TÍTULO 6

Normas referentes al empleo

CAPÍTULO 1

Mecanismo de protección al cesante

SECCIÓN 1

Disposiciones generales

ART. 2.2.6.1.1.1.—Objeto de reglamentación. El presente capítulo tiene como objeto la reglamentación del mecanismo de protección al cesante creado por la Ley 1636 de 2013, específicamente en los componentes relacionados con el servicio público de empleo, la capacitación para la inserción laboral y el reconocimiento de las prestaciones económicas de seguridad social.

(D. 2852/2013, art. 1º)

ART. 2.2.6.1.1.2.—Asignación de subsidios al desempleo. A partir del 27 de septiembre de 2013, las cajas de compensación familiar no podrán asignar nuevos subsidios al desempleo ni microcréditos con cargo a los recursos señalados en el artículo 6º de la Ley 789 de 2002.

PAR.—Los beneficiarios del subsidio al desempleo que se encuentren activos al 27 de septiembre de 2013, seguirán recibiendo el subsidio en los términos y condiciones previstos en la Ley 789 de 2002, hasta la terminación o pérdida del beneficio.

(D. 2113/2013, art. 2º)

SECCIÓN 2

Servicio público de empleo

ART. 2.2.6.1.2.1.—Objeto del servicio público de empleo. De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1636 de 2013, el servicio público de empleo tiene por función esencial lograr la mejor organización posible del mercado de trabajo, para lo cual ayudará a los trabajadores a encontrar un empleo conveniente, y a los empleadores a contratar trabajadores apropiados a sus necesidades.

El servicio público de empleo podrá ser prestado por personas jurídicas de derecho público o privado, en condiciones de libre competencia y mediante el uso de mecanismos e instrumentos tecnológicos que permitan eficiencia, coordinación y transparencia.

Todas las personas jurídicas que deseen ejercer las actividades de gestión y colocación de empleo de que trata el artículo 29 de la Ley 1636 de 2013, deberán sujetarse a las reglas establecidas en el presente capítulo para su ejercicio.

(D. 2852/2013, art. 2º)

ART. 2.2.6.1.2.2.—Principios. El servicio público de empleo se prestará con sujeción a los siguientes principios:

1. Eficiencia. Es la mejor utilización de los recursos disponibles en el servicio público de empleo para la adecuada y oportuna prestación del servicio a trabajadores y empleadores;

2. Universalidad. Se garantiza a todas las personas la asequibilidad a los servicios y beneficios que ofrece el servicio público de empleo, independiente de la situación ocupacional del oferente y/o de la condición del empleador;

3. Igualdad. El servicio público de empleo se prestará en condiciones de igualdad, sin discriminación alguna por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica;

4. Libre escogencia. Se permitirá a trabajadores y empleadores la libre selección de prestadores dentro del servicio público de empleo, entre aquellos autorizados;

5. Integralidad. El servicio público de empleo deberá comprender la atención de las diversas necesidades de los trabajadores, que le permitan superar los obstáculos que le impiden su inserción en el mercado de trabajo;

6. Confiabilidad. El servicio se prestará con plenas garantías a trabajadores y empleadores acerca de la oportunidad, pertinencia y calidad de los procesos que lo integran;

7. Enfoque diferencial. La generación de política y prestación del servicio público de empleo, atenderá las características particulares de personas y grupos poblacionales en razón de su edad, género, orientación sexual, situación de discapacidad o vulnerabilidad;

8. Calidad. El servicio público de empleo se prestará de manera oportuna, personalizada, humanizada, integral y continua, de acuerdo con los estándares de calidad que determine la reglamentación que expida el Ministerio del Trabajo.

(D. 2852/2013, art. 3º)

ART. 2.2.6.1.2.3.—Respeto a la intimidad y dignidad. El servicio público de empleo se prestará con respeto a la dignidad de los usuarios y al derecho a la intimidad en el tratamiento de sus datos, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política y las leyes y decretos que la desarrollan.

(D. 2852/2013, art. 4º)

ART. 2.2.6.1.2.4.—Gratuidad. Las actividades básicas de gestión y colocación referidas en el artículo 2.2.6.1.2.17 del presente decreto, serán prestadas siempre de forma gratuita para el trabajador.

(D. 2852/2013, art. 5º)

ART. 2.2.6.1.2.5.—De la dirección y regulación del servicio público de empleo. El Ministerio del Trabajo en desarrollo de la función de dirección del sistema de gestión de empleo para la productividad debe garantizar la integración, articulación, coordinación y focalización de las políticas activas y pasivas de empleo, vinculándolas a la prestación del servicio público de empleo a nivel nacional, departamental y municipal.

En desarrollo de dicha función, el Ministerio del Trabajo orientará, regulará y supervisará la prestación del servicio público de empleo que provean en cooperación los operadores públicos y privados de servicios de empleo, con el fin de armonizarlos y articularlos a las políticas, planes y programas de gestión, fomento y promoción del empleo, en atención a las prioridades que establezca en la materia el Gobierno Nacional.

Como coordinador del sistema de gestión de empleo para la productividad, el Ministerio del Trabajo coordinará las acciones que en materia de empleo deban ser tomadas en todos los sectores administrativos y liderará las instancias existentes y las que sean creadas para este fin.

(D. 2852/2013, art. 6º)

ART. 2.2.6.1.2.6.—Del Consejo Nacional de Mitigación del Desempleo. En desarrollo de las funciones previstas en el artículo 22 de la Ley 1636 de 2013, el Consejo Nacional de Mitigación del Desempleo deberá garantizar la coordinación intersectorial de las políticas de empleo y realizar el seguimiento al debido funcionamiento del servicio público de empleo, para lo cual podrá crear mesas sectoriales de seguimiento, evaluación y discusión.

Adicionalmente, el Consejo Nacional de Mitigación del Desempleo promoverá la creación o utilización de las instancias existentes en el orden territorial para la promoción de la política pública de empleo y de mitigación del desempleo.

(D. 2852/2013, art. 7º)

ART. 2.2.6.1.2.7.—De la administración del servicio público de empleo. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1636 de 2013, la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo ejercerá la administración del servicio público de empleo y de la red de prestadores del servicio público de empleo, la promoción de la prestación del servicio público de empleo, el diseño y operación del sistema de información del servicio público de empleo, el desarrollo de instrumentos para la promoción de la gestión y colocación de empleo y la administración de los recursos públicos para la gestión y colocación de empleo, así como las demás funciones que se le asignen en la reglamentación correspondiente.

PAR.—En el ejercicio de sus funciones como administradora del servicio público de empleo, la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo deberá atender las directrices, instrucciones y demás políticas administrativas generadas por el Ministerio del Trabajo en cumplimiento de sus funciones de dirección, coordinación y regulación del servicio público de empleo.

(D. 2852/2013, art. 8º)

ART. 2.2.6.1.2.8.—Conectividad y reportes. Para garantizar el debido funcionamiento del servicio público de empleo y, en particular, la debida ejecución de las funciones de dirección y coordinación del servicio público de empleo, la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo garantizará al Ministerio del Trabajo el acceso directo, ilimitado y continuo al sistema de información del sistema público de empleo y presentará los informes periódicos que le sean requeridos.

PAR.—Igualmente, las demás entidades públicas con información relevante del mercado de trabajo, deberán entregarla oportunamente al Ministerio del Trabajo o a la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, cuando la misma sea requerida.

(D. 2852/2013, art. 9º)

ART. 2.2.6.1.2.9.—Del sistema de información del servicio público de empleo. El objetivo del sistema de información del servicio público de empleo es el de acopiar y agrupar la información relativa al mercado de trabajo, que contribuya a una mayor transparencia y conocimiento de su funcionamiento. El sistema de información deberá permitir el control, monitoreo y evaluación de los servicios de gestión y colocación de empleo y de los de capacitación para la reinserción laboral.

Para garantizar el adecuado funcionamiento del servicio público de empleo, el sistema de información del servicio público de empleo de que trata el artículo 26 de la Ley 1636 de 2013, incorporará los registros de los diversos prestadores autorizados para la prestación de los servicios de gestión y colocación y demás actores. El sistema deberá incluir información tanto de la oferta como de la demanda laboral y desarrollará un vínculo con la oferta de programas de formación complementaria y titulada que ofrece el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), así como con los programas ofertados por los prestadores de capacitación para la reinserción laboral.

(D. 2852/2013, art. 10)

ART. 2.2.6.1.2.10.—Registro de oferentes. La persona natural que desee registrar su hoja de vida en el servicio público de empleo, podrá hacerlo a través de cualquiera de los prestadores autorizados del servicio público de empleo. Con el registro en el respectivo prestador, la persona natural acepta la transmisión de los datos básicos de su hoja de vida al sistema de información del servicio público de empleo.

Las hojas de vida serán transmitidas al sistema de información del servicio público de empleo conforme las condiciones que defina la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo.

El sistema de información del servicio público de empleo deberá enviar la hoja de vida actualizada del oferente al prestador que la solicite con la finalidad de efectuar las acciones de gestión y colocación sobre las vacantes que administre.

PAR. 1º—El oferente podrá elegir el prestador del servicio público de empleo con el que desee realizar la actualización de su hoja de vida o la inclusión de nuevos registros.

PAR. 2º—El Ministerio del Trabajo, con base en las recomendaciones que formule la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo, establecerá mediante resolución el contenido mínimo de la hoja de vida de los oferentes y los mecanismos de actualización que se apliquen.

PAR. 3º—Para la prestación de los servicios de gestión y colocación de empleo, los prestadores del servicio público de empleo deberán obtener el consentimiento, previo, expreso e informado del titular de los datos de conformidad con lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el cual se efectuará en el acto de registro de la oferta o de las actualizaciones.

El prestador del servicio público de empleo que efectúe el registro o la actualización de los datos de un oferente, podrá solicitar información adicional a la mínima requerida por el sistema de información del servicio público de empleo, para efectos de mejorar la prestación de los servicios de gestión y colocación de empleo.

PAR. 4º—Los registros realizados con anterioridad a la expedición de la Ley 1636 de 2013, deberán ser transmitidos al sistema de información del servicio público de empleo cuando presenten cualquier tipo de actualización o a solicitud del interesado.

(D. 2852/2013, art. 11)

ART. 2.2.6.1.2.11.—Registro único de empleadores. El sistema de información del servicio público de empleo contará con un registro único de empleadores. Los empleadores deberán realizar el respectivo registro ante cualquiera de los prestadores autorizados del servicio público de empleo. Adicionalmente, este registro será alimentado con la información que semestralmente envíen las cajas de compensación familiar a la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, en los formatos que esta determine para tal fin. Dicho registro solo podrá ser consultado por el Ministerio del Trabajo para efectos estadísticos y de generación de política y regulación y por la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, como administradora del servicio público de empleo.

PAR.—El Ministerio del Trabajo establecerá mediante resolución el contenido mínimo de la información que tendrá el registro único de empleadores.

(D. 2852/2013, art. 12)

ART. 2.2.6.1.2.12.—Del Registro de vacantes. Para efectos del cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 31 de la Ley 1636 de 2013, los empleadores particulares y los no sometidos al régimen del servicio civil, realizarán el registro de sus vacantes en el servicio público de empleo a través de cualquier prestador autorizado, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la existencia de las mismas. La información correspondiente será transmitida por el prestador en el que se realizó el registro al sistema de información del servicio público de empleo.

El prestador que haya registrado la vacante, será el administrador de la misma y deberá realizar las acciones de gestión y colocación de empleo, debiendo consultar, entre las demás opciones que tenga disponibles, el registro de oferentes del sistema de información del servicio público de empleo.

La vacante tendrá un término de vigencia determinado por el empleador al momento de su registro. Una vez se agote dicho término, el empleador podrá optar por ampliar el mismo o registrar la vacante ante un prestador diferente al inicialmente elegido. Ninguna vacante podrá tenerse como activa por un término superior a seis (6) meses. En caso de vencimiento deberá realizarse un nuevo registro.

El Ministerio del Trabajo establecerá la información mínima de la vacante a ser reportada al prestador, atendiendo criterios de protección de los datos del empleador y de reserva de la información específica de la empresa o persona natural que corresponda.

PAR. 1º—La postulación para cubrir una vacante podrá realizarse directamente por el interesado o por un prestador del servicio público de empleo. La Unidad Administrativa Especial del Servicio Público De Empleo garantizará la posibilidad de postulación en línea directamente por el interesado.

PAR. 2º—A partir del primero (1º) de julio del año 2014, todos los empleadores registrarán sus vacantes en el sistema de información del servicio público de empleo. Dicho registro podrá efectuarse a través de cualquier prestador, público o privado, del servicio público de empleo. El Ministerio del Trabajo establecerá los mecanismos para hacer seguimiento y promover el registro de vacantes de los empleadores.

PAR. 3º—Se exceptúan de la obligación de registro de vacantes, aquellas que tengan reserva o restricciones de orden legal o reglamentario. Adicionalmente, de conformidad con la solicitud expresa que haga el empleador, podrán exceptuarse de la publicación aquellas vacantes relacionadas con cargos estratégicos, proyectos especiales, posiciones directivas en mercados e industrias especializadas y las demás vacantes que por su naturaleza no deban ser públicas, de acuerdo con los lineamientos que sobre el particular emita el Ministerio del Trabajo.

PAR. 4º—El Gobierno Nacional reglamentará el reporte de vacantes y su relación con el servicio público de empleo para las entidades de la administración pública.

(D. 2852/2013, art. 13)

ART. 2.2.6.1.2.13.—Disponibilidad de la información en el sistema de información del servicio público de empleo. La información de la vacante contenida en el sistema de información del servicio público de empleo sobre los requisitos de educación, experiencia, y salario, deberá estar disponible para quien desee consultarla en dicho sistema y en el prestador autorizado en el que se haya realizado el correspondiente registro.

Los datos mínimos de la hoja de vida, de conformidad con la Ley Estatutaria 1266 de 2008, la Ley 1581 de 2012, deberán encontrarse disponibles para su consulta pública.

(D. 2852/2013, art. 14)

ART. 2.2.6.1.2.14.—Objetivo de la red de prestadores del servicio público de empleo. La red de prestadores del servicio público de empleo de que trata el artículo 25 de la Ley 1636 de 2013, tiene por objetivo integrar y conectar las acciones en materia de gestión y colocación de empleo que realicen las entidades públicas, privadas, y las alianzas público-privadas conforme a lo señalado en el artículo 30 de la Ley 1636 de 2013.

El Ministerio del Trabajo evaluará y fijará en forma periódica los lineamientos de suficiencia de la red de prestadores para garantizar la adecuada cobertura del servicio, bajo criterios de eficiencia en su prestación, niveles de actividades, dinámicas del mercado de trabajo, zonas especiales, economía regional y los demás que se consideren necesarios a partir de las recomendaciones que formule la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo. La autorización de prestadores tomará en cuenta la evaluación y la fijación de los lineamientos en materia de suficiencia de la red.

(D. 2852/2013, art. 15)

ART. 2.2.6.1.2.15.—De los prestadores del servicio público de empleo. Son prestadores del servicio público de empleo la agencia pública de empleo a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), las agencias públicas y privadas de gestión y colocación de empleo, incluidas las constituidas por las cajas de compensación familiar, y las bolsas de empleo.

PAR.—Son prestadores del servicio público de empleo las personas jurídicas que operen servicios asociados o relacionados, aun cuando no desarrollen alguna de las actividades básicas de gestión y colocación. El Ministerio del Trabajo regulará la operación y condiciones particulares que se apliquen a dichos operadores, sin perjuicio de su autorización e incorporación en el registro de prestadores.

(D. 2852/2013, art. 16)

ART. 2.2.6.1.2.16.—Del registro de prestadores del servicio público de empleo. Entiéndase como el registro de prestadores del servicio público de empleo, la anotación formal, histórica y consecutiva de los datos relacionados con los prestadores de servicios de gestión y colocación autorizados de que trata el artículo 32 de la Ley 1636 de 2013. Corresponde a la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo llevar el registro de prestadores del servicio público de empleo. El Ministerio del Trabajo determinará por resolución las condiciones básicas y el procedimiento de operación de dicho registro.

(D. 2852/2013, art. 17)

ART. 2.2.6.1.2.17.—Actividades básicas de gestión y colocación. Las actividades básicas de gestión y colocación son:

1. Registro de oferentes, demandantes y vacantes;

2. Orientación ocupacional a oferentes y demandantes;

3. Preselección, o

4. Remisión.

PAR.—Los prestadores del servicio público de empleo podrán realizar actividades distintas de las enunciadas en el presente artículo, las cuales deberán estar registradas en el reglamento de prestación de servicios. Lo anterior, con sujeción a la regulación expedida por el Ministerio del Trabajo en cuanto a los servicios asociados o relacionados en los términos del artículo 29 de la Ley 1636 de 2013.

(D. 2852/2013, art. 18)

ART. 2.2.6.1.2.18.—De la autorización de los prestadores de servicios de empleo. Atendiendo al principio de eficiencia del servicio público de empleo y a la suficiencia de la red para la prestación del mismo el Ministerio del Trabajo, previa acreditación de los requisitos establecidos en el presente capítulo, podrá otorgar autorización para la prestación del servicio público de empleo a las personas jurídicas de derecho público o privado que la soliciten. Cuando los servicios de empleo sean prestados utilizando exclusivamente medios electrónicos, la autorización se entenderá otorgada para todo el territorio nacional.

Presentada la solicitud, se contará con diez (10) días hábiles para pronunciarse sobre los documentos presentados y solicitar las adiciones o aclaraciones que se consideren necesarias. El peticionario tendrá un término de un (1) mes contado a partir de la fecha de la comunicación del requerimiento. Transcurrido el término anterior, sin que se satisfaga el requerimiento, se entenderá desistida la solicitud y se ordenará el archivo mediante acto administrativo motivado.

Una vez recibidos los documentos, la autoridad administrativa contará con cinco (5) días hábiles para decidir de fondo sobre la autorización mediante resolución motivada.

La autorización tendrá una vigencia de (2) dos años, contados a partir de la fecha en que quede en firme el acto administrativo con el cual se otorgó.

PAR.—Solo las personas jurídicas autorizadas podrán prestar los servicios de gestión y colocación de que trata el artículo 29 de la Ley 1636 de 2013.

(D. 2852/2013, art. 19)

ART. 2.2.6.1.2.19.—Requisitos para la obtención de la autorización. Las personas jurídicas interesadas en prestar servicios de gestión y colocación de empleo deberán acreditar ante el Ministerio del Trabajo el cumplimiento de las condiciones jurídicas, operativas y técnicas para el ejercicio de los mismos, conforme las definiciones que adopte mediante resolución dicha entidad.

En la solicitud deberá indicarse el lugar o lugares en donde se prestarán los servicios y se acompañará, como mínimo, con los siguientes documentos:

1. Copia del acto de constitución o de los estatutos en donde conste como objeto de la persona jurídica la prestación de servicios de gestión y colocación de empleo o de la disposición legal o reglamentaria por la cual se establece como función de la entidad la prestación de servicios de gestión y colocación de empleo;

2. Certificado de existencia y representación legal o documento asimilable;

3. Reglamento de prestación de servicios;

4. Póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones legales a favor de la entidad administrativa que otorga la autorización, expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, por un valor asegurado de cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes, con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales por parte del prestador del servicio público de empleo relacionadas con dicha actividad, en especial las previstas en el artículo 95 y siguientes de la Ley 50 de 1990 y en el presente capítulo, con una vigencia igual al periodo de la autorización.

PAR. 1º—La agencia que preste los servicios de gestión y colocación de empleo para reclutar o colocar oferentes de mano de obra en el extranjero, deberá contar con autorización especial otorgada por el Ministerio del Trabajo, previo el cumplimiento de los requisitos específicos que este determine.

Los servicios de gestión y colocación de empleo que presten dichas agencias, serán reglamentados por el Ministerio del Trabajo con el propósito de proteger y promover los derechos de los trabajadores migrantes.

PAR. 2º—Se exceptúa de la presentación de la póliza para la autorización del prestador, a las personas de derecho público que constituyan agencias públicas de gestión y colocación.

PAR. 3º—El prestador autorizado queda obligado a mantener las condiciones jurídicas, operativas y técnicas que le permitieron obtener la autorización durante todo el tiempo en que esta se encuentre vigente. En caso de incumplimiento, la autoridad administrativa que otorga la autorización podrá suspenderla o revocarla, mediante acto motivado.

(D. 2852/2013, art. 20)

ART. 2.2.6.1.2.20.—Obligaciones de los prestadores del servicio público de empleo. Los prestadores del servicio público de empleo señalados en el artículo 2.2.6.1.2.15 están obligados a:

1. Observar y cumplir los principios del servicio público de empleo en la prestación de los servicios de gestión y colación a los usuarios del mismo;

2. Mantener las condiciones y requisitos que posibilitaron la obtención de la autorización;

3. Tener un reglamento de prestación de servicios y darlo a conocer a los usuarios;

4. Prestar los servicios básicos de gestión y colocación de forma gratuita a los trabajadores;

5. Prestar los servicios con respeto a la dignidad y el derecho a la intimidad de los oferentes y demandantes. El tratamiento de sus datos, se realizará atendiendo lo dispuesto por la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y demás disposiciones sobre la materia;

6. Velar por la correcta relación entre las características de los puestos de trabajo ofertados y el perfil ocupacional, académico y/o profesional requerido;

7. En el desarrollo de sus actividades, en los medios de promoción y divulgación de las mismas, hacer constar la condición en que actúa, mencionando el número del acto administrativo mediante el cual fue autorizado, la pertenencia a la red de prestadores del servicio público de empleo y utilizar la imagen de identificación del servicio público de empleo definida por el Ministerio del Trabajo;

8. Disponer de un sistema informático para la operación y prestación de los servicios de gestión y colocación de empleo. Este sistema deberá ser compatible y complementario con el sistema de información del servicio público de empleo, para el suministro mensual, por medios electrónicos, de la información sobre demanda y oferta de empleo, así como del resto de actividades realizadas como agencia de colocación autorizada;

9. Presentar los informes estadísticos sobre la gestión y colocación de empleo realizada, en los formatos, términos, periodicidad y por los medios que establezca el Ministerio del Trabajo mediante resolución;

10. Entregar oportunamente la información que sea requerida por la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo;

11. Cuando haya una modificación en la representación legal de la agencia de gestión y colocación, remitir a la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo el certificado respectivo, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes al registro de la modificación;

12. Remitir a la autoridad administrativa, las reformas estatutarias de las personas jurídicas autorizadas como prestadoras del servicio público de empleo, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a su adopción, y

13. Solicitar autorización para la prestación de servicios en lugares distintos a los inicialmente autorizados.

(D. 2852/2013, art. 21)

ART. 2.2.6.1.2.21.—Del sistema informático para la prestación de los servicios de gestión y colocación de empleo. Para brindar los servicios de gestión y colocación de empleo los prestadores deberán disponer del sistema informático de que trata el numeral 8º del artículo anterior. Dicho sistema permitirá el registro de oferentes y demandantes de empleo; de los servicios obtenidos; la trazabilidad de las actuaciones seguidas por estos en su relación con el servicio público de empleo; los informes estadísticos, la formación para el empleo, la orientación profesional, las iniciativas de empleo y los subsidios a desempleados, así como las actuaciones del prestador de los servicios de gestión y colocación de empleo.

(D. 2852/2013, art. 22)

ART. 2.2.6.1.2.22.—De las funciones del sistema informático para la prestación de servicios de gestión y colocación de empleo. El sistema de que trata el artículo anterior deberá funcionar en un ambiente web y garantizar su compatibilidad con los navegadores que determine la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo.

El sistema informático para la gestión y colocación de empleo deberá contar con las siguientes funcionalidades:

1. De registro de oferentes y demandantes de empleo, mediante la creación de un usuario y una contraseña;

2. De publicación de las vacantes;

3. De registro de las actividades realizadas por los usuarios en materia de búsqueda de empleo, formación o recalificación profesional u otras concernientes a su inserción laboral;

4. De modificación y actualización de los datos de los usuarios;

5. De publicación de ofertas de empleo;

6. De búsqueda en la base de datos de oferentes de empleo;

7. De clasificación y organización de los oferentes, según los criterios ocupacionales que para tal efecto determine la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo;

8. De remisión de hojas de vida de los oferentes a los demandantes de empleo;

9. De notificación automática de las actuaciones que determine la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, a los usuarios, por vía electrónica;

10. De registro acerca del rendimiento de respuesta del sistema informático, según las categorías de las actuaciones que determine la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo;

11. De comunicación del sistema informático con los estándares de conexión segura o autenticación cifrada con un algoritmo no reversible con una salida mínima de 256 bits y cifrado al vuelo, o con las especificaciones técnicas que determine la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo;

12. De producir reportes dinámicos y estáticos de la gestión y colocación de empleo, que determine la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo;

13. De extraer información en archivos planos y demás formatos que requiera y determine la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo.

PAR.—Para efectos de impartir la autorización de que trata el artículo 2.2.6.1.2.18 presente decreto., el Ministerio del Trabajo podrá solicitar que se acredite la disponibilidad del sistema informático para la prestación de los servicios de gestión y colocación y verificar su capacidad para ejecutar las funciones referidas en el presente artículo. La anterior potestad también podrá ser ejercida por la unidad después de otorgada la autorización al prestador del servicio público de empleo. En caso que se verifique que el sistema informático no efectúa alguna de las funciones requeridas en el presente capítulo, se podrá suspender la autorización hasta tanto se subsane dicha deficiencia.

(D. 2852/2013, art. 23)

ART. 2.2.6.1.2.23.—De la compatibilidad y conectividad del sistema informático para la prestación de los servicios de gestión y colocación de empleo. Los prestadores del servicio público de empleo deberán garantizar los niveles de conectividad y disponibilidad que determine la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, la cual además establecerá las características y requerimientos técnicos que debe reunir dicho sistema.

PAR.—El Ministerio del Trabajo determinará los plazos en que los prestadores del servicio público de empleo deben cumplir con la obligación de que trata este artículo.

(D. 2852/2013, art. 24)

ART. 2.2.6.1.2.24.—Del reglamento de prestación de servicios de gestión y colocación de empleo. Los prestadores del servicio público de empleo deberán tener un reglamento que contenga las condiciones de prestación de los servicios y los derechos y deberes de los usuarios, el cual será público y deberá darse a conocer a quien lo requiera.

(D. 2852/2013, art. 25)

ART. 2.2.6.1.2.25.—Del contenido del reglamento de prestación de servicios de gestión y colocación de empleo. El reglamento de prestación de servicios deberá tener el siguiente contenido mínimo:

1. Nombre y naturaleza de la persona que presta los servicios de gestión y colocación, el tipo de prestador y su domicilio;

2. Enunciación de los servicios que prestará con su descripción y procedimientos para su prestación;

3. Ubicación de las sedes y horario de atención al público, para servicios presenciales;

4. Condiciones del soporte técnico y horario de atención a los usuarios cuando los servicios se presten por medios electrónicos;

5. Derechos y obligaciones de los oferentes inscritos;

6. Derechos y obligaciones de los demandantes registrados;

7. Rango tarifario establecido para la prestación de servicios, cuando proceda, y

8. Procedimiento para presentación y atención de peticiones, quejas y reclamos.

PAR.—Las tarifas establecidas para la prestación de los servicios, cuando las mismas puedan ser cobradas, serán establecidas por cada uno de los prestadores, atendiendo criterios de complejidad del servicio, ubicación geográfica, necesidades del mercado de empleo y, en general, las reglas que el Ministerio del Trabajo dicte en ejercicio de sus funciones de regulación del servicio público de empleo.

Las tarifas para los servicios asociados, relacionados o complementarios se definirán por mutuo acuerdo entre los operadores y los beneficiarios de aquellos.

(D. 2852/2013, art. 26)

ART. 2.2.6.1.2.26.—Actos prohibidos en la prestación de servicios de gestión y colocación de empleo. Queda prohibido a los prestadores del servicio público de empleo:

1. Efectuar la prestación de los servicios contraviniendo lo dispuesto en el presente capítulo o a lo establecido en el reglamento de prestación de servicios;

2. Cobrar a los usuarios de servicios de empleo tarifas discriminatorias o sumas diferentes a las incorporadas en el reglamento;

3. Cobrar por los servicios que deben prestar de forma gratuita;

4. Ejercer cualquiera de las acciones contempladas en el artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo;

5. Ofrecer condiciones de empleo falsas o engañosas o que no cumplan los estándares jurídicos mínimos;

6. Prestar servicios de colocación para trabajos en el exterior sin contar con la autorización especial.

7. (Nota: Adicionado por el Decreto 1668 de 2016 artículo 2° del Ministerio del Trabajo)

(D. 2852/2013, art. 27)

ART. 2.2.6.1.2.27.—Clases de agencias. Las agencias públicas y privadas de gestión y colocación de empleo pueden ser:

1. Agencias privadas lucrativas de gestión y colocación de empleo: personas jurídicas que tienen entre sus objetivos la prestación de servicios de colocación percibiendo una utilidad;

2. Agencias privadas no lucrativas de gestión y colocación de empleo: Personas jurídicas que tienen entre sus objetivos la prestación de servicios de colocación sin percibir utilidades por dicha actividad;

3. Agencias públicas de gestión y colocación de empleo: entidades de derecho público que prestan servicios de colocación sin percibir utilidades por dicha actividad.

PAR. 1º—El Ministerio del Trabajo regulará las condiciones de operación y demás especificaciones relacionadas con la articulación y desempeño de las agencias de gestión y colocación que enfoquen sus actividades a servicios asociados, relacionados o complementarios.

PAR. 2º—Las agencias de gestión y colocación de empleo podrán contar con centros de empleo, entendidos como el espacio físico donde convergen el conjunto de recursos, insumos, procesos y procedimientos organizados y articulados con el objeto de prestar los servicios de gestión y colocación de empleo.

(D. 2852/2013, art. 28)

ART. 2.2.6.1.2.28.—Cobro por servicios básicos. Las agencias privadas que realicen labores de gestión y colocación de empleo podrán cobrar al demandante de mano de obra una comisión por la prestación de los servicios básicos, cuando esta proceda, de conformidad con lo establecido en el reglamento de prestación de servicios.

(D. 2852/2013, art. 29)

ART. 2.2.6.1.2.29.—Cobro por otros servicios. Las agencias podrán cobrar a demandantes y oferentes por los servicios distintos de los referidos en el artículo 2.2.6.1.2.17 del presente decreto.

(D. 2852/2013, art. 30)

ART. 2.2.6.1.2.30.—De la agencia pública de empleo del SENA y sus centros de atención. En desarrollo de su función de agencia pública de empleo, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) podrá celebrar convenios y alianzas con personas de derecho público y privado sin ánimo de lucro, con el propósito de extender los servicios de gestión y colocación de empleo a localidades y sectores que carezcan de los mismos.

El Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA) prestará los servicios de promoción y ejecución de la gestión y colocación pública de empleo, en todas las direcciones regionales de la entidad.

(D. 2852/2013, art. 31)

ART. 2.2.6.1.2.31.—De los servicios de la agencia pública de empleo a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA). Para el cumplimiento de la función de gestión y colación de empleo, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), prestará los servicios de gestión y colocación de empleo y realizará las siguientes actividades complementarias:

1. Formación y capacitación para desempleados;

2. Certificación por competencias a los desempleados que lo requieran;

3. Formación y asesoría para oferentes y emprendedores, y

4. Todas aquellas que contribuyan a mejorar las condiciones de empleabilidad de los oferentes y que permitan su inserción en el mercado de trabajo.

PAR.—Todos los oferentes inscritos en el sistema de información del servicio público de empleo accederán en condiciones de igualdad a las actividades complementarias que desarrolle el Servicio Nacional de Aprendizaje, con cargo a sus recursos presupuestales. El Ministerio del Trabajo establecerá el trámite para el acceso a dichos servicios a través de los prestadores de la red del servicio público de empleo.

(D. 2852/2013, art. 32)

ART. 2.2.6.1.2.32.—Del sistema informático para la prestación de los servicios de gestión y colocación de empleo en relación con la agencia pública de empleo. Además de las funciones previstas en el artículo 2.2.6.1.2.22 del presente decreto, el sistema informático para la prestación de los servicios de gestión y colocación deberá registrar las actividades complementarias y demás actuaciones de la agencia pública de empleo a cargo del SENA.

(D. 2852/2013, art. 33)

ART. 2.2.6.1.2.33.—Las cajas de compensación familiar prestadoras de servicios de gestión y colocación de empleo. En desarrollo de lo dispuesto por el parágrafo del artículo 29 de la Ley 1636 de 2013, las cajas de compensación familiar prestarán servicios de gestión y colocación de empleo, para lo cual deberán obtener autorización como agencia de colocación privada.

En concordancia con lo dispuesto por el numeral 1º del artículo 16 de la Ley 789 de 2002, las cajas podrán prestar los servicios de gestión y colocación de empleo, directamente o mediante alianzas estratégicas con otros operadores debidamente autorizados como agencias de gestión y colocación de empleo.

En el evento en que los servicios no sean prestados directamente por la correspondiente caja, esta deberá informar a la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, mediante el depósito del convenio de alianza o del contrato con el tercero en el registro de prestadores del servicio público.

(D. 2852/2013, art. 34)

ART. 2.2.6.1.2.34.—Territorialidad. Las cajas de compensación familiar prestarán los servicios de gestión y colocación de que trata el parágrafo del artículo 29 de la Ley 1636 de 2013, a cualquier demandante u oferente de empleo que se lo solicite dentro del ámbito territorial de su competencia. Cuando los servicios de gestión y colocación de empleo sean prestados utilizando exclusivamente medios electrónicos, la autorización se entenderá otorgada para todo el territorio nacional.

(D. 2852/2013, art. 35)

ART. 2.2.6.1.2.35.—De las obligaciones de las agencias de gestión y colocación de empleo constituidas por las cajas de compensación familiar. Además de las obligaciones establecidas en el artículo 2.2.6.1.2.20 Presente decreto (sic)., las agencias de gestión y colocación de empleo constituidas por las cajas de compensación familiar quedan obligadas a realizar las actividades básicas enunciadas en el artículo 2.2.6.1.2.17 en forma gratuita respecto de los oferentes y demandantes.

El cobro por servicios asociados y adicionales deberá estar registrado en el correspondiente reglamento y ser informado a la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo.

(D. 2852/2013, art. 36)

ART. 2.2.6.1.2.36.—Bolsas de empleo. Se entiende por bolsa de empleo, la persona jurídica sin ánimo de lucro que presta servicios de gestión y colocación para un grupo específico de oferentes con los cuales tiene una relación particular, tales como: estudiantes, egresados, afiliados u otros de similar naturaleza. La prestación de los servicios de gestión y colocación de empleo por las bolsas de empleo, será gratuita para oferentes y demandantes usuarios de los servicios.

(D. 2852/2013, art. 37)

ART. 2.2.6.1.2.37.—Bolsas de empleo de instituciones de educación superior. Las instituciones de educación superior que en desarrollo de lo dispuesto por el numeral 6º de las “condiciones de calidad de carácter institucional” del artículo 2º de la Ley 1188 de 2008 y de la obligación contenida en el numeral 6.5 del artículo 6º del Decreto 1295 de 2010 o el que lo sustituya, modifique o adicione, organicen bolsas de empleo para la prestación de servicios de gestión y colocación de empleo para sus estudiantes y egresados, deberán obtener la autorización de que trata el artículo 2.2.6.1.2.18 del presente decreto.

(D. 2852/2013, art. 38)

ART. 2.2.6.1.2.38.—Servicios prestados por las bolsas de empleo. Las bolsas de empleo podrán prestar los servicios básicos de colocación de empleo de que trata el artículo 2.2.6.1.2.17, sin que se requiera la prestación de todos ellos.

(D. 2852/2013, art. 39)

ART. 2.2.6.1.2.39.—Del reglamento de prestación de servicios de las bolsas de empleo. En el reglamento de prestación de servicios de que trata el artículo 2.2.6.1.2.24 del presente decreto, las bolsas de empleo deberán determinar la población específica de oferentes o demandantes a los que prestarán sus servicios.

(D. 2852/2013, art. 40)

ART. 2.2.6.1.2.40.—De las prohibiciones de las bolsas de empleo. Queda prohibido a las bolsas de empleo:

1. El cobro de suma alguna por cualquier concepto a los usuarios de los servicios de la bolsa de empleo;

2. Prestar servicios de gestión y colocación a oferentes que no pertenezcan a la población para la cual les fueron estos servicios;

3. Ejercer cualquiera de las acciones contempladas en el artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo;

4. Ejercer las actividades de que trata el artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo.

(D. 2852/2013, art. 41)

ART. 2.2.6.1.2.41.—Bolsas de empleo para proyectos especiales. Para la atención de requerimientos de mano de obra frente a la ejecución de un proyecto especial, una persona jurídica sin ánimo de lucro podrá prestar servicios de gestión y colocación para el grupo específico de empresas ejecutoras del proyecto, previa la autorización de que trata el artículo 2.2.6.1.2.18 del presente decreto. La prestación de los servicios de gestión y colocación de empleo por las bolsas de empleo, será gratuita para oferentes y demandantes usuarios de los servicios.

Para efectos de la actividad de remisión de los oferentes la bolsa deberá consultar el registro de oferentes del sistema de información del servicio público de empleo y remitir los candidatos que corresponda a los requerimientos de los demandantes.

(D. 2852/2013, art. 42)

ART. 2.2.6.1.2.42.—De la inspección, vigilancia y control del servicio público de empleo. La dirección de inspección, vigilancia, control y gestión territorial y las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo, en desarrollo de lo dispuesto por el numeral 14 del artículo 2º del Decreto 4108 de 2011 o el que lo sustituya, modifique o adicione, ejercerán la vigilancia y control de las personas jurídicas prestadoras del servicio público de empleo de que trata este capítulo.

La Superintendencia del Subsidio Familiar dentro de su competencia y en los términos de lo previsto por la Ley 1636 de 2013, ejercerá funciones de inspección, vigilancia y control respecto de las cajas de compensación familiar en su papel como agencias de gestión y colocación de empleo y como administradoras del Fosfec.

(D. 2852/2013, art. 43)

ART. 2.2.6.1.2.43.—Del régimen sancionatorio. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 1636 de 2013, el Ministerio del Trabajo aplicará las sanciones de multa o suspensión o cancelación de la autorización, cuando se presente, por única vez o en forma reiterada, el ejercicio irregular de la gestión y colocación de empleo o la inobservancia de los principios o incumplimiento de las obligaciones en la prestación de los servicios de gestión y colocación de empleo.

Para la imposición de las sanciones de que trata la Ley 1636 de 2013, se seguirá el procedimiento establecido en el Capítulo III del Título III del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(D. 2852/2013, art. 44)

SECCIÓN 3

Prestaciones económicas a la población cesante reconocidas por el Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec)

ART. 2.2.6.1.3.1.—(Modificado).* Objeto de las prestaciones económicas. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1636 de 2013, las prestaciones económicas que serán reconocidas a la población cesante que cumpla con los requisitos dispuestos en la misma, consistirán en el pago de la cotización a los sistemas de salud y pensiones del sistema general de seguridad social integral y el reconocimiento de la cuota monetaria del subsidio familiar, en los términos del presente capítulo. Lo anterior, con el objetivo de facilitar la reinserción de la población cesante en el mercado laboral, en condiciones de dignidad, mejoramiento de la calidad de vida, permanencia y formalización.

PAR.—Las disposiciones correspondientes al incentivo económico por ahorro de cesantías, como una de las prestaciones económicas reconocidas por la Ley 1636 de 2013, serán reglamentadas de manera independiente por el Gobierno Nacional.

(D. 2852/2013, art. 45)

*(Nota: Modificado por el Decreto 582 de 2016 artículo 1° del Ministerio del Trabajo)

ART. 2.2.6.1.3.2.—Certificación sobre cesación laboral expedida por el empleador. En los términos de lo dispuesto por la Ley 1636 de 2013, todos los empleadores están en la obligación de expedir al término de la relación laboral, certificación escrita en la que conste dicha circunstancia, especificando fecha exacta de la terminación de la relación laboral, última remuneración del trabajador y causa de la terminación. Dicha certificación será entregada personalmente al trabajador al momento de la suscripción de la liquidación o remitida por correo certificado a la dirección registrada de este.

Si el empleador incumpliere con esta obligación, el cesante así lo manifestará ante la respectiva caja de compensación familiar y se entenderá cumplido el requisito de que trata el artículo siguiente. En todo caso, la caja administradora del Fosfec recobrará al empleador omiso los valores correspondientes al reconocimiento de los pagos que por concepto de cotización a salud y pensiones y de cuota monetaria reconozca al cesante beneficiario de los mismos. Dichos recursos serán girados al Fosfec.

PAR.—En el caso de los trabajadores independientes contratistas, la certificación de cesación será equivalente a la constancia sobre terminación del contrato que emita el contratante o al acta de terminación del contrato, en los mismos términos y con las consecuencias previstas en el presente artículo.

Para los demás trabajadores independientes la certificación de cesación se entenderá como la manifestación que realicen bajo declaración juramentada al respecto en el formulario único de postulación.

(D. 2852/2013, art. 46)

ART. 2.2.6.1.3.3.—Acreditación de requisitos de acceso al mecanismo de protección al cesante. Para acceder a los beneficios del mecanismo de protección al cesante, el solicitante cesante deberá:

1. Aportar la certificación sobre la cesación laboral establecida por la Ley 1636 de 2013, en los términos del artículo anterior;

2. Obtener el certificado de inscripción en el servicio público de empleo, para lo cual deberá diligenciar en línea o ante cualquiera de los prestadores autorizados, el formulario de hoja de vida del sistema público de empleo. En caso de encontrarse inscrito, deberá realizar la actualización de la hoja de vida;

3. Con el fin de solicitar las prestaciones económicas y acreditar las condiciones de acceso de que trata este artículo, deberá diligenciar el formulario único de postulación al mecanismo de protección al cesante, el cual será establecido por el Ministerio del Trabajo;

4. Las cajas de compensación familiar deberán realizar la verificación de los requisitos para ser beneficiario del mecanismo de protección al cesante, de que tratan los artículos 10, 11, 13 y 14 de la Ley 1636 de 2013.

PAR. 1º—Los beneficiarios del subsidio al desempleo de que trataba la Ley 789 de 2002 y sus normas reglamentarios, podrán solicitar los beneficios del Fosfec cuando cumplan los requisitos establecidos en la Ley 1636 de 2013.

PAR. 2º—Los trabajadores independientes que se afilien voluntariamente al sistema de subsidio familiar, se entenderán afiliados automáticamente al mecanismo de protección al cesante.

PAR. 3º—En ningún caso la mora en los aportes dará lugar al no pago de las prestaciones económicas a que tenga derecho el cesante.

(D. 2852/2013, art. 47)

ART. 2.2.6.1.3.4.—Aporte de trabajadores independientes a las cajas de compensación familiar. En desarrollo de lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 9º de la Ley 1636 de 2013, los trabajadores independientes que accedan voluntariamente al mecanismo de protección al cesante, deberán realizar aportes a las cajas de compensación familiar de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 19 de la Ley 789 de 2002, a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA), cancelando el 2% sobre el ingreso base de cotización al sistema integral de seguridad social.

PAR.—Los cesantes acreditarán el requisito de afiliación previa al sistema de subsidio familiar para acceder a las prestaciones económicas del mecanismo de protección al cesante en la calidad que les resulte favorable o mediante la sumatoria de los tiempos de cotización al sistema de subsidio familiar en condición de dependiente y de independiente.

(D. 2852/2013, art. 48)

ART. 2.2.6.1.3.5.—Procedimiento transitorio para validación de requisitos. De conformidad con el parágrafo 3º del artículo 23 de la Ley 1636 de 2013, en tanto se constituye el Sistema de Información del Fosfec y con el fin de validar los requisitos para acceder a las prestaciones económicas del mecanismo, las cajas de compensación familiar deberán aplicar el siguiente procedimiento:

1. Intercambio de información de las solicitudes que reciba contra la base de datos de sus afiliados, para determinar el tiempo de afiliación, el tipo de cotizante y el aporte realizado;

2. Verificación de bases de datos entre cajas de compensación familiar, para constatar el tiempo de afiliación al sistema de cajas de compensación familiar de los solicitantes;

3. Verificación de afiliación vigente en calidad de cotizante con los Sistemas de Información de la Seguridad Social;

4. El servicio público de empleo, a través de su sistema de información, certificará la inscripción del postulante al servicio público de empleo;

5. Para la vigencia de las prestaciones reconocidas, se consultará al sistema de información del servicio público de empleo la ruta de empleabilidad y las opciones de formación que deba ejecutar el postulado de acuerdo con su perfil laboral.

PAR.—El cruce y consulta de información de las que trata el presente artículo, deberán hacerse antes del reconocimiento de las prestaciones propias del mecanismo.

(D. 2852/2013, art. 49)

ART. 2.2.6.1.3.6.—Decisión sobre reconocimiento de prestaciones económicas. Una vez radicado el formulario único de postulación ante la caja de compensación familiar, en forma presencial o electrónica, esta contará con el término improrrogable de diez (10) días hábiles para decidir sobre el reconocimiento. La Superintendencia del Subsidio Familiar verificará el cumplimiento estricto del plazo establecido en el presente artículo y aplicará las sanciones de que trata la Ley 1636 de 2013 y las demás que sean de su competencia ante el incumplimiento de los mismos.

PAR.—Si faltare algún documento o existiere inconsistencia en la información aportada en el formulario único de postulación, la caja de compensación familiar devolverá la solicitud e informará al interesado sobre la causa de la devolución, con el fin de que en el término de cinco (5) días se subsane o complete la información. Si en dicho término no hay respuesta del peticionario, se entenderá desistida la postulación.

El término para decidir de fondo sobre la postulación se contará a partir del momento en que quede subsanada la misma.

(D. 2852/2013, art. 50)

ART. 2.2.6.1.3.7.—Recurso de reposición. En caso de negarse el acceso a los beneficios del mecanismo de protección al cesante por no cumplir alguno de los requisitos, el cesante contará con diez (10) días hábiles para interponer recurso de reposición ante la respectiva caja de compensación familiar, el cual deberá ser resuelto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación del mismo.

(D. 2852/2013, art. 51)

ART. 2.2.6.1.3.8.—Del registro de beneficiarios. El registro de beneficiarios es una base de datos contentiva de la información sobre los postulados al mecanismo de protección al cesante que acrediten requisitos para el reconocimiento de las prestaciones, ordenada cronológicamente conforme la radicación de los formularios y que contendrá la información y especificaciones que señale el Ministerio del Trabajo.

Cuando se acrediten los requisitos, la caja de compensación familiar deberá incluir al cesante en el registro de beneficiarios para el pago de la cotización al sistema de seguridad social en salud y pensiones y de la cuota monetaria de subsidio familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1636 de 2013.

(D. 2852/2013, art. 52)

ART. 2.2.6.1.3.9.—Pago de los aportes de seguridad social en salud y pensiones y cuota monetaria por cesante. Una vez verificados los requisitos de que trata el artículo 13 de la Ley 1636 de 2013, deberán seguirse las siguientes reglas para el pago de los aportes de seguridad social en salud y pensiones y de cuota monetaria por cesante:

1. La caja de compensación familiar reportará al día siguiente de la inscripción en el registro de beneficiarios la novedad de afiliación o reactivación del cesante a los sistemas de salud y pensiones, mediante el trámite ante las administradoras correspondientes. Para ello validará a qué administradoras se encontraba cotizando el beneficiario, tomando las medidas del caso para no incurrir en multiafiliación;

2. El pago de las cotizaciones a los sistemas de pensiones y salud deberá realizarse por la caja de compensación familiar a través de la planilla integrada de liquidación de aportes, siguiendo las reglas que se aplican en el sistema general de seguridad social para el pago de aportes en el caso de trabajadores dependientes;

3. Los cesantes beneficiarios de las prestaciones económicas que durante su última vinculación como dependientes estaban gozando de cuota monetaria de subsidio familiar, continuarán recibiéndola en las mismas condiciones y por igual número de personas a cargo, a partir del mes en que se paguen las cotizaciones a los sistemas de pensiones y salud. Si el número de personas a cargo se modifica, previa verificación de la caja administradora de las prestaciones del Fosfec, se ajustará el monto reconocido por cuota monetaria al cesante beneficiario;

4. Las cajas de compensación familiar deberán verificar el cumplimiento de los requisitos de la ruta de empleabilidad, en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 1636 de 2013, para lo cual podrán requerir información del servicio público de empleo y estructurar los convenios de seguimiento con la red de prestadores del servicio de capacitación para la reinserción laboral.

PAR. 1º—El pago de las prestaciones del mecanismo de protección al cesante dependerá en todo caso de la disponibilidad de recursos del Fosfec, atendiendo el principio de sostenibilidad establecido en el artículo 4º de la Ley 1636 de 2013.

PAR. 2º—El Gobierno Nacional realizará los ajustes necesarios para que todas las afiliaciones, pagos y transacciones de la seguridad social relacionadas con el mecanismo de protección al cesante, puedan realizarse a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA). Los pagos a salud y pensión de los beneficiarios del mecanismo se deberán realizar a la última administradora a la cual haya estado afiliado el cesante.

PAR. 3º—Los cesantes disfrutarán de las prestaciones a las que se refiere el artículo 9º de la Ley 789 de 2002, dentro del periodo de protección y bajo las condiciones que establece el mismo.

(D. 2852/2013, art. 53)

ART. 2.2.6.1.3.10.—Improcedencia de las prestaciones del mecanismo de protección al cesante. No podrán acceder a las prestaciones económicas del mecanismo de protección al cesante quienes:

1. Ostenten la calidad de servidores públicos de elección popular;

2. Estuvieren devengando una pensión de jubilación por invalidez, vejez o sobrevivencia;

3. A pesar de haber terminado su relación laboral, de prestación de servicios u otra actividad económica como independientes, cuenten con una fuente directa adicional de ingresos;

4. Hayan recibido el pago de los beneficios de forma continua o discontinua por seis (6) meses en un periodo de tres (3) años.

(D. 2852/2013, art. 54)

ART. 2.2.6.1.3.11.—Pérdida de las prestaciones. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1636 de 2013, perderán las prestaciones quienes:

1. No acudan a los servicios de colocación ofrecidos por el servicio público de empleo en las condiciones establecidas en el presente capítulo;

2. Incumplan, sin causa justificada, con los trámites exigidos por el servicio público de empleo y con los requisitos para participar en el proceso de selección por parte de los empleadores a los que hayan sido remitidos por este;

3. Rechacen, sin causa justificada, la ocupación que le ofrezca el servicio público de empleo, siempre y cuando ella le permita ganar una remuneración igual o superior al 80% de la última devengada y no se deterioren las condiciones del empleo anterior. Entiéndase por deterioro en las condiciones del empleo solamente las circunstancias de demérito en relación con el domicilio del trabajo y la relación de la nueva labor con el perfil ocupacional del postulante, lo cual debe ser justificado por este y validado por la caja de compensación familiar;

4. Descarten o no culminen el proceso de formación para adecuar sus competencias básicas y laborales específicas, al cual se hayan inscrito conforme la ruta de empleabilidad, excepto en casos de fuerza mayor;

5. Asistan a menos del ochenta por ciento (80%) de las horas de capacitación definidas en la ruta de empleabilidad;

6. Perciban efectivamente una pensión de vejez, invalidez o sobrevivientes;

7. Obtengan una fuente directa de ingresos o realicen una actividad remunerada;

8. Renuncien voluntariamente a las prestaciones económicas.

PAR. 1º—Para efectos de lo dispuesto en el literal d) del artículo 14 de la Ley 1636 de 2013, se entenderá por fuerza mayor el imprevisto que no es posible de resistir, de conformidad con el artículo 64 del Código Civil; en todo caso esta circunstancia deberá ser declarada bajo juramento por el cesante. Serán aceptadas como fuerza mayor las incapacidades médicas expedidas por profesional médico de la entidad promotora de salud o entidad asimilable del sistema de seguridad social en salud a la cual se encuentre afiliado el cesante.

Los oferentes de la capacitación deberán reportar al Fosfec las novedades relacionadas con los casos de fuerza mayor que los cesantes informen.

PAR. 2º—El servicio público de empleo, a través de su sistema de información, dará acceso a las cajas administradoras del Fosfec para consultar los cesantes que rechazaron una oferta sin causa justificada, con el respectivo salario ofertado.

PAR. 3º—Las cajas de compensación familiar reportarán al servicio público de empleo los beneficiarios de las prestaciones económicas pagadas con recursos del Fosfec.

PAR. 4º—Los beneficios otorgados por el Fosfec tendrán una vigencia de tres (3) años a partir de su asignación.

(D. 2852/2013, art. 55)

ART. 2.2.6.1.3.12.—(Modificado).* Administración de los recursos. En desarrollo del artículo 23 de la Ley 1636 de 2013, la administración de los recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante, a cargo de las cajas de compensación familiar, se regirá por las siguientes reglas:

1. Los recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec) se destinarán y deberán ser contabilizados en una cuenta especial independiente y desagregada en cinco (5) subcuentas: (i) pago de aportes a salud y pensión y cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías; (ii) servicios de gestión y colocación para la inserción laboral; (iii) programas de capacitación para la reinserción laboral; iv) sistema de información; y (v) gastos de administración;

2. Para la consolidación de la cuenta del Fosfec deberá descontarse lo correspondiente a la comisión del periodo;

3. Los recursos del fondo son inembargables, considerando su destinación específica para la cobertura de prestaciones de la seguridad social;

4. Será competencia de la Superintendencia del Subsidio Familiar, la inspección, vigilancia y control del manejo de los recursos destinados a atender el pago de los beneficios del mecanismo de protección al cesante, así como el debido cálculo de las comisiones, para lo cual las cajas de compensación familiar deberán rendir un informe mensual detallado de la ejecución de tales recursos.

(D. 2852/2013, art. 56)

(Nota: Modificado por el Decreto 582 de 2016 artículo 2° del Ministerio del Trabajo)

*(Nota: Modificado por el Decreto 454 de 2017 artículo 1° del Ministerio del Trabajo)

ART. 2.2.6.1.3.13.—Apropiación y destinación por parte de las cajas de compensación familiar de los recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante. Las cajas de compensación familiar en su condición de administradoras del Fosfec, tendrán a su cargo el pago y reconocimiento de las prestaciones económicas del mecanismo de protección al cesante contra los recursos de dicho fondo.

En desarrollo de lo anterior, a partir del 1º de enero de 2015, los recursos del fondo establecidos en el artículo 6º de la Ley 1636 de 2013, serán apropiados de la siguiente manera:

1. Con base en la declaración del cuociente nacional y particular realizada por la Superintendencia del Subsidio Familiar y teniendo en cuenta las obligaciones específicas para cada caja, se realizará la apropiación mensual de los recursos;

2. Para atender las comisiones por la labor administrativa, las cajas de compensación familiar destinarán los recursos de conformidad con la estructura de comisiones fijadas por el Consejo Nacional de Mitigación del Desempleo;

3. Una vez excluidas las sumas de que trata el numeral anterior, los recursos se distribuirán para atender las finalidades previstas en la Ley 1636 de 2013, de conformidad con la resolución de distribución de recursos del Fosfec que dicte anualmente el Ministerio del Trabajo. Para la expedición de esta resolución, el Ministerio del Trabajo tendrá en cuenta los informes presentados por la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, la dinámica del mercado laboral, el funcionamiento de los diferentes componentes del mecanismo de protección al cesante y el comportamiento de los recursos de cada subcuenta del Fosfec.

PAR.—Las cajas de compensación familiar deberán definir procedimientos y establecer mecanismos para atender y resolver las quejas y reclamos presentados por los cesantes en relación con el mecanismo de protección al cesante, los cuales serán auditados por la Superintendencia de subsidio familiar.

(D. 2852/2013, art. 57)

ART. 2.2.6.1.3.14.—Comisión por labor administrativa y gastos operativos y de administración. La comisión por labor administrativa corresponde a la suma de recursos a la que tendrán derecho las cajas de compensación familiar como retribución por sus servicios en el mecanismo de protección al cesante. Las comisiones serán determinadas por el Consejo Nacional de Mitigación del Desempleo, el cual podrá definir la aplicación de una comisión básica y de comisiones adicionales o complementarias por cumplimiento de resultados o eficiencia.

Además de las comisiones, se reconocerán gastos de administración y operación a las cajas de compensación familiar, los cuales serán definidos de forma anual por el Ministerio del Trabajo, teniendo en cuenta la evolución de las prestaciones a su cargo y las condiciones de operación.

PAR. 1º—Mientras se definen los gastos de administración y operación y las comisiones por administración de conformidad con lo dispuesto en el presente capítulo, las cajas de compensación familiar ejecutarán los recursos con base en las reglas vigentes definidas por el Consejo Nacional de Mitigación del Desempleo.

PAR. 2º—Con los gastos de administración y operación no podrán adquirirse bienes inmuebles de propiedad de las cajas de compensación familiar.

PAR. 3º—Son operativos todos aquellos gastos misionales relacionados directa y esencialmente con la prestación de servicios básicos del mecanismo de protección al cesante.

Son de administración todos aquellos gastos relacionados directa y esencialmente con procesos de soporte, auditoría, planeación o coordinación para la prestación de los servicios relacionados con el mecanismo de protección al cesante.

(D. 2852/2013, art. 58)

ART. 2.2.6.1.3.15.—Del proceso de compensación entre cajas. El Ministerio del Trabajo, con base en los informes financieros generados por las cajas de compensación familiar, definirá los criterios para efectuar el proceso de compensación entre cajas y los giros a que haya lugar, de los recursos correspondientes al pago de salud y pensión, cuota monetaria por cesante e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías del mecanismo de protección al cesante, servicios de gestión y colocación del empleo y a programas de capacitación que no se hubieren ejecutado por las cajas de compensación familiar dentro del periodo anual.

(D. 2852/2013, art. 59)

ART. 2.2.6.1.3.16.—Compensación extraordinaria de recursos del Fosfec. El Ministerio del Trabajo podrá definir los criterios y realizar procesos de compensación extraordinaria, en los términos previstos en el artículo 2.2.6.1.3.15 de este decreto, cuando por circunstancias especiales los recursos que correspondan a una caja de compensación familiar, sean insuficientes para atender la demanda de servicios, sin perjuicio de lo establecido por el literal c) del artículo 4º de la Ley 1636 de 2013.

(D. 1508/2014, art. 5º)

ART. 2.2.6.1.3.17.—(Modificado).* Del Fondo para el Fomento del Empleo y Protección del Desempleo (Fonede). El Fosfec creará una cuenta especial para el pago de las sumas correspondientes al subsidio al desempleo y/o capacitación conforme lo ordenado por la Ley 789 de 2002, que a la entrada en vigencia de la Ley 1636 de 2013 venían siendo cancelados y que no se hayan alcanzado a ejecutar en su totalidad.

Los recursos por subsidios de desempleo de que trata la Ley 789 de 2002, no reclamados o suspendidos se transferirán al Fosfec.

Las listas de espera de los beneficiarios del Fondo para el Fomento del Empleo y Protección del Desempleo (Fonede), expiraron el 6 de diciembre de 2013.

Los recursos invertidos en la ejecución de los programas de microcrédito bajo la vigencia de la Ley 789 de 2002, mantendrán su destinación y serán utilizados conforme a las instrucciones que imparta la Superintendencia del Subsidio Familiar, como complemento de servicios a las prestaciones definidas por el Mecanismo de protección al cesante, empleándose en la promoción de actividades de emprendimiento para los cesantes interesados.

(D. 2852/2013, art. 60)

*(Nota: Modificado por el Decreto 454 de 2017 artículo 2° del Ministerio del Trabajo)

ART. 2.2.6.1.3.18.—(Nota: Adicionado por el Decreto 582 de 2016 artículo 3° del Ministerio del Trabajo)

ART. 2.2.6.1.3.19.—(Nota: Adicionado por el Decreto 582 de 2016 artículo 3° del Ministerio del Trabajo)

ART. 2.2.6.1.3.20.—(Nota: Adicionado por el Decreto 582 de 2016 artículo 3° del Ministerio del Trabajo)

ART. 2.2.6.1.3.21.—(Nota: Adicionado por el Decreto 582 de 2016 artículo 3° del Ministerio del Trabajo)

ART. 2.2.6.1.3.22.—(Nota: Adicionado por el Decreto 582 de 2016 artículo 3° del Ministerio del Trabajo)

ART. 2.2.6.1.3.23.—(Nota: Adicionado por el Decreto 582 de 2016 artículo 3° del Ministerio del Trabajo)

ART. 2.2.6.1.3.24.—(Nota: Adicionado por el Decreto 582 de 2016 artículo 3° del Ministerio del Trabajo)

ART. 2.2.6.1.3.25.—(Nota: Adicionado por el Decreto 582 de 2016 artículo 3° del Ministerio del Trabajo)

ART. 2.2.6.1.3.26.—(Nota: Adicionado por el Decreto 582 de 2016 artículo 3° del Ministerio del Trabajo)

SECCIÓN 4

Capacitación para la inserción laboral

ART. 2.2.6.1.4.1.—Objeto del servicio de capacitación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 1636 de 2013, la capacitación para la inserción laboral es el proceso de aprendizaje dirigido a preparar, desarrollar y complementar las capacidades de las personas para el desempeño de funciones específicas.

La prestación de los programas de capacitación deberá sujetarse a los lineamientos de pertinencia, oportunidad, cobertura y calidad establecidos por el Ministerio del Trabajo.

(D. 2852/2013, art. 61)

ART. 2.2.6.1.4.2.—Definiciones. Para efectos de la aplicación e interpretación de esta sección se utilizarán las siguientes definiciones:

1. Acciones de formación. Serán las orientadas a que los cesantes obtengan resultados de aprendizaje asociados con la reinserción laboral, a través de estrategias pedagógicas formativas presenciales y virtuales;

2. Capacitación para la inserción o reinserción laboral. Acciones de formación diseñadas para la población cesante, cuyo objetivo es reforzar sus cualificaciones u obtener nuevas, para lograr mayores posibilidades de encontrar empleo, otras formas de participar activamente en el mercado laboral y adquirir la cultura de formarse continuamente para disminuir el riesgo de permanecer cesante;

3. Certificación de competencias a través de procesos de formación. Expedición de un certificado, diploma o título mediante el cual un organismo competente acredita formalmente que un conjunto de resultados de aprendizaje (conocimientos, destrezas/habilidades y competencias) adquiridos por una persona han sido evaluados y validados conforme a normas, estándares o convenciones predefinidas;

4. Certificación de calidad. Es el acto mediante el cual un organismo de tercera parte, verifica y avala el cumplimiento de las normas técnicas de calidad de formación para el trabajo, por parte de los programas e instituciones;

5. Competencias. Facultad para utilizar conocimientos, destrezas y habilidades personales, sociales y metodológicas, en situaciones de trabajo o estudio y en el desarrollo profesional y personal. Se clasifican en competencias básicas, transversales y laborales específicas;

6. Competencias laborales específicas. Son los conocimientos, destrezas y habilidades relacionados con una ocupación en particular o un grupo de ocupaciones;

7. Competencias básicas. Capacidades que permiten a las personas desempeñarse en los diferentes ámbitos de la vida (personal, social y de trabajo). Las competencias básicas se pueden clasificar en dos subconjuntos: competencias clave y competencias transversales;

8. Competencias clave. Capacidades indispensables para el aprendizaje y desarrollo personal y social a lo largo de la vida. Se relacionan con las matemáticas y con la lectura, escritura y la comunicación oral, tanto en la lengua materna como en una extranjera;

9. Competencias transversales. Capacidades para la interacción con otros y para la organización, gestión y relacionamiento en las diferentes dimensiones de la vida (personal y social) y del trabajo;

10. Conocimientos. Son el resultado de la asimilación de información gracias al aprendizaje; acervo de hechos, principios, teorías y prácticas relacionados con un campo de trabajo o estudio concreto. Los conocimientos se describen como teóricos o fácticos;

11. Destrezas / habilidades. Capacidades para aplicar conocimientos y utilizar técnicas a fin de completar tareas y resolver problemas. Las destrezas se describen como cognitivas (fundadas en el uso del pensamiento lógico, intuitivo y creativo) y prácticas (fundadas en la destreza manual y en el uso de métodos, materiales, herramientas e instrumentos);

12. Resultados de aprendizaje. Expresiones que una persona sabe, comprende y es capaz de realizar al culminar un proceso de aprendizaje; se define en términos de conocimientos, destrezas / habilidades y competencias.

(D. 2852/2013, art. 62)

ART. 2.2.6.1.4.3.—Lineamientos sobre la oferta. Los programas de capacitación para la inserción y reinserción laboral obedecerán a los siguientes lineamientos:

1. Pertinencia. Compatibilidad de los resultados de la formación con las exigencias sociales, económicas, políticas y culturales en términos de desarrollo local, regional y nacional. Se establece a través de la gestión y análisis permanente en relación con el sector productivo;

2. Oportunidad. Posibilidades que tiene el cesante de ingresar a un programa de capacitación relacionado con sus requerimientos y potencialidades, con el fin de ingresar o reingresar al mercado laboral en condiciones de equidad e igualdad;

3. Calidad. Es el cumplimiento por parte de un programa o institución de formación para el trabajo de las normas técnicas de calidad, conforme se definen en este capítulo y en los instructivos que para el efecto expida el Ministerio del Trabajo. Permite constatar la correspondencia entre los procesos de orden técnico y pedagógico en los programas de capacitación y asegurar que los conocimientos, competencias y habilidades que se adquieren son los necesarios para ejercer una ocupación en el mercado laboral;

4. Cobertura. Capacidad para atender con servicios de capacitación de inserción y reinserción laboral, bajo principio de equidad, a la población cesante. La oferta de servicios de capacitación deberá propender por cerrar las brechas socioeconómicas de la población y las diferencias regionales. Para ello se podrán aplicar criterios de focalización y paquetes diferenciales de capacitación que contribuyan con este fin.

(D. 2852/2013, art. 63)

ART. 2.2.6.1.4.4.—Programas de capacitación para la inserción o reinserción laboral. La capacitación para la inserción o reinserción laboral se impartirá a través de módulos. La duración total de la capacitación dependerá de los perfiles ocupacionales y las condiciones particulares de empleabilidad de la población objeto de atención de los prestadores del servicio público de empleo que trata este capítulo, mediante mecanismos flexibles, innovadores y adaptables conforme a la ruta de empleabilidad.

PAR. 1º—Con el propósito de construir un perfil individual para cada trabajador, los programas de capacitación para la inserción o reinserción laboral que se impartan en el marco del mecanismo de protección al cesante deberán reconocer las competencias adquiridas por módulos. Los módulos de los programas de capacitación deberán propender por reforzar u ofrecer competencias básicas, transversales o laborales específicas. El Ministerio del Trabajo publicará periódicamente estudios de ocupaciones y de competencias para el desempeño ocupacional, que podrán usarse como referencia.

PAR. 2º—El Ministerio del Trabajo publicará información de referencia para la estructuración y diseño curricular de los programas de capacitación de inserción y reinserción laboral, de acuerdo con los lineamientos de política y los requerimientos ocupacionales en términos de cualificaciones y competencias.

(D. 2852/2013, art. 64)

ART. 2.2.6.1.4.5.—Oferentes de los programas. Los programas de capacitación para la inserción y reinserción laboral serán impartidos por las cajas de compensación familiar, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), las unidades vocacionales de aprendizaje en empresa (UVAE) y las instituciones de formación para el trabajo. Dichas instituciones deberán estar certificadas en calidad con la norma técnica nacional definida por el Ministerio del Trabajo y el Icontec, o la norma internacional para educación no formal y/o formación para el trabajo.

Los instructores que impartan los programas de inserción y reinserción laboral además de tener experiencia y competencia en las áreas a capacitar, deberán estar certificados como formadores.

PAR. 1º—Las cajas de compensación familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) tendrán un máximo de dos (2) años para certificarse en calidad de acuerdo con lo establecido en el presente artículo.

PAR. 2º—El Ministerio del Trabajo implementará un banco de oferentes de programas de inserción y reinserción laboral.

(D. 2852/2013, art. 65)

ART. 2.2.6.1.4.6.—Organización de los servicios de capacitación e inserción y reinserción laboral. Las cajas de compensación familiar que operen los beneficios del Fosfec mediante las agencias de gestión y colocación de empleo, deberán constituir una red de entidades autorizadas y programas de capacitación para la inserción o reinserción laboral.

PAR. 1º—En el evento en que el cesante reingrese al mercado laboral antes de culminar el respectivo módulo del programa de inserción laboral, la caja de compensación familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), deben facilitar la continuidad del proceso de capacitación laboral hasta terminar el respectivo módulo en horarios flexibles o que se acondicionen a las nuevas necesidades del beneficiario.

PAR. 2º—Para el seguimiento de la operatividad del mecanismo de protección al cesante, los oferentes del servicio de capacitación para la inserción o reinserción laboral, deberán certificar a las cajas de compensación familiar que administran el Fosfec la asistencia de los cesantes beneficiarios a los respectivos programas, con la periodicidad que el Ministerio del Trabajo defina.

PAR. 3º—Las cajas de compensación reportarán anualmente al Ministerio del Trabajo la oferta de programas de capacitación para la inserción o reinserción ofertados en cada una de las regionales y el listado de los beneficiarios incluidos y atendidos en el año inmediatamente anterior.

(D. 2852/2013, art. 66)

ART. 2.2.6.1.4.7.—Financiamiento de la capacitación para la inserción y reinserción laboral. Los programas de inserción y reinserción laboral serán financiados con los recursos del Fosfec y del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), que establece el presente capítulo.

El Ministerio del Trabajo coordinará con el Departamento para la Prosperidad Social y otras entidades públicas de los diferentes órdenes administrativos, la constitución de fondos para financiar el acceso a programas de inserción y reinserción laboral de la población pobre y vulnerable.

PAR.—El Ministerio del Trabajo determinará los topes máximos por cesante y niveles máximos de formación a los cuales un cesante podrá acceder a través de la capacitación para la inserción y reinserción laboral. Para este fin, dicha entidad tendrá en cuenta factores de la dinámica del mercado laboral a nivel regional.

(D. 2852/2013, art. 67)

ART. 2.2.6.1.4.8.—Exenciones. Los casos de fuerza mayor a que se refiere el parágrafo 1º del artículo 2.2.6.1.3.11 del presente decreto, serán aceptados por las cajas de compensación familiar como exención a la pérdida del beneficio de capacitación en los eventos de incumplimiento de los mínimos de asistencia requerida o de no culminación del respectivo módulo.

PAR.—Los oferentes de la capacitación deberán reportar al Fosfec, con la periodicidad que defina el Ministerio del Trabajo, las novedades relacionadas con los casos de fuerza mayor que los cesantes informen.

(D. 2852/2013, art. 68)

ART. 2.2.6.1.4.9.—Capacitación impartida por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con los recursos dispuestos en el artículo 40 de la Ley 1636 de 2013 y las partidas adicionales que defina su consejo directivo, dispondrá de recursos para programas de capacitación para la inserción y reinserción laboral a su cargo. Anualmente el consejo directivo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) aprobará el monto de recursos destinados para financiar la capacitación para la inserción o reinserción laboral impartida por dicha entidad.

PAR.—El SENA reportará anualmente al Ministerio del Trabajo la oferta de programas de capacitación para la inserción o reinserción ofertados en cada una de las regionales y el listado de los beneficiarios incluidos y atendidos en el año inmediatamente anterior.

(D. 2852/2013, art. 69)

ART. 2.2.6.1.4.10.—Reconocimientos de saberes previos de la población cesante. Con el objeto de facilitar la inserción y reinserción laboral de la población cesante inscrita en el servicio público de empleo, el Ministerio del Trabajo diseñará un esquema operativo particular dentro del Esquema Nacional de Certificación de Competencias.

La financiación del servicio derivado del esquema que trata el presente artículo, se realizará con los recursos definidos en el artículo 2.2.6.1.3.13 de este decreto y los recursos que el consejo directivo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) destine para este fin.

(D. 2852/2013, art. 70)

SECCIÓN 5

Ahorro voluntario y beneficio monetario

ART. 2.2.6.1.5.1.—Objeto. La presente sección tiene por objeto desarrollar el esquema de ahorro voluntario de cesantías para trabajadores dependientes e independientes del sector privado y público, y establecer el beneficio monetario proporcional que recibirán los trabajadores que ahorren parte o la totalidad de sus cesantías para el mecanismo de protección al cesante.

(D. 135/2014, art. 1º)

ART. 2.2.6.1.5.2.—Campo de aplicación. Esta sección aplica a los empleadores, a los trabajadores dependientes e independientes, a las cajas de compensación familiar como administradoras del Fosfec, a las administradoras de fondos de cesantías del sector público (Fondo Nacional del Ahorro) y privado.

(D. 135/2014, art. 2º)

ART. 2.2.6.1.5.3.—Destinación parcial o total de las cesantías con destino al mecanismo de protección al cesante. Los trabajadores dependientes podrán destinar parcial o totalmente las cesantías causadas o por causarse, en forma libre y voluntaria, en el marco del mecanismo de protección al cesante.

Los trabajadores independientes podrán en forma libre y voluntaria afiliarse a las administradoras de fondos de cesantías y destinar parcial o totalmente los recursos ahorrados, en el marco del mecanismo de protección al cesante. El mismo esquema se aplicará a los trabajadores remunerados bajo la modalidad de salario integral.

(D. 135/2014, art. 3º)

ART. 2.2.6.1.5.4.—Forma y modalidades de destinación. El titular de las cesantías que desee ahorrar para el mecanismo deberá expresar por escrito su voluntad de destinar parcial o totalmente las cesantías, causadas o por causarse, en cualquier momento durante la relación laboral o en el desarrollo de la actividad productiva.

PAR. 1º—La voluntad del trabajador se manifestará ante el empleador o ante la caja de compensación familiar a la que esté afiliado o directamente ante la administradora de fondos de cesantías correspondiente.

Los empleadores y las cajas de compensación familiar reportarán dentro de los tres (3) días siguientes a la decisión del trabajador, a la administradora de fondos de cesantías que corresponda, la determinación que este adoptó sobre el uso de sus cesantías para el mecanismo de protección al cesante.

La administradora de fondos de cesantías informará al trabajador dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de aplicación, que el registro de la decisión de ahorro voluntario para el mecanismo de protección al cesante se hizo efectivo.

PAR. 2º—La destinación parcial de las cesantías se expresará en porcentaje, pero en ningún caso el monto del ahorro voluntario podrá ser inferior al que resulte de aplicar los porcentajes determinados en el numeral 5º del artículo 13 de la Ley 1636 de 2013.

(D. 135/2014, art. 4º)

ART. 2.2.6.1.5.5.—Formato para manifestar la voluntad sobre ahorro de cesantías para el mecanismo de protección al cesante. El trabajador expresará su voluntad de destinar para ahorro en el mecanismo de protección al cesante, parte o la totalidad de las cesantías causadas o por causar, a través de un formato físico o electrónico.

El formato deberá contener como mínimo información clara sobre identificación del trabajador, administradora de fondo de cesantías a la que se encuentre afiliado, expresión de su libre determinación, porcentaje del ahorro, forma de pago de este y del beneficio monetario y disponibilidad para que la información expresada se use para los fines del mecanismo de protección al cesante.

El monto de ahorro podrá ser modificado por el trabajador en cualquier momento mediante el diligenciamiento del formato físico o electrónico, sin que dicho monto pueda ser inferior a los porcentajes establecidos en el numeral 5º del artículo 13 de la Ley 1636 de 2013.

PAR. 1º—El Ministerio del Trabajo estandarizará el formato a través del cual el trabajador autoriza la destinación de cesantías para ahorro en el mecanismo de protección al cesante. Los empleadores, las cajas de compensación familiar y las administradoras de fondos de cesantías lo tendrán disponible para los trabajadores y, en todo caso, informarán sobre la manifestación que debe rendir el trabajador a este respecto.

PAR. 2º—Las administradoras de fondos de cesantías adoptarán los mecanismos que correspondan a fin de que la decisión de los trabajadores sobre destinación de cesantías para ahorro en el mecanismo de protección al cesante pueda realizarse por medios electrónicos, con las debidas seguridades informáticas y de protección de datos.

(D. 135/2014, art. 5º)

ART. 2.2.6.1.5.6.—Promoción del ahorro para el mecanismo de protección al cesante. Las administradoras de fondos de cesantías divulgarán y promoverán en sus canales de servicio la destinación libre y voluntaria de parte o la totalidad de las cesantías para la financiación del mecanismo de protección al cesante. Especialmente, durante el primer trimestre de cada anualidad, dispondrán campañas y acciones orientadas a explicar a sus afiliados la operación del mecanismo de protección al cesante.

Las cajas de compensación familiar realizarán en forma permanente campañas pedagógicas sobre la aplicación del mecanismo de protección al cesante y promoverán entre sus trabajadores afiliados la destinación libre y voluntaria de las cesantías para este fin.

PAR. 1º—A la vinculación de todo trabajador que cause cesantías, el empleador le solicitará que manifieste su voluntad sobre la destinación de estas para ahorro en el mecanismo de protección al cesante.

PAR. 2º—Está prohibida cualquier forma de coacción que ejerzan los empleadores, las cajas de compensación familiar o las administradoras de fondos de cesantías en cuanto a la destinación de las cesantías para el mecanismo de protección al cesante. Estas conductas serán sancionadas conforme el régimen legal y los procedimientos aplicables.

(D. 135/2014, art. 6º)

ART. 2.2.6.1.5.7.—Coexistencia de contratos laborales. Cuando el trabajador labore para varios empleadores tendrá derecho a destinar las cesantías, que correspondan a cada una de las relaciones laborales. En estos casos, se aplicarán las regulaciones de la presente sección con respecto a cada una de las relaciones.

(D. 135/2014, art. 7º)

ART. 2.2.6.1.5.8.—Revocatoria total de la destinación de cesantías para ahorro en el mecanismo de protección al cesante. En cualquier momento y en forma libre y voluntaria, el trabajador podrá revocar totalmente el monto de lo destinado para ahorro en el mecanismo de protección al cesante, por escrito y en los términos de lo señalado por los artículos 2.2.6.1.5.4 y 2.2.6.1.5.5 del presente decreto.

Lo dispuesto en el presente artículo, aplicará igualmente para el caso en que el trabajador decida hacer uso del ahorro de cesantías, para los fines adicionales permitidos por la ley.

(D. 135/2014, art. 8º)

ART. 2.2.6.1.5.9.—No aplicación del ahorro de cesantías para el mecanismo de protección al cesante por pago anticipado. No procede la aplicación del ahorro de cesantías para el mecanismo de protección al cesante, cuando conforme al régimen legal, corresponda el pago de cesantías al empleador por terminación de la relación laboral.

(D. 135/2014, art. 9º)

ART. 2.2.6.1.5.10.—Beneficio monetario proporcional por ahorro de cesantías para el mecanismo de protección al cesante. El beneficio monetario proporcional que recibirán los trabajadores que voluntariamente realicen el ahorro de las cesantías, estará sujeto al tiempo de ahorro, al ingreso del trabajador y al monto del ahorro realizado, tal como se dispone a continuación:

1. Si el trabajador ahorra entre uno (1) y dos (2) años, recibirá el beneficio de acuerdo con el promedio de los salarios reportados en el último año a la caja de compensación familiar, según lo establecido en el numeral 5º del artículo 13 de la Ley 1636 de 2013 y tal como se dispone en la siguiente tabla:

Ingresos del trabajador (SMMLV)Beneficio: Porcentaje sobre el ahorro
1 y hasta20%
Más de 2 y hasta 319%
Más de 3 y hasta 417%
Más de 4 y hasta 516%
Más de 5 y hasta 614%
Más de 6 y hasta 712%
Más de 710%

2. Si el trabajador ha ahorrado entre dos (2) y tres (3) años, recibirá el beneficio de acuerdo con el promedio de los salarios reportados en el último año a la caja de compensación familiar, según lo establecido en el numeral 5º del artículo 13 de la Ley 1636 de 2013 y tal como se dispone en la siguiente tabla:

Ingresos del trabajador (SMMLV)Beneficio: Porcentaje sobre el ahorro
1 y hasta22%
Más de 2 y hasta 321%
Más de 3 y hasta 419%
Más de 4 y hasta 518%
Más de 5 y hasta 616%
Más de 6 y hasta 714%
Más de 712%

3. Si el trabajador ha ahorrado durante un periodo superior a tres (3) años, recibirá el beneficio de acuerdo con el promedio de los salarios reportados en el último año a la caja de compensación familiar, según lo establecido en el numeral 5º del artículo 13 de la Ley 1636 de 2013 y tal como se dispone en la siguiente tabla:

Ingresos del trabajador (SMMLV)Beneficio: Porcentaje sobre el ahorro
1 y hasta23,5%
Más de 2 y hasta 322,5%
Más de 3 y hasta 420,5%
Más de 4 y hasta 519,5%
Más de 5 y hasta 617,5%
Más de 6 y hasta 715,5%
Más de 713,5%

PAR. 1º—La fecha de inicio para contabilizar el tiempo de ahorro de que trata el presente artículo, será la de radicación del formato de destinación voluntaria de cesantías ante la administradora de fondos de cesantías.

PAR. 2º—La revocatoria de la destinación de recursos de ahorro de cesantías para el mecanismo de protección al cesante, generará la pérdida del tiempo acumulado para los efectos del presente artículo.

(D. 135/2014, art. 10)

ART. 2.2.6.1.5.11.—Afiliación para independientes y trabajadores con salario integral. Los trabajadores independientes y los trabajadores con salario integral que, conforme las normas legales vigentes, se afilien a las administradoras de fondos de cesantías, podrán acceder al beneficio monetario por ahorro del mecanismo de protección al cesante, siempre y cuando cumplan las condiciones establecidas en el presente capítulo.

(D. 135/2014, art. 11)

ART. 2.2.6.1.5.12.—Beneficio monetario proporcional por ahorro de cesantías. El beneficio monetario proporcional por ahorro para los trabajadores independientes y los trabajadores con salario integral, se reconocerá teniendo en cuenta los criterios establecidos en el artículo 2.2.6.1.5.10 del presente decreto.

Para efectos de determinar el ahorro mínimo que deben realizar los trabajadores independientes y los trabajadores con salario integral para tener derecho al beneficio, se tendrá en cuenta el promedio de los ingresos reportados en el último año a la caja de compensación familiar, de acuerdo con lo establecido en numeral 5º del artículo 13 de la Ley 1636 de 2013.

(D. 135/2014, art. 12)

ART. 2.2.6.1.5.13.—Responsabilidad y condiciones para el pago del ahorro de cesantías y del beneficio monetario por ahorro en el mecanismo de protección al cesante. Las cajas de compensación familiar como administradoras del Fosfec, pagarán el ahorro de cesantías y el beneficio monetario que se cause por el mecanismo de protección al cesante.

Una vez incorporado el cesante en el registro de beneficiarios por haber acreditado los requisitos de ley, la caja de compensación familiar respectiva lo informará por escrito a nombre del trabajador, dentro de los tres (3) días siguientes a la correspondiente administradora de fondo de cesantías y le solicitará el traslado de los recursos ahorrados por el beneficiario para el mecanismo de protección al cesante, junto con sus rendimientos.

La administradora de fondos de cesantías realizará el traslado a la caja de compensación familiar requirente del ahorro y sus rendimientos, dentro del plazo previsto por el artículo 7º de la Ley 1636 de 2013, utilizando el mismo procedimiento que tenga definido para el pago de cesantías a los afiliados. Se propenderá porque los traslados sean efectuados en línea.

La caja de compensación familiar procederá a liquidar el valor del beneficio monetario y junto con el ahorro y los rendimientos trasladados, los pagará al beneficiario conforme lo que haya indicado este en el formato de destinación de ahorro, en máximo seis (6) instalamentos. El pago se realizará a través de los mecanismos que utilice para reconocer la cuota monetaria de subsidio o cualquier otro que garantice la mayor agilidad para el disfrute del cesante.

PAR.—En caso de cese o pérdida de las prestaciones que se reconocen al cesante por las causales señaladas en la Ley 1636 de 2013, la caja de compensación familiar devolverá a la administradora de fondos de cesantías el saldo no pagado en un plazo no superior a diez (10) días; en este evento se suspenderá el pago del beneficio monetario.

(D. 135/2014, art. 13)

ART. 2.2.6.1.5.14.—Consulta de información entre las cajas de compensación familiar y las administradoras de fondos de cesantías. Las administradoras de fondos de cesantías y las cajas de compensación familiar desarrollarán herramientas de información y consulta sobre las condiciones de los beneficiarios del mecanismo de protección al cesante, en particular sobre el registro de estos para el acceso a los beneficios consultando los criterios de seguridad y protección de datos que sean aplicables.

(D. 135/2014, art. 14)

ART. 2.2.6.1.5.15.—Traslado de administradora de fondos de cesantías. En caso de traslado de un trabajador de administradora de fondos de cesantías, la nueva administradora deberá conservar la destinación de ahorro decidida por aquel.

(D. 135/2014, art. 15)

ART. 2.2.6.1.5.16.—Disposición del ahorro de cesantías para el mecanismo de protección al cesante cuando el trabajador no acredite requisitos para ser beneficiario. Cuando un trabajador esté en condición de cesante y haya dispuesto ahorro de cesantías para el mecanismo de protección al cesante pero no acredite la condición de beneficiario del mismo, podrá retirar los recursos ahorrados en forma voluntaria, directamente ante la administradora de fondos de cesantías, presentando la certificación expedida por la caja de compensación familiar administradora del Fosfec ante la cual haya gestionado el beneficio, en la cual se acredite que no fue incorporado al registro de beneficiarios. También podrá mantener los recursos en su cuenta de cesantías para aplicarlos a los fines de ley.

(D. 135/2014, art. 16)

ART. 2.2.6.1.5.17.—Disposición del saldo destinado para ahorro de cesantías al mecanismo de protección al cesante por reconocimiento de pensión. Cuando la pensión sea reconocida por el régimen de prima media con prestación definida, el titular deberá presentar ante la administradora de fondo de cesantías el acto administrativo a través del cual Colpensiones o la entidad correspondiente, le reconoció el derecho. La administradora de fondo de cesantías procederá a pagarle dentro de los cinco (5) días siguientes a la presentación de la solicitud, el valor del saldo por ahorro para el mecanismo de protección al cesante.

En el caso del régimen de ahorro individual con solidaridad, el trabajador deberá manifestar ante la respectiva administradora de fondo de pensiones, que va a disponer de la totalidad o de una parte del saldo de ahorro de cesantía para aumentar el capital para financiar su pensión. Esta solicitará a la administradora de fondo de cesantías el traslado correspondiente, el que se hará efectivo dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud.

(D. 135/2014, art. 17)

ART. 2.2.6.1.5.18.—Obligaciones del empleador que incumpla la consignación de las cesantías. En caso que el empleador incumpla la consignación de las cesantías dentro del plazo de ley, la caja de compensación familiar pagará el beneficio monetario que corresponda y recobrará el monto de este al empleador, con destino al Fosfec.

La administradora de fondos de cesantías iniciará las acciones de cobro que procedan en relación con las cesantías no consignadas, las cuales quedarán a disposición del trabajador, una vez recuperadas.

(D. 135/2014, art. 18)

ART. 2.2.6.1.5.19.—Reporte de información. Conforme las instrucciones del Ministerio del Trabajo y la operatividad del sistema de información del mecanismo de protección al cesante, las cajas de compensación familiar reportarán sobre el reconocimiento del beneficio monetario a que se refiere el presente capítulo.

(D. 135/2014, art. 19)

ART. 2.2.6.1.5.20.—Contabilización de los recursos de ahorro de cesantías para el mecanismo de protección al cesante. La Superintendencia Financiera de Colombia establecerá las instrucciones que se requieran para que las administradoras de fondos de cesantías contabilicen en forma separada los recursos de ahorro voluntario destinados por los trabajadores de sus cesantías para el mecanismo de protección al cesante.

La Superintendencia del Subsidio Familiar instruirá a las cajas de compensación familiar sobre la contabilización de los recursos que por ahorro de cesantías y rendimientos trasladen las administradoras de fondos de cesantías, lo mismo que sobre la aplicación de los beneficios monetarios que se causen a los cesantes por este concepto.

(D. 135/2014, art. 20)

SECCIÓN 6

Disposiciones varias relativas a los mecanismos de protección al cesante

ART. 2.2.6.1.6.1.—De la obligación de promoción y divulgación del mecanismo de protección al cesante. El Ministerio del Trabajo, en cumplimiento de sus obligaciones como director y coordinador del mecanismo de protección al cesante, determinará, mediante instructivos, la forma en que los diferentes participantes de los componentes del mecanismo, colaborarán en la labor de promoción y divulgación del mismo.

(D. 2852/2013, art. 72)

ART. 2.2.6.1.6.2.—Cobertura del mecanismo de protección al cesante en eventos de suspensión involuntaria del contrato de trabajo. El mecanismo de protección al cesante cobija en los mismos términos previstos por la Ley 1636 de 2013, a los trabajadores que se encuentren en suspensión temporal involuntaria del contrato de trabajo, por las causales de fuerza mayor o caso fortuito y por la suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, hasta por 120 días, previa autorización del Ministerio del Trabajo.

(D. 1508/2014, art. 1º)

ART. 2.2.6.1.6.3.—Reporte de la suspensión. El empleador que se encuentre en suspensión del contrato de trabajo por las causales señaladas en el artículo anterior, deberá remitir certificación a la caja de compensación familiar a la que se encuentre afiliado por cada trabajador, en la cual informe la causal de suspensión y el periodo de la misma, para los fines previstos por los artículos 2.2.6.1.3.2 y 2.2.6.1.3.3 del presente decreto.

(D. 1508/2014, art. 2º)

ART. 2.2.6.1.6.4.—Particularidades del régimen de prestaciones y beneficios. Las cotizaciones a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones serán pagadas por el empleador en las condiciones establecidas por el Decreto 806 de 1998 o el que lo sustituya, modifique o adicione, quien podrá recobrar al Fosfec, a través de la caja de compensación familiar que haya atendido al trabajador suspendido, las sumas que correspondan a las cotizaciones, sobre un (1) salario mínimo mensual legal vigente durante el periodo de protección que corresponda.

(D. 1508/2014, art. 3º)

ART. 2.2.6.1.6.5.—Servicios sociales de las cajas de compensación familiar para trabajadores suspendidos. Las cajas de compensación familiar establecerán programas para el reconocimiento de subsidio en especie y en servicios y para la atención de servicios sociales a los trabajadores a que se refiere el presente capítulo.

(D. 1508/2014, art. 4º)

SECCIÓN 7

Financiación de práctica laboral, judicatura y relación docencia de servicio en el área de la salud como mecanismo para que los jóvenes adquieran experiencia laboral relacionada con su campo de estudio

ART. 2.2.6.1.7.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1376 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Trabajo)

ART. 2.2.6.1.7.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1376 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Trabajo)

ART. 2.2.6.1.7.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1376 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Trabajo)

ART. 2.2.6.1.7.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1376 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Trabajo)

ART. 2.2.6.1.7.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1376 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Trabajo)

ART. 2.2.6.1.7.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1376 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Trabajo)

ART. 2.2.6.1.7.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1669 de 2016 artículo 1° del Ministerio del Trabajo)

ART. 2.2.6.1.7.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1669 de 2016 artículo 1° del Ministerio del Trabajo)

ART. 2.2.6.1.7.9.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1669 de 2016 artículo 1° del Ministerio del Trabajo)

ART. 2.2.6.1.7.10.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1669 de 2016 artículo 1° del Ministerio del Trabajo)

ART. 2.2.6.1.7.11.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1669 de 2016 artículo 1° del Ministerio del Trabajo)

SECCIÓN 8

Promoción del emprendimiento y desarrollo empresarial en el mecanismo de protección al cesante.

(Nota: Adicionado por el Decreto 454 de 2017 artículo 3° del Ministerio del Trabajo)

ART. 2.2.6.1.8.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 454 de 2017 artículo 3° del Ministerio del Trabajo)

ART. 2.2.6.1.8.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 454 de 2017 artículo 3° del Ministerio del Trabajo)

ART. 2.2.6.1.8.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 454 de 2017 artículo 3° del Ministerio del Trabajo)

ART. 2.2.6.1.8.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 454 de 2017 artículo 3° del Ministerio del Trabajo)

ART. 2.2.6.1.8.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 454 de 2017 artículo 3° del Ministerio del Trabajo)

ART. 2.2.6.1.8.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 454 de 2017 artículo 3° del Ministerio del Trabajo)

(Nota: Adicionado por el Decreto 454 de 2017 artículo 3° del Ministerio del Trabajo)

SECCIÓN 9

Financiación y desarrollo de programas y proyectos con cargo al fondo de solidaridad de fomento al empleo y protección al cesante (Fosfec), que promuevan el empleo y el emprendimiento en zonas rurales y de posconflicto.

(Nota: Adicionado por el Decreto 454 de 2017 artículo 4° del Ministerio del Trabajo)

ART. 2.2.6.1.9.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 454 de 2017 artículo 4° del Ministerio del Trabajo)

ART. 2.2.6.1.9.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 454 de 2017 artículo 4° del Ministerio del Trabajo)

ART. 2.2.6.1.9.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 454 de 2017 artículo 4° del Ministerio del Trabajo)

ART. 2.2.6.1.9.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 454 de 2017 artículo 4° del Ministerio del Trabajo)

ART. 2.2.6.1.9.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 454 de 2017 artículo 4° del Ministerio del Trabajo)

(Nota: Adicionado por el Decreto 454 de 2017 artículo 4° del Ministerio del Trabajo)

CAPÍTULO 2

Formación para el trabajo

SECCIÓN 1

Sistema de calidad de la formación para el trabajo (SCAFT)

ART. 2.2.6.2.1.1.—Definiciones. Para efectos de la aplicación e interpretación de la presente sección se utilizarán las siguientes definiciones:

1. Formación para el trabajo. Es el proceso educativo formativo, organizado y sistemático, mediante el cual las personas adquieren y desarrollan a lo largo de su vida competencias laborales, específicas o transversales, relacionadas con uno o varios campos ocupacionales referidos en la clasificación nacional de ocupaciones, que le permiten ejercer una actividad productiva como empleado o emprendedor de forma individual o colectiva;

2. Organismo de tercera parte. Es una organización pública o privada que no es oferente de servicios de formación para el trabajo, especializada y reconocida dentro del marco del Decreto 2269 de 1993, o el que lo sustituya, modifique o adicione, conforme a criterios técnicos previamente establecidos por la Comisión de la calidad de la formación para el trabajo (CCAFT) y con sujeción a las disposiciones de este capítulo;

3. Acreditación de organismos de tercera parte. Es el proceso mediante el cual un organismo de tercer aparte especializado en procesos de evaluación y certificación de la calidad dentro del marco del Decreto 2269 de 1993 o el que lo sustituya, modifique o adicione, para llevar a cabo la certificación de calidad de los programas e instituciones oferentes de formación para el trabajo;

4. Certificación de calidad de la formación para el trabajo. Es el acto mediante el cual un organismo de tercera parte, conforme se define en este capítulo, verifica y avala el cumplimiento de las normas técnicas de calidad de formación para el trabajo por parte de los programas e instituciones;

5. Calidad. Es el cumplimiento por parte de un programa o institución de formación para el trabajo de las normas técnicas de calidad, conforme se definen en este capítulo, para satisfacer las necesidades de los beneficiarios;

6. Pertinencia. Es el resultado del análisis permanente y en conjunto con el sector productivo de información sobre la situación y tendencia de oferta y demanda laboral y las perspectivas de desarrollo económico del país, para determinar líneas y políticas en materia de oferta de formación para el trabajo;

7. Norma técnica de calidad de formación para el trabajo. Es un documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido, que suministra, para uso común y repetido, reglas, directrices y características para las actividades o sus resultados, encaminados al logro del grado óptimo de orden en un contexto dado. Las normas técnicas se deben basar en los resultados consolidados de la ciencia, la tecnología y la experiencia y sus objetivos deben ser los beneficios óptimos para la comunidad, conforme lo define el Decreto 2269 de 1993, y las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan, en el contexto de la formación para el trabajo;

8. Unidad sectorial de normalización de formación para el trabajo. Con respecto a la formación para el trabajo, es aquella autorizada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de conformidad con el Decreto-Ley 210 de 2003 y las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan, y tiene como función la preparación de normas propias de un sector, dentro de los lineamientos internacionales establecidos para esta actividad, con la posibilidad de ser sometidas ante el organismo nacional de normalización al proceso de adopción y publicación de normas técnicas colombianas;

9. Normalización. Es la actividad que establece, en relación con problemas actuales o potenciales, soluciones para aplicaciones repetitivas y comunes, con el objeto de lograr un grado óptimo de orden en un contexto dado. En particular consiste en la elaboración, la adopción y la publicación de las normas técnicas, de conformidad con el Decreto 2269 de 1993, y las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan, en el contexto de la formación para el trabajo.

(D. 2020/2006, art. 1º)

ART. 2.2.6.2.1.2.—Sistema de calidad de la formación para el trabajo (SCAFT). Es el conjunto de mecanismos de promoción y aseguramiento de la calidad, orientados a certificar que la oferta de formación para el trabajo cuenta con los medios y la capacidad para ejecutar procesos formativos que respondan a los requerimientos del sector productivo y reúnen las condiciones para producir buenos resultados. Está conformado por las siguientes instancias:

1. La Comisión de calidad de la formación para el trabajo (CCAFT).

2. Los comités sectoriales.

3. Los organismos de tercera parte.

4. Los programas e instituciones oferentes de formación para el trabajo, tanto públicas como privadas.

El sistema de calidad de la formación para el trabajo será reconocido como unidad sectorial de normalización de la formación para el trabajo, en el marco del sistema de normalización, certificación y metrología, por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de acuerdo con el artículo 28 del Decreto-Ley 210 de 2003.

PAR. 1º—El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), a través de su dirección del sistema nacional de formación para el trabajo, pondrá al servicio del sistema de calidad de formación para el trabajo sus buenas prácticas, estándares e instrumentos para el mejoramiento de la calidad de los programas y la gestión institucional.

PAR. 2º—El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), mantendrá actualizado un sistema de información con las innovaciones, que en materia de aprendizaje y formación profesional para el trabajo se generen a nivel internacional, y lo pondrá al servicio del sistema de calidad de formación para el trabajo.

(D. 2020/2006, art. 2º)

ART. 2.2.6.2.1.3.—Características de la certificación de calidad de la formación para el trabajo. La certificación a que se refiere la presente sección está dirigida a los programas y las instituciones oferentes de formación para el trabajo, con el objeto de obtener un reconocimiento público de su calidad. Es de carácter voluntario y está a cargo de organismos de tercera parte, especializados y reconocidos públicamente que actúan de acuerdo con criterios estándares, procesos e instrumentos establecidos específicamente por la CCAFT y las disposiciones de este capítulo. Es de carácter temporal y debe ser renovada periódicamente, conforme con los reglamentos que expida este organismo, sin perjuicio de las autorizaciones y certificaciones requeridos por las disposiciones vigentes.

(D. 2020/2006, art. 3º)

ART. 2.2.6.2.1.4.—Programas e instituciones objeto de certificación. Serán objeto de certificación de calidad de la formación para el trabajo:

1. Los programas de formación laboral;

2. Los programas de educación media técnica que sean de formación para el trabajo;

3. Los programas técnicos profesionales y tecnológicos de educación superior que cuenten con registro calificado otorgado por el Ministerio de Educación Nacional y que sean de formación para el trabajo;

4. Los programas desarrollados por las empresas para efectos del reconocimiento del contrato de aprendizaje;

5. Las instituciones reconocidas como establecimientos educativos de educación para el trabajo y el desarrollo humano, de educación media técnica, las cajas de compensación familiar o las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano que estas crean para prestar servicios de formación para el trabajo, las empresas que desarrollen procesos de formación organizados y sistemáticos para sus trabajadores actuales o potenciales, que ofrecen programas de formación para el trabajo y que por lo menos un programa haya obtenido la certificación de calidad en el marco del sistema de calidad de formación para el trabajo.

(D. 2020/2006, art. 4º. Modificado. D. 3756/2009, art. 1º)

ART. 2.2.6.2.1.5.—Condiciones para la certificación de calidad. Para acceder a la certificación de calidad, los programas e instituciones de formación para el trabajo, diferentes al SENA, deberán someterse a un proceso de evaluación en el cual un organismo de tercera parte verifica y certifica el cumplimiento de las normas técnicas de calidad, ya sea de programas o de instituciones según el caso, sin perjuicio de las autorizaciones y certificaciones requeridas por las disposiciones vigentes. Los programas técnicos profesionales y tecnológicos de educación superior que sean de formación para el trabajo se entienden certificados una vez cuenten con el registro calificado otorgado por el Ministerio de Educación Nacional.

(D. 2020/2006, art. 5º)

ART. 2.2.6.2.1.6.—De los organismos de tercera parte. Son exclusivamente los organismos acreditados responsables de la certificación de calidad, tanto de los programas como de las instituciones de formación para el trabajo.

(D. 2020/2006, art. 12)

ART. 2.2.6.2.1.7.—Funciones de los organismos de tercera parte. Los organismos de tercera parte tendrán las siguientes funciones:

1. Asignar auditores idóneos según corresponda para llevar a cabo la certificación de calidad de la formación para el trabajo;

2. Verificar presencialmente el cumplimiento de los estándares, criterios e indicadores de calidad contemplados en las normas técnicas de calidad de formación para el trabajo;

3. Expedir la certificación de calidad de la formación para el trabajo;

4. Informar a la CCAFT las certificaciones de calidad otorgadas tanto a programas como a instituciones de formación para el trabajo.

(D. 2020/2006, art. 13)

ART. 2.2.6.2.1.8.—Certificación de calidad de formación para el trabajo. Las instituciones objeto de certificación de calidad de la formación para el trabajo que al 30 de septiembre de 2009 cuenten con la certificación de calidad bajo la norma “Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos”. ISO 9001:2000 otorgado por un organismo de tercera parte acreditado por una entidad acreditadora reconocida por el Gobierno Nacional, no requerirán certificar a la institución en la norma NTC 5555 “Sistema de Gestión de Calidad para Instituciones de Formación para el Trabajo. Requisitos”.

(D. 3756/2009, art. 2º)

ART. 2.2.6.2.1.9.—Equivalencia de certificación para obtener los beneficios del contrato de aprendizaje. La certificación de calidad de la formación para el trabajo otorgada por un organismo de tercera parte acreditado por una entidad acreditadora reconocida por el Gobierno Nacional, a los programas de que trata el artículo 2.2.6.2.1.4 del presente decreto, será equivalente al reconocimiento o autorización de que trata el artículo 2.2.6.3.16, para obtener los beneficios del contrato de aprendizaje de que trata la Ley 789 de 2002.

Para la obtención del beneficio la institución debe encontrarse a paz y salvo por todo concepto con el sistema general de seguridad social y aportes parafiscales al ICBF, SENA y cajas de compensación familiar.

(D. 3756/2009, art. 3º)

ART. 2.2.6.2.1.10.—Equivalencias de los modelos de gestión de Calidad. Los modelos de reconocimiento de gestión de calidad “European Foundation for Quality Management” (EFQM) y los esquemas de acreditación de tipo de la “Comisión on International and TransRegional Accreditation” (CITA) y asociaciones afiliadas o de la “New England Association of Schools and Colleges” (NEASC), entre otros, serán equivalentes a la certificación de calidad de la formación para el trabajo establecida en este capítulo.

Para que el modelo de reconocimiento de gestión de calidad sea reconocido como requisito suficiente para la certificación de calidad de la formación para el trabajo, debe contar con la validación por parte del Ministerio de Educación Nacional previo el cumplimiento de lo establecido en el artículo 6º del Decreto 529 de 2006 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.

(D. 3756/2009, art. 4º)

ART. 2.2.6.2.1.11.—De la contratación del SENA. La contratación que realice el SENA con programas e instituciones externas para capacitación de formación para el trabajo deberá realizarse con las instituciones y programas certificados en el marco del SCAFT.

(D. 2020/2006, art. 14)

ART. 2.2.6.2.1.12.—De la contratación con el Estado. Las entidades estatales en procesos de contratación de servicios de formación y capacitación podrán otorgar un puntaje adicional a las instituciones de formación para el trabajo certificadas en el marco del SCAFT o podrán utilizarlo como criterio de desempate, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 80 de 1993, la norma que lo modifique, adicione o sustituya, y sus decretos reglamentarios.

(D. 2020/2006, art. 15)

ART. 2.2.6.2.1.13.—Del uso de la certificación de calidad de la formación para el trabajo. Los programas e instituciones de formación para el trabajo certificados en el marco del SCAFT podrán utilizar esta certificación con fines publicitarios, indicando con claridad el alcance y vigencia de la misma.

(D. 2020/2006, art. 16)

ART. 2.2.6.2.1.14.—De la participación en programas de promoción y aseguramiento. Los programas e instituciones de formación para el trabajo certificados en el marco del SCAFT podrán participar de forma preferente en programas de fortalecimiento, promoción y aseguramiento de la calidad que el Estado promueva o desarrolle en alianza con actores públicos, privados o de cooperación internacional.

(D. 2020/2006, art. 17)

SECCIÓN 2

Normas sobre sistema de formación profesional integral que imparte el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

ART. 2.2.6.2.2.1.—Autonomía de la educación no formal. Los niveles de formación, titulación, acreditación, homologación, validación, certificación y reconocimiento del Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), dentro de los campos de la formación profesional integral, que se enmarcan en la educación no formal, serán autónomos, sin sujeción a registros o convalidaciones de otras autoridades o instituciones educativas y solo requieren para su expedición y validez, que estén incluidos en el estatuto de la formación profesional integral que adopte el consejo directivo nacional del organismo.

(D. 359/2000, art. 1º)

ART. 2.2.6.2.2.2.—Ingreso a la educación superior. Los egresados del Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), en los campos a que se refiere el artículo 2.2.6.2.2.1 del presente decreto podrán ingresar a los programas de la educación superior, directamente, acorde con la autonomía de las instituciones de educación superior o a través de acuerdos o alianzas suscritos con el SENA, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 30 de 1992 y demás normas legales aplicables, que consagren requisitos mínimos de ingreso a la educación superior.

(D. 359/2000, art. 2º)

ART. 2.2.6.2.2.3.—Creación de programas para el ingreso a la educación superior. Para el ofrecimiento y desarrollo de programas de educación superior en los campos que expresamente autoriza la Ley 119 de 1994, se requiere la creación del correspondiente programa por parte del consejo directivo nacional del SENA y su registro en el código de información que la entidad le asigna a cada programa, el cual se asimila al registro del sistema nacional de información de la educación superior.

En todo caso para efectos de las funciones de inspección, control y vigilancia de los programas de educación superior a que se refiere el presente artículo y de la función informativa que le compete desarrollar al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Icfes, el SENA remitirá por escrito y en medio magnético a este instituto, la información sobre los programas creados y registrados en sus códigos internos, con el fin de incorporarlos en el sistema nacional de información. Por tal razón las dos instituciones establecerán el formato necesario.

PAR.—Los programas que al 6 de marzo de 2000 hubiesen sido notificados al Icfes sin que todavía se encuentren registrados, se sujetarán para su ofrecimiento y desarrollo a lo dispuesto en este capítulo. Los programas que se notificaron y fueron objeto de observación o negación de registro debidamente comunicado al SENA, deberán ajustarse y continuar su trámite con sujeción a las disposiciones legales aplicables antes del 6 de marzo de 2000.

(D. 359/2000, art. 3º)

ART. 2.2.6.2.2.4.—Centros de formación profesional. Los centros de formación profesional con sus zonas de influencia, se asimilan a las seccionales definidas en la Ley 30 de 1992, siempre y cuando estos centros cuenten con la infraestructura educativa adecuada, recursos técnicos y personal suficiente para el cabal desarrollo de las actividades académicas. En el caso de programas que no se puedan adelantar en los centros de formación profesional integral, el SENA deberá suscribir con antelación al inicio del correspondiente programa, los acuerdos o alianzas con las entidades territoriales y si fuere necesario con las demás personas interesadas en apoyar el desarrollo del programa, debidamente comprobada su idoneidad.

Los acuerdos o alianzas que se suscriban, en ningún caso pueden incluir estipulaciones que conlleven el traspaso de la responsabilidad del SENA por el adecuado desarrollo de sus programas en cabeza de las instituciones colaboradoras.

(D. 359/2000, art. 4º)

SECCIÓN 3

Reentrenamiento laboral y la formación a lo largo de la vida

ART. 2.2.6.2.3.1.—Objeto. La presente sección tiene por objeto la creación del programa de reentrenamiento laboral y formación a lo largo de la vida de los trabajadores y demás personal de la cadena productiva, a cargo del SENA y fijar las condiciones generales para su ejecución y funcionamiento.

(D. 681/2014, art. 1º)

ART. 2.2.6.2.3.2.—Programa de formación a lo largo de la vida. Créase como parte de la formación del SENA, el programa de reentrenamiento laboral y formación a lo largo de la vida, para el reentrenamiento laboral de los trabajadores y demás personal de la cadena productiva, cuyo objeto será ejecutar inversión social a través de proyectos de formación que provengan y sean desarrollados por entidades sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad.

PAR.—El Ministerio del Trabajo y el SENA reglamentarán, de acuerdo con sus competencias, lo correspondiente a la ejecución del programa.

(D. 681/2014, art. 2º)

ART. 2.2.6.2.3.3.—Ejecución. El Ministerio del Trabajo, cuando lo considere necesario, autorizará al SENA para la celebración de convenios de asociación con entidades sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad para ejecutar el programa de reentrenamiento laboral y formación a lo largo de la vida, relacionado con el objeto de la presente sección.

PAR.—En los convenios de asociación a los que se refiere el presente artículo, se determinará con precisión su objeto, término de duración, obligaciones de las partes, aportes, coordinación y todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes.

(D. 681/2014, art. 3º)

ART. 2.2.6.2.3.4.—Fuente de financiación. El SENA destinará hasta el uno punto nueve por ciento (1.9%) de los ingresos correspondientes al impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), para el desarrollo del programa de reentrenamiento laboral y formación a lo largo de la vida.

PAR.—Las entidades sin ánimo de lucro participantes en estos convenios, deberán destinar para el mismo efecto, valores adicionales como contrapartida a los aportados por el SENA. En todo caso, el aporte en dinero deberá ser equivalente por lo menos al cincuenta por ciento (50%) del valor de su contrapartida. La suscripción de estos convenios requerirá la autorización previa del consejo directivo nacional del SENA.

Las entidades a las que hace referencia el presente parágrafo, no podrán participar simultáneamente en los convenios que tengan origen en los recursos a los que se aplican, por cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 344 de 1996, modificado por el artículo 32 de la Ley 1607 de 2012.

(D. 681/2014, art. 4º)

ART. 2.2.6.2.3.5.—Sistemas de administración. Para el desarrollo y ejecución del programa previsto en el artículo 2.2.6.2.3.1 de este decreto, el SENA podrá celebrar contratos de encargo fiduciario o cualquier otro sistema de administración con personas públicas o privadas.

(D. 681/2014, art. 5º)

CAPÍTULO 3

Contrato de aprendizaje

ART. 2.2.6.3.1.—Características del contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje es una forma especial de vinculación dentro del derecho laboral, sin subordinación y por un plazo no mayor a dos (2) años en la que una persona natural recibe formación teórica en una entidad de formación autorizada con el auspicio de una empresa patrocinadora que suministra los medios para que adquiera formación profesional metódica y completa requerida en el oficio, actividad u ocupación dentro del manejo administrativo, operativo, comercial o financiero propios del giro ordinario de las actividades del patrocinador con exclusividad en las actividades propias del aprendizaje y el reconocimiento de un apoyo de sostenimiento que garantice el proceso de aprendizaje y el cual, en ningún caso, constituye salario.

(D. 933/2003, art. 1º)

ART. 2.2.6.3.2.—Formalidades del contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje deberá constar por escrito y contener como mínimo la siguiente información:

1. Razón social de la empresa patrocinadora, número de identificación tributaria (NIT), nombre de su representante legal y el número de su cédula de ciudadanía;

2. Razón social o nombre de la entidad de formación que atenderá la fase lectiva del aprendiz con el número de identificación tributaria (NIT), nombre del representante legal y el número de su cédula de ciudadanía;

3. Nombre, apellido, fecha de nacimiento, tipo y número del documento de identidad del aprendiz;

4. Estudios o clase de capacitación académica que recibe o recibirá el aprendiz;

5. Oficio, actividad u ocupación objeto de la relación de aprendizaje, programa y duración del contrato;

6. Duración prevista de la relación de aprendizaje, especificando las fases lectiva y práctica;

7. Fecha prevista para la iniciación y terminación de cada fase;

8. Monto del apoyo de sostenimiento mensual en moneda colombiana;

9. La obligación de afiliación a los sistemas de riesgos laborales en la fase práctica y en salud en la fase lectiva y práctica;

10. Derechos y obligaciones del patrocinador y el aprendiz;

11. Causales de terminación de la relación de aprendizaje;

12. Fecha de suscripción del contrato;

13. Firmas de las partes.

(D. 933/2003, art. 2º)

ART. 2.2.6.3.3.—Edad mínima para el contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje podrá ser celebrado por personas que hayan cumplido la edad establecida por la normatividad vigente, que hayan completado sus estudios primarios o demuestren poseer conocimientos equivalentes a ellos, es decir saber leer y escribir.

(D. 933/2003, art. 3º)

ART. 2.2.6.3.4.—Apoyo de sostenimiento mensual en la relación de aprendizaje. Cuando las fases lectiva y práctica se realicen en forma simultánea durante el proceso de formación, el reconocimiento de apoyo de sostenimiento mensual se hará en forma proporcional al tiempo de dedicación a cada una de ellas.

(D. 933/2003, art. 4º)

ART. 2.2.6.3.5.—Afiliación al sistema de seguridad social integral. La afiliación de los aprendices alumnos y el pago de aportes se cumplirá plenamente por parte del patrocinador así:

1. Durante las fases lectiva y práctica el aprendiz estará cubierto por el sistema de seguridad social en salud y la cotización será cubierta plenamente por la empresa patrocinadora, sobre la base de un salario mínimo legal mensual vigente;

2. Durante la fase práctica el aprendiz estará afiliado al sistema de riesgos laborales por la administradora de riesgos laborales, (ARL), que cubre la empresa patrocinadora sobre la base de un salario mínimo legal mensual vigente.

Cuando las fases lectiva y práctica se realicen en forma simultánea, el aprendiz estará cubierto por salud y riesgos laborales.

(D. 933/2003, art. 5º)

ART. 2.2.6.3.6.—Modalidades del contrato de aprendizaje. Para el cumplimiento y vinculación de los aprendices, la empresa patrocinadora, atendiendo las características de mano de obra que necesite, podrá optar por las siguientes modalidades:

1. La formación teórica y práctica de aprendices en oficios semicalificados en los que predominen procedimientos claramente definidos a partir de instrucciones específicas cuando las exigencias de educación formal y experiencia sean mínimas y se orienten a los jóvenes de los estratos más pobres de la población que carecen o tienen bajos niveles de educación formal y experiencia;

2. La formación que verse sobre ocupaciones semicalificadas que no requieran título o calificadas que requieran título de formación técnica no formal, técnicos profesionales o tecnológicos, de instituciones de educación reconocidas por el Estado y aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA);

3. La formación del aprendiz alumno matriculado en los cursos dictados por el Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), de acuerdo con el artículo 5º del Decreto 2838 de 1960;

4. La formación en instituciones educativas debidamente reconocidas por el Estado y frente a las cuales tienen prelación los alumnos matriculados en los cursos dictados por el Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA). La formación directa del aprendiz por la empresa autorizada por el Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA). La formación en las empresas por jóvenes que se encuentren cursando los dos (2) últimos grados de educación lectiva secundaria en instituciones aprobadas por el Estado;

5. Las prácticas de estudiantes universitarios que cumplan con actividades de 24 horas semanales en la empresa y, al mismo tiempo, estén cumpliendo con el desarrollo del pénsum de su carrera profesional o que cursen el semestre de práctica, siempre que la actividad del aprendiz guarde relación con su formación académica;

6. Las prácticas con estudiantes universitarios que las empresas establezcan directamente o con instituciones de educación aprobadas por el Estado de acuerdo con las leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y demás disposiciones que las adicionen, modifiquen o sustituyan que establezcan dentro de su programa curricular este tipo de prácticas para afianzar los conocimientos teóricos sin que, en estos casos, haya lugar a formación académica, circunscribiéndose la relación al otorgamiento de experiencia y formación práctica empresarial, siempre que se trate de personas adicionales respecto del número de trabajadores registrados en el último mes del año anterior en las cajas de compensación familiar;

7. Las demás que hayan sido o sean objeto de reglamentación por el consejo directivo del Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), de acuerdo con las leyes 30 de 1992 y 115 de 1994.

(D. 933/2003, art. 6º)

ART. 2.2.6.3.7.—Prácticas y/o programas que no constituyen contratos de aprendizaje. No constituyen contratos de aprendizaje las siguientes prácticas educativas o de programas sociales o comunitarios:

1. Las actividades desarrolladas por los estudiantes universitarios a través de convenios suscritos con las instituciones de educación superior en calidad de pasantías que sean prerrequisito para la obtención del título correspondiente.

2. Las prácticas asistenciales y de servicio social obligatorio de las áreas de la salud y aquellas otras que determine el Ministerio del Trabajo.

3. Las prácticas que sean parte del servicio social obligatorio, realizadas por los jóvenes que se encuentran cursando los dos (2) últimos grados de educación lectiva secundaria, en instituciones aprobadas por el Estado.

4. Las prácticas que se realicen en el marco de programas o proyectos de protección social adelantados por el Estado o por el sector privado, de conformidad con los criterios que establezca el Ministerio del Trabajo.

(D. 933/2003, art. 7º)

ART. 2.2.6.3.8.—Terminación del contrato de aprendizaje. Terminada la relación de aprendizaje por cualquier causa, la empresa patrocinadora deberá reemplazar al aprendiz para conservar la proporcionalidad e informar de inmediato a la regional del Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), o a la dependencia que haga sus veces, donde funcione el domicilio principal de aquella, pudiendo este verificarla en cualquier momento.

(D. 933/2003, art. 8º)

ART. 2.2.6.3.9.—Incumplimiento de la relación de aprendizaje por parte del aprendiz. El Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), la institución de formación debidamente reconocida por el Estado y la empresa patrocinadora no gestionarán una nueva relación de aprendizaje para el aprendiz que incumpla injustificadamente con la relación de aprendizaje.

(D. 933/2003, art. 9º)

ART. 2.2.6.3.10.—Otras entidades públicas obligadas a la vinculación de aprendices. En las regiones a las que hace referencia el parágrafo del artículo 30 de la Ley 789 de 2002, las entidades públicas de cualquier orden, los establecimientos públicos de cualquier orden o las empresas sociales del Estado, cumplirán con la cuota de aprendices, siempre y cuando cuenten con la disponibilidad presupuestal para tal efecto.

Las entidades públicas de cualquier orden diferentes de las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta podrán vincular voluntariamente aprendices en el marco de lo dispuesto por la Ley 789 de 2002.

(D. 933/2003, art. 10)

ART. 2.2.6.3.11.—(Modificado).* Regulación de la cuota de aprendices. La cuota mínima de aprendices en los términos de la ley será determinada por la regional del Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), del domicilio principal de la empresa. Lo anterior se efectuará sin perjuicio de la obligación que les asiste a los empleadores de establecer el número de aprendices que les corresponde, vincularlos o realizar la monetización, debiendo informar a la regional del Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), donde funcione el domicilio principal de la empresa, dentro del mes siguiente a la contratación o monetización de la cuota mínima obligatoria.

La determinación del número mínimo obligatorio de aprendices por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), se efectuará conforme al procedimiento establecido en el artículo 33 de la Ley 789 de 2002.

En el evento que la cuota mínima de aprendices sea determinada por el empleador, el Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes al recibo de la información del patrocinador, verificará y determinará, según el caso, la cuota correspondiente, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 33 de la Ley 789 de 2002.

Cuando se presente variación en el número de empleados que incida en la cuota mínima de aprendices, la empresa patrocinadora deberá informar tal circunstancia a la regional del Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), donde funcione el domicilio principal de la empresa, en los meses de julio y diciembre de cada año. El incumplimiento de esta obligación acarreará la imposición de las sanciones previstas en la Ley 119 de 1994.

PAR. 1º—Los empleadores no exceptuados de contratar aprendices, podrán aumentar voluntariamente el número de aprendices patrocinados con alumnos del Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), en la siguiente proporción, siempre y cuando no hayan reducido el número de empleados vinculados a la empresa en los tres meses anteriores a la fecha en que se solicite al SENA la aplicación del beneficio, ni reduzcan la nómina durante la vigencia de los contratos de aprendizaje, en caso que lo haga, dará por terminado los contratos de aprendizaje voluntarios proporcionalmente:

Empresas entre 1 y 14 empleados, desde 1 aprendiz hasta el 50% del número total de empleados de la respectiva empresa.

Empresas entre 15 y 50 empleados, hasta el 40% del número total de empleados de la respectiva empresa.

Empresas entre 51 y 200 empleados, hasta el 30% del número total de empleados de la respectiva empresa.

Empresas con más de 200 empleados, hasta el 20% del número total de empleados de la respectiva empresa.

La empresa que decida incrementar el número de aprendices debe informarlo a la regional del SENA donde funcione su domicilio principal, precisando el número de aprendices que requiere y su especialidad.

Las condiciones del contrato de aprendizaje, las obligaciones de la empresa y las obligaciones y derechos de los aprendices a que se refiere este artículo son las mismas que las de los aprendices contratados en cumplimiento de la cuota de aprendizaje.

El SENA hará el seguimiento al cumplimiento de lo establecido en este capítulo utilizando la información registrada en la planilla integrada de liquidación de aportes, PILA, y en las bases de datos o fuentes de información que posea o implemente la entidad para el efecto; la verificación del incumplimiento de una de las obligaciones señaladas en este capítulo por parte de la empresa, relacionadas con la planta de empleados o los contratos de aprendizaje, dará lugar a la culminación del beneficio por parte del SENA, sin perjuicio del cumplimiento de la cuota de aprendices a la que esté obligada la empresa. El SENA determinará la viabilidad de reanudar posteriormente el beneficio.

PAR. 2º—Cuando el patrocinador tenga cobertura en dos o más ciudades o departamentos, la cuota de aprendices deberá ser distribuida, a criterio de aquel, según sus necesidades y haciendo énfasis en los fines sociales que encierra la ley. Esta distribución también deberá ser informada en el plazo y condiciones previstos en el inciso cuarto del presente artículo.

PAR. 3º—Los hogares infantiles creados como personas jurídicas sin ánimo de lucro que conformen el sistema nacional de Bienestar Familiar, cuya personería jurídica esté reconocida por el ICBF y que presten el servicio público de Bienestar Familiar mediante la celebración de contratos de aporte, no serán objeto de regulación de la cuota de aprendices.

(D. 933/2003, art. 11. Modificado. D. 4642/2005 y 1779/2009)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1334 de 2018 artículo 1° del Ministerio del Trabajo)

ART. 2.2.6.3.12.—Cuota de aprendices en empresas de servicios temporales. Para efecto de la determinación de la cuota de aprendices de que trata el artículo 33 de la Ley 789 de 2002, en las empresas de servicios temporales solo se tendrá en cuenta el número de trabajadores de planta, esto es, aquellos que se dedican al suministro temporal de personal.

Los trabajadores en misión, por no desarrollar la actividad económica propia de la empresa de servicios temporales, no se tienen en cuenta para determinar la cuota de aprendices.

(D. 933/2003, art. 11-1. Adicionado. D. 3769/2004, art. 1º)

ART. 2.2.6.3.13.—Monetización de la cuota de aprendizaje. Cuando el Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), determine la cuota de aprendices que le corresponde a la empresa patrocinadora, esta podrá optar por la monetización total o parcial, para lo cual deberá informar su decisión a la regional del Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), del domicilio principal donde funcione la empresa, dentro del término de ejecutoria del acto administrativo respectivo: de lo contrario, deberá hacer efectiva la vinculación de los aprendices de acuerdo con la regulación prevista para el efecto.

En los eventos en que el empleador determine la cuota mínima de aprendizaje y opte por monetizarla total o parcialmente, deberá informar tal decisión a la regional del Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), del domicilio principal donde funcione la empresa, dentro del mes siguiente a la monetización de la cuota.

Si con posterioridad a la monetización total o parcial de la cuota el patrocinador se encuentra interesado en contratar aprendices, ya sea total o parcialmente conforme a la regulación de la cuota, estará obligado a informar por escrito a la regional del Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), del domicilio principal de la empresa, con un (1) mes de antelación a la contratación de los mismos.

Si al vencimiento del término del contrato de aprendizaje, el patrocinador decide monetizar la cuota mínima determinada, deberá informar a la regional del Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), con un (1) mes de antelación a la terminación de la relación de aprendizaje.

En el evento de que el patrocinador opte por la monetización parcial, deberá proceder en forma inmediata a la contratación de la cuota de aprendizaje que no es objeto de monetización.

PAR.—En ningún caso el cambio de decisión por parte del patrocinador conllevará el no pago de la cuota de monetización o interrupción en la contratación de aprendices frente al cumplimiento de las obligaciones.

(D. 933/2003, art. 12)

ART. 2.2.6.3.14.—Pago de la monetización de la cuota de aprendizaje. La cancelación del valor mensual por concepto de monetización de la cuota de aprendizaje deberá realizarse dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes a través de los mecanismos de recaudo establecidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA).

De los recursos recaudados por concepto de la monetización de la cuota de aprendizaje, el ochenta por ciento (80%) deberá ser consignado en la cuenta especial del Fondo Emprender FE y el veinte por ciento (20%) en la cuenta de apoyos de sostenimiento del Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA). Los intereses moratorios y las multas impuestas por el incumplimiento de la cuota de aprendizaje deberán girarse en la misma proporción a las cuentas mencionadas.

(D. 933/2003, art. 13)

ART. 2.2.6.3.15.—Incumplimiento de la cuota de aprendizaje o monetización. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) impondrá sanciones, conforme lo establece el numeral 16 del artículo 4º del Decreto 249 de 2004, o la norma que lo modifique o sustituya, cuando el empleador incumpla con la vinculación o monetización de la cuota mínima de aprendices, de conformidad con lo previsto en el presente capítulo.

El incumplimiento en el pago de la cuota mensual dentro del término señalado en el artículo 2.2.6.3.14 del presente decreto, cuando el patrocinador haya optado por la monetización total o parcial de la cuota de aprendices, dará lugar al pago de intereses moratorios diarios, conforme la tasa máxima prevista por la Superintendencia Financiera, los cuales deberán liquidarse hasta la fecha en que se realice el pago correspondiente.

PAR.—La cancelación de la multa por incumplimiento de la obligación de contratar aprendices no exime al patrocinador del cumplimiento de la obligación principal incumplida o el pago de la monetización de la cuota de aprendizaje según corresponda, de conformidad con las siguientes opciones:

1. Cuando se ha decidido contratar aprendices:

1.1. El pago, por cada contrato de aprendizaje incumplido, del setenta y cinco por ciento (75%) de un (1) salario mínimo legal mensual vigente (smlmv) al momento del incumplimiento, liquidados mensualmente o por fracción de mes. Cuando de acuerdo con la normatividad vigente haya lugar a aumentar al 100% de un (1) smlmv el valor del apoyo de sostenimiento de los aprendices en etapa práctica, el porcentaje indicado en este numeral será igual a un (1) SMLMV;

1.2. La contratación de los aprendices dejados de contratar por el tiempo del incumplimiento, adicionales a los de la cuota ordinaria obligatoria, siempre y cuando el periodo de incumplimiento sea mínimo de seis (6) meses. Los aprendices objeto de dicha compensación deberán ser patrocinados en la fase lectiva y práctica, si a ello hubiera lugar, de acuerdo con la Ley 789 de 2002.

Las condiciones para optar por la compensación establecida en el inciso anterior, serán reguladas por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Cuando se ha decidido monetizar:

2.1. Si el obligado al cumplimiento de la cuota optó por la monetización y se presenta incumplimiento en su pago, la obligación principal corresponde al valor dejado de pagar por ese concepto.

(D. 933/2003, art. 14. Modificado. D. 2978/2013, art. 1º)

ART. 2.2.6.3.16.—Reconocimiento o autorización. El Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA) reconocerá los cursos y programas de formación y capacitación de los establecimientos especializados o instituciones educativas reconocidas por el Estado y autorizará a las empresas que impartan directamente los cursos o programas de formación y capacitación, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 3º y 4º del artículo 37, el artículo 38 de la Ley 789 de 2002 y cumplan con los parámetros establecidos por el Ministerio del Trabajo.

PAR.—Las empresas patrocinadoras y las entidades de formación que soliciten la autorización o el reconocimiento de sus programas de formación y capacitación deberán encontrarse a paz y salvo por todo concepto con el sistema general de seguridad social y aportes parafiscales al ICBF, SENA y cajas de compensación familiar.

(D. 933/2003, art. 15)

ART. 2.2.6.3.17.—Programas de capacitación para inserción laboral. El Ministerio del Trabajo y el Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), diseñarán y ejecutarán directamente o a través de terceros la formación y capacitación de población desempleada, grupos vulnerables o poblaciones especiales, conforme a las políticas del Ministerio del Trabajo.

(D. 933/2003, art. 16)

ART. 2.2.6.3.18.—Financiación. Los programas de formación y capacitación para inserción laboral serán financiados con el 25% de los recursos que recibe el Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), conforme al numeral 2º del artículo 11 y al numeral 2º del artículo 12 de la Ley 21 de 1982, en los términos del artículo 12 de la Ley 789 de 2002.

También podrán ser financiados con los recursos obtenidos a través de convenios de cooperación nacional e internacional de organismos de naturaleza pública o privada, orientados específicamente a estos programas; los que destinen la Nación, los departamentos o los municipios, para estos programas y los recursos provenientes del Fondo de Protección Social creado en el artículo 1º de la Ley 789 de 2002.

(D. 933/2003, art. 17)

ART. 2.2.6.3.19.—Regulación. El Ministerio del Trabajo establecerá las políticas y directrices de los programas de formación y capacitación para la inserción laboral descritos en el artículo 12 de la Ley 789 de 2002, así como para el acceso y priorización a los mismos de la población desempleada.

El Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), regulará las condiciones, criterios y requisitos para el diseño y formulación de los programas de formación y capacitación para la inserción laboral, así como para el acceso y priorización de la población desempleada a los mismos, conforme a las políticas del Ministerio del Trabajo.

(D. 933/2003, art. 18)

ART. 2.2.6.3.20.—Certificación de competencias laborales. El Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), regulará, diseñará, normalizará y certificará las competencias laborales.

(D. 933/2003, art. 19)

ART. 2.2.6.3.21.—Registro. El Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), estará obligado a mantener actualizado el registro de aprendices, de las empresas patrocinadoras obligadas a establecer la relación de aprendizaje y el control al cumplimiento de la cuota de aprendizaje determinada a las mismas, en cualquiera de sus modalidades.

(D. 933/2003, art. 20)

ART. 2.2.6.3.22.—Procedimiento. El Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), determinará los procedimientos y diseñará la metodología e instrumentos para la operativización de lo dispuesto en el presente capítulo.

(D. 933/2003, art. 21)

ART. 2.2.6.3.23.—Vigilancia y control. El Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), realizará la vigilancia y el control del cumplimiento de la cuota de aprendices que a cada patrocinador le corresponda; en consecuencia, las empresas patrocinadoras estarán obligadas a informar a la regional del Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), del domicilio principal de la empresa, el número de aprendices que les corresponde, la suscripción de los contratos o la monetización parcial o total de la cuota en los términos indicados en este capítulo.

PAR.—La información del patrocinador será reportada en los formatos que para tal efecto establezca el Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA).

(D. 933/2003, art. 22)

ART. 2.2.6.3.24.—Empleadores obligados a vincular aprendices. Se encuentran obligados a vincular aprendices todos los empleadores de carácter privado que desarrollen cualquier tipo de actividad económica diferente de la construcción y que ocupen un número de trabajadores no inferior a quince (15).

Las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta del orden nacional, departamental, distrital y municipal, estarán obligadas a la vinculación de aprendices en los términos de la Ley 789 de 2002. Las demás entidades públicas no estarán sometidas a la cuota de aprendizaje, salvo en los casos que determine el Gobierno Nacional.

PAR.—Las empresas que se encuentren en proceso concordatario o se hayan acogido a la Ley 550 de 1999 y mientras subsista esta situación, continúan exentas de contratar aprendices.

(D. 2585/2003, art. 1º)

ART. 2.2.6.3.25.—Duración del contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje tendrá una duración máxima de dos (2) años y deberá comprender tanto la etapa lectiva o académica como la práctica o productiva, salvo los siguientes casos, en los cuales se circunscribirá al otorgamiento de formación práctica empresarial:

1. Práctica de estudiantes universitarios: En este caso la duración máxima de la relación de aprendizaje será del mismo tiempo que señale el respectivo programa curricular para las prácticas, sin que la duración llegue a superar el término máximo de dos (2) años.

2. Prácticas de estudiantes técnicos y tecnólogos: La duración máxima de la relación de aprendizaje será de un (1) año, siempre y cuando las prácticas estén contempladas en el pénsum académico debidamente aprobado por la autoridad competente.

PAR.—Los alumnos de educación secundaria podrán ser sujetos del contrato de aprendizaje, siempre y cuando el pensum académico contemple la formación profesional integral metódica y completa en oficios u ocupaciones que requieran certificación ocupacional o actitud profesional. En la etapa práctica la dedicación del aprendiz debe guardar relación con la formación académica.

(D. 2585/2003, art. 2º)

ART. 2.2.6.3.26.—Cuota de aprendices. Para efectos de la determinación de la cuota de aprendices, entiéndase por trabajador toda persona natural que presta un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo continuada dependencia o subordinación y mediante remuneración, independientemente de la modalidad o clase de contrato de trabajo, de su duración, jornada laboral o forma de pago del salario.

La determinación de la cuota de aprendices se efectuará con base en el número de trabajadores que desempeñen oficios u ocupaciones que de acuerdo con el listado que publica el Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), requieran de capacitación.

Los trabajadores que desempeñen oficios u ocupaciones, que no estén contemplados en el listado que publica el SENA, de conformidad con las leyes 30 de 1992 y 115 de 1994, no serán tenidos en cuenta para determinar la cuota de aprendices del respectivo empleador.

El número de trabajadores y la relación de oficios u ocupaciones que desempeñan, deberán ser presentados por el empleador en el momento de establecer el número mínimo obligatorio de aprendices, ante la regional del SENA del domicilio principal del empleador.

PAR.—Cuando la variación en el número de trabajadores de un empleador llegare a incidir en la determinación de la cuota mínima obligatoria de aprendices, esta será fijada con base en el promedio de trabajadores del semestre anterior al de a fecha de asignación de la cuota de aprendices por parte del SENA, en los términos previstos en el artículo 2.2.6.3.11 del presente decreto.

(D. 2585/2003, art. 3º)

ART. 2.2.6.3.27.—Empleadores dedicados a la actividad económica de la construcción. Entiéndase por empleadores dedicados a la actividad de la construcción, quienes ocasional o permanentemente, por su cuenta o la de un tercero erigen o levantan estructuras inmuebles tales como: casas o edificios, vías de comunicación, oleoductos, gasoductos, canalización, alcantarillado, acueducto, pavimentos, obras de desecación, riego y embalses, instalaciones eléctricas y mecánicas y demás construcciones civiles.

(D. 2585/2003, art. 4º)

ART. 2.2.6.3.28.—Listado de oficios y ocupaciones. El SENA publicará el listado de oficios y ocupaciones objeto del contrato de aprendizaje. Este listado será actualizado por lo menos una vez al año.

(D. 2585/2003, art. 5º)

ART. 2.2.6.3.29.—Capacitación impartida por el empleador. Cuando la formación de uno o varios aprendices comprendidos dentro de la cuota obligatoria sea impartida por el empleador directamente o a través de un tercero diferente al SENA, el empleador podrá solicitar el reembolso económico del costo de la formación en proporción de los aprendices capacitados de esta manera, cuyo monto será definido por el SENA tomando en consideración los costos equivalentes en que incurre el SENA en cursos de formación similares. En ningún caso el monto reembolsable al año por empresa podrá superar el 50% del valor de los aportes parafiscales al SENA de la respectiva empresa.

(D. 2585/2003, art. 6º)

ART. 2.2.6.3.30.—Criterios para el listado de oficios y ocupaciones. El listado de oficios u ocupaciones objeto del contrato de aprendizaje, será elaborado por el Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), teniendo en cuenta los siguientes criterios:

1. Ocupaciones u oficios relacionados directamente con la actividad productiva de la empresa y que correspondan al manejo administrativo, operativo, comercial o financiero del giro ordinario de sus actividades;

2. Ocupaciones u oficios calificados o semicalificados cuyo desempeño requiera formación metódica y completa;

3. Ocupaciones u oficios que para su desempeño requieran el desarrollo de competencias mediante estrategias teórico-prácticas de formación;

4. Ocupaciones u oficios que exijan para su desempeño, dominios conceptuales de naturaleza técnica o tecnológica;

5. Ocupaciones u oficios que exijan para su desempeño idóneo y productivo, el cumplimiento de estándares o competencias normalizadas y requeridas por el medio laboral regional, nacional o internacional;

6. Ocupaciones u oficios cuyo desempeño requiera de fundamentación, comprensión, desarrollo y gestión de procesos, procedimientos o tareas complejas para su realización con idoneidad, calidad, seguridad y competitividad;

7. Ocupaciones u oficios que correspondan a la estructura de la empresa, para las cuales exista oferta educativa de formación y/o capacitación directa o relacionada, ofrecida por entidades de capacitación superior, formal y no formal y cuyos programas permitan cualificar o calificar el talento humano requerido para su desempeño.

(D. 620/2005, art. 1º)

ART. 2.2.6.3.31.—Base para determinar cuota de aprendices. La cuota de aprendices de que trata el artículo 33 de la Ley 789 de 2002, se determinará con base en el listado elaborado por el Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), el cual será aprobado por el consejo directivo nacional de dicho organismo.

(D. 620/2005, art. 2º)

ART. 2.2.6.3.32.—Empresas donde se labora menos de la jornada ordinaria. Para determinar la cuota de aprendices en empresas en las que sus trabajadores laboren menos de la jornada ordinaria de trabajo, se deberá sumar las horas laboradas por los trabajadores con dicha jornada y dividirlas por el número de horas correspondientes a la jornada máxima legal diaria.

El resultado de dicha operación corresponderá al número de trabajadores sobre el cual se determinará la cuota mínima de aprendices.

(D. 620/2005, art. 3º)

ART. 2.2.6.3.33.—Tasa de desempleo de referencia. Para determinar la tasa de desempleo nacional en cumplimiento del inciso 5º del artículo 30 de la Ley 789 de 2002, se tomará la tasa nacional promedio del periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, certificada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), a más tardar en la segunda quincena del mes de enero de cada año.

(D. 451/2008, art. 1º)

ART. 2.2.6.3.34.—Apoyo de sostenimiento. El Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), otorgará apoyo de sostenimiento a sus alumnos pertenecientes a los estratos 1 y 2, durante las fases lectiva y práctica, siempre y cuando no hayan suscrito contrato de aprendizaje y formulen su plan de negocios, el cual debe ser coherente con su programa de estudios.

(D. 4690/2005, art. 1º)

ART. 2.2.6.3.35.—Seguros. Los alumnos del Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), beneficiarios del apoyo de sostenimiento previsto en el artículo 41 de la Ley 789 de 2002, deberán estar amparados mediante un seguro con cobertura nacional, durante las fases lectiva y/o práctica o productiva del programa de formación, de acuerdo con el calendario académico de la entidad, que incluya:

1. Muerte accidental incluyendo homicidio;

2. Incapacidad total y permanente;

3. Beneficios por desmembración;

4. Gastos médicos, quirúrgicos, hospitalarios y de atención ambulatoria por cualquier causa accidental, incluyendo medicamentos, asistencia farmacéutica, material de osteosíntesis, prótesis, órtesis y demás elementos necesarios para la fisioterapia y rehabilitación integral del paciente;

5. Gastos de traslado;

6. Gastos funerarios;

El monto del seguro al igual que su distribución, serán definidos por el consejo directivo nacional del Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA).

PAR.—Las actividades de prevención y promoción se efectuarán conforme a la normatividad establecida por el Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), en el área de salud para el bienestar de los alumnos.

(D. 4690/2005, art. 2º)

ART. 2.2.6.3.36.—Elementos de seguridad industrial y vestuario. Los elementos de seguridad industrial y vestuario tienen como finalidad brindar protección a los alumnos del Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), contra los riesgos en la fuente, en el medio y en la persona.

Los elementos de protección personal y vestuario que se suministren a los alumnos deben cumplir con los requisitos exigidos en la normatividad vigente, tales como:

1. Ofrecer adecuada protección contra el riesgo particular para el cual fue diseñado;

2. Ser adecuadamente confortable cuando lo usa el trabajador;

3. Adaptarse cómodamente sin interferir en los movimientos naturales del usuario;

4. Ofrecer garantía de durabilidad;

5. Poderse desinfectar y limpiar fácilmente.

PAR.—Los elementos de seguridad industrial y vestuario se determinarán de acuerdo con el programa de formación que el alumno o alumna esté cursando, los cuales se encuentran definidos en la norma de competencia laboral y especificados en la planeación metodológica del módulo de formación, en el diseño curricular de los programas o en las listas que para el efecto adopte la entidad. La cantidad y el periodo de entrega se determinarán con base en la duración del programa de formación.

(D. 4690/2005, art. 3º)

CAPÍTULO 4

Emprendimiento - Fondo Emprender

ART. 2.2.6.4.1.—Definición de aprendices. Para efectos del presente capítulo, entiéndase por aprendices, los alumnos de los programas de formación tituladas y los alumnos de los programas “Jóvenes rurales” y “Jóvenes en acción” cuya formación imparta directamente el Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA).

También se consideran aprendices los estudiantes universitarios que contemplen práctica empresarial en el desarrollo del pénsum de su carrera profesional.

(D. 934/2003, art. 3º. Modificado. D. 3930/2006, art. 1º)

ART. 2.2.6.4.2.—Criterios para la financiación de proyectos o iniciativas empresariales. En la definición de los criterios de priorización de los proyectos o iniciativas empresariales, el consejo de administración del fondo deberá tener en cuenta como mínimo los siguientes criterios:

1. Número de empleos directos o indirectos generados con la iniciativa empresarial;

2. Estudio de mercado;

3. Sostenibilidad del proyecto;

4. Iniciativas empresariales que generen desarrollo en los departamentos y regiones con menor grado de crecimiento empresarial e industrial;

5. Los demás criterios de elegibilidad determinados por el consejo de administración.

PAR.—El Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), deberá elaborar el manual metodológico para el diseño, formulación, evaluación, seguimiento y control de los proyectos empresariales de que trata el presente capítulo.

(D. 934/2003, art. 7º)

ART. 2.2.6.4.3.—Órgano de decisión de financiación. La decisión de financiación de los proyectos o iniciativas empresariales será adoptada por el consejo directivo del Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), en su calidad de consejo de administración del fondo.

(D. 934/2003, art. 8º)

ART. 2.2.6.4.4.—Recursos del Fondo Emprender (FE). Los recursos del Fondo Emprender (FE) estarán constituidos por:

1. El ochenta por ciento (80%) de la monetización total o parcial de la cuota de aprendizaje, establecida en el artículo 34 de la Ley 789 de 2002.

2. Los aportes del presupuesto nacional.

3. Los recursos financieros obtenidos de organismos de cooperación nacional e internacional para tal fin.

4. Los recursos financieros que se obtengan de la banca multilateral.

5. Los recursos financieros de organismos internacionales que se obtengan con destino al fondo.

6. Los recursos financieros de los fondos de pensiones y cesantías.

7. Los recursos de fondos de inversión públicos y privados que se obtengan para el fondo.

8. Las donaciones que reciba.

9. Los rendimientos financieros generados por los recursos del fondo.

(D. 934/2003, art. 9º)

ART. 2.2.6.4.5.—Giro de los recursos provenientes de la cuota de monetización. El Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), definirá los mecanismos de recaudo de la cuota de monetización y establecerá el giro directo del ochenta por ciento (80%) de la respectiva cuota, a la cuenta especial del Fondo Emprender (FE).

PAR.—Hasta tanto el Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), establezca los mecanismos de recaudo, deberá girar el ochenta por ciento (80%) de la cuota respectiva a la cuenta especial del Fondo Emprender (FE), a más tardar, dentro de los dos (2) días siguientes a la cancelación del valor mensual de la cuota de monetización por parte de los empleadores.

(D. 934/2003, art. 10)

ART. 2.2.6.4.6.—Sistema de manejo de los recursos. De acuerdo con lo dispuesto en la ley y las directrices que imparta el consejo de administración del fondo, el Director General del Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), podrá contratar total o parcialmente el manejo de los recursos del fondo, mediante encargo fiduciario, fondos fiduciarios, contratos de fiducia, contratos de administración de recursos y de proyectos, de mandato y los demás negocios jurídicos que sean necesarios, para la correcta administración de los recursos del fondo.

(D. 934/2003, art. 11)

ART. 2.2.6.4.7.—Destinación de los recursos. De conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 40 de la Ley 789 de 2002, los recursos del Fondo Emprender (FE) se dedicarán exclusivamente a financiar las iniciativas o proyectos empresariales presentados y desarrollados por los beneficiarios del mismo, de conformidad con la política del Ministerio del Trabajo en materia de empleo, prevención, mitigación y superación de los riesgos socioeconómicos.

(D. 934/2003, art. 12)

ART. 2.2.6.4.8.—Régimen jurídico de los actos y contratos del Fondo Emprender (FE). De conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 40 de la Ley 789 de 2002, los contratos que celebren para el funcionamiento y cumplimiento del objeto del Fondo Emprender se regirán por las reglas del derecho privado, sin perjuicio del deber de selección objetiva de los contratistas y del ejercicio del control por parte de las autoridades competentes y organismos de control.

Los recursos del Fondo Emprender (FE) no estarán sujetos a inversiones forzosas. Su portafolio será manejado atendiendo exclusivamente criterios de rentabilidad y seguridad de los recursos.

(D. 934/2003, art. 13)

ART. 2.2.6.4.9.—Recurso humano. El Fondo Emprender (FE) contará con el personal requerido de la planta de personal del Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA).

(D. 934/2003, art. 14)

CAPÍTULO 5

Servicio temporal

ART. 2.2.6.5.1.—Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en el presente capítulo se aplicarán en el territorio nacional, a todas las personas naturales o jurídicas involucradas en la actividad de servicio temporal.

(D. 4369/2006, art. 1º)

ART. 2.2.6.5.2.—Definición de empresa de servicios temporales. empresa de servicios temporales (EST) es aquella que contrata la prestación de servicios con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor desarrollada por personas naturales, contratadas directamente por la empresa de servicios temporales, la cual tiene con respecto de estas el carácter de empleador.

(D. 4369/2006, art. 2º)

ART. 2.2.6.5.3.—Razón social. Ninguna empresa de servicios temporales puede usar una razón social que induzca a error o confusión con otra ya existente; cuando ello ocurra, el funcionario competente del Ministerio del Trabajo procederá de oficio o a petición de parte, a ordenar la modificación del nombre mediante acto administrativo contra el cual proceden los recursos de reposición y apelación.

La empresa de servicios temporales dispone de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de la resolución para cambiar el nombre, so pena de que se le niegue la autorización de funcionamiento o se le suspenda, cuando esta ya hubiera sido otorgada.

(D. 4369/2006, art. 3º)

ART. 2.2.6.5.4.—Trabajadores de planta y en misión. Los trabajadores vinculados a las empresas de servicios temporales son de dos (2) categorías: trabajadores de planta y trabajadores en misión. Los trabajadores de planta son los que desarrollan su actividad en las dependencias propias de las empresas de servicios temporales.

Trabajadores en misión son aquellos que la empresa de servicios temporales envía a las dependencias de sus usuarios a cumplir la tarea o servicio contratado por estos. Se entiende por dependencias propias, aquellas en las cuales se ejerce la actividad económica por parte de la empresa de servicios temporales.

(D. 4369/2006, art. 4º)

ART. 2.2.6.5.5.—Derechos de los trabajadores en misión. Los trabajadores en misión tendrán derecho a un salario ordinario equivalente al de los trabajadores de la empresa usuaria que desempeñen la misma actividad, aplicando para el efecto las escalas de antigüedad vigentes en la empresa. Igualmente, tendrán derecho a gozar de los beneficios que el usuario tenga establecidos para sus trabajadores en el lugar de trabajo, en materia de transporte, alimentación y recreación.

Se entiende por lugar de trabajo, el sitio donde el trabajador en misión desarrolla sus labores, junto con trabajadores propios de la empresa usuaria.

(D. 4369/2006, art. 5º)

ART. 2.2.6.5.6.—Casos en los cuales las empresas usuarias pueden contratar servicios con las empresas de servicios temporales. Los usuarios de las empresas de servicios temporales solo podrán contratar con estas en los siguientes casos:

1. Cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere el artículo 6º del Código Sustantivo del Trabajo;

2. Cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad;

3. Para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías, los periodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicios, por un término de seis (6) meses prorrogable hasta por seis (6) meses más.

PAR.—Si cumplido el plazo de seis (6) meses más la prórroga a que se refiere el presente artículo, la causa originaria del servicio específico objeto del contrato subsiste en la empresa usuaria, esta no podrá prorrogar el contrato ni celebrar uno nuevo con la misma o con diferente empresa de servicios temporales, para la prestación de dicho servicio.

(D. 4369/2006, art. 6º)

ART. 2.2.6.5.7.—Trámite de autorización. La solicitud de autorización de funcionamiento de la empresa de servicios temporales deberá ser presentada por su representante legal, ante el funcionario competente de la dirección territorial del Ministerio del Trabajo del domicilio principal, acompañada de los siguientes documentos:

1. Escritura pública de constitución y certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, en los que conste que su único objeto social, es contratar la prestación del servicios con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo de las actividades de la empresa usuaria;

2. Balances suscritos por el contador público y/o el revisor fiscal, según sea el caso, y copia de los extractos bancarios correspondientes, a través de los cuales se acredite el capital social pagado, que debe ser igual o superior a trescientas veces el salario mínimo legal mensual vigente al momento de la constitución;

3. El reglamento de trabajo de que trata el artículo 85 de la Ley 50 de 1990;

4. Formatos de los contratos de trabajo que celebrarán con los trabajadores en misión y de los contratos que se suscribirán con los usuarios del servicio;

5. Póliza de garantía, conforme se establece en el artículo 2.2.6.5.17 del presente decreto.

El Ministerio del Trabajo a través de la dirección territorial respectiva, dispone de treinta (30) días calendario contados a partir del recibo de la solicitud, para expedir el acto administrativo mediante el cual autoriza o no su funcionamiento, decisión contra la que proceden los recursos de reposición y apelación.

El acto administrativo mediante el cual se autoriza el funcionamiento de la empresa de servicios temporales deberá ser motivado y en él se indicará el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en la ley y en el presente capítulo

En firme el acto administrativo, se procederá a informar de la novedad a la dirección de generación y protección del empleo y subsidio familiar y a la dirección de inspección, vigilancia y control y gestión territorial del Ministerio del Trabajo, en los formatos establecidos para el efecto.

El Ministerio del Trabajo se abstendrá de autorizar el funcionamiento de la empresa de servicios temporales, cuando no se cumpla con alguno de los requisitos señalados en el presente artículo; cuando alguno(s) de los socios, el representante legal o el administrador, haya pertenecido, en cualquiera de estas calidades a empresas de servicios temporales sancionadas con suspensión o cancelación de la autorización de funcionamiento, en los últimos cinco (5) años.

Las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo mantendrán actualizada la información para consulta pública, acerca de las empresas de servicios temporales autorizadas, sancionadas, canceladas, así como los nombres de sus socios, representantes legales y administradores.

(D. 4369/2006, art. 7º)

ART. 2.2.6.5.8.—Contratos entre la empresa de servicios temporales y la empresa usuaria. Los contratos que celebren la empresa de servicios temporales y la usuaria deben suscribirse siempre por escrito y en ellos se hará constar que la empresa de servicios temporales se sujetará a lo establecido en el Código Sustantivo de Trabajo para efecto del pago de salarios, prestaciones sociales y demás derechos de los trabajadores. Igualmente, deberá indicar el nombre de la compañía aseguradora, número de la póliza, vigencia y monto de la misma, con la cual se garantizan las obligaciones laborales de los trabajadores en misión.

La relación entre la empresa usuaria y la empresa de servicios temporales puede ser regulada por uno o varios contratos, de acuerdo con el servicio específico a contratar.

Cuando se celebre un solo contrato, este regulará el marco de la relación, la cual se desarrollará a través de las órdenes correspondientes a cada servicio específico.

(D. 4369/2006, art. 8º)

ART. 2.2.6.5.9.—Sucursales. El funcionamiento de sucursales de las empresas de servicios temporales será autorizado por el funcionario competente de la dirección territorial del Ministerio del Trabajo donde tenga su domicilio principal, presentando para el efecto, copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio del lugar donde esté situada la sucursal.

La solicitud de autorización deberá ser presentada dentro del mes siguiente a la fecha en que se realizó el registro mercantil de la respectiva sucursal.

Copia del acto administrativo mediante el cual se autoriza el funcionamiento de la sucursal, será remitida por el funcionario competente a la dirección territorial del domicilio de la(s) sucursal(es), para efecto de la vigilancia y control correspondiente; igualmente deberá informar la novedad a la dirección de generación y protección del empleo y subsidio familiar y a la dirección de inspección, vigilancia y control y gestión territorial del Ministerio del Trabajo, en los formatos establecidos para el efecto.

(D. 4369/2006, art. 9º)

ART. 2.2.6.5.10.—Prohibiciones. No podrán ejercer la actividad propia de las empresas de servicios temporales, aquellas que tengan objeto social diverso al previsto en el artículo 71 de la Ley 50 de 1990; las que no estén debidamente autorizadas por el Ministerio del Trabajo para el desempeño de esa labor, tales como las dedicadas al suministro de alimentación, realización de labores de aseo, servicio de vigilancia y mantenimiento; tampoco la podrán realizar las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, las empresas asociativas de trabajo y los fondos mutuales o similares.

(D. 4369/2006, art. 10)

ART. 2.2.6.5.11.—Constitución de póliza de garantía. Las empresas de servicios temporales están obligadas a constituir una póliza de garantía con una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, a favor de los trabajadores en misión, para asegurar el pago de sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, en caso de iliquidez de la empresa de servicios temporales, la cual deberá depositarse en el Ministerio del Trabajo.

(D. 4369/2006, art. 11)

ART. 2.2.6.5.12.—Afiliación de trabajadores al sistema de seguridad social integral. Las empresas de servicios temporales están obligadas a afiliar y a pagar los aportes parafiscales y los aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, de acuerdo con las disposiciones legales que regulan la materia.

(D. 4369/2006, art. 12)

ART. 2.2.6.5.13.—Información sobre afiliación y pago de aportes al sistema de seguridad social integral de trabajadores en misión. Dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, las empresas de servicios temporales deberán informar a la correspondiente usuaria del servicio, sobre la afiliación y el pago de cotizaciones al sistema de seguridad social integral, del personal en misión que le ha prestado sus servicios durante el mes inmediatamente anterior.

En el evento que la empresa de servicios temporales no entregue la información o esta presente inconsistencias, la usuaria del servicio deberá informar de tal hecho al Ministerio del Trabajo y/o a la Superintendencia Nacional de Salud, según sea el caso, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo estipulado en el inciso anterior.

La omisión de este deber hará solidariamente responsable a la usuaria en el pago de los correspondientes aportes, así como en las consecuencias económicas y jurídicas que se deriven de la omisión, evasión o elusión.

(D. 4369/2006, art. 13)

ART. 2.2.6.5.14.—Seguridad y salud en el trabajo. La empresa de servicios temporales es responsable de la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores de planta y en misión, en los términos previstos en el Libro 2, Título 4, del presente decreto.

(D. 4369/2006, art. 14)

ART. 2.2.6.5.15.—Informes estadísticos. Los informes estadísticos a que se refiere el artículo 88 de la Ley 50 de 1990, deberán presentarse durante los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, ante la dirección territorial del domicilio principal de la empresa de servicios temporales, en los formatos elaborados para el efecto por el Ministerio del Trabajo y deberán contener la información correspondiente a vacantes, colocados y trabajadores en misión, tanto del domicilio principal como de las sucursales. Copia de dicho informe deberá ser remitido a las direcciones territoriales en las que funcionen sus sucursales.

(D. 4369/2006, art. 15)

ART. 2.2.6.5.16.—Informe de reformas estatutarias. Las empresas de servicios temporales deberán comunicar las reformas estatutarias a la dirección territorial del Ministerio del Trabajo del domicilio principal, dentro de los treinta (30) días siguientes a su protocolización, anexando el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio.

(D. 4369/2006, art. 16)

ART. 2.2.6.5.17.—Póliza de garantía. La póliza de garantía deberá constituirse en cuantía no inferior a quinientas (500) veces el salario mínimo legal mensual vigente, para asegurar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de los trabajadores en misión, en caso de iliquidez de la empresa de servicios temporales.

Dicha póliza deberá actualizarse anualmente, tomando como base las modificaciones al salario mínimo legal mensual vigente.

El funcionario competente de la dirección territorial del Ministerio del Trabajo, ordenará a la empresa de servicios temporales, mediante acto administrativo debidamente motivado, reajustar el valor de la póliza de garantía, aplicando la tabla de valores que elabora el Ministerio del Trabajo, a través del viceministerio de Relaciones Laborales e Inspección, con base en los siguientes parámetros:

Hasta 150 trabajadores500 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
De 151 a 200 trabajadores600 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
De 201 a 250 trabajadores700 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
De 251 a 500 trabajadores1.100 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
De 501 a 750 trabajadores1.600 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
De 751 a 1.000 trabajadores2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

PAR. 1º—Para efecto de determinar el número de trabajadores en misión, se contabilizarán tanto los del domicilio principal de la empresa de servicios temporales como los de sus sucursales.

PAR. 2º—La póliza de garantía deberá constituirse por un año. Se entiende por anualidad, el lapso comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de cada año. En consecuencia, la primera póliza de garantía debe actualizarse durante el mes de enero del año inmediatamente siguiente a la fecha de la resolución que autoriza su funcionamiento.

(D. 4369/2006, art. 17)

ART. 2.2.6.5.18.—Efectividad de la póliza de garantía. La póliza de garantía se hará efectiva a solicitud de los trabajadores en misión, cuando la empresa de servicios temporales se encuentre en iliquidez la cual se presumirá, sin necesidad de estudios económicos, cuando ocurra uno o más de los siguientes eventos:

1. Que el funcionario competente del Ministerio del Trabajo compruebe que por razones de iliquidez, la empresa ha incumplido en el pago de dos o más periodos consecutivos de salario, de acuerdo con lo establecido en el contrato de trabajo;

2. Que exista mora en el pago de los aportes a la seguridad social por más de cuarenta y cinco (45) días, sin perjuicio de la cancelación de la autorización de funcionamiento de que trata el artículo 3º de la Ley 828 del 2003;

3. Que durante más de tres (3) ocasiones en una anualidad, exista mora en el pago de aportes a la seguridad social;

4. Que la empresa de servicios temporales entre en el proceso de acuerdo de reestructuración de obligaciones;

5. Que la empresa de servicios temporales se declare en estado de iliquidez.

Cuando un grupo de trabajadores presente queja formal por presunta iliquidez de la empresa de servicios temporales, el funcionario competente solicitará al Ministerio del Trabajo que realice el correspondiente estudio económico y determine dentro de los treinta (30) días siguientes, si se encuentra o no en estado de iliquidez.

Determinado el estado de iliquidez, sea por la ocurrencia de uno de los hechos descritos en el presente artículo o a través del estudio económico, el funcionario competente procederá por solicitud de los trabajadores en misión, a hacer efectiva la póliza de garantía, mediante acto administrativo que declara el siniestro y ordenará directamente a la compañía de seguros realizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, con base en las liquidaciones que para el efecto elabore el inspector de trabajo del lugar donde se prestó el servicio.

(D. 4369/2006, art. 18)

ART. 2.2.6.5.19.—Funciones. Las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo tendrán las siguientes funciones, en relación con las empresas de servicios temporales:

1. Otorgar, suspender o cancelar las autorizaciones de funcionamiento de las empresas de servicios temporales.

2. Llevar el registro de las empresas de servicios temporales, principales y sucursales autorizadas o que operen en su jurisdicción.

3. Exigir y mantener en depósito la póliza de garantía y hacerla efectiva en caso de iliquidez de la empresa de servicios temporales.

4. Ordenar el reajuste de las pólizas de garantía de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.6.5.17 del presente decreto, teniendo en cuenta el movimiento de trabajadores en misión en el año inmediatamente anterior, según conste en los informes estadísticos.

5. Llevar el registro de los socios, representantes legales o administradores, que hayan pertenecido a empresas de servicios temporales sancionadas con suspensión o cancelación de la autorización de funcionamiento.

6. Llevar el registro de las empresas de servicios temporales que han sido autorizadas, sancionadas con suspensión y/o cancelación de la autorización de funcionamiento en su jurisdicción.

7. Registrar y consolidar la información estadística suministrada por las empresas de servicios temporales de los movimientos de mano de obra tanto de las principales como de las sucursales, de manera que cumplan con los fines estadísticos para los cuales se solicita.

8. Ejercer inspección, vigilancia y control sobre las empresas de servicios temporales y sobre las usuarias, a efecto de garantizar el cumplimiento de las normas contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 50 de 1990, el presente capítulo y demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

9. Sancionar a las personas o entidades que realizan la actividad propia de las empresas de servicios temporales, sin la debida autorización legal.

10. Verificar el cumplimiento de las empresas de servicios temporales en el pago de aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad con lo previsto en el artículo 3º de la Ley 828 de 2003.

11. Mantener informadas permanentemente, a la dirección de generación y protección del empleo y subsidio familiar y a la dirección de inspección, vigilancia y control y gestión territorial del Ministerio del Trabajo, sobre su gestión, incluida la relativa a la imposición de sanciones.

(D. 4369/2006, art. 19)

ART. 2.2.6.5.20.—Multas. El Ministerio del Trabajo Social impondrá mediante acto administrativo contra el cual proceden los recursos de reposición y apelación, multas diarias sucesivas hasta de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada infracción mientras esta subsista, en los siguientes casos:

1. Cuando cualquier persona natural o jurídica realice actividades propias de las empresas de servicios temporales, sin la correspondiente autorización de funcionamiento;

2. Cuando se contraten servicios para el suministro de trabajadores en misión con empresas no autorizadas para desarrollar esta actividad, caso en el cual, la multa se impondrá por cada uno de los contratos suscritos irregularmente;

3. Cuando la empresa usuaria contrate servicios temporales, contraviniendo lo establecido en los artículos 77 de la Ley 50 de 1990 y 2.2.6.5.7 del presente decreto;

4. Cuando la empresa de servicios temporales preste sus servicios con violación a las normas que regulan la actividad, siempre y cuando no originen una sanción superior, como la suspensión o cancelación de la autorización de funcionamiento.

PAR. 1º—Las sanciones de que trata el presente artículo se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad solidaria existente entre la empresa de servicios temporales y la empresa usuaria, y entre esta y quien suministra trabajadores de forma ilegal.

PAR. 2º—Cuando una sucursal incurra en violación de las disposiciones que rigen las empresas de servicios temporales, la multa será impuesta por el inspector de trabajo donde funcione la respectiva sucursal.

(D. 4369/2006, art. 20)

ART. 2.2.6.5.21.—Suspensión de la autorización de funcionamiento. La dirección territorial competente del Ministerio del Trabajo sancionará con suspensión de la autorización de funcionamiento, a las empresas de servicios temporales y sus sucursales, en los siguientes casos:

1. Cuando no actualice y envíe la póliza de garantía, dentro del mes siguiente a la fijación del salario mínimo mensual legal vigente o a la ejecutoria de la resolución que ordene su ajuste.

2. Cuando no envíen los informes estadísticos en la forma y términos establecidos en la ley y en el presente capítulo.

3. Cuando la empresa de servicios temporales haya sido sancionada con multa y la infracción persista.

4. Cuando habiendo reformado sus estatutos, no lo informe al Ministerio del Trabajo, dentro de los treinta (30) días siguientes a su protocolización.

5. Cuando no informe sobre la constitución de sucursales, dentro del mes siguiente a la inscripción en la respectiva Cámara de Comercio.

6. Cuando se presten servicios diferentes a los establecidos en su objeto social.

7. Cuando el funcionario competente del Ministerio del Trabajo, compruebe la reiterada elusión o evasión en el pago de los aportes a la seguridad social, sin perjuicio de las demás sanciones previstas en la ley.

8. Cuando venza el plazo establecido en el artículo 2.2.6.5.3 del presente decreto para que la empresa de servicios temporales cambie el nombre, sin que este se haya producido.

(D. 4369/2006, art. 21)

ART. 2.2.6.5.22.—Cancelación de la autorización de funcionamiento. La dirección territorial competente del Ministerio del Trabajo cancelará la autorización de funcionamiento de las empresas de servicios temporales, en los siguientes casos:

1. Cuando haya reincidencia en los eventos de suspensión establecidos en el artículo anterior;

2. Por disolución y liquidación de la sociedad, de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio;

3. Por cambio de objeto social, de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio;

4. Cuando incurra en mora superior a cuarenta y cinco (45) días, en el pago de las obligaciones con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), las cajas de compensación familiar o los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, de conformidad con lo previsto en el artículo 3º de la Ley 828 de 2003 o las normas que la modifiquen o sustituyan.

Lo anterior, sin perjuicio del levantamiento de la sanción, en el evento de que la empresa de servicios temporales cancele la obligación junto con sus intereses, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del acto administrativo que ordena la cancelación de la autorización de funcionamiento;

5. Cuando estando suspendida la autorización de funcionamiento por más de seis (6) meses consecutivos, el representante legal o quien haga sus veces, no demuestre interés jurídico en reactivar la prestación del servicio;

6. Cuando se cumpla(n) alguna(s) de las hipótesis previstas en el artículo 2.2.6.5.18 del presente decreto, o el estudio económico realizado por el Ministerio del Trabajo arroje como resultado la liquidez de la empresa de servicios temporales, sin perjuicio de la efectividad de la póliza de garantía a favor de los trabajadores en misión;

7. Cuando se compruebe que la empresa de servicios temporales ha contratado con empresas usuarias, con las que tenga vinculación económica de acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley 50 de 1990;

8. Cuando celebre contratos de prestación de servicios con usuarios cuyos trabajadores se encuentren en huelga, salvo que se contrate para aquellas dependencias cuyo funcionamiento sea indispensable a juicio del respectivo inspector de trabajo, de conformidad con lo previsto en el artículo 449 del Código Sustantivo de Trabajo, modificado por el artículo 64 de la Ley 50 de 1990;

9. Cuando se demuestre ante el Ministerio del Trabajo que algunos de los socios, el representante legal, o el administrador han pertenecido, en cualquiera de estas calidades, a una empresa de servicios temporales sancionada con suspensión o cancelación de la autorización de funcionamiento, dentro de los últimos cinco (5) años.

(D. 4369/2006, art. 22)

ART. 2.2.6.5.23.—Informe sobre evasión y elusión. Toda persona o autoridad que tenga conocimiento sobre conductas de evasión o elusión en el pago de aportes parafiscales o al sistema de seguridad social integral en las empresas de servicios temporales, deberá informarlo de manera inmediata al Ministerio del Trabajo o a la Superintendencia Nacional de Salud, según sea el caso, conforme lo dispone el artículo 5º de la Ley 828 de 2003.

(D. 4369/2006, art. 23)

CAPÍTULO 6

Exclusión de aportes al régimen del subsidio familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, (ICBF)

ART. 2.2.6.6.1.—Objeto. El presente capítulo tiene por objeto establecer el procedimiento de acreditación de las características o condiciones para la exclusión del pago de los correspondientes aportes al régimen del subsidio familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, por parte de los empleadores, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 789 de 2002.

(D. 2286/2003, art. 1º)

ART. 2.2.6.6.2.—Acreditación de condiciones de los trabajadores adicionales. Los empleadores que vinculen trabajadores adicionales a los que tenían en promedio en el año 2002, deberán solicitarles a estos que acrediten las características o condiciones según sea el caso, de acuerdo con lo establecido en los numerales 1º, 2º, 3º, 4º y 5º del artículo 13 de la Ley 789 de 2002, así:

1. Certificación expedida por el respectivo establecimiento de reclusión en la que conste que la persona se encuentra privada de la libertad o la fecha en la cual la haya recobrado;

2. Dictamen de pérdida de capacidad laboral expedida por la administradora de riesgos laborales, (ARL); la junta regional de calificación de invalidez, la junta nacional de calificación de invalidez o la entidad que con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, hubiere expedido la certificación en donde se acredite la disminución de la capacidad laboral superior al veinticinco por ciento (25%);

3. Certificación expedida por el Ministerio del Interior que acredite la condición de ser reinsertado de grupos al margen de la ley;

4. Documento de identidad para acreditar su edad;

5. La condición de jefes cabeza de hogar desempleados, se acreditará conforme a lo establecido en el parágrafo 5º del artículo 13 de la Ley 789 de 2002. Para tal efecto, se deberá diligenciar el formulario que establezca el Gobierno Nacional, el cual deberá ser suministrado por las cajas de compensación familiar.

(D. 2286/2003, art. 2º)

ART. 2.2.6.6.3.—Acreditación de condiciones de las empresas beneficiarias. Los empleadores que pretendan beneficiarse de la exclusión del pago de aportes, deberán presentar ante la caja de compensación familiar a la cual se encuentran afiliados, los siguientes documentos:

1. Certificación presentada por el trabajador en donde se acredite de acuerdo con lo previsto en el artículo anterior, las características o condiciones señaladas en el artículo 13 de la Ley 789 de 2002;

2. Certificado de paz y salvo en donde conste que no tiene deudas pendientes frente a periodos anteriores por concepto de aportes parafiscales a pensiones, salud, riesgos laborales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y cajas de compensación familiar;

3. Diligenciar el formulario de registro de que trata el artículo 2.2.6.6.5 del presente decreto;

4. Acreditar el cumplimiento de lo establecido en el literal a) del parágrafo 1º del artículo 13 de la Ley 789 de 2002, durante la ejecución de los contratos respectivos.

PAR. 1º—Los aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, (ICBF); Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), y cajas de compensación familiar, de que trata el numeral 2º de este artículo, serán verificados directamente por la caja de compensación familiar correspondiente, sin que el empleador deba acreditar ante la misma el certificado de paz y salvo respectivo.

PAR. 2º—Cuando el pago de los aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, (ICBF), y al Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), no se realice a través de la caja de compensación familiar, corresponde a dichas entidades certificar el cumplimiento de las condiciones que dan lugar a la exclusión del pago de aportes.

(D. 2286/2003, art. 3º)

ART. 2.2.6.6.4.—Aplicación del beneficio de exclusión de aportes. El beneficio de la exclusión de aportes se aplicará siempre y cuando la tasa de desempleo en la región en la que funcione la caja de compensación familiar supere el doce por ciento (12%), de acuerdo con el parágrafo 4º del artículo 13 de la Ley 789 de 2002.

Para tal efecto, la caja de compensación familiar a la cual se encuentre afiliada la empresa, deberá solicitar la certificación expedida por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, (DANE), en la que conste la tasa de desempleo de la región donde funcione la respectiva caja de compensación familiar.

(D. 2286/2003, art. 4º)

ART. 2.2.6.6.5.—Registro y procedimiento para la exclusión en el pago de aportes. Los empleadores que pretendan beneficiarse de la exclusión en el pago de los aportes, deberán diligenciar el formulario de registro que para tal fin suministre la caja de compensación familiar a la cual se encuentre afiliada en el momento de vincular trabajadores adicionales y que contendrá la siguiente información:

1. Número de trabajadores contratados directamente en promedio durante el año 2002, más los contratados indirectamente o en misión, a través de empresas temporales, cooperativas, empresas de vigilancia o similares que correspondan al mismo año;

2. Valor equivalente a la nómina de los trabajadores descritos en el numeral 1º del presente artículo;

3. Relación de trabajadores adicionales vinculados y valor del salario devengado por cada uno de ellos;

4. Valor equivalente a la nómina que incluya los trabajadores adicionales;

5. Valor de los aportes parafiscales mensuales de la empresa y

6. Valor de los aportes parafiscales excluidos.

Este formulario deberá ser presentado por el empleador ante la caja de compensación familiar respectiva, en el momento de efectuar los pagos por concepto de aportes al régimen de subsidio familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, (ICBF), adjuntando los documentos que acrediten los requisitos o condiciones para beneficiarse de la exclusión.

PAR. 1º—La caja de compensación familiar a la cual se encuentre afiliado el empleador, revisará la documentación allegada y verificará que corresponda a la exigida en el presente artículo, con el propósito de determinar la procedencia de la exoneración de aportes. Dicha determinación, deberá ser comunicada por la caja de compensación familiar respectiva, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recepción de la totalidad de la documentación señalada en el presente artículo.

PAR. 2º—En todo caso, con respecto al contenido del numeral 1º del presente artículo, las empresas intermediarias señaladas en el parágrafo 6º del artículo 13 de la Ley 789 de 2002, reportarán a las cajas de compensación familiar el número de trabajadores que tenían en misión para cada empleador en el año 2002.

(D. 2286/2003, art. 5º)

ART. 2.2.6.6.6.—Efectos del beneficio de la exclusión del pago de aportes. Los trabajadores adicionales por los cuales se aplica el beneficio de exclusión del pago de aportes de que trata el presente capítulo, gozarán de las mismas prestaciones sociales o beneficios que otorga la caja de compensación familiar, el Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, (ICBF), a los demás trabajadores.

(D. 2286/2003, art. 6º)

ART. 2.2.6.6.7.—Verificación de las condiciones y requisitos para la exclusión del pago aportes (sic). Corresponde a las cajas de compensación familiar, mientras dure la exclusión del pago de los aportes, verificar mensualmente el cumplimiento por parte de los empleadores, de las condiciones y requisitos que para tal efecto señala el presente capítulo.

(D. 2286/2003, art. 7º)

ART. 2.2.6.6.8.—Supervisión y control. Sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones legales relativas a las autoridades de vigilancia y control, el Ministerio del Trabajo podrá ejercer supervisión sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el presente capítulo.

(D. 2286/2003, art. 8º)

CAPÍTULO 7

Equidad de género en el empleo

ART. 2.2.6.7.1.—Objeto. El presente capítulo tiene por objeto definir las acciones necesarias para promover el reconocimiento social y económico del trabajo de las mujeres, implementar mecanismos para hacer efectivo el derecho a la igualdad salarial y desarrollar campañas de erradicación de todo acto de discriminación y violencia contra las mujeres en el ámbito laboral.

(D. 4463/2011, art. 1º)

ART. 2.2.6.7.2.—Ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente capítulo se aplican a todos empleadores y/o contratantes del sector público o privado, a las administradoras de riesgos laborales y a la totalidad de las trabajadoras sin distinción de la forma de vinculación laboral y/o forma de trabajo.

(D. 4463/2011, art. 2º)

ART. 2.2.6.7.3.—Acciones. Las acciones para dar cumplimiento al objeto del presente capítulo son:

1. Diseño del programa de equidad laboral con enfoque diferencial y de género para las mujeres. El Ministerio del Trabajo diseñará el programa de equidad laboral con enfoque diferencial y de género para las mujeres, que tendrá los siguientes objetivos:

1.1. Difundir y sensibilizar a empleadores, trabajadores, personal de las áreas del talento humano de las entidades públicas y empresas del sector privado del nivel nacional y territorial en el conocimiento de las leyes, los convenios, tratados, acuerdos, normas y estándares nacionales e internacionales que protegen a la mujer en materia laboral;

1.2. Divulgar el beneficio de la deducción de un 200% del impuesto sobre la renta establecida en el artículo 23 de la Ley 1257 de 2008 a los empleadores que ocupen trabajadoras víctimas de la violencia acreditadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la misma ley;

1.3. Adoptar medidas para que los empleadores beneficiados de la medida prevista en el artículo 23 de la Ley 1257 de 2008, garanticen la confidencialidad de la identidad de las mujeres víctimas de violencia vinculadas a sus empresas;

1.4. Adoptar directrices dirigidas a los empleadores que quieran ser beneficiarios de la deducción prevista en el artículo 23 de la Ley 1257 de 2008, con el fin de evitar defraudaciones, impedir la revictimización de las mujeres y la utilización de la problemática de violencia y discriminación en su contra;

1.5. Formar y capacitar a empleadores, personal de las áreas de talento humano, sindicatos, gremios y trabajadores, así como a funcionarios del Ministerio del Trabajo a nivel nacional y territorial para que el enfoque diferencial y de género, sea incluido en las políticas empresariales, el reconocimiento social y económico del trabajo de las mujeres y el desarrollo de la responsabilidad social empresarial;

1.6. Desarrollar ejes de investigación que incluyan diagnóstico, líneas de base e indicadores que permitan visibilizar la situación de violencia y discriminación en el ámbito laboral de las mujeres en Colombia, con el apoyo técnico del observatorio de asuntos de género de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer;

1.7. Publicar en la página web del Ministerio del Trabajo los informes semestrales de seguimiento al programa de equidad laboral con enfoque diferencial y de género para las mujeres, generados por la dirección general de protección laboral o quien haga sus veces;

1.8. Establecer lineamientos de sensibilización y pedagogía con perspectiva de enfoque diferencial y de género sobre la Ley 1010 de 2006, que adopta medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo;

1.9. Incluir el tema de las condiciones laborales específicas de la mujer en las agendas de los comités paritarios de salud ocupacional;

1.10. Dar a conocer los beneficios que traen a las empresas, el cumplimiento de la normatividad existente de protección a las mujeres en materia laboral;

1.11. Adoptar una estrategia para vigilar y controlar que las políticas laborales de empleadores de las empresas del sector público y privado garanticen la igualdad salarial entre mujeres y hombres de conformidad con el principio de salario igual por igual trabajo en el desempeño de empleo, labor o cargo con funciones similares. La estrategia deberá incluir mecanismos de sanción para los casos en que sea desconocida la igualdad salarial entre mujeres y hombres;

1.12. Incluir dentro de la categoría de riesgo profesional el daño generado por hechos de acoso sexual y otras formas de violencia en contra de las mujeres en el ámbito laboral;

1.13. Establecer un sistema de información confidencial para recopilar las quejas de acoso sexual contra las mujeres en el ámbito laboral y de otras formas de violencia en su contra. Esta información deberá ser suministrada por las administradoras de riesgos laborales (ARL) con base en el procedimiento que estas establezcan para el trámite de este tipo de quejas en los términos del numeral 2º del parágrafo del artículo 12 de la Ley 1257 de 2008;

1.14. Utilizar el sistema que trata el numeral anterior para la definición e implementación de políticas laborales para prevenir y erradicar el acoso sexual y otras formas de violencia contra la mujer trabajadora;

1.15. Asesorar a las administradoras de riesgos laborales (ARL) en el diseño de un protocolo de recepción de quejas de acoso sexual y otras formas de violencia contra la mujer en el ámbito laboral que incluya la asesoría jurídica, psicológica, la estimación del daño y el procedimiento para la remisión tanto a las inspecciones del trabajo como a la Fiscalía General de la Nación, anexando los soportes pertinentes que puedan ser considerados como acervo probatorio. El Ministerio del Trabajo velará por la implementación y cumplimiento de lo establecido en dicho protocolo;

1.16. Trazar e implementar una política nacional con el objeto de incentivar a los empleadores de las entidades públicas y empresas privadas para la contratación de mujeres en cargos de dirección y coordinación;

1.17. Garantizar la participación de las mujeres trabajadoras, empleadoras y de gobierno, en al menos un 30% de la conformación de los espacios tripartitos de deliberación y concertación de las políticas laborales;

1.18. Determinar las fases para la puesta en marcha y seguimiento de cada una de las actividades del programa de equidad laboral con enfoque diferencial y de género para las mujeres.

PAR.—La Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer como dependencia del departamento administrativo de la Presidencia de la República, o la dependencia que haga sus veces, asistirá al Ministerio del Trabajo en el diseño del programa de equidad laboral con enfoque diferencial y de género para las mujeres.

2. Sensibilización y capacitación. Los programas, procesos, proyectos, actividades, acciones de sensibilización, formación, capacitación, fortalecimiento de los diferentes actores, acorde con el objeto de este capítulo se desarrollarán en coordinación y de manera articulada entre el Ministerio del Trabajo, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y otras entidades con competencias que cuenten con la infraestructura y el desarrollo pedagógico requeridos para tal fin.

La Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer apoyará los procesos de sensibilización y capacitación de acuerdo con sus competencias.

3. Implementación del sello de compromiso social con las mujeres. El Ministerio del Trabajo diseñará y pondrá en marcha un sello de compromiso social con la mujer, con el fin de promover el reconocimiento social y económico del trabajo de las mujeres e implementará mecanismos para hacer efectivo el derecho a la igualdad salarial y a la equidad de género.

Este sello de reconocimiento o exaltación, dará al empleador reputación administrativa, con incidencia en aspectos comerciales que le significará ventajas competitivas en los mercados nacionales e internacionales por buenas prácticas laborales.

PAR.—Tanto las condiciones para acceder al sello, como los documentos de acreditación, las vigencias, su ampliación, las condiciones para su mantenimiento, y/o pérdida, harán parte del “programa de equidad laboral con enfoque diferencial y de género para las mujeres”.

4. Cultura de igualdad de condiciones. El Ministerio del Trabajo adelantará a través de las direcciones territoriales y en coordinación con las gobernaciones y alcaldías, acciones tendientes a crear una cultura de igualdad en las condiciones de trabajo, de vinculación y de remuneración salarial, con enfoque diferencial y de género para la mujer.

5. Seguimiento a indicadores. El Ministerio del Trabajo en coordinación con el observatorio de asuntos de género de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y otras entidades o fuentes de información que tengan que ver con el tema, harán seguimiento a indicadores pertinentes en materia laboral, trabajarán en el desarrollo de investigaciones y estudios sobre las condiciones laborales de las mujeres trabajadoras en país.

6. Participación tripartita. El Ministerio del Trabajo promoverá la participación y representación de las trabajadoras en los espacios de diálogo social que existan o se creen, de forma tripartita (empleadores, trabajadores y gobierno) en la búsqueda de condiciones de trabajo dignas para la mujer, en el marco de lo contemplado en la Ley 278 de 1996.

7. Acceso a programas específicos de formación. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en el marco de sus competencias, promoverá y facilitará el acceso con enfoque diferencial y de género para las mujeres, a programas de formación específicamente dirigidos a ellas, para desarrollar o mejorar sus capacidades.

8. Asesoría de las administradoras de riesgos laborales (ARL) a sus empresas afiliadas. Con base en la información disponible en las empresas y teniendo en cuenta criterios para la prevención e intervención de los factores de riesgo psicosociales, dentro de las actividades de fomento de estilos de vida y trabajos saludables, se llevarán a cabo acciones de asesoría a sus empresas afiliadas, para el desarrollo de medidas preventivas de la violencia contra la mujer en el ámbito laboral.

9. Coordinación interinstitucional. El Ministerio del Trabajo en desarrollo de las competencias atribuidas por la Ley 1257 de 2008, deberá adelantar acciones de coordinación con las entidades o instancias que tengan competencias complementarias con el propósito de garantizar la prestación integral de los servicios para la efectiva protección de los derechos de las mujeres.

(D. 4463/2011, art. 3º)

ART. 2.2.6.7.4.—Inspección, vigilancia y control. El Ministerio del Trabajo en el marco de sus competencias, generará acciones de inspección, vigilancia y control en cuanto a la vulneración de los derechos laborales de las trabajadoras.

(D. 4463/2011, art. 4º)

ART. 2.2.6.7.5.—Seguimiento. El comité de seguimiento y cumplimiento creado en la Ley 1257 de 2008, también hará seguimiento y monitoreo al cumplimiento de lo previsto en este capítulo, así como, a la formulación, definición, acompañamiento y evaluación del programa de equidad laboral con enfoque diferencial y de género para las mujeres.

(D. 4463/2011, art. 5º)

CAPÍTULO 8

Migración laboral

SECCIÓN 1

Afiliación de colombianos en el exterior

ART. 2.2.6.8.1.1.—Afiliación al sistema de subsidio familiar. Los colombianos residentes en el exterior podrán vincularse en calidad de afiliados facultativos al sistema de subsidio familiar, e incluir a su grupo familiar domiciliado en Colombia, conforme las reglas de dicho sistema.

(D. 682/2014, art. 3º)

ART. 2.2.6.8.1.2.—Condiciones de la afiliación al sistema de subsidio familiar de los colombianos residentes en el exterior. La afiliación se hará por conducto de la caja de compensación familiar que seleccione el colombiano residente en el exterior y que opere en el lugar de domicilio de su familia en Colombia.

El ingreso base de cotización del aporte será la suma que en moneda legal nacional declare el colombiano residente en el exterior, sin que la misma pueda ser inferior a dos (2) salarios mínimos legales mensuales. El aporte será del dos por ciento (2%) sobre el ingreso base de cotización declarado.

(D. 682/2014, art. 4º)

ART. 2.2.6.8.1.3.—Prestaciones reconocidas por el sistema de subsidio familiar. La afiliación del colombiano residente en el exterior generará al afiliado y a los miembros de su grupo familiar en Colombia, el derecho a la totalidad de prestaciones y servicios sociales de que gozan los afiliados obligatorios al sistema de subsidio familiar, excepto el reconocimiento de cuota monetaria de subsidio familiar y las prestaciones del mecanismo de protección al cesante.

PAR.—Los consejos directivos de las cajas de compensación familiar adoptarán las medidas que correspondan, para asegurar que los servicios ofrecidos por aquellas sean prestados a las familias vinculadas por los colombianos residentes en el exterior.

(D. 682/2014, art. 5º)

ART. 2.2.6.8.1.4.—Mecanismo para el pago de aportes por los colombianos residentes en el exterior. El pago de aportes por parte de los colombianos residentes en el exterior, se hará a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA), conforme los parámetros adoptados por el Ministerio de Salud y Protección Social.

PAR.—Las administradoras de pensiones de ambos regímenes y las cajas de compensación familiar reportarán semestralmente al Ministerio del Trabajo el informe de afiliados a que se refiere esta sección, de acuerdo con las instrucciones que aquel imparta.

(D. 682/2014, art. 6º)

ART. 2.2.6.8.1.5.—Programas especiales para los afiliados. Las cajas de compensación familiar promoverán la ejecución de programas y servicios sociales para las familias de los colombianos residentes en el exterior.

Colpensiones adoptará las medidas que estime pertinentes para extender la cobertura en beneficios económicos periódicos (BEP) a los miembros de los grupos familiares de colombianos residentes en el exterior, con el ahorro proveniente de estos.

(D. 682/2014, art. 7º)

ART. 2.2.6.8.1.6.—Promoción de la afiliación. Las administradoras de pensiones de ambos regímenes y las cajas de compensación familiar, promoverán la vinculación de los colombianos residentes en el exterior y sus familias en Colombia y realizarán la divulgación, capacitación y el acompañamiento que fuere necesario para tal fin.

El Ministerio del Trabajo, mediante sus canales de orientación al público y a través de los medios que considere convenientes, dispondrá los mecanismos para estimular la vinculación a la protección social de la población a que se refiere la presente sección. Así mismo, podrá impartir las instrucciones y celebrar los convenios pertinentes para extender a dicha población servicios adicionales, especialmente en materia de ahorro, crédito y formación.

(D. 682/2014, art. 8º)

ART. 2.2.6.8.1.7.—Programas especiales de acogida. Las cajas de compensación familiar diseñarán y ejecutarán servicios de acogida en Colombia, para afiliados residentes en el exterior que decidan regresar al país, entre los cuales figurarán programas de reinserción laboral y capacitación, los que ejecutará en coordinación con la unidad administrativa especial del servicio público de empleo.

(D. 682/2014, art. 9º)

SECCIÓN 2

Instrumento andino de migración laboral

ART. 2.2.6.8.2.1.—Objeto. El objeto de la presente sección es adoptar la guía para la implementación de la Decisión 545 de la Comunidad Andina (CAN) “Instrumento andino de migración laboral”, contenida en el anexo que forma parte integral del presente decreto.

(D. 46/2013, art. 1º)

ART. 2.2.6.8.2.2.—Acciones del Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo reglamentará lo relacionado con la expedición de la documentación que califique la condición de trabajador migrante andino, la supervisión de la situación laboral de los trabajadores migrantes andinos, sus condiciones de trabajo y el cabal cumplimiento de las normas laborales.

(D. 46/2013, art. 2º)

ART. 2.2.6.8.2.3.—Guía para la implementación de la Decisión 545 de la Comunidad Andina - “Instrumento andino de migración laboral”

1. Objetivo

2. Fundamento legal

3. Ámbito de aplicación

4. Trabajadores migrantes andinos beneficiarios

4.1. Trabajador con desplazamiento individual

4.2. Trabajador de empresa

4.3. Trabajador de temporada

4.4. Trabajador fronterizo

5. Visado, control y permanencia del trabajador migrante andino

6. Ingreso, registro y permanencia del trabajador migrante andino

7. Datos y registros del trabajador migrante andino

8. Requisitos para la acreditación del trabajador migrante andino

1. Objetivo. Establecer una herramienta normativa concertada de carácter interinstitucional, que permita determinar un procedimiento estandarizado por el cual, el Estado colombiano, a través del Ministerio del Trabajo, da aplicación a lo dispuesto en la Decisión 545 de la CAN - “Instrumento andino de migración laboral”.

2. Fundamento legal. Decisión 545 de la Comunidad Andina “Instrumento andino de migración laboral”, Decreto 4000 de 2004, Decreto 4248 de 2004, Decreto 2622 de 2009, Decreto-Ley 4108 de 2011 y la Resolución 4700 de 2009, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

3. Ámbito de aplicación. La guía se aplicará en el territorio colombiano por el Ministerio del Trabajo, a trabajadores migrantes de la subregión Andina con fines laborales, bajo relación de dependencia, de conformidad con lo establecido en la Decisión 545 de la Comunidad Andina (CAN).

Quedan excluidos de la Decisión 545 de la Comunidad Andina (CAN), los empleos en la administración pública y en aquellas actividades contrarias a la moral, a la preservación del orden público, a la vida y a la salud de las personas y a los intereses esenciales de la seguridad nacional.

4. Trabajadores migrantes andinos - beneficiarios. Para los fines de esta guía, se establece la siguiente clasificación de los trabajadores migrantes andinos:

4.1. Trabajador con desplazamiento individual. Se considera trabajador con desplazamiento individual, aquella persona nacional de un país miembro que migra a otro país miembro con fines laborales, por haber suscrito un contrato de trabajo bajo relación de dependencia, o tener o responder a una oferta de empleo desde el país de inmigración, bajo relación de dependencia.

4.2. Trabajador de empresa. Se considera trabajador de empresa al nacional andino que se traslada a otro país miembro distinto al país de su domicilio habitual, por un período superior a ciento ochenta (180) días y por disposición de la empresa para la cual labora bajo relación de dependencia, sea que la misma ya esté instalada en el otro país, tenga en curso legal un proyecto para establecerse o realice un proyecto especial allí.

4.3. Trabajador de temporada. Se considera trabajador de temporada al nacional andino que se traslada a otro país miembro para ejecutar labores cíclicas o estacionales, tales como:

4.3.1. Labores de carácter agrario, entre otras, las tareas de siembra, plantación, cultivo y cosecha de productos agrícolas;

4.3.2. Tareas relacionadas con los procesos temporales propios de la actividad pecuaria;

4.3.3. Tareas relacionadas con los procesos temporales propios de la actividad forestal; y

4.3.4. Otras actividades reguladas por el régimen de trabajadores agrarios, pecuarios y forestales, cuya explotación sea de carácter cíclico o estacional.

El ingreso de trabajadores de temporada a Colombia requerirá la existencia de un contrato que ampare a uno o varios trabajadores y determine con precisión la labor y el tiempo en que la misma se desarrollará.

En la contratación de trabajadores de temporada, se garantizará a los mismos la provisión de alojamiento adecuado, así como el pago de los gastos de traslado por parte del empleador.

Se garantizará a los trabajadores de temporada la protección y facilidades que requieran para sus actividades laborales y, en especial, la libre movilidad para la entrada y salida a la iniciación y a la terminación de las labores que se van a desarrollar.

4.4. Trabajador fronterizo. Se considera trabajador fronterizo al nacional andino que, manteniendo su domicilio habitual en un país miembro, se traslada continuamente al ámbito fronterizo laboral de otro país miembro para cumplir su actividad laboral.

5. Visado, control y permanencia del trabajador migrante andino autoridades. Los trámites administrativos de aplicación de la Decisión 545 de la Comunidad Andina (CAN), se realizarán con base en las disposiciones migratorias vigentes en Colombia, así:

5.1. Al Ministerio de Relaciones Exteriores, le compete a través de la dirección de asuntos migratorios, consulares y servicio al ciudadano y de las misiones diplomáticas y oficinas consulares de la República, otorgar, negar o cancelar visas, de acuerdo con lo dispuesto en los decretos 4000 de 2004, 3355 de 2009 y 2622 del 2009 y la Resolución 4700 de 2009.

5.2. A la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, le corresponde ejercer las funciones de autoridad de vigilancia y control migratorio y de extranjería del Estado colombiano, así como llevar el registro de identificación de extranjeros y efectuar en el territorio nacional la verificación migratoria de los mismos.

5.3. El Ministerio del Trabajo expedirá la documentación que acredite la condición de trabajador migrante andino y demás funciones de conformidad con lo establecido en la Decisión 545 de la Comunidad Andina (CAN) y el Decreto-Ley 4108 de 2011.

6. Ingreso, registro y permanencia del trabajador migrante andino.

6.1. Al ingresar el ciudadano andino al territorio colombiano, deberá realizar los siguientes pasos:

6.1.1. Registro de entrada ante la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, la cual autoriza su ingreso al país en los aeropuertos, puertos terrestres, marítimos y fluviales;

6.1.2. Los ciudadanos nacionales de los países miembros de la Comunidad Andina que manifiesten ante la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, su intención de acreditarse como trabajador migrante andino, deberán presentar el contrato de trabajo firmado o la carta de intención de la empresa que pretenda contratar sus servicios e iniciar los trámites del visado correspondiente ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando sea necesario.

Los trabajadores migrantes andinos podrán realizar trabajos temporales de carácter agrícola, ganadero o similares, dentro del ámbito fronterizo laboral, sin necesidad de obtener la visa correspondiente por un periodo hasta de noventa (90) días, prorrogables por un periodo igual y por una sola vez en un año calendario, para lo cual requerirán el registro en la oficina de migración laboral en el país de inmigración, que además autorizará las prórrogas para la permanencia.

Los trabajadores migrantes andinos podrán realizar trabajos temporales de carácter agrícola, ganadero o similares en cualquier zona o región de un país miembro, sin necesidad de obtener la visa correspondiente por un periodo de hasta noventa (90) días, prorrogable por un periodo igual en un año calendario, para lo cual requerirán el registro en la oficina de migración laboral del país de inmigración y la concesión de la prórroga para la permanencia;

6.1.3. Una vez tenga el visado o el comprobante de registro ante la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, según el caso, el interesado deberá dirigirse al Ministerio del Trabajo para obtener el certificado que lo acredite como trabajador migrante andino.

6.2. La legislación nacional, las decisiones comunitarias andinas y los convenios internacionales ratificados por Colombia, establecen que el trabajador migrante andino tiene derecho a laborar en condiciones que respeten su dignidad, salud, seguridad y bienestar personal y familiar y a gozar como mínimo, de los siguientes derechos y garantías, de conformidad con lo establecido en la Decisión Andina 545:

6.2.1. Ingreso y permanencia en el territorio colombiano;

6.2.2. Expedición y suministro de la documentación e información necesaria para el reconocimiento de su condición de trabajador migrante andino;

6.2.3. No discriminación, reconociendo el principio de igualdad de trato y de oportunidades a todos los trabajadores migrantes andinos en el espacio comunitario.

En ningún caso se les someterá a discriminación por razones de nacionalidad, raza, sexo, credo, condición social u orientación sexual;

6.2.4. Sindicalización y asociación colectiva;

6.2.5. Protección de su familia y dependientes, siendo ellos, el cónyuge o la persona que mantenga una relación que, de conformidad con el derecho aplicable en cada país de inmigración, produzca efectos equivalentes a los del matrimonio, de los hijos menores de edad no emancipados y de los mayores solteros en condición de discapacidad y de sus ascendientes;

6.2.6. Libre movilidad del trabajador migrante y su familia;

6.2.7. Realización de transferencias de fondos y de sumas para cubrir obligaciones fiscales y órdenes judiciales o de cualquier índole, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Decisión Andina 545;

6.2.8. Acceso a instancias administrativas y judiciales;

6.2.9. Disfrute de las prestaciones sociales previstas en el derecho comunitario y la legislación nacional;

6.2.10. En ningún caso la situación migratoria de un nacional andino ni la posible repatriación del mismo menoscabará sus derechos laborales frente a su empleador. Estos derechos serán los determinados en la legislación nacional del país de inmigración, según lo establecido en el artículo 15 de la Decisión Andina 545;

6.2.11. Cambio de la condición migratoria en el país cuando tenga o responda a una oferta laboral;

6.2.12. Derecho a una remuneración conforme a los principios generales y normatividad laboral nacional vigente;

6.2.13. Seguridad social y salud en el trabajo, conforme a lo regulado por la normativa comunitaria y la legislación nacional vigente.

Los países miembros extremarán las medidas pertinentes para que sus trabajadores que emigren al territorio de otro país miembro, se hallen en posesión de los documentos de viaje reconocidos en la Comunidad Andina.

PAR.—El trabajador migrante andino deberá cumplir sus obligaciones tributarias, de acuerdo con legislación nacional vigente.

7. Datos y registros del trabajador migrante andino. Para efectos del registro y control de las autoridades nacionales, el trabajador migrante andino deberá diligenciar un formulario diseñado para tal fin, el cual estará disponible para el uso de políticas públicas, migratorias y laborales.

El formulario de inscripción del trabajador migrante andino deberá contener, como mínimo, la siguiente información:

7.1. Identificación del trabajador. (Nombre, sexo, edad, documento de identificación).

7.2. Nacionalidad del trabajador.

7.3. Clasificación del trabajador migrante, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4º del presente artículo.

7.4. Remuneración y prestaciones sociales.

7.5. Actividad o puesto de trabajo a desempeñar.

7.6. Jornada laboral.

7.7. Beneficios adicionales que las leyes laborales de Colombia otorguen a sus nacionales.

7.8. Duración del contrato de trabajo.

7.9. Actividad económica desarrollada por el empleador.

7.10 Copia del contrato, oferta o carta de intención de quien pretenda contratar sus servicios.

7.11. Firma del trabajador.

7.12. Firma del empleador.

8. Requisitos para la acreditación del trabajador migrante andino. El trabajador migrante andino, para la acreditación en cualquiera de sus categorías, deberá presentar los siguientes documentos:

8.1. Formulario de registro debidamente diligenciado.

8.2. Documento de identificación.

8.3. Contrato de trabajo firmado o carta de intención del empleador que lo pretende vincular.

8.4. Registro de ingreso ante la Unidad Administrativa Migración Colombia.

8.5. La visa cuando sea necesaria.

(D. 46/2013, Anexo)