TÍTULO 2

Poblaciones en condición de vulnerabilidad y otras

CAPÍTULO 1

Atención Integral en salud a mujeres víctimas de violencia

ART. 2.9.2.1.1.—Objeto. El presente capítulo tiene por objeto definir las acciones necesarias para detectar, prevenir y atender integralmente a través de los servicios que garantiza el sistema general de seguridad social en salud a las mujeres víctimas de violencia e implementar mecanismos para hacer efectivo el derecho a la salud.

(D. 4796/2011, art. 1º)

ART. 2.9.2.1.2.—Ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente capítulo se aplican a las instituciones que integran el sistema general de seguridad social en salud, a las autoridades judiciales en el marco de las competencias que le fueron asignadas mediante la Ley 1257 de 2008, así como a las entidades territoriales responsables del aseguramiento.

(D. 4796/2011, art. 2º)

SECCIÓN 1

Disposiciones generales sobre atención integral en salud a mujeres víctimas de la violencia

ART. 2.9.2.1.1.1.—Sistemas de información. De conformidad con lo establecido en el numeral 9º del artículo 9º de la Ley 1257 de 2008, las entidades responsables de reportar información referente a violencia de género en el marco de dicha ley, deberán remitirla al sistema de información de la protección social, Sispro, del Ministerio de Salud y Protección Social, de acuerdo con la reglamentación que este expida.

(D. 4796/2011, art. 4º)

ART. 2.9.2.1.1.2.—Guías y protocolos. El Ministerio de Salud y Protección Social, actualizará las guías para la atención de la mujer maltratada y del menor de edad maltratado, contenidas en la Resolución 412 de 2000 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. De igual forma, es el competente para actualizar el modelo y protocolo de atención integral en salud a víctimas de violencia sexual, adoptado mediante la Resolución 459 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social.

(D. 4796/2011, art. 5º)

ART. 2.9.2.1.1.3.—Plan decenal de salud pública nacional. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9º y 13 de la Ley 1257/2008 y del artículo 6º de la Ley 1438 de 2011, el Ministerio de Salud y Protección Social elaborará el plan decenal de salud pública en el que incluirá las estrategias, planes, programas, acciones y recursos para la erradicación de las diferentes formas de violencia contra la mujer.

Los planes decenales territoriales de salud deberán incluir los lineamientos del plan decenal de salud pública en materia de violencia contra la mujer, acorde con la dinámica que en tal materia se presente dentro de la respectiva jurisdicción.

(D. 4796/2011, art. 6º)

ART. 2.9.2.1.1.4.—Definiciones. Para efecto de la aplicación de la presente sección, adóptense las siguientes definiciones.

Medidas de atención. Entiéndase como los servicios temporales de habitación, alimentación y transporte que necesitan las mujeres víctimas de violencia con afectación física y/o psicológica, sus hijos e hijas, cuando estos servicios sean inherentes al tratamiento recomendado por los profesionales de la salud, de acuerdo con el resumen de la historia clínica y cuando la Policía Nacional valore la situación especial de riesgo y recomiende que la víctima debe ser reubicada.

Situación especial de riesgo. Se entenderá por situación especial de riesgo, aquella circunstancia que afecte la vida, salud e integridad de la mujer víctima, que se derive de permanecer en el lugar donde habita.

La valoración de la situación especial de riesgo será realizada por la Policía Nacional de acuerdo a los protocolos establecidos por dicha autoridad.

(D. 2734/2012, art. 2º)

ART. 2.9.2.1.1.5.—Garantía del servicio de habitación, alimentación y transporte. El sistema general de seguridad social en salud garantizará los servicios de habitación, alimentación y transporte a que refiere el literal a) del artículo 19 de la Ley 1257 de 2008, de acuerdo con los recursos disponibles.

(D. 4796/2011, art. 7º)

SECCIÓN 2

Medidas de atención a mujeres víctimas de violencia

ART. 2.9.2.1.2.1.—Objeto y campo de aplicación. La presente sección tiene por objeto establecer los criterios, condiciones y procedimiento para el otorgamiento de las medidas de atención definidas en el artículo 19 de la Ley 1257 de 2008, los cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte de los diferentes actores del sistema general de seguridad social en salud, SGSSS, y las autoridades competentes para ordenarlas en el marco de las responsabilidades que les fueron asignadas mediante la Ley 1257 de 2008, la sección 2 del capítulo 8 del título 3 de la parte 2 del Decreto 1069 del 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Justicia y del Derecho y lo dispuesto en este capítulo y las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

(D. 2734/2012, art. 1º)

ART. 2.9.2.1.2.2.—Criterios para otorgar las medidas de atención. Los criterios para otorgar las medidas de atención relacionadas con los servicios temporales de habitación, alimentación y transporte a que refiere el artículo 19 de la Ley 1257 de 2008, son los siguientes:

a) Afectación para la salud física y/o mental de la mujer víctima, de acuerdo con lo consignado en el resumen de la historia clínica, el cual deberá contener las recomendaciones para el tratamiento médico a seguir;

b) Situación especial de riesgo en la que se encuentre la víctima.

(D. 2734/2012, art. 3º)

ART. 2.9.2.1.2.3.—Autoridades competentes. Se entiende por autoridad competente para el otorgamiento de las medidas de atención consagradas en el artículo 19 de la Ley 1257 de 2008 y las normas que la modifiquen o adicionen, el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos, en los casos de violencia intrafamiliar. En aquellos municipios donde no haya comisario de familia, el competente será el juez civil municipal o promiscuo municipal del domicilio de la mujer víctima o del lugar donde fue cometida la agresión. Cuando en el domicilio de la persona agredida hubiere más de un despacho judicial, competente para conocer de esta acción, la petición se someterá en forma inmediata a reparto.

Cuando los casos lleguen a la Fiscalía General de la Nación por delito de violencia intrafamiliar o por situaciones de violencia en ámbitos diferentes al familiar, la autoridad competente para el otorgamiento de las medidas de atención será el juez de control de garantías.

En los casos de violencia intrafamiliar, el fiscal o la víctima solicitarán al juez de control de garantías el otorgamiento de las medidas de atención de que trata la presente sección y remitirá las diligencias a la comisaría de la familia, juez civil municipal o promiscuo municipal para que se continúe con el procedimiento en la forma y términos señalados en la presente sección.

Cuando los casos lleguen a la Fiscalía General de la Nación por situaciones de violencia en ámbitos diferentes al familiar, el fiscal o la víctima solicitarán al juez de control de garantías el otorgamiento de las medidas de atención de que trata la presente sección.

(D. 2734/2012, art. 4º)

ART. 2.9.2.1.2.4.—Condiciones de las medidas de atención. Las medidas de atención de que trata el artículo 19 de la Ley 1257 de 2008, serán otorgadas con posterioridad a alguna de las medidas de protección contenidas en los artículos 17 y 18 en concordancia con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008, reglamentadas por la sección 2 del capítulo 8 del título 3 de la parte 2 del Decreto 1069 del 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Justicia y del Derecho y las demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan y su otorgamiento estará sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones.

1. Que la mujer se encuentre en situación especial de riesgo.

2. Que se hayan presentado hechos de violencia contra ella.

3. Que la violencia contra la mujer implique consecuencias para su salud física o mental.

4. Que la mujer requiera atención, tratamiento o cuidados especiales para su salud y sean inherentes al tratamiento médico recomendado por los profesionales de la salud.

5. Que el agresor permanezca o insista en permanecer en el mismo lugar de ubicación de la agredida o que no permaneciendo en este realice acciones que pongan en riesgo la vida o integridad personal de la víctima.

6. Que la víctima acuda ante un comisario de familia, a falta de este ante un juez civil municipal o un juez promiscuo municipal, o acuda ante la Fiscalía General de la Nación, para que de acuerdo con la solicitud de la víctima o el fiscal, el juez de control de garantías evalúe la situación y decida si hay mérito para ordenar la medida.

7. Que la víctima acredite ante la respectiva entidad promotora de salud que la orden ha sido impartida por la autoridad competente, y

8. Que las prestaciones de alojamiento y alimentación sean temporales, es decir, por el lapso que dure la transición de la agredida hacia un estatus habitacional que le permita retomar y desarrollar el proyecto de vida por ella escogido.

PAR.—Cuando la mujer víctima se encuentre en un programa de protección de entidades estatales, las medidas de atención de que trata la presente sección no sustituirán las mismas. El alojamiento, alimentación y transporte se aplicarán dentro de las condiciones de las medidas otorgadas en el programa de protección establecido para la víctima.

(D. 2734/2012, art. 5º)

ART. 2.9.2.1.2.5.—De la afiliación al sistema general de seguridad social en salud. Cuando la mujer víctima no esté afiliada al sistema general de seguridad social en salud, deberá ser afiliada al régimen subsidiado en los términos que establece la Ley 1438 de 2011. Las instituciones que integran el sistema general de seguridad social en salud informarán a las alcaldías distritales o municipales las mujeres víctimas no afiliadas al sistema de seguridad social en salud para que se ordene su afiliación inmediata al sistema.

(D. 4796/2011, art. 11)

ART. 2.9.2.1.2.6.—Cobertura familiar. En el caso de que los hijos e hijas se encuentren afiliados a una EPS diferente a la de la madre víctima de violencia, o a un régimen especial o de excepción, le corresponderá a la EPS o al régimen especial o de excepción al que se encuentra afiliada la mujer víctima, asumir la cobertura total del grupo familiar respecto de las medidas de atención.

(D. 2734/2012, art. 19)

ART. 2.9.2.1.2.7.—Otorgamiento de medidas de atención cuando la víctima es atendida por el sistema general de seguridad social en salud o un régimen de salud especial o excepcional. El otorgamiento de las medidas de atención de las mujeres víctimas que acuden a recibir atención médica ante una institución prestadora de servicios de salud, estará sujeto al siguiente procedimiento.

1. La institución prestadora de servicios de salud valorará y atenderá a la mujer víctima de violencia, de conformidad con los protocolos médicos que para el efecto establezca el Ministerio de Salud y Protección Social, de lo cual elaborará el resumen de la atención donde especifique si la mujer víctima tiene una afectación en su salud física o mental relacionada con el evento y si requiere tratamiento médico y/o psicológico. El resumen deberá ser remitido a la autoridad competente dentro de las doce (12) horas siguientes a la culminación de la atención o de la urgencia. Si la mujer víctima de violencia no contare con afiliación al sistema general de seguridad social en salud, la IPS deberá informar del hecho a la entidad territorial con el fin de que se surta el proceso de afiliación al sistema, en los términos establecidos en los artículos 32 de la Ley 1438 de 2011 y 2.9.2.1.2.5 del presente decreto, o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

2. Recibido el resumen de atención, la autoridad competente iniciará inmediatamente el trámite para la adopción de las medidas de protección, establecidas en el artículo 4º de la Ley 294 de 1996, modificado por el artículo 1º de la Ley 575 de 2000, los artículos 16, 17 y 18 de la Ley 1257 de 2008 y la sección 2 del capítulo 8 del título 3 de la parte 2 del Decreto 1069 del 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Justicia y del Derecho.

3. Una vez otorgadas las medidas de protección y verificado que la víctima no se encuentra en un programa especial de protección, la autoridad competente abordará a la mujer víctima de violencia con el fin de darle a conocer sus derechos y le tomará la declaración sobre su situación de violencia, previniéndola de las implicaciones judiciales y administrativas que dicha declaración conlleva. En todo caso, ninguna medida será tomada en contra de la voluntad de la mujer víctima.

4. La autoridad competente, dentro de las doce (12) horas hábiles siguientes a la aceptación de la medida de atención por parte de la mujer víctima, deberá solicitar a la Policía Nacional la evaluación de la situación especial de riesgo acorde con lo que para el efecto se define en el artículo 2.9.2.1.1.4 del presente decreto. El informe de evaluación de riesgo deberá ser remitido a la autoridad competente que la solicitó durante las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la solicitud, a efectos de que esta determine si otorga las medidas de atención.

5. En caso positivo, la autoridad competente remitirá inmediatamente la orden a la entidad promotora de salud, EPS, o al régimen especial o de excepción al que se encuentre afiliada la víctima, quien deberá en el término máximo de tres (3) días hábiles contados a partir del recibo de la orden, comunicar a la mujer víctima dicha decisión e informarle el lugar donde se le prestarán las medidas de atención, garantizando su traslado al mismo. Mientras se surte el traslado de la mujer al lugar de prestación de las medidas por parte de la EPS o del régimen especial o de excepción, la autoridad competente podrá, si fuere el caso, adoptar y ordenar una protección temporal especial por parte de las autoridades de policía. Así mismo informará a la secretaría departamental o distrital de salud sobre el inicio de la medida de atención, para su seguimiento, monitoreo y control.

(D. 2734/2012, art. 6º)

ART. 2.9.2.1.2.8.—Otorgamiento de medidas de atención cuando la víctima denuncia el hecho de violencia ante la comisaría de familia o autoridad competente. El otorgamiento de las medidas de atención de las mujeres víctimas que denuncian la violencia ante las autoridades competentes, estará sujeto al siguiente procedimiento.

1. Puesto en conocimiento el hecho de violencia ante la comisaría de familia o la autoridad competente de que trata el artículo 2.9.2.1.2.3 del presente decreto, esta deberá inmediatamente de una parte, ordenar alguna de las medidas de protección de conformidad con lo establecido en la sección 2 del capítulo 8 del título 3 de la parte 2 del Decreto 1069 del 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Justicia y del Derecho y de la otra, remitir a la mujer víctima de violencia a la institución prestadora de servicios de salud de la red adscrita de la entidad a la que aquella se encuentre afiliada. En caso de no estar afiliada a ningún sistema, deberá remitirla a la empresa social del Estado, ESE, más cercana, con el propósito de ser valorada en su condición de salud física y/o mental.

2. Acto seguido la autoridad competente deberá proceder de acuerdo a lo establecido en los numerales 1º, 3º, 4º y 5º del artículo anterior.

(D. 2734/2012, art. 7º)

ART. 2.9.2.1.2.9.—Otorgamiento de medidas de atención cuando la víctima pone en conocimiento el hecho de violencia ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, organismos internacionales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio Público y demás autoridades que conozcan casos de violencia contra la mujer. En estos casos, el otorgamiento de las medidas de atención de las mujeres víctimas, estará sujeto al siguiente procedimiento.

1. Conocida la situación de violencia por alguna de las autoridades a que refiere el presente artículo, estas deberán ponerla en conocimiento de las autoridades a que refiere el artículo 2.9.2.1.2.3 del presente decreto de acuerdo a su competencia, con el propósito de que se asuma el caso.

2. La autoridad competente que conozca del caso, deberá proceder como lo establece el artículo anterior.

(D. 2734/2012, art. 8º)

ART. 2.9.2.1.2.10.—Contenido de la orden. La orden emitida por la autoridad competente para la adopción de la medida de atención deberá contener además de los generales de ley:

1. Tiempo por el cual se otorgará la medida de acuerdo a la duración del tratamiento médico recomendado.

2. La necesidad del tratamiento médico en salud física y/o mental de la mujer víctima.

3. Los mecanismos de seguimiento para el cumplimiento y para la determinación de una eventual prórroga de la medida.

(D. 2734/2012, art. 9º)

ART. 2.9.2.1.2.11.—Término de las medidas de atención. Las medidas de atención deberán adoptarse por la duración del tratamiento médico recomendado y hasta por un término de seis (6) meses, prorrogable por un periodo igual.

PAR.—La autoridad competente de acuerdo con la evaluación de la situación especial de riesgo y con la información de la condición de salud física y mental suministrada por la institución prestadora del servicio de salud, IPS, evaluará mensualmente la necesidad de dar continuidad a las medidas de atención; y en caso de considerarlo pertinente, podrá revocar las medidas en cualquier momento mediante incidente, de acuerdo a lo estipulado en el parágrafo 2º del artículo 2.2.3.8.2.4 del Decreto 1069 del 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Justicia y del Derecho y las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

(D. 2734/2012, art. 10)

ART. 2.9.2.1.2.12.—Financiación de las medidas de atención. Las medidas de atención para las mujeres afiliadas al sistema general de seguridad social en salud, serán financiadas con los recursos a que se refieren los artículos 2.6.1.2.3, 2.6.1.3.2 y 2.6.1.3.3 del presente decreto y los criterios de distribución entre las entidades territoriales que para el efecto establezca el Ministerio de Salud y Protección Social.

PAR.—Tratándose de mujeres víctimas de violencia afiliadas a regímenes especiales o de excepción, la financiación de dichas medidas se hará, por cada uno de ellos, de acuerdo a los procedimientos que establezcan sus propias normas de financiación.

(D. 2734/2012, art. 11)

ART. 2.9.2.1.2.13.—Pago de las medidas de atención. Las secretarías departamentales y distritales de salud, pagarán el costo generado por la prestación de las medidas de atención a que refiere esta sección a las empresas promotoras de salud, EPS, de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto establezca el Ministerio de Salud y Protección Social.

PAR.—Bajo ninguna circunstancia de carácter administrativo y/o financiero, las empresas promotoras de salud, EPS, podrán negar o condicionar la prestación y continuidad de las medidas de atención. En todo caso las secretarías departamentales y distritales de salud, deberán generar mecanismos administrativos que garanticen el pago oportuno de dichas medidas.

(D. 2734/2012, art. 12)

ART. 2.9.2.1.2.14.—Pago de las medidas de atención por parte del agresor. Una vez la autoridad competente establezca la responsabilidad del agresor y este tenga capacidad de pago, le ordenará el pago de los gastos en que incurra el sistema general de seguridad social en salud o el régimen especial o de excepción para las medidas de atención, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5º de la Ley 294 de 1996, modificado por el artículo 17 de la Ley 1257 de 2008. El pago se efectuará mediante reembolso.

La autoridad competente ordenará que el agresor consigne los valores informados por la dirección departamental o distrital de salud, en la cuenta establecida por la entidad territorial, y por cada uno de los regímenes especiales o de excepción.

(D. 2734/2012, art. 13)

ART. 2.9.2.1.2.15.—Criterios para la asignación del subsidio monetario. La asignación del subsidio monetario cuando la mujer víctima decida no permanecer en los servicios de habitación, estará supeditada a:

1. En el departamento o distrito donde resida la mujer víctima no existan servicios de habitación contratados.

2. En el municipio donde resida la mujer víctima no existan los servicios de habitación contratados y ella no pueda trasladarse del municipio por razones de trabajo.

3. Los cupos asignados en el departamento o distrito para servicios de habitación para las mujeres víctimas de violencia se hayan agotado.

(D. 4796/2011, art. 9º)

ART. 2.9.2.1.2.16.—Monto del subsidio. De conformidad con lo establecido en la Ley 1257 de 2008, el monto del subsidio será el siguiente:

a) Para la mujer afiliada como cotizante al régimen contributivo, el equivalente al monto de la cotización que haga la víctima al sistema general de seguridad social en salud;

b) Para la mujer afiliada al régimen subsidiado el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente;

c) Para la mujer víctima que se encuentre afiliada al régimen contributivo como beneficiaria, el subsidio monetario será el equivalente al monto que se asigna a las mujeres víctimas afiliadas al régimen subsidiado.

PAR.—El subsidio monetario se entregará por parte del departamento o distrito directamente a la mujer víctima. Para el efecto, dichas entidades podrán suscribir convenios y/o contratos en los que deberán contemplar criterios de eficiencia para el control de la entrega de los subsidios monetarios y de minimización de trámites para las mujeres víctimas.

(D. 4796/2011, art. 10)

ART. 2.9.2.1.2.17.—Otorgamiento del subsidio monetario. Cuando se configure alguno de los criterios señalados en el artículo 2.9.2.1.2.15 del presente decreto procederá el otorgamiento del subsidio monetario para lo cual, la entidad promotora de salud informará tal circunstancia tanto a la autoridad competente como a la dirección departamental o distrital de salud del lugar donde se encuentre la mujer víctima.

La dirección departamental o distrital de salud hará entrega efectiva del subsidio monetario correspondiente, de acuerdo con el mecanismo que establezca debiendo aplicar para el efecto, los lineamientos que defina el Ministerio de Salud y Protección Social.

El subsidio monetario se entregará a la mujer víctima por el tiempo de duración de la medida, para sufragar los gastos de habitación, alimentación y transporte en lugar diferente al que habite el agresor. Así mismo, estará condicionado a la asistencia a las citas médicas, psicológicas o psiquiátricas que requiera la víctima, hijos e hijas.

El desembolso del subsidio del segundo mes en adelante estará supeditado a la previa verificación por parte de la dirección departamental o distrital de salud de que la mujer víctima hace uso del mismo de acuerdo a lo establecido en el inciso anterior.

PAR.—En los casos de mujeres víctimas afiliadas a los regímenes especiales o de excepción, la autoridad competente ordenará el pago del subsidio monetario al régimen al cual corresponda, en los términos del presente artículo.

(D. 2734/2012, art. 14)

ART. 2.9.2.1.2.18.—Seguimiento y control. Las direcciones departamentales y distritales de salud, al igual que los regímenes especiales o de excepción, deberán adoptar mecanismos de seguimiento y control a la aplicación de las medidas de atención otorgadas por la autoridad competente, conforme con los lineamientos que para el efecto establezca el Ministerio de Salud y Protección Social.

(D. 2734/2012, art. 15)

ART. 2.9.2.1.2.19.—Levantamiento de las medidas de atención. Las medidas de atención a que refiere el artículo 19 de la Ley 1257 de 2008, se levantarán por parte de la autoridad competente, en los siguientes casos:

1. Inasistencia injustificada a las citas o incumplimiento al tratamiento en salud física, psicológica y/o mental.

2. Ausencia recurrente e injustificada del lugar de habitación asignado.

3. Incumplimiento del reglamento interno del lugar de habitación asignado.

4. Utilización del subsidio monetario para fines diferentes a lo previsto en la ley.

Cuando se presente una de estas situaciones, la institución prestadora del servicio de salud, IPS, el administrador del lugar de habitación asignado, la dirección departamental o distrital de salud, o el régimen especial o de excepción, deben reportarlas a la autoridad competente, quien deberá analizar la situación, y de ser el caso revocar las medidas de atención informando de ello a la EPS, a la dirección departamental o distrital de salud o al régimen especial o de excepción.

(D. 2734/2012, art. 16)

ART. 2.9.2.1.2.20.—Gestión de la información relacionada con las medidas de atención. Las entidades competentes, incluyendo los regímenes especiales o de excepción, deberán armonizar sus sistemas de información con el sistema de información de la protección social, Sispro, para facilitar el registro, seguimiento, evaluación y control de dichas medidas y apoyar la formulación de políticas públicas para la prevención de la violencia en especial, contra la mujer y la atención debida a las víctimas.

PAR.—El registro de las medidas se realizará por parte de las entidades competentes en el registro nacional de medidas de protección y atención, el cual será parte del Sispro.

(D. 2734/2012, art. 17)

ART. 2.9.2.1.2.21.—Mujer víctima menor de 18 años de edad. En los casos que se presente violencia contra la mujer menor de 18 años de edad, deberá intervenir el Ministerio Público y el Defensor de Familia, de acuerdo con las competencias otorgadas por la Ley 1098 de 2006.

(D. 2734/2012, art. 18)

CAPÍTULO 2

Personas que dejaron de ser madres comunitarias

ART. 2.9.2.2.1.—Objeto. El presente capítulo tiene por objeto garantizar la continuidad en el aseguramiento al sistema general de seguridad social en salud, mediante la definición como población especial y su consecuente vinculación al régimen subsidiado de salud, de las personas de que trata el artículo 164 de la Ley 1450 de 2011.

(D. 2487/2014, art. 1º)

ART. 2.9.2.2.2.—Ámbito de aplicación. El presente capítulo aplica a las personas que dejen de ser madres comunitarias y sean beneficiarias del subsidio de la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional, en los términos de lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley 1450 de 2011, por acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 3º del Decreto 605 de 2013 y demás normas que lo modifiquen o sustituyan.

(D. 2487/2014, art. 2º)

ART. 2.9.2.2.3.—De la continuidad en el aseguramiento en salud. Para efectos de la afiliación al régimen subsidiado del sistema general de seguridad social en salud, de las personas de que trata el artículo anterior, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar las identificará mediante listado censal que remitirá al Ministerio de Salud y Protección Social, para lo cual verificará que son beneficiarias activas de la subcuenta de subsistencia.

El Ministerio de Salud y Protección Social definirá la estructura de datos del listado censal que permita la identificación plena de las personas que dejen de ser madres comunitarias y se encuentren en las condiciones de que trata el presente capítulo, por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Cuando varíe la situación socioeconómica de las personas beneficiarias del presente capítulo y ello las haga potenciales afiliadas al régimen contributivo, así lo informarán a la EPS respectiva, quien deberá reportar al ICBF lo pertinente para la actualización del listado censal.

PAR.—Sin perjuicio del derecho a la libre elección y con el propósito de garantizar el derecho a la movilidad de las personas de que trata este capítulo, las entidades administradoras del programa de hogares comunitarios de bienestar, contratadas por el ICBF, en calidad de empleadores, informarán de su retiro a las entidades promotoras de salud, EPS, del régimen contributivo a las que se encuentren afiliadas, para que a su vez estas entidades reporten la novedad de movilidad al administrador de la BDUA. Este reporte constituye requisito para que proceda el reconocimiento y giro a la EPS del valor de la unidad de pago por capitación, UPC, del régimen subsidiado para el afiliado, a partir de la novedad de movilidad, en los términos de la normativa vigente.

(D. 2487/2014, art. 3º)

CAPÍTULO 3

Población reclusa

ART. 2.9.2.3.1.—Objeto y ámbito de aplicación. El presente capítulo tiene por objeto regular el aseguramiento en salud de la población reclusa a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, y de las entidades territoriales en los establecimientos de reclusión del orden departamental, distrital y municipal.

Para efectos de la aplicación del presente capítulo, se entenderá por población reclusa aquella privada de la libertad, interna en los establecimientos de reclusión, en guarnición militar o de policía, en prisión y detención domiciliaria, o bajo un sistema de vigilancia electrónica.

(D. 2496/2012, art. 1º, vigente de acuerdo con el D. 2245/2015, art. 2º solo para efectos del aseguramiento en salud de la población reclusa a cargo de las entidades territoriales, en los establecimientos de reclusión de los órdenes departamental, distrital o municipal así como para quienes estén recluidos en guarnición militar o de policía, hasta tanto se expida nueva reglamentación)

ART. 2.9.2.3.2.—Afiliación al sistema general de seguridad social en salud. La afiliación al sistema general de seguridad social en salud de la población reclusa a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, se realizará al régimen subsidiado a través de una o varias entidades promotoras de salud públicas o privadas, tanto del régimen subsidiado como del régimen contributivo, autorizadas para operar el régimen subsidiado, que determine la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios, Uspec. Dicha afiliación beneficiará también a los menores de tres (3) años que convivan con sus madres en los establecimientos de reclusión.

PAR. 1º—En concordancia con el literal m) del artículo 14 de la Ley 1122 de 2007 y con el numeral 3º del artículo 178 de la Ley 100 de 1993, a las entidades promotoras de salud les asiste la obligación de aceptar la afiliación de la población reclusa, según lo previsto en el presente capítulo.

PAR. 2º—La población reclusa que se encuentre afiliada al régimen contributivo o a regímenes exceptuados conservará su afiliación mientras continúe cumpliendo con las condiciones establecidas para dicho régimen.

(D. 2496/2012, art. 2º vigente de acuerdo con el D. 2245/2015, art. 2º solo para efectos del aseguramiento en salud de la población reclusa a cargo de las entidades territoriales, en los establecimientos de reclusión de los órdenes departamental, distrital o municipal así como para quienes estén recluidos en guarnición militar o de policía, hasta tanto se expida nueva reglamentación)

ART. 2.9.2.3.3.—Trámite para la afiliación de la población reclusa a cargo del Inpec al sistema general de seguridad social en salud. Para la afiliación al sistema general de seguridad social en salud de la población reclusa a cargo del Inpec, dicho instituto elaborará el listado censal de la población de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social que permitan la inclusión de la información en la base de datos única de afiliados, BDUA, o el instrumento que lo sustituya. Igualmente, garantizará el registro y reporte oportuno de las novedades que afecten dicho listado.

Para efectos de la aplicación del presente capítulo, se entenderá como domicilio del recluso el municipio o distrito donde esté localizado el respectivo establecimiento de reclusión o el municipio o distrito donde fije su domicilio el recluso beneficiado con detención o prisión domiciliaria o bajo un sistema de vigilancia electrónica.

PAR. 1º—Cuando el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, determine el traslado de alguna de las personas que hace parte de la población que está a su cargo a un lugar de reclusión donde no opere la entidad promotora de salud, EPS, en la que se encuentra afiliado, informará de tal hecho tanto a esa entidad como a la entidad promotora de salud, EPS, que opere en el nuevo lugar de reclusión y que lo afiliará, a efecto de que ambas entidades adelanten el procedimiento establecido en la normatividad vigente para actualizar la base de datos única de afiliados, BDUA. Este traslado no estará sujeto a períodos de permanencia a determinada entidad promotora de salud, EPS.

PAR. 2º—Los traslados de EPS de la población que está a cargo del Inpec serán informados por dicho instituto tanto a la EPS a la cual estaba afiliada la persona como a la EPS que deberá afiliarlo. A partir de la comunicación a la EPS de procedencia, la EPS asignada recibirá la UPC correspondiente al recluso trasladado.

PAR. 3º—El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, al momento de efectuar el traslado de un recluso, deberá tener en cuenta la estrategia de gestión del riesgo que se haya definido en el manual técnico-administrativo para la prestación de los servicios de salud.

PAR. 4º—En el evento en que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, evidencie situaciones que impidan el reconocimiento y pago de la unidad de pago por capitación, UPC, deberá adelantar ante las autoridades competentes, en un término no mayor a un año, la gestión correspondiente a fin de resolverlas.

(D. 2496/2012, art. 3º vigente de acuerdo con el D. 2245/2015, art. 2º solo para efectos del aseguramiento en salud de la población reclusa a cargo de las entidades territoriales, en los establecimientos de reclusión de los órdenes departamental, distrital o municipal así como para quienes estén recluidos en guarnición militar o de policía, hasta tanto se expida nueva reglamentación)

ART. 2.9.2.3.4.—Seguimiento y control. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, deberá realizar seguimiento y control del aseguramiento de los afiliados de forma tal que se garantice el acceso oportuno y de calidad de los beneficiarios a los servicios de salud. Así mismo, deberá realizar auditorías a la prestación de los servicios de salud a cargo de las entidades promotoras de salud, EPS, ya sea directamente o a través de un contratista, con cargo a los recursos del presupuesto de dicha entidad, y suministrar al Ministerio de Salud y Protección Social, a la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios, Uspec, y a los organismos de control la información que le sea solicitada sobre el aseguramiento de la población reclusa y que no esté sujeta a reserva legal.

(D. 2496/2012, art. 4º vigente de acuerdo con el D. 2245/2015, art. 2º solo para efectos del aseguramiento en salud de la población reclusa a cargo de las entidades territoriales, en los establecimientos de reclusión de los órdenes departamental, distrital o municipal así como para quienes estén recluidos en guarnición militar o de policía, hasta tanto se expida nueva reglamentación)

ART. 2.9.2.3.5.—Garantía de la prestación de servicios de salud. La entidad o las entidades promotoras de salud a las que se afilie la población reclusa de que trata el presente capítulo garantizarán los servicios contenidos en el plan obligatorio de salud teniendo en cuenta, en el modelo de atención, la particular condición de dicha población.

PAR. 1º—Para efectos de lo previsto en el presente capítulo, la población reclusa afiliada al régimen subsidiado se asimila al nivel I del sistema de selección de potenciales beneficiarios de programas sociales, Sisbén, y en consecuencia, estará exenta de copagos y cuotas moderadoras, en los términos del artículo 14 literal g) de la Ley 1122 de 2007.

PAR. 2º—Los servicios del plan de beneficios que llegaren a prestarse a la población reclusa afiliada al régimen contributivo o a regímenes exceptuados, les serán cobrados a los respectivos aseguradores.

(D. 2496/2012, art. 5º vigente de acuerdo con el D. 2245/2015, art. 2º solo para efectos del aseguramiento en salud de la población reclusa a cargo de las entidades territoriales, en los establecimientos de reclusión de los órdenes departamental, distrital o municipal así como para quienes estén recluidos en guarnición militar o de policía, hasta tanto se expida nueva reglamentación)

ART. 2.9.2.3.6.—Organización de la prestación de servicios de salud para la población reclusa a cargo del Inpec. La entidad o las entidades promotoras de salud, EPS, a las que se afilie la población reclusa a cargo del Inpec, organizarán la atención que se prestará a dicha población, teniendo en cuenta:

1. El manual técnico administrativo para la prestación de los servicios de salud elaborado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, el cual deberá estar conforme al modelo definido por el Ministerio de Salud y Protección Social.

2. Las áreas de sanidad habilitadas para prestar los servicios de salud ubicadas al interior de los establecimientos de reclusión a cargo del Inpec.

3. Los procesos de referencia y contrarreferencia definidos para dicha población.

4. Los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, de acuerdo con el perfil epidemiológico y los factores de riesgo.

5. La forma de articulación con otros aseguradores cuando se trate de población reclusa afiliada al régimen contributivo o a regímenes exceptuados.

PAR.—El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, al elaborar el manual técnico administrativo para la prestación de los servicios de salud, deberá tener en cuenta el modelo de atención que determine el Ministerio de Salud y Protección Social el cual contendrá, entre otros, los siguientes aspectos: (i) Los mecanismos de referencia y contrarreferencia, y (ii) Los programas que se deban desarrollar dentro de la estrategia de atención primaria en salud, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, así como las estrategias que permitan gestionar el riesgo por enfermedades de alto costo, de interés en salud pública, de trasmisión sexual y de salud mental en la población reclusa en los diferentes establecimientos carcelarios.

Este manual deberá ser adoptado por la entidad o las entidades promotoras de salud, EPS, seleccionadas por la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios, Uspec, y por los prestadores definidos por ellas, quienes coordinarán con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, lo relacionado con la seguridad de los internos.

(D. 2496/2012, art. 6º vigente de acuerdo con el D. 2245/2015, art. 2º solo para efectos del aseguramiento en salud de la población reclusa a cargo de las entidades territoriales, en los establecimientos de reclusión de los órdenes departamental, distrital o municipal así como para quienes estén recluidos en guarnición militar o de policía, hasta tanto se expida nueva reglamentación)

ART. 2.9.2.3.7.—Sistema obligatorio de garantía de calidad. Las áreas de sanidad de los establecimientos de reclusión a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, en las que se presten servicios de salud deberán cumplir con lo establecido en el sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención de salud del sistema general de seguridad social en salud, en concordancia con las disposiciones técnicas contenidas en la Resolución 366 de 2010, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, o la norma que la adicione, sustituya o modifique.

PAR. 1º—La unidad de servicios penitenciarios y carcelarios, Uspec, debe adelantar las acciones que sean necesarias para el adecuado cumplimiento de este artículo.

PAR. 2º—Una vez cumplido un año desde que los establecimientos de reclusión a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, efectúen la inscripción de las áreas de sanidad en el registro especial de prestadores de servicios de salud, las secretarías departamentales y distritales de salud podrán verificar sus condiciones de habilitación.

(D. 2496/2012, art. 7º vigente de acuerdo con el D. 2245/2015, art. 2º solo para efectos del aseguramiento en salud de la población reclusa a cargo de las entidades territoriales, en los establecimientos de reclusión de los órdenes departamental, distrital o municipal así como para quienes estén recluidos en guarnición militar o de policía, hasta tanto se expida nueva reglamentación)

ART. 2.9.2.3.8.—Continuidad en el acceso a la prestación de servicios de salud de la población a cargo del Inpec puesta en libertad. Cuando la población de internos afiliada al régimen subsidiado en los términos y condiciones del presente capítulo sea puesta en libertad, o sea revocada o suspendida la medida de aseguramiento en su contra, el municipio o distrito en donde dicha población esté domiciliada deberá revisar su clasificación en el Sisbén o el instrumento que haga sus veces y, de ser una persona objeto de subsidio, deberá continuar su afiliación conforme a las reglas del régimen subsidiado. En todo caso, se garantizará la libre escogencia de la entidad promotora de salud, EPS, por parte de la persona puesta en libertad.

Mientras esta afiliación se realiza, los servicios de salud que requiera esta población serán financiados por la entidad territorial con cargo a los recursos destinados a la atención de la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda.

(D. 2496/2012, art. 8º vigente de acuerdo con el D. 2245/2015, art. 2º solo para efectos del aseguramiento en salud de la población reclusa a cargo de las entidades territoriales, en los establecimientos de reclusión de los órdenes departamental, distrital o municipal así como para quienes estén recluidos en guarnición militar o de policía, hasta tanto se expida nueva reglamentación)

ART. 2.9.2.3.9.—Financiación del aseguramiento de la población reclusa a cargo del Inpec. La financiación del aseguramiento en salud de la población reclusa afiliada al régimen subsidiado a cargo del Inpec se realizará con recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, mediante el proceso de liquidación mensual de afiliados. El cálculo del monto a girar mensualmente a cada entidad promotora de salud se realizará teniendo en cuenta los registros de afiliados cargados en la base de datos única de afiliados, BDUA, o en el instrumento que la sustituya, por el valor de la UPC que para la población reclusa a cargo del Inpec, determine la autoridad competente.

PAR.—La población reclusa afiliada al régimen contributivo se financiará con las cotizaciones obligatorias de salud en los términos y condiciones previstas para dicho régimen.

(D. 2496/2012, art. 9º vigente de acuerdo con el D. 2245/2015, art. 2º solo para efectos del aseguramiento en salud de la población reclusa a cargo de las entidades territoriales, en los establecimientos de reclusión de los órdenes departamental, distrital o municipal así como para quienes estén recluidos en guarnición militar o de policía, hasta tanto se expida nueva reglamentación)

ART. 2.9.2.3.10.—Financiación de servicios no incluidos en el plan obligatorio de salud. Los servicios no incluidos en el plan obligatorio de salud que requiera la población reclusa a cargo del Inpec se financiarán con recursos de la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios, Uspec, hasta la concurrencia de su asignación presupuestal para dicho fin.

Para la atención de estos servicios, la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios, Uspec, podrá contratar una póliza que cubra dichos eventos o en su defecto realizar el pago de los mismos mediante la aplicación de un procedimiento que contemple como mínimo las condiciones previstas por el Gobierno Nacional y por el Ministerio de Salud y Protección Social para el reconocimiento de estos servicios por parte del Fosyga, incluyendo los valores máximos de reconocimiento. En todo caso la Uspec deberá establecer mecanismos de auditoría para el pago de estos servicios con cargo a los recursos del presupuesto de dicha entidad.

PAR.—Con los recursos a los que hace referencia el presente artículo la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios, Uspec, no podrá financiar las prestaciones de que trata el artículo 154 de la Ley 1450 de 2011.

(D. 2496/2012, art. 10 vigente de acuerdo con el D. 2245/2015, art. 2º solo para efectos del aseguramiento en salud de la población reclusa a cargo de las entidades territoriales, en los establecimientos de reclusión de los órdenes departamental, distrital o municipal así como para quienes estén recluidos en guarnición militar o de policía, hasta tanto se expida nueva reglamentación)

ART. 2.9.2.3.11.—Afiliación de la población reclusa en establecimientos de reclusión del orden departamental, distrital y municipal. La afiliación de la población reclusa en establecimientos de reclusión del orden departamental, distrital y municipal está sujeta a las condiciones de financiación y operación del régimen subsidiado.

PAR.—Los servicios no incluidos en el plan obligatorio de salud estarán a cargo de la respectiva entidad territorial.

(D. 2496/2012, art. 11 vigente de acuerdo con el D. 2245/2015, art. 2º solo para efectos del aseguramiento en salud de la población reclusa a cargo de las entidades territoriales, en los establecimientos de reclusión de los órdenes departamental, distrital o municipal así como para quienes estén recluidos en guarnición militar o de policía, hasta tanto se expida nueva reglamentación)

ART. 2.9.2.3.12.—Unidad de pago por capitación, UPC, para la población reclusa. Para la población reclusa la autoridad competente definirá una UPC que responda a las condiciones particulares de dicha población, acorde con el riesgo y el costo de la atención en salud.

PAR.—Con el fin de establecer el valor de la UPC, las EPS que tengan o hayan tenido asegurada la población reclusa deberán suministrar a la autoridad competente la información necesaria y en los términos que esta la requiera. Las entidades territoriales, el Inpec y las instituciones prestadoras de servicios de salud con quienes se hayan celebrado contratos de prestación de servicios de salud para la población reclusa deberán suministrar la información en los términos requeridos por dicha autoridad.

(D. 2496/2012, art. 12 vigente de acuerdo con el D. 2245/2015, art. 2º solo para efectos del aseguramiento en salud de la población reclusa a cargo de las entidades territoriales, en los establecimientos de reclusión de los órdenes departamental, distrital o municipal así como para quienes estén recluidos en guarnición militar o de policía, hasta tanto se expida nueva reglamentación)

ART. 2.9.2.3.13.—Inspección, vigilancia y control. La Superintendencia Nacional de Salud vigilará y controlará en lo pertinente, el cumplimiento de lo establecido en el presente capítulo y adoptará las acciones a que haya lugar en caso de incumplimiento.

(D. 2496/2012, art. 14 vigente de acuerdo con el D. 2245/2015, art. 2º solo para efectos del aseguramiento en salud de la población reclusa a cargo de las entidades territoriales, en los establecimientos de reclusión de los órdenes departamental, distrital o municipal así como para quienes estén recluidos en guarnición militar o de policía, hasta tanto se expida nueva reglamentación)

ART. 2.9.2.3.14.—Complementariedad normativa. En lo no regulado por este capítulo se aplicarán las normas del sistema general de seguridad social en salud.

(D. 2496/2012, art. 15 vigente de acuerdo con el D. 2245/2015, art. 2º solo para efectos del aseguramiento en salud de la población reclusa a cargo de las entidades territoriales, en los establecimientos de reclusión de los órdenes departamental, distrital o municipal así como para quienes estén recluidos en guarnición militar o de policía, hasta tanto se expida nueva reglamentación)

CAPÍTULO 4

Víctimas de ataques con ácidos, álcalis o sustancias similares o corrosivas que generen daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido humano

SECCIÓN 1

Disposiciones generales

ART. 2.9.2.4.1.1.—Objeto. El presente capítulo tiene por objeto reglamentar el funcionamiento del régimen de regulación de venta de los ácidos, álcalis o sustancias similares o corrosivas que generen daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido humano; la ruta de atención integral para las víctimas de ataques con estas sustancias; y reforzar la garantía de la atención integral en salud para las víctimas de ataques con los productos antes mencionados.

(D. 1033/2014, art. 1º)

ART. 2.9.2.4.1.2.—Campo de aplicación. El presente capítulo aplica a las personas naturales y/o jurídicas que vendan y compren al menudeo ácidos, álcalis o sustancias similares o corrosivas que generen daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido humano, en el territorio nacional; así como a las entidades administradoras de planes de beneficio, EAPB, las instituciones prestadoras de servicios de salud, las entidades territoriales, las entidades públicas responsables de la atención integral para las víctimas de ataques con estas sustancias, y las encargadas de ejercer funciones de inspección, vigilancia y control.

(D. 1033/2014, art. 2º)

ART. 2.9.2.4.1.3.—Definiciones. Para efectos del presente capítulo se adoptan estas definiciones:

1. Ácido: Especie química que tiene tendencia a donar protones o iones hidrogeno H+ o a aceptar iones hidróxilo (OH) (1923, Brönsted y Lowry). Los ácidos, dependiendo de su concentración, tienen un pH menor a 7 (pH ácido); a valores más bajos de pH la acidez es mayor.

2. Álcali o base: Especie química que es capaz de aceptar protones o iones hidrogeno H+ o donar iones hidróxilo (OH). Los álcalis, dependiendo de su concentración tienen un pH mayor a 7 (máximo 14); a valores mayores de pH la sustancia es más alcalina.

3. Comprador: Toda persona natural y/o jurídica que adquiera al menudeo ácidos, álcalis o sustancias similares o corrosivas.

4. Corrosividad: Característica de peligrosidad de una sustancia química o producto que causa el deterioro de un material, elemento o entorno con el que entra en contacto, a causa de un ataque electroquímico, denominado corrosión.

5. Daño al tejido por corrosión cutánea: Es la formación de una lesión irreversible de la piel, tal como necrosis, visible desde la epidermis hasta la dermis; como consecuencia de la aplicación de una sustancia de ensayo durante un periodo de hasta cuatro horas. Las reacciones corrosivas se caracterizan por úlceras, sangrado, escaras sangrantes, decoloración, alopecia y cicatrices.

6. Registro de control de venta al menudeo: Datos que hacen referencia a la actividad de ventas al menudeo de ácidos, álcalis o sustancias similares o corrosivas que generen daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido humano, diseñado, implementado y puesto en funcionamiento por el Invima.

7. Sustancia química: Cualquier material con una composición química conocida, sin importar su procedencia, que no puede separarse en otras sustancias por ningún medio mecánico.

8. Vendedor: Toda persona natural y/o jurídica que venda al menudeo ácidos, álcalis o sustancias similares o corrosivas.

9. Venta al menudeo: Para el registro de control de que trata el presente capítulo, se entiende como la venta que se hace única y directamente al público, de cualquiera de las sustancias objeto de registro, hasta una cantidad de 5 litros o 5 kilogramos, según su naturaleza físico-química.

(D. 1033/2014, art. 3º)

SECCIÓN 2

Régimen de control de comercialización.

ART. 2.9.2.4.2.1.—Productos objeto de registro. Serán objeto de registro de control para la venta al menudeo, creado por el artículo 3º de la Ley 1639 de 2013, las sustancias que determinen los ministerios de Salud y Protección Social y de Comercio, Industria y Turismo, en aplicación de los criterios de clasificación de los ácidos, álcalis o sustancias similares o corrosivas que generen daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido humano, definidos por los mencionados ministerios.

PAR. TRANS.—El acto administrativo de que trata el presente artículo deberá ser expedido dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la entrada en vigencia de este decreto.

(D. 1033/2014, art. 4º)

ART. 2.9.2.4.2.2.—Registro de control de venta al menudeo. Corresponde al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, el diseño, puesta en funcionamiento y mantenimiento del sistema de información que soporta el registro de control para la comercialización de ácidos, álcalis o sustancias similares o corrosivas, de que trata el presente capítulo, a través del cual, quien intervenga en el proceso de comercialización de cualquier sustancia sujeta al registro de control, reportará la información que permita la trazabilidad sobre su procedencia, así como la individualización de cada uno de los actores que intervinieron en la operación de comercialización.

PAR.—Dicho sistema deberá garantizar condiciones de seguridad para el manejo de la información y el cumplimiento de las normas previstas en materia de protección de datos personales.

(D. 1033/2014, art. 5º)

ART. 2.9.2.4.2.3.—Inscripción en el registro de control. Quien a 29 de mayo de 2014, venda al menudeo ácidos, álcalis o sustancias similares o corrosivas, sujetos a registro de control, está obligado a inscribirse ante el Invima, dentro del mes siguiente a la puesta en marcha del citado registro. Sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar por el incumplimiento de la inscripción en el plazo aquí previsto, se deberá cumplir con dicha obligación.

Los establecimientos que con posterioridad a la puesta en marcha del registro de control, inicien ventas al menudeo de ácidos, álcalis o sustancias similares o corrosivas, sujetas a registro de control, deben inscribirse ante el Invima, en un plazo no mayor a quince (15) días, contados a partir de la fecha de la primera transacción.

Así mismo y de manera permanente e inmediata, deberán informar al Invima cualquier cambio de propiedad, razón social, ubicación, cierre temporal o definitivo del mismo.

(D. 1033/2014, art. 6º)

ART. 2.9.2.4.2.4.—Obligación de efectuar el registro de control. Una vez inscrito ante el Invima, por cada operación de venta al menudeo que efectúe sobre cualquier sustancia objeto de registro, el vendedor está obligado a suministrar la información del consumidor y la procedencia del producto, en el formato que para el efecto disponga el Invima, que contendrá la siguiente información: Nombre o razón social del vendedor y comprador, documento de identidad o NIT, tipo de transacción, descripción del producto, procedencia y cantidad y, lugar y fecha de la transacción.

El vendedor deberá reportar dicha información, en los siguientes plazos:

Ventas realizadasFecha máxima de reporte
Entre el 1º y el 15 del mes Día 25 de ese mes
Entre el 16 y el último día del mes Día 10 del mes siguiente

PAR. 1º—Los vendedores de las sustancias sujetas a registro, serán responsables de la información suministrada. En cualquier momento, las autoridades podrán requerir el suministro inmediato de la información de ventas al menudeo.

PAR. 2º—Dentro de los tres (3) meses siguientes al 29 de mayo de 2014, el Invima dispondrá lo necesario para garantizar la operación del registro.

(D. 1033/2014, art. 7º)

ART. 2.9.2.4.2.5.—Obligación de información al público. Los vendedores de las sustancias objeto de registro, deben fijar en un lugar visible al público, avisos que contengan la siguiente leyenda, cuyos caracteres sean de un tamaño que permitan la fácil lectura de la misma: “Prohíbase la venta de [sustancias objeto de registro] a menores de edad y a personas bajo el efecto de alcohol o sustancias psicoactivas”.

(D. 1033/2014, art. 8º)

ART. 2.9.2.4.2.6.—Inspección, vigilancia y control. La Superintendencia de Industria y Comercio y las autoridades administrativas de policía, en lo de su competencia, ejercerán inspección, vigilancia y control respecto del cumplimiento de las obligaciones previstas en el presente capítulo.

(D. 1033/2014, art. 9º)

SECCIÓN 3

Atención integral para las víctimas

ART. 2.9.2.4.3.1.—Ruta intersectorial de atención integral. La ruta intersectorial de atención integral tiene por objeto garantizar el restablecimiento efectivo de los derechos de las víctimas de crímenes con ácido, álcalis o sustancias similares o corrosivas que generen daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido humano, de manera articulada, de conformidad con los principios constitucionales de colaboración armónica y de coordinación.

La ruta intersectorial de atención integral tendrá los siguientes componentes: la atención integral en salud que incluye la atención de primeros auxilios, la protección a la víctima y su familia, el acceso a la justicia y la judicialización de los agresores, la ocupación laboral o la continuidad laboral de las víctimas, los cuales se desarrollan en el anexo técnico 2 que hace parte integral de este decreto.

(D. 1033/2014, art. 10)

ART. 2.9.2.4.3.2.—Responsables de la puesta en marcha y funcionamiento de la ruta intersectorial de atención. En el ámbito de sus competencias, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las entidades territoriales, las entidades promotoras de salud, las instituciones prestadoras de servicios de salud y las inspecciones del trabajo, entre otras, participarán en la puesta en marcha y el adecuado funcionamiento de la ruta de atención integral para las víctimas de ataques con ácidos, álcalis o sustancias similares o corrosivas que generen daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido humano, con base en el anexo técnico 2 que integra el presente decreto.

(D. 1033/2014, art. 11)

ART. 2.9.2.4.3.3.—Garantía de la atención en salud. Las entidades promotoras de salud y las entidades territoriales, según corresponda, a través de su red de prestación de servicios, garantizarán a las víctimas de ataques con ácidos, álcalis o sustancias similares o corrosivas, a quienes se cause destrucción de tejidos, deformidad o disfuncionalidad, de manera prioritaria, en consideración a su especial situación de vulnerabilidad, los servicios, tratamientos médicos y psicológicos, procedimientos e intervenciones necesarios para restituir la fisionomía y funcionalidad de las partes afectadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 53A de la Ley 1438 de 2011, adicionado por el artículo 5º de la Ley 1639 de 2013.

PAR.—La Superintendencia Nacional de Salud y las entidades territoriales, en el marco de sus competencias de inspección, vigilancia y control, ejercerán seguimiento a la atención integral en salud que se preste a las víctimas.

(D. 1033/2014, art. 12)

ART. 2.9.2.4.3.4.—Tecnologías en salud no incluidas en el plan de beneficios. La aprobación de las tecnologías en salud requeridas por las víctimas de que trata la Ley 1639 de 2013, que no se encuentren incluidas en el plan obligatorio de salud, serán tramitadas por el médico tratante de la víctima ante el comité técnico científico de la EPS, siguiendo el procedimiento señalado en la Resolución 5395 de 2013 o la norma que la modifique, adicione o sustituya.

Para el recobro ante el Fosyga o la entidad territorial, según corresponda, el comité técnico científico de la EPS o de la EPS-S, deberá informar en el acta del CTC el carácter de víctima de ataque con ácido, álcalis o sustancia similar o corrosiva y la relación de la tecnología en salud a recobrar con la afectación física y mental derivada del ataque, conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Resolución 5395 de 2013 y el artículo 3º de la Resolución 5073 de 2013 respectivamente, o las normas que las modifiquen o sustituyan, de acuerdo al régimen al que pertenezcan.

PAR.—En caso que las víctimas de ataque con ácido, álcalis o sustancia similar o corrosiva que generen daño, se encuentren en una situación en la que a criterio del profesional de la salud que brinde la atención médica, se ponga en riesgo su vida o su integridad personal y requieran una tecnología en salud no POS, se deberá surtir el proceso definido en el parágrafo del artículo 10 de la Resolución 5395 de 2013 y artículo 3º de la Resolución 5073 de 2013 respectivamente, o las normas que las modifiquen o sustituyan, de acuerdo al régimen al que pertenezcan.

(D. 1033/2014, art. 13)

ART. 2.9.2.4.3.5.—Sistemas de información para la caracterización del evento. Los reportes de información, monitoreo y vigilancia que alimentan el sistema nacional de vigilancia en salud pública, Sivigila, y el administrado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, serán fortalecidos para caracterizar con mayor calidad los eventos relacionados con ataques con ácidos, álcalis o sustancias similares o corrosivas.

PAR.—En virtud de lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 3º de la Ley 1639 de 2013, y en desarrollo del principio de colaboración armónica, a partir de la entrada en vigencia del presente capítulo, las autoridades pondrán a disposición del Ministerio de Salud y Protección Social, de manera permanente, la información relevante con que cuenten para la identificación de las sustancias o productos utilizados en los ataques con ácidos, álcalis o sustancias similares o corrosivas.

(D. 1033/2014, art. 14)

CAPÍTULO 5

Migrantes colombianos provenientes de Venezuela

ART. 2.9.2.5.1.—Objeto. El presente capítulo tiene como objeto garantizar el aseguramiento de los migrantes colombianos que han sido repatriados, han retornado voluntariamente al país, o han sido deportados o expulsados de la República Bolivariana de Venezuela, durante el año 2015, mediante su definición como población especial y prioritaria y su consecuente afiliación al régimen subsidiado del sistema general de seguridad social en salud, a través de listados censales. También determinar la atención en salud por parte de las entidades territoriales de la población pobre no asegurada afectada por la deportación, expulsión, repatriación o retorno voluntario desde el territorio venezolano.

(D. 1768/2015, art. 1º)

ART. 2.9.2.5.2.—Ámbito de aplicación. Las normas contenidas en el presente capítulo aplican a todas las entidades promotoras de salud del régimen subsidiado, a las entidades territoriales del orden departamental, distrital y municipal, y a los migrantes colombianos que han sido repatriados, han retornado voluntariamente al país, o han sido deportados o expulsados de la República Bolivariana de Venezuela durante el año 2015, y a su núcleo familiar.

(D. 1768/2015, art. 2º)

ART. 2.9.2.5.3.—Aseguramiento en salud. Para efectos de la afiliación al régimen subsidiado en salud de los migrantes colombianos que han sido repatriados, han retornado voluntariamente al país, o han sido deportados o expulsados de la República Bolivariana de Venezuela, durante el año 2015, cada entidad territorial municipal o distrital donde se encuentren ubicados, de manera temporal o definitiva, será la responsable de garantizar su afiliación y de elaborar el respectivo listado censal, con base en la información que repose en el registro único de damnificados por la deportación, expulsión, repatriación o retorno desde el territorio venezolano, que para el efecto remita al Ministerio de Salud y Protección Social la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Con el fin de que las entidades territoriales municipales y distritales puedan cumplir con su obligación de elaborar los listados censales de la población que será afiliada al régimen subsidiado en salud en virtud de lo definido en el presente decreto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, debe reportar al Ministerio de Salud y Protección Social el registro único de damnificados por la deportación, expulsión, repatriación o retorno desde el territorio venezolano, con el objeto de establecer si existen personas que se encuentran afiliadas al sistema general de seguridad social en salud, y que por tanto, no les aplica lo aquí resuelto, luego de lo cual, la información depurada será dispuesta en la página web de este ministerio para su consulta por parte de las diferentes entidades territoriales.

Una vez elaborados los listados censales por parte de las entidades territoriales municipales y distritales, los mismos deberán ser remitidos al Ministerio de Salud y Protección Social para efectos de las validaciones a que haya lugar en la base de datos única de datos de afiliados, BDUA.

En el caso de que el migrante cambie temporalmente de municipio de residencia donde se encuentra afiliado al sistema general de seguridad social en salud, podrá aplicar el mecanismo de portabilidad, conforme a lo establecido en los artículos 2.1.12.1 a 2.1.12.9 del presente decreto. No obstante, si se produce el cambio de residencia por parte del migrante de manera permanente, la entidad territorial municipal o distrital en la cual aquel fije su nueva residencia, deberá incluirlo en el listado censal y dar cumplimiento a las reglas establecidas en los referidos artículos.

Cuando varíe la situación socioeconómica de las personas beneficiarias del presente decreto, y en consecuencia, se encuentren obligadas a cotizar al régimen contributivo, por haber adquirido capacidad de pago o por haber iniciado una relación laboral o contractual generadora de ingresos, el afiliado o el empleador según el caso, deberá reportar la novedad a la EPS-S en la cual se encuentra afiliado. Lo anterior sin perjuicio de las acciones de verificación y control a que haya lugar, en el marco de lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 1438 de 2011.

En todo caso, las personas que no se encuentren en los listados censales o no estén plenamente identificadas y que manifiesten estar en las situaciones de que trata el presente decreto, para acceder al régimen subsidiado en salud deberán solicitar ante la entidad territorial municipal o distrital donde se encuentren ubicadas, la aplicación de la encuesta Sisbén, con el fin de determinar si cumplen con las condiciones y requisitos para pertenecer a dicho régimen.

Hasta tanto se logre el proceso de afiliación y de identificación plena, las personas a que refiere este decreto que requieran servicios de salud, deberán ser atendidas con cargo a los recursos para la atención a la población pobre no asegurada.

(D. 1768/2015, art. 3º)

ART. 2.9.2.5.4.—Derecho a la libre escogencia. La persona cabeza de familia elegirá la entidad promotora de salud del régimen subsidiado dentro de las que se encuentren autorizadas para operar en el municipio de residencia, a la que se afiliará junto con su núcleo familiar.

Con el fin de facilitar el proceso de afiliación al régimen subsidiado de los migrantes colombianos que han sido repatriados, han retornado voluntariamente al país, o han sido deportados o expulsados de la República Bolivariana de Venezuela, durante el año 2015, las entidades territoriales municipales y distritales deberán convocar a todas las EPS-S que se encuentren autorizadas para operar en el correspondiente municipio o distrito, las cuales deberán concurrir en forma obligatoria, para que se adelanten campañas de afiliación y se ejerza el derecho a la libre escogencia en los albergues en los cuales se encuentran dichas personas. Las entidades territoriales deberán supervisar las campañas de afiliación que se lleven a cabo, con el fin de garantizar que no exista selección adversa, ni vulneración a la libre elección de EPS-S.

(D. 1768/2015, art. 4º)

ART. 2.9.2.5.5.—Publicación de listados censales. Con el objeto de garantizar el aseguramiento de los migrantes a que se refiere este decreto, las entidades territoriales deberán publicar en sus páginas web y/o en medios masivos de información, los listados censales de la población beneficiaria, con el fin de que las distintas entidades promotoras de salud del régimen subsidiado, garanticen la correspondiente afiliación y el acceso a la prestación de los servicios de salud.

La verificación de la condición de población especial prioritaria de que trata el presente decreto, se hará por parte de la respectiva EPS-S, a través de la consulta en la página web de la entidad territorial o de los medios de información que para el efecto se dispongan.

(D. 1768/2015, art. 5º)

ART. 2.9.2.5.6.—Atención a cargo de las entidades territoriales. Mientras se logra el aseguramiento de la población establecida en el artículo 2.9.2.5.2 de este capítulo, que se encuentre debidamente identificada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se deberá garantizar la prestación de los servicios de salud que requieran con recursos para atender a la población pobre no asegurada.

Así mismo, se deberá garantizar con recursos para población pobre no asegurada, la atención en salud de las personas que, de conformidad con la normatividad vigente, hacen parte del núcleo familiar de la población de que trata el inciso anterior, mientras se obtiene su identificación como ciudadanos colombianos o residentes.

(D. 1768/2015, art. 6º)

ART. 2.9.2.5.7.—Inspección, vigilancia y control. La Superintendencia Nacional de Salud deberá realizar las acciones de inspección, vigilancia y control a que haya lugar, para que se garantice el derecho a la libre escogencia, así como el aseguramiento y el acceso efectivo a los servicios de salud de los migrantes colombianos que han sido repatriados, han retornado voluntariamente al país, o han sido deportados o expulsados de la República Bolivariana de Venezuela, conforme a lo establecido en el presente decreto.

(D. 1768/2015, art. 7º)

ART. 2.9.2.5.8.—Transitoriedad. El presente capítulo rige por un año a partir del 4 de septiembre de 2015.

(D. 1768/2015, art. 8º)

CAPÍTULO 6

Prestación del servicio de salud en el cordón fronterizo colombo-ecuatoriano

NOTA: El presente capítulo 6 empezará a regir a partir de la expedición de las resoluciones de que tratan los parágrafos de los artículos 2.9.2.6.2.3, 2.9.2.6.3.5 y 2.9.2.6.3.7 de este decreto, conforme al artículo 4.1.7.

SECCIÓN 1

Aspectos generales

ART. 2.9.2.6.1.1.—Objeto. El presente capítulo tiene por objeto establecer el mecanismo de reconocimiento y pago de servicios de salud por las atenciones iniciales de urgencia brindadas a nacionales ecuatorianos que habitan en el cordón fronterizo binacional, cuando son atendidos por instituciones prestadoras de servicios de salud, IPS, públicas colombianas. Así mismo, establecer disposiciones que permitan la determinación de saldos a favor o en contra del Estado colombiano, con ocasión del cruce de cuentas a que haya lugar por los servicios brindados a nacionales colombianos en condiciones de reciprocidad en territorio ecuatoriano.

(D. 1954/2015, art. 1º)

ART. 2.9.2.6.1.2.—Definiciones. Para la aplicación del presente capítulo, adóptense las siguientes definiciones:

1. Cordón fronterizo binacional: Es la zona de frontera colombo-ecuatoriana integrada por los siguientes municipios o unidades territoriales:

a) municipios colombianos: Cuaspud, Cumbal, Ricaurte, Barbacoas, Ipiales y Tumaco del Departamento de Nariño, y Puerto Asís, Puerto Leguízamo, San Miguel y Valle del Guamuez, del departamento del Putumayo;

b) Unidades territoriales ecuatorianas: Tulcán, San Lorenzo, Sucumbíos Alto, Cáscales, Cuyabeno, Lago Agrio y Putumayo.

2. Beneficiarios de servicios: Son los habitantes de las unidades territoriales ecuatorianas mencionadas en el numeral anterior, que requieran atención inicial de urgencias en una IPS pública inscrita por la autoridad competente y con servicios habilitados en sedes ubicadas en los municipios colombianos que hacen parte del cordón fronterizo binacional.

3. Atenciones iniciales de urgencia: Para efectos de cumplir el compromiso binacional, estas atenciones abarcan las siguientes modalidades de prestación de servicios de salud:

a) Atención de urgencias: Es la modalidad de prestación de servicios de salud que busca preservar la vida y prevenir las consecuencias críticas, permanentes o futuras, mediante el uso de tecnologías en salud para la atención de usuarios que presenten alteración de la integridad física, funcional o mental, por cualquier causa y con cualquier grado de severidad que comprometan su vida o funcionalidad;

b) Atención inicial de urgencias: Es la modalidad de prestación de servicios de salud que implica acciones realizadas a una persona con una condición de salud que requiere atención médica en un servicio de urgencias, tomando como base el nivel de atención y el grado de complejidad de la entidad que realiza la atención, al tenor de los principios éticos y las normas que determinan las acciones y el comportamiento del personal de salud y comprende:

i) La estabilización de sus signos vitales que implica realizar las acciones tendientes a ubicarlos dentro de parámetros compatibles con el mínimo riesgo de muerte o complicación, y que no conlleva necesariamente la recuperación a estándares normales, ni la resolución definitiva del trastorno que generó el evento;

ii) La realización de un diagnóstico de impresión;

iii) La definición del destino inmediato de la persona con la patología de urgencia.

4. Registro compartido de atenciones en salud, RCA: Es el conjunto de datos mínimos y básicos, sistemáticos y continuos que deben diligenciar tanto las instituciones de salud públicas colombianas como las ecuatorianas, por las atenciones iniciales de urgencia, brindadas a extranjeros de tales nacionalidades, habitantes del cordón fronterizo binacional, para la planificación, dirección, regulación, control y soporte de los procesos asociados al reconocimiento y pago de los servicios, el cual se adoptará en el marco de la relación binacional.

(D. 1954/2015, art. 2º)

SECCIÓN 2

Atención en salud y procedimiento de registro

ART. 2.9.2.6.2.1.—Atención en salud y remisión de pacientes. Los ecuatorianos habitantes de los municipios del cordón fronterizo binacional que por cualquier circunstancia se desplacen de manera temporal a un municipio colombiano del mismo cordón fronterizo y requieran atenciones iniciales de urgencia, serán atendidos en las instituciones prestadoras de servicios de salud, IPS, públicas colombianas, en donde tendrán derecho al cubrimiento de tales servicios, incluido el transporte de remisión al prestador de servicios de salud ecuatoriano más cercano, para continuar con el tratamiento médico posterior, si a ello hubiere lugar, conforme a las normas propias de los sistemas de salud de cada país.

PAR. 1º—Bajo ninguna circunstancia se realizarán reconocimientos y pagos por servicios que no estén asociados a las atenciones iniciales de urgencia.

PAR. 2º—Los servicios de salud de que trata el presente artículo, y que son susceptibles de pago con cargo a los recursos de la subcuenta ECAT del Fosyga, son los de las atenciones iniciales de urgencia brindadas por instituciones prestadoras de servicios de salud públicas inscritas por la autoridad competente y con servicios habilitados en sedes ubicadas en los municipios colombianos que hacen parte del cordón fronterizo binacional.

(D. 1954/2015, art. 3º)

ART. 2.9.2.6.2.2.—Protocolo de atención en salud. Las IPS públicas inscritas ante la autoridad competente y con servicios habilitados en los municipios colombianos del cordón fronterizo binacional, deberán seguir el protocolo para la atención en salud de pacientes adoptado en el marco del acuerdo binacional que se suscriba para tal efecto.

(D. 1954/2015, art. 4º)

ART. 2.9.2.6.2.3.—Diligenciamiento del registro compartido de atención en salud, RCA. Las IPS públicas colombianas que presten a un beneficiario la atención inicial de urgencia, deberán diligenciar el registro compartido de atenciones en salud, RCA, que se adopte en el marco de la relación binacional. Este registro es requisito indispensable para el reconocimiento y pago de los servicios prestados.

Las IPS públicas colombianas deberán adoptar mecanismos tendientes a garantizar la adecuada recopilación y diligenciamiento de la información requerida y demás datos necesarios para el pago. La Superintendencia Nacional de Salud, de acuerdo con sus competencias, vigilará que las precitadas instituciones den cumplimiento a lo ordenado en esta disposición.

PAR.—El Ministerio de Salud y Protección Social deberá expedir una resolución incorporando el registro compartido de atenciones en salud, RCA, que se adopte en el marco de la relación binacional.

(D. 1954/2015, art. 5º)

ART. 2.9.2.6.2.4.—Tarifas. Las tarifas para el pago de servicios de salud a las IPS públicas colombianas que operen en los municipios colombianos del cordón fronterizo binacional, serán las establecidas en el anexo técnico 1 del presente decreto.

En caso de medicamentos y dispositivos médicos suministrados por las IPS públicas colombianas e incorporados por la Comisión nacional de precios de medicamentos y dispositivos médicos al régimen de control directo de precios, se pagarán conforme al precio indicado por esa comisión o quien haga sus veces.

ART. 2.9.2.6.2.5.—Cuando una IPS pública colombiana suministre una tecnología en salud que no tenga asignada una tarifa en el anexo técnico 1 del presente decreto o en la regulación que expida la Comisión nacional de precios de medicamentos y dispositivos médicos, o quien asuma sus competencias, el valor a reconocer será el de la tarifa que tenga definido la IPS pública, previa comprobación de que dicho procedimiento no se encuentra relacionado en el mencionado decreto bajo otra denominación.

(D. 1954/2015, art. 6º)

SECCIÓN 3

Financiación, reconocimiento y pago de los servicios de salud

ART. 2.9.2.6.3.1.—Financiación de los servicios de salud. Los servicios de salud brindados en las atenciones iniciales de urgencia a nacionales ecuatorianos por parte de las IPS públicas colombianas inscritas por la autoridad competente y con servicios habilitados en sedes ubicadas en los municipios colombianos que hacen parte del cordón fronterizo binacional, serán pagados con cargo a la subcuenta ECAT del Fosyga, previa reclamación radicada por dichas instituciones, de acuerdo con el procedimiento establecido en el presente capítulo.

Los servicios de salud brindados por las unidades de salud ecuatorianas a nacionales colombianos beneficiarios, serán pagados por la subcuenta ECAT del Fosyga, previo cruce de cuentas con el costo de los servicios brindados a nacionales ecuatorianos en un mismo período, de acuerdo con las reglas y procedimientos establecidos en el presente capítulo.

(D. 1954/2015, art. 7º)

ART. 2.9.2.6.3.2.—Legitimación para reclamar. Tratándose de los servicios de salud previstos en el presente capítulo, el legitimado para solicitar el reconocimiento y pago de los mismos al Ministerio de Salud y Protección Social o la entidad que este designe, es la institución prestadora de servicios de salud pública inscrita por la autoridad competente y con servicios habilitados en sedes ubicadas en los municipios colombianos que hacen parte del cordón fronterizo binacional y que haya brindado a un ciudadano ecuatoriano, habitante del mismo sector, los servicios de salud por las atenciones iniciales de urgencia.

Dichas instituciones podrán radicar ante el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la dirección de administración de fondos de la protección social, una reclamación para el pago de los servicios de salud en comento, en los periodos de radicación establecidos para el efecto.

(D. 1954/2015, art. 8º)

ART. 2.9.2.6.3.3.—Soportes de la reclamación. Para la reclamación de que trata el artículo anterior, las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas deberán presentar:

1. Formulario de reclamación que para el efecto adopte la dirección de administración de fondos de la protección social del Ministerio de Salud y de Protección Social, debidamente diligenciado.

2. Registro compartido de atención en salud, RCA, debidamente diligenciado.

3. Copia del documento de identificación del paciente ecuatoriano a quien se le haya brindado los servicios de salud reclamados.

4. Original de la factura o documento equivalente de la institución prestadora de servicio de salud pública que prestó el servicio, que debe cumplir con los requisitos establecidos en las normas legales y reglamentarias vigentes.

(D. 1954/2015, art. 9º)

ART. 2.9.2.6.3.4.—Término para presentar las reclamaciones. Las IPS públicas colombianas que hayan prestado servicios de salud por las atenciones iniciales de urgencia a nacionales ecuatorianos habitantes de las unidades territoriales pertenecientes al cordón fronterizo binacional, deberán presentar las reclamaciones por servicios de salud ante la dirección de administración de fondos de la protección social del Ministerio de Salud y Protección Social o quien este designe, dentro del término establecido en el artículo 111 del Decreto-Ley 19 de 2012 o la norma que lo modifique o sustituya.

(D. 1954/2015, art. 10)

ART. 2.9.2.6.3.5.—Término para resolver y pagar las reclamaciones. Las reclamaciones presentadas con cargo a la subcuenta ECAT del Fosyga a que refiere el presente capítulo se auditarán por parte de la dirección de administración de fondos de la protección social del Ministerio de Salud y Protección Social o la entidad que este designe y se resolverán dentro de los dos (2) meses siguientes al cierre del periodo de radicación establecido para el efecto. Se deberá verificar como mínimo la oportunidad de la presentación de la reclamación, la nacionalidad ecuatoriana del paciente atendido, si la atención correspondió a las atenciones iniciales de urgencia, la consistencia de la información contenida en los soportes de la reclamación y si la reclamación presentada ha sido o no pagada con anterioridad.

Si hubo lugar a la imposición de glosas como consecuencia de la auditoría integral a la reclamación, se le comunicará de ello al reclamante.

Con el objeto de evitar duplicidad de pagos, el Ministerio de Salud y Protección Social o la entidad que este designe deberá cruzar los datos que consten en las reclamaciones presentadas con aquellos disponibles sobre pagos ya efectuados por el mismo concepto por la subcuenta ECAT del Fosyga.

PAR.—El Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la dirección de administración de fondos de la protección social, establecerá el procedimiento detallado para el reconocimiento y pago de las reclamaciones a que hace referencia el presente capítulo. El Ministerio de Salud y Protección Social adoptará mediante resolución el mecanismo de validación de la información acordado en el marco de la relación binacional que le permita al Fosyga realizar la auditoría de que trata este artículo.

(D. 1954/2015, art. 11)

ART. 2.9.2.6.3.6.—Consolidación de la información sobre valores pagados. El Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la dirección de administración de fondos de la protección social, o la entidad que este designe, semestralmente consolidará la información relacionada con la totalidad del valor pagado, en dicho periodo, a las IPS públicas que operen en los municipios colombianos del cordón fronterizo binacional y que hayan brindado a un ciudadano ecuatoriano beneficiario los servicios de salud por las atenciones iniciales de urgencia, expresado en dólares a la tasa representativa del mercado promedio del mes en que se causaron.

(D. 1954/2015, art. 12)

ART. 2.9.2.6.3.7.—Cruce de cuentas. La mesa técnica binacional, conformada por funcionarios del Ministerio de Salud y Protección Social del Estado colombiano, a través de la dirección de administración de fondos de la protección social y funcionarios de su homólogo en el Ecuador, realizará el cruce de cuentas y deberá reunirse semestralmente para:

1. Informar sobre el valor pagado tanto por el Estado colombiano por concepto de servicios de salud correspondientes a atenciones iniciales de urgencia, brindadas en el territorio colombiano a nacionales ecuatorianos habitantes del cordón fronterizo binacional, como por el Gobierno ecuatoriano sobre el pago de los servicios de salud correspondientes a atenciones iniciales de urgencia, brindadas en territorio ecuatoriano a nacionales colombianos habitantes del cordón fronterizo binacional.

2. Cruzar la información reportada por los dos Estados.

3. Determinar el valor a pagar por cada Estado, si a ello hubiere lugar, expresado en dólares a la tasa representativa del mercado promedio del mes en que se causaron.

De la reunión adelantada, la mesa técnica binacional realizará un acta en la que debe constar la información relacionada en los numerales 1º, 2º y 3º del presente artículo, así como el número de cuenta bancaria al que se deberán realizar las consignaciones correspondientes, la cual deberá ser suscrita por los integrantes de la mesa en comento.

PAR.—En el acuerdo binacional que se suscriba para el efecto, los países podrán establecer los soportes necesarios para realizar el cruce de cuentas y la determinación de los valores a pagar por cada país. El Ministerio de Salud y Protección Social deberá adoptar mediante resolución los soportes exigibles en Colombia según el acuerdo binacional para poder realizar el cruce de cuentas.

(D. 1954/2015, art. 13)

ART. 2.9.2.6.3.8.—Saldos a pagar. Si resultaren saldos a favor del Gobierno ecuatoriano, dentro de los treinta (30) días siguientes a la finalización del cruce de cuentas, el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la dirección de administración de fondos de la protección social, procederá al pago de los mismos.

Los saldos que resulten a favor del Estado colombiano, previo el cruce de cuentas de que trata el presente capítulo, serán ingresos de la subcuenta ECAT del Fosyga.

(D. 1954/2015, art. 14)

ART. 2.9.2.6.3.9.—Alternativas al cruce de cuentas. Si producto de la evaluación del mecanismo de cruce de cuentas, la mesa técnica binacional de prestación de servicios de salud, con base en información verificable, adopta un mecanismo diferente para el pago de los servicios de salud entre Estados, el Gobierno Nacional modificará el procedimiento de cobro al mecanismo que se adopte.

(D. 1954/2015, art. 15)

ART. 2.9.2.6.3.10.—Solución de controversias. En caso de surgir controversias en torno al reconocimiento o pago por los servicios de salud de que trata el presente capítulo, las partes involucradas en cada caso, abordarán su resolución a través de los mecanismos establecidos por los dos países en el acuerdo binacional que se suscriba para tal efecto.

(D. 1954/2015, art. 16)