los rendimientos que genere la inversión de los recursos procedentes de los aportes de las entidades aportantes del Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales se destinarán, en primer término, a cubrir los costos en que haya incurrido la fiduciaria La Previsora S.A., por su administración, y su remanente será reconocido —en beneficio de las aportantes— en proporción directa al monto de sus aportes para cada período y traspasado a ellas cuando finalice la ejecución de contrato que contenga las obligaciones contingentes o cuando cese la posibilidad de ocurrencia de dichas obligaciones.

En ningún caso, podrá exigirse de las entidades aportantes la transferencia de suma alguna con destino al administrador por concepto de costos de administración.

(D. 423/2001, art. 28)

ART. 2.4.1.1.8.—Plan de aportes. El plan de aportes es el cronograma obligatorio de los montos que deben transferir las entidades estatales sometidas al presente régimen, al fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales, con destino al cumplimiento de las obligaciones contingentes que asuman en los contratos a que se refiere el artículo 2.4.1.5 del presente título, el cual es resultado de la aplicación de las metodologías fijadas por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el respectivo sector administrativo.

(D. 423/2001, art. 8º)

ART. 2.4.1.1.9.—Criterios para la elaboración del plan de aportes. El plan de aportes será diseñado con fundamento en los siguientes factores, siguiendo un criterio de gradualidad, que permita apropiar las sumas requeridas para el pago de las obligaciones contingentes de una manera paulatina:

1. La capacidad de pago de la entidad aportante.

2. El monto total de las obligaciones contingentes contraídas por la entidad aportante bajo el correspondiente contrato.

3. Los plazos de ejecución del contrato y de comportamiento del riesgo.

4. La equivalencia entre el valor presente del pasivo contingente y el total de los aportes requeridos.

5. La probabilidad de ocurrencia de la contingencia.

(D. 423/2001, art. 11)

ART. 2.4.1.1.10.—Aportes. Para los efectos del régimen, se considerará aporte todo monto que sea transferido al fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales por las entidades aportantes en la forma, cuantía y oportunidad previstas en el plan de aportes para cada contrato por ellas celebrado.

(D. 423/2001, art. 12)

ART. 2.4.1.1.11.—Registro de los planes de aportes. El administrador llevará un registro de los planes de aportes con el propósito de requerir a las entidades aportantes el giro de los aportes en los montos y las fechas previstas.

Una vez se incluya un plan de aportes dentro del registro, la fiduciaria La Previsora S.A., así lo comunicará a la entidad aportante y a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Así mismo, remitirá copia del mismo a la dependencia encargada de elaborar y adoptar los proyectos de presupuesto correspondientes, para lo de su competencia de conformidad con el artículo 2.4.1.3.1 del capítulo 3 del presente título.

(D. 423/2001, art. 29)

ART. 2.4.1.1.12.—Obligación de remitir el plan de aportes al administrador. Cuando una entidad estatal tenga en su poder el plan de aportes del contrato que pretende celebrar, debidamente aprobado por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, deberá hacer llegar copia del mismo a la fiduciaria La Previsora S.A., con el objeto de que sea incluido dentro del registro del plan de aportes.

(D. 423/2001, art. 30)

ART. 2.4.1.1.13.—Transferencia de los aportes. Las entidades estatales sometidas al presente régimen, deberán girar al Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales, los aportes que les correspondan para atender las obligaciones por ellas asumidas en las cuantías, oportunidades y forma prevista en el plan de aportes, aprobado por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional registrado ante la fiduciaria La Previsora S.A.

Efectuada la transferencia de los recursos que constituyen cada aporte en ejecución de la respectiva partida presupuestal, la fiduciaria La Previsora S.A., expedirá a favor de la aportante, un documento en el que conste el monto del mismo, su fecha, el contrato en relación con el cual se ha efectuado y el contratista que eventualmente será el beneficiario del pago por la obligación contingente amparada.

(D. 423/2001, art. 31)

ART. 2.4.1.1.14.—De la disminución de aportes. Si como consecuencia del seguimiento a que alude el artículo 6º de la Ley 448 de 1998 y el artículo 2.4.1.2.4 del capítulo 2 del presente título, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional decide que hay lugar a la disminución de los aportes previstos en el plan de aportes, así se lo comunicará a la fiduciaria La Previsora S.A., indicando el monto y oportunidad en que deba efectuarse el correspondiente reembolso.

(D. 423/2001, art. 32)

ART. 2.4.1.1.15.—Obligación de mantener los aportes cuando persista la posibilidad de ocurrencia de obligaciones contingentes. A fin de garantizar el logro del objeto del Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales, cuando exista la posibilidad de ocurrencia de alguna contingencia a cargo de una entidad estatal aportante, cualquiera que sea el contrato que haya dado origen a la obligación pendiente, la misma deberá mantener sus aportes en el fondo con el fin de atender las eventuales obligaciones que puedan surgir. En tal evento, la entidad deberá proceder a solicitar la aprobación del plan de aportes para el nuevo contrato siguiendo el trámite previsto en el artículo 2.4.1.2.6 del capítulo 2 del presente título. Posteriormente, el administrador abrirá una cuenta conforme al artículo 2.4.1.1.18 de este capítulo y efectuará el traslado de los respectivos recursos a la subcuenta que se abra para el nuevo contrato y efectuará las anotaciones pertinentes.

(D. 423/2001, art. 33)

ART. 2.4.1.1.16.—Criterios para efectuar transferencias de recursos. La fiduciaria La Previsora S.A., podrá transferir recursos de una a otra subcuenta de una misma entidad aportante, a condición de que el contrato correspondiente a la cuenta de la cual van a ser egresados los recursos haya sido ejecutado en su totalidad o de que haya cesado definitivamente la posibilidad de ocurrencia del riesgo amparado.

(D. 423/2001, art. 34)

ART. 2.4.1.1.17.—Del reembolso de los aportes. Con excepción de lo previsto en el artículo 2.4.1.1.15 del presente capítulo, cuando finalice la ejecución de un contrato y haya terminado, por tanto, la posibilidad de ocurrencia de la contingencia amparada con los aportes efectuados al Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales, la entidad aportante tendrá derecho a que le sean reembolsados dichos aportes si ellos han provenido de ingresos propios.

(D. 423/2001, art. 35)

ART. 2.4.1.1.18.—Sistema de cuentas para cada entidad. La fiduciaria La Previsora S.A., abrirá una cuenta para la entidad aportante que presente para su registro un plan de aportes específico.

(D. 423/2001, art. 36)

ART. 2.4.1.1.19.—Subcuentas. La fiduciaria La Previsora S.A., llevará una subcuenta para los aportes que cada una de las entidades aportantes efectúen al Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales, por cada contrato en relación con el cual haya remitido el plan de aportes debidamente refrendado por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

(D. 423/2001, art. 37)

ART. 2.4.1.1.20.—Reconocimiento de la contingencia. Como requisito previo para los desembolsos causados por la ocurrencia de las obligaciones contingentes señaladas en el artículo 2.4.1.4 del presente título, la entidad estatal aportante declarará, mediante acto debidamente motivado, la ocurrencia de la contingencia, así como su monto.

Esta declaración podrá hacerla el funcionario competente de la entidad aportante en ejercicio de sus atribuciones legales o con fundamento en un acta de conciliación, una sentencia, laudo arbitral o en cualquier otro acto jurídico que tenga como efecto la exigibilidad inmediata de la obligación a cargo de la entidad aportante, a condición de que el acto respectivo se encuentre en firme.

(D. 423/2001, art. 38)

ART. 2.4.1.1.21.—Desembolsos. La fiduciaria La Previsora S.A., efectuará el pago debido por una entidad aportante a su contratista, por concepto de una obligación contingente, cuando sea requerida para ello, con los recursos que haya aportado la entidad al Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales en relación con el contrato que dio origen a la obligación y hasta concurrencia de la suma aportada con tal objeto.

Con la finalidad anotada, la fiduciaria La Previsora S.A., deberá verificar que el requerimiento de desembolso proviene del funcionario o funcionarios competentes de la entidad estatal aportante, así como la autenticidad del acto debidamente motivado que declara la ocurrencia de la contingencia y la de los documentos que acompañen la solicitud de desembolso.

El desembolso deberá realizarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento en debida forma.

(D. 423/2001, art. 39)

ART. 2.4.1.1.22.—Titularidad del cobro. En todo caso, la entrega de recursos por parte del Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales por concepto del pago de obligaciones contingentes, solamente podrá solicitarse por el funcionario competente de la entidad aportante siguiendo el trámite señalado anteriormente. En consecuencia, los contratistas de entidades aportantes al Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales, no podrán reclamar directamente el giro a su favor o exigir ante el mismo Fondo el pago en su propio beneficio, por razón de las obligaciones contingentes definidas en el artículo 2.4.1.4. del presente título.

Por lo tanto todas las acciones relacionadas con dichas obligaciones, deberán ejercerse ante la respectiva entidad pública contratante.

(D. 423/2001, art. 40)

CAPÍTULO 2

Valoración de contingencias

ART. 2.4.1.2.1.—Metodologías de valoración de contingencias. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, adoptará mediante actos administrativos de carácter general, las metodologías aplicables a los contratos estatales para determinar el valor de las obligaciones contingentes que en ellos se estipulen.

(D. 423/2001, art. 44)

ART. 2.4.1.2.2.—Área de riesgos del Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, determinará cuáles de los riesgos certificados por la dependencia de planeación respectiva, deben ser atendidos con los recursos del Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales, para lo cual establecerá un área de riesgos a partir de dos variables que se tomarán como coordenadas para determinarla, a saber:

1. El valor del pago como porcentaje del proyecto; y

2. La probabilidad de ocurrencia de la contingencia.

(D. 423/2001, art. 45)

ART. 2.4.1.2.3.—Evolución de las metodologías. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público evaluará permanentemente las metodologías de valoración de obligaciones contingentes de las entidades estatales, con miras a mantenerlas en consonancia con las necesidades reales de contratación pública. En todo caso, la evolución de las metodologías, deberá orientarse respetando la finalidad y los objetivos del sistema de política de riesgo contractual del Estado.

(D. 423/2001, art. 46)

ART. 2.4.1.2.4.—Seguimiento de los riesgos. En los términos del artículo 6º de la Ley 448 de 1998, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, efectuará un seguimiento periódico al comportamiento de los riesgos comprendidos en el área de riesgos del Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales, con el fin de determinar, para cada contrato en particular, la necesidad de incrementar o disminuir los respectivos aportes.

(D. 423/2001, art. 47)

ART. 2.4.1.2.5.—Modificaciones al plan de aportes. Cuando como consecuencia de la evolución de las metodologías y en virtud del seguimiento a que alude el artículo anterior, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público establezca que los montos de los aportes incluidos en un plan de aportes ya registrado por el administrador deben ser modificados, así se lo comunicará a la entidad aportante y a la fiduciaria La Previsora S.A., con el fin de que se proceda a efectuar el registro del plan de aportes reformado, para la cual se seguirá en lo pertinente lo dispuesto en el capítulo 1 del presente título.

(D. 423/2001, art. 48)

ART. 2.4.1.2.6.—Procedimiento para la valoración de las contingencias. Toda entidad estatal sometida a las disposiciones de la Ley 448 de 1998 y del presente título que pretenda celebrar un contrato en el cual se estipulen obligaciones contingentes, deberá —con antelación a la apertura de la correspondiente licitación o a la celebración del contrato si no se requiere licitación— presentar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público los documentos en los que aparezcan las obligaciones contingentes que va a asumir, acompañados de un cronograma que proyecte las sumas correspondientes a dichas obligaciones durante el plazo del contrato, así como el concepto de la autoridad de planeación sobre el sometimiento de las respectivas obligaciones contingentes a la política de riesgo contractual del Estado.

Si la documentación se encuentra completa y la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional encuentra que el cronograma propuesto se ajusta a la metodología de valoración aplicable, lo aprobará como plan de aportes al Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales para el contrato sometido a su consideración, el cual deberá ser registrado ante la fiduciaria La Previsora S.A.

Cuando el cronograma presentado se aparte de la metodología oficial de valoración de contingencias, la entidad deberá proceder a efectuar los ajustes que indique la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, con el fin de que sea aprobado como plan de aportes.

(D. 423/2001, art. 49)

ART. 2.4.1.2.7.—Riesgos no comprendidos por el área de riesgos. En el evento en que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público estime que las obligaciones contingentes sometidas a su consideración no se encuentran comprendidas en el área de riesgos, así se lo informará a la respectiva entidad estatal, evento en el cual se entenderá que tales obligaciones no se sujetan al régimen aquí previsto.

(D. 423/2001, art. 50)

ART. 2.4.1.2.8.—Ausencia de metodologías. Cuando las entidades estatales vayan a contraer obligaciones contingentes en relación con las cuales la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público no haya establecido una metodología de valoración, la documentación a que se refiere el artículo anterior deberá exponer unas cifras de valoración de dichas obligaciones conforme a una metodología adecuada al respectivo proyecto, la cual será analizada y aprobada por dicha dirección atendiendo la naturaleza del contrato y los criterios señalados en el artículo 2.4.1.1.9 del capítulo 1 presente título.

(D. 423/2001, art. 51)

ART. 2.4.1.2.9.—Inclusión en la base única de datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Para los efectos del artículo 16 de la Ley 533 de 1999 las obligaciones contingentes a que se refiere el presente título, se incluirán en la base única de datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, como deuda pública cuando se reconozca la ocurrencia de la contingencia conforme al artículo 2.4.1.1.20 del capítulo 1 del presente título.

(D. 423/2001, art. 22)

CAPÍTULO 3

Aspectos presupuestales

ART. 2.4.1.3.1.—Preparación de los presupuestos. En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 448 de 1998, las dependencias encargadas de elaborar y adoptar los proyectos de presupuesto de la Nación, de las entidades territoriales y de las entidades descentralizadas de cualquier orden, efectuarán las apropiaciones para las obligaciones contingentes de que trata el artículo 2.4.1.4 del presente título, incorporando en el respectivo proyecto, las cifras contenidas en el plan de aportes debidamente aprobado por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público conforme al artículo 2.4.1.2.6 del presente título.

Las apropiaciones presupuestales de las obligaciones contingentes de que trata el presente capítulo, deberán incluirse en el presupuesto de cada una de las vigencias fiscales que comprenda el plan anual de aportes.

(D. 423/2001, art. 41)

ART. 2.4.1.3.2.—Discusión y aprobación de los presupuestos. En la discusión y aprobación de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de las entidades descentralizadas de cualquier orden, las partidas propuestas para las obligaciones contingentes a que se refiere el artículo 1º de la Ley 448 de 1998, se programarán dentro del servicio de la deuda pública y tendrán la prelación correspondiente a esta.

De conformidad con el artículo 351, en concordancia con el 353 de la Constitución Política y el estatuto orgánico del presupuesto general de la Nación, las partidas propuestas por este concepto, no podrán ser eliminadas ni disminuidas.

(D. 423/2001, art. 42)

ART. 2.4.1.3.3.—Ejecución presupuestal. De conformidad con el artículo 4º de la Ley 448 de 1998, las partidas apropiadas para las obligaciones contingentes, previstas en el artículo 2.4.1.3.1 del presente capítulo se entenderán ejecutadas una vez se transfiera el aporte al Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales.

(D. 423/2001, art. 43)

CAPÍTULO 4

Responsabilidad por el incumplimiento del régimen

ART. 2.4.1.4.1.—De la responsabilidad de los representantes legales de las entidades sometidas al régimen de contingencias públicas. Los jefes de los organismos del sector central en los órdenes nacional, departamental y municipal, así como los representantes legales de las entidades enumeradas en el artículo 2.4.1.8 del presente título, serán responsables disciplinaria, fiscal y penalmente por el cumplimiento de las presentes disposiciones.

(D. 423/2001, art. 52)

ART. 2.4.1.4.2.—Responsabilidad especial de los representantes legales. Los servidores indicados en el artículo anterior serán especialmente responsables por la veracidad de la información que suministren a la dependencia de planeación respectiva, en lo relativo a las obligaciones contingentes previstas en los contratos que vayan a celebrar y a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público conforme al artículo 2.4.1.2.6. del capítulo 2 del presente título.

(D. 423/2001, art. 53)

ART. 2.4.1.4.3.—Prohibición de apropiar para obligaciones contratadas con violación del régimen. Ninguna dependencia estatal que tenga asignadas funciones de hacienda pública dará curso a solicitudes de incorporar presupuestalmente montos para el servicio de la deuda, destinados al pago de obligaciones contingentes de las entidades estatales sujetas al régimen de contingencias, cuando no se hayan dado cumplimiento a las exigencias consagradas en el presente título.

A fin de asegurar al cumplimiento del régimen de contingencias las entidades estatales a él sometidas, deberán —cuando soliciten la incorporación de apropiaciones destinadas al pago de obligaciones contingentes— presentar ante la respectiva oficina de presupuesto una constancia expedida por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de que dichas obligaciones han sido evaluadas conforme a los artículos 2.4.1.2.6 y 2.4.1.2.7 del capítulo 2 del presente título.

(D. 423/2001, art. 54)

ART. 2.4.1.4.4.—Intervención de los organismos de control. Cuando una entidad obligada por la Ley 448 de 1998 a hacer aportes al Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales no los realice en el monto y oportunidad dispuestos en el plan de aportes, la fiduciaria La Previsora S.A., deberá informarlo así a los organismos de control respectivos para lo de su competencia.

(D. 423/2001, art. 55)

TÍTULO 2

Pasivos contingentes

ART. 2.4.2.1.—Pasivos contingentes provenientes de operaciones de crédito público. Para los efectos del presente título se entiende por pasivos contingentes provenientes de las operaciones de crédito público las obligaciones pecuniarias sometidas a condición, que surgen a cargo de las entidades descritas en el artículo siguiente, cuando estas actúen como garantes de obligaciones de pago de terceros.

El trámite, celebración y ejecución de estas operaciones se someterá a las reglas del parágrafo 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, sus disposiciones reglamentarias y las normas que las modifiquen o adicionen, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 14 de la Ley 185 de 1995, para las contragarantías respecto del otorgamiento de créditos financiados con ingresos incorporados en el presupuesto general de la Nación y de la garantía por parte de la Nación, y de los demás requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes.

(D. 3800/2005, art. 1º)

ART. 2.4.2.2.—Campo de aplicación. El presente título se aplicará a los pasivos contingentes provenientes de las operaciones de crédito público cuando quiera que alguna de las siguientes entidades actúe en condición de garante de obligaciones de pago:

1. La Nación.

2. Los departamentos, los distritos y los municipios.

3. Los establecimientos públicos.

4. Las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades públicas.

5. Las sociedades de economía mixta en las que la participación directa o indirecta del Estado sea igual o superior al 50% del capital social.

6. Las unidades administrativas especiales con personería jurídica.

7. Las corporaciones autónomas regionales.

8. Las entidades indicadas en los numerales 3º, 4º, 5º y 6º del presente artículo de los órdenes departamental, municipal y distrital.

9. Las empresas de servicios públicos domiciliarios oficiales y mixtas, en este último caso cuando la participación directa o indirecta del Estado sea superior al 50% del capital social.

10. Las áreas metropolitanas y las asociaciones de municipios.

11. Los entes universitarios autónomos de carácter estatal u oficial.

12. La Autoridad Nacional de Televisión.

(D. 3800/2005, art. 2º)

ART. 2.4.2.3.—Contabilización de los pasivos contingentes. Sin perjuicio de las disposiciones contables especiales aplicables a las entidades estatales de carácter financiero, los pasivos contingentes provenientes de las operaciones de crédito público deberán registrarse en las cuentas de orden de la entidad garante, de conformidad con las instrucciones que al respecto imparta la Contaduría General de la Nación.

La Contaduría General de la Nación determinará los eventos en los cuales los pasivos contingentes deban incorporarse total o parcialmente al balance de la entidad garante.

(D. 3800/2005, art. 3º)

ART. 2.4.2.4.—Presupuestación de los pasivos contingentes. Las entidades de que trata el artículo 2.4.2.2 del presente título deberán incluir en su presupuesto anual, en el rubro del servicio de la deuda, las partidas necesarias para atender las pérdidas probables que surjan de los pasivos contingentes de las operaciones de crédito público en las que actúen en condición de garantes, cuando dichas operaciones se hubieran perfeccionado con posterioridad a la vigencia de la Ley 448 de 1998.

Las pérdidas probables anuales se estimarán de acuerdo con la metodología de valoración que expida la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en consonancia con la aprobación impartida por dicha Dirección en los términos del presente título.

PAR.—Para la estimación de la pérdida probable anual en las operaciones de crédito público garantizadas por la Nación, se tendrá en cuenta, además de los criterios establecidos en la metodología de valoración, el valor de los aportes realizados al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales por las entidades garantizadas.

(D. 3800/2005, art. 4º)

ART. 2.4.2.5.—Aportes al fondo de contingencias de las entidades estatales. Las entidades estatales cuyas obligaciones de pago sean garantizadas por la Nación en desarrollo de operaciones de crédito público que se perfeccionaron a partir del 27 de octubre de 2005, deberán realizar aportes al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales en la forma indicada en el presente título.

El monto del aporte al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales será determinado por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional de acuerdo con la metodología de valoración de las contingencias que establezca dicha dirección.

En todo caso, la determinación del monto del aporte, la aprobación del plan de aportes y su primer pago, cuando hubiere lugar a ello, serán condiciones previas al otorgamiento de la garantía de la Nación.

(D. 3800/2005, art. 5º)

ART. 2.4.2.6.—Transferencia de los aportes. Las entidades estatales garantizadas por la Nación deberán incluir en sus presupuestos del servicio de la deuda el valor de los aportes anuales al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales. De acuerdo con lo previsto en el artículo 4º de la Ley 448 de 1998, los aportes realizados al Fondo se entienden ejecutados una vez transferidos al mismo.

Con el fin de preservar los objetivos del Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales, de que trata el artículo 3º de la Ley 448 de 1998, y cubrir adecuadamente los riesgos incurridos por la Nación en su condición de garante, los aportes efectuados por las entidades garantizadas se mantendrán en el Fondo con el fin de atender las contingencias provenientes de obligaciones garantizadas por la Nación. Cuando el monto de la subcuenta especial de que trata el artículo siguiente sea suficiente para atender las contingencias garantizadas, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional podrá autorizar la reducción de los aportes a cargo de las entidades aportantes.

(D. 3800/2005, art. 6º)

ART. 2.4.2.7.—Administración de los aportes. Los aportes de las entidades estatales garantizadas se administrarán en el Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales en una subcuenta especial denominada “Garantías de la Nación”.

La totalidad de los recursos de la subcuenta se destinará a atender los pasivos contingentes provenientes de las operaciones de crédito público garantizadas por la Nación y a la realización de operaciones de cobertura. Los recursos se invertirán en la forma prevista para los demás recursos del Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales.

En los demás aspectos no regulados en el presente título, la administración de los recursos de la subcuenta especial se regirá por lo previsto en el título 1 de esta parte 4 del presente decreto único.

(D. 3800/2005, art. 7º)

ART. 2.4.2.8.—Plan de aportes. El monto de los aportes a cargo de las entidades garantizadas por la Nación se transferirá al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales de acuerdo con el plan de aportes que para el efecto apruebe la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Para la aprobación del plan de aportes, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional tendrá en cuenta, entre otros factores, la situación financiera de la entidad garantizada, el plazo de la obligación garantizada y las necesidades de cobertura de la Nación frente a los pasivos contingentes a su cargo.

(D. 3800/2005, art. 8º)

ART. 2.4.2.9.—Incremento o reducción de los aportes. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional deberá realizar un seguimiento periódico de los riesgos derivados de los pasivos contingentes de que trata el presente título y podrá ordenar a las entidades el incremento de los aportes cuando ello sea necesario para proteger adecuadamente a la Nación de las pérdidas probables que surjan de la obligación garantizada.

La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional podrá autorizar la reducción de los aportes a cargo de las entidades garantizadas en el evento previsto en el inciso final del artículo 2.4.2.5 del presente título.

(D. 3800/2005, art. 9º)

ART. 2.4.2.10.—Valoración de pasivos contingentes. De conformidad con lo previsto en el artículo 3º de la Ley 819 de 2003, los pasivos contingentes provenientes de las operaciones de crédito público cuyo perfeccionamiento se lleve a cabo con posterioridad a la vigencia de la Ley 448 de 1998, deberán ser valorados en la forma prevista en dicha ley y de acuerdo con las reglas del presente título. La valoración de estos pasivos deberá ser aprobada por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

Los pasivos contingentes provenientes de operaciones de crédito público perfeccionadas con anterioridad a la vigencia de la Ley 448 de 1998 se valorarán de acuerdo con los parámetros establecidos por el Departamento Nacional de Planeación.

(D. 3800/2005, art. 10)

ART. 2.4.2.11.—Metodología de valoración. La valoración de los pasivos contingentes de que trata el inciso 1º del artículo anterior se realizará de acuerdo con la metodología que expida la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Para efectos de la valoración de estos pasivos, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional tendrá en cuenta, entre otros criterios, los siguientes:

1. La calidad crediticia de la entidad garantizada.

2. El récord crediticio de la entidad garantizada en otras operaciones de garantía.

3. Los riesgos implícitos de la operación garantizada.

4. La liquidez de las contragarantías otorgadas.

(D. 3800/2005, art. 11)

TÍTULO 3

Obligaciones condicionales de la nación como socia en entidades públicas o mixtas que financien infraestructura

ART. 2.4.3.1.—Objeto. El presente título tiene por objeto establecer el manejo fiscal y presupuestal por parte de la Nación en el marco de las obligaciones condicionales que esta pueda asumir conforme a la autorización contenida en el artículo 70 de la Ley 1682 de 2013.

(D. 1955/2014, art. 1º)

ART. 2.4.3.2.—Autorización. Las obligaciones condicionales de las que trata el artículo 70 de la Ley 1682 de 2013, que impliquen la adquisición parcial o total de la participación accionaria de los socios estratégicos deberán contar, previo a su asunción, únicamente con aval fiscal que confiera el Consejo Superior de Política Fiscal-Confis. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, con base en la información disponible presentará en el momento en que se solicite el aval fiscal al Confis, un estimativo del monto que pueda corresponder para el eventual cumplimiento de tal obligación condicional.

(D. 1955/2014, art. 2º)

ART. 2.4.3.3.—Manejo presupuestal de las obligaciones condicionales. En el evento que se active la obligación condicional de adquirir parcial o totalmente la participación accionaria de los socios estratégicos, en los términos del artículo 70 de la Ley 1682 de 2013, el respectivo monto se incluirá en la ley de Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal siguiente a aquella en que se active la obligación condicional, que podrá atenderse mediante el servicio de la deuda, o a través de la emisión de bonos u otros títulos de deuda pública, en condiciones de mercado de conformidad con el régimen que sea aplicable.

(D. 1955/2014, art. 3º)

PARTE 5

Gestión de activos

TÍTULO 1

Enajenación de propiedad accionaria

CAPÍTULO 1

Patrimonio histórico y cultural

ART. 2.5.1.1.1.—Transferencia de patrimonio histórico y cultural en procesos de enajenación de propiedad accionaria. En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 226 de 1995 y de conformidad con los decretos que aprueban los programas de enajenación de la propiedad accionaria estatal de las diferentes entidades, se deberá transferir a favor de la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el derecho de propiedad sobre todas las obras de arte y demás bienes relacionados con el patrimonio histórico y cultural que a la fecha de enajenación de las respectivas participaciones estatales, eran propiedad de las entidades objeto de dichos procesos y que no hayan sido objeto de declaratoria de bien de interés cultural, por parte del Ministerio de Cultura. En los casos en que dichos bienes ya hayan sido declarados bienes de interés cultural las entidades deberán transferirlos directamente al Ministerio de Cultura, debiendo informar de dicha trasferencia al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

(D. 4649/2006, art. 1º modificado por el D. 88/2008, art. 1º)

ART. 2.5.1.1.2.—Plazo. Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la enajenación de la propiedad accionaria estatal, la entidad objeto del proceso de enajenación deberá remitir al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la totalidad de las obras de arte y demás bienes relacionados con el patrimonio histórico y cultural de propiedad de dicha entidad. La entrega se deberá acompañar de una relación que deberá contener como mínimo:

a) Avalúo de las obras de arte;

b) Certificado de originalidad, si procede;

c) Informe acerca del estado y ubicación de las obras de arte, y demás documentos que garanticen una recepción idónea y oportuna.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al momento de recibir las obras de arte y demás bienes relacionados con el patrimonio histórico y cultural deberá verificar la información de que trata el presente artículo, surtido lo cual, deberá suscribir la correspondiente acta de recepción.

PAR.—Respecto de los procesos de enajenación de la propiedad accionaria estatal que a 27 de diciembre de 2006 hubiesen finalizado, las entidades públicas titulares de las participaciones objeto de dichos procesos, coordinarán con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la entrega de obras de arte y demás bienes relacionados con el patrimonio histórico y cultural.

(D. 4649/2006, art. 2º)

ART. 2.5.1.1.3.—Competencia. Es competencia exclusiva del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en su calidad de coordinador de los procesos de enajenación de activos y propiedad accionaria de la Nación, una vez recibidas las obras de arte y demás bienes relacionados con el patrimonio histórico y cultural propiedad de las entidades objeto de estos procesos realizar ante el Ministerio de Cultura los trámites a que haya lugar de conformidad con lo dispuesto por la Ley 397 de 1997.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público en ejercicio de la competencia a que alude el presente artículo será el encargado de ordenar mediante resolución la entrega de las obras de arte y demás bienes relacionados con el patrimonio histórico y cultural a otras entidades o de suscribir los convenios o contratos necesarios para disponer sobre la administración, custodia y uso de dichos bienes, cuando a ello haya lugar, y previa la autorización del Ministerio de la Cultura, en los casos previstos por la ley.

(D. 4649/2006, art. 3º)

CAPÍTULO 2

Enajenación de la propiedad accionaria a trabajadores y extrabajadores

ART. 2.5.1.2.1.—Adquisición de acciones por parte de trabajadores y extrabajadores. Cuando el Estado enajene la propiedad accionaria de que trata el artículo 1º de la Ley 226 de 1995, los trabajadores y extrabajadores destinatarios de las condiciones especiales a que se refiere la citada ley, podrán adquirir acciones utilizando, entre otros recursos, las cesantías disponibles que tengan acumuladas, conforme a lo previsto en el presente capítulo.

(D. 1171/96, art. 1º)

ART. 2.5.1.2.2.—Condiciones especiales para el destinatario. El trabajador o extrabajador destinatario de las condiciones especiales, por lo menos quince (15) días calendario antes de la fecha de vencimiento del plazo de la correspondiente oferta, deberá manifestar por escrito al empleador o a la entidad administradora de sus cesantías, según el caso, su intención de adquirir acciones en desarrollo de un programa de enajenación de propiedad accionaria del Estado, señalando el monto de las cesantías que pretende comprometer para este fin.

(D. 1171/96, art. 2º)

ART. 2.5.1.2.3.—Giro de cesantías. Adjudicadas las acciones, el trabajador o extrabajador, procederá de inmediato a solicitar al empleador o a la entidad encargada del manejo de sus cesantías, que gire directamente a la entidad vendedora o al comisionista de bolsa, según el caso, el valor de las cesantías que corresponda para el efecto, anexando el respectivo comprobante de adjudicación.

El empleador o la entidad administradora de cesantías, en forma inmediata girará directamente a la entidad vendedora o al comisionista de bolsa, según el caso, el valor autorizado por el beneficiario de la adjudicación de acciones, so pena de asumir las responsabilidades contractuales y extracontractuales que puedan derivarse de su incumplimiento.

(D. 1171/96, art. 3º)

ART. 2.5.1.2.4.—Control y vigilancia. Las autoridades competentes serán las encargadas de ejercer el control y vigilancia sobre los empleadores y las entidades encargadas del manejo de las cesantías, en relación con el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este capítulo.

Lo anterior sin perjuicio de las funciones de inspección y vigilancia que ejercen las entidades competentes sobre los fondos privados de cesantías.

(D. 1171/96, art. 4º)

TÍTULO 2

Transferencia gratuita, compra y venta de inmuebles y cartera con el colector de activos públicos (CISA), y planes de enajenación onerosa

(Nota: Modificado por el Decreto 1778 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.2.1.—Definiciones.

1. Activos fijos inmobiliarios: son todos los inmuebles de propiedad de la entidad pública, excepto los activos circulantes según la naturaleza y objeto social de la entidad propietaria.

2. Bienes inmuebles saneados: son aquellos activos fijos que cumplan las siguientes condiciones:

i) Que existan físicamente y tengan identificación registral y catastral;

ii) Que no estén catalogados como de uso o espacio público;

iii) Que no hayan sido catalogados como inalienables o fuera del comercio o tengan cualquier limitación al derecho de dominio que impida su tradición;

iv) Que no cuenten con condiciones resolutorias de dominio vigente o procesos de cualquier tipo en contra de la entidad pública que recaigan sobre el bien inmueble;

v) Que no se enmarquen en las condiciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 708 de 2001, modificado por el artículo 2º de la Ley 1001 de 2005;

vi) Que no estén ubicados en zonas declaradas de alto riesgo, identificadas en el Plan de Ordenamiento Territorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen o en aquellas que se definan por estudios geotécnicos que en cualquier momento adopte la Administración Municipal, Distrital o el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina;

vii) Que no estén ubicados en zonas de cantera que hayan sufrido grave deterioro físico;

viii) Que no tengan diferencias de áreas entre los títulos y la información catastral, y

ix) Que no se encuentren catalogados en los planes o esquemas de ordenamiento territorial como zonas de protección forestal, parques, zonas verdes o conservación ambiental.

3. Bienes inmuebles con destinación específica que no estén cumpliendo con tal destinación: son aquellos de propiedad de las entidades públicas que:

i) En la ley, en sus actos administrativos, títulos de propiedad y demás instrumentos, contemplan una destinación específica que a la entrada en vigencia de la Ley 1450 de 2011 no se haya cumplido, salvo los casos establecidos por el artículo 1º de la Ley 708 de 2001 y los que se requieran para el desarrollo de proyectos de infraestructura vial;

ii) Aquellos que amparen pasivos pensionales que no estén cumpliendo con tal destinación y que fueron recibidos al cierre de la liquidación de entidades públicas, cuyo objeto no incluía la administración de pensiones, siempre que dichas entidades receptoras estén percibiendo recursos del Presupuesto General de la Nación para el pago de obligaciones pensionales;

iii) Inmuebles que teniendo una destinación económica, durante el año anterior a la entrada en vigencia de la Ley 1450 de 2011, no hayan generado una renta anual igual o mayor al 3% del avalúo comercial vigente. En caso de no contar con avalúo comercial deberán generar una renta igual o mayor al 3% del avalúo catastral incrementado en un 50%;

iv) Aquellos bienes inmuebles que hagan parte de algún fondo cuenta con o sin personería jurídica.

4. Bienes inmuebles requeridos para el ejercicio de sus funciones: son aquellos activos fijos de propiedad de las entidades públicas que cumplan con una o varias de las siguientes condiciones:

i) Que sean requeridos para el ejercicio de sus funciones y que actualmente se estén utilizando;

ii) Que hagan parte de proyectos de Asociación Publico Privada de los que trata el artículo 233 de la Ley 1450 de 2011;

iii) Que al 14 de enero de 2014, hagan parte de proyectos de inversión pública relacionados con las funciones de la entidad pública propietaria y cuenten con autorizaciones para comprometer recursos de vigencias futuras ordinarias o extraordinarias.

5. Cartera vencida: es aquella que presente 180 días:

i) De vencido el plazo para el pago total o de alguno de sus instalamentos, o

ii) De la ejecutoria del acto administrativo sancionatorio del hecho o acto que dio origen a la cartera, contados a partir del día siguiente a la fecha de su vencimiento.

6. Gastos administrativos de bienes inmuebles: son todos aquellos derivados de servicios públicos, cuotas de administración, impuestos, tasas y contribuciones, seguros o cualquier otro gasto relacionado con la administración y mantenimiento de inmuebles; así como todos aquellos que se requieran para la obtención de los paz y salvos pertinentes que permitan la escrituración y registro; y los derivados de la custodia, defensa, promoción, saneamiento administrativo y enajenación de los activos recibidos por CISA. Dichos gastos administrativos podrán corresponder tanto a períodos causados con anterioridad a la fecha de recibo del inmueble por parte del Colector de Activos Públicos (CISA), como a períodos posteriores.

7. Modelo de valoración: es una herramienta técnica utilizada por el Colector de Activos Públicos (CISA) que incorpora metodologías matemáticas, financieras y estadísticas combinadas entre sí, cuya finalidad es determinar el valor de compra de carteras por parte del colector.

8. Cesión de cartera: traspaso a título oneroso de un crédito o cartera vencida que se hace a favor del Colector de Activos Públicos (CISA), por una entidad u organismo público, mediante contrato interadministrativo de compraventa o por parte de un patrimonio autónomo de remanentes de entidades públicas liquidadas, mediante actas de cesión.

9. Cartera no vencida: entiéndase por cartera no vencida aquella cartera que no supere 180 días:

i) De vencido el plazo para el pago total o de alguno de sus instalamentos, o

ii) De la ejecutoria del acto administrativo sancionatorio del hecho o acto que dio origen a la cartera, contados a partir del día siguiente a la fecha de su vencimiento.

10. Administración de cartera no vencida: es el desarrollo de las actividades orientadas para la recuperación de la cartera.

11. Cartera de naturaleza coactiva: es aquella sobre la cual se ha iniciado proceso administrativo de cobro coactivo y se ha proferido el respectivo mandamiento de pago.

12. Administración de cartera de naturaleza coactiva: es el desarrollo de las actividades orientadas a apoyar la gestión del cobro administrativo coactivo mediante la sustanciación de las etapas procesales del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el estatuto tributario, en el Código General del Proceso y en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

PAR.—Salvo que la ley establezca la destinación, para los fines previstos en los numerales 3º y 4º de este artículo, los representantes legales de las entidades públicas certificarán la destinación de los bienes inmuebles y en el caso de que estos se encuentren afectos a una destinación específica deberán sustentar dicha afectación.

(D. 47/2014, art. 1º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1778 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.2.2.—Sanciones. La omisión o la información incorrecta o el incumplimiento, por parte de los responsables de la ejecución de lo previsto en presente título, acarreará las sanciones disciplinarias y fiscales que corresponda.

(D. 47/2014, art. 22)

(Nota: Modificado por el Decreto 1778 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 1

Información inmobiliaria del Estado

ART. 2.5.2.1.1.—Administración del sistema de información de gestión de activos, SIGA. En su calidad de Colector de Activos Públicos y coordinador de la gestión inmobiliaria del Estado, Central de Inversiones S.A. (CISA), continuará con el desarrollo del sistema de gestión de activos públicos, con el fin de contribuir a la normalización o monetización de los activos inmobiliarios.

De tal forma CISA seguirá teniendo a su cargo la administración, mantenimiento y expansión del SIGA, así como la consolidación del inventario total de los activos del Estado, incluyendo aquellos que respaldan pasivo pensional y cuya gestión se desarrolle en disposiciones complementarias al presente título.

PAR.—Central de Inversiones S.A. (CISA) podrá desarrollar todas las actividades que permitan la integración del SIGA con otros sistemas de información pública que puedan llegar a contribuir, directa o indirectamente, con el aseguramiento de la calidad de los datos sobre activos del Estado.

(D. 47/2014, art. 2º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1778 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.2.1.2.—Reporte de información. Para los fines previstos en el artículo anterior, todas las entidades públicas del orden nacional, territorial y los órganos autónomos e independientes, cualquiera sea su naturaleza, incluidas las de naturaleza mixta con o sin ánimo de lucro, deberán continuar reportando y/o actualizando, según el caso, la información general, técnica, administrativa y jurídica sobre todos sus activos fijos inmobiliarios al SIGA, incluyendo los que hayan recibido de entidades en liquidación y estén afectos al pasivo pensional.

La información deberá actualizarse cuando suceda un hecho que modifique de cualquier forma los datos reportados. Igualmente, cada vez que la entidad pública adquiera un activo fijo inmobiliario deberá reportarlo a partir de la fecha de inscripción del mismo en el registro de instrumentos públicos.

Las entidades públicas que no sean propietarias de activos fijos inmobiliarios deberán reportarlos en el momento en que los adquieran.

PAR.—Las entidades cabeza de sector, dentro del límite de sus competencias, deberán velar porque las entidades adscritas o vinculadas cumplan con la obligación contenida en el presente artículo, aun en el caso de que estas se encuentren en proceso de liquidación.

(D. 47/2014, art. 3º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1778 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.2.1.3.—Garantía de la calidad de la información. Los representantes de las entidades públicas del orden nacional, territorial y los órganos autónomos e independientes, cualquiera sea su naturaleza, incluidas las de naturaleza mixta con o sin ánimo de lucro, deberán garantizar la oportunidad de los reportes, la calidad de los datos reportados en el SIGA, al igual que la idoneidad del personal responsable del reporte.

(D. 47/2014, art. 4º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1778 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.2.1.4.—Condiciones de la información. Las entidades públicas del orden nacional, territorial y los órganos autónomos e independientes, incluidas las de naturaleza mixta con o sin ánimo de lucro, deberán registrar en el SIGA, la información correspondiente a los indicadores establecidos por el Gobierno Nacional que permitan medir la eficiencia en la gestión de los activos fijos inmobiliarios.

(D. 47/2014, art. 5º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1778 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 2

Cesión de cartera al Colector de Activos Públicos (CISA)

ART. 2.5.2.2.1.—Modelo de valoración de cartera. Las condiciones mediante las cuales el Colector de Activos Públicos (CISA) fijará el precio de la cartera serán las siguientes:

1. La construcción del flujo de cada obligación, según las condiciones actuales de la cartera, tales como la existencia y cubrimiento de las garantías, edad de mora, la etapa procesal en caso de que esté judicializada, riesgo procesal, gastos administrativos, judiciales y de gestión asociados a la cobranza de la cartera a futuro.

2. La estimación de la tasa de descuento del flujo en función de los ingresos, costos y gastos asociados a la cartera, incluyendo además los factores de riesgo inherentes al deudor y a la operación, que puedan afectar el pago normal de la obligación.

3. El precio máximo será el valor presente neto (VPN) del flujo, teniendo en cuenta la tasa de descuento y la prima de riesgo asociada a la cartera.

4. Las demás consideraciones comerciales aceptadas para este tipo de operaciones.

PAR.—En la medida en que la valoración parte de la información entregada por las entidades públicas, el resultado obtenido podrá ser ajustado conforme a las condiciones fijadas en el contrato interadministrativo o en el acta de entrega, según sea el caso.

(D. 47/2014, art. 6º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1778 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.2.2.2.—Forma de pago. El valor arrojado por el modelo de valoración se reflejará en el contrato interadministrativo o en el acta de entrega que se suscriba para la adquisición, y será girado:

i) Al Tesoro Nacional, en el caso de las entidades que hacen parte del presupuesto nacional; y

ii) Directamente a los patrimonios autónomos de remanentes y entidades pertenecientes al sector descentralizado del nivel nacional cobijados por lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley 1450 de 2011, así como los fondos especiales cuya ley de creación incluyan ingresos de capital por venta de bienes propios de las entidades a la que están adscritos como fuente de recursos. En ambos casos el pago se realizará dentro de los tres (3) años siguientes a la suscripción del contrato o a la firma del acta de entrega, según sea el caso, de acuerdo con las condiciones establecidas en el mismo.

(D. 47/2014, art. 7º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1778 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 3

Transferencia de inmuebles al Colector de Activos Públicos (CISA)

ART. 2.5.2.3.1.—Transferencia de bienes inmuebles. Las entidades públicas, para efectos de lo dispuesto en el parágrafo primero y siguientes del artículo 238 de la Ley 1450 de 2011, deberán transferir al Colector de Activos Públicos (CISA), a título gratuito y mediante acto administrativo, los bienes inmuebles de su propiedad que se encuentren saneados y no requieran para el ejercicio de sus funciones, y los previstos en el numeral 3º del artículo 2.5.2.1 del presente título.

PAR. 1º—Del deber de transferencia, se exceptúan los bienes inmuebles que amparen pasivos pensionales de propiedad de las entidades públicas, cuyo objeto o misión sea la administración o monetización de dichos activos; los bienes de las entidades cuyo objeto es o fue el de administradoras y/o pagadoras de pensiones; y los bienes inmuebles situados en el Centro Administrativo Nacional, que estarán vinculados al proyecto de renovación urbana.

PAR. 2º—Si dentro de los 30 días siguientes al registro del documento que perfeccione la transferencia la entidad tradente no realiza la entrega física del inmueble al Colector de Activos Públicos (CISA), la misma continuará asumiendo los gastos administrativos descritos en el numeral 6º del artículo 2.5.2.1 del presente título.

PAR. 3º—En el evento en que la entrega física no pueda ser realizada a CISA por la entidad pública, esta deberá justificar las razones por las cuales no podrá entregar, y en consecuencia suministrará, en el mismo plazo establecido en el parágrafo anterior, los planos topográficos georeferenciados o los planos cartográficos oficiales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi que permitan su ubicación en campo; de no existir dicha información, el predio no podrá ser aceptado por CISA y solicitará la revocatoria del acto administrativo por parte de la entidad pública tradente.

PAR. 4º—En los casos en los que, aún después de haber sido recibido el inmueble por CISA, el mismo no se ajuste a los requerimientos del numeral 2º del artículo 2.5.2.1 del presente título, CISA solicitará a la entidad pública la revocatoria del acto de transferencia. De igual manera se procederá en el evento en que los planos topográficos georeferenciados o los planos cartográficos oficiales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi que permitan su ubicación en campo, sean errados o presenten alguna inconsistencia.

(D. 47/2014, art. 8º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1778 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

SECCIÓN 1

Transferencia de Inmuebles del Colector de Activos Públicos (CISA) a otras Entidades Públicas y Alcance de la Administración y Comercialización de Inmuebles No Saneados

ART. 2.5.2.3.1.1.—De las instancias de asesoría y consulta para la transferencia gratuita de inmuebles a otras entidades públicas. Para la transferencia gratuita de bienes inmuebles por parte del Colector de Activos Públicos (CISA) a otras entidades públicas, en aquellos casos que esta lo considere, se conformará un comité integrado por:

1. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del ministro o su delegado.

2. El Departamento Nacional de Planeación a través del director general o su delegado.

3. La Empresa de Renovación Urbana Virgilio Barco Vargas a través de su gerente general.

Central de Inversiones S.A. a través de su presidente o su delegado, asistirá como invitado a todas las reuniones.

Las funciones del comité son:

1. Estudiar las solicitudes que el Colector de Activos Públicos (CISA) le presente a su consideración, en los términos de los artículos 2.5.2.3.1.3 y 2.5.2.3.1.4 de la presente sección.

2. Verificar que las solicitudes y los proyectos puestos en consideración del comité estén enmarcados con las prioridades del Gobierno Nacional definidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

3. Recomendar al Colector de Activos Públicos (CISA) la asignación del inmueble, de acuerdo con los criterios definidos en el artículo 2.5.2.3.1.3 del presente capítulo.

4. Establecer su propio reglamento.

PAR.—Los miembros del comité se reunirán de manera presencial o no presencial cada vez que el Colector de Activos Públicos (CISA) lo solicite, y solo podrán delegar su participación en el nivel directivo de la respectiva entidad. Las decisiones del comité se tomarán con el voto favorable de la totalidad de los miembros que participen en la sesión.

(D. 47/2014, art. 9º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1778 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.2.3.1.2.—Criterios que debe cumplir la solicitud de transferencia gratuita. El Colector de Activos Públicos (CISA) transferirá gratuitamente a otras entidades públicas, aquellos inmuebles que haya obtenido a título gratuito, en los eventos en que las entidades solicitantes:

1. Ostenten la posesión o tenencia del inmueble, siempre que dicha condición sea previa al 14 de enero de 2014;

2. Requieran un inmueble desocupado, siempre que sea para:

a) El desarrollo de sus funciones, o

b) Proyectos enmarcados dentro de las políticas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

PAR.—De la transferencia a título gratuito se exceptúan los bienes que pertenecen a patrimonios autónomos de remanentes de procesos de liquidación en curso y aquellos bienes que amparan pasivos pensionales.

(D. 47/2014, art. 10)

(Nota: Modificado por el Decreto 1778 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.2.3.1.3.—Requisitos que debe cumplir la solicitud de transferencia gratuita. El requerimiento de transferencia que eleve la entidad solicitante deberá contar con una justificación técnica y financiera suscrita por el representante legal de la entidad solicitante, en la cual se detalle la destinación del bien y las partidas presupuestales que garanticen la ejecución, operación y mantenimiento del inmueble. Cuando el inmueble sea requerido para el desarrollo de un proyecto de inversión, el mismo deberá contar con el concepto técnico de viabilidad del organismo competente para tal fin.

(D. 47/2014, art. 11)

(Nota: Modificado por el Decreto 1778 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.2.3.1.4.—Procedimiento de transferencia gratuita de inmuebles de CISA a otras entidades públicas. Una vez el Colector de Activos Públicos (CISA) reciba de las entidades públicas bienes transferidos a título gratuito, para cada uno de los inmuebles publicará por una sola vez y por un lapso de treinta (30) días calendario, en su página web, los inmuebles disponibles para la transferencia gratuita a las entidades públicas. Para el efecto, estas deberán consultar permanentemente la página web del Colector de Activos Públicos (CISA).

Dentro del plazo citado, las entidades públicas deberán presentar por escrito la solicitud de transferencia gratuita, de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior. El Colector de Activos Públicos (CISA) revisará las solicitudes y determinará si las mismas reúnen los requerimientos mínimos establecidos por el artículo anterior.

En el caso en que dicha solicitud no cumpla con los requisitos establecidos por el artículo anterior, CISA requerirá a la entidad pública solicitante para que subsane dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir del recibo del oficio de CISA.

En caso de no subsanarse los defectos de la solicitud en el plazo establecido, se entenderá desistida la misma.

Una vez validados los contenidos de las solicitudes por parte de CISA, y cuando esta lo considere pertinente, las mismas serán estudiadas de fondo por el Comité que emitirá la respectiva recomendación. En el evento en que el Colector de Activos Públicos (CISA) decida realizar la transferencia, esta deberá emitir el acto administrativo de transferencia a título gratuito.

El registro de la transferencia de los inmuebles entre las entidades públicas y CISA estará exento de los gastos asociados a dicho acto, de conformidad con el parágrafo tercero del artículo 238 de la Ley 1450 de 2011.

Si durante el plazo establecido en el inciso primero del presente artículo ninguna entidad pública solicita la transferencia a título gratuito o el comité recomienda que no es procedente la transferencia a título gratuito, el Colector de Activos Públicos (CISA) deberá comercializarlos bajo sus políticas y procedimientos.

PAR.—Los pasivos relativos a los inmuebles objeto de transferencia gratuita del colector de activos a otras entidades públicas, tales como gastos administrativos de los inmuebles en los términos establecidos en el numeral 6 del artículo 2.5.2.1 de este título, así como cualquier tipo de contingencia, serán asumidos por la entidad pública solicitante.

(D. 47/2014, art. 12)

(Nota: Modificado por el Decreto 1778 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.2.3.1.5.—Alcance de la administración y comercialización de inmuebles no saneados. Aquellos bienes inmuebles no saneados, de conformidad con lo establecido en los numerales 2º, 3º y 4º del artículo 2.5.2.1 del presente título, y que sean susceptibles de ser enajenados, deberán ser comercializados o administrados a través de CISA mediante contrato interadministrativo, en cumplimiento de lo ordenado en el inciso cuarto del artículo 238 de la Ley 1450 de 2011.

El contrato interadministrativo suscrito entre CISA y la entidad pública definirá el alcance de las labores de administración y/o comercialización, según las necesidades de la entidad estatal contratante y bajo las políticas y procedimientos del colector. CISA cobrará por este concepto la comisión de que trata el artículo 2.5.2.3.2.2 de la sección 2 del presente capítulo.

PAR.—De la actividad de administración se excluyen:

i) Reparaciones útiles y ornamentales, obras y adecuaciones de los inmuebles, o

ii) Actividades relativas y asociadas con la explotación agrícola, minera, ganadera y de piscicultura.

(D. 47/2014, art. 13)

(Nota: Modificado por el Decreto 1778 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

SECCIÓN 2

Transferencia de recursos y comisiones

ART. 2.5.2.3.2.1.—Transferencia de recursos producto de la enajenación que realice CISA. El Colector de Activos Públicos (CISA) girará trimestralmente a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el resultado neto derivado de las ventas a los terceros, de los inmuebles que haya recibido a título gratuito.

El valor a girar corresponderá al producto de la venta del bien inmueble al tercero, previo descuento de:

i) Una comisión, y

ii) Los gastos administrativos definidos en el numeral 6º artículo 2.5.2.1 del presente título, asumidos por el Colector de Activos Públicos (CISA), de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2º del artículo 2.5.2.3.1 del capítulo 3 del presente título;

iii) Aquellos gastos asumidos por el colector de activos de inmuebles posteriormente revocados;

iv) Gastos asumidos a partir de las resoluciones de transferencia hasta la entrega del inmueble, incluyendo aquellos generados en vigencias anteriores.

Para este efecto, el valor a descontar corresponderá al 29.85% del precio de la venta del inmueble.

En el evento en que CISA incurra en otros gastos como saneamientos técnicos y/o jurídicos cuya duración sea superior o igual a 12 meses a partir de la entrega del bien de la entidad pública tradente a CISA, CISA, adicionalmente al porcentaje anterior, descontará dichos gastos del valor final de venta del bien.

PAR.—En aquellos eventos en que los inmuebles transferidos gratuitamente al Colector de Activos Públicos (CISA), en virtud de la aplicación del artículo 238 de la Ley 1450 de 2011, estén produciendo frutos, y estos sean percibidos por CISA, el valor de estos, al igual que los rendimientos, intereses y demás valores derivados de los mismos serán descontados del valor de la comisión de que trata el presente artículo.

(D. 47/2014, art. 14)

(Nota: Modificado por el Decreto 1778 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.2.3.2.2.—Valor de las comisiones por administración de cartera y administración y/o comercialización de bienes inmuebles no saneados. Para estimar el costo de las comisiones que podrá cobrar el Colector de Activos Públicos (CISA), por la administración de la cartera y por la comercialización y/o administración de los inmuebles no saneados, se tendrán en cuenta las condiciones y actividades necesarias para desarrollar dicha labor.

La comisión se establecerá teniendo en cuenta como mínimo las siguientes variables:

i) Número de activos a comercializar y/o administrar;

ii) Su dispersión geográfica;

iii) Montos de cartera a recuperar o valor del activo a comercializar;

iv) Alistamiento, promoción o mercadeo de los activos;

v) Actividades de saneamiento y legalización;

vi) Gastos y costos administrativos.

Así mismo, la comisión podrá tener un componente fijo y/o variable, el cual será negociado entre las partes mediante contrato interadministrativo.

Las comisiones por las labores de administración y comercialización de los activos podrán ser descontadas por el Colector de Activos Públicos (CISA), de los recursos que le ingresen por dicha gestión.

(D. 47/2014, art. 15)

(Nota: Modificado por el Decreto 1778 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 4

Transferencia de activos de patrimonios autónomos de remanentes al Colector de Activos Públicos (CISA)

ART. 2.5.2.4.1.—Transferencia de activos de patrimonios autónomos de remanentes. Para los propósitos del parágrafo 4º del artículo 238 de la Ley 1450 de 2011, las Sociedades Fiduciarias que actúen como voceras de los patrimonios autónomos de remanentes suscribirán:

i) Actas de entrega de los inmuebles que se encuentren en dichos patrimonios, con la finalidad de transferirlos al Colector de Activos Públicos (CISA), a título gratuito, y

ii) Actas de entrega de la cartera que se encuentre en dichos patrimonios, para transferirla a CISA, en las condiciones que fije el modelo de valoración definido en el presente título y normas que lo modifiquen o complementen.

Las respectivas actas de entrega estarán motivadas en el mandato legal dispuesto en el artículo 238 de la Ley 1450 de 2011 y deberán suscribirlas el representante legal de la Sociedad Fiduciaria o su apoderado, en su exclusiva calidad de vocero del respectivo Patrimonio Autónomo de Remanentes y el representante legal de CISA o su apoderado.

(D. 47/2014, art. 16)

(Nota: Modificado por el Decreto 1778 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.2.4.2.—Transferencia de bienes inmuebles a CISA. Cuando se trate de transferencia de bienes inmuebles, el acta de entrega deberá elevarse a escritura pública como acto sin cuantía y su registro estará exento de los gastos asociados.

El acta de entrega de inmuebles deberá contemplar una relación de los mismos, identificados por sus respectivos folios de matrícula inmobiliaria, con indicación de la entidad pública del orden nacional de la cual provienen y la declaración de la Sociedad Fiduciaria de encontrarse debidamente saneados, de conformidad con lo previsto en el numeral 2º del artículo 2.5.2.1 del presente título.

PAR. 1º—Si dentro de los 30 días siguientes al registro del documento que perfeccione la transferencia, la entidad tradente no realiza la entrega física del inmueble al Colector de Activos Públicos (CISA), la misma continuará asumiendo los gastos administrativos descritos en el numeral 6 del artículo 2.5.2.1 del presente título.

PAR. 2º—En el evento en que la entrega física no pueda ser realizada a CISA por la entidad pública, esta deberá justificar las razones por las cuales no podrá entregar, y en consecuencia suministrará, en el mismo plazo establecido en el parágrafo anterior, los planos topográficos georeferenciados o los planos cartográficos oficiales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi que permitan su ubicación en campo; de no existir dicha información, el predio no podrá ser aceptado por CISA y solicitará la revocatoria del acto administrativo por parte de la entidad pública tradente.

PAR. 3º—En los casos en los que, aún después de haber sido recibido el inmueble por CISA, el mismo no se ajuste a los requerimientos del numeral 2º del artículo 2.5.2.1 del presente título, CISA solicitará a la entidad pública la revocatoria del acto de transferencia. De igual manera se procederá en el evento en que los planos topográficos georeferenciados o los planos cartográficos oficiales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi que permitan su ubicación en campo, sean errados o presenten alguna inconsistencia.

En cualquier caso podrá descontar de la transferencia de recursos establecida por el inciso 4º del artículo 2.5.2.3.2.2 del capítulo 3 del presente título los gastos administrativos en los que haya incurrido o exigir el pago al patrimonio autónomo de remanentes de los mismos; este último caso aplicará solo cuando el valor a girar sea inferior a los costos incurridos por el colector.

(D. 47/2014, art. 17)

(Nota: Modificado por el Decreto 1778 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.2.4.3.—Producto de la enajenación de bienes inmuebles de patrimonios autónomos. Los recursos derivados de la enajenación de bienes inmuebles de patrimonios autónomos, una vez el Colector de Activos Públicos (CISA) descuente, del producto de la enajenación de los mismos la comisión y los gastos administrativos en que este incurra con ocasión de su gestión sobre el activo, y cancele los pasivos y contingencias existentes con anterioridad a la transferencia gratuita y entrega del bien inmueble a CISA, serán entregados al Patrimonio Autónomo respectivo, para los efectos previstos en los correspondientes contratos de fiducia. El producto de la enajenación corresponderá al resultado neto de las ventas a los terceros, de los inmuebles que CISA haya recibido.

El valor para descontar corresponderá al 29.85% del precio de la venta del inmueble.

En el evento en que CISA incurra en otros gastos como saneamientos técnicos y/o jurídicos cuya duración sea superior o igual a doce (12) meses a partir de la entrega del bien de la entidad pública tradente a CISA, CISA adicionalmente al porcentaje anterior descontará dichos gastos del valor final de venta del bien.

PAR.—En aquellos eventos en que los inmuebles transferidos al Colector de Activos Públicos, CISA, estén produciendo frutos, y sean recibidos por CISA, el valor de estos será descontado del valor de la comisión de venta, el valor de estos, al igual que los rendimientos, intereses y demás valores derivados de los mismos, serán descontados del valor de la comisión de que trata el presente artículo.

(D. 47/2014, art. 18)

(Nota: Modificado por el Decreto 1778 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.2.4.4.—Transferencia de cartera a CISA. El acta de entrega de cartera deberá contemplar, entre otros, una relación de las obligaciones en el estado en que se encuentren a la fecha de corte, con detalle de nombre del deudor, identificación, número de obligación, entidad pública liquidada de la cual proviene la cartera, tipo de cartera, saldo de capital a la fecha de corte, intereses moratorios, total de la deuda, fecha de corte, estado de la obligación, tasa, días de mora, si se encuentra judicializada, estado del proceso y las garantías que soportan la obligación.

Las carteras se valorarán conforme al modelo de valoración señalado en este título y demás normas que lo modifiquen o complementen, con el fin de determinar el precio de compra y suscribir los contratos correspondientes.

(D. 47/2014, art. 19)

(Nota: Modificado por el Decreto 1778 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 5

Planes de enajenación onerosa

ART. 2.5.2.5.1.—Planes de enajenación onerosa. Las empresas industriales y comerciales del Estado y los órganos autónomos e independientes, del orden nacional, deberán adoptar sus planes de enajenación onerosa, de conformidad con lo establecido en la Ley 708 de 2001.

(D. 47/2014, art. 20)

(Nota: Modificado por el Decreto 1778 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.2.5.2.—Procedimiento del plan de enajenación onerosa. A partir del 14 de enero de 2014, las entidades mencionadas en el artículo anterior deberán actualizar o adoptar sus planes de enajenación onerosa bimestralmente, mediante acto administrativo suscrito por su representante legal. Dicho acto administrativo deberá expedirse dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del bimestre correspondiente, siempre que la entidad haya adquirido la propiedad del(los) bien(es) inmueble(s) durante dicho periodo.

En ellos la entidad identificará los activos inmobiliarios que no sean requeridos para el ejercicio de sus funciones, excluyendo aquellos que:

i) Estén ubicados en zonas declaradas de alto riesgo no mitigable, identificadas en el Plan de Ordenamiento Territorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, o en aquellas que de acuerdo a estudios geotécnicos que en cualquier momento adopte la administración municipal, distrital o el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina;

ii) No sean aptos para la construcción y los que estén ubicados en zonas de cantera que hayan sufrido grave deterioro físico;

iii) Tengan la naturaleza de bienes inmuebles fiscales con vocación para la construcción de vivienda de interés social urbana o rural, los cuales deberán ser reportados al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, siempre que se cumpla con lo establecido en las disposiciones sobre estos inmueble fiscales contenidas en el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio y el artículo 1º del Decreto 724 de 2002 compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector de Agricultura y Desarrollo Rural.

iv) Los contemplados en el inciso 1º del artículo 1º de la Ley 708 de 2001.

Dicho acto deberá publicarse en la página web de la entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición y por un término de dos (2) días hábiles. De igual manera, se deberá enviar copia del mismo al Colector de Activos Públicos (CISA), dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su publicación.

Vencido el plazo anterior, las entidades tendrán hasta cinco (5) meses para venderlos a un tercero o para venderlos a CISA, conforme a sus políticas y procedimientos internos.

Si transcurrido el término establecido en el inciso anterior, la entidad propietaria no hubiere vendido sus bienes inmuebles, los mismos se ofrecerán a las entidades públicas, por una sola vez, a través de la página web de la entidad y en un periódico de amplia circulación nacional, publicados en la misma fecha, para que en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario, aquellas que estén interesadas soliciten por escrito la transferencia a título gratuito, solicitud que debe ser atendida en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario, contados a partir de su recibo.

La solicitud de transferencia a la entidad propietaria del bien debe contener la destinación que se le dará al inmueble para:

i) El cumplimiento de su misión, o

ii) La ejecución de proyectos de inversión enmarcados dentro del Plan Nacional de Desarrollo.

El requerimiento de transferencia que eleve la entidad solicitante deberá contar con una justificación técnica y financiera, suscrita por el representante legal de la entidad solicitante, en la cual se detalle la destinación del bien y las partidas presupuestales que garanticen la ejecución, operación y mantenimiento del inmueble.

Una vez sea aceptada la solicitud de transferencia, la entidad propietaria del inmueble, mediante acto administrativo, procederá a realizar la transferencia a título gratuito, la cual estará sujeta a una condición resolutoria por un término de seis (6) meses conforme a la justificación presentada. Transcurrido el plazo anterior, la entidad que transfirió la propiedad deberá verificar el cumplimiento de la destinación del bien y, en el evento en que al mismo no se le esté dando el uso para el cual fue transferido, deberá proceder a la revocatoria del acto administrativo. En este caso, el inmueble deberá ser restituido en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario, contados desde la fecha de expedición del acto administrativo.

Una vez restituido el inmueble a la entidad originadora, esta deberá transferirlo a título gratuito dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a su restitución, mediante acto administrativo, al Colector de Activos Públicos (CISA) para que este lo comercialice bajo sus políticas y procedimientos.

PAR. 1º—Los actos administrativos de que trata el presente artículo deberán ser inscritos en la oficina de registro de instrumentos públicos correspondiente y se considerarán actos sin cuantía.

PAR. 2º—El procedimiento del plan de enajenación onerosa previsto en el presente artículo no se aplica a los bienes inmuebles que amparen pasivos pensionales de propiedad de las entidades públicas, cuyo objeto o misión sea la administración o monetización de dichos activos, ni a los bienes de las entidades cuyo objeto es o fue de administradoras y/o pagadoras de pensiones.

(D. 47/2014, art. 21)

(Nota: Modificado por el Decreto 1778 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

TÍTULO 3

Gobierno corporativo

CAPÍTULO 1

Honorarios de miembros de juntas y consejos directivos

ART. 2.5.3.1.1.(sic)—Fijación de honorarios de miembros de juntas o consejos directivos de entidades públicas. De conformidad con el numeral 15 del artículo 6º del Decreto 4712 de 2008, los honorarios de los miembros de juntas o consejos directivos de los establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta asimiladas a estas, o en aquellas en las cuales la Nación tenga participación mayoritaria, serán fijados por el Ministro de Hacienda y Crédito Público.

(D. 1486/99, art. 1º)

ART. 2.5.3.1.2.(sic)—Honorarios de miembros de comités o comisiones de junta o consejo directivo. Los honorarios para los miembros de los comités o comisiones de las mismas juntas o consejos directivos, serán fijados por el Ministro de Hacienda y Crédito Público.

(D. 1486/99, art. 2º)

ART. 2.5.3.1.3.(sic)—Fijación de honorarios por asambleas de accionistas o juntas de socios. Los honorarios de los miembros de juntas de socios o consejos directivos de las sociedades de economía mixta y de las sociedades a las cuales no se aplique el artículo primero, serán fijados por las respectivas asambleas de accionistas o juntas de socios. Igualmente los honorarios para los miembros de los comités o comisiones de las mismas juntas de socios o consejos directivos.

(D. 1486/99, art. 3º)

ART. 2.5.3.1.4.(sic)—Criterios para fijación de honorarios. Para la fijación de los honorarios de los miembros de juntas o consejos directivos, comités o comisiones de las mismas, a que se refieren los artículos anteriores, deberán tenerse en cuenta los siguientes criterios:

1. Se fijarán por resolución, en salarios mínimos legales mensuales vigentes, por sesión.

2. Se establecerán, entre otros, de acuerdo al nivel de activos del respectivo establecimiento público, empresa industrial y comercial del estado, sociedad de economía mixta o sociedad en que la Nación posea participación mayoritaria, y tomando en consideración las disponibilidades presupuestales de la respectiva entidad y su viabilidad financiera.

3. Por las sesiones realizadas en un mismo día solo podrá pagarse el equivalente a una sesión.

4. Por las reuniones de juntas o consejos directivos no presenciales, se pagará la mitad de los honorarios establecidos.

PAR.—El valor de los honorarios establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo, se incrementará automáticamente con el incremento anual del salario mínimo legal mensual decretado por el Gobierno Nacional.

(D. 1486/99, art. 4º modificado por el D. 2561/2009, art. 1º)

ART. 2.5.3.1.5.(sic)—Límite de honorarios. De conformidad con el literal f) del artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, los funcionarios públicos no podrán recibir remuneración por más de dos (2) juntas o consejos directivos que formen parte en virtud de mandato legal o por delegación.

Los particulares no podrán ser miembros de más de dos (2) juntas o consejos directivos de las entidades a que se refiere el presente capítulo, en concordancia con lo establecido en el artículo 5º del Decreto-Ley 128 de 1976.

(D. 1486/99, art. 5º)

ART. 2.5.3.1.6.(sic)—Gastos de desplazamiento de los miembros de juntas directivas. Los representantes legales de las entidades enumeradas en los artículos anteriores, podrán autorizar el pago de los gastos de desplazamiento entendidos éstos como el valor del transporte por cualquier medio idóneo, en que incurran los miembros de juntas de socios o consejos directivos, cuyos lugares habituales de trabajo estén fuera del domicilio principal de la entidad.

(D. 1486/99, art. 6º)

CAPÍTULO 2

Representación de la participación accionaria de la Nación en empresas de servicios públicos domiciliarios

ART. 2.5.3.2.1.—Representación de la participación accionaria de la Nación en las asambleas de accionistas. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 819 de 2003, en las asambleas de accionistas de las empresas de servicios públicos domiciliarios en las cuales la Nación tenga participación accionaria, las acciones de la Nación estarán representadas por funcionarios de la planta de personal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 104 y siguientes de la Ley 489 de 1998 y demás normas concordantes y pertinentes.

(D. 2968/2003, art. 1º)

ART. 2.5.3.2.2.—Representación de la participación accionaria de la Nación en las juntas directivas. En la composición de las juntas directivas de las empresas de servicios públicos domiciliarios deberá participar, por lo menos, un funcionario de la planta de personal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con su respectivo suplente designados por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 819 de 2003, en concordancia con lo establecido en los artículos 434 del Código de Comercio y 19.16 de la Ley 142 de 1993.

PAR.—La participación de los funcionarios de planta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en las juntas directivas de las empresas de servicios públicos domiciliarios, tendrá carácter concurrente con la de las demás personas elegidas válidamente por las respectivas asambleas de accionistas.

(D. 2968/2003, art. 2º)

ART. 2.5.3.2.3.—Prohibición de modificación de la adscripción o vinculación de una empresa por representación de la participación accionaria en cabeza del Ministerio de Hacienda. La participación de los funcionarios de planta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en las asambleas y juntas directivas de las empresas de servicios públicos domiciliarios en las cuales la Nación tiene participación accionaria, no modifica la adscripción o vinculación de las respectivas empresas al ministerio o departamento administrativo correspondiente.

(D. 2968/2003, art. 3º)

TÍTULO 4

Régimen liquidatorio de entidades públicas

ART. 2.5.4.1.—Procesos liquidatorios adelantados por otra entidad estatal. En los casos en que se disponga que otra entidad estatal continúe adelantando las actividades correspondientes al proceso liquidatorio, para culminar dichas actividades la misma dará aplicación a las disposiciones vigentes. Cuando la entidad estatal maneje los recursos entregados, provenientes o derivados de los activos de la liquidación deberá hacerlo en una cuenta independiente que permita asumir los gastos de la liquidación y mantener su destinación específica al pago de pasivos pensionales y otros pasivos de la liquidación.

En este caso la entidad podrá celebrar todos los actos, contratos o convenios necesarios para la conservación de los activos, en particular, los que tengan por propósito evitar el deterioro o destrucción de los bienes o activos, así como celebrar los contratos o convenios requeridos para el desarrollo de la liquidación y aquellos que faciliten la cancelación del pasivo.

(D. 226/2004, art. 2º)

ART. 2.5.4.2.—Participación en la fórmula de adjudicación. En los casos en que la Nación asuma el pago del pasivo pensional, la misma participará en la aprobación de la fórmula de adjudicación de los activos remanentes con los votos que correspondan a dicho pasivo.

(D. 226/2004, art. 3º)

CAPÍTULO 1

Inventarios y avalúos en el proceso de liquidación

ART. 2.5.4.1.1.—Publicidad de inventarios y avalúos. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 30 del Decreto-Ley 254 de 2000, modificado por el artículo 16 de la Ley 1105 de 2006, la publicación del inventario y avalúo comercial de los bienes de las entidades públicas en liquidación, deberá realizarse en la página web de la entidad en liquidación.

(D. 4848/2007, art. 1º)

ART. 2.5.4.1.2.—Determinación del valor inferior de venta de activos. Para la enajenación de activos por un valor inferior al avalúo comercial, de acuerdo con lo establecido en los artículos 30 y 31 del Decreto-Ley 254 de 2000, modificados por los artículos 16 y 17 de la Ley 1105 de 2006, los liquidadores deberán implementar una metodología para determinar el valor inferior de enajenación teniendo en consideración las siguientes variables, las cuales incorporan el costo de oportunidad del dinero y el valor presente neto de la administración y mantenimiento:

1. Valor del avalúo: corresponde al valor arrojado por el avalúo comercial vigente realizado de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1105 de 2006.

2. Ingresos: corresponden a cualquier tipo de recursos que perciba la entidad, proveniente del activo, tales como cánones de arrendamiento, aprovechamientos y rendimientos.

3. Gastos: se refiere a la totalidad de los gastos en que incurre la entidad, dependiendo del tipo de activo, que se deriven de la titularidad, la comercialización, el saneamiento, el mantenimiento y la administración del mismo, tales como:

• Servicios públicos.

• Conservación, administración y vigilancia.

• Impuestos y gravámenes.

• Seguros.

• Gastos de promoción en ventas.

• Costos y gastos de saneamiento.

• Comisiones fiduciarias.

• Gastos de bodegaje.

4. Tasa de descuento: es el porcentaje al cual se descuentan los flujos de caja futuros para traerlos al valor presente y poder con ello determinar un valor equivalente del activo. Esta tasa puede variar dependiendo del tiempo estimado de comercialización que se asigne a los activos y estará determinada en función de la DTF.

5. Tiempo de comercialización: corresponde al tiempo que la entidad considera que tomará la comercialización de los activos con el fin de calcular los ingresos y egresos que se causarían durante este período.

5.1. Factores que definen el tiempo de comercialización: los siguientes factores, entre otros, afectan el tiempo de comercialización del activo:

• Tipo de activo.

• Características particulares del activo.

• Comportamiento del mercado.

• Tiempo de permanencia del activo en el inventario de la entidad.

• Número de ofertas recibidas.

• Número de visitas recibidas.

• Tiempo de comercialización establecida por el avaluador.

• Estado jurídico del activo.

Dependiendo de estos factores, los activos se clasificarán como de alta comercialización, de media comercialización y de baja comercialización.

6. Estado de saneamiento de los activos: para efecto de determinar el estado jurídico de los activos, se tendrá en cuenta, además, si el mismo está saneado o no:

6.1. Activo saneado: es el activo que no presenta ningún problema jurídico, administrativo o técnico, que se encuentra libre de deudas por cualquier concepto, así como aquel respecto del cual no exista ninguna afectación que impida su transferencia.

6.2. Activo no saneado: es el activo que presenta problemas jurídicos, técnicos o administrativos que limitan su uso, goce y disfrute, pero que no impiden su transferencia a favor de terceros.

PAR.—En aquellos casos en que la entidad pública en liquidación, con posterioridad al inicio del proceso liquidatorio, deba garantizar la continuidad de la prestación del servicio público de manera transitoria, mientras se enajenan los activos afectos a dicha prestación de servicios, en el cálculo de los ingresos y gastos, se incluirán, además, los ingresos obtenidos de manera transitoria en la operación de los activos afectos a dicha prestación, así como las erogaciones y adecuaciones que deberá seguir asumiendo por la imposibilidad de enajenar sus activos y disponer de los recursos necesarios para expedir el decreto de supresión de cargos.

(D. 4848/2007, art. 2º)

ART. 2.5.4.1.3.—Determinación del valor mínimo de venta de la cartera. El modelo financiero a utilizar para determinar el valor mínimo de venta de la cartera, deberá tener en consideración como mínimo los siguientes parámetros:

1. La construcción del flujo de pagos de cada obligación según las condiciones actuales del crédito y/o cuentas por cobrar.

2. La estimación de la tasa de descuento del flujo en función de la DTF, tomando en consideración los factores de riesgo inherentes al deudor y a la operación, que puedan afectar el pago normal de la obligación.

3. El cálculo del valor presente neto del flujo, adicionando a la tasa de descuento la prima de riesgo calculada.

4. Los gastos asociados a la cobranza de la cartera a futuro, las garantías asociadas a las obligaciones, edades de mora y prescripción de cobro.

5. El tiempo esperado para la recuperación de la cartera por recaudo directo o por vía judicial.

6. Las demás consideraciones universalmente aceptadas para este tipo de operaciones.

(D. 4848/2007, art. 3º)

CAPÍTULO 2

Enajenación de activos al colector de activos públicos (CISA)

ART. 2.5.4.2.1.—Enajenación onerosa de activos a Central de Inversiones S.A. Si transcurrido un (1) año a partir de la publicación del decreto que ordene la supresión y liquidación de la entidad, no se han enajenado los activos que habiendo sido ofrecidos no se hubieren recibido posturas de las entidades públicas o de terceros; o no se hayan adjudicado, la entidad propietaria deberá enajenarlos a título oneroso a Central de Inversiones S.A., CISA, mediante contrato interadministrativo en el cual se estipularán las condiciones de la venta.

El valor de transferencia a Central de Inversiones S.A., CISA, se establecerá conforme a los modelos de valoración adoptados por su junta directiva.

PAR. 1º—Sin perjuicio de lo previsto en el presente artículo, en el evento en que el liquidador haya agotado los trámites establecidos en los artículos 16 y 17 de la Ley 1105 de 2006 en un término inferior a un (1) año, sin que se hubiere logrado la venta o adjudicación, el liquidador podrá realizar la enajenación a título oneroso a Central de Inversiones S.A., CISA.

PAR. 2º—El liquidador podrá contratar con Central de Inversiones S.A., CISA, la gestión comercial, el saneamiento, el mantenimiento y la recuperación de los activos en contraprestación de una comisión.

PAR. 3º—Aquellas entidades públicas en liquidación que por mandato legal ya han sido autorizadas para vender o entregar en administración sus activos a Central de Inversiones S.A., CISA, estarán exentas de la aplicación del procedimiento aquí señalado y para el efecto podrán contratar directamente con esta.

(D. 4848/2007, art. 4º)

TÍTULO 5

Administración de los bienes del frisco

(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 1

Disposiciones generales

ART. 2.5.5.1.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.1.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 2

Reglas generales de la administración

ART. 2.5.5.2.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.2.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.2.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.2.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.2.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.2.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.2.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.2.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.2.9.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

Sección 1

Sobre recepción de bienes del Frisco

ART. 2.5.5.2.1.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.2.1.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.2.1.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.2.1.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 3

Mecanismo de enajenación

Sección 1

Disposiciones generales

ART. 2.5.5.3.1.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.3.1.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.3.1.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.3.1.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.3.1.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.3.1.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.3.1.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.3.1.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.3.1.9.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.3.1.10.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.3.1.11.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.3.1.12.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

SECCIÓN 2

Mecanismos para la enajenación

ART. 2.5.5.3.2.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.3.2.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.3.2.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.3.2.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.3.2.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.3.2.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.3.2.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

SECCIÓN 3

Enajenaciones especiales

ART. 2.5.5.3.3.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.3.3.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.3.3.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.3.3.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.3.3.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.3.3.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.3.3.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.3.3.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 4

Contratación

ART. 2.5.5.4.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.4.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.4.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.4.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 758 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.4.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 758 de 2018 artículo 2° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 5

Destinación provisional

ART. 2.5.5.5.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.5.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.5.3.— (Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.5.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.5.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.5.6.— (Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.5.7.— (Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 6

Depósito provisional

ART. 2.5.5.6.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.6.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.6.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.6.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.6.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.6.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.6.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.6.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.6.9.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.6.10.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.6.11.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 7

Destrucción o chatarrización

ART. 2.5.5.7.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.7.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.7.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.7.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.7.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 8

Donación entre entidades públicas

ART. 2.5.5.8.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.8.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.8.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 9

Devolución de bienes al propietario

ART. 2.5.5.9.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.9.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.9.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.9.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 10

Sociedades en liquidación

ART. 2.5.5.10.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

CAPÍTULO 11

Destinación de los bienes del Frisco

ART. 2.5.5.11.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.11.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.11.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.11.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.5.11.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2136 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

TÍTULO 6

Depuración de cartera de imposible recaudo en las entidades públicas del orden nacional

(Nota: Adicionado por el Decreto 445 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.6.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 445 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.6.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 445 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.6.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 445 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.6.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 445 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.6.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 445 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.6.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 445 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.6.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 445 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.6.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 445 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.6.9.—(Nota: Adicionado por el Decreto 445 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.6.10.—(Nota: Adicionado por el Decreto 445 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(Nota: Adicionado por el Decreto 445 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

TÍTULO 7

Distribución del porcentaje del frisco destinado al Gobierno nacional

(Nota: Adicionado por el Decreto 1787 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.7.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1787 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.5.7.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1787 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

PARTE 6

Asistencia y fortalecimiento a entidades territoriales y sus descentralizadas

TÍTULO 1

Reglas fiscales de las entidades territoriales

CAPÍTULO 1

Disposiciones generales

ART. 2.6.1.1.1.—Cambio de categorización de los departamentos. Cuando un departamento durante el primer semestre del año siguiente al que se evaluó para su categorización, demuestre que se han modificado las condiciones que lo obligaron a disminuir de categoría, podrá categorizarse de acuerdo con el inciso final del parágrafo 4º del artículo 1º de la Ley 617 de 2000, procediendo de la siguiente manera:

a) Tomará en forma discriminada por tipo o clase, los ingresos corrientes de libre destinación efectivamente recaudados en el primer semestre del año en que se realiza la categorización y efectuará frente a cada uno de ellos, debidamente sustentada, la proyección a diciembre treinta y uno (31);

b) Tomará los gastos de funcionamiento causados en el semestre y los proyectará justificadamente a treinta y uno (31) de diciembre;

c) La información señalada en los literales a) y b), junto con los soportes técnicos que la sustenten, deberá remitirse a la Contraloría General de la República a más tardar dentro de la última quincena del mes de agosto, con el fin de que dicha entidad expida la certificación correspondiente para la categorización.

d) La información a que se refieren los literales a) y b) de este artículo, deberá estar suscrita por el secretario de hacienda departamental o quien haga sus veces.

e) La información enviada extemporáneamente no será tomada en consideración;

f) La Contraloría General de la República podrá solicitar a los departamentos la información complementaria que requiera. En todo caso, el término máximo para pronunciarse será hasta el último día del mes de septiembre;

g) Si la contraloría no considera adecuados los indicadores propuestos por el departamento, este deberá categorizarse para el próximo año, de acuerdo con los criterios establecidos por la Ley 617 de 2000.

PAR.—Para los efectos de la Ley 617 de 2000, se entiende por capacidad fiscal de una entidad territorial, la posibilidad real de financiar la totalidad de sus gastos de funcionamiento con sus ingresos corrientes de libre destinación, dejando excedentes que le permitan atender otras obligaciones corrientes acumuladas y financiar al menos parcialmente la inversión pública autónoma.

(D. 192/2001, art. 1º)

ART. 2.6.1.1.2.—Clasificación de nuevos municipios. Los municipios que se creen a partir de la vigencia de la Ley 617 de 2000 deberán clasificarse, por primera vez, en categoría sexta.

(D. 192/2001, art. 4º)

ART. 2.6.1.1.3.—Concepto de vigencia anterior. Se entiende como vigencia anterior para efectos de la aplicación de la Ley 617 de 2000, el año fiscal inmediatamente anterior a aquel en que se adopta la categoría. Así mismo, los ajustes a las apropiaciones presupuestales debieron incorporarse a partir del presupuesto de la vigencia del año 2001.

(D. 192/2001, art. 3º)

ART. 2.6.1.1.4.—Concepto de compensaciones. Las compensaciones a las que se refiere el literal f) del parágrafo 1º del artículo 3º de la Ley 617 de 2000, son las relacionadas con la explotación o utilización de los recursos naturales renovables y no renovables.

(D. 192/2001, art. 5º)

ART. 2.6.1.1.5.—Exclusión para cálculo de ingresos corrientes de libre destinación. Para efectos del cálculo de los ingresos corrientes de libre destinación a que se refiere el artículo 3º de la Ley 617 de 2000, no se tendrá en cuenta el porcentaje establecido en el Decreto 4692 de 2005 o aquel que lo compile, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud.

(D. 2577/2005, art. 1º)

ART. 2.6.1.1.6.—Suspensión de la destinación específica de las rentas. La suspensión de la destinación de las rentas de que trata el artículo 12 de la Ley 617 de 2000, tendrá como único objeto la aplicación exclusiva al saneamiento fiscal y financiero de las entidades territoriales.

En todo caso tales rentas no se computarán dentro de los ingresos de libre destinación ni serán aplicados a un fin distinto del señalado en el inciso anterior.

PAR. 1º—Se entiende que existen compromisos adquiridos, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 617 de 2000, cuando la renta se encuentra titularizada, o cuando mediante acto administrativo o contrato debidamente perfeccionado se constituya en fuente de financiamiento de una obra o servicio.

PAR. 2º—Cuando una entidad territorial se encuentre dentro de un programa de saneamiento fiscal y financiero no podrá establecer rentas con destinación específica.

(D. 192/2001, art. 6º)

ART. 2.6.1.1.7.—Déficit fiscal a financiar. Los alcaldes y gobernadores deberán evidenciar por medio de acto administrativo o cierre presupuestal el monto y clasificación del déficit de funcionamiento existente a la entrada en vigencia de la Ley 617 de 2000.

Para efectos de la Ley 617 de 2000, no se considerarán gastos de funcionamiento los destinados a cubrir el déficit fiscal, el pasivo laboral y el pasivo prestacional, existentes a 31 de diciembre de 2000, ni las indemnizaciones al personal originadas en programas de saneamiento fiscal y financiero.

Tampoco se considerarán gastos de funcionamiento las obligaciones correspondientes al pasivo pensional definido en el parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 549 de 1999.

(D. 192/2001, art. 7º)

ART. 2.6.1.1.8.—Transferencias para gastos de las asambleas, concejos, contralorías y personerías. Las transferencias para gastos de las asambleas, concejos, contralorías y personerías hacen parte de los gastos de funcionamiento del respectivo departamento, distrito y municipio. En todo caso, para los solos efectos de la Ley 617 de 2000, estas transferencias no computarán dentro de los límites de gasto establecidos en los artículos 4º, 6º y 53 de la misma.

Los gastos de los concejos en los municipios y distritos, excepto los del Concejo del Distrito Capital, de acuerdo con el artículo 54 de la Ley 617 de 2000, no podrán ser superiores al total de los honorarios que se causen por el número de sesiones autorizado en el artículo 20 de la misma, adicionado en los siguientes porcentajes sobre los ingresos corrientes de libre destinación:

Categoría
Porcentajes sobre los ingresos corrientes de libre destinación
Especial
1.5%
Primera
1.5%
Segunda
1.5%
Tercera
1.5%
Cuarta
1.5%
Quinta
1.5%
Sexta
1.5%

Los concejos municipales ubicados en cualquier categoría en cuyo municipio los ingresos de libre destinación no superen los mil millones de pesos ($ 1.000.000.000) anuales en la vigencia anterior, podrán destinar como aportes adicionales a los honorarios de los concejales para su funcionamiento en la siguiente vigencia sesenta salarios mínimos legales.

De acuerdo con los artículos 10 y 11 de la Ley 617 de 2000, el porcentaje de los ingresos corrientes anuales de libre destinación para financiar los gastos de las contralorías para los municipios y distritos, excepto en el Distrito Capital, no podrá exceder de:

Categoría
Porcentajes sobre los ingresos corrientes de libre destinación
Especial
2.8%
Primera
2.5%
Segunda (más de 100.000 habitantes)
2.8%

El porcentaje de los ingresos corrientes de libre destinación para financiar los gastos de las personerías de los municipios y distritos no podrá exceder, acorde con las categorías, los porcentajes o límites siguientes.

Categoría
Porcentajes sobre los ingresos corrientes de libre destinación
Especial
1.6%
Primera
1.7%
Segunda
2.2%
Tercera
350 SMMLV
Cuarta
280 SMMLV
Quinta
190 SMMLV
Sexta
150 SMMLV

(D. 192/2001, art. 8º modificado por el D. 735/2001, art. 1º)

ART. 2.6.1.1.9.—Ingresos de las entidades descentralizadas. Los ingresos de las entidades descentralizadas del nivel territorial, no hacen parte del cálculo de los ingresos de libre destinación para categorizar los departamentos, municipios o distritos. Tampoco harán parte de la base del cálculo para establecer el límite de gastos de asambleas, concejos, contralorías y personerías.

(D. 192/2001, art. 9º)

ART. 2.6.1.1.10.—Transferencias a las contralorías. La transferencia de los departamentos, municipios o distritos, sumada a la cuota de fiscalización de las entidades descentralizadas, realizadas a las contralorías, no podrán superar los límites de gasto ni de crecimiento establecidos en la Ley 617 de 2000.

(D. 192/2001, art. 10)

ART. 2.6.1.1.11.—Programas de saneamiento fiscal y financiero. Se entiende por programa de saneamiento fiscal y financiero, un programa integral, institucional, financiero y administrativo que cubra la entidad territorial y que tenga por objeto restablecer la solidez económica y financiera de la misma mediante la adopción de medidas de reorganización administrativa, racionalización del gasto, reestructuración de la deuda, saneamiento de pasivos y fortalecimiento de los ingresos.

El flujo financiero de los programas de saneamiento fiscal y financiero, consigna cada una de las rentas e ingresos de la entidad, el monto y el tiempo que ellas están destinadas al programa, y cada uno de los gastos claramente definidos en cuanto a monto, tipo y duración. Este flujo se acompaña de una memoria que presenta detalladamente los elementos técnicos de soporte utilizados en la estimación de los ingresos y de los gastos.

PAR. 1º—Para todos los efectos formales, el programa de saneamiento fiscal y financiero inicia con la expedición del decreto que contempla su ejecución, siempre y cuando, previamente hayan sido expedidas las respectivas aprobaciones por parte de la autoridad competente necesarias para su ejecución. En caso contrario, el programa se entenderá iniciado a partir de la fecha de expedición de las autorizaciones respectivas.

PAR. 2º—Las entidades que a la entrada en vigencia de la Ley 617 de 2000 tuvieran suscritos convenios o planes de desempeño de conformidad con la Ley 358 de 1997 o hayan suscrito acuerdos de reestructuración en virtud de la Ley 550 de 1999, se entenderá que se encuentran en programas de saneamiento fiscal y financiero, siempre y cuando cuenten con concepto favorable del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre su adecuada ejecución, expedido con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 617 de 2000.

PAR. 3º—Se entenderá que una entidad territorial requiere de un programa de saneamiento fiscal y financiero, cuando no pueda cumplir con los límites de gasto establecidos en la Ley 617 de 2000 ni con lo previsto en los artículos 3º y 52 de la misma, según el caso.

(D. 192/2001, art. 11)

CAPÍTULO 2

Informes sobre viabilidad financiera y programas de saneamiento fiscal y financiero de los municipios

ART. 2.6.1.2.1.—Presentación de informes sobre viabilidad financiera de municipios. Las oficinas de planeación departamental o los organismos que hagan sus veces presentarán a los gobernadores y a las asambleas departamentales respectivas un informe donde expongan la situación financiera de los municipios, el cual deberá relacionar aquellas entidades que hayan incumplido los límites de gasto dispuestos por los artículos 6º y 10 de la Ley 617 de 2000. Tal informe deberá presentarse el primer día de sesiones ordinarias correspondiente al segundo período de cada año.

(D. 4515/2007, art. 1º)

ART. 2.6.1.2.2.—Verificación del cumplimiento de los límites al gasto. Para la elaboración del informe de que trata el artículo anterior, las oficinas de planeación departamental o los organismos que hagan sus veces tendrán en cuenta las certificaciones de cumplimiento que expidan los alcaldes municipales respecto a la vigencia inmediatamente anterior a la fecha de presentación de las mismas, las cuales deberán ser comparadas con la información proveniente de la Contaduría General de la Nación. Para tal efecto los alcaldes expedirán la certificación dentro de la semana siguiente al cierre presupuestal.

Los alcaldes acompañarán las certificaciones con información suficiente y necesaria para determinar el cumplimiento de los límites dispuestos por los artículos 6º y 10 de la Ley 617 de 2000.

(D. 4515/2007, art. 2º)

ART. 2.6.1.2.3.—Procedimientos establecidos por el artículo 19 de la Ley 617 de 2000. Para la verificación de la viabilidad financiera de los municipios se agotarán dos procedimientos sucesivos:

En primer lugar, y de manera obligatoria, los municipios estructurarán, durante una sola vigencia fiscal, un programa de saneamiento fiscal y financiero con el objetivo de cumplir con los límites al gasto establecidos en los artículos 6º y 10 de la Ley 617 de 2000. La ejecución del programa y el cumplimiento de los límites de que trata el artículo 2.6.1.2.1 del presente capítulo deberán verificarse en el menor tiempo posible.

En segundo lugar, y vencido el plazo en que se ha debido ejecutar el programa de saneamiento fiscal y financiero sin que se haya verificado el cumplimiento de los límites mencionados, las asambleas departamentales ordenarán al correspondiente municipio la adopción de un programa de saneamiento con el mismo objetivo y cuya duración no podrá ser superior a dos vigencias fiscales.

PAR.—La obligación de estructurar y ejecutar los programas de saneamiento a los que se refiere el presente artículo involucra y comprende a todas las secciones presupuestales y las correspondientes autoridades municipales.

(D. 4515/2007, art. 3º)

ART. 2.6.1.2.4.—Programas de saneamiento fiscal y financiero de los municipios. Los programas de saneamiento fiscal y financiero adoptados por los municipios de manera obligatoria, se estructurarán en los términos del artículo 2.6.1.1.11 del presente título. La verificación del cumplimiento del programa de saneamiento fiscal y financiero corresponde a las oficinas de planeación o a los organismos que hagan sus veces.

PAR.—La omisión de la entidad territorial en la adopción o ejecución del programa de saneamiento a que se refiere el presente artículo, no elimina la verificación del cumplimiento de los límites al gasto establecidos en los artículos 6º y 10 de la Ley 617 de 2000, como presupuesto para continuar el proceso y la consecuente adopción de los programas de saneamiento de que tratan los artículos siguientes del presente capítulo.

(D. 4515/2007, art. 4º)

ART. 2.6.1.2.5.—Diseño y orden de adopción de programas de saneamiento fiscal y financiero obligatorios a instancias de las asambleas departamentales. Las asambleas departamentales ordenarán la adopción de programas de saneamiento fiscal y financiero a los municipios que a pesar de haber adoptado un programa en los términos del artículo anterior incumplan con los límites de que tratan los artículos 6º y 10 de la Ley 617 de 2000. Para tal efecto, la oficina de planeación departamental o el organismo que haga sus veces estructurará los proyectos de programas de saneamiento mediante la fijación de un marco general para cada municipio. Tales proyectos serán presentados y sometidos a consideración de las asambleas departamentales en conjunto con el informe de que trata el artículo 2.6.1.2.1 del presente capítulo.

Las asambleas departamentales expedirán las correspondientes ordenanzas que establezcan la adopción de los programas de saneamiento fiscal y financiero antes de vencerse el período de sesiones dentro del cual les presentaron los proyectos respectivos.

PAR.—En presencia del incumplimiento de los límites de gasto, la omisión de las gobernaciones o las asambleas departamentales en el diseño y la orden de adopción de los programas de saneamiento correspondiente, no exime a los municipios del cumplimiento de los límites durante las dos vigencias en que ha debido estructurarse y ejecutarse el correspondiente programa, como presupuesto para determinar la viabilidad financiera del municipio.

(D. 4515/2007, art. 5º)

ART. 2.6.1.2.6.—Adopción de los programas de saneamiento fiscal y financiero ordenados por las asambleas departamentales. Los programas de saneamiento ordenados por las asambleas departamentales deberán ser adoptados por los municipios dentro de los dos meses siguientes a la expedición de las ordenanzas de que trata el artículo anterior, sin perjuicio de la expedición de los actos administrativos a que haya lugar en cabeza de las autoridades municipales en consideración a las particulares medidas que se hayan establecido en el correspondiente programa de saneamiento.

PAR.—La omisión de las autoridades locales respecto a la adopción y ejecución del programa ordenado por la asamblea departamental, no elimina la verificación del cumplimiento de los límites al gasto durante las vigencias que haya establecido la corporación administrativa departamental, como presupuesto para continuar el procedimiento y la verificación de la viabilidad financiera de la respectiva entidad territorial.

(D. 4515/2007, art. 6º)

ART. 2.6.1.2.7.—Acceso a apoyos financieros de la Nación. Las entidades territoriales que se encuentren en situación de incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 617 de 2000 podrán acceder a apoyos financieros de la Nación siempre que adopten y cumplan programas de saneamiento fiscal y financiero en los términos del capítulo 1 del presente título y las normas que lo modifiquen o adicionen. Lo anterior sin perjuicio de la aplicación del artículo 19 de la Ley 617 en los términos desarrollados en el presente capítulo.

(D. 4515/2007, art. 7º)

CAPÍTULO 3

Contabilidad pública departamental

ART. 2.6.1.3.1.—Contabilidad pública departamental. La contabilidad pública departamental está conformada, además de la contabilidad del sector central del departamento, por la de las entidades u organismos descentralizados territorialmente o por servicios, que lo integran, y la de cualquier otra entidad que tenga a su cargo el manejo o administración de recursos del departamento y solo en lo relacionado con estos.

(D. 3730/2003, art. 1º)

ART. 2.6.1.3.2.—Contador general del departamento. Para todos los efectos del presente capítulo, el contador general del departamento es el servidor público que desempeñe dicho cargo en el sector central del departamento o quien cumpla sus veces, entendiendo como tal, la persona que lleva a cabo el desarrollo de las funciones relacionadas con la contabilidad en el sector central departamental. Dicho servidor cumplirá las funciones relacionadas con los procesos de consolidación, asesoría y asistencia técnica, capacitación y divulgación y demás actividades necesarias para el desarrollo del Sistema Nacional de Contabilidad Pública y control interno contable, en el sector central y descentralizado de las entidades departamentales y municipales.

(D. 3730/2003, art. 2º)

ART. 2.6.1.3.3.—Funciones. El contador general del departamento, además de las funciones propias de su cargo, deberá cumplir en relación con los procesos de consolidación, asesoría y asistencia técnica, capacitación las siguientes:

1. Llevar la contabilidad del sector central del departamento, de acuerdo con las normas de reconocimiento, valuación y revelación vigentes e impartir instrucciones de carácter general a las entidades u organismos descentralizados territorialmente o por servicios, que lo integran, sobre aspectos relacionados con la contabilidad pública.

2. Elaborar los estados contables del sector central del departamento y coordinar con las entidades u organismos descentralizados territorialmente o por servicios, que lo integran, los procedimientos tendientes a garantizar el proceso de consolidación que adelanta la Contaduría General de la Nación, atendiendo las normas, criterios, principios, procedimientos y plazos establecidos por esta entidad.

3. Certificar los estados contables del sector central del departamento y presentarlos al secretario de hacienda y al gobernador para su correspondiente refrendación; así mismo, remitirlos a las demás autoridades, junto con otros informes que se requieran, para los fines de su competencia.

4. Velar por el cumplimiento oportuno de los procedimientos y plazos necesarios para que los servidores públicos del sector central del departamento y los de las entidades u organismos descentralizados territorialmente o por servicios, que lo integran, reporten la información contable necesaria para su consolidación en la Contaduría General de la Nación.

5. Asesorar sobre el debido registro, consolidación y actualización del inventario general de los bienes del sector central del departamento y de las entidades u organismos descentralizados territorialmente o por servicios, que lo integran, cuando así se requiera.

6. Producir informes sobre la situación financiera económica y social y la actividad del sector central del departamento.

7. Orientar a las entidades u organismos descentralizados territorialmente o por servicios, que integran el departamento, acerca del debido cumplimiento de las normas expedidas por el Contador General de la Nación, cuando estas lo requieran o sea necesario.

8. Propender por la implementación de sistemas de costos, en el sector central del departamento y en las entidades u organismos descentralizados territorialmente o por servicios, que lo integran.

9. Definir los procedimientos y adoptar las medidas pertinentes para obtener de las dependencias departamentales, y de los particulares que administren recursos del departamento, la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

10. Apoyar a las entidades u organismos descentralizados territorialmente o por servicios, que integran el departamento, en la organización, diseño, desarrollo y mantenimiento del sistema de información contable, financiera y presupuestal.

11. Planear, programar y coordinar visitas de asesoría y asistencia técnica con respecto al sistema de información contable, tendientes a lograr la calidad, consistencia y razonabilidad de la información del sector central del departamento y de las entidades u organismos descentralizados territorialmente o por servicios, que lo integran.

12. Diseñar y divulgar métodos, instrumentos y procedimientos que permitan la realización del análisis financiero del sector central del departamento y de las entidades u organismos descentralizados territorialmente o por servicios, que lo integran.

13. Realizar y divulgar estudios de carácter financiero y contable, que permitan establecer estrategias de control gerencial, de gestión y de resultados, aplicables al sector central del departamento y las entidades u organismos descentralizados territorialmente o por servicios, que lo integran.

14. Coordinar la elaboración técnica de manuales e instructivos tendientes a establecer procedimientos formales para atender el proceso de reconocimiento, cuantificación, análisis y revelación de los bienes, derechos y obligaciones.

15. Organizar, mantener y actualizar un sistema de información normativa y procedimental y dirigir el diseño y desarrollo de los flujos de información que lo alimenten, para que sirva de apoyo a la gestión financiera y contable del sector central del departamento y de las entidades u organismos descentralizados territorialmente o por servicios, que lo integran.

16. Apoyar a la Contaduría General de la Nación en los procesos de consolidación, asesoría y asistencia técnica, capacitación, divulgación y demás actividades relacionadas con el cumplimiento de sus funciones orientadas a atender necesidades del sector central del departamento y de las entidades u organismos descentralizados territorialmente o por servicios, que lo integran.

(D. 3730/2003, art. 3º)

TÍTULO 2

Reestructuración de pasivos de las entidades territoriales

CAPÍTULO 1

Procedimiento para la reestructuración de pasivos de las entidades territoriales

ART. 2.6.2.1.1.—Procedimiento para dar trámite a los acuerdos de reestructuración de entidades del nivel territorial. Para tramitar una solicitud o promoción oficiosa de un acuerdo de reestructuración de una entidad del nivel territorial, que esté sometida a inspección y vigilancia estatal, independientemente de que tenga el carácter de empresa industrial y comercial, de economía mixta o cualquier forma de asociación, con personalidad jurídica, cuyo objeto sea el desarrollo de actividades empresariales, se deberá previamente establecer, por parte de la superintendencia que ejerza dicha supervisión, si la entidad se encuentra incursa en alguna de las causales legales establecidas para la toma de posesión o intervención por parte de la superintendencia que la vigila, evento en el cual se procederá a dar aplicación a las normas que regulan esta materia.

PAR.—Cuando una entidad de las que trata el presente artículo, sea objeto de un acuerdo de reestructuración, el departamento, municipio o distrito titular de más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la misma, podrá simultáneamente someterse al proceso de reestructuración previsto en la Ley 550 de 1999.

(D. 694/2000, art. 1º)

ART. 2.6.2.1.2.—Promotores y peritos. La designación de promotores y peritos, en los acuerdos de reestructuración de una entidad territorial o del nivel territorial, se regirá por las normas previstas en el presente capítulo.

La designación de promotores en los acuerdos de reestructuración, previstos en el título V de la Ley 550 de 1999, podrá recaer en funcionarios o en quienes estén prestando servicios en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para tal efecto percibirán la misma remuneración y en las mismas condiciones de su vinculación. En tales eventos no se requerirá la constitución de las garantías de que trata el artículo 10 de la Ley 550 de 1999.

Para la designación de peritos se tendrá en cuenta la misma regla prevista en el inciso anterior, solo que también se podrán designar a personas naturales que pertenezcan a una entidad pública o privada, especializada en la materia objeto del experticio.

PAR.—Los honorarios que se puedan generar por la designación de peritos, estarán a cargo de la entidad objeto del acuerdo, para lo cual se tendrá en cuenta la naturaleza del experticio, las calidades del perito, la complejidad del dictamen y demás circunstancias que permitan apreciar la labor encomendada.

En caso que el perito designado sea funcionario de una entidad pública, no podrá devengar remuneración adicional a la que perciba en su condición de servidor público.

(D. 694/2000, art. 2º)

ART. 2.6.2.1.3.—Actividad de la entidad territorial durante la negociación del acuerdo. Con base en el artículo 17 y el numeral 10 del artículo 58 de la Ley 550 de 1999, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la entidad territorial o del nivel territorial, a partir de la fecha de iniciación de la negociación, determinarán las operaciones que estas podrán realizar y salvo autorización previa y escrita del Ministerio, no podrán expedir actos o realizar operaciones que impliquen gasto, en especial los siguientes:

1. Actos u operaciones que impliquen modificaciones de las estructuras en el sector central o descentralizado que generen costos adicionales al presupuesto.

2. Adelantar procesos contractuales o celebrar cualquier tipo o modalidad de contratación que no tengan asegurada financiación con cargo a los ingresos de libre destinación dentro de la respectiva vigencia.

3. Modificaciones en el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos y/o trabajadores oficiales en su sector central o descentralizado, ni actos de vinculación laboral a su planta de personal.

4. Los actos administrativos que creen gastos y/o destinaciones específicas.

5. Modificaciones al presupuesto o presentación de proyectos que comprometan mayores niveles de gasto.

6. Operaciones de crédito público de corto y largo plazo, así como de las operaciones de manejo de la deuda, sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido sobre el particular en la Ley 358 de 1997 y las normas reglamentarias contenidas en el capítulo 1, título 2 de la parte 2 del presente libro 2 o de las normas que la modifiquen o complementen.

7. Enajenación o compra de activos.

8. Igualmente no podrá constituir ni ejecutar garantías o cauciones a favor de los acreedores de la entidad que recaigan sobre los bienes de la misma, no podrán efectuarse compensaciones, pagos, arreglos, conciliaciones o transacciones de ninguna clase de obligaciones a su cargo, ni efectuarse enajenaciones de bienes u operaciones que no correspondan a las necesarias para evitar la parálisis del servicio y puedan afectar derechos fundamentales.

(D. 694/2000, art. 3º)

ART. 2.6.2.1.4.—Estado de relación de acreedores, acreencias e inventarios. Para los efectos previstos en el artículo 20 de la Ley 550 de 1999, el gobernador, alcalde o representante legal de la entidad, entregará al promotor una relación de los acreedores y acreencias, y un estado de inventario elaborado con base en los registros contables y en las normas y procedimientos expedidos por la Contaduría General de la Nación.

El estado de inventario, cortado a la fecha señalada en el artículo 20 de la Ley 550 de 1999, comprenderá el informe sobre la situación financiera, económica y social a nivel de subcuentas, el balance general y estado de la actividad financiera, económica y social a nivel de cuentas incluyendo las respectivas notas de carácter específico.

Al estado de inventario a que se refiere el presente artículo deberá anexarse la siguiente información:

1. Relación detallada del efectivo, inversiones, rentas por cobrar, deudores, inventarios, propiedades, planta y equipo, otros activos y derechos contingentes cuya titularidad corresponda a la entidad territorial, incluyendo concepto, descripción y su valor actual o de reposición cuando a ello hubiere lugar.

2. Relación detallada de las obligaciones financieras, cuentas por pagar, obligaciones laborales y de seguridad social integral, bonos y títulos emitidos, pasivos estimados, otras obligaciones y responsabilidades contingentes que afecten la situación financiera, económica y social de la entidad territorial, indicando en cada caso identificación, nombre del acreedor, concepto y valor.

3. Relación detallada de los compromisos (reservas presupuestales) pendientes a la fecha de corte, donde se especifique identificación y nombre del acreedor, concepto y valor.

PAR. 1º—En la relación de los activos a que se refiere el numeral 1º del presente artículo, deberán indicarse cuáles tienen definida su situación jurídica y puedan ser objeto de comercialización y cuáles tienen algún tipo de restricción de orden legal o contractual.

PAR. 2º—El informe, estados y anexos antes mencionados, deberán entregarse debidamente firmados y certificados por el gobernador o alcalde, el jefe del área financiera y el contador con su respectiva tarjeta profesional. Para el caso de las entidades obligadas a tener revisor fiscal deberá adjuntarse el dictamen e informe respectivo.

PAR. 3º—La entidad territorial pondrá a disposición del promotor, todos los libros principales o auxiliares y demás documentos que se requieran para verificar la información suministrada.

(D. 694/2000, art. 4º)

ART. 2.6.2.1.5.—Representación de la Nación. Cuando la Nación sea acreedora de una entidad territorial o del nivel territorial, objeto de un acuerdo de reestructuración, dichas acreencias estarán representadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, salvo el caso de las acreencias relativas a impuestos nacionales, evento en el cual la representación la tendrá a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

(D. 694/2000, art. 5º)

SECCIÓN 1

Obligaciones fiscales

ART. 2.6.2.1.1.1.—Determinación de las obligaciones fiscales. Para la determinación de las obligaciones fiscales causadas y pendientes de pago a la iniciación de la negociación del acuerdo, se sumarán los siguientes montos:

a) La totalidad de los impuestos y retenciones adeudados, más la actualización a que haya lugar de conformidad con lo establecido en el artículo 867-1 del estatuto tributario;

b) La totalidad de las sanciones, más la actualización a que haya lugar de conformidad con lo establecido en el artículo 867-1 del estatuto tributario;

c) Los intereses de mora causados de conformidad con lo previsto en los artículos 634 y 635 del estatuto tributario, a la fecha de iniciación de la negociación.

(D. 2249/2000, art. 1º)

ART. 2.6.2.1.1.2.—Plazos para el pago de obligaciones fiscales en acuerdos de reestructuración. De conformidad con lo establecido en los artículos 55 inciso segundo y 56 de la Ley 550 de 1999, los plazos que se estipulen en el acuerdo de reestructuración para el pago de las obligaciones fiscales susceptibles de negociación en los términos del artículo 52 de la referida ley, podrán ser superiores a los plazos máximos previstos en el artículo 814 del estatuto tributario.

PAR.—Sin perjuicio de la causación de intereses y de la actualización de que trata el artículo 867-1 del estatuto tributario, para la realización de pagos de las obligaciones fiscales se podrá acordar período de gracia hasta por un plazo máximo de dos años, que se graduará en atención al monto de la deuda, de la situación de la empresa deudora y de la viabilidad de la misma, siempre que los demás acreedores acuerden un período de gracia igual o superior al de las obligaciones fiscales.

(D. 2249/2000, art. 2º)

ART. 2.6.2.1.1.3.—Intereses de plazo de las obligaciones fiscales. Los intereses que se causen por el plazo otorgado en el acuerdo de reestructuración para las obligaciones fiscales susceptibles de negociación en los términos del artículo 52 de la Ley 550 de 1999, se liquidarán a la tasa que se pacte en el acuerdo, observando las siguientes reglas:

a) En ningún caso la tasa de interés efectiva de las obligaciones fiscales podrá ser inferior a la tasa de interés efectiva más alta pactada a favor de cualquiera de los otros acreedores;

b) La tasa de interés de las obligaciones fiscales que se pacte de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo, será la siguiente:

— Durante los tres (3) primeros años de plazo, la tasa de interés DTF efectivo anual certificada por el Banco de la República para el mes inmediatamente anterior a aquel en el cual se firme el acuerdo.

— A partir del cuarto año y hasta el sexto año de plazo, la tasa de interés DTF efectivo anual certificada por el Banco de la República para el último mes del tercer año de plazo, aumentada dicha tasa en un seis por ciento (6%).

— A partir del séptimo y hasta el noveno año de plazo, la tasa de interés DTF efectivo anual certificada por el Banco de la República para el último mes del sexto año, aumentada dicha tasa en un quince por ciento (15%).

— A partir del décimo año de plazo, la tasa de interés DTF efectivo anual certificada por el Banco de la República para el último mes del noveno año, aumentada dicha tasa en un treinta por ciento (30%).

PAR. 1º—Las autoridades fiscales podrán pactar tasas inferiores a las previstas en el literal b) del presente artículo, siempre y cuando:

— A ningún crédito se le reconozca en el acuerdo una tasa que en términos efectivos sea superior a la prevista para las acreencias fiscales, y

— La tasa correspondiente a las acreencias fiscales no resulte, en términos efectivos, inferior al IPC correspondiente a los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha en la cual se realicen los respectivos pagos.

PAR. 2º—Lo dispuesto en el presente artículo no aplica para los nuevos créditos que se otorguen al empresario en reestructuración siempre que dichos créditos impliquen entrega efectiva de nuevos recursos.

(D. 2249/2000, art. 3º)

ART. 2.6.2.1.1.4.—Intereses en caso de incumplimiento. Cuando en ejecución de un acuerdo de reestructuración se incumpla el pago de alguna de las obligaciones fiscales reestructuradas, respecto de la totalidad de los saldos adeudados de dichas obligaciones se aplicará una tasa de interés equivalente a la más alta entre:

a) La pactada en el acuerdo;

b) La vigente a la fecha del incumplimiento, de conformidad con el artículo 635 del estatuto tributario;

c) La aplicable según lo dispuesto en el literal c) del artículo 2.6.2.1.1.1 de la presente sección.

Lo anterior sin perjuicio de la facultad del acreedor fiscal prevista en el numeral 5º del artículo 35 de la Ley 550 de 1999.

PAR.—Para los intereses de mora de las obligaciones fiscales que no son objeto del acuerdo de reestructuración, se aplicará lo dispuesto en los artículos 634 y 635 del estatuto tributario.

(D. 2249/2000, art. 4º)

ART. 2.6.2.1.1.5.—Ventajas previstas en el acuerdo. Las ventajas o compensaciones que lleguen a acordarse a favor de cualquier otro acreedor en función de la recuperación de la empresa y de la mejora de su capacidad de pago, deberán reconocerse igualmente a los acreedores fiscales en forma proporcional por la estipulación de plazos, tasas de interés y períodos de gracia en los términos previstos en esta sección.

(D. 2249/2000, art. 5º)

ART. 2.6.2.1.1.6.—Otorgamiento de garantías. El otorgamiento de garantías para las obligaciones fiscales susceptibles de negociación en los términos del artículo 52 de la Ley 550 de 1999, queda sujeto a lo que se establezca de manera general en el respectivo acuerdo, y respecto a ellas no será aplicable lo dispuesto en el artículo 814 del estatuto tributario.

(D. 2249/2000, art. 6º)

ART. 2.6.2.1.1.7.—Determinación de los derechos de voto de los acreedores. Para efectos de la determinación de votos, las obligaciones fiscales se actualizarán de conformidad con el numeral primero del artículo 22 de la Ley 550 de 1999.

(D. 2249/2000, art. 7º)

ART. 2.6.2.1.1.8.—Acuerdo de pago respecto de obligaciones fiscales. Sin perjuicio de las disposiciones especiales de la Ley 550 de 1999 y de lo previsto en esta sección, el acuerdo de reestructuración constituye acuerdo de pago respecto de las obligaciones fiscales reestructuradas.

De conformidad con el inciso anterior, y con el artículo 52 de la Ley 550 de 1999, las facilidades de pago a que se refieren los artículos siguientes de la presente sección podrán celebrarse solo respecto de las obligaciones por concepto de retención en la fuente.

(D. 2249/2000, art. 8º)

ART. 2.6.2.1.1.9.—Autorización para adelantar acuerdos de pago IVA y retenciones en la fuente. Se entenderá que existe urgencia, conveniencia y necesidad, para efectos de la autorización consagrada en el inciso tercero del artículo 17 de la Ley 550 de 1999, cuando cualquiera de los sujetos de que trata el artículo 125 de la Ley 1116 de 2006 que adelante un acuerdo de reestructuración solicite autorización para efectuar pagos o celebrar acuerdos o facilidades de pago, respecto de las sumas que adeude por concepto de impuesto a las ventas, IVA, y retenciones en la fuente de cualquiera de los impuestos nacionales, así como los intereses, sanciones o actualizaciones que se deriven exclusivamente de estos conceptos.

Igualmente, se entenderá que existe urgencia, conveniencia y necesidad, cualquiera de los sujetos de que trata el inciso anterior solicite autorización para llevar a cabo las compensaciones de que trata el artículo 815 del estatuto tributario, con el fin de efectuar los pagos respecto de las sumas que adeude por concepto de impuesto a las ventas, IVA, y retenciones en la fuente de cualquiera de los impuestos nacionales, así como los intereses, sanciones o actualizaciones que se deriven exclusivamente de estos conceptos.

(D. 806/2000, art. 1º)

ART. 2.6.2.1.1.10.—Pagos o acuerdos de pagos a la DIAN. El superintendente competente o el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, según el caso, podrán autorizar a cualquiera de los sujetos de que trata el artículo 125 de la Ley 1116 de 2006 que adelanten un acuerdo de reestructuración, para efectuar los pagos correspondientes a las sumas señaladas en el artículo anterior o celebrar con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales acuerdos o facilidades de pago, sobre la totalidad de dichas sumas, de conformidad con el inciso 3º del artículo 17 de la Ley 550 de 1999.

PAR.—Para efectos de la celebración de los acuerdos o facilidades de pago, se aplicarán las disposiciones contenidas en el artículo 814 y siguientes del estatuto tributario.

(D. 806/2000, art. 2º)

TÍTULO 3

Estrategia de monitoreo, seguimiento y control del sistema general de participaciones

CAPÍTULO 1

Actividades de monitoreo

ART. 2.6.3.1.1.—Actividades de monitoreo. Las actividades de monitoreo de que trata el numeral 3.1 del artículo 3º del Decreto 28 de 2008, comprenden la recopilación sistemática de información en los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico, y en las actividades de inversión financiadas con recursos de propósito general y asignaciones especiales del sistema general de participaciones; su consolidación, análisis y verificación para el cálculo de indicadores específicos y estratégicos de cada sector, que permitan identificar acciones u omisiones por parte de las entidades territoriales que puedan poner en riesgo la adecuada utilización de los recursos del sistema general de participaciones y/o el cumplimiento de las metas de calidad, cobertura y continuidad en la prestación de los servicios financiados con cargo a estos recursos.

(D. 168/2009, art. 1º)

ART.