SECCIÓN 2

Del régimen presupuestal

SUBSECCIÓN 1

Del plan de recursos, el presupuesto bienal y la herramienta para la determinación de los flujos de recursos del sistema general de regalías

ART. 2.2.4.1.2.1.1.—(Modificado).* Plan de recursos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público - dirección general de política macroeconómica, elaborará el plan de recursos del sistema general de regalías el cual contendrá una proyección de las fuentes de financiamiento a diez años, discriminada por cada uno de los ingresos, según lo dispuesto por los artículos 360 y 361 de la Constitución Política.

Para lo anterior, el Ministerio de Minas y Energía o la entidad delegada, enviará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Nacional de Planeación, las proyecciones de ingresos del sistema general de regalías, los supuestos utilizados para su elaboración y la determinación de asignaciones directas entre los beneficiarios de estas, a más tardar el veinte (20) de julio del año en el cual se programe el presupuesto bienal del sistema.

Dentro del plazo señalado en el inciso anterior, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pondrán a disposición del Departamento Nacional de Planeación la información que este requiera para adelantar la distribución de los recursos del sistema entre fondos y beneficiarios.

En concordancia con la información comunicada según lo dispuesto por los anteriores incisos, a más tardar el veinticinco (25) de julio del año en el cual se programe el presupuesto bienal del sistema, el Departamento Nacional de Planeación calculará e informará la distribución de los recursos entre fondos y beneficiarios del sistema.

Los diferentes órganos del sistema general de regalías, deberán suministrar la información que la dirección general de política macroeconómica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público requiera para la elaboración del mencionado plan.

El plan de recursos deberá remitirse a la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías a más tardar el primero (1) de agosto del año en el cual se programe el presupuesto bienal del sistema, el cual podrá ajustarse para su presentación como anexo al proyecto de ley de presupuesto a radicarse en el Congreso de la República.

PAR.—En el evento en que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, dentro del plazo definido en el presente artículo, no disponga de la información de proyecciones de las variables solicitadas, el Departamento Nacional de Planeación, con el fin de garantizar la elaboración del plan de recursos, podrá usar proyecciones de dichas variables que él elabore, las cuales serán utilizadas exclusivamente para garantizar la distribución de los recursos del sistema general de regalías.

(D. 1949/2012, art. 26)

(Nota: Modificado por el Decreto 1515 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.4.1.2.1.2.—Variables para la distribución y ejecución entre fondos y beneficiarios. Las variables utilizadas para la distribución del plan de recursos entre fondos y beneficiarios, se mantendrán durante la ejecución del respectivo presupuesto bienal del sistema general de regalías.

(D. 1949/2012, art. 27)

ART. 2.2.4.1.2.1.3.—Elaboración del proyecto de presupuesto del sistema general de regalías. En concordancia con el plan de recursos y la priorización de proyectos para la programación del presupuesto del sistema general de regalías adelantada por los órganos colegiados de administración y decisión regionales y del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - dirección general del presupuesto público nacional, elaborará el proyecto de presupuesto del sistema general de regalías.

El proyecto a que hace referencia el inciso anterior será presentado a la comisión rectora a más tardar el veinticinco (25) de septiembre del año en que se esté programando el presupuesto bienal del sistema, quien emitirá concepto del mismo, antes de la presentación al Congreso de la República. Con posterioridad a la emisión de concepto por parte de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - dirección general del presupuesto público nacional, adelantará los ajustes pertinentes en los términos de las normas que regulan la elaboración del presupuesto del sistema.

(D. 1949/2012, art. 28)

ART. 2.2.4.1.2.1.4.—Ajustes al anexo de proyectos del proyecto de presupuesto del sistema general de regalías. De conformidad con lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 88 de la Ley 1530 de 2012, el otorgamiento de aval por el Ministro de Hacienda y Crédito Público para ajustar el anexo en el cual se detallan los proyectos de inversión para las asignaciones a los fondos y beneficiarios del proyecto de ley de presupuesto del sistema general de regalías, durante el trámite del mismo en el Congreso de la República, se adelantará adicionando los proyectos contenidos en este.

El otorgamiento de dicho aval, no podrá modificar los proyectos priorizados por los órganos colegiados de administración y decisión, y deberá corresponder a proyectos de inversión previamente viabilizados y registrados en el banco de programas y proyectos de inversión del sistema general de regalías.

(D. 1949/2012, art. 29)

ART. 2.2.4.1.2.1.5.—Elaboración de los anexos para la ley de presupuesto bienal del sistema general de regalías. Previo a la sanción de la ley de presupuesto del sistema general de regalías, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - dirección general del presupuesto público nacional, elaborará los anexos definitivos que contendrán el detalle señalado en la Ley 1530 de 2012 para cada uno de los capítulos del presupuesto del sistema. Para tal efecto, tomará como base los anexos presentados con el proyecto de ley de presupuesto e incorporará las modificaciones que se hayan aprobado por el Congreso de la República durante su trámite.

(D. 1949/2012, art. 30)

ART. 2.2.4.1.2.1.6.—Cierre del presupuesto bienal del sistema general de regalías. A la terminación de cada presupuesto bienal, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público adelantará el cierre del presupuesto que termina, que consistirá en la determinación de los montos finales de los recursos recaudados por el sistema y los pagos efectivos realizados, de conformidad con la distribución que la ley determina.

En dicho cierre se determinarán los saldos de recursos apropiados y no comprometidos, de recursos comprometidos y no pagados, y de recursos obligados y no pagados con cargo a la cuenta única del sistema general de regalías o a las asignaciones previamente adelantadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

De conformidad con el cierre adelantado, el Gobierno Nacional, mediante decreto, adelantará los ajustes al presupuesto del sistema general de regalías para el siguiente bienio, definiendo un ajuste en los ingresos y gastos del mismo, e identificando las apropiaciones con las que se atenderán giros pendientes de realización.

Las secretarías técnicas de los órganos colegiados de administración y decisión definirán los giros pendientes de realizarse a los ejecutores de los proyectos y lo informará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que de conformidad con el plan bienal de caja autorizado, dicho ministerio efectúe el cierre del presupuesto de que trata el presente artículo.

(D. 1949/2012, art. 31)

ART. 2.2.4.1.2.1.7.—Rendimientos financieros de la cuenta única del sistema general de regalías. Los rendimientos financieros que generen los recursos del sistema general de regalías en la cuenta única, son propiedad del sistema y serán incorporados al presupuesto del sistema en la vigencia siguiente a aquella que les dio origen, conforme a la distribución establecida para los recursos del sistema general de regalías.

(D. 1949/2012, art. 32)

ART. 2.2.4.1.2.1.8.—Plan bienal de caja del presupuesto del sistema general de regalías. El plan bienal de caja constituye la herramienta a través de la cual se determinan los flujos de recursos del presupuesto del sistema general de regalías.

El plan bienal de caja será informado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - dirección general de crédito público y tesoro nacional, a los órganos que conforman el sistema y a los órganos colegiados de administración y decisión dentro de los veinte (20) primeros días hábiles de cada bienio y cada vez que este sea ajustado.

Para tal efecto, el Ministerio de Minas y Energía o la entidad delegada realizará e informará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público - dirección general de crédito público y tesoro nacional, y al Departamento Nacional de Planeación, en los diez (10) primeros días hábiles del último mes del año en aquel que se programe el presupuesto del sistema y de conformidad con las apropiaciones definidas para el mismo, la estimación mensual del recaudo de la bienalidad siguiente y el cálculo de la determinación mensual de asignaciones directas entre los beneficiarios de estas.

De conformidad con lo informado por el Ministerio de Minas y Energía o la entidad delegada, el Departamento Nacional de Planeación comunicará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público - dirección general de crédito público y tesoro nacional, las asignaciones mensuales por fondos y beneficiarios, en los quince (15) primeros días hábiles del último mes del año en que se programe presupuesto del sistema. La estimación mensual del recaudo y las asignaciones mensuales integrarán el plan bienal de caja.

Para efectos de que el plan bienal de caja contenga los insumos necesarios y se constituya en una herramienta de apoyo para los órganos del sistema y los órganos colegiados de administración y decisión, la dirección general de crédito público y tesoro nacional podrá solicitar información adicional al Ministerio de Minas y Energía o la entidad delegada y al Departamento Nacional de Planeación en el ámbito de sus competencias.

(D. 1949/2012, art. 33)

ART. 2.2.4.1.2.1.9.—Cronograma de flujos. En concordancia con el plan bienal de caja comunicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cada órgano colegiado de administración y decisión deberá manejar su cronograma de flujos, con base en el cual establecerá los giros para cada uno de los proyectos que aprueba.

La priorización de giros entre los proyectos de inversión será definida por el órgano colegiado de administración y decisión, previa propuesta de la secretaría técnica respectiva.

(D. 1949/2012, art. 34)

ART. 2.2.4.1.2.1.10.— (Nota: Adicionado por el Decreto 1515 de 2016 artículo 2° del Departamento Nacional de Planeación)

SUBSECCIÓN 2

Del presupuesto del sistema general de regalías

ART. 2.2.4.1.2.2.1.—Información del recaudo y transferencia. La Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería, según el recurso natural de que se trate, comunicarán, dentro de los dos (2) primeros días hábiles de cada mes, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Nacional de Planeación, el recaudo efectivo de regalías adelantado en el mes inmediatamente anterior, y el valor transferido por este concepto a la cuenta única del sistema general de regalías.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público verificará e informará al Departamento Nacional de Planeación, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y a la Agencia Nacional de Minería, el valor efectivamente transferido a la cuenta única del sistema general de regalías a más tardar un día hábil después del plazo señalado en el inciso anterior.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería informarán al Departamento Nacional de Planeación la determinación de las asignaciones directas entre los beneficiarios de estas, una vez recibida la comunicación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a efectos de proceder con la distribución de los recursos entre los diferentes fondos y beneficiarios.

(D. 1949/2012, art. 35; D. 817/2014, art. 3º)

ART. 2.2.4.1.2.2.2.—Instrucción de abono a cuenta. Con fundamento en la información comunicada por el Ministerio de Minas y Energía o la entidad delegada a que hace referencia el artículo anterior, y según lo dispuesto por el artículo 2.2.4.1.2.1.8 del presente decreto, el Departamento Nacional de Planeación adelantará la instrucción de abono a cuenta de los recursos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los términos definidos por la Constitución y la ley.

(D. 1949/2012, art. 36)

ART. 2.2.4.1.2.2.3.—Asignaciones y giro primer nivel. Dentro de los primeros diez (10) días del mes siguiente a su recaudo, previa Instrucción de abono a cuenta adelantada por el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - dirección general de crédito público y tesoro nacional, adelantará la asignación para los fondos de Desarrollo Regional, de Compensación Regional y de Ciencia Tecnología e Innovación, entendida como el registro contable por entidad beneficiaria.

Dentro del mismo plazo, y hasta por el monto de las apropiaciones incorporadas en el presupuesto del sistema general de regalías, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público adelantará el giro de los recursos a los órganos del sistema general de regalías, a los beneficiarios de asignaciones directas, a los municipios beneficiarios del 40% del Fondo de Compensación Regional - Específicas, al Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), y al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet).

Los giros a los ejecutores de proyectos con cargo a los recursos de los fondos de Ciencia Tecnología e Innovación, del 60% de Compensación Regional y de Desarrollo Regional, se adelantarán hasta por el monto de las apropiaciones incorporadas en el presupuesto del sistema general de regalías, conforme con el plan bienal de caja del sistema general de regalías, con base en la disponibilidad de los recursos recaudados y de acuerdo con el cronograma de flujos de que trata el artículo 2.2.4.1.2.1.9 del presente decreto.

Lo anterior siempre y cuando la dirección general de crédito público y tesoro nacional cuente con la información suficiente y se disponga de los medios electrónicos necesarios para tal fin.

Los órganos del sistema, las entidades a las que se transfieran recursos de funcionamiento del sistema, las entidades beneficiarias de asignaciones directas, los municipios beneficiarios del 40% del Fondo de Compensación Regional - Específicas, y las entidades públicas designadas como ejecutoras de proyectos, deberán registrar las cuentas únicas del sistema general de regalías como cuentas maestras para el manejo de los giros que a estas se adelanten.

Los recursos del 40% del Fondo de Compensación Regional - Específicas, se girarán a una cuenta maestra registrada por el sistema de monitoreo, seguimiento control y evaluación del sistema general de regalías.

PAR.—El Ministerio de Hacienda y Crédito Público – dirección general de crédito público y tesoro nacional girará los recursos a la instancia de naturaleza pública designada para adelantar la contratación de la interventoría, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 28 de la Ley 1530 de 2012, siempre que en el respectivo acuerdo se especifique dicha instancia y el valor correspondiente de la interventoría.

El giro se realizará en las mismas condiciones, regulaciones y con el cumplimiento de los requisitos establecidos para las entidades de naturaleza pública que han sido designadas como ejecutoras por el órgano colegiado de administración y decisión correspondiente.

La entidad designada para realizar la contratación de la interventoría deberá cumplir con la normatividad que rige al sistema general de regalías, en especial la del sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación.

(D. 1949/2012, art. 35(sic); D. 817/2014, art. 4º)

ART. 2.2.4.1.2.2.4.—Cumplimiento del giro. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público - dirección general de crédito público y tesoro nacional, dará cumplimiento a la instrucción de abono a cuenta comunicada por el Departamento Nacional de Planeación y adelantará las asignaciones y giros en los términos dispuestos por el artículo anterior, siempre y cuando exista la disponibilidad de recursos recaudados para tal fin, y no medien medidas de suspensión de giro impuestas por el Departamento Nacional de Planeación.

Los giros con cargo a los recursos de los fondos de Ciencia Tecnología e Innovación, de Compensación Regional y de Desarrollo Regional se adelantarán siempre y cuando el proyecto a ser financiado con estos cumpla con la totalidad de requisitos que permitan su ejecución.

(D. 1949/2012, art. 38)

ART. 2.2.4.1.2.2.5.—Sistema de presupuesto y giro de regalías. En desarrollo de lo establecido en el artículo 92 de la Ley 1530 de 2012, el sistema de presupuesto y giro de regalías (SPGR) es la herramienta de información a través de la cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público adelantará la gestión que le compete en el sistema general de regalías, de acuerdo con los criterios que para su implementación, administración, operatividad, uso y aplicabilidad defina el reglamento que se expida para tales efectos.

PAR.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1297 de 2016 artículo 2° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

(D. 817/2014, art. 7º)

ART. 2.2.4.1.2.2.6.—Giro de segundo nivel y reintegro de rendimientos financieros. De conformidad con el artículo 28 de la Ley 1530 de 2012, las entidades beneficiarias de asignaciones directas o del 40% del Fondo de Compensación Regional - Específicas podrán girar los recursos aprobados por el órgano colegiado de administración y decisión para financiar determinado proyecto de inversión a la entidad de naturaleza pública designada como ejecutora, en aquellos casos en que la entidad beneficiaria no sea quien ejecuta directamente dichos recursos, o a la instancia de naturaleza pública designada para adelantar la contratación de la interventoría, según lo decidido por el órgano colegiado de administración y decisión. Los rendimientos financieros que se generen, una vez la entidad beneficiaria de asignaciones directas realice el giro de los recursos aprobados por el órgano colegiado de administración y decisión al ejecutor del proyecto de inversión, son de la entidad beneficiaria y deben ser reintegrados de conformidad con la normatividad vigente en la materia.

La entidad ejecutora y la designada para realizar la contratación de la interventoría deberán cumplir con la normatividad que rige al sistema general de regalías, en especial la del sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación.

(D. 817/2014, art. 8º)

ART. 2.2.4.1.2.2.7.—Responsabilidades. Los órganos del sistema, las entidades a las que se transfieran recursos de funcionamiento del sistema y las designadas como ejecutoras de proyectos, serán responsables por la incorporación en un capítulo independiente de los recursos del sistema general de regalías en sus presupuestos y la ejecución de los mismos en los términos del artículo 93 de la Ley 1530 de 2012, y serán responsables por los mismos frente al contratista y a terceros, con las asignaciones a su cargo.

(D. 1949/2012, art. 39)

ART. 2.2.4.1.2.2.8.—Procedimiento. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público - dirección general de crédito público y tesoro nacional, fijará los procedimientos y requisitos generales para la transferencia de los recursos recaudados por concepto de regalías a la cuenta única del sistema general de regalías y el giro de estos a los órganos del sistema, a los beneficiarios de asignaciones directas y a los ejecutores de proyectos designados.

En todo caso, los órganos colegiados de administración y decisión para los fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación, de Desarrollo Regional y de Compensación Regional, a través de la secretaria técnica respectiva, deberán enviar un listado con los ejecutores designados, indicando la priorización de giros de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.4.1.2.1.8 y 2.2.4.1.2.1.9 del presente decreto.

PAR.—Corresponde a la secretaria técnica del respectivo órgano colegiado de administración y decisión certificar a la dirección de crédito público y del tesoro nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que los proyectos de inversión aprobados cumplen con los requisitos de ejecución definidos por la comisión rectora, con el objeto de proceder al giro de los recursos.

(D. 1949/2012, art. 40)

ART. 2.2.4.1.2.2.9.—De la ejecución del presupuesto de gastos. Las apropiaciones incorporadas en el presupuesto de gastos del sistema general de regalías se ejecutarán mediante el giro de recursos a los órganos del sistema, a las entidades beneficiarias de asignaciones directas y a las entidades públicas designadas como ejecutoras por los órganos colegiados de administración y decisión.

Las apropiaciones que en sus presupuestos incorporen, según lo dispuesto por el presente capítulo, los órganos del sistema, las entidades beneficiarias de asignaciones directas y las entidades públicas designadas como ejecutoras por los órganos colegiados de administración y decisión, se entenderán ejecutadas con la recepción de los bienes y servicios, y en los demás eventos, con el cumplimiento de los requisitos que hagan exigible su pago.

Los órganos del sistema general de regalías, las entidades territoriales beneficiarias de asignaciones directas y las entidades públicas designadas como ejecutoras por los órganos colegiados de administración y decisión, dispondrán de un sistema de registro y contabilización independiente para estos recursos, según su destinación y por cada proyecto aprobado, y su manejo se regirá por los principios presupuestales del sistema general de regalías.

(D. 1949/2012, art. 41)

ART. 2.2.4.1.2.2.10.—Estados financieros del sistema general de regalías. Los estados financieros del sistema general de regalías registrarán y revelarán la información relativa a los derechos e ingresos por regalías, así como los gastos y obligaciones por las asignaciones a las entidades beneficiarias y por los gastos del sistema establecidos legalmente.

Las entidades beneficiarias de las asignaciones serán responsables de la ejecución de los recursos girados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así como de los registros contables a los que haya lugar.

(D. 1949/2012, art. 42)

ART. 2.2.4.1.2.2.11.—Autorizaciones de vigencias futuras para órganos, fondos y beneficiarios del sistema general de regalías. En concordancia con lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012, la asunción de compromisos con afectación de posteriores presupuestos bienales del sistema general de regalías, requerirá de la autorización proferida por la dirección general del presupuesto público nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Cuando además de requerirse la afectación de presupuestos de posteriores bienalidades del sistema general de regalías, conforme a lo dispuesto en el inciso anterior, se requiera la afectación de presupuestos de posteriores bienalidades de las entidades designadas como ejecutoras para la recepción de bienes y servicios por fuera de la bienalidad respectiva, dichas entidades deberán contar también, con la autorización del órgano colegiado de administración y decisión que aprobará el proyecto.

Las autorizaciones de vigencias futuras para la asunción de compromisos en los que se prevea la provisión de bienes y servicios en diversos periodos bienales por parte de las entidades ejecutoras, y estas dispongan de apropiación suficiente con cargo al presupuesto del respectivo bienio del sistema general de regalías, serán proferidas por el órgano colegiado de administración y decisión a quien corresponda aprobar el respectivo proyecto.

(D. 1949/2012, art. 43)

ART. 2.2.4.1.2.2.12.—Autorización de vigencias futuras para proyectos financiados con cargo al 40% del Fondo de Compensación Regional de que trata el numeral 2º del artículo 34 de la Ley 1530 de 2012. Para la autorización de vigencias futuras para proyectos de inversión que se financiarán con cargo al 40% del Fondo de Compensación Regional de que trata el numeral 2º del artículo 34 de la Ley 1530 de 2012, se requerirá únicamente la autorización del órgano colegiado de administración y decisión del respectivo municipio que apruebe el proyecto de inversión que se financiará con cargo al 40% a que se refiere este inciso, observando los requisitos que se encuentran en el artículo 97 de la Ley 1530 de 2012, y los demás requisitos del artículo 12 de la Ley 819 de 2003 que le sean aplicables y que no le sean contrarios a las normas que regulan el sistema general de regalías, y las demás normas sobre vigencias futuras.

(D. 905/2013, art. 4º)

ART. 2.2.4.1.2.2.13.—Incorporación en los presupuestos de las entidades públicas. Mediante acto administrativo del jefe del órgano del sistema o entidad pública designada como ejecutora de proyecto por los órganos colegiados de administración y decisión, y mediante decreto del gobernador o alcalde para las entidades territoriales que reciban recursos de funcionamiento del sistema y designadas como ejecutoras de proyectos por los órganos colegiados de administración y decisión, se incorporará el respectivo presupuesto con cargo a los recursos del sistema general de regalías.

Dicha incorporación se adelantará en un capítulo independiente del presupuesto del respectivo órgano o entidad, una vez se asignen los recursos con cargo al porcentaje destinado para el funcionamiento del sistema y cuando se acepte la designación como ejecutor de proyecto, designación que será adelantada por el órgano colegiado de administración y decisión.

Los ingresos y gastos incorporados en el capítulo independiente del presupuesto de cada órgano o entidad tendrán para todos los efectos fiscales, una vigencia igual a la del presupuesto bienal del sistema general de regalías.

El proceso de afectación de las apropiaciones incorporadas en los presupuestos de las entidades con base en el inciso anterior, será el que corresponda al régimen presupuestal de la respectiva entidad, salvo en lo relacionado con la vigencia de las apropiaciones que será igual a la del Presupuesto Bienal del sistema general de regalías.

(D. 1949/2012, art. 44)

ART. 2.2.4.1.2.2.14.—Ordenación de gasto de las apropiaciones. Corresponde al jefe del órgano respectivo o a su delegado del nivel directivo de la entidad ejecutora designada por el órgano colegiado de administración y decisión, ordenar el gasto sobre las apropiaciones que se incorporan al presupuesto de la entidad en desarrollo de los artículos anteriores, en consecuencia, serán responsables fiscal, penal y disciplinariamente por el manejo de tales apropiaciones, en los términos de las normas que regulan la materia.

(D. 1949/2012, art. 45)

ART. 2.2.4.1.2.2.15.—Del respaldo de los recursos del sistema general de regalías. Con cargo a los recursos previamente aprobados por los órganos colegiados de administración y decisión a un proyecto de inversión, las entidades territoriales beneficiarias de regalías directas y aquellas designadas ejecutoras de proyectos con cargo a los recursos del Fondo de Compensación Regional, del Fondo de Desarrollo Regional y del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, podrán celebrar operaciones de crédito público en los términos de la regulación que les sea aplicable, en especial lo dispuesto en el Decreto 2681 de 1993, Ley 533 de 1999, Ley 781 de 2002 y las demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, con el fin de disponer de los recursos para la realización del respectivo proyecto.

Las operaciones de crédito público que se adelanten en los términos descritos en el inciso anterior, podrán respaldarse con los recursos aprobados por el órgano colegiado de administración y decisión para el respectivo proyecto, de acuerdo con la participación de cada entidad frente al proyecto, siendo responsable en la gestión y celebración de las operaciones de crédito público las entidades designadas como ejecutoras de los proyectos financiados con recursos del Fondo de Compensación Regional, del Fondo de Desarrollo Regional y del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación.

(D. 1949/2012, art. 46)

ART. 2.2.4.1.2.2.16.—Saldos negativos. Si con posterioridad al giro de los recursos el recaudo de la entidad beneficiaria disminuye y, por lo tanto, la distribución mensual siguiente presenta saldos negativos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos o la Agencia Nacional Minera deberán hacer los ajustes correspondientes, deduciendo el excedente de la distribución que por concepto de asignaciones directas y compensaciones, comunica al Departamento Nacional de Planeación. Las respectivas agencias llevarán el control y comunicarán las cuentas a las entidades beneficiarias y al Departamento Nacional de Planeación.

(D. 1399/2013, art. 13)

ART. 2.2.4.1.2.2.17.—Giros mayores a los valores liquidados según recaudo o presupuestados. En los casos en que el giro efectivamente realizado haya sido mayor al valor liquidado según recaudo o presupuestado de la vigencia 2012, la diferencia se descontará de los recursos presupuestados del respectivo fondo o asignación directa del bienio 2013- 2014, según el caso.

En el evento en que los descuentos realizados no sean suficientes para cubrir la diferencia, la entidad territorial deberá reintegrar los recursos a la cuenta única del sistema general de regalías.

(D. 1399/2013, art. 14)

ART. 2.2.4.1.2.2.18.—Compromisos y obligaciones pendientes de pago de la vigencia 2012. Los órganos, entidades y beneficiarios del sistema general de regalías, atenderán los compromisos no pagados de la vigencia fiscal 2012, con cargo al presupuesto ajustado del bienio 2013-2014.

En concordancia con el artículo 2.2.4.1.2.4.2 del presente decreto, los órganos colegiados de administración y decisión podrán aprobar proyectos hasta por el 80% del monto de las apropiaciones por entidad beneficiaria de regalías directas y por fondos. El 20% restante podrá ser utilizado una vez la comisión rectora determine que la proyección de recursos contenida en el presupuesto será compatible con el comportamiento de los recaudos, en el tercer semestre de la bienalidad, o cuando la secretaría técnica del órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) verifique que existe la disponibilidad de los recursos en caja, evento en el cual el OCAD podrá realizar la viabilización, priorización, y aprobación de los proyectos de inversión, de conformidad con dicha disponibilidad siempre y cuando no supere el monto total de la apropiación presupuestada.

(D. 1399/2013, art. 16)

ART. 2.2.4.1.2.2.19.—Compromisos y obligaciones pendientes de pago del bienio 2013-2014. Los órganos, entidades y beneficiarios del sistema general de regalías, atenderán los compromisos no pagados del bienio 2013-2014, con cargo al presupuesto ajustado del bienio 2015-2016.

(D. 722/2015, art. 15)

ART. 2.2.4.1.2.2.20.—Diferencias por ajustes a liquidaciones definitivas. En los casos en que respecto de liquidaciones definitivas de regalías de vigencias anteriores o la vigencia en curso, se encuentre que se requiere efectuar ajustes a las liquidaciones de distribución realizadas a los beneficiarios de asignaciones directas del sistema general de regalías, la Agencia Nacional de Hidrocarburos o la Agencia Nacional Minera, según corresponda, efectuarán los ajustes a que haya lugar en las liquidaciones de distribución siguientes que comuniquen al Departamento Nacional de Planeación, hasta ajustar la diferencia.

Las respectivas agencias llevarán el control y comunicarán los ajustes a las entidades beneficiarias de asignaciones directas y al Departamento Nacional de Planeación y en ningún caso, la distribución que las agencias informen al Departamento Nacional de Planeación, para efectos de las instrucciones de abono en a cuenta, podrán incluir valores negativos.

El Departamento Nacional de Planeación, por fuera de las instrucciones de abono en a cuenta y a solicitud de las agencias, podrá solicitar ajustes al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la distribución entre los beneficiarios de asignaciones directas del sistema general de regalías, siempre y cuando la suma de los ajustes negativos y positivos solicitados sea cero y los recursos asignados objeto del ajuste se encuentren disponibles en caja.

En el evento en que las agencias evidencien que los ajustes efectuados en virtud del primer inciso del presente artículo, no fueron suficientes para cubrir las diferencias negativas resultantes de los ajustes de liquidaciones definitivas de vigencias anteriores, podrán adelantar las acciones a que haya lugar en orden a obtener el reintegro de los recursos a la cuenta única del sistema general de regalías por parte de los beneficiarios de asignaciones directas a quienes se les haya girado de más.

(D. 722/2015, art. 13)

ART. 2.2.4.1.2.2.21.—Ajustes al cierre presupuestal del capítulo de regalías dentro del presupuesto de los beneficiarios y ejecutores. Con ocasión al cierre de que tratan los artículos 1º a 12 y 18 del Decreto 722 de 2015, en caso de existir diferencias que afecten las decisiones de los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD) sobre la viabilización, priorización o aprobación de proyectos o la financiación de inflexibilidades de que trata el artículo 144 de la Ley 1530 de 2012, la secretaría técnica respectiva debe informar a las entidades beneficiarias o ejecutoras para que se tramiten los ajustes pertinentes ante el OCAD.

Una vez aprobados los ajustes por el órgano colegiado, los beneficiarios y ejecutores del presupuesto del bienio 2013-2014 modificarán su capítulo presupuestal independiente para el bienio 2015-2016.

(D. 722/2015, art. 14)

ART. 2.2.4.1.2.2.22.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1297 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.2.4.1.2.2.23.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1297 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.2.4.1.2.2.24.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1297 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.2.4.1.2.2.25.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1297 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.2.4.1.2.2.26.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1297 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

SUBSECCIÓN 3

Ejecución del presupuesto de gastos de los órganos del sistema general de regalías

ART. 2.2.4.1.2.3.1.—Manejo presupuestal. Los órganos del sistema general de regalías dispondrán de los recursos en los porcentajes definidos por la Constitución y la ley para el ejercicio de las funciones a ellos asignadas en el marco del sistema general de regalías.

Las apropiaciones incluidas en el presupuesto del sistema general de regalías para cada uno de ellos le serán giradas según la instrucción de abono a cuenta que se adelante en los términos del presente capítulo. Los ordenadores de gasto de las apropiaciones contenidas en el capítulo del presupuesto de gastos de los órganos del sistema general de regalías, atenderán la asunción de compromisos con cargo a los mismos, de acuerdo con los flujos establecidos en el plan bienal de caja.

El Departamento Nacional de Planeación será el encargado de ordenar la transferencia de los recursos que sean destinados al fortalecimiento de las oficinas de planeación y las secretarías técnicas de los órganos colegiados de administración y decisión. Una vez ordenadas las transferencias a que hace mención el presente inciso, la dirección general de crédito público y tesoro nacional girará directamente dichos recursos a las entidades beneficiarias de las mismas, en los términos del presente capítulo.

(D. 1949/2012, art. 47)

ART. 2.2.4.1.2.3.2.—Plantas de personal de carácter temporal para los órganos del sistema general de regalías. El Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e Innovación (Colciencias), los ministerios de Hacienda y Crédito Público, y de Minas y Energía, así como sus entidades adscritas y vinculadas que cumplan funciones en el marco del sistema general de regalías, podrán disponer de plantas de personal de carácter temporal para el ejercicio de dichas funciones. La creación de las plantas de personal se sujetará a lo dispuesto por las normas que le sean aplicables.

(D. 1949/2012, art. 48)

SUBSECCIÓN 4

Ejecución del presupuesto de gastos de fondos y beneficiarios

ART. 2.2.4.1.2.4.1.—Aprobación de proyectos y designación de ejecutor. La aprobación de proyectos y designación de ejecutor se adelantará en los términos establecidos en el artículo 2.2.4.1.1.5.3 del presente decreto.

Aprobado un proyecto de inversión por parte del órgano colegiado de administración y decisión y designado el ejecutor del mismo, corresponderá al designado aceptar la ejecución de la respectiva iniciativa en los términos del proyecto de inversión registrado en el banco de programas y proyectos del sistema general de regalías.

(D. 1949/2012, art. 49)

ART. 2.2.4.1.2.4.2.—Límites para la aprobación de proyectos. Expedido el presupuesto del sistema general de regalías, los órganos colegiados de administración y decisión podrán aprobar proyectos hasta por el 80% del monto de las apropiaciones por entidad territorial beneficiaria de regalías directas y por fondos. El 20% restante podrá ser utilizado una vez la comisión rectora determine que la proyección de recursos contenida en el presupuesto será compatible con el comportamiento de los recaudos, en el tercer semestre de la bienalidad.

(D. 1949/2012, art. 50)

ART. 2.2.4.1.2.4.3.—Rendimientos financieros diferentes de los de las asignaciones directas y compensaciones. En desarrollo de lo previsto en el artículo 16 de la Ley 1744 de 2014 y el artículo 2.2.4.1.2.4.4 del presente decreto, los rendimientos financieros generados por los recursos destinados al funcionamiento del sistema general de regalías, del sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación, fiscalización y de los recursos provenientes de los fondos de Ciencia Tecnología e Innovación, de Desarrollo Regional y de Compensación Regional y los girados a los municipios del Río Grande de la Magdalena y Canal del Dique, deberán reintegrarse a la cuenta única del sistema.

Para tal fin, la entidad beneficiaria o ejecutora impartirá autorización a la entidad bancaria, en el marco del convenio de cuenta maestra suscrito para el manejo de los recursos del sistema general de regalías, para que trimestralmente realice el débito y giro automático de dichos rendimientos conforme a las instrucciones que para tal efecto imparta el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

(D. 722/2015, art. 17)

ART. 2.2.4.1.2.4.4.—Recursos de los municipios ribereños del Río Grande de la Magdalena y Canal del Dique. Los recursos del sistema general de regalías de que trata el artículo 154 de la Ley 1530 de 2012, se rigen por las normas de los fondos de Desarrollo Regional y del 60% del Fondo de Compensación Regional en lo relacionado con los temas presupuestales, de giro y de rendimientos financieros.

(D. 817/2014, art. 11)

SUBSECCIÓN 5

Ejecución del presupuesto de gastos de las entidades receptoras de asignaciones directas

ART. 2.2.4.1.2.5.1.—Ajustes al anexo de regalías directas y compensaciones. Para garantizar el cumplimiento de los giros a las entidades receptoras de asignaciones directas, el Gobierno Nacional podrá mediante decreto, adelantar ajustes al anexo de regalías directas y compensaciones del presupuesto del sistema, cuando el Ministerio de Minas y Energía o la entidad delegada evidencie cambios en la proyección de asignaciones, entendidas como la proyección de recursos por entidad beneficiaria.

Dicho ajuste procederá, siempre y cuando, no se modifique el monto de ingresos del sistema presupuestado, en caso contrario se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 1530 de 2012.

(D. 1949/2012, art. 51)

ART. 2.2.4.1.2.5.2.—Límite de giro. Los giros a las entidades beneficiarias de asignaciones directas y a los municipios de que trata el numeral 2º del artículo 34 de la Ley 1530 de 2012, se efectuarán hasta por el monto total de las apropiaciones de cada una de las entidades y beneficiarios definido en el presupuesto bienal del sistema general de regalías, y conforme con la disponibilidad de recursos en la cuenta única del sistema.

(D. 1949/2012, art. 52; D. 905/2013, art. 3º)

SUBSECCIÓN 6

Manejo presupuestal de las regalías en los órganos del sistema, y las entidades ejecutoras de proyectos

ART. 2.2.4.1.2.6.1.—Capítulo presupuestal independiente del sistema general de regalías. Los órganos del sistema general de regalías, aquellas entidades diferentes a las territoriales que reciban recursos de funcionamiento del sistema y las entidades públicas designadas como ejecutoras de proyectos por los órganos colegiados de administración y decisión, con cargo a recursos de asignaciones directas o provenientes de los fondos de Compensación Regional, de Desarrollo Regional, y de Ciencia, Tecnología e Innovación, dispondrán en sus presupuestos de un capítulo independiente para el manejo de los recursos del sistema general de regalías de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2.2.4.1.2.2.13 del presente decreto.

El capítulo independiente de presupuesto del sistema general de regalías contendrá los ingresos correspondientes a los recursos de funcionamiento del sistema que se asignen a cada entidad u órgano, y aquellos aprobados por los órganos colegiados de administración y decisión con la designación de la respectiva entidad como ejecutora.

De igual forma, dicho capítulo contendrá las apropiaciones para adelantar la asunción de compromisos para el ejercicio de sus funciones y la ejecución de proyectos.

El manejo presupuestal de estos recursos estará sujeto a las reglas presupuestales del sistema contenidas en la Ley 1530 de 2012, en la ley bienal del presupuesto, en los decretos reglamentarios que para el efecto se expidan y en las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

(D. 1949/2012, art. 53)

ART. 2.2.4.1.2.6.2.—Vigencia del capítulo de presupuesto independiente del sistema general de regalías. Tanto los ingresos como las apropiaciones incorporadas en el capítulo independiente del sistema general de regalías dispondrán de la misma vigencia que los contenidos en el presupuesto del sistema general de regalías aprobado por el Congreso de la República.

Los órganos del sistema general de regalías y las entidades que reciban recursos de funcionamiento del sistema o sean designadas como ejecutoras de proyectos, podrán adquirir compromisos contra la totalidad de recursos aprobados por el órgano colegiado de administración y decisión para los proyectos de inversión, para lo cual se expedirá certificado de disponibilidad presupuestal por el órgano o la entidad correspondiente, que garantiza la existencia de la apropiación en el presupuesto para atender el compromiso que se pretende adquirir.

(D. 1949/2012, art. 54)

ART. 2.2.4.1.2.6.3.—Cierre presupuestal. Al cierre de cada presupuesto bienal, cada órgano o entidad ejecutora diferente a las entidades territoriales adelantará el cierre de su capítulo presupuestal del sistema general de regalías y mediante acto administrativo del jefe de la entidad, incorporará, dentro de los diez (10) primeros días de la vigencia inmediatamente siguiente, los saldos no ejecutados que corresponderán a la disponibilidad inicial de dicho presupuesto, así como los compromisos pendientes de pago.

(D. 1949/2012, art. 55)

SUBSECCIÓN 7

Manejo presupuestal de las regalías en las entidades territoriales

ART. 2.2.4.1.2.7.1.—Ámbito de aplicación. Las normas contenidas la presente subsección aplican para las entidades territoriales que sean receptoras de asignaciones directas de regalías, ejecutoras de proyectos aprobados por los órganos colegiados de administración y decisión, o que perciban recursos para el fortalecimiento de las oficinas de planeación y las secretarías técnicas de los órganos colegiados de administración y decisión.

(D. 1949/2012, art. 56)

ART. 2.2.4.1.2.7.2.—Capítulo de regalías dentro del presupuesto de las entidades territoriales. Dentro del presupuesto de las entidades territoriales, se creará un capítulo independiente, en el que se incorporarán los recursos provenientes del sistema general de regalías. El manejo presupuestal de estos recursos estará sujeto a las reglas presupuestales del sistema contenidas en la Ley 1530 de 2012, en la ley bienal del presupuesto, en los decretos reglamentarios que para el efecto se expidan y en las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. La vigencia de los ingresos y gastos incorporados en dicho capítulo será bienal, concordante con la vigencia del presupuesto del sistema general de regalías.

(D. 1949/2012, art. 57)

ART. 2.2.4.1.2.7.3.—Capítulo presupuestal independiente del sistema general de regalías para entidades territoriales. El presupuesto de las entidades territoriales a las cuales les aplica este capítulo, contendrá un capítulo independiente de regalías compuesto por un presupuesto de ingresos y un presupuesto de gastos.

El presupuesto de ingresos estará clasificado en:

1. Asignaciones directas;

2. Recursos provenientes de fondos de Compensación Regional, de Desarrollo Regional, y de Ciencia, Tecnología e Innovación;

3. Recursos para el funcionamiento del sistema, discriminados entre recursos asignados para el fortalecimiento de las oficinas de planeación y las secretarías técnicas de los órganos colegiados de administración y decisión;

4. Recursos de capital, dentro de los recursos de capital se encuentran los recursos del crédito adquiridos con fuente de pago en regalías, los rendimientos financieros y los recursos del balance si se llegaren a presentar;

5. Recursos de regalías transferidos por otras entidades para su ejecución.

El presupuesto de gastos estará clasificado en:

1. Gastos de inversión, los cuales a su vez se sub clasificarán en gastos operativos y gastos de inversión. En la sub clasificación de gastos de inversión se discriminarán uno a uno los proyectos y en los gastos operativos de inversión se incluirán las apropiaciones para el funcionamiento de los órganos colegiados de administración y decisión y para el fortalecimiento de las secretarías de planeación;

2. Servicio de la deuda, discriminado en amortizaciones a capital e intereses;

3. Compromisos adquiridos a 31 de diciembre de 2011, detallados de manera individual. Esta última categoría de gasto desaparecerá una vez se terminen de pagar dichos compromisos;

4. Transferencias de regalías para ser ejecutadas por otras entidades.

(D. 1949/2012, art. 58; D. 817/2014, art. 5º)

ART. 2.2.4.1.2.7.4.—Ejecución del capítulo de regalías del presupuesto de las entidades territoriales. En aplicación del artículo 96 de la Ley 1530 de 2012, las entidades territoriales receptoras de asignaciones directas, así como las entidades territoriales designadas como ejecutoras de un proyecto, incorporarán al presupuesto anual que se encuentre en ejecución, mediante decreto expedido por el alcalde o gobernador, el monto de los recursos de los proyectos de inversión aprobados por el respectivo órgano colegiado de administración y decisión, que correspondan a la bienalidad del sistema general de regalías. Igualmente las entidades territoriales a quienes se les asignen recursos para el fortalecimiento de las oficinas de planeación y las secretarías técnicas de los órganos colegiados de administración y decisión, incorporarán estos recursos al presupuesto que se encuentre en ejecución, mediante decreto expedido por el alcalde o gobernador.

Las adiciones, modificaciones, reducciones, aplazamientos y en general las operaciones presupuestales correspondientes a partidas del sistema general de regalías del capítulo de regalías dentro de los presupuestos de las entidades territoriales se harán por decreto del alcalde o gobernador, y se soportarán, en lo pertinente, en decisiones previamente adoptadas por el órgano colegiado de administración y decisión.

La entidad territorial podrá adquirir compromisos contra la totalidad de recursos aprobados por el órgano colegiado de administración y decisión para los proyectos de inversión que estén incorporados al presupuesto de la entidad, para lo cual la autoridad correspondiente en dicha entidad expedirá el certificado de disponibilidad presupuestal respectivo, que garantiza la existencia de la apropiación en el presupuesto para atender el compromiso que se pretende adquirir.

(D. 1949/2012, art. 59)

ART. 2.2.4.1.2.7.5.—Cierre presupuestal del capítulo de regalías. Al terminar cada bienalidad del presupuesto del sistema general de regalías, las entidades territoriales realizarán un ejercicio autónomo e independiente de cierre presupuestal para el capítulo de regalías y los saldos no comprometidos, así como aquellas partidas que respalden compromisos adquiridos o cuentas por pagar, se incorporarán mediante decreto del alcalde o gobernador, como ingresos al presupuesto de la siguiente bienalidad, al igual que las apropiaciones que se respaldarán con cargo a los mismos, distinguiendo el tipo de recurso que le dio origen, y respetando la destinación del mismo.

Al terminar una vigencia fiscal que no corresponda a la bienalidad del sistema general de regalías no será necesario hacer cierre del capítulo de regalías, se continuará con la ejecución presupuestal; sin embargo, para efectos estadísticos podrán generarse informes del estado de la ejecución con corte a esa fecha.

Los recursos disponibles una vez liquidados los contratos correspondientes a proyectos financiados con recursos de los fondos de Compensación, de Desarrollo Regional y de Ciencia, Tecnología e Innovación, deberán reintegrarse a la cuenta única del sistema general de regalías.

Los recursos disponibles, una vez liquidados los contratos correspondientes a proyectos financiados con recursos de asignaciones directas, deberán incorporarse al capítulo de regalías del presupuesto de la entidad territorial, dentro de los ingresos de capital, como un recurso del balance, que servirá de fuente de financiación para otro proyecto de inversión, el cual en todo caso deberá ser aprobado por órgano colegiado de administración y decisión correspondiente, para su ejecución.

Los rendimientos financieros generados con recursos de los fondos de Compensación, de Desarrollo Regional y de Ciencia Tecnología e Innovación, deberán reintegrarse a la cuenta única del sistema general de regalías. Los rendimientos financieros generados con recursos de asignaciones directas, son de la entidad territorial y deberán incorporarse al capítulo de regalías del presupuesto de la entidad territorial, dentro de los ingresos de capital y servirán de fuente de financiación para otro proyecto de inversión, el cual en todo caso deberá ser aprobado por el órgano colegiado de administración y decisión correspondiente.

(D. 1949/2012, art. 60)

ART. 2.2.4.1.2.7.6.—Autorización de vigencias futuras para proyectos financiados con asignaciones directas. Para efectos de lo dispuesto por el artículo 97 de la Ley 1530 de 2012, se entiende que el órgano colegiado de administración y decisión competente, es el órgano colegiado de administración y decisión para asignaciones directas del nivel departamental, municipal o distrital, respectivo.

(D. 1949/2012, art. 61)

ART. 2.2.4.1.2.7.7.—Manejo de recursos destinados al fortalecimiento de las secretarías de planeación. Los recursos destinados al fortalecimiento de las secretarías de planeación y de las secretarías técnicas de los órganos colegiados de administración y decisión no tendrán que ser aprobados por los órganos colegiados de administración y decisión para su incorporación y ejecución.

(D. 1949/2012, art. 62)

ART. 2.2.4.1.2.7.8.—Rendimientos financieros de las asignaciones directas y compensaciones. En desarrollo de lo previsto en el artículo 15 de la Ley 1744 de 2014, los rendimientos financieros generados por las asignaciones directas y compensaciones del sistema general de regalías, con posterioridad a su giro son de propiedad de las entidades beneficiarias de dichos recursos. A estos rendimientos, que permanecerán en la cuenta autorizada por el sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación, se debe dar la misma destinación prevista en las disposiciones vigentes para dichas asignaciones, surtir los trámites correspondientes ante el respectivo órgano colegiado de administración y decisión y, para su ejecución, se incorporarán en los presupuestos de la respectiva entidad territorial de acuerdo con lo establecido en inciso 5º del artículo 2.2.4.1.2.7.5 del presente decreto.

(D. 722/2015, art. 16)

SUBSECCIÓN 8

Capacidad de pago de las entidades territoriales

ART. 2.2.4.1.2.8.1.—Cómputo de las asignaciones en la capacidad de pago. De acuerdo con los artículos 40 y 133 de la Ley 1530 de 2012, los ingresos por asignaciones directas y recursos asignados por los fondos del sistema general de regalías computan en la capacidad de pago de las entidades territoriales, solamente para contratar operaciones de crédito público destinadas a financiar proyectos de inversión previamente aprobados por los órganos colegiados de administración y decisión.

(D. 1949/2012, art. 63)

ART. 2.2.4.1.2.8.2.—Cálculo de la capacidad de pago de las entidades territoriales receptoras de asignaciones directas y entidades territoriales designadas como ejecutoras. Para efectuar el cálculo de los indicadores de capacidad de pago de las entidades territoriales receptoras de asignaciones directas y entidades territoriales ejecutoras, a los que se refiere la Ley 358 de 1997, se deben incluir dentro de los ingresos corrientes por regalías los ingresos por concepto de asignaciones directas y los asignados por los fondos del sistema general de regalías, previamente aprobados por el órgano colegiado de administración y decisión correspondiente, conforme a las normas pertinentes fijadas en la Ley 1530 de 2012. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 1530 de 2012.

(D. 1949/2012, art. 64)

ART. 2.2.4.1.2.8.3.—Indicadores de capacidad de pago y normas de responsabilidad fiscal. De acuerdo con los artículos 40 y 133 de la Ley 1530 de 2012, para realizar operaciones de crédito público respaldadas con recursos del sistema general de regalías, las entidades territoriales deben cumplir los siguientes requisitos:

1. Utilizar ese tipo de recursos exclusivamente para financiar proyectos de inversión previamente aprobados por los órganos colegiados de administración y decisión;

2. Incluir en el cálculo de capacidad de endeudamiento solamente las asignaciones directas y los recursos de los fondos, aprobados para estos fines por los órganos colegiados de administración y decisión; y

3. Dar pleno cumplimiento a todas las normas de endeudamiento y disciplina fiscal vigentes.

(D. 1949/2012, art. 65)

ART. 2.2.4.1.2.8.4.—Autorización de los cupos de endeudamiento. Para autorizar los cupos de endeudamiento, las asambleas y los concejos pueden incluir créditos apalancados con asignaciones del sistema general de regalías únicamente cuando este tipo de recursos se destine a financiar proyectos de inversión previamente aprobados por los órganos colegiados de administración y decisión.

(D. 1949/2012, art. 66)

ART. 2.2.4.1.2.8.5.—Excedentes de liquidez de los recursos del sistema general de regalías. De conformidad con el artículo 95 de la Ley 1530 de 2012, la dirección general de crédito público y tesoro nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá invertir los excedentes transitorios de liquidez de los recursos del sistema general de regalías en títulos de deuda pública de la Nación, en depósitos remunerados en el Banco de la República o en pagarés de la dirección general de crédito público y tesoro nacional.

Para efectos de lo anterior, el comité de tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito Público aprobará la política general de las inversiones de los excedentes transitorios de liquidez. Así mismo, el comité de tesorería autorizará previamente la inversión en pagarés del tesoro nacional.

(D. 1949/2012, art. 67)

SUBSECCIÓN 9

Plataforma integrada del sistema general de regalías

ART. 2.2.4.1.2.9.1.—Plataforma integrada de información del sistema general de regalías. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1530 de 2012, adóptese un sistema de información de largo alcance, interactivo, que permita visualizar en tiempo real el ciclo del recurso y los resultados de los proyectos de inversión que se financiarán con cargo a los recursos del sistema general de regalías. El sistema mostrará los resultados utilizando mecanismos de última tecnología en mapeo digital para evidenciar e indagar de forma profunda la información del sistema general de regalías que se cargue. El sistema deberá permitir ubicar los recursos y proyectos de forma geo referencial.

El sistema permitirá obtener toda la información sobre un proyecto específico en línea, mostrando los recursos invertidos hasta al momento, el número de beneficiarios, videos y fotos.

Este sistema de información permitirá subir información desde cualquier lugar y permitirá visualizar esta información mediante la integración de los bancos de programas y proyectos y de los órganos del sistema general de regalías, quienes trasladarán la información a una plataforma transversal de información.

Esta herramienta debe permitir hacer un seguimiento adecuado y completo a los recursos y proyectos del sistema, dando acceso a los datos más recientes sobre los recursos que se presupuestaron y cómo se están ejecutando.

(D. 1949/2012, art. 68; D. 817/2014, art. 6º)

ART. 2.2.4.1.2.9.2.—Definición de la plataforma integrada del sistema. La plataforma integrada del sistema general de regalías es un sistema que integra la información sobre los recursos naturales no renovables, las contraprestaciones económicas originadas por la explotación de estos, su destinación con énfasis en los proyectos de inversión que se financian con cargo al sistema, con el fin de brindar mayor transparencia en el manejo de los recursos mediante la publicación de información recogida a partir de sistemas ya existentes sin que se intervengan bases de datos.

La plataforma permitirá acceso libre a las entidades territoriales, a los órganos del sistema general de regalías y a todos los ciudadanos para visualizar y monitorear los recursos naturales no renovables, las contraprestaciones económicas originadas por la explotación de estos, su destinación con énfasis en los proyectos de inversión que se financian con cargo al sistema.

(D. 1949/2012, art. 69)

ART. 2.2.4.1.2.9.3.—Administración de la plataforma integrada del sistema. La plataforma integrada del sistema general de regalías será administrada por la comisión rectora, quien fijará las condiciones, características y estándares de calidad de la plataforma.

La comisión rectora expedirá un acuerdo en el que establecerá el método mediante el cual se unificará la información que presenten los diferentes actores que alimenten la plataforma.

(D. 1949/2012, art. 70)

ART. 2.2.4.1.2.9.4.—Componentes de la plataforma integrada del sistema. La plataforma integrada del sistema general de regalías será transversal y deberá exponer el ciclo completo del recurso y brindar un panorama detallado de la marcha del proyecto, para estos efectos, reflejará la siguiente información:

1. La ubicación del recurso natural no renovable que generó un porcentaje de regalía;

2. Los volúmenes de producción recaudados;

3. La distribución que se hace de los recursos a cada uno de los beneficiarios del sistema general de regalías;

4. El giro que se hace a cada uno de los beneficiarios del sistema general de regalías;

5. El registro de las iniciativas de proyectos de inversión presentadas ante los órganos colegiados de administración y decisión, clasificadas por cada uno de los fondos del sistema y asignaciones directas, y por sectores de inversión;

6. Verificación de requisitos para la aprobación de los proyectos viabilizados por los órganos colegiados de administración y decisión;

7. Los proyectos viabilizados por los órganos colegiados de administración y decisión y el Departamento Nacional de Planeación, con su respectivo cronograma de ejecución, fuentes de financiación e indicadores de seguimiento, de acuerdo con la metodología definida para tal fin;

8. La priorización y aprobación de los proyectos de inversión;

9. El monto de recursos de regalías que se destinó para la financiación del proyecto;

10. Los proyectos de inversión que se encuentran en ejecución o ya se han ejecutado;

11. Gestión administrativa, física y financiera de la ejecución de los proyectos de inversión e inversiones financieras efectuadas por los órganos del sistema general de regalías conectados o fuera de línea del sistema;

12. El ejecutor del proyecto de inversión;

13. El interventor del proyecto;

14. La región, departamento, distrito o municipio que se beneficia con el proyecto de inversión;

15. El estado de los fondos de Ahorro Y Estabilización y de Ahorro Pensional de las entidades territoriales.

(D. 1949/2012, art. 71)

ART. 2.2.4.1.2.9.5.—Registro de información. Las entidades territoriales, los ejecutores de los proyectos, los órganos del sistema general de regalías, el Fonpet, el Banco de la República, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística deberán registrar la información en forma estandarizada, teniendo en cuenta los parámetros que para el efecto disponga la comisión rectora.

(D. 1949/2012, art. 72)

ART. 2.2.4.1.2.9.6.—Procedimiento para registro de información. La comisión rectora mediante acuerdo establecerá el procedimiento para registrar la información.

(D. 1949/2012, art. 73)

ART. 2.2.4.1.2.9.7.—Información del banco de programas y proyectos de inversión del sistema general de regalías. La plataforma recogerá información del banco de programas y proyectos de inversión del sistema general de regalías, y este, a su vez deberá recibir información de los proyectos de inversión registrados en los bancos de programas de las entidades territoriales.

(D. 1949/2012, art. 74)

CAPÍTULO 2

Sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación (SMSCE) del sistema general de regalías

SECCIÓN 1

Generalidades

ART. 2.2.4.2.1.1.—Alcance del sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación. El sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación (SMSCE), desarrollará procesos de recolección, consolidación, verificación, análisis de la información, imposición de medidas de control y retro alimentación de los resultados de las inversiones ejecutadas con recursos del sistema general de regalías (SGR), con el fin de velar por el uso eficaz, y eficiente de los mismos.

PAR. 1º—La verificación de los requisitos para la aprobación de los proyectos, señalada en el inciso 4º del artículo 26 de la Ley 1530 de 2012, se podrá adelantar en el marco del sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación (SMSCE), bajo el enfoque de acciones preventivas de este.

PAR. 2º—En el marco de las acciones preventivas del sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación (SMSCE) y cuando a ello hubiere lugar, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en su calidad de administrador de este sistema, establecerá las acciones de mejora a cargo de los beneficiarios o ejecutores de recursos de inversión del sistema general de regalías, que propendan por el uso eficaz y eficiente de los mismos.

PAR. TRANS.—En el ejercicio de las funciones a que hacen referencia los artículos 135 y 144 de la Ley 1530 de 2012, el Departamento Nacional de Planeación, a través de la dirección de vigilancia de las regalías, podrá apoyarse para el seguimiento a las regalías causadas al 31 de diciembre de 2011, en los instrumentos previstos en la normativa vigente para esa fecha.

(D. 414/2013, art. 1º)

ART. 2.2.4.2.1.2.—Naturaleza de la labor del sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación. Las labores del sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación (SMSCE) son de naturaleza administrativa, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo tercero del artículo 361 de la Constitución Política.

Esta labor es diferente de la del control fiscal, disciplinario y penal que corresponde a los órganos de control y a la Fiscalía General de la Nación y para su ejecución no ejerce funciones de policía judicial o de investigación.

(D. 414/2013, art. 2º)

ART. 2.2.4.2.1.3.—(Modificado).* Ámbito de aplicación. Las disposiciones previstas en el presente capítulo aplican a los siguientes órganos y actores del sistema general de regalías (SGR), señalados en la Ley 1530 de 2012, respecto de los recursos de este sistema:

1. Comisión rectora;

2. Órganos colegiados de administración y decisión;

3. Secretarías técnicas de los órganos colegiados de administración y decisión;

4. Secretaría técnica de la comisión rectora;

5. Banco de la República, respetando su autonomía constitucional;

6. Administrador del ahorro pensional de las entidades territoriales;

7. Ministerio de Hacienda y Crédito Público;

8. Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería, quienes cumplen funciones en el ciclo de las regalías, y las entidades en quien delegue la función constitucional de fiscalizar la exploración y explotación de los recursos naturales no renovables y de adelantar las actividades de conocimiento y cartografía geológica del subsuelo colombiano;

9. Departamento Nacional de Planeación;

10. Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias);

11. Departamentos, municipios y distritos en cuyo territorio se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables, así como los municipios y distritos con puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos, reconociendo su autonomía administrativa;

12. Cualquier entidad pública que sea designada por un órgano colegiado de administración y decisión, como ejecutora de un proyecto de inversión o como instancia para la contratación de la interventoría;

13. Los representantes legales y ordenadores del gasto de las entidades beneficiarías o ejecutoras de proyectos de inversión financiadas con recursos del sistema general de regalías (SGR);

14. Las personas designadas como gestores temporales.

PAR.—Todos los actores del sistema definidos en el presente artículo estarán sujetos a las actividades de monitoreo y además, serán sujetos pasivos de seguimiento, control y evaluación por el sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación (SMSCE), los señalados en los numerales 11, 12, 13 y 14, cuando a ello hubiere lugar.

(D. 414/2013, art. 3º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1467 de 2018 artículo 4° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.4.2.1.4.—Responsabilidad de los órganos y actores del sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación (SMSCE). En concordancia con la Sección 4, gestión de información, del presente capítulo, los órganos y actores del sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación (SMSCE) son responsables del reporte de la información que demande el sistema en el marco de sus funciones, dentro de los 15 primeros días de cada mes y en las condiciones que defina el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en su calidad de administrador del SMSCE, conforme a lo previsto en el artículo 100 de la Ley 1530 de 2012.

Las entidades administradoras, beneficiarias y ejecutoras son responsables de suministrar deforma veraz, oportuna e idónea dicha información para realizar el monitoreo, seguimiento, control y evaluación; identificar las situaciones que puedan afectar la correcta utilización de los recursos y el cumplimiento de los resultados programados; así como de implementar de forma inmediata las acciones de mejora que se requieran.

PAR. 1º—Las secretarías técnicas serán responsables del reporte de información de la totalidad de los proyectos de inversión radicados y de su presentación a los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD). Las oficinas de planeación o la dependencia que haga sus veces, deben remitir a la secretaría técnica del OCAD correspondiente todos los proyectos radicados en la misma, que se pretendan financiar o cofinanciar con recursos del sistema general de regalías (SGR).

PAR. 2º—Las entidades designadas por los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD), como ejecutores de los proyectos aprobados por estos, serán responsables de la recolección, custodia y reporte al sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación (SMSCE) de la información del proyecto desde la aprobación hasta su cierre; así como del expediente del proyecto formulado que será trasladado por la respectiva secretaría técnica a este.

(D. 414/2013, art. 4º)

ART. 2.2.4.2.1.5.—Verificación, consolidación, análisis y evaluación de información. El Departamento Nacional de Planeación de forma trimestral efectuará la consolidación, análisis, evaluación y retroalimentación de la información reportada por los órganos y actores del sistema señalados en el artículo 2.2.4.2.1.3 del presente decreto, necesaria para el adecuado funcionamiento del sistema general de regalías (SGR).

(D. 414/2013, art. 5º)

ART. 2.2.4.2.1.6.—Control social. El Departamento Nacional de Planeación, en su calidad de administrador del sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación (SMSCE), propiciará espacios de control social, donde el ejecutor, contratista e interventor o supervisor, informan e interactúan con la sociedad civil sobre el alcance y la ejecución del proyecto de inversión; para ello señalará los mecanismos y las metodologías a ser utilizadas en concordancia con las disposiciones y políticas vigentes. Los resultados de este ejercicio se deben reportar al SMSCE conforme a los lineamientos que el Departamento Nacional de Planeación señale.

Se promoverá la creación y consolidación de grupos de auditores ciudadanos, y el desarrollo de auditorías ciudadanas, audiencias públicas de rendición de cuentas, comités de obra participativos o foros virtuales con organizaciones y otros instrumentos definidos en las normas de carácter general que reglamenten la materia.

Para el ejercicio de la participación ciudadana y control social se dispondrá la información sobre el proyecto formulado y su ejecución a través de reportes públicos que deben generar y publicar de forma mensual los ejecutores en la plataforma integrada de información del sistema general de regalías (SGR) o través de sus respectivas páginas web, hasta tanto esta se implemente.

PAR.—Cuando los proyectos sean de impacto regional, conforme lo dispuesto por el artículo 155 de la Ley 1530 de 2012, en los grupos de auditores ciudadanos tendrán derecho a participar integrantes de los departamentos o municipios que se beneficien del proyecto.

(D. 414/2013, art. 6º)

SECCIÓN 2

Monitoreo, seguimiento, control y evaluación

SUBSECCIÓN 1

Monitoreo

ART. 2.2.4.2.2.1.1.—Alcance del monitoreo. En virtud de lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 102 de la Ley 1530 de 2012, el monitoreo se llevará a cabo a través de indicadores definidos por el Departamento Nacional de Planeación respecto del manejo de los recursos del sistema general de regalías (SGR) que incluye: la presentación de las iniciativas a consideración de las instancias colegiadas, su aprobación y ejecución; los recursos orientados al funcionamiento del sistema general de regalías (SGR), sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación (SMSCE), ahorro pensional territorial, Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y actividades relacionadas con la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos, y el conocimiento y cartografía del subsuelo; así como las inversiones financieras realizadas con los mismos. Se realizará de manera periódica sobre cada uno de los actores del sistema general de regalías (SGR), a través de las siguientes actividades:

1. Recolección: Consiste en la recopilación de la información generada por los diferentes actores del sistema general de regalías (SGR) a través del sistema de información al que se refieren los artículos 2.2.4.1.2.9.1 a 2.2.4.1.2.9.7 del presente decreto.

2. Verificación: Comprobación selectiva de la información reportada en relación con las respectivas fuentes de información. Para tal efecto, se podrán adelantar visitas para la verificación de la información reportada.

3. Consolidación: Consiste en la agrupación de la información recopilada a partir de los criterios establecidos por el Departamento Nacional de Planeación y la comisión rectora para efectos de su análisis.

4. Análisis: Examen general o particular de la información recopilada y consolidada para el cálculo de indicadores específicos y estratégicos que permitan identificar acciones u omisiones de los órganos y actores del sistema general de regalías (SGR) que generen riesgo en el uso eficaz y eficiente de los recursos del sistema.

5. Elaboración de informes de análisis y retroalimentación: Comprende la preparación de informes con el análisis de la información reportada por los órganos y actores señalados en el artículo 2.2.4.2.1.3 del presente decreto, para la toma de decisiones a que hubiere lugar.

(D. 414/2013, art. 7º)

ART. 2.2.4.2.2.1.2.—Metodologías del monitoreo. El monitoreo se realizará a partir de metodologías diferenciadas de acuerdo con la labor de los órganos y actores del sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación (SMSCE), sobre los siguientes hechos y aspectos:

1. Ciclo de las regalías.

2. Presentación, viabilidad, priorización y aprobación de proyectos.

3. Ejecución de proyectos de inversión y el giro de recursos a los mismos.

4. Excedentes de liquidez y las inversiones financieras derivadas de estos.

5. Administración de recursos destinados al ahorro pensional territorial y a los del Fondo de Ahorro y Estabilización.

6. Ejecución de asignaciones diferentes a la inversión.

Estas metodologías serán desarrolladas y expedidas por el Departamento Nacional de Planeación, en su condición de administrador del sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación (SMSCE) y deben incluir como mínimo los indicadores que permitan medir el avance en el cumplimiento de las metas programadas, y el resultado e impacto de las mismas; los procedimientos para la identificación de acciones u omisiones en la gestión de las entidades beneficiarías, ejecutoras o administradoras, que pongan en riesgo la adecuada utilización de los recursos; y la formulación, aprobación y seguimiento de los planes de mejora.

PAR. 1º—Los resultados derivados del monitoreo serán comunicados a los respectivos órganos y actores del sistema general de regalías (SGR) para la implementación de las acciones a que haya lugar y serán considerados para la determinación de los proyectos de inversión objeto de seguimiento o evaluación por dicho sistema.

PAR. 2º—Las secretarías técnicas de los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD) y las entidades administradoras, beneficiarías y ejecutoras de recursos del sistema general de regalías (SGR) son responsables de suministrar de forma veraz, oportuna e idónea, la información requerida para realizar el monitoreo; identificar las situaciones que puedan afectar la correcta utilización de los recursos y el cumplimiento de los resultados programados; así como de implementar de forma inmediata las acciones de mejora que se requieran.

PAR. 3º—El sistema de monitoreo podrá tener en cuenta los conceptos emitidos por los órganos consultivos y dictámenes de expertos, en el momento de realizar las recomendaciones e implementación de planes de mejora.

(D. 414/2013, art. 8º)

ART. 2.2.4.2.2.1.3.—Cuentas maestras. En las cuentas maestras solo se podrá realizar operaciones débito que se destinen al pago de obligaciones generadas en la ejecución de dichos recursos o de la inversión financiera de los mismos. Toda transacción que se efectúe con cargo a estas se debe hacer por transferencia electrónica.

PAR.—Las cuentas autorizadas por el Departamento Nacional de Planeación en virtud del artículo 44 de la Ley 1530 de 2012 o registradas para el manejo de los recursos de fortalecimiento de las secretarías técnicas de los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD) o de las oficinas de planeación territorial se deben identificar como cuenta maestra. Estas se podrán sustituir cuando haya transcurrido como mínimo un año de su autorización o registro, o cuando se demuestren deficiencias en el servicio prestado por la entidad bancaria.

(D. 414/2013, art. 9º)

SUBSECCIÓN 2

Seguimiento

ART. 2.2.4.2.2.2.1.—Alcance del seguimiento. El seguimiento está orientado a la verificación de la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión financiados con recursos del sistema general de regalías (SGR) seleccionados como resultado del monitoreo, en términos de eficacia, eficiencia y calidad en la gestión de los bienes o servicios objeto de los mismos, respecto de la información suministrada por los ejecutores y la recopilada por el sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación (SMSCE), de acuerdo con los siguientes conceptos:

1. Eficacia: Cumplimiento de las metas de los indicadores del proyecto de inversión establecidas en la formulación del mismo;

2. Eficiencia: Relación entre los recursos utilizados en el proyecto y los logros obtenidos, en términos del cumplimiento de las metas en los plazos programados en el cronograma establecido en la formulación y en los estándares técnicos de los bienes o servicios alcanzados en el desarrollo del mismo;

3. Calidad: Cumplimiento de los estándares técnicos de los bienes o servicios logrados en el desarrollo del proyecto de conformidad con la formulación del mismo.

(D. 414/2013, art. 10)

ART. 2.2.4.2.2.2.2.—Instrumentos del seguimiento. En el seguimiento se utilizarán los siguientes instrumentos:

1. Visitas de verificación: De acuerdo con lo establecido en el numeral 2º del artículo 102 de la Ley 1530 de 2012, con el fin de verificar la ejecución de los proyectos financiados con recursos del sistema general de regalías (SGR), objeto de seguimiento, se podrán practicar visitas de verificación a los sitios donde se realicen las inversiones. En desarrollo de las visitas se podrá solicitar información de carácter técnico, administrativo, legal y financiero, necesaria para su verificación.

Estas visitas serán anunciadas al ejecutor mediante comunicación escrita dirigida a la entidad visitada, indicando los integrantes, el objeto y duración de la misma. De esta se rendirá un informe que servirá de base para evaluar la procedencia de iniciar un procedimiento administrativo, en los términos previstos en la Ley 1530 de 2012 y en el presente capítulo, y la adopción de medidas preventivas, correctivas o sancionatorias.

En desarrollo de las visitas de verificación, los funcionarios o contratistas autorizados por el Departamento Nacional de Planeación, podrán solicitar al ejecutor, contratistas o interventores la presentación de documentos y los registros financieros y contables pertinentes para establecer la conformidad de la ejecución física y financiera del proyecto;

2. Pruebas técnicas o conceptos de expertos: Cuando a ello hubiere lugar y con cargo al sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación (SMSCE), se podrá disponer la práctica de pruebas técnicas o solicitar dictámenes de expertos para verificar la calidad de los bienes o servicios provistos en la ejecución de los proyectos de inversión o el avance físico de los mismos. Estas podrán practicarse directamente por el Departamento Nacional de Planeación o a través de terceros que cuenten con la experticia requerida certificada de acuerdo con el tipo de prueba o concepto a elaborar.

PAR.—En los proyectos financiados con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación se aplicarán los lineamientos que para el efecto se definan, conforme lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 10 de la Ley 1530 de 2012.

(D. 414/2013, art. 11)

ART. 2.2.4.2.2.2.3.—Selección de proyectos para seguimiento. Con base en los resultados del monitoreo se determinará periódicamente la muestra de los proyectos objeto de seguimiento, atendiendo los criterios de selección y la metodología definida para tal fin.

(D. 414/2013, art. 12)

SUBSECCIÓN 3

Evaluación

ART. 2.2.4.2.2.3.1.—Alcance de la evaluación. La evaluación se realizará sobre los proyectos de inversión seleccionados y se orientará a la verificación de la gestión, productos y resultados del proyecto definidos en la formulación del mismo, en términos de eficacia, eficiencia y calidad. Periódicamente se efectuarán evaluaciones del impacto generado por la inversión de recursos del sistema general de regalías (SGR).

(D. 414/2013, art. 13)

ART. 2.2.4.2.2.3.2.—Tipos de evaluación. Las evaluaciones podrán ser:

1. De gestión: Es aquella que se practica durante la ejecución del proyecto para verificar la eficacia en la gestión del mismo.

2. De resultados: Es la verificación y análisis que se realiza al finalizar la ejecución del proyecto respecto del cumplimiento del propósito, metas, productos, resultados y beneficios generados con la ejecución del proyecto en la población beneficiada.

3. De operación de las inversiones: Consiste en la verificación in situ de la operación del proyecto al finalizar su ejecución y dentro de los dos años siguientes a su terminación.

4. De impacto: Se refiere al análisis de los cambios en las condiciones de vida de la población objeto y en el desarrollo local y regional como consecuencia de la ejecución e implementación de proyectos financiados con recursos de regalías, así como de los resultados científicos que pueda realizar la comunidad académica y científica del país en los proyectos financiados con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación.

PAR.—En los proyectos financiados con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación se aplicarán los lineamientos que para el efecto se definan, conforme lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 10 de la Ley 1530 de 2012.

(D. 414/2013, art. 14)

ART. 2.2.4.2.2.3.3.—Selección de proyectos para evaluación. Periódicamente, se determinará la muestra de los proyectos objeto de evaluación atendiendo criterios estratégicos definidos en la metodología que será utilizada para tal fin.

(D. 414/2013, art. 15)

SUBSECCIÓN 4

Control

ART. 2.2.4.2.2.4.1.—Alcance. De acuerdo con el numeral 3º del artículo 102 de la Ley 1530 de 2012, el control se adelantará respecto de los sujetos pasivos señalados en el parágrafo del artículo 2.2.4.2.1.3 del presente decreto, soportado en informes derivados del sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación (SMSCE) o de otras fuentes de información en las cuales se identifiquen acciones u omisiones que afecten el uso adecuado, eficaz y eficiente de los recursos del sistema general de regalías (SGR) o el cumplimiento de los requisitos de ley del mismo, observando lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley 1530 de 2012.

Para la aplicación de las medidas de control se debe surtir el procedimiento preventivo o correctivo y sancionatorio establecido en la Ley 1530 de 2012, según sea el caso. Las causales que dan lugar a estas medidas son las establecidas en los artículos 109 y 113 de la mencionada ley, respectivamente, que se identifiquen en la administración, inversión financiera o ejecución de los proyectos de inversión financiados con recursos del sistema general de regalías (SGR).

(D. 414/2013, art. 16)

ART. 2.2.4.2.2.4.2.—Información en el procedimiento preventivo. El Departamento Nacional de Planeación dictará los lineamientos que se tendrán en cuenta para la aplicación de la causal establecida en el literal a) del artículo 109 de la Ley 1530 de 2012, especificando tipo de información y plazos para su entrega.

(D. 414/2013, art. 17)

ART. 2.2.4.2.2.4.3.—Peligro inminente. Para efectos de la causal del literal c) del artículo 109 de la Ley 1530 de 2012, el peligro inminente se entenderá como el inicio de la ejecución de acciones u omisiones que generen una amenaza cierta y cercana de destinar o invertir los recursos del sistema general de regalías (SGR) en gastos diferentes a los establecidos en la ley o el proyecto aprobado por el respectivo órgano colegiado de administración y decisión (OCAD), o la inexistencia de requisitos legales. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley 1530 de 2012.

(D. 414/2013, art. 18)

ART. 2.2.4.2.2.4.4.—Tasación de las multas. De acuerdo con las causales establecidas en el artículo 113 de la Ley 1530 de 2012, la multa prevista en el artículo 119 de la Ley 1530 de 2012, se impondrá al representante legal de la entidad beneficiaría o ejecutora, previo procedimiento correctivo y sancionatorio, sin perjuicio de la aplicación de otras medidas correctivas y sancionatorias a que haya lugar. La multa en ningún caso podrá exceder los 100 SMMLV y para su imposición se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

1. Si se comprueba resistencia, negativa u obstrucción en el curso del procedimiento correctivo y sancionatorio, se impondrá multa desde cinco (5) SMMLV hasta diez (10) SMMLV;

2. Si hay reincidencia en la comisión de causales que ameritaron la imposición de medidas de control, se impondrá multa desde cinco (5) SMMLV hasta veinte (20) SMMLV;

3. Si se prueba beneficio económico por parte del representante legal de la entidad beneficiaría o ejecutora, se impondrá multa desde veinte (20) SMMLV hasta ochenta (80) SMMLV;

4. Si se prueba daño o peligro social, económico o ambiental se impondrá multa desde veinte (20) SMMLV hasta cien (100) SMMLV.

En el evento que concurran más de dos criterios de graduación de esta medida, la base para calcular la multa será la mayor entre ellas.

(D. 414/2013, art. 19)

ART. 2.2.4.2.2.4.5.—Sobre la medida de suspensión de giros. Cuando la medida de control sea la de suspensión de giros, esta no surtirá efectos para aquellas apropiaciones presupuéstales o recursos en cuenta que respalden compromisos adquiridos con anterioridad a esta, incluyendo las vigencias futuras debidamente perfeccionadas, excepto cuando estos correspondan a la causal que dio origen a la suspensión.

Igualmente, la medida no surtirá efectos para las apropiaciones presupuéstales o recursos en cuenta que se encuentren amparando licitaciones, concursos o cualquier proceso de contratación, que se haya iniciado formalmente con anterioridad a la fecha de expedición del acto administrativo de aplazamiento de apropiaciones. En el evento en que estos procesos se declaren desiertos o por cualquier motivo no se perfeccionen los compromisos, la apropiación presupuestal respectiva se entenderá aplazada.

Los recursos de regalías disponibles en la entidad beneficiaría podrán destinarse a realizar los pagos derivados de los compromisos a los que hace referencia este artículo. Cuando los recursos disponibles sean insuficientes para atender dichos compromisos, la entidad beneficiaría podrá solicitar en forma sustentada el giro de los recursos necesarios para atenderlos.

La aplicación de las excepciones al aplazamiento de las apropiaciones y la posibilidad de giro de recursos para su financiación se sujetará a las siguientes condiciones y requisitos:

1. El compromiso o el proceso de selección en curso no debe haber sido la causa de la suspensión preventiva o correctiva de los giros de recursos.

2. El secretario de hacienda o quien haga las veces y el tesorero de la entidad beneficiaría deben certificar la inexistencia de recursos disponibles para atender los compromisos excepcionados del aplazamiento presupuestal.

3. La solicitud de giro para el cumplimiento de los compromisos excepcionados del aplazamiento presupuestal debe ser solicitada por el representante legal de la entidad beneficiaría, quien certificará que en su debida oportunidad se cumplieron los requisitos legales necesarios para la celebración de los compromisos o iniciación de los procesos de selección. El Departamento Nacional de Planeación verificará la observancia de estos requisitos, y podrá abstenerse de ordenar el respectivo giro, en el caso de no darse cumplimiento de estos.

Entre la fecha de la suspensión de giros y el decreto de aplazamiento, no se podrán expedir certificados de disponibilidad presupuestal ni iniciar ningún proceso de selección contractual con cargo a recursos del sistema general de regalías (SGR).

PAR.—Cuando proceda la medida de suspensión de giros sobre un proyecto financiado con recursos de los fondos de Desarrollo Regional, Compensación Regional o Ciencia, Tecnología e Innovación, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley 1530 de 2012, en lo que corresponda y lo señalado en este artículo.

(D. 414/2013, art. 20)

ART. 2.2.4.2.2.4.6.—Levantamiento de la medida preventiva. Para el levantamiento de la medida de suspensión preventiva corresponde a la entidad demostrar ante el Departamento Nacional de Planeación:

1. Por la causal a) del artículo 109 de la Ley 1530 de 2012, acreditar el registro de la información completa y consistente que responda a la solicitud de información que dio origen al procedimiento preventivo;

2. Por la causal b) del artículo 109 de la Ley 1530 de 2012, acreditar el cumplimiento por parte de la entidad ejecutora del plan de mejora formulado en razón de las acciones u omisiones identificadas en el ejercicio de la función de monitoreo, seguimiento y evaluación;

3. Por la causal c) del artículo 109 de la Ley 1530 de 2012, acreditar que se han detenido o cesado las acciones u omisiones que implicaban un uso inadecuado, ineficaz, o ineficiente de los recursos del sistema general de regalías (SGR), o que se cumplió con el requisito legal que se había omitido.

(D. 414/2013, art. 21)

ART. 2.2.4.2.2.4.7.—Levantamiento de las medidas correctivas y sancionatorias. Se ordenará el levantamiento de las medidas correctivas y sancionatorias, como se indica a continuación:

1. Cuando la medida impuesta corresponda a la suspensión de giros, una vez haya transcurrido el término establecido en el acto administrativo que la impuso, el cual no será inferior a un mes ni superior a doce meses;

2. Cuando se trate de la medida de no aprobación de proyectos con cargo a los recursos del sistema general de regalías, una vez haya transcurrido el término establecido en el acto administrativo que la impuso, el cual no será inferior a un mes ni superior a doce;

3. Cuando se imponga la medida sancionatoria de desaprobación del proyecto con su consecuente devolución de recursos, una vez se verifique la devolución de los mismos;

4. Cuando se trate de imposición de multas, una vez se verifique el respectivo pago;

5. Frente a la medida de designación de gestor temporal de asignaciones directas se ordenará su levantamiento una vez se cumpla el término establecido por el respectivo órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) o en su defecto, por el Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con el artículo 120 de la Ley 1530 de 2012. Si se trata de los recursos de los fondos se ordenará su levantamiento una vez se acredite ante el Departamento Nacional de Planeación la ejecución y cierre del proyecto que dio lugar a la imposición de la medida.

(D. 414/2013, art. 22)

ART. 2.2.4.2.2.4.8.—Condiciones especiales de seguimiento y giro. Cuando la entidad beneficiaría o ejecutora de recursos del sistema general de regalías (SGR) se someta a condiciones especiales de seguimiento y giro, estará sujeta a seguimiento permanente por el sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación (SMSCE) durante el tiempo que se mantenga esta condición. El Departamento Nacional de Planeación, en calidad de administrador del SMSCE, expedirá los actos administrativos correspondientes para la aprobación de esta condición y el consecuente giro de los recursos.

PAR.—Para atender las situaciones de desastre o calamidad pública, las entidades beneficiarías de regalías y compensaciones que se encuentren suspendidas en el giro de las mismas o en condiciones especiales de seguimiento y giro, podrán hacer uso de estos recursos para asumir compromisos estrictamente relacionados con la atención de la misma con cargo a los recursos del sistema general de regalías (SGR), previa solicitud al Departamento Nacional de Planeación, sustentada en la declaratoria de emergencia de acuerdo con la Ley 1523 de 2012, quien procederá con base en esta a gestionar la autorización de giro correspondiente. Lo anterior, en concordancia con los lineamientos de la comisión rectora del SGR.

(D. 414/2013, art. 23)

ART. 2.2.4.2.2.4.9.—Gestor temporal. En virtud de lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley 1530 de 2012, la designación del gestor temporal se hará de una lista de elegibles integrada y conformada a través de invitación pública realizada por el Departamento Nacional de Planeación. La invitación pública para integrar esta lista se realizará por primera vez en el año 2013 y su actualización se hará cada 2 años.

La designación del gestor temporal por el órgano colegiado de administración y decisión (OCAD), se hará por sorteo. La duración de la medida de gestor temporal será establecida por el OCAD, de conformidad con el acto administrativo de imposición de medida sancionatoria proferido por el Departamento Nacional de Planeación.

El órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) informará por escrito al Departamento Nacional de Planeación sobre la inscripción o la cancelación de una persona como gestor temporal en la lista de elegibles.

Para la designación del gestor temporal, el órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) tendrá en cuenta las alertas generadas por el sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación (SMSCE) sobre los recursos del sistema general de regalías (SGR), así como lo previsto en el artículo 120 de la Ley 1530 de 2012.

El gestor temporal se financiará con cargo a los recursos de funcionamiento del sistema general de regalías (SGR) a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 1530 de 2012, en las condiciones que determine la comisión rectora.

La designación del gestor temporal y su costo mensual debe constar en acto administrativo motivado expedido por el órgano colegiado de administración y decisión (OCAD). La secretaría técnica del OCAD debe adelantar las gestiones presupuéstales ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de afectar el correspondiente rubro presupuestal del funcionamiento del sistema general de regalías (SGR), designado para estos efectos.

En todo caso, el Departamento Nacional de Planeación regulará lo atinente al funcionamiento del gestor temporal.

(D. 414/2013, art. 24; D. 817/2014, art. 12)

SECCIÓN 3

Informes del sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación (SMSCE)

ART. 2.2.4.2.3.1.—Informes. Periódicamente el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en su calidad de administrador del sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación (SMSCE), generará informes consolidados con los resultados obtenidos en el ejercicio del monitoreo, seguimiento, control y evaluación, los cuales serán objeto de divulgación en la plataforma integrada del sistema general de regalías (SGR) y en la página web del sistema. Dichos reportes serán remitidos a los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD) a través de sus secretarías técnicas para efectos de la definición, viabilización, priorización y aprobación de proyectos, así como para la designación de los respectivos ejecutores.

(D. 414/2013, art. 25)

ART. 2.2.4.2.3.2.—Socialización y divulgación de información. Las secretarías técnicas de los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD) deben hacer pública y mantener actualizada a través del canal dispuesto en el menú principal del sitio web de la entidad que ejerza esta labor, y fijar en un lugar público visible, la siguiente información:

1. Listado con la identificación de los miembros del órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) y los actos administrativos de delegación si hubiere lugar a ello.

2. Convocatoria a los miembros e invitados permanentes del órgano colegiado de administración y decisión (OCAD), actas y acuerdos de las diferentes sesiones del OCAD.

3. Relación de proyectos presentados, viabilizados y aprobados por el órgano colegiado de administración y decisión (OCAD), así como, el ejecutor designado para los mismos.

Para los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD) regionales, dicha información se debe divulgar y mantener actualizada a través del canal dispuesto en el menú principal del sitio web y en un lugar público visible del departamento que ejerza como secretaría técnica. En los demás departamentos que lo conforman, se dispondrá de un vínculo a la página web del departamento sede de dicha secretaría.

Las entidades públicas designadas por los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD), como ejecutores de los proyectos deben divulgar en sus respectivas páginas web y en un lugar público el avance en la ejecución física y financiera del proyecto, así como los aspectos relevantes que estén afectando el desarrollo del mismo.

(D. 414/2013, art. 26)

ART. 2.2.4.2.3.3.—Reportes a organismos de control. Cuando en el ejercicio de la labor de monitoreo, seguimiento, control y evaluación se evidencien hechos que afecten el uso eficaz y eficiente de los recursos del sistema general de regalías (SGR), o contraríen la normatividad de este, se debe proceder con el registro y documentación de los mismos para adelantar los procedimientos preventivos, correctivos y sancionatorios a que haya lugar y su posterior envío a los respectivos organismos de control y a la Fiscalía General de la Nación, según corresponda y cuando ello fuere procedente.

(D. 414/2013, art. 27)

ART. 2.2.4.2.3.4.—Otros reportes a organismos de control. Las acciones u omisiones relacionadas con la ausencia de procedimientos de selección en la contratación, incumplimiento de procedimientos presupuéstales o de contabilidad pública en la utilización de los recursos del sistema general de regalías (SGR) se reportarán a las entidades de control y a la Fiscalía General de la Nación, según corresponda para lo de su competencia y cuando ello fuere procedente.

(D. 414/2013, art. 28)

SECCIÓN 4

Gestión de información

ART. 2.2.4.2.4.1.—Información para el sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación (SMSCE). La gestión de la información requerida para el desarrollo de las labores derivadas del monitoreo, seguimiento, control y evaluación será efectuada a través de la plataforma integrada del sistema general de regalías (SGR), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.4.1.2.9.1 a 2.2.4.1.2.9.7 del presente decreto.

PAR.—Los actores del sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación (SMSCE) entregarán al Departamento Nacional de Planeación (DNP) informes mensuales impresos, mediante archivos planos o aplicativos establecidos para tal fin, dentro de los 15 primeros días de cada mes, conforme a las instrucciones que para el efecto se expidan.

Hasta que entre en operación la plataforma integrada del sistema general de regalías (SGR), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) determinará los instrumentos para el suministro de la información que permita realizar el monitoreo, seguimiento, control y evaluación de los recursos del sistema.

(D. 414/2013, art. 29)

ART. 2.2.4.2.4.2.—Responsabilidad de la Información. En el marco de la normativa vigente, los sujetos del sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación (SMSCE) deben establecer los procedimientos de control interno, administrativo y contable que garanticen el registro de la información requerida, bajo criterios de oportunidad, veracidad, confiabilidad e integridad. Igualmente, son responsables por la información registrada, los usuarios autorizados para tal fin.

Las irregularidades en el registro de la información serán reportadas a las autoridades competentes y cuando a ello hubiere lugar conllevarán a la aplicación del procedimiento preventivo dispuesto en el artículo 110 de la Ley 1530 de 2012, conforme a lo establecido para tal fin.

(D. 414/2013, art. 30)

ART. 2.2.4.2.4.3.—Alcance de la información registrada en la plataforma integrada del sistema general de regalías (SGR). La información registrada en la plataforma integrada de información del sistema general de regalías (SGR) es fuente para:

1. Reporte de ejecución físico financiera de los recursos del sistema general de regalías (SGR);

2. Elaboración de informes de monitoreo, seguimiento y evaluación de la utilización de los recursos del sistema general de regalías (SGR) y el control de resultados que realicen las autoridades públicas;

3. El seguimiento de los planes de mejora;

4. La obtención de los informes requeridos por las entidades de control;

5. La adopción de medidas de control;

6. Difusión pública de resultados a través de la página web del sistema general de regalías (SGR).

(D. 414/2013, art. 31)

ART. 2.2.4.2.4.4.—Soportes documentales para el registro en la plataforma integrada del sistema general de regalías (SGR). Todo registro de información que realicen los usuarios en la plataforma integrada del sistema general de regalías (SGR), debe estar soportado en documentos legalmente expedidos. Para efectos del artículo 2.2.4.1.2.9.5 del presente decreto, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en su calidad de administrador del sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación (SMSCE) señalará a la comisión rectora los documentos mínimos que se deben considerar en cada una de las etapas de la gestión de los proyectos e inversiones financieras.

Las entidades usuarias de la plataforma integrada de información del sistema general de regalías (SGR) deben designar los responsables del registro de información en cada una de las etapas de gestión de los proyectos.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP), en desarrollo de la labor de monitoreo, podrá adelantar procedimientos de verificación de la información registrada o reportada en la plataforma integrada de información del sistema general de regalías (SGR), a través de la inspección de los soportes utilizados para su registro o mediante cruces de información con otras entidades del Estado.

(D. 414/2013, art. 32)

SECCIÓN 5

Disposiciones comunes al fortalecimiento institucional

ART. 2.2.4.2.5.1.—Instrumentos de apoyo a la gestión. En desarrollo del artículo 104 de la Ley 1530 de 2012, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) promoverá la implementación de instrumentos de gestión para la obtención de resultados, el control de riesgos y el uso eficaz y eficiente de los recursos del sistema general de regalías (SGR); prestará asistencia técnica en áreas relacionadas con la formulación y gestión de proyectos de inversión, capacitación en las herramientas dispuestas para garantizar la administración, gestión y monitoreo de estos recursos; rendición pública de cuentas; y control social, en armonía con la normatividad vigente.

(D. 414/2013, art. 33)

ART. 2.2.4.2.5.2.—Incentivos. Para asegurar el uso eficiente y eficaz de los recursos del sistema general de regalías (SGR), fortaleciendo la transparencia, la participación ciudadana y el buen gobierno, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en desarrollo del artículo 105 de la Ley 1530 de 2012, implementará una metodología para la valoración, posicionamiento y reconocimiento de las entidades beneficiarías y ejecutoras de los recursos de regalías, atendiendo la eficacia, eficiencia y oportunidad en el uso de los recursos del sistema general de regalías (SGR); el desempeño integral, el índice de gobierno abierto, entre otros.

Los resultados de esta valoración podrán ser utilizados para la definición y priorización de los proyectos; designación de los ejecutores y el fortalecimiento de las secretarías técnicas de los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD) y de las oficinas de planeación de las entidades territoriales y demás beneficiarias.

(D. 414/2013, art. 34)

SECCIÓN 6

Otras disposiciones

ART. 2.2.4.2.6.1.—Cierre de proyectos financiados con recursos del sistema general de regalías (SGR). Corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del sistema general de regalías (SGR) realizar su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de los mismos, expedir el acto administrativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) y al sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación (SMSCE).

(D. 414/2013, art. 39)

ART. 2.2.4.2.6.2.—Comunicación electrónica. La información del sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación (SMSCE) generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos tendrá los efectos de la comunicación escrita, lo anterior de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o del Código Contencioso Administrativo, según corresponda.

(D. 414/2013, art. 40)

CAPÍTULO 3

Organización y funcionamiento de los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD) y de las secretarías técnicas

SECCIÓN 1

Naturaleza, funciones, designación y elección

ART. 2.2.4.3.1.1.—Conformación. Los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD) de conformidad con lo establecido en la Constitución Política y la ley están conformados por representantes del Gobierno Nacional, departamental y municipal o distrital. Para el caso del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación contarán además con representantes de universidades públicas y privadas. Los OCAD son órganos sin personería jurídica que desempeñan funciones públicas en los términos establecidos en la ley y en el presente decreto.

Los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD) contarán con una secretaría técnica, un presidente designado por los miembros del respectivo órgano colegiado, y se regirán por el reglamento que expida la comisión rectora.

(D. 1075/2012, art. 1º)

ART. 2.2.4.3.1.2.—Funciones. De conformidad con el artículo 6º de la Ley 1530 de 2012, son funciones de los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD), las siguientes, que se ejercerán así:

1. Definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración para ser financiados con recursos del sistema general de regalías.

2. Evaluar los proyectos definidos susceptibles de ser financiados con recursos del sistema general de regalías.

3. Viabilizar los proyectos de inversión a ser financiados con recursos del sistema general de regalías.

4. Priorizar los proyectos de inversión a ser financiados con recursos del sistema general de regalías, de conformidad con el artículo 27 la Ley 1530 de 2012.

5. Aprobar los proyectos de inversión o los ajustes de estos a ser financiados con recursos del sistema general de regalías, para lo cual tendrá en cuenta, entre otras, las alertas generadas por el sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación de los recursos del sistema general de regalías.

6. Designar el ejecutor de los proyectos a ser financiados con recursos del sistema general de regalías, para lo cual tendrá en cuenta, entre otras, las alertas generadas por el sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación de los recursos del sistema general de regalías.

7. Conformar los comités consultivos, a través de su secretaría técnica.

8. Decidir la instancia que adelante la contratación de la interventoría en los términos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, atendiendo la importancia, naturaleza o cuantía del proyecto de inversión.

9. Las demás que señale la ley.

PAR. TRANS.—Para los efectos previstos en el parágrafo transitorio del artículo 26, entiéndase por proyecto viabilizado aquel que ha cumplido con la totalidad de los requisitos exigidos por la normatividad anterior, pero que no alcanzó a ser puesto a consideración del consejo asesor de regalías.

(D. 1075/2012, art. 2º)

ART. 2.2.4.3.1.3.—Designación de los representantes del Gobierno Nacional. El Presidente de la República, designará a los representantes del Gobierno Nacional que integrarán cada uno de los órganos colegiados de administración y decisión.

Para el caso específico de los órganos colegiados de administración y decisión de asignaciones directas municipales, el Presidente de la República mediante el presente inciso, delega el ejercicio de su función en los cargos de la planta global del Departamento Nacional de Planeación, en los términos del artículo 9º de la Ley 489 de 1998.

(D. 1075/2012, art. 3º)

ART. 2.2.4.3.1.4.—Elección de representantes de las entidades territoriales. La secretaría técnica de la comisión rectora convocará anualmente a todos los alcaldes del país, a más tardar el primer día hábil del mes de febrero, para que elijan de manera democrática y mediante el sistema de cuociente electoral, los representantes de los municipios en los órganos colegiados de administración y decisión, quienes ejercerán un periodo institucional de un año.

En el evento en que no fuere posible elegir a 31 de marzo de cada anualidad a los representantes de los alcaldes y gobernadores en los órganos colegiados de administración y decisión, continuarán ejerciendo esta representación los elegidos para el periodo inmediatamente anterior.

Para la realización de las elecciones podrá solicitarse el acompañamiento de la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Procuraduría General de la Nación.

De la elección a que se refiere el presente artículo, la secretaría técnica de la comisión rectora levantará un acta, la cual será suscrita por la Registraduría Nacional del Estado Civil, si acompañó el proceso, en la que consten los resultados de la misma.

(D. 1075/2012, art. 4º)

ART. 2.2.4.3.1.5.—Quórum decisorio. Cada nivel de gobierno, así como el conjunto de universidades en el caso del órgano colegiado de administración y decisión del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, tendrá derecho a un (1) voto, para un total de tres (3) votos. Las decisiones se adoptarán por mayoría calificada de dos (2) votos. Cada nivel debe entregar por escrito el sentido del voto.

Para la toma de decisiones es obligatoria la presencia de al menos uno de los miembros de cada nivel de gobierno, y de al menos uno de los miembros de las universidades en el caso del órgano colegiado de administración y decisión del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación.

(D. 1075/2012, art. 5º)

ART. 2.2.4.3.1.6.—Asistencia de invitados permanentes. En las sesiones de los órganos colegiados de administración y decisión serán invitados permanentes, con voz pero sin voto, los siguientes:

1. Un (1) representante de la comisión consultiva de alto nivel para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, en aquellos departamentos en los que estos tengan representación.

2. Un (1) representante de las comunidades Indígenas, en aquellos departamentos en los que estos tengan representación.

Corresponde al Ministerio del Interior determinar los departamentos en los cuales tienen presencia tales comunidades e informarlo a la secretaría técnica de la comisión rectora.

Adicionalmente, en los órganos colegiados de administración y decisión regionales asistirán en calidad de invitados permanentes dos (2) senadores que hayan obtenido más del 40% de su votación en el respectivo departamento, y dos (2) representantes a la Cámara.

Tanto el Senado como la Cámara de Representantes deberán elegir, para periodos anuales de carácter institucional, a los representantes a los que se refiere este artículo, de acuerdo con el procedimiento que las cámaras determinen para el efecto. El presidente del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, respectivamente, comunicarán a la secretaría técnica de la comisión rectora la identidad de los representantes que hayan sido electos.

(D. 1075/2012, art. 6º)

SECCIÓN 2

Organización y funcionamiento

ART. 2.2.4.3.2.1.—La secretaría técnica. La secretaría técnica de los órganos colegiados de administración y decisión será la encargada de proporcionar infraestructura logística, técnica y humana requerida para su funcionamiento.

Una vez designada la secretaría técnica, esta tendrá un periodo anual y deberá comunicar a todas las entidades territoriales que hagan parte del ámbito territorial de competencia del órgano colegiado de administración y decisión, que adelantará las funciones de secretaría técnica, para que los municipios, distritos y departamentos presenten los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con los recursos del sistema general de regalías (SGR).

(D. 1075/2012, art. 7º)

ART. 2.2.4.3.2.2.—(Modificado).* Funciones de la secretaría técnica de los órganos colegiados de administración y decisión. Son funciones de la secretaría técnica de los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD), las siguientes:

1. Convocar los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD), a más tardar el 15 de marzo de cada vigencia, para lo cual solicitará al Departamento Nacional de Planeación, en su calidad de secretaría técnica de la comisión rectora, el listado de los miembros del Gobierno Nacional, de los alcaldes elegidos en virtud de lo dispuesto en el presente capítulo y de los representantes de las comunidades.

2. Proporcionar la infraestructura logística, técnica y humana requerida para el funcionamiento de los órganos colegiados de administración y decisión.

3. Recibir y registrar en el banco de programas y proyectos de inversión del sistema general de regalías los proyectos de inversión, presentados por las entidades territoriales o los representantes de las comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales o palenqueras, susceptibles de ser financiados o cofinanciados con cargo a los recursos del sistema general de regalías.

4. Presentar en todas las sesiones del órgano colegiado de administración y decisión, un informe de los proyectos sometidos a su consideración, en las diferentes etapas del ciclo de los proyectos, y en el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos en los acuerdos de la comisión rectora.

5. Registrar los proyectos viabilizados y priorizados por los respectivos órganos colegiados de administración y decisión en el banco de programas y proyectos de inversión del sistema general de regalías.

6. Solicitar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la disponibilidad de recursos del sistema general de regalías para la priorización de proyectos, por instrucción de los integrantes del órgano colegiado de administración y decisión.

7. Convocar a las sesiones a los miembros de los órganos colegiados de administración y decisión y a los invitados permanentes, previa solicitud del presidente del mismo.

8. Ejercer la secretaría en las reuniones de los órganos colegiados de administración y decisión.

9. Verificar el quórum en las sesiones de los órganos colegiados de administración y decisión.

10. Levantar el acta de cada sesión y presentarla a consideración de todos los miembros del respectivo órgano colegiado de administración y decisión.

11. Suscribir los acuerdos y actas, conjuntamente con el presidente del respectivo órgano colegiado de administración y decisión.

12. Preparar y allegar toda la documentación necesaria para las sesiones, tales como los estudios, informes o documentos que deban ser objeto de examen, análisis o deliberación por el respectivo órganos colegiados de administración y decisión.

13. Comunicar o notificar, según el caso, los acuerdos de aprobación de proyectos.

14. Convocar a los comités consultivos y otros actores relevantes para realizar los ejercicios de planeación regional de que trata el artículo 24 de la Ley 1530 de 2012.

15. Realizar la custodia y archivo de la gestión documental, con ocasión de su labor, conforme a la normatividad vigente.

PAR.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1426 de 2019 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

(D. 1075/2012, art. 8º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1544 de 2017 artículo 5° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.4.3.2.3.—Fortalecimiento de las secretarías técnicas. El Departamento Nacional de Planeación, con cargo a los recursos de funcionamiento del sistema general de regalías que le sean asignados, podrá, entre otros gastos, suministrar apoyo para el fortalecimiento de las secretarías técnicas de los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD) de acuerdo con lo establecido por la comisión rectora.

(D. 1075/2012, art. 9º)

ART. 2.2.4.3.2.4.—(Modificado).* Término para la citación a sesión de los órganos colegiados de administración y decisión. La citación para la realización de las sesiones presenciales o virtuales de los órganos colegiados de administración y decisión, se deberá realizar por escrito con una antelación no menor de siete (7) días hábiles antes de la fecha de realización de la sesión.

(D. 817/2014, art. 9º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1048 de 2017 artículo 2° del Departamento Nacional de Planeación)

SECCIÓN 3

Órgano colegiado de administración y decisión del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación

ART. 2.2.4.3.3.1.—Conformación. En virtud de lo dispuesto en el artículo 361 de la Constitución Política, la integración del órgano colegiado de administración y decisión para el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, será la siguiente:

1. Tres (3) ministros o sus delegados.

2. Un (1) representante del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

3. Un (1) representante del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), quien ejercerá la secretaría técnica.

4. Un (1) gobernador por cada instancia de planeación regional o sus delegados, por periodos anuales.

5. Cuatro (4) representantes de universidades públicas, por periodos bienales, sin posibilidad de reelección inmediata.

6. Dos (2) representantes de universidades privadas, por periodos bienales, sin posibilidad de reelección inmediata.

La elección de cinco de los representantes de las universidades, que cumplan con lo previsto en el parágrafo segundo del artículo 30 de la Ley 1530 de 2012, se realizará por ellas mismas, previa convocatoria por parte de Colciencias, en su calidad de secretaría técnica quien podrá apoyarse para tales efectos en agrupaciones universitarias legalmente reconocidas.

El representante de la universidad pública a que se refiere el parágrafo primero del mismo artículo, será elegido por la comisión consultiva de alto nivel de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, previa convocatoria realizada por parte de Colciencias, en su calidad de secretaría técnica, en coordinación con la dirección de asuntos para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del Ministerio del Interior.

(D. 1075/2012, art. 10)

ART. 2.2.4.3.3.2.—Impedimentos. Si durante el periodo en que una universidad haga parte del órgano colegiado, se llegare a presentar un programa o proyecto en el cual la universidad tiene interés ya sea en su formulación o en su ejecución, el representante de esta deberá declararse impedido para votar y abandonará la sesión del órgano colegiado hasta que sea tomada una decisión respecto de ese asunto.

(D. 1075/2012, art. 11)

ART. 2.2.4.3.3.3.—Periodo. El periodo de los gobernadores será de un (1) año. El periodo de designación para los representantes de las universidades será de dos (2) años sin posibilidad de reelección inmediata. Podrán volver a ser miembros, luego de dos periodos y una vez verificada su acreditación institucional.

(D. 1075/2012, art. 12)

SECCIÓN 4

Órgano colegiado de administración y decisión de los fondos de Compensación Regional y de Desarrollo Regional

ART. 2.2.4.3.4.1.—Conformación. En virtud de lo dispuesto en el inciso cuarto del parágrafo segundo del artículo 361 de la Constitución Política y los artículos 33, 34 y 159 de la Ley 1530 de 2012, se establece la conformación de los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD) de los fondos de Compensación Regional y de Desarrollo Regional, así:

1. El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su delegado.

2. Tres (3) ministros o sus delegados.

3. El Director General del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.

4. Los gobernadores de los departamentos que componen el órgano colegiado regional, por la totalidad de su periodo de gobierno.

5. Dos (2) alcaldes por cada uno de los departamentos que componen el órgano colegiado regional, elegidos por cuociente electoral, por periodos anuales.

6. Un (1) alcalde adicional, elegido por los alcaldes de las ciudades capitales de los departamentos que componen el órgano colegiado regional, por periodos anuales.

La secretaría técnica será ejercida por la secretaría de planeación de uno de los departamentos que componen el órgano colegiado de administración y decisión regional, o por quien designe el órgano colegiado de administración y decisión, una vez este sea convocado e integrado, que en cualquier caso debe ser una entidad de carácter público.

Se someterán a su consideración, los proyectos de impacto regional que se financien con cargo al Fondo de Compensación Regional, así como los proyectos de impacto regional del Fondo de Desarrollo Regional de los departamentos y municipios que conformen el correspondiente órgano colegiado de administración y decisión regional.

PAR.—Para efectos de convocar e integrar a los miembros del órgano colegiado de administración y decisión a su primera sesión, los departamentos que lo conformen designarán como secretaría técnica, a la secretaría de planeación de uno (1) de los departamentos.

(D. 1075/2012, art. 13)

ART. 2.2.4.3.4.2.—Conformación del órgano colegiado de administración y decisión para el 40% del Fondo de Compensación Regional destinado a proyectos de impacto local. Los proyectos de inversión que se financien con cargo al 40% del Fondo de Compensación Regional podrán ser definidos, evaluados, viabilizados, priorizados y aprobados por los órganos colegiados de administración y decisión municipales, cuya conformación será igual a la prevista para los OCAD de asignaciones directas municipales.

En el evento en que el alcalde municipal así lo decida, los proyectos de inversión podrán ser definidos, evaluados, viabilizados, priorizados y aprobados por los órganos colegiados de administración y decisión departamentales, cuya conformación será igual a la prevista para los OCAD de asignaciones directas departamentales.

(D. 1075/2012, art. 14)

ART. 2.2.4.3.4.3.—Participación regional en los órganos colegiados de administración y decisión. En desarrollo del artículo 159 de la Ley 1530 de 2012, los órganos colegiados de administración y decisión regionales de los fondos de Compensación y Desarrollo Regional, deberán ser integrados por un mínimo de tres (3) departamentos o el Distrito Capital. Estos órganos colegiados corresponderán a la distribución regional propuesta por los departamentos a la comisión rectora, para su correspondiente análisis y estudio.

No obstante lo anterior, las entidades territoriales podrán asociarse entre sí y presentar proyectos de inversión de impacto regional a consideración de uno de los órganos colegiados de administración y decisión regional distinto de aquel que se conforme de acuerdo a lo previsto en el inciso anterior.

En el órgano colegiado de administración y decisión del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, se entenderá por instancias de planeación regional las asociaciones departamentales que se conformen para efectos de los órganos colegiados de administración y decisión a los que se refiere el primer inciso de este artículo.

(D. 1075/2012, art. 17)

SECCIÓN 5

Órgano colegiado de administración y decisión para asignaciones directas

ART. 2.2.4.3.5.1.—Conformación. En virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del parágrafo segundo del artículo 361 de la Constitución Política y el artículo 42 de la Ley 1530 de 2012, la conformación de los órganos colegiados de administración y decisión de las asignaciones directas, es la siguiente:

1. Para los departamentos beneficiarios de asignaciones directas:

1.1. Dos (2) ministros o sus delegados.

1.2. El gobernador del departamento beneficiario de asignaciones directas, por su periodo de gobierno.

1.3. El número equivalente al diez (10) por ciento de los alcaldes del departamento, o sus delegados, elegidos por cuociente electoral. En aquellos departamentos donde existen menos de diez (10) distritos y municipios, el número representativo de sus alcaldes es dos (2). El periodo de estos alcaldes será anual.

La secretaría técnica de este órgano colegiado de administración y decisión, será ejercida por la secretaría de planeación del departamento beneficiario o la oficina que haga sus veces.

2. Para las compensaciones de las que son beneficiarias las corporaciones autónomas regionales:

2.1. Dos (2) ministros o sus delegados, uno de los cuales será el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o su delegado.

2.2. El gobernador del departamento en que la corporación autónoma regional tenga su jurisdicción o su delegado, por su periodo de gobierno. Si la corporación tiene más de un gobernador en su jurisdicción, los gobernadores elegirán entre ellos su representante.

2.3. El número equivalente al diez (10) por ciento de los alcaldes del departamento o de cada departamento en el que la corporación autónoma regional tenga su jurisdicción, o sus delegados. Su elección se hará por cuociente electoral. En aquellos departamentos donde existen menos de diez (10) distritos y municipios, el número representativo de sus alcaldes es dos (2). El periodo de estos alcaldes será anual.

La secretaría técnica de este órgano colegiado de administración y decisión, será ejercida por la corporación autónoma regional beneficiaria de asignaciones directas.

3. Para el caso de los municipios y distritos destinatarios de asignaciones directas con ingresos recibidos en el año inmediatamente anterior superiores a los 2.000 SMMLV:

3.1. Un (1) delegado del Gobierno Nacional.

3.2. El gobernador del departamento al que pertenezca el municipio o distrito beneficiario de asignaciones directas o su delegado, por su periodo de gobierno.

3.3. El alcalde del municipio o distrito beneficiario de asignaciones directas, por su periodo de gobierno.

La secretaría técnica de este órgano colegiado de administración y decisión, será ejercida por la secretaría de planeación o la entidad que haga sus veces del respectivo municipio o distrito.

4. Para los municipios y distritos con ingresos recibidos en el año inmediatamente anterior inferiores a los 2.000 SMMLV, la comisión rectora será la encargada de dar los lineamientos para la conformación de estos órganos colegiados de administración y decisión.

(D. 1075/2012, art. 15)

ART. 2.2.4.3.5.2.—Presentación de proyectos ante el órgano colegiado de administración y decisión departamental. En concordancia con el artículo 2.2.4.3.4.2 del presente decreto, los proyectos de inversión de impacto local podrán ser definidos, evaluados, viabilizados, priorizados y aprobados por los órganos colegiados de administración y decisión departamentales en caso que así lo considere la administración municipal.

(D. 1541/2012, art. 6º)

SECCIÓN 6

Órgano colegiado de administración y decisión para los municipios ribereños del Río Grande de la Magdalena y del Canal del Dique

ART. 2.2.4.3.6.1.—Conformación. En virtud de lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley 1530 de 2012, para efectos de la aprobación de los proyectos de inversión de los municipios ribereños del Río Grande de la Magdalena y del Canal del Dique, se establece la conformación del órgano colegiado de administración y decisión, así:

1. Dos (2) ministros o sus delegados.

2. Un (1) representante del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.

3. Dos (2) gobernadores en representación de los trece (13) departamentos que agrupan los municipios ribereños del Río Grande de la Magdalena, por periodos anuales. Estos gobernadores serán elegidos, entre ellos, de acuerdo con el mecanismo que determinen para el efecto.

4. Dos (2) alcaldes en representación de los municipios ribereños del Río Grande de la Magdalena. En todo caso, estos representantes serán elegidos de los departamentos cuyos gobernadores no hayan sido elegidos en los términos del numeral anterior, por periodos anuales. Estos alcaldes serán elegidos, entre ellos, por mayoría absoluta.

La secretaría técnica será ejercida por la Corporación Autónoma del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena).

(D. 1075/2012, art. 16)

CAPÍTULO 4

Participación de los delegados del Gobierno Nacional en los órganos colegiados de administración y decisión en cuya conformación participan dos o más ministros y/o directores de departamentos administrativos

ART. 2.2.4.4.1.—Objeto. El presente capítulo tiene por objeto reglamentar dentro de los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD) departamentales, de los fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación, de Desarrollo Regional, y del 60% de Compensación Regional, de las corporaciones autónomas regionales y de los municipios ribereños del Río Grande de La Magdalena y del Canal del Dique, la figura del líder para el nivel de Gobierno Nacional, así como dictar disposiciones relacionadas con las funciones de los miembros de los OCAD.

(D. 1252/2013, art. 1º)

ART. 2.2.4.4.2.—(Modificado).* Designación del líder y funciones. El Presidente de la República, de conformidad con el artículo 2.2.4.3.1.3 del presente decreto, designará un líder para el nivel del Gobierno Nacional en los órganos colegiados de administración y decisión, quien ejercerá bajo su responsabilidad las siguientes funciones:

1. Ser el único interlocutor con los demás niveles de gobierno y las secretarias técnicas de los órganos colegiados de administración y decisión.

2. Coordinar la definición del sentido del voto del Gobierno Nacional en todos los asuntos que son competencia de los órganos colegiados de administración y decisión y dirimir las diferencias que se presenten entre los ministros y/o directores de departamentos administrativos y/o sus delegados.

3. Solicitar pronunciamiento al ministerio o departamento administrativo que encabeza el sector del proyecto de inversión sometido a consideración del órgano colegiado de administración y decisión, cuando se estime pertinente.

PAR.—El pronunciamiento a que se refiere el numeral 3º del presente artículo, deberá emitirse dentro del término establecido en el artículo 2.2.4.1.1.4.8 del presente decreto. En ningún caso, la definición del voto del Gobierno Nacional estará condicionada a la expedición de dicho pronunciamiento.

(D. 1252/2013, art. 2º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1544 de 2017 artículo 6° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.4.4.3.—(Derogado).* Soporte de las posiciones de los ministerios y departamentos administrativos diferentes al líder. Los ministerios y departamentos administrativos, cuya posición sea distinta de la coordinada por el líder, deberán motivar por escrito, como mínimo un día antes del inicio de la sesión del órgano colegiado de administración y decisión, lo siguiente:

1. Las razones por las cuales se considera que el proyecto de inversión no es relevante para la entidad territorial o beneficiario.

2. Las razones por las cuales se considera que el proyecto de inversión no es pertinente para la entidad territorial o beneficiario.

3. Las razones por las cuales se considera que el proyecto de inversión no implica un impacto favorable para la entidad territorial o beneficiario.

4. Las razones por las cuales se considera que el proyecto de inversión no se encuentra en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo o con los planes de desarrollo de las entidades territoriales.

(D. 1252/2013, art. 3º)

*(Nota: Derogado por el Decreto 1544 de 2017 artículo 8° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.4.4.4.—Responsabilidad de los miembros de los órganos colegiados de administración y decisión. De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 1744 de 2014, los miembros de los órganos colegiados de administración y decisión solamente son responsables de viabilizar, priorizar y aprobar los proyectos de inversión teniendo en cuenta su pertinencia, relevancia, impacto y coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo o los planes de desarrollo de las entidades territoriales. En ningún caso son responsables por la ejecución de los proyectos de inversión.

La correcta ejecución de los proyectos de inversión es exclusiva responsabilidad de las entidades públicas designadas como ejecutoras por los órganos colegiados de administración y decisión.

(D. 1252/2013, art. 4º)

CAPÍTULO 5

Criterios y condiciones de distribución de los recursos del 10% del Fondo de Compensación Regional, del ahorro pensional territorial y de los que trata el inciso segundo del parágrafo 2º transitorio del artículo 361 de la Constitución Política

ART. 2.2.4.5.1.—Criterios de distribución del 10% de los recursos del Fondo de Compensación Regional. El 10% de los recursos del Fondo de Compensación Regional serán distribuidos entre los municipios de categorías cuarta, quinta y sexta cuyo indicador de necesidades básicas insatisfechas sea inferior o igual a 35%, para cada año, atendiendo los criterios que se señalan a continuación:

1. El 60% de acuerdo a la participación del municipio en la población total de los municipios de categorías cuarta, quinta y sexta cuyo indicador de necesidades básicas insatisfechas sea inferior o igual a 35%, para lo cual se tomarán las proyecciones de población municipales certificadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para cada vigencia en que se realiza la distribución.

2. El 40% según la pobreza relativa, para lo cual se tomará el grado de pobreza de cada municipio, medido con el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI), dividido por el NBI nacional. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística certificará los valores del NBI a que se refiere este numeral para cada vigencia en que se realiza la distribución.

Los criterios señalados en los numerales 1º y 2º de este artículo se aplicarán de la siguiente manera:

i. La participación de cada municipio en la población total de los municipios de categorías cuarta, quinta y sexta cuyo indicador de necesidades básicas insatisfechas sea inferior o igual a 35% del país, se elevará al exponente 60%, obteniéndose el factor de población.

ii. El NBI de cada municipio dividido por el NBI nacional se elevará al exponente 40% para tener una medida del factor de pobreza.

iii. Se multiplicarán para cada municipio el factor de población y el factor de pobreza. El porcentaje del 10% del Fondo de Compensación Regional que le corresponderá a cada municipio será igual al producto de su factor de población y su factor de pobreza, dividido por la suma de estos productos para todos los municipios de categorías cuarta, quinta y sexta cuyo indicador de necesidades básicas insatisfechas sea inferior o igual a 35%.

(D. 1073/2012, art. 1º)

ART. 2.2.4.5.2.—Criterios de distribución de los recursos del sistema general de regalías destinados al ahorro pensional territorial. El porcentaje de los recursos del sistema general de regalías destinados al ahorro pensional territorial se distribuirá anualmente entre las entidades territoriales que en el año inmediatamente anterior a la vigencia en la cual se hace la distribución, tengan pasivo pensional, según certificación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme a los siguientes criterios:

1. Se determinará la participación porcentual de cada grupo de entidades territoriales en el monto total de los pasivos pensionales no cubiertos que se encuentren registrados en el sistema de información del Fondo de Pensiones Territoriales (Fonpet), así: i) un grupo correspondiente a los departamentos y al Distrito Capital, el cual se denominará el Grupo 1 y ii) un grupo correspondiente a los municipios y demás distritos, el cual se denominará el Grupo 2.

2. Al interior de cada uno de estos grupos, se distribuirán los recursos entre las entidades territoriales, atendiendo los siguientes criterios:

2.1. El 40% de acuerdo a la participación de la entidad territorial en la población total del grupo respectivo, para lo cual se tomarán las proyecciones de población de las entidades territoriales certificadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística para cada vigencia en que se realiza la distribución.

2.2. El 60% según la pobreza relativa, para lo cual se tomará el grado de pobreza de cada entidad territorial del respectivo grupo, medido con el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI), dividido por el NBI nacional. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística certificará los valores del NBI a que se refiere este numeral para cada vigencia en que se realiza la distribución.

Los criterios señalados en los numerales 1º y 2º de este artículo se aplicarán de la siguiente manera, para cada grupo por separado:

1. La participación de cada entidad territorial en la población total de las entidades que conforman el respectivo grupo, se elevará al exponente 40%, obteniéndose el factor de población.

2. El índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) de cada entidad territorial en cada grupo respectivo dividido por el NBI nacional se elevará al exponente 60% para tener una medida del factor de pobreza.

3. Se multiplicarán para cada entidad territorial en cada grupo respectivo el factor de población y el factor de pobreza. El porcentaje de los recursos del sistema general de regalías destinados al ahorro pensional territorial que le corresponderá a cada entidad territorial en cada grupo, será igual al producto de su factor de población y su factor de pobreza, dividido por la suma de estos productos para todas las entidades territoriales que conforman cada grupo.

(D. 1073/2012, art. 2º).

ART. 2.2.4.5.3.—Recursos del Fondo de Desarrollo Regional. Los recursos del Fondo de Desarrollo Regional que las entidades territoriales podrán destinar para alcanzar los porcentajes señalados en el inciso segundo del parágrafo 2º transitorio del Acto Legislativo 5 de 2011, se distribuirán en proporción al faltante que cada entidad territorial tenga con respecto al faltante consolidado de los municipios y departamento en el respectivo departamento, de la siguiente manera:

1. Se calculará el monto faltante que cada municipio y cada departamento tiene para alcanzar los porcentajes señalados en el parágrafo 2º transitorio del Acto Legislativo 5 de 2011.

2. Se consolidarán por departamento los montos faltantes calculados en el punto anterior.

3. Se obtendrá la proporción del faltante de cada municipio y cada departamento en el consolidado del respectivo departamento y esta proporción será el porcentaje que cada entidad territorial podrá destinar del Fondo de Desarrollo Regional asignada al respectivo departamento, para alcanzar los porcentajes señalados en el inciso segundo del parágrafo 2º transitorio del Acto Legislativo 5 de 2011.

(D. 1073/2012, art. 3º).

CAPÍTULO 6

Constitución y funcionamiento de las cajas menores de los órganos del sistema general de regalías

ART. 2.2.4.6.1.—Del campo de aplicación. Quedan sujetos a las disposiciones del presente decreto el Departamento Nacional de Planeación, los ministerios de Hacienda y Crédito Público, y de Minas y Energía, así como sus entidades adscritas y vinculadas que cumplan funciones en el ciclo de las regalías, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), la Contraloría General de la República, así como los órganos encargados de la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos, el conocimiento y cartografía geológica del subsuelo, del funcionamiento del sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación y del sistema general de regalías.

(D. 146/2013, art. 1º)

ART. 2.2.4.6.2.—De la constitución. Las cajas menores se constituirán para cada bienio, mediante resolución suscrita por el jefe del órgano respectivo o su delegado del nivel directivo, en la cual se indique la cuantía, el responsable, la finalidad y la clase de gastos que se pueden realizar.

Para la constitución y reembolso de las cajas menores se deberá contar con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal. En la resolución de constitución de las cajas menores se deberá indicar la cuantía de cada rubro presupuestal.

Las cajas menores deberán ajustarse a las necesidades de cada órgano, siendo responsabilidad de los ordenadores del gasto de dichos órganos el buen uso de las mismas y el cumplimiento de las reglas que aquí se establecen.

(D. 146/2013, art. 2º)

ART. 2.2.4.6.3.—Del número de cajas menores. El jefe del órgano respectivo o su delegado del nivel directivo, de acuerdo con los requerimientos, deberá establecer el número de cajas menores y autorizar su creación con base en las reglas aquí establecidas. La justificación técnica y económica deberá quedar anexa a la respectiva resolución de constitución de caja menor.

(D. 146/2013, art. 3º)

ART. 2.2.4.6.4.—Cuantía. La cuantía destinada para las cajas menores de cada entidad no podrá exceder el 0.5% del presupuesto asignado al respectivo órgano dentro de cada bienio.

Los órganos que requieran una mayor cuantía deberán justificarlo mediante escrito motivado por el jefe del órgano respectivo o su delegado del nivel directivo, el cual deberá quedar anexo a la resolución.

(D. 146/2013, art. 4º)

ART. 2.2.4.6.5.—Destinación. El dinero que se entregue para la constitución de cajas menores debe ser utilizado para sufragar los gastos previstos en gastos generales del plan de cuentas del sistema general de regalías que tengan carácter de urgente. De igual forma los recursos podrán ser utilizados para el pago de viáticos y gastos de viaje, los cuales solo requerirán autorización del jefe del órgano respectivo o su delegado del nivel directivo.

PAR.—Los dineros entregados para viáticos y gastos de viaje se legalizarán dentro de los diez (10) días siguientes a la realización del gasto y, en todo caso, antes del 29 de diciembre del final del bienio.

(D. 146/2013, art. 5º)

ART. 2.2.4.6.6.—Fianzas y garantías. El jefe del órgano respectivo o su delegado del nivel directivo deberá constituir las fianzas y garantías que considere necesarias para proteger los recursos del sistema general de regalías con cargo a los cuales se constituye la caja menor.

(D. 146/2013, art. 6º)

ART. 2.2.4.6.7.—Legalización de gasto. La legalización de los gastos de la caja menor deberá efectuarse durante los diez (10) días siguientes a su realización.

No se podrán entregar nuevos recursos, hasta tanto no se haya legalizado el gasto anterior.

(D. 146/2013, art. 7º)

ART. 2.2.4.6.8.—De las prohibiciones. No se podrán realizar con fondos de cajas menores las siguientes operaciones:

1. Fraccionar compras de un mismo elemento o servicio.

2. Realizar desembolsos con destino a gastos de órganos diferentes de su propia organización.

3. Efectuar pagos de contratos cuando de conformidad con el estatuto de contratación pública y normas que lo reglamenten deban constar por escrito.

4. Reconocer y pagar gastos por concepto de servicios personales y las contribuciones que establece la ley sobre la nómina, cesantías y pensiones.

5. Cambiar cheques o efectuar préstamos.

6. Adquirir elementos cuya existencia esté comprobada en el almacén o depósito de la entidad.

7. Efectuar gastos de servicios públicos.

8. Pagar gastos que no contengan los documentos soporte exigidos para su legalización, tales como facturas, resoluciones de comisión, recibos de registradora o la elaboración de una planilla de control.

PAR.—Cuando por cualquier circunstancia una caja menor quede inoperante, no se podrá constituir otra o reemplazarla, hasta tanto la anterior haya sido legalizada en su totalidad.

(D. 146/2013, art. 8º)

ART. 2.2.4.6.9.—Del manejo del dinero. El manejo del dinero de caja menor se hará a través de una cuenta corriente de acuerdo con las normas legales vigentes. No obstante, se podrá manejar en efectivo un monto equivalente de hasta cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Estos recursos serán administrados por el funcionario facultado, debidamente afianzado.

PAR.—Cuando el responsable de la caja menor se encuentre en vacaciones, licencia o comisión, el funcionario que haya constituido la respectiva caja menor, podrá mediante resolución, encargar a otro funcionario debidamente afianzado, para el manejo de la misma, mientras subsista la situación, para lo cual solo se requiere de la entrega de los fondos y documentos mediante arqueo, al recibo y a la entrega de la misma, lo que deberá constar en el libro respectivo.

(D. 146/2013, art. 9º)

ART. 2.2.4.6.10.—Registro en libros. Una vez suscrita la resolución de constitución de la caja menor, previa expedición del certificado de disponibilidad presupuestal, el órgano ejecutor procederá al registro de creación de la caja menor, así como el registro de la gestión financiera que se realice a través de las mismas, en el libro que para tal fin se establezca.

(D. 146/2013, art. 10)

ART. 2.2.4.6.11.—Del primer giro. Se efectuará con base en los siguientes requisitos:

1. Que exista resolución de constitución expedida de conformidad con el presente decreto.

2. Que el funcionario encargado de su administración haya constituido o ampliado la fianza de manejo y esté debidamente aprobada, amparando el monto total del valor de la caja menor.

(D. 146/2013, art. 11)

ART. 2.2.4.6.12.—De la apertura de los libros. Los órganos procederán a la apertura de los libros en donde se contabilicen diariamente las operaciones que afecten la caja menor indicando: fecha, imputación presupuestal del gasto, concepto y valor, según los comprobantes que respalden cada operación.

Con el fin de garantizar que las operaciones estén debidamente sustentadas, que los registros sean oportunos y adecuados y que los saldos correspondan, las oficinas de control interno, deberán efectuar arqueos periódicos y sorpresivos independientemente de la verificación por parte de las dependencias financieras de los distintos órganos y de las oficinas de auditoría.

(D. 146/2013, art. 12)

ART. 2.2.4.6.13.—Pagos de caja menor. Cada vez que se realiza un pago con cargo a la caja menor, el titular registra: a) el rubro presupuestal al que corresponde imputarlo y la cuenta contable respectiva, b) su monto bruto, c) las deducciones practicadas —concepto y monto—, d) el monto líquido pagado, e) la fecha del pago, f) el número del documento de identidad o el NIT del beneficiario, y g) los demás datos que se consideren necesarios.

(D. 146/2013, art. 13)

ART. 2.2.4.6.14.—De la legalización para el reembolso. En la legalización de los gastos para efectos del reembolso, se exigirá el cumplimiento de los requisitos que a continuación se indican:

1. Que los gastos estén agrupados por rubros presupuestales, bien sea en el comprobante de pago o en la relación anexa, y que correspondan a los autorizados en la resolución de constitución.

2. Que los documentos presentados sean los originales y se encuentren firmados por los acreedores con identificación del nombre o razón social y el número del documento de identidad o NIT, objeto y cuantía.

3. Que la fecha del comprobante del gasto corresponda al bienio que se está legalizando.

4. Que el gasto se haya efectuado después de haberse constituido o reembolsado la caja menor, según el caso.

5. Que se haya expedido la resolución de reconocimiento del gasto.

La legalización definitiva de las cajas menores, se hará antes del 29 de diciembre del último año del bienio, fecha en la cual se deberá reintegrar el saldo sobrante y el respectivo cuentadante responderá por el incumplimiento de su legalización oportuna y del manejo del dinero que se encuentre a su cargo, sin perjuicio de las demás acciones legales a que hubiese lugar.

(D. 146/2013, art. 14)

ART. 2.2.4.6.15.—Del reembolso. Los reembolsos se harán en la cuantía de los gastos realizados, sin exceder el monto previsto en el respectivo rubro presupuestal, en forma mensual o cuando se haya consumido más de un setenta por ciento (70%), lo que ocurra primero, de algunos o todos los valores de los rubros presupuestales afectados.

En el reembolso se deberán reportar los gastos realizados en todos los rubros presupuestales, a fin de efectuar un corte de numeración y de fechas.

(D. 146/2013, art. 15)

ART. 2.2.4.6.16.—Cambio de responsable. Cuando se cambie el responsable de la caja menor, deberá hacerse una legalización efectuando el reembolso total de los gastos realizados con corte a la fecha.

(D. 146/2013, art. 16)

ART. 2.2.4.6.17.—Cancelación de la caja menor. Cuando se decida la cancelación de una caja menor, su titular la legalizará en forma definitiva, reintegrando el saldo de los fondos que recibió. En este caso, se debe saldar la cuenta corriente.

(D. 146/2013, art. 17)

ART. 2.2.4.6.18.—Responsabilidad. Los funcionarios a quienes se les entregue recursos del sistema general de regalías, para constituir cajas menores se harán responsables por el incumplimiento en la legalización oportuna y por el manejo de este dinero.

Los responsables de las cajas menores deberán adoptar los controles internos que garanticen el adecuado uso y manejo de los recursos, independientemente de las evaluaciones y verificaciones que compete adelantar a las oficinas de auditoría o control interno.

(D. 146/2013, art. 18)

CAPÍTULO 7

Cofinanciación de la Nación en la cobertura del régimen subsidiado de entidades territoriales productoras que destinaron regalías para dicho régimen

ART. 2.2.4.7.1.—Objeto. El presente capítulo tiene por objeto establecer la metodología, criterios y lineamientos para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 145 del Decreto-Ley 4923 de 2011 y el artículo 145 de la Ley 1530 de 2012.

(D. 2710/2012, art. 1º)

ART. 2.2.4.7.2.—Definición de cobertura en el régimen subsidiado de salud. El Ministerio de Salud y Protección Social determinará y certificará la cobertura media nacional y la cobertura en cada una de las entidades territoriales del régimen subsidiado de salud, así como la población total beneficiaria para lograr la cobertura universal, a partir de los afiliados estimados en la base de datos única de afiliados (BDUA) y del sistema de identificación de potenciales beneficiarios (Sisbén).

(D. 2710/2012, art. 2º)

ART. 2.2.4.7.3.—Metodología para la determinación de los cupos a cofinanciar por parte de la Nación. El Ministerio de Salud y Protección Social aplicará la siguiente metodología, para establecer los cupos que servirán de base para calcular la cofinanciación por parte de la Nación, así:

i) Identificar las entidades territoriales productoras que venían destinando recursos de regalías directas para financiar el régimen subsidiado, que se encontraban por debajo o por encima de la media nacional en 2011.

ii) Para efectos de estimar los cupos de las entidades territoriales beneficiarias que se encuentren por debajo de la media nacional, se multiplica la diferencia entre la cobertura de la entidad territorial y la cobertura media nacional por la población total beneficiaria del régimen subsidiado de la vigencia 2011 de la respectiva entidad territorial, así:

D1082DNP2015F2
 

Donde:

CACi = Cupos a cofinanciar en régimen subsidiado en cada entidad territorial.

CN = Cobertura media nacional en 2011.

Ci = Cobertura de cada entidad territorial en 2011.

Ai = Afiliados más potenciales beneficiarios de cada entidad territorial en 2011, para llegar a la media nacional.

iii) Para estimar los cupos de las entidades territoriales beneficiarias que superen la media nacional, necesarios para mantener la media nacional más un cinco por ciento (5%) adicional, se aplicará la siguiente fórmula:

D1082DNP2015F3
 

Donde:

CACi = Cupos a cofinanciar en régimen subsidiado en cada entidad territorial.

CN = Cobertura media nacional en 2011.

COTi = Cobertura con régimen subsidiado de la entidad territorial con recursos distintos a regalías en 2011.

Ai = Afiliados de cada entidad territorial 2011.

PAR. 1º—La cobertura media nacional más el 5%, en ningún caso podrá superar la cobertura de la población total que tendría derecho a ser afiliada al régimen subsidiado, de acuerdo con el corte del Sisbén definido por el Ministerio de Salud y Protección Social.

PAR. 2º—Para el año 2012, el Ministerio de Salud y Protección Social, con el fin de determinar las entidades territoriales objeto de cofinanciación, deberá cruzar el universo de las entidades territoriales productoras de recursos naturales no renovables, con la información de los departamentos, distritos y municipios que financiaron el régimen subsidiado de salud con recursos de regalías en la vigencia 2011.

(D. 2710/2012, art. 3º)

ART. 2.2.4.7.4.—Montos a cofinanciar por parte de la Nación. Para determinar el monto de la cofinanciación anual para cada entidad territorial, el Ministerio de Salud y Protección Social deberá multiplicar los cupos estimados, de acuerdo con la metodología descrita en el artículo anterior, por la unidad de pago por capitación del régimen subsidiado de cada entidad territorial, de la vigencia para la cual se realiza la cofinanciación.

Ninguna entidad territorial podrá recibir recursos de cofinanciación por un monto superior a los recursos de regalías que efectivamente fueron asignados por este concepto en 2011, actualizado por el índice de precios al consumidor (IPC).

La dirección general de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informará a la dirección general de presupuesto público nacional (DGPPN) anualmente, actualizado por el índice de precios al consumidor y al momento de la presentación del anteproyecto del presupuesto nacional, el monto de los recursos comprometidos con fuente regalías por las entidades territoriales a que se refiere el inciso segundo del artículo 361 de la Constitución Política, y destinado a financiar gastos de inversión en régimen subsidiado, que haya sido certificado por las alcaldías y gobernaciones en la categoría inversión del formulario único territorial (FUT) para el corte 31 de diciembre de 2011. En caso de que alguna entidad territorial no haya informado en el formulario de inversión FUT, la dirección general de apoyo fiscal reportará a la DGPPN el valor certificado por las respectivas secretarías de hacienda como comprometido para los proyectos incluidos en la categoría Regalías 2 - relación de inversiones para el corte 31 de diciembre de 2011.

Los recursos apropiados se girarán al Ministerio de Salud y Protección Social, subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga); y se ejecutarán conforme a los decretos 971 y 4962 de 2011 y las demás normas que los compilen, modifiquen, adicionen o deroguen.

(D. 2710/2012, art. 4º)

ART. 2.2.4.7.5.—Fuentes de información. El Servicio Geológico Colombiano y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, deberán certificar al Ministerio de Salud y Protección Social la información para identificar las entidades territoriales productoras de recursos naturales no renovables, según corresponda.

Para identificar los departamentos, distritos y municipios que realizaron efectivamente inversiones en el régimen subsidiado de salud con recursos de regalías y compensaciones se tomará la información de los compromisos presupuestales, reportada a través del formulario único territorial (FUT) consolidado para la vigencia 2011.

(D. 2710/2012, art. 5º)

ART. 2.2.4.7.6.—Reconocimiento a las entidades territoriales. De acuerdo con la entrada en vigencia del Decreto-Ley 4923 de 2011 y de la Ley 1530 de 2012, la cofinanciación de la Nación será por un periodo de diez (10) años y se reconocerá por año completo a partir del año 2012, según la metodología, criterios y lineamientos previstos en el presente capítulo.

PAR. 1º—En el evento en que las entidades territoriales hayan girado recursos propios, para el pago de esfuerzo propio del régimen subsidiado que venían financiando con regalías en el año 2011, el Ministerio de Salud y Protección Social a través mecanismo financiero previsto en el Decreto 4962 de 2011 girará estos recursos a la cuenta maestra del régimen subsidiado de la entidad territorial.

PAR. 2º—En el evento en que las entidades territoriales no hayan girado los recursos de cofinanciación de esfuerzo propio que venían destinando con regalías en el año 2011, deberán reportar al Ministerio de Salud y Protección Social los montos no pagados, y el ministerio a través mecanismo financiero previsto en el Decreto 4962 de 2011 o la norma que lo compile, girará estos recursos a los prestadores de servicios de salud autorizados por las entidades promotoras de salud (EPS).

(D. 2710/2012, art. 6º)

CAPÍTULO 8

Cofinanciación de la Nación en las coberturas de alimentación escolar de las entidades territoriales productoras que destinaron regalías para dicho programa

ART. 2.2.4.8.1.—Objeto. El presente capítulo tiene por objeto establecer la metodología, criterios y lineamientos para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 145 de la Ley 1530 de 2012.

(D. 185/2013, art. 1º)

ART. 2.2.4.8.2.—Definición de la cobertura media nacional y territorial para alimentación escolar. El Ministerio de Educación Nacional determinará la cobertura media nacional y territorial, a través de los recursos destinados para alimentación escolar por fuentes de financiación reportados y consolidados por los municipios, distritos y departamentos en el formato único territorial (FUT) en la vigencia 2011.

(D. 185/2013, art. 2º)

ART. 2.2.4.8.3.—Metodología para la estimación de la cobertura media nacional y territorial para alimentación escolar. El Ministerio de Educación Nacional aplicará la siguiente metodología:

1. Se estiman los cupos ofrecidos para el total nacional, dividiendo la inversión de municipios, distritos y departamentos en 2011(1), en programas de alimentación escolar, de manera proporcional a la participación de la matrícula de cada jornada dentro de la matrícula total del país para ese mismo año; luego, los recursos proporcionales se dividen entre el costo anual (180 días) de la modalidad correspondiente a la jornada, estimado y validado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para 2011, para obtener los cupos por jornada escolar.

Sumando los cupos así obtenidos para cada jornada, se obtienen los cupos nacionales en 2011.

D1082DNP2015F4
 

(1) Para los departamentos la inversión propia no incluye la inversión realizada por sus municipios.

2. Se estima la cobertura total nacional del programa de alimentación escolar para 2011, dividiendo los cupos estimados anteriormente con la matrícula oficial total nacional de transición a media de 2011, reportada en el sistema integrado de matrícula (Simat), así:

D1082DNP2015F5
 

CN: Cobertura nacional en alimentación escolar 2011

3. Se estiman los cupos ofrecidos para cada entidad territorial en 2011, dividiendo su inversión en programas de alimentación escolar en 2011, de manera proporcional a la participación de la matrícula de cada jornada dentro de la matrícula total de la entidad en el mismo año; luego, los recursos proporcionales se dividen entre el costo anual (180 días) de la modalidad correspondiente a la jornada, estimado y validado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para 2011, para obtener los cupos por jornada escolar. Sumando los cupos de cada jornada se obtienen los cupos de la respectiva entidad en 2011.

D1082DNP2015F6B
 

Donde:

Ci = Cupos por entidad territorial 2011;

Ii = Inversión territorial en alimentación escolar 2011;

Kj = Costo por modalidad 2011;

Mij = Matrícula territorial en la modalidad 2011;

Mi = Matrícula territorial 2011

4. Se estima la cobertura por entidad territorial, dividiendo los cupos aquí estimados para 2011 con la matrícula oficial de transición a media de 2011, reportada en el Simat, así:

D1082DNP2015F7
 

Donde:

CTi = Cobertura territorial en alimentación escolar 2011

Para determinar los cupos a cofinanciar, se procede a:

1. Identificar las entidades territoriales beneficiarias que se encuentren por debajo de la media nacional estimada, en 2011.

2. Estimar los cupos de las entidades territoriales beneficiarias que se encuentren por debajo de la media nacional estimada para 2011, necesarios para alcanzarla. Para esto, se realiza una sumatoria de la matrícula de cada jornada escolar de 2011 multiplicada por la diferencia entre la cobertura nacional y la cobertura territorial de la misma vigencia.

D1082DNP2015F8
 

Donde:

CACi = Cupos a cofinanciar para cada entidad territorial 2011

3. Identificar las entidades territoriales beneficiarias que superen el promedio nacional estimado en 2011.

4. Estimar los cupos de las entidades territoriales beneficiarias que se encuentren por encima del promedio nacional estimado en 2011, necesarios para mantener la cobertura media nacional de 2011, más cinco puntos porcentuales (5%). Para esto, se realiza una sumatoria de la matrícula de cada jornada escolar para 2011, multiplicada por la cobertura nacional de 2011, más cinco puntos porcentuales.

D1082DNP2015F9
 

(D. 185/2013, art. 3º)

ART. 2.2.4.8.4.—Montos a cofinanciar por parte de la Nación. Para determinar el monto de la cofinanciación anual para cada entidad territorial beneficiaria, se multiplican los cupos estimados anteriormente para 2011 por modalidad por el costo anual (180 días) de la modalidad correspondiente a la jornada (reportado por el ICBF para 2011). El costo para el cual se realiza la cofinanciación se indexa por el índice de precios de alimentos de la vigencia anterior, certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Ninguna entidad territorial podrá recibir recursos de cofinanciación por un monto superior a los recursos de regalías que efectivamente fueron asignados por este concepto en 2011, indexado el valor por el índice de precios al consumidor, a la vigencia anterior para la que se realiza la asignación.

La dirección general de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informará a la dirección general de presupuesto público nacional (DGPPN) anualmente, actualizado por el índice de precios al consumidor y al momento de la presentación del anteproyecto del presupuesto nacional, el monto de los recursos comprometidos con fuente regalías por las entidades territoriales a que se refiere el inciso segundo de artículo 361 de la Constitución Política, y destinado a financiar gastos de inversión en alimentación escolar, que haya sido certificado por las alcaldías y gobernaciones en la categoría inversión del formulario único territorial (FUT) para el corte 31 de diciembre de 2011. En caso de que alguna entidad territorial no haya informado en el formulario de inversión FUT, la dirección general de apoyo fiscal reportará a la DGPPN el valor certificado por las respectivas secretarías de hacienda como comprometido para los proyectos incluidos en la categoría Regalías 2 - Relación de inversiones para el corte 31 de diciembre de 2011.

Para efectos de la cofinanciación a aplicar en la vigencia 2012, se tendrán en cuenta los recursos que la Nación asignó y giró para los fines dispuestos en la Resolución 3585 de 2012 del Ministerio de Educación Nacional. Estos recursos harán parte del monto global estimado que será distribuido en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 145 del Decreto-Ley 4923 de 2011 y 145 de la Ley 1530 de 2012.

(D. 185/2013, art. 4º)

ART. 2.2.4.8.5.—Fuentes de información. La información para identificar las entidades territoriales productoras de recursos naturales no renovables será certificada, por parte del Servicio Geológico Colombiano y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, según corresponda. La información que permite identificar los departamentos, distritos y municipios que realizaron inversiones en alimentación escolar con recursos de regalías y compensaciones provendrá del formulario único territorial (FUT) para la vigencia 2011.

(D. 185/2013, art. 5º)

ART. 2.2.4.8.6.—Reconocimiento a las entidades. De acuerdo con la entrada en vigencia del Decreto 4923 de 2011 y de la Ley 1530 de 2012, la cofinanciación de la Nación será por un periodo de diez (10) años y se reconocerá por año completo a partir del año 2012, según la metodología, criterios y lineamientos previstos en el presente capítulo.

(D. 185/2013, art. 6º)

ART. 2.2.4.8.7.—Uso de los recursos de alimentación escolar. Los recursos de la cofinanciación para alimentación escolar de que trata el presente capítulo serán destinados a financiar las siguientes actividades, de acuerdo con los lineamientos técnicos definidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar:

1. Compra de alimentos;

2. Contratación de personal para la preparación de alimentos;

3. Transporte de alimentos;

4. Menaje, dotación para la prestación del servicio de alimentación escolar y reposición de dotación;

5. Aseo y combustible para la preparación de los alimentos;

6. Contratación con terceros para la provisión del servicio de alimentación escolar;

7. Construcción y mejoramiento de infraestructuras destinadas a la provisión del servicio de alimentación escolar;

8. Interventoría, supervisión, monitoreo y control de la prestación del servicio de alimentación escolar.

PAR. 1º—Los gastos previstos en los numerales 7º y 8º estarán sujetos al sostenimiento de las coberturas en condiciones de calidad, es decir que solo será posible hacer inversiones en infraestructura, interventoría, supervisión, monitoreo y control cuando la disponibilidad de recursos lo permita, después de garantizar las coberturas.

PAR. 2º—Los mencionados usos podrán ser modificados de acuerdo a los lineamientos técnicos que el Ministerio de Educación Nacional pueda llegar a formular, en desarrollo de las responsabilidades que el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 le confiere respecto del programa de alimentación escolar.

(D. 185/2013, art. 7º)

ART. 2.2.4.8.8.—Asignación de los recursos. Las entidades territoriales que sean beneficiarias de los recursos de que trata el presente capítulo serán aquellas resultantes del cruce del universo de las entidades territoriales productoras de recursos naturales no renovables, con la información de los departamentos, distritos y municipios que financiaron los programas de alimentación escolar con recursos de regalías en la vigencia 2011.

(D. 185/2013, art. 8º)

ART. 2.2.4.8.9.—Seguimiento a los recursos. Respecto a la ejecución de los recursos de cofinanciación para alimentación escolar de los que trata el presente decreto, corresponde a las entidades territoriales beneficiarias ejercer el control interno e informar a los entes de control competentes sobre las conductas y eventos de riesgo detectados en la ejecución de los recursos, así como gestionar el apoyo administrativo, contractual, financiero, presupuestal y contable de acuerdo con las normas vigentes para el desarrollo del programa en condiciones de calidad, eficiencia e impacto social positivo, teniendo como premisa que la asignación de la alimentación escolar se realiza por estudiante atendido en jornadas específicas.

Con la información reportada en el FUT, el Ministerio de Educación Nacional efectuará el monitoreo a la ejecución financiera de los recursos e informará a los entes de control sobre eventos de riesgo detectados.

Eventualmente en los casos que se estime pertinente, el ministerio solicitará información y realizará las muestras aleatorias que sean procedentes a cualquier nivel operativo o a los clientes del programa de alimentación escolar para validar la información oficializada.

(D. 185/2013, art. 9º)

ART. 2.2.4.8.10.—Eventos del riesgo. Para efectos del artículo anterior se consideran los siguientes eventos del riesgo:

1. La no presentación de la información de la ejecución de los recursos para alimentación escolar en los términos y condiciones establecidas para tal fin.

2. Reportar información inconsistente, errada, inexacta o falsa.

3. El no garantizar por parte de la entidad territorial la continuidad en el proceso de control interno y seguimiento al uso de los recursos para alimentación.

4. Todos los que se puedan comprobar y que estén contenidos en el libro segundo, título III del Código Penal colombiano referente a los delitos contra la administración pública.

5. Incumplimiento de los principios y técnicas presupuestales establecidos en el estatuto orgánico de presupuesto, Decreto 111 de 1996 y sus decretos reglamentarios.

6. Informar una cobertura inexistente, no comprobable o con ausencia de depuración que induzca a errores en la asignación de los recursos para la financiación del programa.

7. Cambio en la destinación de los recursos.

8. Desfinanciar la prestación del servicio de alimentación escolar.

(D. 185/2013, art. 10)

CAPÍTULO 9

Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP)

SECCIÓN 1

Administración del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP)

ART. 2.2.4.9.1.1.—Reuniones del comité directivo. El comité directivo del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera deberá convocarse por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, mediante escrito dirigido a cada uno de los miembros con, por lo menos, cinco días hábiles de anticipación a la respectiva reunión, salvo que en el reglamento interno del comité directivo se prevea otro mecanismo.

Las reuniones del comité directivo se efectuarán en la ciudad de Bogotá D.C. o en el lugar que señale su reglamento interno.

(D. 609/96, art. 4º)

ART. 2.2.4.9.1.2.—Número de unidades que corresponde a cada una de las entidades partícipes. El número de unidades que corresponde a cada una de las entidades partícipes en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera se establecerá dividiendo las sumas de dinero aportadas por ellas, por el valor de la unidad vigente en la fecha en que se efectúe el aporte.

Se tendrá como valor vigente de la unidad, el que resulte al cierre del día hábil inmediatamente anterior a la fecha en referencia.

El Banco de la República fijará el valor inicial de la unidad, previa aprobación del comité directivo del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera.

(D. 845/96, art. 1º)

ART. 2.2.4.9.1.3.—Certificación. El Banco de la República certificará trimestralmente el número y valor de las unidades que correspondan a las entidades partícipes del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera.

(D. 845/96, art. 2º)

ART. 2.2.4.9.1.4.—Giro de utilidades. Dentro del primer mes de cada año calendario, el Banco de la República girará la Agencia Nacional de Hidrocarburos las utilidades acumuladas en el año inmediatamente anterior que correspondan a cada una de las entidades participes en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos girará en moneda nacional, las sumas correspondientes a cada entidad, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que las reciba.

(D. 845/96, art. 3º)

ART. 2.2.4.9.1.5.—De las utilidades. Las utilidades equivalen a la valorización de cada unidad en el respectivo año.

La valorización de la unidad se define como la diferencia positiva entre el valor de mercado a diciembre 31 del año en consideración y el valor de costo.

El valor de costo será el que corresponda a la unidad a 1º de enero de cada año o en la fecha en que se hizo el aporte, cuando este fuere posterior.

(D. 845/96, art. 4º)

ART. 2.2.4.9.1.6.—De la afectación por las sumas retiradas del FAEP. Las sumas retiradas del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, por concepto de utilidades o reintegros, afectarán el número de unidades que corresponden a cada partícipe y no el valor de las mismas.

(D. 845/96, art. 7º)

ART. 2.2.4.9.1.7.—Normas contables aplicables. El Banco de la República, en el manejo del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, se regirá por las normas contables aplicables a dicha entidad.

(D. 845/96, art. 8º)

ART. 2.2.4.9.1.8.—Presentación de estados financieros. El Banco de la República deberá presentar los estados financieros del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, para aprobación del comité directivo, dentro del primer trimestre del año, de acuerdo con lo previsto por el comité directivo.

(D. 845/96, art. 9º)

ART. 2.2.4.9.1.9.—Ajustes por parte del administrador del FAEP. El Banco de la República como administrador del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, deberá realizar los ajustes que sean del caso, en los siguientes eventos:

1. Cuando los estados financieros aprobados por el comité directivo del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera presenten diferencias con aquellos que sirvieron de base para el giro de utilidades, de tal manera que existan discrepancias con las sumas distribuidas.

2. En general cuando por razones operativas se presenten diferencias que modifiquen la participación en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera o la distribución de utilidades.

(D. 845/96, art. 10)

SECCIÓN 2

Procedimiento de giro de los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP)

ART. 2.2.4.9.2.1.—Objeto. La presente sección tiene por objeto establecer los criterios para la realización de los descuentos y el procedimiento para el giro de los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) a las entidades partícipes en él, conforme a lo dispuesto en los artículos 118 y 275 de la Ley 1450 de 2011, el Decreto-Ley 4972 de 2011, los artículos 137, 144 y 150 de la Ley 1530 de 2012 y el artículo 6º de la Ley 1608 de 2013.

(D. 1849/2013, art. 1º)

ART. 2.2.4.9.2.2.—Vigencia y destinación del desahorro de los recursos del FAEP. El Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) continuará vigente, así como las normas que lo regulen en lo pertinente, hasta agotar los recursos incorporados en este, en los términos establecidos en el artículo 150 de la Ley 1530 de 2012, adicionado por el artículo 6º de la Ley 1608 de 2013.

En virtud de lo anterior, el desahorro de los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) se realizará con fundamento en el siguiente orden:

1. Pago de las deudas con las entidades promotoras de salud por contratos realizados hasta el 31 de marzo de 2011, según lo establecido en el artículo 275 de la Ley 1450 de 2011.

2. Inversiones en vías según lo establecido en el artículo 118 de la Ley 1450 de 2011.

3. Para atender compromisos adquiridos por las entidades territoriales partícipes en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) al 31 de diciembre de 2011, según lo establecido en el artículo 144 de la Ley 1530 de 2012.

Atendidos estos compromisos, cada entidad territorial podrá destinar el saldo restante, si lo hubiere, a financiar proyectos de inversión incluidos en sus planes de desarrollo.

(D. 1849/2013, art. 2º)

ART. 2.2.4.9.2.3.—Agotamiento de los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) para las deudas reconocidas del régimen subsidiado de salud con las entidades promotoras de salud. Según lo establecido en el artículo 275 de la Ley 1450 de 2011, en el evento en que las entidades partícipes en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) tengan deudas reconocidas del régimen subsidiado de salud con las entidades promotoras de salud por contratos realizados hasta el 31 de marzo de 2011, podrán adelantar la solicitud de desahorro hasta en un periodo de doce (12) meses. De conformidad con lo anterior, para el pago de dichas deudas se descontará el valor de la deuda reconocida del régimen subsidiado de salud del saldo de capital disponible al 31 de diciembre de 2011 por la entidad ahorradora en el FAEP. Una vez descontados estos recursos la Agencia Nacional de Hidrocarburos comunicará a los partícipes su saldo disponible.

(D. 1849/2013, art. 3º)

ART. 2.2.4.9.2.4.—Determinación del saldo de capital disponible al 31 de diciembre de 2011. Para efectos de la determinación del saldo de capital disponible ahorrado por las entidades partícipes al 31 de diciembre de 2011, se incluirán los aportes y retiros solicitados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) al Banco de la República y que no se hubieran tramitado con anterioridad a esta fecha.

En caso de que se presenten desahorros para el pago de deudas reconocidas del régimen subsidiado de salud con las entidades promotoras de salud por contratos realizados hasta el 31 de marzo de 2011, el saldo de capital aplicable para la fórmula descrita en el inciso segundo del artículo 2.2.4.9.2.5 del presente decreto, será la diferencia entre el saldo de capital disponible a 31 de diciembre de 2011 y la totalidad del desahorro para el pago de estas deudas.

(D. 1849/2013, art. 4º)

ART. 2.2.4.9.2.5.—Agotamiento de los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP). Las entidades partícipes en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) podrán desahorrar anualmente, en proporciones iguales y por el término de ocho (8) años los recursos de capital que les correspondan en dicho fondo hasta desahorrar el ciento por ciento (100%).

El cupo máximo de desahorro para cada año por entidad partícipe corresponderá al resultado de multiplicar el saldo de capital disponible al 31 de diciembre de 2011 o el saldo establecido en el inciso 2º del artículo 2.2.4.9.2.4 del presente decreto cuando haya lugar, por el factor de liquidación presentado en el siguiente cuadro descontando posteriormente todos los retiros de capital que haya solicitado la Agencia Nacional de Hidrocarburos al Banco de la República para cada entidad partícipe a partir del 1º de enero de 2012 por conceptos diferentes a deudas reconocidas del régimen subsidiado de salud con la entidades promotoras de salud por contratos realizados hasta el 31 de marzo de 2011.

AñoFactor de liquidación
201212,50%
201325,00%
201437,50%
201550,00%
201662,50%
201775,00%
201887,50%
2019100,00%

Anualmente la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) comunicará a los partícipes el cupo máximo de desahorro para cada año, de conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior.

(D. 1849/2013, art. 5º)

ART. 2.2.4.9.2.6.—Término de los recursos ahorrados por el Fondo Nacional de Regalías - en Liquidación en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP). En desarrollo de lo previsto en el artículo primero del Decreto-Ley 4972 de 2011, los recursos ahorrados por el Fondo Nacional de Regalías - en Liquidación en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP), se someterán al término previsto en dicha norma.

(D. 1849/2013, art. 6º)

ART. 2.2.4.9.2.7.—Utilidades en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP). Las entidades partícipes en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) continuarán recibiendo las utilidades acumuladas durante el año inmediatamente anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 9º de la Ley 209 de 1995 y la sección 1 del presente capítulo. No obstante, el último desahorro se hará a más tardar en el octavo año establecido en el artículo 150 de la Ley 1530 de 2012 y comprenderá la entrega total de los saldos en el fondo, incluyendo las utilidades generadas en ese mismo año.

(D. 1849/2013, art. 7º)

ART. 2.2.4.9.2.8.—Vigencia del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP). Las entidades participes en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP), no serán objeto de las retenciones previstas en la Ley 209 de 1995.

El Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) deberá liquidarse al término de los ocho (8) años, establecido en el artículo 150 de la Ley 1530 de 2012. Así mismo, el contrato celebrado entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Minas y Energía y el Banco de la República, para la administración del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) se dará por terminado y se procederá a su liquidación.

PAR.—La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), o la entidad que haga sus veces, solicitará al Banco de la República el saldo disponible de los recursos ahorrados por las entidades partícipes al finalizar el octavo año y procederá a su entrega.

(D. 1849/2013, art. 8º)

ART. 2.2.4.9.2.9.—Giro de los recursos. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), girará los recursos correspondientes a los desahorros a los que tengan derecho las entidades partícipes previstos en los artículos 118 y 275 de la Ley 1450 de 2011 y los artículos 137 y 144 de la Ley 1530 de 2012, directamente a las entidades partícipes o al mecanismo único de recaudo y giro implementado según lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 1438 de 2011, en el marco de la Ley 1608 de 2013, para que desde este mecanismo se giren a las instituciones prestadoras de servicios de salud, de conformidad con las reglas establecidas en el presente capítulo.

(D. 1849/2013, art. 9º)

ART. 2.2.4.9.2.10.—Procedimiento de giro. El giro de los recursos por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) a las entidades partícipes en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP), y al mecanismo único de recaudo y giro implementado según lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 1438 de 2011, se hará de conformidad con el siguiente procedimiento:

1. Una vez recibida la solicitud de la entidad partícipe en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) o del Ministerio de Salud y Protección Social, en el caso de los recursos que se destinen al pago de deudas con las entidades promotoras de salud del régimen subsidiado, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la misma, solicitará al Banco de la República el desahorro correspondiente, conforme a la disponibilidad de recursos a favor del respectivo ahorrador a la fecha en que se verifique dicha operación, de acuerdo con la normativa correspondiente, y previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1.1. Recursos que se destinen al pago de deudas con las entidades promotoras de salud del régimen subsidiado por contratos realizados hasta el 31 de marzo de 2011, según lo establecido en el artículo 275 de la Ley 1450 de 2011. De conformidad con el procedimiento establecido en el Decreto 1080 de 2012 o aquel que lo compile, modifique o sustituya, el Ministerio de Salud y Protección Social solicitará a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el desahorro de los recursos para cada entidad territorial, por una sola vez, y esta los girará directamente al mecanismo único de recaudo y giro implementado según lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 1438 de 2011, para que desde este mecanismo se giren a las instituciones prestadoras de servicios de salud de acuerdo con la información reportada por las entidades promotoras de salud.

Las entidades territoriales que no hayan reportado al Ministerio de Salud y Protección Social deudas con las entidades promotoras salud de conformidad con el procedimiento establecido en el Decreto 1080 de 2012 o aquel que lo compile, destinarán los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) de acuerdo con las prioridades definidas el artículo 2.2.4.9.2.2 del presente decreto, siguiendo el procedimiento dispuesto en los siguientes numerales:

1.2. Recursos para inversiones en vías según lo señalado en el artículo 118 de la Ley 1450 de 2011. Los departamentos y municipios, durante los años 2011 a 2014, solicitarán a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). el desembolso de los recursos ahorrados en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP), los cuales deberán destinarse en vías incluidas en el plan vial departamental aprobado por el Ministerio de Transporte o en vías municipales, atendiendo la priorización acordada con el Instituto Nacional de Vías (Invías) para la inclusión de vías al programa caminos para la prosperidad.

Al presentar la solicitud de desembolso ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), los departamentos y municipios deberán incluir una certificación del Ministerio de Transporte o del Invías, según corresponda, que demuestre que las vías que se financiarán con estos recursos se encuentran incluidas dentro del respectivo plan vial departamental o el programa caminos para la prosperidad.

En caso de no requerir recursos para destinarlos a este concepto, el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invías), según se trate de vías departamentales o municipales, deberán certificarlo.

1.3. Giro de los recursos en virtud del artículo 144 de la Ley 1530 de 2012. Los departamentos y municipios solicitarán a la Agencia Nacional de Hidrocarburos -(ANH) el desembolso correspondiente de estos recursos, los cuales se girarán una vez se acrediten los requisitos que establezca el Gobierno Nacional, y en todo caso, una vez sea remitida la certificación expedida por el representante legal de la entidad en los términos del artículo 144 de la Ley 1530 de 2012.

1.4. Recursos del Fondo Nacional de Regalías - en Liquidación en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP). El liquidador del Fondo Nacional de Regalías - en Liquidación solicitará a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) el giro de los recursos del Fondo Nacional de Regalías - en Liquidación ahorrados en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP).

2. El Banco de la República efectuará el traslado de los recursos en dólares de los Estados Unidos de América, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud realizada por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), a la cuenta bancaria que esta le indique.

El traslado de los recursos que corresponda a solicitudes de desahorro a favor del Fondo Nacional de Regalías - en Liquidación podrá efectuarse dentro de un plazo máximo de quince (15) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud realizada por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

3. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de los recursos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) los monetizará y girará directamente a las entidades partícipes correspondientes o al mecanismo único de recaudo y giro implementado conforme al artículo 31 de la Ley 1438 de 2011, según el caso, el monto equivalente en pesos tomando como referencia la tasa de cambio representativa del mercado de la fecha en que se efectúe el pago. En todo caso, si se presenta diferencia cambiaria en contra de la entidad partícipe, esta será asumida por la misma y en caso contrario, el sobrante deberá ser destinado por parte de la entidad a los proyectos sobre los cuales se está realizando la inversión de los recursos o a otros proyectos de inversión.

Para el pago de deudas del régimen subsidiado de salud, los excedentes o faltantes, producto de la monetización de los recursos, respecto del monto de la obligación reportada por el Ministerio de Salud y Protección Social, serán reintegrados o solicitados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos en dólares de los Estados Unidos de América al Banco de la República, mediante abono o cargo a la cuenta del participe en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP), según corresponda.

PAR. 1º—En el caso en que los recursos solicitados, de conformidad con lo establecido en el numeral 1º de este artículo, sean superiores al saldo a favor de los departamentos y municipios en la fecha de la operación los recursos a desahorrar se limitarán al monto disponible a favor de la entidad territorial.

PAR. 2º—Los recursos previstos para el pago de cartera hospitalaria, cuya distribución se encuentre comprometida según la normativa vigente expedida por el Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio de Salud y Protección Social, continuarán girándose conforme a los requisitos y procedimientos establecidos en el Decreto 3668 de 2009 o aquel que lo compile, modifique o sustituya.

(D. 1849/2013, art. 10)

ART. 2.2.4.9.2.11.—Manejo de los recursos generados por diferencia cambiaria. Los recursos generados por diferencia cambiaria antes de la entrada en vigencia del Decreto 1074 de 2012, como consecuencia del trámite de desahorros solicitados por partícipes del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP), serán reintegrados por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos a sus correspondientes beneficiarios, cuyos rendimientos financieros serán distribuidos en forma proporcional al margen cambiario reconocido.

(D. 1849/2013, art. 11)

CAPÍTULO 10

Administración del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) del sistema general de regalías

ART. 2.2.4.10.1.—Fideicomiso Fondo de Ahorro y Estabilización. Los ingresos del sistema general de regalías que se distribuyan al Fondo de Ahorro y Estabilización se destinarán al patrimonio autónomo denominado “Fideicomiso FAE” y será administrado por el Banco de la República. Para estos efectos, los recursos que se destinen al Fondo de Ahorro y Estabilización, de que trata la Ley 1530 de 2012, se podrán transferir y girar directamente en moneda extranjera, a la cuenta única nacional abierta a nombre del sistema general de regalías que determine la dirección general de crédito público y tesoro nacional.

En ningún caso se entenderá que los partícipes del fondo recibirán los recursos en una moneda diferente al peso colombiano.

El Banco de la República administrará los recursos que le sean transferidos por la dirección general de crédito público y tesoro nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así como los rendimientos y demás ingresos que se generen en su administración.

Por cada giro al Fideicomiso FAE, la dirección general de crédito público y tesoro nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público debe enviar una comunicación formal al Banco de la República, en la que indique el monto en dólares de los Estados Unidos de América a transferir desagregado por partícipe en el Fondo de Ahorro y Estabilización, la fecha en la que se realizará el giro y especificando de dónde provendrán los recursos. Esta comunicación debe enviarse como mínimo un (1) día hábil antes del giro.

PAR.—Mientras se determina y recibe por parte del Departamento Nacional de Planeación la distribución de los recursos destinados a los partícipes del Fondo de Ahorro y Estabilización y se adelanta el proceso de giro al Banco de la República, la dirección general de crédito público y tesoro nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá mantener transitoriamente estos recursos en cuentas bancarias o depósitos remunerados en el exterior. Los rendimientos financieros netos que se generen serán transferidos en su totalidad al Banco de la República junto con los recursos depositados, discriminados por partícipe. El ejercicio de la función de administración a la que se refiere el presente artículo, se realizará teniendo en cuenta que las obligaciones de la dirección general de crédito público y tesoro nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público son de medio y no de resultado, razón por la cual el riesgo cambiario no será asumido por esta.

(D. 1076/2012, art. 1º)

ART. 2.2.4.10.2.—Definición de participe. Para efectos del presente capítulo, se entiende por partícipe los departamentos, municipios y distritos que conforme a los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, sean definidos e informados por el Departamento Nacional de Planeación a la dirección general de crédito público y tesoro nacional. Así mismo, la dirección general de crédito público y tesoro nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informará al Banco de la República los partícipes respectivos.

(D. 1076/2012, art. 2º)

ART. 2.2.4.10.3.—Administración del fideicomiso. Las inversiones del Fideicomiso FAE solamente se podrán realizar en instrumentos financieros denominados en moneda extranjera, y emitidos en el exterior. Las inversiones podrán comprender títulos representativos de deuda externa colombiana de la Nación, siempre y cuando no sean adquiridos en el mercado primario. El riesgo cambiario será asumido por los partícipes en el Fondo de Ahorro y Estabilización y en ningún caso por la Nación.

El Banco de la República deberá enviar a los miembros del comité de inversiones informes acerca del Fideicomiso FAE, en las condiciones y periodicidad que este señale. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público producirá un reporte trimestral sobre el Fideicomiso dirigido al público.

(D. 1076/2012, art. 3º)

ART. 2.2.4.10.4.—(Modificado).* Desahorro. Si se presenta la causal de desahorro prevista en la normatividad aplicable, la dirección general de crédito público y tesoro nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitará el desahorro mediante una comunicación formal al Banco de la República, en la que indique el monto del desahorro desagregado por partícipe en el Fondo de Ahorro y Estabilización, en dólares de los Estados Unidos de América. El Banco de la República tendrá diez (10) días a partir del momento en que reciba la comunicación para girar los recursos.

Una vez girados los recursos del desahorro por el Banco de la República, la dirección general de crédito público y tesoro nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público tendrá hasta treinta (30) días para girarlos a los partícipes correspondientes, los cuales se canalizarán a través del Fondo de Compensación Regional, el Fondo de Desarrollo Regional, y las asignaciones directas, proporcionalmente con respecto a su participación en los ingresos del sistema general de regalías en el año correspondiente.

PAR.—La dirección general de crédito público y tesoro nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público canalizará los recursos en moneda extranjera a través del mercado cambiarlo en condiciones de mercado. Los costos y efectos cambiarlos (sic) que ocasionen dichas operaciones se harán proporcionalmente con cargo a los beneficiarios del desahorro.

Mientras se determina la distribución de los recursos entre los partícipes en el Fondo de Ahorro y Estabilización, por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP), la dirección general de crédito público y tesoro nacional podrá mantenerlos en cuentas bancarias o depósitos remunerados en el exterior y los rendimientos que se generen se distribuirán entre los partícipes en el fondo en forma proporcional a los recursos recibidos.

(D. 1076/2012, art. 4º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1297 de 2016 artículo 3° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

ART. 2.2.4.10.5.—Comité de inversiones. El Fideicomiso FAE contará con un comité de inversiones, que estará constituido de la siguiente manera: El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado, quien lo presidirá; el Ministro de Minas y Energía o su delegado, y el Director General del Departamento Nacional de Planeación o su delegado. El Gerente General del Banco de la República o su delegado y quien ejerza la auditoría del Fideicomiso FAE asistirán a las sesiones del comité de inversiones con voz, pero sin voto.

PAR. 1º—Los miembros del comité de inversiones solo podrán delegar la asistencia en los funcionarios del nivel directivo de los ministerios y del Departamento Nacional de Planeación.

PAR. 2º—Al comité de inversiones establecido en el artículo 52 de la Ley 1530 de 2012 y el presente artículo serán invitados permanentes con voz pero sin voto, dos (2) gobernadores, de los cuales uno corresponderá a uno de los departamentos productores, elegidos por un periodo de un (1) año, y dos (2) alcaldes, de los cuales uno corresponderá a uno de los municipios productores, elegidos por un periodo de un (1) año.

(D. 1541/2012, art. 7º y D. 1076/2012, art. 5º)

ART. 2.2.4.10.6.—Facultades y funcionamiento del comité de inversiones. El comité de inversiones cumplirá las siguientes funciones:

1. Determinar la política de inversión del Fideicomiso FAE.

2. Definir las clases de activos admisibles.

3. Definir la asignación estratégica de activos, es decir, la distribución de las clases de activos y la composición cambiaria.

4. Definir los criterios generales para la selección de las inversiones, las operaciones con derivados, repos, simultáneas y transferencia temporal de valores.

5. Establecer los límites máximos e individuales de inversión para los instrumentos financieros y las contrapartes.

6. Establecer las condiciones generales de los depósitos de margen o garantía para la realización de las operaciones con derivados, repos, simultáneas y transferencia temporal de valores.

7. Establecer los criterios generales para la selección, aprobación y evaluación de contrapartes, corresponsales bancarios, administradores externos, mandatarios, custodios, agentes, apoderados y asesores de inversión y establecer el alcance de la delegación, consistente con los propósitos del Fideicomiso FAE y las políticas de inversiones.

8. Establecer los procedimientos a seguir en los eventos en que se presenten excesos o defectos en los límites de inversión.

9. Hacer seguimiento al desempeño del Fideicomiso FAE y a las políticas establecidas.

10. Determinar la periodicidad y el contenido de los informes periódicos que le presentará el Banco de la República sobre el fideicomiso.

11. Aprobar dentro del primer trimestre de cada año los estados financieros anuales del Fideicomiso FAE.

12. Aprobar las modificaciones a la comisión de administración establecida en el contrato de administración.

13. Estudiar y pronunciarse sobre las propuestas que presente el Banco de la República en caso de desviaciones a las políticas de inversión, conforme a lo previsto en el contrato de administración.

14. Las demás funciones necesarias para la administración del Fideicomiso FAE y la inversión de sus recursos.

15. Darse su propio reglamento.

PAR. 1º—El comité de inversiones se reunirá en sesiones ordinarias por lo menos una vez cada trimestre del año y en sesiones extraordinarias cuando lo solicite el presidente del comité. Sesionará con la asistencia de todos sus miembros y las decisiones las adoptará por mayoría simple. Los invitados al comité participarán en las reuniones con voz y sin voto.

Las decisiones del comité de inversiones considerarán las capacidades operativas del Banco de la República para su implementación, sin que ello en ningún caso implique el incumplimiento de lo dispuesto en el inciso décimo del artículo 361 de la Constitución Política.

El comité, de acuerdo con la periodicidad que determine, podrá consultar a expertos internacionales idóneos con experiencia en el manejo de portafolios de fondos soberanos, cuya remuneración se fijará con cargo a los recursos de funcionamiento del sistema general de regalías asignados al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público adelantará la contratación directamente o a través de terceros.

PAR. 2º—La secretaría del comité estará a cargo del Banco de la República y cumplirá las siguientes funciones:

1. Convocar a las sesiones ordinarias del comité de inversiones y a las sesiones extraordinarias por solicitud del presidente del comité.

2. Elaborar y conservar las actas de las reuniones del comité de inversiones.

3. Remitir a los miembros del comité los informes y estados financieros que se requieran para las deliberaciones y adopción de las decisiones que le correspondan.

PAR. 3º—El comité de inversiones contará con un grupo financiero asesor, integrado por el viceministro técnico, el director general de crédito público y del tesoro nacional y el subdirector de riesgos, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se podrá invitar a formar parte del grupo a dos (2) personas externas, las cuales no podrán tener conflictos de interés en relación con los asuntos que se vayan a debatir. El director de reservas del Banco de la República podrá asistir como invitado permanente a las sesiones del grupo.

PAR. 4º—El Ministerio de Hacienda y Crédito Público creará un grupo técnico de apoyo para el comité de inversiones y el grupo financiero asesor, con cargo a los recursos del sistema general de regalías que se destinan anualmente para su funcionamiento, el cual se encargará, además de las funciones que se le asignen en el acto de su creación, de elaborar y conservar las actas de las reuniones del grupo financiero asesor y los informes y demás documentos que se requieran para el funcionamiento del comité de inversiones y de los grupos.

PAR. 5º—El comité de inversiones no responderá por la valorización o desvalorización del portafolio o de alguno de los activos o derivados que lo componen, ni por la rentabilidad efectivamente alcanzada o de pérdidas asimilables.

(D. 1076/2012, art. 6º, D. 1293/2013 art. 1º)

ART. 2.2.4.10.7.—Valoración y manejo contable del Fideicomiso FAE. El Fideicomiso FAE será valorado de acuerdo con el método que refleje los objetivos y características de los instrumentos financieros que conforman el fideicomiso.

El valor del Fondo de Ahorro y Estabilización se debe determinar en forma diaria y expresarse en dólares de los Estados Unidos de América y en unidades. Las unidades miden el valor de los aportes de los partícipes y representan cuotas partes del valor patrimonial del Fondo de Ahorro y Estabilización. El cambio en el valor de la unidad representa los rendimientos o pérdidas que se han obtenido.

Los recursos recibidos y los retiros del Fondo de Ahorro y Estabilización, se deben efectuar al valor de la unidad calculado al cierre del día hábil inmediatamente anterior.

Se tendrá como valor vigente de la unidad el que resulte al cierre del día hábil inmediatamente anterior a la fecha de la operación de ahorro o de desahorro, para lo cual se deben considerar todos los ingresos y gastos que se deriven del manejo del Fideicomiso FAE. La unidad de inversión para el día en que se inicie la operación del Fideicomiso FAE será de US$1.000, el cual corresponderá a la fecha en que el Banco de la República reciba y registre el primer giro de los recursos destinados al Fideicomiso FAE.

La contabilidad del Fideicomiso FAE se llevará en dólares de los Estados Unidos de América y de manera separada por cada partícipe en el Fondo de Ahorro y Estabilización en los libros de contabilidad del Banco de la República a través de cuentas de orden fiduciarias. En la preparación y emisión de los estados financieros, y en general su manejo contable se regirá por las normas de contabilidad aplicables al Banco de la República.

El Banco de la República como administrador del Fideicomiso FAE deberá realizar los ajustes que sean del caso, de acuerdo con las normas contables vigentes y en general cuando por razones operativas se presenten diferencias que modifiquen el valor patrimonial de los partícipes en el Fideicomiso FAE o la determinación de los resultados.

PAR.—El Banco de la República enviará mensualmente a la dirección general de crédito público y tesoro nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público información sobre el valor del Fondo de Ahorro y Estabilización en dólares de los Estados Unidos de América, así como el saldo en unidades y su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América para cada partícipe.

PAR. TRANS.—Mientras el Banco de la República prepara y ajusta los sistemas informáticos para el manejo de los aportes, retiros y capitalización de resultados por partícipe en el Fondo de Ahorro y Estabilización, su registro contable se realizará provisionalmente de manera global

(D. 1076/2012, art. 7º)

ART. 2.2.4.10.8.—Auditoría del Fideicomiso FAE. El Gobierno Nacional delega la auditoría del Fideicomiso FAE en la auditoría del Banco de la República, quien desarrollará las siguientes funciones:

1. Examinar los estados financieros del Fideicomiso FAE con la finalidad de establecer su razonabilidad y expresar una opinión profesional sobre si estos están preparados, en todos los aspectos importantes, de acuerdo con las normas contables de aceptación general;

2. Verificar que las operaciones del Fideicomiso FAE se ajustan a las prescripciones legales, contractuales y a las decisiones correspondientes del comité de inversiones;

3. Velar porque se lleven regularmente y de acuerdo con la ley, la contabilidad del Fideicomiso FAE y las actas del comité de inversiones, y porque se conserven debidamente la correspondencia y comprobantes de los movimientos de las cuentas del Fideicomiso FAE;

4. Procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación y seguridad de los bienes del Fideicomiso FAE;

5. Evaluar el sistema de control interno de los procesos del Banco de la República relacionados con la administración del Fideicomiso FAE y presentarle a este el resultado de las evaluaciones y sus recomendaciones;

6. Aplicar, en sus intervenciones de control y comprobación, las normas de auditoría generalmente aceptadas y velar por el cumplimiento de las normas y principios contables;

7. Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes.

(D. 1076/2012, art. 8º)

ART. 2.2.4.10.9.—Contrato para la administración del Fideicomiso FAE. El contrato para la administración del Fideicomiso FAE será suscrito por el representante legal del Banco de la República y por el Ministro de Hacienda y Crédito Público en nombre de la Nación.

La comisión inicial de administración del Fideicomiso FAE, que devengará el Banco de la República, se acordará en el contrato que se celebre entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco de la República. Esta comisión será pagada con cargo a los rendimientos de los recursos fideicomitidos y en subsidio, con cargo a estos últimos.

PAR.—Los costos y gastos derivados de la comisión de administración y de la comisión por servicios por el manejo de los recursos en el Fideicomiso FAE no tendrán efectos presupuestales para el sistema general de regalías; por consiguiente, no serán imputables al presupuesto de gastos de administración del mismo.

(D. 1076/2012, art. 9º).

ART. 2.2.4.10.10.—Comunicaciones. Las comunicaciones relacionadas con el sistema general de regalías, deberán ser resueltas por la entidad del sistema según la naturaleza de la solicitud y de acuerdo a las competencias otorgadas a cada una de ellas de conformidad con las normas aplicables.

(D. 1076/2012, art. 10)

TÍTULO 5

Sistema general de participaciones

CAPÍTULO 1

Recursos del SGP para salud

ART. 2.2.5.1.1.—Información para la aplicación de los criterios y mecanismos de distribución. En la distribución de los recursos del sistema general de participaciones para salud, se tomará la información requerida de conformidad con los artículos 48, 49, 52, 66, 70 y 71 de la Ley 715 de 2001, teniendo en cuenta lo siguiente:

1.(Derogado).* La población afiliada al régimen contributivo será la definida por el Ministerio de Salud y Protección Social con corte máximo a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a aquel para el cual se efectúa la distribución por cada municipio, distrito y departamento en el caso de las áreas no municipalizadas de los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés, conforme a la metodología que dicho ministerio defina.

*(Nota: Derogado por el Decreto 762 de 2017 artículo 2° del Ministerio de Salud y Protección Social)

2. La población afiliada al régimen subsidiado será aquella definida por el Ministerio de Salud y Protección Social con corte máximo a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a aquel para el cual se efectúa la distribución inicial del sistema general de participaciones para la vigencia siguiente, por cada municipio, distrito o en las áreas no municipalizadas de los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés. Para el efecto, se deberá discriminar la población cofinanciada con recursos de las cajas de compensación familiar, la cual será igualmente certificada por dicho ministerio. Lo anterior conforme a la metodología que el mencionado ministerio defina.

3.(Derogado).* La población afiliada a regímenes de excepción, salvo la de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, en cada municipio, distrito o departamento en el caso de las áreas no municipalizadas, será certificada por el Ministerio de Salud y Protección Social con corte máximo a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a aquel para el cual se efectúa la distribución. Para estos efectos, las entidades que administran regímenes de excepción deberán informar al Ministerio de Salud y Protección Social en los términos que dicho ministerio defina.

*(Nota: Derogado por el Decreto 762 de 2017 artículo 2° del Ministerio de Salud y Protección Social)

4. Para los recursos destinados a financiar las acciones de salud pública definidas como prioritarias para el país, se tomarán en cuenta, en todo caso, los siguientes criterios de conformidad con lo señalado en el artículo 52 de la Ley 715 de 2001:

4.1. Para la población por atender, se tomará la participación de la población de cada entidad territorial en el total nacional.

4.2. Para el criterio de equidad, se tomarán en cuenta los siguientes indicadores:

4.2.1. Nivel de pobreza: definido como la participación de la población con necesidades básicas insatisfechas de cada municipio, distrito o en las áreas no municipalizadas de los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés, en el total de población con necesidades básicas insatisfechas del país.

4.2.2. Riesgo de dengue: definido como la participación de la población expuesta al riesgo de dengue de cada municipio, distrito o en las áreas no municipalizadas de los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés, en el total de población expuesta al riesgo de dengue del país.

4.2.3. Riesgo de malaria: definido como la participación de la población expuesta al riesgo de malaria de cada municipio, distrito o en las áreas no municipalizadas de los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés, en el total de población expuesta al riesgo de malaria del país.

4.2.4. Población susceptible de ser vacunada: es la participación de la población objetivo para el programa ampliado de inmunizaciones de cada municipio, distrito o en las áreas no municipalizadas de los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés, definida por el Ministerio de Salud y Protección Social, en el total de población objetivo del programa ampliado de inmunizaciones del país.

4.2.5. Accesibilidad geográfica: definida por la dispersión geográfica resultado de dividir la extensión en kilómetros cuadrados de cada municipio, distrito o área no municipalizada de los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés, entre la población urbana y rural del mismo. Los recursos serán asignados entre aquellas entidades territoriales con una dispersión poblacional superior al promedio nacional y en proporción a su área geográfica.

4.3. Para el criterio de eficiencia administrativa se definen como indicadores trazadores, el cumplimiento de los niveles de coberturas útiles establecidas para cada biológico del programa ampliado de inmunizaciones por cada municipio, distrito o área no municipalizada de los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés, de acuerdo con las metas fijadas por el Ministerio de Salud y Protección Social con corte máximo a 31 de octubre del año inmediatamente anterior.

PAR. 1º—(Derogado).* Para efectos de la distribución del sistema general de participaciones en el componente de prestación de servicios de salud para población pobre no asegurada (PPNA) y actividades no cubiertas con subsidio a la demanda, el Ministerio de Salud y Protección Social deberá hacer uso de la última base nacional disponible del sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales (Sisbén), certificada por el Departamento Nacional de Planeación, conforme a las normas vigentes sobre la materia.

*(Nota: Derogado por el Decreto 762 de 2017 artículo 2° del Ministerio de Salud y Protección Social)

PAR. 2º—(Derogado).* Para aquellas entidades territoriales que no hayan suministrado la información de la última base del sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales (Sisbén) al Departamento Nacional de Planeación, el Conpes social definirá la metodología e imputará la PPNA.

*(Nota: Derogado por el Decreto 762 de 2017 artículo 2° del Ministerio de Salud y Protección Social)

(D. 159/2002, art. 7º; D. 360/2011, art. 1º; D. 320/2012, art. 4º)

ART. 2.2.5.1.2.—Fuentes y términos para el suministro de la información. Además de lo establecido en los artículos 52, 66, 69, 70, y 71 de la Ley 715 de 2001, se debe tener en cuenta lo siguiente:

La información correspondiente a población total, urbana y rural, discriminada por grupos de edad y el índice de necesidades básicas insatisfechas para cada municipio, distrito y corregimiento departamental, será certificada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) al Departamento Nacional de Planeación, a más tardar el 30 de junio de cada año.

La información correspondiente a la extensión en kilómetros cuadrados de cada municipio, distrito y corregimiento departamental, será certificada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) al Departamento Nacional de Planeación, a más tardar el 30 de junio de cada año.

La información restante para la aplicación de las variables para cada uno de los criterios de distribución de cada municipio, distrito o área no municipalizada de los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés contempladas en el presente decreto, será certificada por el Ministerio de Salud y Protección Social al Departamento Nacional de Planeación, a más tardar el quince (15) de enero del año en el cual se efectúa la distribución, precisando las metodologías utilizadas y anexando las bases de origen.

Los montos correspondientes al pago de aportes patronales señalados en el artículo 58 y en el parágrafo 2º del artículo 49 de la Ley 715 de 2001, deberán ser certificados para cada entidad territorial por parte del Ministerio de Salud y Protección Social al Departamento Nacional de Planeación y a la dirección general del tesoro nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a más tardar el 30 de junio de cada año.

La información que no sea reportada en las fechas señaladas no será tomada en cuenta para efectos de la aplicación de las fórmulas de distribución.

(D. 159/2002, art. 9º; D. 360/2011, art. 2º)

ART. 2.2.5.1.3.—De los recursos destinados a la población pobre en lo no cubierto con subsidios de demanda. Para efectos de la aplicación del artículo 69 de la Ley 715 de 2001, se entiende como recursos destinados a la población pobre en lo no cubierto con subsidios de demanda en el año 2001 aquellos que resultan de sumar los recursos del situado fiscal y de las participaciones municipales destinadas a la oferta en esa vigencia, incluyendo en el cálculo lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 70 de la misma ley.

Para el año 2003 y las vigencias subsiguientes, los recursos destinados a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, son los destinados en el año 2002, de conformidad con el inciso anterior, incrementados por la inflación causada.

PAR. 1º—Con el fin de evitar que la eventual disminución en pesos constantes de los recursos que financian la prestación de servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, pueda afectar la atención de dicha población en algunas entidades territoriales, durante los dos primeros años de implementación de la Ley 715 de 2001 y de manera transitoria conforme al artículo 69 de la misma ley, se compensará la diferencia a precios constantes en el monto de dichos recursos.

PAR. 2º—De conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 715 de 2001, los distritos de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena administrarán los recursos para la atención en salud de la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda que les correspondan en todos los niveles de complejidad y deberán articularse a la red de prestación de servicios de salud de los respectivos departamentos. El Distrito Capital administrará los recursos para la atención en salud en todos los niveles de complejidad de la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda que le correspondan y la red de prestación de servicios de salud de su jurisdicción.

(D. 159/2002, art. 10; D. 102/2003, art. 1º)

ART. 2.2.5.1.4.—De los recursos para el pago de aportes patronales. Si una vez efectuada la distribución de que trata el artículo 49 de la Ley 715 de 2001, se estableciere que los recursos que se asignen para aportes patronales a que se refiere el parágrafo 2º del artículo 49 y el artículo 58 de la citada ley, estos deberán ser asumidos directamente por cada institución prestadora de servicios de salud pública con cargo a sus ingresos corrientes, dándoles prioridad sobre cualquier otro gasto.

Estos recursos deberán ser girados por la institución prestadora de servicios de salud pública a los respectivos fondos de pensiones y cesantías, administradoras de riesgos profesionales y a las entidades promotoras de salud a las cuales se encuentren afiliados los trabajadores, dentro de los plazos establecidos en las normas vigentes.

En ningún caso la Nación asumirá el valor de dichos aportes con recursos del presupuesto general de la Nación, ni lo cargará a los recursos que financian la atención en salud mediante subsidios a la demanda, ni con cargo a los recursos que financian las acciones de salud pública.

(D. 159/2002, art. 11)

ART. 2.2.5.1.5.—Ajuste a distribución. Cuando para ajustar la distribución debido a deficiencias de información, y conforme al artículo 86 de la Ley 715 de 2001, no existan en la vigencia en la cual corresponda realizar el ajuste recursos suficientes del sistema general de participaciones para la prestación de servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, correspondientes a aquellas entidades que recibieron recursos de más, el ajuste a la distribución se hará hasta por el monto que los recursos de la respectiva vigencia lo permitan, en forma proporcional.

(D. 313/2008, art. 9º)

CAPÍTULO 2

Recursos del SGP para agua potable y saneamiento básico

ART. 2.2.5.2.1.—Información para la distribución de los recursos por el criterio de déficit de cobertura de los recursos de la participación para agua potable y saneamiento básico del sistema general de participaciones. Para la distribución de los recursos del criterio de déficit de cobertura se tendrá en cuenta la siguiente información:

1. Población total del país, por municipios y distritos, incluyendo a las áreas no municipalizadas de los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés, desagregada en zona cabecera y resto. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), enviará esta información debidamente certificada al Departamento Nacional de Planeación, a más tardar el 30 de junio de cada año para la distribución de la siguiente vigencia.

2. Porcentaje de coberturas de los servicios de acueducto y alcantarillado por municipios y distritos, incluyendo a las áreas no municipalizadas de los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés, desagregada por zona urbana y rural. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios enviará esta información debidamente certificada al Departamento Nacional de Planeación, a más tardar el 31 de octubre de cada año para la distribución de la siguiente vigencia.

3. El diferencial de los costos de provisión entre los servicios de acueducto y alcantarillado y entre la zona urbana y rural, disponible para el nivel nacional, el cual será informado por la dirección de desarrollo urbano del Departamento Nacional de Planeación, a más tardar el 30 de septiembre de cada año para la distribución de la siguiente vigencia.

(D. 313/2008, art. 1º; D. 276/2009, art. 1º)

ART. 2.2.5.2.2.—(Modificado)* Información para la distribución de los recursos por el criterio de población atendida y balance del esquema solidario de los recursos de la participación para agua potable y saneamiento básico del sistema general de participaciones. Para la distribución de los recursos del criterio de población atendida y balance del esquema solidario, a partir del 2013 se tomará en cuenta la estructura de los usuarios por estrato y la información de subsidios y contribuciones de cada municipio y distrito, incluyendo a las áreas no municipalizadas de los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. La distribución de estratos por municipio y distrito, incluyendo a las áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés del sistema único de información (SUI), certificada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios enviará esta información debidamente certificada al Departamento Nacional de Planeación, a más tardar el 10 de enero de cada año, para la distribución de la vigencia.

Cuando no exista información disponible para un municipio, distrito o área no municipalizada, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios certificará el promedio correspondiente a los municipios del respectivo departamento, que tengan para la vigencia anterior a la distribución, la misma categoría de que trata la Ley 1551 de 2012. Si en el departamento no existen municipios con la misma categoría o los municipios de la misma categoría no tienen la información, certificará el promedio correspondiente a los municipios del país, que tengan para la vigencia anterior a la distribución la misma categoría de que trata la Ley 1551 de 2012.

2. Población total del país, por municipios y distritos, incluyendo a las áreas no municipalizadas de los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés, desagregada en zona urbana y rural. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), enviará esta información debidamente certificada al Departamento Nacional de Planeación, a más tardar 10 de enero de cada año para la distribución de la vigencia correspondiente.

3. Porcentaje de coberturas de los servicios de acueducto y alcantarillado por municipios y distritos, incluyendo a las áreas no municipalizadas de los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés, desagregada por zona urbana y rural. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios enviará esta información debidamente certificada al Departamento Nacional de Planeación a más tardar 10 de enero de cada año para la distribución de la vigencia.

(D. 313/2008, art. 2º; D. 155/2013, art. 1º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 213 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.5.2.3.—Información para la distribución de los recursos por el criterio de esfuerzo de la entidad territorial en la ampliación de coberturas de los recursos de la participación para agua potable y saneamiento básico del sistema general de participaciones. Para la distribución de los recursos del criterio de esfuerzo de la entidad territorial en la ampliación de coberturas se tomarán en cuenta los porcentajes de cobertura de acueducto y alcantarillado por municipios y distritos, incluyendo a las áreas no municipalizadas de los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés, certificados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en cumplimiento del numeral 2º del artículo 2.2.5.2.1 de este decreto, en lo relacionado con el periodo inmediatamente anterior.

Para efectos de la distribución de los recursos del criterio de esfuerzo de la entidad territorial en la ampliación de coberturas de la participación para agua potable y saneamiento básico del sistema general de participaciones se tendrá en cuenta la siguiente información certificada con anterioridad a la aprobación por parte del Conpes social:

1. Población total del país de los años 1993 y 2005, por municipios y distritos, incluyendo a las áreas no municipalizadas de los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés, desagregada en zona urbana y rural, certificada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

2. Porcentaje de ampliación de cobertura entre los censos de 1993 y 2005 por municipios y distritos, incluyendo a las áreas no municipalizadas de los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés, certificada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Para calcular este porcentaje se aplicará la metodología definida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para el cálculo de coberturas del 2007 y con la información del DANE de los censos de 1993 y 2005 y lo establecido en el artículo 2.2.5.7.1 del presente decreto. Desde el año 2009 en adelante, este porcentaje será calculado y certificado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de acuerdo con la metodología que para estos efectos defina.

Cuando por razones de disponibilidad y características de la información certificada por el DANE no sea posible determinar para un municipio y distrito, incluyendo las áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, el porcentaje de ampliación de cobertura se procederá como se indica a continuación:

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios certificará el porcentaje de ampliación de coberturas que resulta del promedio ponderado de las coberturas de los municipios del respectivo departamento, que tengan para el 2007 la misma categoría de que trata la Ley 617 de 2000. Si en el departamento no existen municipios con la misma categoría o los municipios de la misma categoría no tienen la información, certificará el porcentaje de ampliación que resulta del promedio ponderado de las coberturas de los municipios del país, que tengan para el 2007 la misma categoría de que trata la Ley 617 de 2000. En el caso de las áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios certificará el porcentaje de ampliación que resulta del promedio ponderado de las coberturas correspondientes a las áreas no municipalizadas.

(D. 313/2008, art. 3º; D. 276/2009, art. 3º)

ART. 2.2.5.2.4.—Información para la distribución de los recursos por el criterio de nivel de pobreza de los recursos de la participación para agua potable y saneamiento básico del sistema general de participaciones. Para la distribución de los recursos del criterio de nivel de pobreza se tomará en cuenta el índice de necesidades básicas insatisfechas de cada municipio y distrito, incluyendo a las áreas no municipalizadas de los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) enviará esta información debidamente certificada al Departamento Nacional de Planeación, a más tardar el 30 de junio de cada año para la distribución de la siguiente vigencia.

(D. 313/2008, art. 4º)

ART. 2.2.5.2.5.—Información y metodología para la distribución de los recursos por el criterio de eficiencia fiscal y administrativa de los recursos de la participación para agua potable y saneamiento básico del sistema general de participaciones. La información y metodología para el cálculo del criterio de distribución de eficiencia fiscal y administrativa de los recursos de la participación para agua potable y saneamiento básico del sistema general de participaciones, tendrá en cuenta la información presupuestal/fiscal reportada por los municipios y/o distritos a través del formato único territorial (FUT), y el cumplimiento de indicadores administrativos (sectorial-metas), verificables a partir de la información reportada por los municipios y/o distritos a través del sistema único de información (SUI).

Para la distribución de los recursos del criterio de eficiencia fiscal y administrativa se utilizará lo siguiente:

1. Indicadores, variables y ponderadores: Los indicadores, variables y ponderadores serán definidos a más tardar el 31 de agosto de cada año para la distribución de la siguiente vigencia, mediante acto administrativo debidamente motivado expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

2. Porcentajes de participación: Los porcentajes de participación de cada una de las variables serán definidos por el Conpes para la política social.

PAR. 1º—La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios certificará la información reportada al SUI y la Contaduría General de la Nación suministrará la información reportada por las entidades territoriales en el formato único territorial (FUT), y con base en ella, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio certificará los resultados del criterio de eficiencia fiscal y administrativa de los recursos de la participación para agua potable y saneamiento básico del sistema general de participaciones al Departamento Nacional de Planeación (DNP), a más tardar el 10 de enero de cada año.

(D. 313/2008, art. 5º; D. 155, art. 3º)

ART. 2.2.5.2.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 213 de 2016 artículo 2° del Departamento Nacional de Planeación)

CAPÍTULO 3

Recursos del SGP para propósito general y de la asignación especial para los programas de alimentación escolar

ART. 2.2.5.3.1.—Certificación de información. Para efectos de la evaluación, seguimiento y monitoreo de los recursos del sistema general de participaciones, de la distribución de la participación de propósito general y de la asignación especial para los programas de alimentación escolar de que tratan los artículos 2º, 3º, 4º y 76 numeral 17, de la Ley 715 de 2001, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), los municipios, distritos y el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina deberán enviar la siguiente información debidamente certificada al Departamento Nacional de Planeación, en los siguientes términos:

1. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística suministrará las estimaciones hechas, a más tardar el 30 de junio de cada año, sobre:

1.1. La población total del país, por municipios y distritos, incluyendo la del departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y los datos de población por corregimientos de los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés, desagregada en población urbana y rural;

1.2. El índice de necesidades básicas insatisfechas por municipio, distrito y del departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 715 de 2001, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la dirección general de apoyo fiscal certificará al Departamento Nacional de Planeación a más tardar el 30 de junio de cada año, los departamentos, distritos y municipios que en el marco de las leyes 550 de 1999 y 617 de 2000 hayan suscrito acuerdos de reestructuración de pasivos y/o programas de saneamiento fiscal y financiero, que hubiesen estado vigentes al 31 de diciembre del año anterior a la fecha de expedición de la certificación de que trata el presente numeral, y conceptuará sobre el cumplimiento o incumplimiento del respectivo acuerdo de reestructuración de pasivos y/o programas de saneamiento fiscal y financiero por parte de cada una de las entidades territoriales. Esta información se utilizará para el cálculo de los indicadores de cobertura y eficiencia de la participación de propósito general.

3. Según lo establecido en el artículo 49 de la Ley 863 de 2003, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la dirección general de apoyo fiscal certificará al Departamento Nacional de Planeación a más tardar el 30 de junio de cada año, los departamentos, distritos y municipios que estén destinando recursos de la participación de propósito general para financiar los acuerdos de reestructuración de pasivos en el marco de la Ley 550 de 1999 o las normas que la sustituyan o modifiquen.

4. En virtud de lo preceptuado en el artículo 49 de la Ley 863 de 2003, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la dirección de regulación económica de la seguridad social certificará al Departamento Nacional de Planeación a más tardar el 30 de junio de cada año, los departamentos, distritos y municipios que a 31 de diciembre del año anterior no cuenten con pasivos pensionales.

5. Acorde con lo señalado en el artículo 49 de la Ley 863 de 2003, el Ministerio del Interior certificará al Departamento Nacional de Planeación a más tardar el 20 de diciembre de cada año, la categoría de los distritos y municipios adoptada por estas entidades territoriales para el año siguiente.

6. Con fundamento en el artículo 49 de la Ley 863 de 2003, la Contaduría General de la Nación certificará al Departamento Nacional de Planeación a más tardar el 20 de diciembre de cada año, la categoría asignada a los distritos y municipios por esa entidad para el año siguiente, en los casos en que estos no se hayan categorizado de conformidad con lo previsto por la Ley 617 de 2000.

PAR. 1º—Si entre el 1º de julio y el 31 de diciembre de cada año se presentase la creación de nuevos municipios, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) certificará al Departamento Nacional de Planeación los ajustes a los datos suministrados.

PAR. 2º—Para efectos de la evaluación y seguimiento de que trata el inciso 2º del artículo 89 de la Ley 715 de 2001 y de la elaboración del informe semestral previsto por el artículo 90 de la misma ley, las secretarías de planeación departamental tomarán la información reportada por los municipios en el formulario único territorial (FUT).

PAR. 3º—A partir de la entrega de la información en los términos del presente artículo y para efectos del desarrollo de la evaluación del desempeño integral en los componentes de eficacia, eficiencia, asistencia técnica y capacidad administrativa, los municipios, distritos y departamentos deberán continuar reportando la información en el aplicativo dispuesto por el Departamento Nacional de Planeación, de acuerdo con los lineamientos que este defina, hasta que dicha información se integre al formulario único territorial (FUT).

(D. 159/2002, art. 1º; D. 72/2005, art. 1º; D. 777/2011, arts. 2º y )

ART. 2.2.5.3.2.—Información para la distribución de los recursos de la asignación especial para alimentación escolar. Para efectos de la distribución de los recursos de la asignación especial de alimentación escolar del sistema general de participaciones, el Ministerio de Educación Nacional deberá enviar debidamente certificada al Departamento Nacional de Planeación la siguiente información a más tardar el 30 de noviembre de cada año para la distribución de la siguiente vigencia.

1. Matrícula oficial por municipio y distrito, incluyendo a las áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés de la vigencia anterior.

2. Tasa de deserción oficial interanual por municipio y distrito, incluyendo a las áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés de la vigencia anterior.

(D. 313/2008, art. 7º)

ART. 2.2.5.3.3.—(Modificado).* Transición en la distribución de los recursos de la participación de propósito general correspondientes a la eficiencia fiscal y administrativa. En la asignación de los recursos correspondientes a la eficiencia fiscal y administrativa de la participación de propósito general para la vigencia fiscal 2015, el Conpes social podrá incluir una compensación con el fin de garantizar los recursos asignados en el año 2014 a los sectores de deporte y recreación y cultura. Estos recursos se distribuirán entre las entidades beneficiarias de la participación de propósito general, asignándoles un monto adicional que compense la diferencia.

Los recursos asignados de esta manera serán destinados por los beneficiarios exclusivamente a los sectores de deporte y recreación y cultura.

(D. 924/2008, art. 1º; D. 239/2015, art. 1º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 213 de 2016 artículo 3° del Departamento Nacional de Planeación)

CAPÍTULO 4

Recursos del SGP de la asignación especial para la atención integral de la primera infancia

ART. 2.2.5.4.1.—Información para la distribución de los recursos adicionales destinados a la atención integral de la primera infancia del sistema general de participaciones. Para efectos de la distribución de los recursos adicionales destinados a la atención integral de la primera infancia del sistema general de participaciones, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) deberá enviar debidamente certificada al Departamento Nacional de Planeación la información correspondiente a la población de 0 a 6 años y el índice de necesidades básicas insatisfechas por municipios, distritos, incluyendo a las áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, a más tardar el 30 de junio de cada año para la distribución de la siguiente vigencia.

(D. 313/2008, art. 6º)

CAPÍTULO 5

Recursos del SGP de la asignación especial para los distritos y municipios ribereños del Río Grande de la Magdalena

ART. 2.2.5.5.1.—Certificación de información. Para efectos de la distribución de los recursos del sistema general de participaciones asignados a los distritos y municipios ribereños del Río Grande de la Magdalena, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) deberá enviar al Departamento Nacional de Planeación la información certificada sobre la longitud total del río Magdalena y de los kilómetros de ribera de cada municipio y distrito, a más tardar el 30 de junio de cada año.

PAR. 1º—Si entre el 1º de julio y el 31 de diciembre del año en el cual se realiza la distribución de los recursos del sistema general de participaciones para la vigencia siguiente se presenta la creación de uno o más municipios ribereños del río Magdalena, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) deberá certificar al Departamento Nacional de Planeación los ajustes a la información suministrada.

(D. 159/2002, art. 5º)

CAPÍTULO 6

Recursos de la asignación especial del sistema general de participaciones para los resguardos indígenas

ART. 2.2.5.6.1.—Certificación de información. Para efectos de la distribución de los recursos del sistema general de participaciones asignados a los resguardos indígenas, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) certificará al Departamento Nacional de Planeación la información sobre la población de los resguardos indígenas legalmente constituidos por municipio y departamento a más tardar el 30 de junio de cada año.

Para establecer los resguardos indígenas constituidos legalmente, la dirección general de asuntos indígenas del Ministerio del Interior y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), deberán prestar el apoyo requerido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

PAR. 1º—Si entre el 1º de julio y el 31 de diciembre del año en el cual se realiza la distribución de los recursos del sistema general de participaciones para la vigencia siguiente, se presenta la creación de uno o más resguardos indígenas, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) certificará al Departamento Nacional de Planeación los ajustes a los datos suministrados.

PAR. 2º—Cuando un resguardo indígena se encuentre ubicado en jurisdicción de dos o más municipios o en las divisiones departamentales definidas por el Decreto 200 de 2003 o la norma que lo compile, en la certificación del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) se establecerá la población del resguardo ubicada en cada uno de los municipios y divisiones departamentales.

(D. 159/2002, art. 3º)

SECCIÓN 1

Parámetros y procedimiento para acreditar la experiencia y/o buenas prácticas de los resguardos indígenas como requisito para la ejecución directa de los recursos de la asignación especial del sistema general de participaciones

ART. 2.2.5.6.1.1.—Objeto. La presente sección tiene por objeto definir los parámetros y el procedimiento que los resguardos indígenas o las asociaciones de resguardos deberán cumplir para acreditar la experiencia y/o buenas prácticas como requisito para la ejecución directa de los recursos de la asignación especial del sistema general de participaciones, de conformidad de conformidad con lo establecido en el numeral 2º del artículo 29 del Decreto 1953 de 2014.

(D. 2719/2014, art. 1º)

ART. 2.2.5.6.1.2.—Definición de experiencia. Para los efectos del presente decreto, ténganse en cuenta las siguientes definiciones de experiencia:

1. Experiencia administrativa: La existencia de una estructura administrativa (técnica y humana), con la que cuentan los resguardos o las asociaciones de resguardos, la cual se certificará por las autoridades del resguardo o de los resguardos asociados de que habla el numeral 4º del artículo 29 del Decreto 1953 de 2014, según el caso.

2. Experiencia financiera: Es la existencia de antecedentes de administración y ejecución de recursos financieros por parte de los resguardos indígenas o de las asociaciones de resguardos, en el marco de contratos o convenios que se han suscrito y ejecutado con entidades públicas o privadas, que demuestren su efectiva ejecución y desarrollo de procesos contables.

PAR.—Para los efectos de esta sección entiéndase por fuente de financiamiento cualquier recurso financiero proveniente del presupuesto de entidades de derecho público de cualquier nivel de gobierno, y/o privado de carácter nacional o internacional.

(D. 2719/2014, art. 2º)

ART. 2.2.5.6.1.3.—Definición de buenas prácticas. Son aquellas actividades desarrolladas por los resguardos indígenas o por la asociación de resguardos, relacionadas con el manejo e inversión de recursos financieros para el desarrollo de proyectos de inversión en pro del mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad, orientadas según la ley de origen, derecho mayor o el derecho propio.

Las actividades deberán corresponder a uno o varios sectores de inversión, y serán acreditadas conforme a lo que establecido en el artículo 2.2.5.6.1.5 de este decreto.

(D. 2719/2014, art. 3º)

ART. 2.2.5.6.1.4.—Soportes de acreditación de experiencia. Los resguardos indígenas y las asociaciones de resguardos demostrarán la experiencia administrativa y financiera, con los siguientes documentos:

1. Certificación expedida por el representante legal del resguardo o de la asociación de resguardos en que se indiquen el equipamiento institucional y administrativo con que cuentan, que como mínimo debe incluir una sede administrativa (acta que determine la ubicación y funcionamiento de la sede), equipos de oficina (inventario actualizado) y acceso a servicios de comunicación, tales como teléfono e internet (comprobante de último pago realizado a nombre del órgano de gobierno del resguardo o de uno de los resguardos asociados).

2. Certificación expedida por el representante legal del resguardo o de la asociación de resguardos en que se indiquen los integrantes del equipo humano especificando sus perfiles y funciones que como mínimo deberán atender funciones en materia de contratación, contable, tesorería, planeación y labores asistenciales, para lo cual se adjuntará las hojas de vida respectivas con los soportes de formación académica y experiencia relacionada, y el organigrama del equipo administrativo.

3. Documento suscrito por el representante legal del resguardo o de la asociación de resguardos en que se relacione los convenios o contratos suscritos y ejecutados con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, en el que certifique que se encuentran en el marco de su plan de vida o documento equivalente, describiendo partes, beneficiarios, objeto, plazo y cuantía. Para estos efectos deberán adjuntar copia de cada uno de los convenios o contratos relacionados y certificación de cumplimiento del objeto, expedida por parte de la entidad contratante, así como acta de asamblea comunitaria del resguardo o de asambleas de los resguardos asociados certificando el beneficio de dichos convenios y contratos en pro del mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad.

4. Documento firmado por el representante legal y el contador del resguardo o de la asociación de resguardos que reporte el estado financiero (balance general y estado de pérdidas y ganancias) correspondiente a cada vigencia fiscal de los tres años anteriores a la presentación de la solicitud.

(D. 2719/2014, art. 4º)

ART. 2.2.5.6.1.5.—Soportes de acreditación de buenas prácticas. Los resguardos indígenas y las asociaciones de resguardos demostrarán las buenas prácticas con los siguientes soportes:

1. Certificación expedida por el representante legal del resguardo o de la asociación de resguardos en que se indique el equipamiento institucional y administrativo con que cuentan, que como mínimo debe incluir una sede administrativa (un acta que determine la ubicación, el funcionamiento de la sede y el acceso a servicios de comunicación, tales como teléfono e internet), equipos de oficina (inventario actualizado).

2. Certificación expedida por el representante legal del resguardo o de la asociación de resguardos en que se indiquen los integrantes del equipo humano especificando sus perfiles y funciones que como mínimo deberán atender funciones en materia de contratación, contable, tesorería, planeación y labores asistenciales, para lo cual se adjuntará las hojas de vida respectivas con los soportes de formación académica y experiencia relacionada, y el organigrama del equipo administrativo.

3. Documento suscrito por el representante legal del resguardo o de la asociación de resguardos en que se relacione los proyectos ejecutados con recursos propios o provenientes de entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, en el que certifique que se encuentran en el marco de su plan de vida o documento equivalente, describiendo partes, beneficiarios, objeto, plazo y cuantía de cada proyecto. Para estos efectos deberán adjuntar copia de cada uno de los proyectos relacionados, acta de asamblea comunitaria del resguardo o de asambleas de los resguardos asociados certificando el beneficio del o los proyectos en pro del mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad e indicando la entidad externa que acompañó dicho proceso o procesos, cuando haya lugar.

4. Informe financiero del resguardo o la asociación de resguardos firmado por el respectivo representante legal, correspondiente a cada vigencia fiscal de los tres años anteriores a la presentación de la solicitud.

(D. 2719/2014, art. 5º)

ART. 2.2.5.6.1.6.—Rangos presupuestales. Se establecen los siguientes rangos presupuestales para efectos de acreditar la experiencia o buenas prácticas, según corresponda, para administrar directamente la asignación especial del SGP, así:

1. Acreditación de experiencia: Podrán acreditar experiencia los resguardos indígenas o asociaciones de resguardos que cumplan con lo siguiente:

Para aquellos con una asignación especial del SGP para resguardos indígenas igual o superior a $1.000.000.000 en la vigencia en la cual se realiza la solicitud de verificación, que hayan ejecutado de manera acumulada en los últimos tres años, con recursos de cualquier fuente, como mínimo el equivalente al 80% de dicha asignación, conforme a los soportes de experiencia financiera de que trata el presente decreto.

Para aquellos con una asignación especial del SGP para resguardos indígenas iguales a $500.000.000 e inferiores a $1.000.000.000 en la vigencia en la cual se realiza la solicitud de verificación, que hayan ejecutado de manera acumulada en los últimos tres años, con recursos de cualquier fuente, como mínimo el equivalente al 60% de dicha asignación, conforme a los soportes de experiencia financiera de que trata el presente decreto.

2. Acreditación de buenas prácticas: podrán acreditar buenas prácticas los resguardos indígenas o asociaciones de resguardos que cumplan con lo siguiente:

Para aquellos con una asignación especial del SGP para resguardos inferiores a $500.000.000 en la vigencia en la cual se realiza la solicitud de verificación, que hayan ejecutado durante los últimos tres años o en uno de estos, con recursos de cualquier fuente, el equivalente al 30% de dicha asignación conforme a los soportes de buenas prácticas de que trata el presente decreto.

PAR.—Cuando se trate de una asociación de resguardos, para la determinación del rango presupuestal se tendrá en cuenta la sumatoria de recursos asignados a cada uno de los resguardos que hacen parte de la asociación.

(D. 2719/2014, art. 6º)

ART. 2.2.5.6.1.7.—Asociación de resguardos. Cuando se trate de la asociación de resguardos se deberán acreditar los requisitos a que se refiere el artículo 4º del Decreto 1953 de 2014, a través de su representante legal.

Para efectos de la verificación de los requisitos para la administración y ejecución de recursos de la asignación especial del SGP, de que trata el artículo 29 del Decreto 1953 de 2014, se tendrá en cuenta el conjunto de la información aportada por la asociación que corresponde a cada uno de los resguardos que hacen parte de la misma. En este sentido, la información aportada por uno de los resguardos se entenderá como aportada por la asociación.

(D. 2719/2014, art. 7º)

ART. 2.2.5.6.1.8.—Radicación de la solicitud. Para efectos del trámite de la verificación de requisitos para la administración de los recursos de la asignación especial del SGP, los resguardos o asociaciones de resguardos interesados deberán radicar la solicitud y los soportes respectivos en medio físico en la oficina de correspondencia del Departamento Nacional de Planeación, a más tardar el 31 de julio de la vigencia anterior a la cual se pretende la administración y ejecución de dichos recursos, en jornada laboral.

El representante legal del resguardo indígena o de la asociación de resguardos indígenas será el único responsable de la información, los documentos y soportes presentados al momento de radicar la solicitud, sin perjuicio de las verificaciones y requerimientos que pueda adelantar el Departamento Nacional de Planeación.

PAR. TRANS.—Los resguardos indígenas que decidan presentar la solicitud de verificación de requisitos para la administración de los recursos de la asignación especial, podrán abstenerse de suscribir contrato de administración hasta tanto sea resuelta la solicitud por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Si el pronunciamiento del DNP es desfavorable, una vez el correspondiente acto administrativo quede en firme, el resguardo podrá suscribir el contrato de administración con la entidad territorial correspondiente.

(D. 2719/2014, art. 8º)

ART. 2.2.5.6.1.9.—Comunicación al representante legal del resguardo o de la asociación de resguardos. Una vez expedida la resolución con la decisión sobre la solicitud de la administración directa de los recursos, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) comunicará al representante legal del resguardo o de la asociación de resguardos, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al alcalde del municipio en que se encuentre ubicado el resguardo, para que se adelanten los trámites correspondientes para el giro de los recursos de la respectiva vigencia.

(D. 2719/2014, art. 9º)

CAPÍTULO 7

Recursos del SGP de la asignación para los nuevos municipios

ART. 2.2.5.7.1.—Cálculo de variables para los nuevos municipios con información insuficiente. Para los efectos de la determinación de la asignación que corresponde a los nuevos municipios que hayan sido creados y reportados al Departamento Nacional de Planeación hasta el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la vigencia fiscal para la cual se realiza la distribución de los recursos del sistema general de participaciones, se aplicarán los mismos indicadores del municipio del cual hubiere sido segregado, o el promedio si se hubiere segregado de varios en el evento de información certificada sobre una o más variables; con excepción de los datos de población e índice de necesidades básicas insatisfechas para el nuevo municipio y el segregante, para la vigencia, los cuales deberán ser certificados en todo caso por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Sin la certificación del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) no se podrá realizar la asignación de recursos para el nuevo municipio.

Si el nuevo municipio no ha sido creado por segregación de otro u otros, o si no se dispone de la información necesaria para alguno o algunos de los factores de distribución del sistema general de participaciones, se aplicará el promedio de las variables para su cálculo, de todos los municipios con una población superior o inferior en un 5% a la del municipio respecto del cual se efectúa el cálculo para los años anteriores a su creación hasta el año en que se creó; con excepción de la población y el índice de necesidades básicas insatisfechas para el nuevo municipio, que en todo caso deberá ser certificada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Para el cálculo de los criterios que incluyen datos poblacionales se aplicará la proporcionalidad de la población segregada, para el año en el cual se creó el nuevo municipio y para los anteriores.

PAR.—Se tendrán como reportados los nuevos municipios respecto de los cuales haya llegado la información correspondiente por escrito, debidamente radicada en la oficina de correspondencia del Departamento Nacional de Planeación, a más tardar el 31 de diciembre del año en el cual se realiza la distribución inicial de los recursos del sistema general de participaciones para la vigencia siguiente.

(D. 159/2002, art. 6º)

CAPÍTULO 8

Disposiciones generales

ART. 2.2.5.8.1.—Pérdida de calidad de beneficiario del sistema general de participaciones. Cuando una entidad territorial o un resguardo indígena pierda la calidad de beneficiario del sistema general de participaciones los recursos pendientes de giro serán redistribuidos entre los demás beneficiarios.

(D. 159/2002, art. 12)

ART. 2.2.5.8.2.—Giro de los recursos. La transferencia de los recursos del sistema general de participaciones se hará de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley 715 de 2001.

(D. 159/2002, art. 13)

ART. 2.2.5.8.3.—Deficiencias de Información. Para efectos de la aplicación del primer inciso del artículo 86 de la Ley 715 de 2001, no se consideran deficiencias de la información el cambio de fuente de información para determinadas variables utilizadas en la distribución del sistema general de participaciones.

Cuando al momento de efectuar la distribución, fuera certificada al Departamento Nacional de Planeación una nueva fuente de información para determinadas variables, esta solo se aplicará en la distribución de los recursos apropiados en el presupuesto general de la Nación pendientes por distribuir. En tal circunstancia, las distribuciones efectuadas con anterioridad en la respectiva vigencia fiscal, con base en otras fuentes de información certificadas al momento de la distribución, no serán modificadas.

PAR.—Entiéndase por fuente de información la base de información generadora de los datos correspondientes a cada variable y entidad territorial para el total de entidades territoriales del país. Las entidades responsables de certificar las fuentes de información, deberán suministrarlas integralmente al Departamento Nacional de Planeación, en los términos previstos en las normas vigentes.

(D. 4053/2004, art. 1º)

ART. 2.2.5.8.4.—Distribuciones parciales de los recursos del sistema general de participaciones. Con el propósito de mejorar la eficiencia y la equidad en la asignación de los recursos del sistema general de participaciones mediante la disponibilidad y verificación de la información necesaria, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), podrá realizar distribuciones parciales de estos recursos durante la vigencia fiscal atendiendo los criterios de las leyes 715 de 2001, 1122 de 2007 y 1176 de 2007.

La distribución definitiva se efectuará previa evaluación y verificación de la información por parte de las entidades responsables de su certificación.

Estas distribuciones serán aprobadas por el Conpes para la política social y los giros correspondientes se programarán y ajustarán con base en dichas distribuciones.

(D. 313/2008, art. 10)

ART. 2.2.5.8.5.—Ajustes por cambio en certificaciones. Los ajustes a la distribución de los recursos del sistema general de participaciones a que haya lugar por efecto de las modificaciones a las variables de distribución reportadas por las entidades competentes después del 15 de septiembre de la vigencia para la cual se distribuyen los recursos, se efectuarán con cargo a los recursos del sistema general de participaciones de la vigencia siguiente. Para el efecto, la entidad que reporte un cambio de la información certificada, deberá explicar en la certificación las razones que motivan la expedición de nuevos datos.

(D. 313/2008, art. 11)

ART. 2.2.5.8.6.—Certificación de municipios en educación. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 715 de 2001, los municipios que fueron certificados para administrar autónomamente la prestación de los servicios educativos, de conformidad con lo señalado por la Ley 60 de 1993, mantendrán dicha certificación.

(D. 159/2002, art. 14)

ART. 2.2.5.8.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 213 de 2016 artículo 4° del Departamento Nacional de Planeación)

CAPÍTULO 9

Recursos del SGP para el Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales (Fonpet)

(Nota: Adicionado por el Decreto 2540 de 2015 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.5.9.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2540 de 2015 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.5.9.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2540 de 2015 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.5.9.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2540 de 2015 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.5.9.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2540 de 2015 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.5.9.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2540 de 2015 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.5.9.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2540 de 2015 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

(Nota: Adicionado por el Decreto 2540 de 2015 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

CAPÍTULO 10

Complemento a la población atendida

(Nota: Adicionado por el Decreto 923 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.5.10.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 923 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.5.10.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 923 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.5.10.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 923 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.5.10.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 923 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.5.10.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 923 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

(Nota: Adicionado por el Decreto 923 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

TÍTULO 6

Seguimiento a proyectos de inversión pública

CAPÍTULO 1

Sistema unificado de inversión pública

ART. 2.2.6.1.1.—Sistema unificado de inversión pública. A través del sistema unificado de inversión pública se coordinarán los procesos y operaciones que deben surtir las entidades a las cuales aplica el presente capítulo, para la formulación, evaluación previa, registro, programación, ejecución, seguimiento y evaluación posterior de los proyectos de inversión, con el propósito de contar con la información necesaria para la adopción de decisiones y presentación de informes asociados a la inversión pública.

(D. 2844/2010, art. 1º)

ART. 2.2.6.1.2.—Campo de aplicación. Forman parte del sistema unificado de inversión pública las entidades que conforman el presupuesto general de la Nación y deben suministrar la información sobre los proyectos de inversión que demande el sistema.

(D. 2844/2010, art. 2º)

ART. 2.2.6.1.3.—Integración y articulación del sistema El sistema unificado de inversión pública integrará la información del banco nacional de programas y proyectos al que hacen referencia el artículo 27 de la Ley 152 de 1994 y el artículo 9º del estatuto orgánico del presupuesto, y del sistema de información de seguimiento a los proyectos de inversión pública de que tratan los artículos 2.2.6.1.1.1 a 2.2.6.1.1.3 del presente decreto, y se articulará al sistema unificado de inversión pública la información del sistema nacional de seguimiento a la gestión y evaluación de los resultados, del sistema de seguimiento a documentos Conpes del Departamento Nacional de Planeación, del sistema integrado de información financiera (SIIF).

El sistema permitirá incorporar, mantener actualizada y disponible la información necesaria para realizar los análisis previos asociados a los procesos de elaboración del plan de inversiones del plan nacional de desarrollo, del marco de gasto de mediano plazo, del plan operativo anual de inversiones, del anexo del decreto de liquidación del presupuesto en lo que atañe a la inversión pública, de la regionalización y priorización del presupuesto de conformidad con el estatuto orgánico de presupuesto, de las estrategias de inversión prioritarias y transversales del plan nacional de desarrollo y de los informes de seguimiento de la inversión, entre otros.

(D. 2844/2010, art. 3º)

ART. 2.2.6.1.4.—Administración del sistema. La administración del sistema unificado de inversión pública le corresponde al Departamento Nacional de Planeación, en consecuencia, definirá los requisitos, las metodologías y los procedimientos que se requieran, en los términos señalados en el presente título.

(D. 2844/2010, art. 4º)

SECCIÓN 1

Sistema de información de seguimiento a los proyectos de inversión pública

ART. 2.2.6.1.1.1.—Sistema de información de seguimiento a los proyectos de inversión pública. Créase el sistema de información de seguimiento a los proyectos de inversión pública, como un conjunto integrado de procesos automatizados que permita evaluar la gestión y realizar el seguimiento de los proyectos de inversión pública.

(D. 3286/2004, art. 1º)

ART. 2.2.6.1.1.2.—Ámbito de aplicación. El sistema de información al cual hace referencia la presente sección, se aplica a todos los órganos y entidades del sector público que comprometan apropiaciones del presupuesto de inversión del presupuesto general de la Nación, así como a las entidades descentralizadas del orden nacional. La aplicación de la presente sección es extensiva a los proyectos de inversión ejecutados, a través de entidades fiduciarias, instituciones financieras, organismos de cooperación y asistencia técnica, contratos de administración de recursos y en general a través de cualquier negocio jurídico que implique que la ejecución se realice con el concurso de un tercero.

(D. 3286/2004, art. 2º)

ART. 2.2.6.1.1.3.—Administración funcional y técnica del sistema. En cumplimiento de la función de seguimiento a los programas y proyectos financiados con recursos públicos a cargo de la dirección de inversiones y finanzas públicas del Departamento Nacional de Planeación, dicha dirección realizará la administración funcional y técnica del sistema de información de que trata este decreto, para lo cual desarrollará las siguientes actividades:

1. Adecuar la infraestructura tecnológica que sea necesaria para el funcionamiento y mantenimiento del sistema.

2. Elaborar un manual de procedimientos para acceso y actualización del sistema de información.

3. Brindar el soporte técnico y la capacitación que se requiera para la correcta utilización del sistema y tomar las medidas necesarias para aclarar las inquietudes o dudas que surjan en la implementación del mismo.

PAR.—El Departamento Nacional de Planeación deberá mantener disponible en su página web, la información de seguimiento a los proyectos de inversión pública para ser consultada permanentemente con fines de control social por todos los interesados, quienes podrán efectuar los comentarios, observaciones, solicitudes o recomendaciones que consideren conducentes en la dirección electrónica www.dnp.gov.co.

(D. 3286/2004, art. 3º)

CAPÍTULO 2

Del ciclo de los proyectos de inversión pública

ART. 2.2.6.2.1.—Proyectos de inversión pública. Los proyectos de inversión pública contemplan actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado.

Los proyectos de inversión se clasificarán de acuerdo con los lineamientos que defina el Departamento Nacional de Planeación, atendiendo las competencias de las entidades y las características inherentes al proyecto. Con fundamento en estos criterios, se determinarán los requerimientos metodológicos que deberá atender cada proyecto de inversión para su formulación, evaluación previa, registro, programación, ejecución, seguimiento y evaluación posterior.

(D. 2844/2010, art. 5º)

ART. 2.2.6.2.2.—Ciclo de los proyectos de inversión pública. Es el periodo que inicia con la formulación del proyecto de inversión pública y termina cuando el proyecto cumpla con los objetivos y metas propuestas, cuando los análisis de conveniencia de las entidades ejecutoras de los proyectos así lo establezcan, o cuando se cancele el registro de los proyectos de inversión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.3.9 del presente decreto.

El ciclo de los proyectos de inversión comprenderá las operaciones y procesos relacionados con la formulación, la evaluación previa, el registro, la programación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación posterior de los proyectos de inversión cuando esta evaluación así se determine, acorde con las previsiones contenidas en las normas orgánicas de planeación, en las normas orgánicas de presupuesto, en las normas que establecen las funciones del Departamento Nacional de Planeación y en las disposiciones contenidas en el presente decreto.

El sistema unificado de inversión pública deberá incorporar la información correspondiente a todas las operaciones surtidas durante el ciclo del proyecto de inversión pública.

(D. 2844/2010, art. 6º)

ART. 2.2.6.2.3.—Calidad de la información durante el ciclo de los proyectos de inversión pública. La información de los proyectos de inversión que se incluyan en el sistema unificado de inversión pública por parte de las entidades, cumplirá con los siguientes principios:

1. Autoevaluación. El responsable en cada entidad de suministrar información del sistema unificado de inversión pública velará por la veracidad, precisión y cumplimiento de los estándares exigidos a la información que le corresponda suministrar al sistema, de conformidad con la normatividad aplicable al sector y con lo establecido en el presente decreto.

Cada entidad será responsable por la información que ingrese al sistema unificado de inversión pública.

2. Generación de valor. El responsable en cada entidad aportará información y análisis adicionales sobre los proyectos de inversión pública, de modo que agreguen valor para la toma de decisiones relacionadas con los mismos.

3. Respeto a las competencias. Las entidades intervendrán durante el ciclo de los proyectos de inversión, respetando las competencias, las funciones y el objeto de la evaluación que corresponde a cada una de ellas.

Las competencias de las dependencias y entidades intervinientes durante cada etapa del ciclo de inversión pública se fijarán en manuales expedidos por el Departamento Nacional de Planeación, atendiendo los principios, definiciones y lineamientos que establece el presente título.

(D. 2844/2010, art. 7º)

CAPÍTULO 3

De la formulación, evaluación previa y registro de los proyectos de inversión pública

ART. 2.2.6.3.1.—Banco nacional de programas y proyectos. El Banco nacional de programas y proyectos (BPIN), es un instrumento para la planeación que registra los programas y proyectos de inversión pública viables, previamente evaluados social, técnica, ambiental y económicamente, susceptibles de ser financiados con recursos del presupuesto general de la Nación.

La formulación de los proyectos y la evaluación previa que se realiza a los mismos en el marco del ciclo de los proyectos de inversión concluirá con el registro y sistematización en el banco nacional de programas y proyectos.

El funcionamiento del banco nacional de programas y proyectos, la clasificación de los proyectos de inversión, las metodologías para su formulación, los procedimientos y demás requisitos para el registro de los mismos, la actualización y modificación de proyectos, y todo lo inherente a la sistematización del BPIN será responsabilidad del Departamento Nacional de Planeación y se fijaran en los manuales que para el efecto se expidan.

(D. 2844/2010, art. 8º)

ART. 2.2.6.3.2.—Iniciativa de los proyectos de inversión. Los proyectos de inversión pública podrán ser presentados por iniciativa de cualquier entidad pública cumpliendo con lo establecido en el presente título.

En todo caso, los proyectos de inversión deberán ser presentados a través de las entidades que hacen parte del presupuesto general de la Nación, atendiendo sus funciones y competencias, con el fin de que estas evalúen su pertinencia, y si así surge de la evaluación, adelanten las actividades previstas en los artículos 2.2.6.3.5, 2.2.6.3.6 y 2.2.6.3.7 del presente decreto para su registro en el banco nacional de programas y proyectos.

(D. 2844/2010, art. 9º)

ART. 2.2.6.3.3.—Formulación. Durante esta fase de formulación de los proyectos se hará la identificación del título de gasto que atiende el proyecto de conformidad con lo establecido en los artículos 346 de la Constitución Política y 38 del estatuto orgánico del presupuesto, así como la estructuración general del proyecto, incluidas entre otras la definición de las actividades y de las estrategias que los soportan, lo indicadores, la articulación con los planes institucionales y sectoriales, y con el plan nacional de desarrollo, la identificación de la población beneficiaria de la totalidad de sus fuentes de financiación, la regionalización de la inversión y de las variables que sean necesarias para la evaluación previa que soporta la decisión de realizar el proyecto.

Estas actividades serán realizadas en cada entidad por la dependencia responsable de la ejecución del proyecto.

(D. 2844/2010, art. 10)

ART. 2.2.6.3.4.—Evaluación previa. Una vez formulado el proyecto de inversión pública continuará la fase de evaluación previa del mismo, la cual se surtirá de conformidad con lo establecido en los artículos siguientes y comprenderá la verificación del cumplimiento de los requisitos para la formulación de los proyectos de inversión; la viabilización de los proyectos de inversión y el control posterior a la viabilidad de los proyectos de inversión, actividades que se adelantarán en los términos que señala el presente título.

(D. 2844/2010, art. 11)

ART. 2.2.6.3.5.—Verificación del cumplimiento de los requisitos para la formulación de los proyectos de inversión. El cumplimiento de los requisitos para la formulación de los proyectos de inversión pública será responsabilidad de la oficina de planeación de la entidad ejecutora o quien haga sus veces, con el fin de avalar:

1. Que la propuesta cuenta con el título de gasto a que hacen referencia los artículos 346 de la Constitución Política y 38 del estatuto orgánico del presupuesto;

2. Que se relaciona con la misión, objetivo y funciones de la entidad;

3. Que las evaluaciones realizadas son confiables técnica, social y económicamente, y que se encuentran en trámite las evaluaciones ambientales y demás autorizaciones requeridas por el proyecto;

4. Que se atendieron los estándares técnicos y metodológicos para la formulación y sostenibilidad económica, financiera, social y ambiental, del mismo;

5. Que se incluye la totalidad de la información requerida para que el proyecto de inversión continúe el trámite ante las demás instancias.

Verificando el cumplimiento de estas condiciones por la oficina de planeación, se entenderá debidamente surtida la verificación del cumplimiento de requisitos para la formulación y se procederá a la remisión del proyecto de inversión por parte del jefe de dicha oficina, o quien haga sus veces en la entidad respectiva, a la entidad a la cual se encuentre adscrita o vinculada en los términos previstos en el artículo siguiente. La remisión del proyecto implica, además del aval de la entidad al proyecto, el compromiso técnico con el mismo.

Las entidades que no hacen parte de la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional surtirán la verificación establecida en este artículo a través de quien sea designado por el jefe de la entidad para tal propósito.

Los ministerios y departamentos administrativos podrán surtir esta verificación a través de quien sea designado por el jefe de la entidad.

(D. 2844/2010, art. 12)

ART. 2.2.6.3.6.—Viabilización de los proyectos de inversión. Surtida la verificación del cumplimiento de requisitos para la formulación del proyecto de inversión, este continuará para análisis de la oficina de planeación o quien haga sus veces en el respectivo ministerio o departamento administrativo al cual se encuentre adscrita o vinculada la entidad ejecutora, o de la instancia designada para el efecto en aquellas entidades que no hagan parte de la rama ejecutiva del poder público.

El concepto de viabilidad, que en forma exclusiva se emitirá en esta instancia comprenderá:

1. La verificación de que se hubiere cumplido con los requisitos para la formulación contenidos en los numerales 1º al 5º del artículo 2.2.6.3.5 del presente decreto.

2. Un análisis de coherencia, pertinencia y sostenibilidad del proyecto de inversión propuesto en el marco de la política sectorial.

3. La priorización del proyecto de inversión en el marco de la planificación del sector, velando por la calidad de la información suministrada.

Una vez surtido el análisis anterior, si el proyecto cumple con los parámetros anteriormente definidos se entenderá verificado el cumplimiento de los requisitos del proyecto de inversión y procederá la emisión del concepto de viabilidad correspondiente.

En caso de que el responsable de la viabilización determine que el proyecto sujeto a su examen no cumple con los requisitos establecidos, deberá abstenerse de emitir concepto de viabilidad favorable y lo devolverá a la instancia formuladora con la información necesaria para que aquella pueda adelantar los ajustes a que haya lugar.

De igual forma el responsable de la viabilización deberá rechazar aquellos proyectos que no cuenten con título de gasto en los términos que señalan los artículos 346 de la Constitución Política y 38 del estatuto orgánico del presupuesto, hasta que se enmarque el proyecto en alguno de los eventos que la norma señala.

Los ministerios y departamentos administrativos, en aquellos proyectos de inversión en los cuales sean ejecutores, podrán cumplir lo dispuesto en este artículo a través de quien sea designado por el jefe de la entidad para tal propósito.

(D. 2844/2010, art. 13)

ART. 2.2.6.3.7.—Control posterior a la viabilidad de los proyectos de inversión. Una vez emitido el concepto de viabilidad, la entidad remitirá el proyecto de inversión al Departamento Nacional de Planeación con el fin de que se realice el control posterior de viabilidad del proyecto y se proceda al registro del mismo. Para este fin las direcciones técnicas del Departamento Nacional de Planeación a quienes corresponda el sector serán responsables de:

1. Verificar la consistencia del proceso desarrollado por las instancias que formularon y viabilizaron el proyecto de inversión;

2. Verificar que el proyecto cumpla con los requerimientos técnicos y metodológicos señalados por el Departamento Nacional de Planeación;

3. Analizar la relación del proyecto con los lineamientos de política pública definidos en el Plan Nacional de Desarrollo, las orientaciones del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), la relación del mismo frente a la legislación vigente para el sector o las decisiones judiciales ejecutoriadas;

4. Evaluar la calidad de la información consignada del proyecto, de forma que permita adelantar la regionalización de la inversión y permita realizar el seguimiento a la inversión propuesta de acuerdo con la dinámica propia del proyecto.

Realizado el análisis de los aspectos señalados para el proyecto de inversión y cumplidas las exigencias, el Departamento Nacional de Planeación procederá a emitir control posterior favorable. Cumplida esta condición se procederá al registro del proyecto de inversión en el banco nacional de programas y proyectos.

En caso contrario, las direcciones técnicas del Departamento Nacional de Planeación podrán emitir conceptos favorables de control posterior de viabilidad con condicionamientos, registrándolo en el banco nacional de programas y proyectos con la leyenda “Previo concepto DNP”. De igual forma, podrá abstenerse de emitir concepto de control posterior de viabilidad, remitiéndolo a revisión y ajuste, indicando a la instancia correspondiente aquellos aspectos cuyo ajuste se requiera.

No se podrá ejecutar proyecto de inversión alguno que cuente con la leyenda “Previo concepto DNP” hasta tanto el levantamiento de esta se realice en el sistema por la dirección técnica encargada del control posterior de viabilidad, previo cumplimiento de los criterios de condicionamiento señalados al momento de emitir su concepto.

PAR.—En el marco del proceso de programación y ejecución presupuestal, la dirección de inversiones y finanzas públicas del Departamento Nacional de Planeación podrá imponer la leyenda “Previo concepto DNP” a aquellos proyectos de inversión que, entre otras razones, tenga pendiente de perfeccionamiento su fuente de financiamiento.

(D. 2844/2010, art. 14; D. 4836/2011, art. 4º)

ART. 2.2.6.3.8.—Registro de los proyectos de inversión. Se registrarán en el banco nacional de programas y proyectos todos aquellos proyectos de inversión en los cuales se haya verificado el cumplimiento de los requisitos señalados previamente, y que cuenten con el concepto de control posterior favorable por parte del Departamento Nacional de Planeación.

El registro de los proyectos se hará a través del diligenciamiento de las fichas de estadísticas básicas de inversión (EBI). Cada proyecto de inversión contará con una ficha diligenciada que incluirá la información básica necesaria para identificar los principales aspectos del proyecto de inversión, en los términos que señale el Departamento Nacional de Planeación.

Una vez se cumpla dicho registro, los proyectos de inversión serán susceptibles de ser financiados con recursos del presupuesto general de la Nación, e incorporados al plan operativo anual de inversiones y al respectivo proyecto de ley anual.

En todo caso, los proyectos de inversión pública que se incorporen en el proyecto de ley anual de presupuesto de la Nación deben estar registrados en el banco nacional de programas y proyectos de manera previa a la aprobación de la respectiva ley.

(D. 2844/2010, art. 15)

ART. 2.2.6.3.9.—Oportunidad del registro. Durante el transcurso del año se podrán registrar proyectos de inversión en el banco nacional de programas y proyectos. Para la elaboración del plan operativo anual de inversiones solo se tendrán en cuenta aquellos proyectos de inversión que hayan sido registrados a más tardar el 1º de junio del año anterior al que se está programando.

Las instancias responsables de otorgar concepto de viabilidad a los proyectos de inversión deberán remitirlos a Departamento Nacional de Planeación a más tardar el 30 de abril del año anterior al que se está programando. A partir de esa fecha y hasta el 1º de junio el Departamento Nacional de Planeación, a través de las direcciones técnicas respectivas, cumplirá con el control posterior de viabilidad y registro de los proyectos en los términos previstos en este título.

(D. 2844/2010, art. 16)

ART. 2.2.6.3.10.—Cancelación del registro de proyectos en el banco nacional de programas y proyectos. En el mes de septiembre de cada vigencia fiscal, el Departamento Nacional de Planeación hará la relación de aquellos proyectos que tengan más de cuatro años de antigüedad desde la fecha de su registro en el banco nacional de programas y proyectos, y que no hubieren contado con apropiaciones en el presupuesto general de la Nación, ni con autorización para comprometer presupuesto de vigencias futuras.

Dicha relación se remitirá a la respectiva entidad, comunicándole la cancelación del registro de los proyectos en el banco.

La entidad podrá solicitar al Departamento Nacional de Planeación que se mantenga el registro de algunos de los proyectos de inversión, previo concepto favorable de la oficina de planeación del ministerio o departamento administrativo al cual se encuentre adscrita o vinculada, o de la instancia designada para el efecto en aquellas entidades que no hagan parte de la rama ejecutiva del poder público, presentando las justificaciones técnicas o de conveniencia que estime pertinentes, en los términos y condiciones que señale el Departamento Nacional de Planeación.

En caso de que se conceptúe favorablemente a la solicitud de la entidad, esta deberá proceder al ajuste de la información del proyecto de acuerdo con el procedimiento que señale el Departamento Nacional de Planeación mediante reglamento, y en todo caso dentro de los términos establecidos en el presente título.

(D. 2844/2010, art. 17)

SECCIÓN 1

Estructuración integral de proyectos estratégicos

(Nota: Adicionada la presente sección por el Decreto 173 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.6.3.1.1.—(Nota: Adicionada por el Decreto 173 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.6.3.1.2.—(Nota: Adicionada por el Decreto 173 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.6.3.1.3.—(Nota: Adicionada por el Decreto 173 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.6.3.1.4.—(Nota: Adicionada por el Decreto 173 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.6.3.1.5.—(Nota: Adicionada por el Decreto 173 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.6.3.1.6.—(Nota: Adicionada por el Decreto 173 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

CAPÍTULO 4

De la programación presupuestal de los proyectos de inversión pública

ART. 2.2.6.4.1.—Programación presupuestal de los proyectos de inversión. El Departamento Nacional de Planeación elaborará el plan operativo anual de inversiones para su aprobación por el Consejo Nacional de Política Económica y Social. Una vez aprobado por el Conpes, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público lo incluirá en el proyecto de ley de presupuesto general de la Nación, de conformidad con lo establecido por el artículo 28 de la Ley 152 de 1994, y por los artículos 8º, 37 y 49 del estatuto orgánico del presupuesto.

(D. 2844/2010, art. 18)

ART. 2.2.6.4.2.—Elaboración del plan operativo anual de inversiones. El plan operativo anual de inversiones, se elaborará con base en la información de los proyectos de inversión que se hubieren registrado en el banco nacional de programas y proyectos a más tardar el 1º de junio del año anterior al que se está programando, atendiendo la disposiciones del presente título.

(D. 2844/2010, art. 19)

ART. 2.2.6.4.3.—Procedimiento para la elaboración del plan operativo anual de inversiones. Para la elaboración del plan operativo anual de inversiones, el Departamento Nacional de Planeación tendrá en cuenta los cupos máximos de inversión por sector administrativo cuando así proceda, y por entidad, acorde con el marco fiscal de mediano plazo y el marco de gasto de mediano plazo.

Con base en los cupos definidos y comunicados, cada entidad elaborará una propuesta de distribución entre los proyectos registrados, la cual será remitida al Departamento Nacional de Planeación en la fecha que este señale, por el jefe de la oficina de planeación o quien haga sus veces en la respectiva entidad, previo aval del ministerio o departamento administrativo al cual se encuentre adscrita o vinculada, o de la instancia designada para emitir dicho aval cuando se trate de entidades que no hagan parte de la rama ejecutiva del poder público.

Con fundamento en el anteproyecto de presupuesto y la propuesta remitida por las entidades y considerando las restricciones presupuestales, las orientaciones de política definidas y el contenido del plan de inversiones públicas del plan nacional de desarrollo, el Departamento Nacional de Planeación procederá a elaborar la propuesta de plan operativo anual de inversiones que será sometida a aprobación del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), a más tardar el 15 de julio de la vigencia anterior a la que se programa.

En caso de que la entidad no remita al Departamento Nacional de Planeación la propuesta de distribución del cupo de inversión correspondiente en la fecha definida, este ajustará la propuesta de distribución de acuerdo con las prioridades definidas en el plan nacional de desarrollo.

(D. 2844/2010, art. 20)

ART. 2.2.6.4.4.—Modificaciones a la propuesta de inversiones de la entidad. Si desde el momento en que la entidad remite la propuesta de distribución al Departamento Nacional de Planeación y hasta la presentación del proyecto de plan operativo anual de inversiones (POAI) al Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), surgieran restricciones presupuestales o de política que impliquen una modificación a la propuesta de inversiones, el Departamento Nacional de Planeación podrá adelantar los ajustes requeridos, considerando las prioridades propuestas por la entidad.

(D. 2844/2010, art. 21)

ART. 2.2.6.4.5.—Regionalización del proyecto de presupuesto de inversión. Para cumplir con la distribución indicativa del presupuesto de inversión por departamentos, según lo dispuesto por el artículo 8º del estatuto orgánico del presupuesto y el artículo 2.8.1.5.1 del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Hacienda y Crédito Público, las entidades a las cuales aplica el presente título deberán identificar en sus proyectos de inversión desde la fase de formulación, el monto de la inversión a realizar en los departamentos. Durante las fases previas a la elaboración del plan operativo anual de inversiones (POAI), deberán realizar los ajustes a la información sobre regionalización que se requieran.

Una vez sea expedido el decreto de liquidación del presupuesto, las entidades actualizarán la regionalización acorde con las apropiaciones. De igual forma este ejercicio procederá en cualquier otro momento durante el ciclo del proyecto de inversión, cuando se realicen modificaciones a las condiciones iniciales del proyecto a las apropiaciones correspondientes al mismo, y en consecuencia se requiera ajustar la regionalización.

El Departamento Nacional de Planeación tendrá a disposición de la ciudadanía la información sobre regionalización.

(D. 2844/2010, art. 22)

ART. 2.2.6.4.6.—Modificaciones al proyecto de presupuesto de inversión. Sin perjuicio de lo establecido por el artículo 60 del estatuto orgánico del presupuesto, las propuestas de modificación que realicen las entidades al componente de inversión del proyecto de ley anual de presupuesto serán suscritas por el representante legal y remitidas al Departamento Nacional de Planeación para su evaluación, concepto favorable y trámite ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En estos casos, corresponderá a la entidad solicitante la actualización de la información de los proyectos de inversión.

(D. 2844/2010, art. 23)

CAPÍTULO 5

De la ejecución de los proyectos de inversión pública

ART. 2.2.6.5.1.—Actualización de los proyectos de inversión. La actualización de los proyectos de inversión tiene como propósito garantizar la consistencia entre la estructuración de los proyectos de inversión que han sido registrados en el banco nacional de programas y proyectos y las apropiaciones contenidas en la ley anual del presupuesto o en las autorizaciones para comprometer presupuesto de vigencias futuras aprobadas.

La actualización procederá durante el ciclo del proyecto de inversión cuando se determinen cambios en las condiciones iniciales del proyecto que impliquen ajustes al mismo. Para este fin se realizará un análisis de coherencia técnica y presupuestal con el fin de establecer si el proyecto ajustado a las condiciones presupuestales definidas para su ejecución cumple con los objetivos y las metas propuestas, si demanda ajuste en el tiempo y/o requerimiento futuro de recursos, para proceder a la reprogramación física y financiera del proyecto así como a la reprogramación de las metas anuales, entre otros aspectos.

En todo caso, cualquier actualización a un proyecto de inversión requerirá del cumplimiento de los requisitos contenidos en los artículos 2.2.6.3.5, 2.2.6.3.6 y 2.2.6.3.7 del presente decreto.

(D. 2844/2010, art. 24)

ART. 2.2.6.5.2.—Actualizaciones obligatorias de los proyectos de inversión. Procederá la actualización de los proyectos de inversión en los siguientes eventos:

1. Cuando al momento de iniciar la ejecución de los proyectos de inversión se requiera adelantar el ajuste de las condiciones definidas en el banco nacional de programas y proyectos frente a las apropiaciones contenidas en la ley anual de presupuesto y su respectivo decreto de liquidación.

2. De manera previa a la realización de modificaciones a las apropiaciones presupuestales que afecten los proyectos de inversión.

3. Cuando se considere que la ejecución de los proyectos de inversión se extenderá a otras vigencias fiscales y se espere recibir recursos del presupuesto general de la Nación durante las mismas.

4. Cuando se requiera adelantar el ajuste de los proyectos de inversión cuya ejecución se encuentre sujeta al cumplimiento de lo previsto por el inciso final del artículo 2.2.6.3.7 del presente decreto.

(D. 2844/2010, art. 25)

ART. 2.2.6.5.3.—Ajustes que implican la formulación de un nuevo proyecto de inversión. Cuando la variación en las condiciones de un proyecto de inversión en ejecución en el banco nacional de programas y proyectos implique la revisión y ajuste del nombre del proyecto, de sus objetivos, o la inclusión de nuevas actividades que no sean coherentes con el objetivo del mismo, corresponderá a la entidad responsable de su ejecución formular y adelantar la evaluación previa de un nuevo proyecto de inversión en los términos que señala el presente título.

(D. 2844/2010, art. 26)

CAPÍTULO 6

Del seguimiento a los proyectos de inversión pública

ART. 2.2.6.6.1.—Seguimiento a los proyectos de inversión pública. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 92 y 93 del estatuto orgánico del presupuesto, corresponde al Departamento Nacional de Planeación hacer el seguimiento a los proyectos de inversión pública, para lo cual utilizará el sistema de información de seguimiento a proyectos de inversión pública de que tratan los artículos 2.2.6.1.1.1 al 2.2.6.1.1.3 del presente decreto, y que se integra al sistema unificado de inversión pública.

El seguimiento a los proyectos de inversión se basará como mínimo en los indicadores y metas de gestión y de producto, en el cronograma y en la regionalización, de conformidad con la información contenida en el banco nacional de programas y proyectos (BPIN), para la formulación del proyecto, así como en la información de ejecución presupuestal registrada en el SIIF. Esta información permitirá reflejar los avances físicos, financieros, cronológicos y regionales, y conocer el estado del proyecto frente a los objetivos definidos.

La información que se suministre sobre los avances que el proyecto obtiene durante la vigencia presupuestal será responsabilidad de la entidad ejecutora del mismo.

(D. 2844/2010, art. 27)

ART. 2.2.6.6.2.—Reportes de seguimiento a los proyectos de inversión. Las entidades ejecutoras deberán reportar mensualmente al sistema que administra el Departamento Nacional de Planeación el avance logrado por el proyecto durante ese periodo.

Las oficinas de planeación de las entidades ejecutoras, o quien haga sus veces, serán las responsables de verificar la oportunidad y calidad de la información registrada en el sistema.

(D. 2844/2010, art. 28)

CAPÍTULO 7

De la evaluación posterior a los proyectos de inversión pública

ART. 2.2.6.7.1.—Evaluación posterior de los proyectos de inversión pública. Con el propósito de garantizar la asignación y ejecución eficiente y efectiva de los recursos de inversión, y en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 152 de 1994, se realizarán evaluaciones posteriores de los proyectos de inversión en que se requiera, de acuerdo a los criterios definidos por el Departamento Nacional de Planeación.

(D. 2844/2010, art. 29)

CAPÍTULO 8

Disposiciones finales

ART. 2.2.6.8.1.—Suministro de información por parte de las entidades territoriales. De conformidad con lo establecido en el Título 4, Parte 6, Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Hacienda y Crédito, las entidades territoriales suministrarán la información que demande el sistema frente a los recursos de inversión pública transferidos del presupuesto general de la Nación por concepto de regalías, del sistema general de participaciones, u otros conceptos.

(D. 2844/2010, art. 30)

ART. 2.2.6.8.2.—Suministro de información por parte de las empresas industriales del Estado y de las sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas. Las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas, suministrarán la información que demande el sistema frente a los recursos de inversión pública.

(D. 2844/2010, art. 31)

ART. 2.2.6.8.3.—Red nacional de bancos de proyectos. De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 152 de 1994, el Departamento Nacional de Planeación podrá organizar las metodologías, criterios y procedimientos que permitan integrar los bancos de programas y proyectos y los sistemas de información con que cuenten las entidades territoriales a una red nacional de bancos de programas y proyectos, siempre que dichos sistemas hayan cumplido con los requisitos necesarios para su integración o articulación.

(D. 2844/2010, art. 32)

TÍTULO 7

Seguimiento y evaluación de políticas públicas

CAPÍTULO 1

Sistema nacional de evaluación de gestión y resultados (Sinergia)

SECCIÓN 1

Objeto y cobertura del sistema

ART. 2.2.7.1.1.1.—Objeto. El sistema nacional de evaluación de gestión y resultados (Sinergia) tiene como objetivo generar información de calidad para la toma de decisiones que permitan mejorar la efectividad de la formulación y ejecución de las políticas del plan nacional de desarrollo (PND), específicamente a través del seguimiento a los avances de este y los principales programas de Gobierno, así como la evaluación de las políticas consignadas en el plan nacional de desarrollo (PND) y las estrategias que lo complementen.

El sistema integra un conjunto de lineamientos de política, instancias, herramientas, procedimientos y metodologías de seguimiento y evaluación para orientar la gestión del Estado al logro de resultados.

(D. 1290/2014, art. 1º)

ART. 2.2.7.1.1.2.—Cobertura del sistema. La cobertura del sistema está dada por las políticas, programas, entidades y niveles agregados del Gobierno que hagan parte del plan nacional de desarrollo (PND).

(D. 1290/2014, art. 2º)

SECCIÓN 2

Principios

ART. 2.2.7.1.2.1.—Principios. Para el desarrollo del sistema nacional de evaluación de gestión y resultados (Sinergia), se aplicarán los siguientes principios:

Coordinación: se requiere de una gestión coordinada al interior y entre las instituciones responsables de desarrollar las políticas, programas, planes y proyectos del plan nacional de desarrollo (PND).

Responsabilidad: cada entidad u organismo público debe constituirse en una organización basada en responsabilidad y dirigir su gestión al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los ámbitos participativos de planeación, respecto al logro conjunto e individual de los objetivos del plan nacional de desarrollo.

Autonomía: cada entidad y organismo público del nivel nacional es autónomo dentro del marco de los principios y procedimientos de Sinergia así como en la realización de sus procesos de autoevaluación, según el ámbito de su misión, competencias y capacidad institucional.

Transparencia: la información generada por los procesos de seguimiento y evaluación realizados en cumplimiento de los principios, acciones, procedimientos e instrumentos de Sinergia será de conocimiento público.

(D. 1290/2014, art. 3º)

SECCIÓN 3

Componentes e integrantes del sistema

ART. 2.2.7.1.3.1.—Componentes del sistema. El sistema nacional de evaluación de gestión y resultados (Sinergia) se estructurará en torno a tres componentes misionales y complementarios entre sí: i) Seguimiento a metas de gobierno; ii) Evaluación de políticas públicas y iii) Sinergia territorial.

(D. 1290/2014, art. 4º)

ART. 2.2.7.1.3.2.—Integrantes del sistema. El sistema nacional de evaluación de gestión y resultados (Sinergia) estará integrado por las siguientes instancias:

1. La Presidencia de la República a través de su secretaría general.

2. El Departamento Nacional de Planeación como coordinador técnico y administrador de Sinergia.

3. Los ministerios, departamentos administrativos y entidades descentralizadas funcionalmente o por servicios responsables de los programas y políticas objeto de seguimiento y evaluación.

PAR. 1º—La ciudadanía, el Congreso de la República y los organismos de control son usuarios de Sinergia, en virtud de sus derechos y funciones de control social y político.

PAR. 2º—El departamento administrativo de la Presidencia de la República, actuará como integrante del sistema en doble naturaleza; con el Departamento Nacional de Planeación coordinará el fortalecimiento de los indicadores de seguimiento del plan nacional de desarrollo (PND) en el marco de lo establecido en el artículo 19 del Decreto 1649 de 2014 y, por otra parte, como entidad responsable de los programas y políticas objeto de seguimiento y evaluación.

(D. 1290/2014, art. 5º)

CAPÍTULO 2

Seguimiento a metas de gobierno

SECCIÓN 1

Generalidades

ART. 2.2.7.2.1.1.—Definición. Es un proceso continuo y sistemático de recolección y análisis de información que permite determinar el grado de avance de las políticas públicas frente a las metas establecidas.

(D. 1290/2014, art. 6º)

ART. 2.2.7.2.1.2.—Actores. Los actores del proceso de seguimiento a metas de gobierno son:

1. La Presidencia de la República a través de su secretaría general.

2. Departamento Nacional de Planeación (DNP), a través de la dirección de seguimiento y evaluación de políticas públicas (DSEPP) y otras direcciones técnicas.

3. Ministerios y departamentos administrativos.

4. Ciudadanía.

(D. 1290/2014, art. 7º)

ART. 2.2.7.2.1.3.—Función de los actores. Los actores del proceso de seguimiento a metas de gobierno tienen las siguientes funciones:

1. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) (en cabeza de la dirección de seguimiento y evaluación de políticas públicas (DSEPP) y con el apoyo de otras direcciones técnicas): es el coordinador técnico, operativo y tecnológico del sistema de seguimiento a metas de gobierno, lo que da consistencia a la recolección y análisis de la información.

2. Presidencia de la República: es el encargado de coordinar al alto gobierno para el cumplimiento de las metas de gobierno establecidas, utilizando la información contenida en Sinergia para la rendición de cuentas al interior del gobierno.

3. Ministerios y departamentos administrativos: son los responsables de proveer la información a Sinergia. La función de coordinación para el reporte de la misma está en cabeza del jefe de planeación de cada ministerio y/o departamento administrativo quien, a su vez, es el canal formal de interlocución entre su sector y los administradores de Sinergia. Ellos son los responsables directos ante Sinergia de la información y los que garantizan que esta sea coherente y se encuentre al día, en virtud de su papel transversal dentro de las entidades adscritas al ministerio y/o departamento administrativo.

4. Ciudadanía: son los principales usuarios de información producida por Sinergia. Por tal razón esta se encuentra disponible en la página web de Sinergia, facilitando la verificación de los avances de las metas establecidas en el plan nacional de desarrollo (PND), cumpliendo así con los principios de transparencia y rendición de cuentas.

(D. 1290/2014, art. 8º)

SECCIÓN 2

Construcción del sistema de seguimiento a metas de gobierno

ART. 2.2.7.2.2.1.—Pasos para la construcción del sistema de seguimiento. Se deberán realizar los siguientes pasos para la construcción del sistema de seguimiento a metas de gobierno:

1. Formulación estratégica con base en la cadena de valor

2. Selección de indicadores para el seguimiento

3. Definición de tipos de acumulación, líneas base y metas

4. Definición de la estructura del sistema de seguimiento a metas de gobierno

5. Definición de roles en el sistema de seguimiento a metas de gobierno

6. Elaboración de fichas técnicas de programas e indicadores.

(D. 1290/2014, art. 9º)

ART. 2.2.7.2.2.2.—Paso 1. Formulación estratégica con base en la cadena de valor. Las metas de gobierno deberán construirse por las diferentes entidades con base en la formulación estratégica, entendida esta como el proceso en el cual se identifican y relacionan los resultados con los productos, así como los medios y acciones necesarias para alcanzarlos. Este proceso será parte de la construcción del plan nacional de desarrollo.

(D. 1290/2014, art. 10)

ART. 2.2.7.2.2.3.—Paso 2. Selección de indicadores para el seguimiento. Tomando como referencia los objetivos y estructura del plan nacional de desarrollo (PND), al igual que la formulación estratégica (paso 1), se seleccionan las baterías de indicadores a las que se les harán seguimiento. Estas deberán ser entregadas por las entidades responsables al Departamento Nacional de Planeación (DNP), aprobadas por las direcciones técnicas del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y avaladas por la dirección de seguimiento y evaluación de políticas públicas (DSEPP) del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

(D. 1290/2014, art. 11)

ART. 2.2.7.2.2.4.—Paso 3. Definición de tipos de acumulación, líneas base y metas. Todos los indicadores seleccionados deberán contar con identificación y medición del tipo de acumulación, línea base y meta a nivel nacional: si el indicador puede ser territorializado deberá tener las metas a nivel territorial. Esta información deberá ser entregada por las entidades responsables al Departamento Nacional de Planeación (DNP), aprobada por las direcciones técnicas del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y avalada por la dirección de seguimiento y evaluación de políticas públicas (DSEPP) del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

(D. 1290/2014, art. 12)

ART. 2.2.7.2.2.5.—Paso 4. Definición de la estructura del sistema de seguimiento a metas de gobierno. La estructura del sistema de seguimiento a metas de gobierno debe estar acorde con la estructura y escalabilidad que se defina en el plan nacional de desarrollo (PND).

(D. 1290/2014, art. 14)

ART. 2.2.7.2.2.6.—Paso 5. Definición de roles en el sistema de seguimiento a metas de gobierno. Los actores del sistema de seguimiento a metas de gobierno tienen las siguientes funciones:

1. Actores que reportan la información

1.1. Coordinador sectorial: este rol lo tiene el jefe de planeación de la entidad cabeza de cada sector, quien es el responsable directo ante Sinergia de la información y el que garantiza que esta sea coherente y se encuentre al día. El coordinador sectorial deberá revisar los datos ingresados por otros miembros de su sector y es el encargado de solicitar cambios en las metas, indicadores o contenidos al Departamento Nacional de Planeación (DNP).

1.2. Gerente de programa: es el encargado de mantener actualizado el estado cualitativo de avance de los programas incluidos en el sistema de seguimiento a metas de gobierno. Este debe revisar los avances de los indicadores que contiene el programa.

1.3. Gerente de meta: cumple con la función de reportar los avances cualitativos de los indicadores mensualmente y cuantitativos según la periodicidad establecida para cada indicador.

2. Administradores del sistema de seguimiento a metas de gobierno

2.1. Coordinador político: ejercido por el secretario general de la Presidencia de la República o en quien delegue para tal efecto, responsable de la coordinación del alto gobierno para el cumplimiento de las metas establecidas, de manera que utiliza la información contenida en el sistema de seguimiento a metas de gobierno, para la rendición de cuentas al interior del Gobierno.

2.2. Coordinador técnico: ejercido por el director de seguimiento y evaluación de políticas públicas del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que se encarga de liderar el proceso de construcción de la batería de indicadores del sistema de seguimiento a metas de gobierno y validar la información que se carga en el sistema y aprueba las actualizaciones para que estas queden correctamente publicadas en la plataforma web de Sinergia. Además, administra operativa y tecnológicamente la plataforma del sistema de seguimiento a metas de gobierno, garantizando la funcionalidad de sus componentes.

(D. 1290/2014, art. 14)

ART. 2.2.7.2.2.7.—Paso 6. Elaboración de fichas técnicas de programas e indicadores. Las fichas técnicas de los programas estratégicos y los indicadores requieren la aplicación de los estándares establecidos por la dirección de seguimiento y evaluación de políticas públicas (DSEPP) del Departamento Nacional de Planeación (DNP) así como la revisión y aprobación de las direcciones técnicas del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

PAR.—Las fichas técnicas de los indicadores que son territorializables deberán anexar la metodología de territorialización del indicador, que deberá cumplir con los mínimos establecidos por la dirección de seguimiento y evaluación de políticas públicas (DSEPP) del Departamento Nacional de Planeación (DNP) en la guía metodológica publicada para tal efecto.

(D. 1290/2014, art. 15)

SECCIÓN 3

Actividades del seguimiento a metas de gobierno

ART. 2.2.7.2.3.1.—Pasos para el seguimiento a metas de gobierno. Se deberán realizar las siguientes tareas para el seguimiento a metas de gobierno:

1. Registrar la información en el sistema de seguimiento a metas del gobierno y realizar capacitaciones.

2. Establecer rutinas de seguimiento a metas de gobierno.

3. Generar información complementaria de indicadores y programas.

4. Revisión y ajustes.

(D. 1290/2014, art. 16)

ART. 2.2.7.2.3.2.—Paso 1. Registrar la información en el sistema de seguimiento a metas del gobierno y realizar capacitaciones. Cada profesional encargado del seguimiento sectorial de la dirección de seguimiento y evaluación de políticas públicas (DSEPP) deberá cargar los indicadores, metas anuales y de cuatrienio, fichas técnicas y responsables de programas, metas e indicadores. Así mismo, la dirección de seguimiento y evaluación de políticas públicas (DSEPP) realizará capacitaciones a los gerentes de programa, meta y jefes de las oficinas de planeación, para instruirlos en la tarea de reporte tanto de la información cualitativa y cuantitativa como del comportamiento de cada programa, meta e indicador al sistema de seguimiento a metas de gobierno.

(D. 1290/2014, art. 17)

ART. 2.2.7.2.3.3.—Paso 2. Establecer rutinas de seguimiento a metas de gobierno. Las oficinas de planeación de los ministerios, departamentos administrativos y sus entidades adscritas y vinculadas, serán los responsables de actualizar y cargar toda la información relacionada con el seguimiento (avances cuantitativos y cualitativos de programas, metas e indicadores) Los avances cualitativos deberán ser reportados mensualmente, por su parte los avances cuantitativos, tanto nacionales como territoriales, deberán ser reportados teniendo en cuenta la periodicidad establecida para cada indicador en su ficha técnica. El límite para realizar el reporte de actualización de avances es el día 10 del mes siguiente a la fecha de corte.

(D. 1290/2014, art. 18)

ART. 2.2.7.2.3.4.—Paso 3. Generar información complementaria de indicadores y programas. Las oficinas de planeación de los ministerios y departamentos administrativos así como los gerentes de programa y gerentes de meta tienen la responsabilidad de incluir documentos o archivos soporte que contribuyan a explicar los resultados alcanzados en el corte para cada programa o indicador.

(D. 1290/2014, art. 19)

ART. 2.2.7.2.3.5.—Paso 4. Revisión y ajustes. Las oficinas de planeación de las entidades cabeza de sector son las encargadas de enviar a la dirección de seguimiento y evaluación de políticas públicas, las solicitudes de cambio en el contenido de los programas, metas y/o indicadores, acompañadas de su debida argumentación técnica. La dirección de seguimiento y evaluación de políticas públicas dará respuesta a estas solicitudes, previa consulta con las direcciones técnicas del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Presidencia de la República.

(D. 1290/2014, art. 20)

CAPÍTULO 3

Evaluación de políticas públicas

SECCIÓN 1

Evaluaciones estratégicas de políticas públicas

ART. 2.2.7.3.1.1.—Definición del proceso de evaluaciones estratégicas. Es un proceso estandarizado y participativo, a través del cual se evalúan las políticas consignadas en el plan nacional de desarrollo (PND) y las estratégicas que lo complementen, mediante la aplicación de herramientas y técnicas que permitan generar información que sirva como insumo para el mejoramiento de las intervenciones públicas.

(D. 1290/2014, art. 21)

ART. 2.2.7.3.1.2.—Definición de evaluación. Es una investigación sistemática y objetiva aplicada en alguno de los diferentes eslabones de la cadena de valor (procesos, productos, resultados) que tiene como finalidad generar evidencia que sirva como insumo para mejorar el diseño, la implementación, la ejecución y los efectos de políticas, planes, programas o proyectos (en adelante intervenciones públicas) del Gobierno Nacional.

(D. 1290/2014, art. 22)

ART. 2.2.7.3.1.3.—Actores. Los actores del proceso de evaluaciones estratégicas de intervenciones públicas son: Los ministerios, departamentos administrativos, sus entidades vinculadas y adscritas.

(D. 1290/2014, art. 23)

ART. 2.2.7.3.1.4.—Funciones de los actores. Los actores del proceso de evaluaciones estratégicas de intervenciones públicas del Gobierno Nacional tienen las siguientes funciones:

Ministerios, departamentos administrativos, sus entidades vinculadas y adscritas: son los encargados, junto con las direcciones técnicas del Departamento Nacional de Planeación (DNP), de apoyar la discusión en la fase de diseño y acompañar la ejecución de las evaluaciones desde el punto de vista técnico. Igualmente, están a cargo de proporcionar la información requerida para el buen desarrollo de las evaluaciones, que deben ser consistentes con lo definido en el diseño y estudios previos de las mismas. Finalmente, deben generar los espacios de socialización de los resultados y recomendaciones de las evaluaciones ante las diferentes instancias directivas de sus entidades, así como propender por el uso de ambos como insumo para la toma de decisiones.

PAR.—El Departamento Nacional de Planeación (DNP) estará a cargo de la coordinación de todo el proceso de evaluaciones estratégicas en sus diferentes fases: i) Selección de la intervención pública a evaluar; ii) Diseño de la evaluación; iii) Contratación de la evaluación; iv) Ejecución de la evaluación; y v) Socialización de los resultados y recomendaciones de la evaluación.

(D. 1290/2014, art. 24)

SECCIÓN 2

Proceso de evaluaciones estratégicas

ART. 2.2.7.3.2.1.—Agenda anual de evaluaciones. Es la relación de las intervenciones públicas de carácter estratégico que podrían iniciar el proceso de evaluación, bajo los protocolos de priorización establecidos por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en una vigencia fiscal determinada.

(D. 1290/2014, art. 25)

ART. 2.2.7.3.2.2.—Fases del proceso de evaluaciones estratégicas. El proceso de evaluaciones de las intervenciones públicas de carácter estratégico tiene las siguientes fases: selección, diseño, ejecución, socialización y uso de las mismas.

(D. 1290/2014, art. 26)

ART. 2.2.7.3.2.3.—Selección de la intervención pública a evaluar. Esta fase comprende la construcción y definición de la agenda anual de evaluaciones de intervenciones de carácter estratégico mediante un proceso de discusión con todos los sectores de la administración pública que participan en la intervención, donde se prioriza aquellos temas que podrían iniciar su proceso de evaluación en la vigencia fiscal correspondiente. Se deberá seguir el siguiente procedimiento para la construcción de la agenda anual de evaluaciones:

1. En el segundo semestre de cada vigencia la dirección de seguimiento y evaluación de políticas públicas (DSEPP), junto con las direcciones técnicas del Departamento Nacional de Planeación (DNP), identificará las intervenciones públicas con alta incidencia en los objetivos estratégicos del país de acuerdo al plan nacional de desarrollo, documentos Conpes y empréstitos adquiridos con la banca multilateral, que son susceptibles de ser evaluadas en la siguiente vigencia.

2. Las direcciones técnicas del Departamento Nacional de Planeación (DNP) enviarán los temas propuestos para incluir en la agenda, justificando su pertinencia y oportunidad.

3. A partir de la información recibida de las direcciones técnicas del Departamento Nacional de Planeación (DNP), la dirección de seguimiento y evaluación de políticas públicas (DSEPP) construye una propuesta de agenda que es presentada a la alta dirección de la entidad.

4. Una vez hecha la presentación de la propuesta, el director general del Departamento Nacional de Planeación (DNP) o su delegado(a) aprueba la agenda anual de evaluaciones en concordancia con las prioridades identificadas en el plan nacional de desarrollo vigente.

5. La agenda anual de evaluaciones aprobada se adjuntará como anexo al balance de resultados, el cual es presentado al Conpes en el mes de abril de cada año.

(D. 1290/2014, art. 27)

ART. 2.2.7.3.2.4.—Diseño de la evaluación. Esta fase se desarrolla para las intervenciones públicas incluidas en la agenda anual de evaluaciones y tiene como fin especificar el alcance de la evaluación, a través del uso de herramientas y técnicas que garanticen la pertinencia, oportunidad y la eficacia del proceso de evaluaciones estratégicas.

(D. 1290/2014, art. 28)

ART. 2.2.7.3.2.5.—Comité de diseño de la evaluación. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) conformará un comité de diseño de la evaluación que estará integrado, como mínimo, por un delegado de cada una de las siguientes instancias: i) La dirección de seguimiento y evaluación de políticas públicas (DSEPP), ii) direcciones técnicas del Departamento Nacional de Planeación (DNP); y iii) entidad ejecutora de la intervención pública a evaluar.

(D. 1290/2014, art. 29)

ART. 2.2.7.3.2.6.—Funciones del comité de diseño de la evaluación. El comité diseñará la evaluación de la intervención pública de acuerdo con el proceso de evaluaciones estratégicas consignado en el sistema de gestión de calidad del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

(D. 1290/2014, art. 30)

ART. 2.2.7.3.2.7.—Ejecución de la evaluación. Durante el desarrollo de la evaluación, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) debe propender por la calidad técnica de las evaluaciones que se lleven a cabo, garantizando tanto el rigor metodológico como la pertinencia de los resultados y su relación con las necesidades definidas en el diseño. El desarrollo de esta tarea, será realizado por la dirección de seguimiento y evaluación de políticas públicas (DSEPP) en coordinación con la dirección técnica relacionada con la intervención pública sujeta a evaluación.

(D. 1290/2014, art. 31)

ART. 2.2.7.3.2.8.—Comité técnico de seguimiento de la evaluación. El Departamento Nacional de Planeación (DNP), cuando lo considere, podrá conformar un comité técnico de seguimiento (CTS) de la evaluación, integrado, como mínimo, por una persona designada de cada una de las siguientes instancias: i) La dirección de seguimiento y evaluación de políticas públicas (DSEPP), ii) direcciones técnicas del DNP; y iii) entidad ejecutora de la intervención pública a evaluar.

(D. 1290/2014, art. 32)

ART. 2.2.7.3.2.9.—Funciones del comité técnico de seguimiento. El comité técnico de seguimiento tendrá las siguientes funciones:

1. Apoyar en el seguimiento técnico a los productos de las evaluaciones

2. Emitir recomendaciones sobre la calidad técnica de los productos

3. Recomendar parámetros de calidad para la ejecución efectiva de las evaluaciones.

(D. 1290/2014, art. 33)

ART. 2.2.7.3.2.10.—Secretaría técnica del comité técnico de seguimiento. La secretaría técnica del comité técnico de seguimiento será ejercida por la dirección de seguimiento y evaluación de políticas públicas del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que estará encargada de:

1. Citar a las reuniones de seguimiento.

2. Llevar las actas de dichas reuniones.

3. Distribuir los productos que surjan de la evaluación entre los integrantes del comité técnico de seguimiento.

4. Recibir los comentarios a los informes o productos de la evaluación que hagan los otros miembros del comité técnico de seguimiento, consolidarlos, depurarlos y darles el tratamiento respectivo.

5. Mantener informados a los integrantes del comité técnico de seguimiento sobre el desarrollo de la evaluación.

(D. 1290/2014, art. 34)

ART. 2.2.7.3.2.11.—Socialización de los resultados de la evaluación. Una vez se haya aprobado por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP) el producto con los resultados y recomendaciones de la evaluación, se deberá coordinar su presentación a las direcciones técnicas del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y las entidades involucradas que sean definidas por el comité técnico de seguimiento y la entidad ejecutora de la intervención evaluada.

PAR.—El Departamento Nacional de Planeación (DNP) enviará los resultados y recomendaciones de la evaluación a las autoridades competentes, a efectos de que sirvan como insumo en los procesos de toma de decisiones en temas presupuestales.

(D. 1290/2014, art. 35)

ART. 2.2.7.3.2.12.—Uso de resultados. Las direcciones técnicas del Departamento Nacional de Planeación (DNP) deberán realizar las gestiones necesarias a efectos de que las entidades ejecutoras de las intervenciones públicas que fueron evaluadas utilicen los resultados e incorporen las recomendaciones en sus procesos de toma de decisiones.

(D. 1290/2014, art. 36)

ART. 2.2.7.3.2.13.—Acompañamiento a evaluaciones estratégicas. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) acompañará desde el punto de vista técnico el diseño y ejecución de las respectivas evaluaciones que sean realizadas por entidades del sector público, previa aprobación de su inclusión en la agenda anual de evaluaciones aprobada para la respectiva vigencia.

(D. 1290/2014, art. 37)

CAPÍTULO 4

Sinergia territorial

SECCIÓN 1

Generalidades

ART. 2.2.7.4.1.1.—Definición. Sinergia territorial es una estrategia institucional, liderada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), cuyo objetivo es brindar asistencia técnica a municipios y departamentos en el diseño, implementación y puesta en marcha de sistemas de seguimiento a sus planes de desarrollo, con el fin de mejorar los ejercicios de rendición de cuentas y la toma de decisiones con base en información cualificada, así como fomentar la transparencia y el buen gobierno.

(D. 1290/2014, art. 38)

ART. 2.2.7.4.1.2.—Actores. Los actores de Sinergia territorial son:

1. El Departamento Nacional de Planeación (DNP).

2. Gobiernos locales.

3. La ciudadanía.

(D. 1290/2014, art. 39)

ART. 2.2.7.4.1.3.—Metodología. La metodología de trabajo de la estrategia es:

1. Inclusión en Sinergia territorial. La estrategia puede ser puesta en marcha en cualquier momento del tiempo previa solicitud expresa por parte de la entidad territorial interesada en incorporarse a ella.

2. Aplicación de la estrategia. Sinergia territorial se implementa mediante tres procesos y cuatro fases para el desarrollo de los mismos. Los procesos son: adaptación para el seguimiento del plan de desarrollo; diseño e implementación del sistema de seguimiento; y seguimiento al plan. Las fases de desarrollo son: alistamiento, fortalecimiento, consolidación y sostenibilidad. De igual manera, existe una fase de carácter transversal denominada expansión.

3. Acompañamiento permanente in situ a través de asesores territoriales.

(D. 1290/2014, art. 40)

ART. 2.2.7.4.1.4.—Procesos. La estrategia se compone de los siguientes procesos:

1. Adaptación para el seguimiento del plan de desarrollo: Garantiza que los planes de desarrollo locales tengan una estructura monitoreable.

2. Diseño del sistema de seguimiento: Busca que las administraciones locales tengan la estructura adecuada para hacer seguimiento.

3. Seguimiento a los planes de desarrollo: Abarca la labor periódica y sistemática de hacer seguimiento al plan de desarrollo.

(D. 1290/2014, art. 41)

ART. 2.2.7.4.1.5.—Fases. La estrategia contempla el desarrollo de las siguientes fases:

1. Alistamiento: su objetivo es inducir los procesos de diseño y montaje de sistemas de seguimiento y la necesidad de hacer seguimiento.

2. Fortalecimiento: su objetivo es que las entidades apliquen las herramientas y conceptos construidos y desarrollados durante el alistamiento.

3. Consolidación: su objetivo es que las entidades apropien la cultura del seguimiento e institucionalicen el sistema.

4. Sostenibilidad: su objetivo es que el sistema perdure y la labor se desarrolle de manera autónoma.

(D. 1290/2014, art. 37)

TÍTULO 8

Instrumentos de focalización de los servicios sociales

(Nota: El presente título fue Subrogado por el Decreto 441 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

CAPÍTULO 1

Sistema de selección de beneficiarios para programas sociales Sisbén

ART. 2.2.8.1.1.—Instrumentos de focalización. Los instrumentos de focalización del gasto social son herramientas estadísticas y técnicas que permiten identificar y clasificar los potenciales beneficiarios de los programas de gasto social.

El Conpes social definirá, cada tres años, los criterios e instrumentos para la determinación, identificación y selección de potenciales beneficiarios, así como, los criterios para la aplicación del gasto social por parte de las entidades territoriales.

La identificación de los potenciales beneficiarios realizada de acuerdo con los criterios e instrumentos mencionados, permite la selección y asignación de subsidios con base en las condiciones socioeconómicas que deben tenerse en cuenta para la aplicación del gasto social, pero no otorga, por sí sola, el acceso a los programas respectivos. El ingreso a cada uno de los programas estará sometido a las reglas particulares de selección de beneficiarios y asignación de beneficios que sean aplicables a cada programa social.

(Nota: Subrogado por el Decreto 441 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

(D. 4816/2008, art. 1º)

ART. 2.2.8.1.2.—Aplicación de los instrumentos. De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 1176 de 2007, los instrumentos de focalización son de obligatoria aplicación para las entidades territoriales y para las entidades públicas del orden nacional que diseñen y ejecuten programas de gasto social.

Las entidades mencionadas deberán definir la forma en que aplicarán los criterios e instrumentos para la focalización, contemplando además los criterios de egreso o cesación de la condición de beneficiarios de los programas que, en función de los objetivos e impactos perseguidos, resulten pertinentes.

(D. 4816/2008, art. 2º)

(Nota: Subrogado por el Decreto 441 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.8.1.3.—Principios orientadores. Los instrumentos de focalización se orientarán por los principios de transparencia, igualdad y publicidad de la información que no goce de protección constitucional o reserva legal, así como los demás principios que rigen la función administrativa. En el desarrollo de los instrumentos de focalización deberá garantizarse que sobre las bases de datos que forman parte de los mismos, se aplicarán los principios constitucionales y legales que rigen la administración de datos personales.

La inclusión de datos personales en las bases de datos de los instrumentos de focalización debe ser oportuna y en condiciones de igualdad. En consecuencia, las personas naturales tienen derecho a ser encuestadas, a que sus datos sean oportunamente procesados y a recibir información cierta y oportuna mediante canales de comunicación regulares y públicos. La oportunidad en el procesamiento y en la comunicación de la información contenida en las bases de datos de los instrumentos de focalización se someterá a las condiciones de periodicidad que para el efecto establezca el Departamento Nacional de Planeación.

La decisión de incluir preguntas o variables en la ficha de clasificación socioeconómica, instrumento de captura de la información y las variables asociadas al hogar, deberá estar justificada en función de los procesos asociados con la focalización del gasto social.

Todas las personas incluidas en las bases de datos de los instrumentos de focalización tienen el derecho de conocer, actualizar, solicitar y obtener la corrección de algún dato que les concierne. La actualización de la información se realizará ante la entidad territorial respectiva, de acuerdo a los procesos definidos por el Departamento Nacional de Planeación.

Los instrumentos de focalización son neutrales frente a las personas y frente a los programas sociales. En consecuencia, los instrumentos de focalización no son responsables de la asignación de beneficios en los programas sociales para los cuales son utilizados.

(D. 4816/2008, art. 3º)

(Nota: Subrogado por el Decreto 441 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.8.1.4.—Condiciones de inclusión en las bases de datos. Cualquier persona natural puede solicitar la inclusión en las bases de datos. Para el efecto, deberá suministrar la información requerida para el diligenciamiento de la ficha de clasificación socioeconómica en su municipio de residencia habitual.

Los registros en la base de datos pueden ser de tres tipos:

Registro validado: Es aquel registro que permanece con el puntaje y el nivel correspondiente en la base de datos luego de superar todos los procesos de depuración y controles de calidad.

Registro suspendido: Corresponde a los registros glosados, es decir aquellos que por los procesos de depuración y controles de calidad permanecen en la base pero, por presentar alguno de los casos referidos en el artículo 2.2.8.1.5 del presente decreto, deben reunir soportes para no ser excluidos. La suspensión de un registro no constituye una sanción y, por sí sola, no afecta el acceso a los programas a los cuales haya accedido la persona en concordancia con lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 2.2.8.1.1 del presente decreto.

Registro excluido: Son los registros que no permanecen en la base en razón de los procesos de depuración y controles de calidad de la misma, después de haber cumplido con el debido proceso a que se refiere el artículo 2.2.8.1.6 del presente decreto.

(D. 4816/2008, art. 4º)

(Nota: Subrogado por el Decreto 441 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.8.1.5.—Suspensión de la base de datos. La entidad territorial o el Departamento Nacional de Planeación suspenderán temporalmente los registros incluidos en las bases de datos en los siguientes casos:

1. Cuando existan indicios serios que permitan inferir que la información suministrada para el diligenciamiento de la ficha de clasificación socioeconómica es inexacta o inconsistente. Los indicios de que trata esta disposición podrán provenir, entre otros, de información directa obtenida por la entidad territorial y de los cruces de información realizados por el Departamento Nacional de Planeación, de acuerdo con el artículo 2.2.8.1.9 de presente decreto;

2. Cuando no haya sido posible actualizar la información de la ficha de clasificación socioeconómica, siempre y cuando la entidad territorial haya utilizado mecanismos públicos de convocatoria de las personas cuya información requiere actualizar, conforme a lo previsto en el Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(D. 4816/2008, art. 5º)

(Nota: Subrogado por el Decreto 441 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.8.1.6.—Exclusión de la base de datos. En el caso previsto en el numeral 1º del artículo anterior, una vez efectuada la suspensión, la entidad territorial procederá a comunicar a la persona el inicio de una actuación administrativa de oficio, en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el propósito de establecer de manera definitiva la inexactitud o inconsistencia de la información suministrada para la elaboración de la ficha de clasificación socioeconómica. En la comunicación respectiva se informará a la persona acerca del origen de la suspensión y de la posibilidad que tiene para presentar pruebas y ejercer su defensa, de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. De la misma forma procederá la entidad territorial una vez reciba la información sobre registros suspendidos efectuada por el Departamento Nacional de Planeación.

Cuando se determine, como resultado de la actuación administrativa, que la información fue inexacta o inconsistente, y dicha inexactitud o inconsistencia fuere relevante para la clasificación, el acto de la entidad territorial que resuelva dicha actuación ordenará la exclusión de la persona de la base de datos.

En el caso previsto en el numeral 2º del artículo anterior, procederá la exclusión de las bases de datos por parte de la entidad territorial, cuando pasados nueve (9) meses después de la suspensión, no haya sido posible la actualización de la información de la ficha de clasificación socioeconómica y se hayan agotado los mecanismos de publicidad previstos.

El acto de la entidad territorial que ordene la exclusión deberá estar debidamente motivado. Así mismo, deberá ser notificado en los términos previstos en los artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y contra él procederán los recursos previstos en la ley en el efecto suspensivo.

Las personas que hayan sido excluidas de las bases de datos podrán solicitar, en cualquier momento, su reincorporación, sometiéndose en todo caso a los procedimientos previstos para el efecto en las disposiciones vigentes.

PAR.—Las autoridades administrativas territoriales deberán dar estricto cumplimiento a los procedimientos y plazos aquí previstos. En caso de incumplimiento, el Departamento Nacional de Planeación informará semestralmente a los organismos de control.

(D. 4816/2008, art. 6º)

(Nota: Subrogado por el Decreto 441 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.8.1.7.—Organización, implantación y administración. La organización, implementación, administración, mantenimiento y actualización de los instrumentos de focalización estará a cargo del representante legal de la respectiva entidad territorial o del servidor público en el cual este delegue mediante el acto administrativo correspondiente.

(D. 4816/2008, art. 7º)

(Nota: Subrogado por el Decreto 441 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.8.1.8.—Funciones del Departamento Nacional de Planeación. El Departamento Nacional de Planeación - dirección de desarrollo social, realizará la coordinación y supervisión de la organización, administración, implementación, mantenimiento y actualización de las bases de datos que conforman los instrumentos del sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales.

En tal sentido, el Departamento Nacional de Planeación - dirección de desarrollo social, dictará los lineamientos necesarios para la implementación y operación de las bases de datos, realizará el diseño de las metodologías y la consolidación de la información a nivel nacional de los instrumentos de selección de potenciales beneficiarios antes referidos.

También corresponde al Departamento Nacional de Planeación, la definición y el diseño de las fichas de clasificación socioeconómicas requeridos para la recopilación de la información.

(Nota: Subrogado por el Decreto 441 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

(D. 4816/2008, art. 8º)

ART. 2.2.8.1.9.—Cruces de información. El Departamento Nacional de Planeación podrá celebrar convenios o acuerdos con entidades públicas y privadas para el cruce de la información que sea útil para los propósitos de los objetivos de los instrumentos de focalización.

En todos los convenios que se celebren para este propósito, deberán incluirse cláusulas que garanticen la reserva de la información que goce de protección constitucional o legal.

En ningún caso la información objeto de cruce podrá ser utilizada para propósitos comerciales o de servicios.

(D. 4816/2008, art. 9º)

(Nota: Subrogado por el Decreto 441 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.8.1.10.—Suspensión de la actualización de las bases de datos. En ejercicio de la facultad prevista en el artículo 24 de la Ley 1176 de 2007, y con el objetivo de garantizar la efectividad de los instrumentos de focalización, el Departamento Nacional de Planeación ordenará la suspensión temporal y preventiva de la actualización de las bases de datos que forman parte de los instrumentos de focalización en aquellas entidades territoriales en las que existan circunstancias que afectan los principios orientadores de los instrumentos de focalización.

La decisión se adoptará mediante acto administrativo motivado en el cual se indicarán las razones que justifican la suspensión y el periodo de duración de la misma.

(D. 4816/2008, art. 10)

(Nota: Subrogado por el Decreto 441 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.8.1.11.—Reserva de la ficha de clasificación. La ficha de clasificación socioeconómica, en cuanto contenga información alusiva a datos individuales, tiene carácter reservado, y por lo tanto no podrá darse a conocer al público o a las entidades u organismos públicos o privados. Únicamente bajo los convenios o acuerdos de que trata el artículo 2.2.8.1.9 del presente decreto podrá suministrarse información alusiva a datos individuales, con la garantía de la reserva de la información respectiva.

(D. 4816/2008, art. 11)

(Nota: Subrogado por el Decreto 441 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

CAPÍTULO 2

Fechas de corte para el envío de las bases brutas municipales y distritales del Sisbén

ART. 2.2.8.2.1.—Objeto. El presente capítulo tiene por objeto definir el cronograma de fechas de corte para el envío de las bases brutas municipales y distritales del Sisbén al Departamento Nacional de Planeación por parte de las respectivas entidades territoriales, y adoptar el proceso correspondiente para aplicar a estas los procesos de control de calidad y los cruces de información necesarios.

El control de calidad y cruces de información serán necesarios para la depuración, actualización, consolidación, certificación, validación y publicación de la base certificada del Sisbén, para las respectivas fechas de corte.

(D. 1192/2010, art. 1º)

(Nota: Subrogado por el Decreto 441 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.8.2.2.—Definiciones. Para efectos del presente capítulo, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

Base certificada del Sisbén: Es la base de datos del Sisbén que envía periódicamente el Departamento Nacional de Planeación, a las entidades territoriales y a los programas sociales del orden nacional o territorial, como resultado de aplicar a la base bruta del Sisbén, todos los procesos de control de calidad y lo

s cruces de información necesarios para su depuración. En la base certificada del Sisbén todos los registros son clasificados como validados o como suspendidos, conforme al artículo 2.2.8.1.4 del presente decreto. La base certificada del Sisbén podrá ser nacional, municipal o distrital. Las autoridades adoptarán sus decisiones teniendo en cuenta las bases certificadas del Sisbén con sujeción a los procesos previstos.

Base bruta municipal del Sisbén: Es la base de datos generada por el municipio a partir de los procesos de actualización de las encuestas. La base bruta municipal del Sisbén es entregada en las fechas de corte de información al respectivo departamento o al Departamento Nacional de Planeación, conforme a los lineamientos establecidos por el Departamento Nacional de Planeación.

Base bruta distrital del Sisbén: Es la base de datos bruta generada por los distritos a partir de los procesos de actualización de la encuesta. La base bruta distrital del Sisbén es entregada periódicamente al respectivo departamento o al Departamento Nacional de Planeación, conforme a los lineamientos establecidos por el Departamento Nacional de Planeación.

Base bruta del Sisbén: Es la base de datos nacional del Sisbén conformada por la unión de las bases brutas municipales y distritales del Sisbén que fueron entregadas al Departamento Nacional de Planeación en las fechas de corte establecidas.

Cortes de información: Corresponde a cada uno de los periodos de actualización y envío de información de las bases municipales y distritales del Sisbén, establecidas por el Departamento Nacional de Planeación a las entidades territoriales.

PAR. 1º—Los procesos de control de calidad y los cruces de información necesarios para su depuración y actualización definidos por el Departamento Nacional de Planeación, en el marco del artículo 24 de la Ley 1176 de 2007 y el capítulo 1 del presente título, solo podrán ser ejecutados sobre la base bruta del Sisbén, dando por resultado la base certificada del Sisbén.

PAR. 2º—El diseño de la estructura de las bases de datos, los criterios para el ingreso, suspensión y exclusión de personas en las bases de datos, los procesos de control de calidad y los cruces de información necesarios para la depuración que generan la base certificada del Sisbén, son parte constitutiva del proceso de identificación de potenciales beneficiarios de los programas sociales y serán adoptados por el Departamento Nacional de Planeación mediante resolución.

(D. 1192/2010, art. 2º)

(Nota: Subrogado por el Decreto 441 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.8.2.3.—Corte de información y fechas de entrega de las bases brutas municipales y distritales del Sisbén. Las fechas máximas de corte para la entrega por parte de las entidades territoriales de las bases brutas municipales y distritales del Sisbén serán las siguientes:

Corte de informaciónFecha máxima de entrega de la base bruta municipal y distrital del Sisbén al respectivo departamento o al Departamento Nacional de Planeación por parte del municipio o distrito.Fecha máxima de entrega al Departamento Nacional de Planeación de las bases brutas municipales y distritales enviadas por el coordinador departamental o por los municipios y distritos que el Departamento Nacional de Planeación disponga como excepción en coherencia al parágrafo 1º del presente artículo.
Primer corte (base certificada nacional de marzo)20 de febrero3 de marzo
Segundo corte (base certificada nacional de julio)20 de junio3 de julio
Tercer corte (base certificada nacional de noviembre)20 de octubre3 de noviembre

PAR. 1º—El Departamento Nacional de Planeación podrá mediante resolución, determinar y modificar durante cada vigencia, conforme a los lineamientos y las condiciones de operación y a la plataforma tecnológica vigente en cada uno de los municipios y distritos, los procedimientos y fechas de entrega de las bases brutas municipales y distritales del Sisbén.

PAR. 2º—El Departamento Nacional de Planeación solo incorporará a la base bruta del Sisbén, las bases brutas municipales y distritales del Sisbén que se reciban en las fechas de corte conforme al presente artículo, les aplicará los procesos de control de calidad y de cruces de información necesarios para la depuración y actualización, y realizará la consolidación, certificación, validación y publicación de la base certificada del Sisbén. En tal sentido, el Departamento Nacional de Planeación no realizará los procesos aquí referidos con carácter extemporáneo, ni extraordinario de bases brutas municipales y distritales del Sisbén, que se reciban con posterioridad a las fechas de corte a que hace alusión el presente artículo. De igual manera, el Departamento Nacional de Planeación no realizará, ni certificará procesos extemporáneos, ni extraordinarios de control de calidad, depuración, validación y actualización individual de fichas de clasificación socioeconómica del Sisbén en la base certificada del Sisbén.

(D. 1192/2010, art. 3º)

(Nota: Subrogado por el Decreto 441 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.8.2.4.—Fechas de publicación y envío de la base certificada del Sisbén. Para la publicación y envío de la base certificada correspondiente a cada una de las fechas de corte previstas en el presente decreto, se fijan las siguientes fechas:

Corte de informaciónFecha de entrega
Primer corte (base certificada nacional de marzo)3 de julio
Segundo corte (base certificada nacional de julio)3 de octubre
Tercer corte (base certificada nacional de noviembre)3 de marzo

PAR.—El Departamento Nacional de Planeación podrá mediante resolución determinar y modificar durante cada vigencia, conforme a los lineamientos y las condiciones de operación y a la plataforma tecnológica vigente, los procedimientos y fechas de entrega de la base certificada del Sisbén.

(D. 1192/2010, art. 4º)

(Nota: Subrogado por el Decreto 441 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.8.2.5.—Procesos de control de calidad. El Departamento Nacional de Planeación mediante resolución adoptará los procesos de control de calidad y los cruces de información que se aplicarán a la base bruta del Sisbén, necesarios para la depuración y actualización, consolidación, certificación, validación y publicación de la base certificada del Sisbén.

(D. 1192/2010, art. 5º)

(Nota: Subrogado por el Decreto 441 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

(Nota: El presente título fue subrogado por el Decreto 441 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

TÍTULO 9

Servicios públicos domiciliarios

CAPÍTULO 1

Prestación de servicios públicos domiciliarios por los municipios

ART. 2.2.9.1.1.—Campo de aplicación. El presente capítulo se aplica a los municipios prestadores directos de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, de acuerdo con lo establecido en el inciso 3º del numeral 6.4 del artículo 6º de la Ley 142 de 1994.

(D. 398/2002, art. 1º)

ART. 2.2.9.1.2.—Diagnóstico de la situación de la prestación del servicio. Una vez el superintendente delegado de Acueducto, Alcantarillado y Aseo verifique que un municipio, que presta en forma directa uno o varios los servicios públicos domiciliarios a los que se refiere el artículo anterior, se encuentre incurso en una de las causales señaladas en el inciso 3º del numeral 6.4 del artículo 6º de la Ley 142 de 1994, presentará un diagnóstico de la situación de la prestación del servicio que incluya los aspectos institucionales, operativos, financieros y tarifarios, dirigido al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, con la recomendación de invitar a empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios para que asuman la prestación del (los) mismo(s).

El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios podrá comisionar un equipo interdisciplinario o contratar una firma especializada que apoye al superintendente delegado de acueducto, alcantarillado y aseo en la elaboración del diagnóstico del servicio público domiciliario que se vaya a prestar, también podrá tener en cuenta otros estudios de distinta procedencia. El equipo interdisciplinario verificará la información en la fuente. Los alcaldes, los gobernadores y demás funcionarios territoriales deberán suministrar toda la información de que dispongan sobre la prestación del servicio público domiciliario.

Con arreglo a la regulación vigente, el superintendente delegado de acueducto, alcantarillado y aseo deberá evaluar y definir las condiciones futuras de prestación del servicio público domiciliario, de acuerdo con las condiciones financieras, los requerimientos de inversión y las posibilidades de obtención de recursos para mejorar la eficiencia en la prestación de dicho servicio. Igualmente, el superintendente delegado de acueducto, alcantarillado y aseo definirá las responsabilidades y derechos que debe asumir la empresa de servicios públicos domiciliarios que prestará el servicio en el municipio.

El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios podrá contratar una firma que apoye al superintendente delegado de acueducto, alcantarillo y aseo para la definición de las condiciones futuras de prestación del servicio público domiciliario, que irán incluidas en la invitación.

El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios consultará la decisión de invitar a una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios por escrito al comité de desarrollo y control social de los respectivos servicios públicos domiciliarios. El comité o los comités deberán pronunciarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación.

PAR. 1º—El concepto del comité o los comités de desarrollo y control social no tiene carácter vinculante.

PAR. 2º—Si no existiere comité de desarrollo y control social en el municipio, el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios adoptará la decisión de llevar a cabo la invitación para vincular a una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios.

(D. 398/2002, art. 2º)

ART. 2.2.9.1.3.—Invitación para seleccionar a una empresa. Una vez emitido el concepto por el comité de desarrollo y control social, si a ello hubiere lugar, o transcurrido el término indicado en el artículo anterior, el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios mediante resolución motivada adoptará la decisión de llevar a cabo una invitación para seleccionar a una empresa que preste el servicio público domiciliario de acueducto, alcantarillado o aseo. En acto separado ordenará la apertura de investigación para determinar la eventual responsabilidad de los alcaldes y administradores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado o aseo. Estos actos administrativos, serán notificados al alcalde del municipio.

En firme la resolución de invitación, el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios invitará a aquellas empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, que según la información de que dispone la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios cuenten con la capacidad técnica, administrativa y financiera para atender esos servicios, las cuales podrán presentar propuestas tendientes a asumir su prestación.

En la comunicación, se detallará la metodología de evaluación de las condiciones técnicas, administrativas y financieras para la prestación del servicio público domiciliario, la situación del servicio o servicios y se suministrará toda la información que se estime necesaria, para que la(s) empresa(s) prestadora(s) de servicios públicos domiciliarios interesadas puedan evaluar las condiciones de su prestación y formulen sus propuestas.

El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios fijará un plazo para la preparación y presentación de las propuestas, atendiendo a la complejidad de los servicios y al tamaño del mercado, y podrá ampliarlo de oficio o por solicitud de las dos terceras partes de los invitados.

Las propuestas deberán ser entregadas, debidamente soportadas y dentro del término señalado por el acto de convocatoria, en sobre cerrado, en la secretaría general de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

(D. 398/2002, art. 3º)

ART. 2.2.9.1.4.—Comité evaluador. Se deberá conformar un comité evaluador, integrado por cuatro (4) servidores públicos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el cual tendrá como función, llevar a cabo el análisis comparativo de las propuestas, dentro del término fijado en el acto administrativo de invitación.

Examinadas las propuestas, el comité evaluador recomendará al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, el orden de elegibilidad de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios que presentaron propuesta para la prestación del servicio.

El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante acto administrativo, seleccionará a la empresa que ofrezca las mejores condiciones de prestación del servicio público domiciliario.

La empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios seleccionada deberá sujetarse a la regulación tarifaria vigente.

PAR.—Cuando de la evaluación de las condiciones futuras de la prestación del servicio público domiciliario y/o las propuestas presentadas por las empresas invitadas se obtenga que no es posible alcanzar los indicadores definidos de manera general en la regulación vigente, el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios solicitará a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico la modificación de los mismos.

(D. 398/2002, art. 4º)

ART. 2.2.9.1.5.—Selección de la empresa y servidumbre. En el acto administrativo de selección, el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios impondrá al municipio, en virtud del inciso 3º del numeral 6.4 del artículo 6º de la Ley 142 de 1994, servidumbre sobre los bienes municipales necesarios para que la empresa pueda operar.

Así mismo, en dicho acto administrativo se indicarán las responsabilidades de la empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios frente a la conservación y el mantenimiento de los aludidos bienes e instalaciones.

(D. 398/2002, art. 5º)

ART. 2.2.9.1.6.—Plazo. A la empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios que se le asigne la prestación del (los) servicio(s) público(s) domiciliario(s), tendrá(n) a cargo su prestación por el término que se estipuló en la invitación. Una vez cumplido este plazo el servicio retornará al municipio.

La empresa de servicios públicos seleccionada informará al alcalde, con seis (6) meses de antelación al vencimiento del plazo, para que este adopte las medidas necesarias que garanticen la continuidad en la prestación del servicio.

(D. 398/2002, art. 6º)

ART. 2.2.9.1.7.—Tarifas. Las tarifas serán las que resulten del estudio de las condiciones futuras de prestación del servicio respectivo, de acuerdo con las posibilidades financieras, los requerimientos de inversión y las posibilidades de obtención de recursos para mejoras en la eficiencia, de conformidad con la regulación vigente. Estas tarifas se presentarán a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, de requerirse modificaciones a las fórmulas tarifarias vigentes en el municipio o distrito respectivo.

(D. 398/2002, art. 7º)

ART. 2.2.9.1.8.—Remuneración. La remuneración de la empresa seleccionada provendrá del cobro de las tarifas dentro de los límites establecidos en la regulación para la tasa de descuento o remuneración del capital y para los gastos de operación y administración.

(D. 398/2002, art. 8º)

ART. 2.2.9.1.9.—Recursos para la financiación. El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios podrá gestionar ante las autoridades nacionales, territoriales y demás organismos competentes la obtención de recursos para contribuir a financiar: Las inversiones destinadas al mejoramiento de la calidad de prestación de los servicios públicos domiciliarios, la ampliación de coberturas, y los subsidios para la población más pobre en el marco de la Ley 142 de 1994; a su vez, las entidades aportantes podrán destinar recursos para la financiación mencionada.

PAR.—Los recursos que se obtengan para el financiamiento de los conceptos enunciados en este artículo podrán ser administrados por medio de entidades fiduciarias, entidades financieras estatales u otros mecanismos legalmente válidos, cuya contratación se sujetará a las normas legales aplicables vigentes.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en el acto administrativo mediante el cual seleccione al operador especializado para la prestación del servicio público de acueducto, alcantarillado y aseo, definirá los términos y las condiciones bajo las cuales se constituirán las fiducias necesarias para el manejo de los recursos de que trata este artículo.

(D. 398/2002, art. 9º; D. 1248/2004, art. 1º)

ART. 2.2.9.1.10.—Reversión de bienes a favor del municipio. Vencido el plazo para la prestación del servicio, señalado por el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios en la invitación, la empresa operadora entregará el servicio y los bienes al municipio o a la empresa que este indique, para que garantice la continuidad en la prestación del servicio público domiciliario.

(D. 398/2002, art. 10)

ART. 2.2.9.1.11.—Coordinación y colaboración. Las autoridades territoriales adoptarán las medidas administrativas correspondientes para dar cumplimiento a la decisión de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y facilitarán las labores a cargo de la empresa prestadora de servicios públicos seleccionada.

(D. 398/2002, art. 11)

ART. 2.2.9.1.12.—Autoridades municipales. De conformidad con el artículo 178 de la Ley 142 de 1994, para los efectos de este capítulo, siempre que se hable de municipios y de sus autoridades, se considerarán incluidos también los distritos, los territorios indígenas que se constituyan como entidades territoriales, y el departamento de San Andrés y Providencia; y aquellas autoridades suyas que puedan asimilarse con más facilidad a las correspondientes autoridades municipales.

(D. 398/2002, art. 12)

ART. 2.2.9.1.13.—Responsabilidad del municipio. Independientemente del prestador del servicio público domiciliario, el municipio continuará con sus responsabilidades constitucionales y legales en la materia.

(D. 398/2002, art. 13)

ART. 2.2.9.1.14.—Creación de empresas de servicios públicos de carácter regional. Atendiendo las políticas del Gobierno Nacional sobre crecimiento económico sostenible y generación de empleo contenidas en la Ley 812 de 2003, así como las condiciones socioeconómicas y culturales de las regiones, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios podrá promover la creación de empresas de servicios públicos de carácter regional de tal forma que se permita una gestión propia de los participantes, con sus consecuentes responsabilidades. En tal caso, la prestación del servicio se entregará a la empresa así constituida, la cual deberá contratar al operador especializado y al supervisor del contrato de operación, previamente escogidos a través de un proceso de selección, mediante actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Servicios Públicos.

La prestación del servicio por el operador especializado que seleccione la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la supervisión del contrato de operación respectivo se hará conforme a los términos y condiciones que señale esta entidad.

PAR.—Para la designación del supervisor del contrato, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará un proceso de selección que se regirá, en lo pertinente, por el procedimiento establecido en el presente capítulo, y además normas que los modifiquen o adicionen.

(D. 398/2002, art. 14; D. 4251/2004, art. 1º)

CAPÍTULO 2

Estratificaciones urbanas y rurales

ART. 2.2.9.2.1.—Causales de renuencia de las autoridades a realizar o adoptar las estratificaciones. En aquellos municipios y distritos donde no se realizaron o adoptaron las estratificaciones dentro del plazo legal, los gobernadores determinarán, por los medios legales probatorios existentes, las causas de la renuencia de las autoridades municipales y distritales.

Son causales de renuencia de las autoridades a realizar o adoptar las estratificaciones las siguientes:

1. La manifestación expresa de los alcaldes de no realizar o no adoptar las estratificaciones.

2. No haber formulado en el proyecto de presupuesto las apropiaciones que permitan cubrir los gastos que genere el proceso de estratificación.

3. No haber dado inicio a los siguientes actos de realización de las estratificaciones, de acuerdo con las metodologías suministradas por el Departamento Nacional de Planeación:

3.1. Que en la estratificación urbana no hayan comenzado la actualización cartográfica (Actividad 1 de la Fase 1 “Censo de estratificación socioeconómica”).

3.2. Que en la estratificación rural no hayan adquirido la información básica en las oficinas catastrales (Actividad 1 de la Fase 1 “Estratificación I”) o, cuando en municipios y distritos sin formación predial catastral, no hayan comenzado el censo de viviendas en alguno de los centros poblados que existan en las zonas rurales.

4. No haber solicitado apoyo al gobierno departamental o al Departamento Nacional de Planeación, en los casos de incapacidad técnica, administrativa o financiera de los municipios y distritos.

(D. 1538/96, art. 4º)

ART. 2.2.9.2.2.—Renuencia. Establecida la renuncia (sic) de las autoridades municipales y distritales, los gobernadores deberán comunicar dicha situación, en forma inmediata, a la Procuraduría General de la Nación, con copias a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría General de la República, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y al Departamento Nacional de Planeación, con el objeto de que se tomen las medidas correspondientes.

(D. 1538/96, art. 6º)

ART. 2.2.9.2.3.—Gastos de estratificación. Cuando en el presupuesto del departamento no exista rubro presupuestal o este sea insuficiente para atender los gastos que demande el proceso de estratificación de un municipio o distrito en las causales de renuencia descritas en el artículo 2.2.9.2.1 de este decreto, el gobernador deberá adelantar el procedimiento contemplado en el artículo 101.11 de la Ley 142 de 1994.

(D. 1538/96, art. 7º)

ART. 2.2.9.2.4.—Responsabilidades. Los alcaldes serán responsables por los perjuicios que ocasionen a las empresas y a los usuarios cuando tengan que hacer revisiones generales por haber aplicado incorrectamente las metodologías.

PAR.—El alcalde podrá dejar sin efectos los decretos de adopción de las estratificaciones por una sola vez y únicamente cuando se haya ordenado su revisión general.

Los alcaldes que por razones diferentes a lo dispuesto en este parágrafo hayan dejado sin efecto las estratificaciones adoptadas, deberán revocar dichas medidas dentro de los dos meses siguientes a la promulgación de este decreto y enviar inmediatamente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la documentación pertinente.

(D. 1538/96, art. 11)

ART. 2.2.9.2.5.—Perjuicios. Las entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios serán responsables por los perjuicios que ocasionen a los usuarios por la aplicación incorrecta de los decretos de adopción de las estratificaciones.

Cuando se facture a un usuario en estrato superior al que le corresponde, se reconocerá el mayor valor en la siguiente facturación.

Cuando la facturación al usuario se haga en un estrato inferior al que le corresponde no se cobrará el valor adicional.

(D. 1538/96, art. 12)

ART. 2.2.9.2.6.—Certificación. La Nación podrá solicitar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la certificación de que trata el artículo 101.9 de la Ley 142 de 1994, para otorgar subsidios con recursos del presupuesto nacional.

(D. 1538/96, art. 14)

ART. 2.2.9.2.7.—Normas aplicables a Bogotá D.C. Los artículos 2.2.9.2.4 a 2.2.9.2.6 del presente decreto se aplicarán al Distrito Capital de Bogotá.

(D. 1538/96, art. 15)

ART. 2.2.9.2.8.—Corrección de inconsistencias. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi Catastro Nacional y las oficinas de catastro Antioquia, Medellín y Cali deberán corregir las inconsistencias que presenten sus bases de datos, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la fecha en que el municipio o distrito, con copia al Departamento Nacional de Planeación, lo solicite, con el fin de que se aplique ágilmente la metodología de estratificación de fincas y viviendas dispersas en la zona rural.

(D. 1538/96, art. 16)

CAPÍTULO 3

Impedimentos y recusaciones ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

ART. 2.2.9.3.1.—Designación funcionario ad-hoc - Impedimentos miembros de las Comisión de Regulación. En los eventos en que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, o la persona que tenga la competencia de conformidad con lo establecido en la ley, separe del conocimiento a uno o más miembros de las comisiones de regulación por la existencia de causales constitutivas de impedimento o recusación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley 142 de 1994, se deberá expedir, además del acto administrativo en el que se decida el impedimento o la recusación, un acto administrativo designando el funcionario ad hoc, y si el designado es un particular además se señalará sus honorarios. Los plazos y condiciones para la posesión deberán ser aquellos previstos en las normas legales vigentes para los funcionarios públicos.

Los funcionarios ad hoc designados deberán cumplir los requisitos y calidades señalados por la ley para los expertos comisionados.

PAR.—Cuando el designado no se desempeñe como servidor público, se deberá contar con el certificado de disponibilidad presupuestal, previamente a su designación, expedido por la comisión respectiva en la cual el funcionario ad hoc prestará sus servicios, a solicitud de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

(D. 3243/2004, art. 1º)

ART. 2.2.9.3.2.—Honorarios funcionario ad hoc. Para efectos de determinar el monto de los honorarios de los particulares designados como funcionarios ad hoc por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, esta tendrá en cuenta lo que el designado ad hoc demuestre que gana en actividades similares, sin que se supere la remuneración asignada al experto titular.

PAR.—El pago de los honorarios por la labor encomendada a los designados ad hoc señalados en este artículo podrá establecerse por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para periodos quincenales, mensuales o al finalizar el objeto de la designación. Los gastos que se ocasionen para el cumplimiento de estas funciones estarán a cargo del presupuesto de la comisión de regulación respectiva.

(D. 3243/2004, art. 2º)

ART. 2.2.9.3.3.—No remuneración adicional por designación de servidores públicos como funcionario ad hoc. Cuando la designación recaiga en servidores públicos estos continuarán percibiendo la remuneración del cargo del cual son titulares. Los gastos que se ocasionen en desarrollo de la función asignada, como los viáticos y gastos de viaje, entre otros, se atenderán con cargo al presupuesto de la comisión de regulación respectiva, previa expedición del certificado de disponibilidad presupuestal.

(D. 3243/2004, art. 3º)

CAPÍTULO 4

Fondo empresarial

(Nota: Adicionado por el Decreto 1924 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.9.4.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1924 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.9.4.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1924 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.9.4.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1924 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.9.4.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1924 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

PAR.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2288 de 2018 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.9.4.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1924 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.9.4.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1924 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

(Nota: Adicionado por el Decreto 1924 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

CAPÍTULO 5

Criterios y metodología para graduar y calcular las multas por parte de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios por infracciones relacionadas con el servicio de energía eléctrica.

(Nota: Adicionado por el Decreto 281 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.9.5.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 281 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.9.5.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 281 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.9.5.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 281 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.9.5.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 281 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.9.5.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 281 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.9.5.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 281 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

(Nota: Adicionado por el Decreto 281 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

CAPÍTULO 6

Criterios y metodología para graduar y calcular las multas por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por infracciones relacionadas con los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo

(Nota: Adicionado por el Decreto 1158 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.9.6.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1158 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.9.6.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1158 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.9.6.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1158 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.9.6.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1158 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.9.6.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1158 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.9.6.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1158 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)(Nota: Adicionado por el Decreto 1158 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

CAPÍTULO 7

Criterios y metodología para graduar y calcular las multas por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por infracciones relacionadas con el servicio de gas combustible

(Nota: Adicionado por el Decreto 1900 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.9.7.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1900 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.9.7.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1900 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.9.7.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1900 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.9.7.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1900 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.9.7.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1900 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.9.7.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1900 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.9.7.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1900 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

(Nota: Adicionado por el Decreto 1900 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

TÍTULO 10

Avalúos catastrales

CAPÍTULO 1

Porcentajes de incremento de los avalúos catastrales para la vigencia de 2015

(Nota: Sustituido por el Decreto 2456 de 2018 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

(Nota: Sustituido por el Decreto 2207de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

(Nota: Sustituido por el Decreto 2558 de 2015 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

(Nota: Sustituido por el Decreto 2204 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.10.1.1.—Reajuste de avalúos catastrales para predios urbanos. Los avalúos catastrales de los predios urbanos no formados y formados con vigencia de 1º de enero de 2014 y anteriores, se reajustarán a partir del 1º de enero de 2015 en tres punto cero por ciento (3,0%).

(D. 2718/2014, art. 1º)

(Nota: Sustituido por el Decreto 2558 de 2015 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

(Nota: Sustituido por el Decreto 2207 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

(Nota: Sustituido por el Decreto 2204 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

(Nota: Sustituido por el Decreto 2456 de 2018 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.10.1.2.—Reajuste de avalúos catastrales para predios rurales. Los avalúos catastrales de los predios rurales no formados y formados con vigencia de 1º de enero de 2014 y anteriores, se reajustarán a partir del 1º de enero de 2015 en tres punto cero por ciento (3,0%).

(D. 2718/2014, art. 2º)

(Nota: Sustituido por el Decreto 2558 de 2015 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

(Nota: Sustituido por el Decreto 2207de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

(Nota: Sustituido por el Decreto 2204 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

(Nota: Sustituido por el Decreto 2456 de 2018 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.10.1.3.—No reajuste de avalúos catastrales para predios formados o actualizados durante 2014. Los predios urbanos y rurales formados o actualizados durante 2014 no serán objeto de reajuste. Los avalúos catastrales de los predios de que trata este artículo entrarán en vigencia a partir del 1ºde enero de 2015, en los municipios o zonas donde se hubieren realizado.

(D. 2718/2014, art. 3º)

(Nota: Sustituido por el Decreto 2558 de 2015 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

(Nota: Sustituido por el Decreto 2207de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

(Nota: Sustituido por el Decreto 2204 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

(Nota: Sustituido por el Decreto 2456 de 2018 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

TÍTULO 11

Planes de desarrollo

CAPÍTULO 1

Consejo Nacional de Planeación

ART. 2.2.11.1.1.—Representación de las entidades territoriales. La representación en el Consejo Nacional de Planeación de los municipios y distritos, las provincias y departamentos, a que se refiere el parágrafo del numeral primero del artículo 9º de la Ley 152 de 1994, corresponderá a la jurisdicción territorial que se agrupa así:

Grupo uno. Compuesto por los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo.

Grupo dos. Compuesto por los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Santander y Tolima.

Grupo tres. Compuesto por los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, Sucre y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Grupo cuatro. Compuesto por los departamentos de Antioquia, Cauca, Caldas, Chocó, Nariño, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.

Grupo cinco. Compuesto por los departamentos de Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada.

(D. 2250/2002, art. 1º)

ART. 2.2.11.1.2.—Representación de los sectores. En los términos señalados por este capítulo, las siguientes organizaciones con personería jurídica presentarán ternas para la designación por el Presidente de la República de los representantes correspondientes ante el Consejo Nacional de Planeación.

En el sector económico, las personas jurídicas que agremien y asocien a los industriales, los productos agrarios, los comerciantes, las entidades financieras y aseguradoras, los microempresarios y las empresas y entidades de prestación de servicios.

En el sector social, las personas jurídicas que agremien o asocien a los profesionales, campesinos, empleados, obreros, trabajadores independientes e informales.

En el sector educativo y cultural, las agremiaciones nacionales jurídicamente reconocidas de las universidades, las organizaciones jurídicamente reconocidas que agrupen a nivel nacional instituciones de educación primaria y secundaria de carácter público o privado, las organizaciones nacionales legalmente constituidas cuyo objeto sea el desarrollo científico, técnico o cultural y las organizaciones que agrupen a nivel nacional los estudiantes universitarios.

En el sector ecológico, las organizaciones jurídicamente reconocidas cuyo objeto sea la protección y defensa de los recursos naturales y del medio ambiente.

En el sector comunitario las agremiaciones nacionales de asociaciones comunitarias con personería jurídica.

Para los representantes de los indígenas y las minorías étnicas las organizaciones nacionales jurídicamente reconocidas que agrupen a los indígenas, las comunidades negras y las comunidades isleñas raizales del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y para los representantes de las mujeres, las organizaciones no gubernamentales cuyo objeto sea la protección y defensa de los derechos de la mujer.

PAR. 1º—Para los efectos de los dispuesto en este artículo, se tendrán en cuenta todas las organizaciones con personería jurídica, cualquiera que sea su naturaleza, su radio de acción y su cobertura, salvo para los sectores educativos y comunitarios que deben ser solamente de carácter nacional.

(D. 2284/94, art. 5º)

ART. 2.2.11.1.3.—Coordinación conformación ternas. Corresponde al Departamento Nacional de Planeación, coordinar con las entidades territoriales, el proceso de conformación de las ternas de que trata el numeral primero del artículo 9º de la Ley 152 de 1994, de acuerdo con la agrupación territorial establecida en el artículo 2.2.11.1.1 del presente decreto.

(D. 2250/2002, art. 2º)

ART. 2.2.11.1.4.—Presentación de ternas. De conformidad con el parágrafo del numeral 7º del artículo 9º de la Ley 152 de 1994, para la presentación de las ternas de las diversas organizaciones y entidades a que se refiere el citado artículo se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

1. El Departamento Nacional de Planeación mediante resolución de carácter general, comunicará el plazo para la radicación de las ternas de los candidatos a conformar el Consejo Nacional de Planeación, así como los documentos que deben ser presentados por las personas jurídicas distintas de las entidades territoriales.

Dicha resolución deberá ser publicada en un diario de circulación nacional, en dos días diferentes. La última publicación deberá hacerse por lo menos diez (10) días antes del vencimiento del plazo para la entrega de las ternas.

2. De acuerdo con los grupos de los departamentos establecidos en el artículo 2.2.11.1.1 del presente decreto, cada gobernador podrá votar hasta por tres departamentos y cada alcalde hasta por tres municipios o distritos, según corresponda.

3. El Departamento Nacional de Planeación coordinará la conformación de una sola terna en los grupos de departamentos uno y cinco de que trata el artículo 2.2.11.1.1 del presente decreto.

4. El distrito turístico y cultural de Cartagena de Indias, el distrito turístico, cultural e histórico de Santa Marta y el distrito especial industrial y portuario de Barranquilla, participarán en el proceso de conformación de las ternas en el Grupo tres, previsto en el artículo 2.2.11.1.1 del presente decreto.

El Distrito Capital de Bogotá, participará en el proceso de conformación de la terna correspondiente al Grupo dos, señalado en el artículo 2.2.11.1.1 del presente decreto.

5. Cuando una organización pertenezca simultáneamente a varios sectores no podrá presentar más de una terna y debe indicar con claridad, a qué sector representa. Así mismo, a fin de promover una amplia participación de la sociedad civil, las organizaciones deben desarrollar procesos de concertación al interior de cada sector y subsector, los cuales serán posteriormente analizados por el Gobierno Nacional para los efectos de la selección y designación de los respectivos miembros del Consejo Nacional de Planeación.

6. Las ternas podrán ser modificadas hasta por una vez o retiradas en cualquier momento antes del plazo que señale la convocatoria del Consejo Nacional de Planeación.

7. La designación de los representantes de los diferentes sectores de que trata el artículo 9º de la Ley 152 de 1994, se hará a título personal, con excepción de la representación establecida para las entidades territoriales.

(D. 2250/2002, art. 3º)

ART. 2.2.11.1.5.—Documentos anexos. A las ternas presentadas por personas jurídicas distintas a las entidades territoriales, debe anexarse la siguiente documentación:

1. Hoja de vida de los candidatos.

2. Carta de aceptación de la postulación por parte de los candidatos.

3. Carta de la organización postulante en la cual se indique el sector para el cual se presenta la terna así como la experiencia y/o vinculación de los candidatos con el sector.

4. Certificación de la personería jurídica de la organización postulante expedida por la autoridad competente.

5. Copia del acta de reunión en la cual se hizo la postulación.

6. Documento explicativo de la representatividad de la institución o instituciones postulantes.

7. Datos suficientes sobre la identidad, domicilio y teléfono de las entidades postulantes y de los candidatos.

(D. 2284/94, art. 7º)

ART. 2.2.11.1.6.—Designación de representantes de las entidades territoriales. La designación por parte del Presidente de la República de cinco (5) departamentos y de cuatro (4) municipios y distritos que actuarán en el Consejo Nacional de Planeación, se hará con independencia de la persona que ejerza el cargo de gobernador o alcalde. Los gobernadores y alcaldes podrán invitar a participar en el Consejo Nacional de Planeación a los gobernadores o alcaldes que hayan sido declarados electos.

(D. 2284/94, art. 3º)

ART. 2.2.11.1.7.—Designación de representantes de los sectores. Salvo el caso de la representación de las entidades territoriales, la designación de los representantes de los diferentes sectores se hará a título personal. En caso de falta absoluta de la persona designada, el Presidente de la República decidirá si hace una nueva designación con base en las ternas presentadas o si dispone que se presenten nuevas ternas por las entidades del correspondiente sector.

PAR.—Estos representantes al Consejo Nacional de Planeación no podrán delegar su participación.

(D. 2284/94, art. 8º)

ART. 2.2.11.1.8.—Plazo. Transcurrido un mes a partir de la fecha de la convocatoria a conformarse el Consejo Nacional de Planeación, el Presidente de la República hará las designaciones de sus integrantes aunque no se hayan recibido ternas para el nombramiento de representantes de las entidades territoriales, sectores o comunidades, ciñéndose al régimen previsto en la Constitución, la ley y este capítulo.

(D. 2284/94, art. 9º)

ART. 2.2.11.1.9.—Organización y funcionamiento. El Consejo Nacional de Planeación será instalado por el Presidente de la República y se regirá en su organización y funcionamiento por las siguientes reglas:

1. Se elegirán por mayoría de votos una mesa directiva conformada por Presidente, Vicepresidente y secretario.

2. Será presidido por el integrante elegido por mayoría de votos. Mientras se hace la elección será presidido por orden alfabético según cédula de ciudadanía.

3. Para tomar decisiones en ejercicio de sus funciones consultivas exige un quórum igual a la mitad más uno de sus integrantes. Las decisiones se tomarán por mayoría absoluta sobre la base de la existencia del quórum.

4. Se reunirá ordinariamente conforme al reglamento que el mismo consejo expida y extraordinariamente cuando sea convocado por su presidente o por el Gobierno Nacional, a través del director general del Departamento Nacional de Planeación (DNP) con una antelación no inferior a cinco (5) días.

5. Podrá deliberar con la presencia de al menos una tercera parte de sus integrantes.

6. El consejo puede invitar a participar en sus sesiones, con derecho a voz, a todas aquellas personas que, según el criterio de la mesa directiva o del Gobierno Nacional, deban ser escuchadas, especialmente aquellas que estén relacionadas con subsectores que por razones de deficiencia organizativa o similares no hayan podido presentar ternas.

7. En todos los demás aspectos, el consejo se regirá por lo que disponga el reglamento que él mismo adopte.

PAR.—Los gobernadores de los departamentos y los alcaldes de los municipios que sean designados por el Presidente de la República, de las ternas presentadas, podrán delegar su asistencia a la sesiones del Consejo Nacional de Planeación en cabeza de los jefes de las oficinas de planeación a nivel departamental o municipal, o en quien haga sus veces.

(D. 2284/94, art. 10; D. 2616/94, art. 1º, par. adicionado)

CAPÍTULO 2

Plan de desarrollo de las comunidades negras

ART. 2.2.11.2.1.—Conformación de la comisión de estudios para la formulación del plan de desarrollo de las comunidades negras. Corresponde al Departamento Nacional de Planeación coordinar la conformación de la comisión de estudios para la formulación del plan de desarrollo de las comunidades negras de que trata el artículo 57 de la Ley 70 de 1993.

Dicha comisión se conformará por una (1) sola vez cada cuatro (4) años y su duración será hasta la aprobación del plan nacional de desarrollo en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes).

(D. 3050/2002, art. 1º)

ART. 2.2.11.2.2.—Integración. La comisión de estudios para la formulación del plan de desarrollo de las comunidades negras es una comisión técnica con un amplio conocimiento de las realidades de las comunidades negras. Su integración se definirá de acuerdo con el procedimiento especial que para el efecto adopten mediante acta en forma conjunta el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio del Interior y de Justicia y los representantes de las comunidades negras ante la subcomisión de planeación y desarrollo de la comisión consultiva de alto nivel, en cumplimiento de la Ley 70 de 1993.

(D. 3050/2002, art. 2; D. 4007/2006, art. 1º)

ART. 2.2.11.2.3.—Sesiones. La comisión de estudios para la formulación del plan de desarrollo de las comunidades negras operará, una vez se integre, en forma permanente hasta la aprobación del plan nacional de desarrollo en el Conpes. En todo caso, la comisión deberá consignar sus acuerdos en actas que den soporte a los mismos.

La comisión podrá realizar invitaciones a funcionarios gubernamentales, expertos, académicos, representantes de las comunidades y otros sectores sociales.

(D. 3050/2002, art. 3; D. 4007/2006, art. 2º)

ART. 2.2.11.2.4.—Reglamento. Cada comisión de estudios para la formulación del plan de desarrollo de las comunidades negras podrá adoptar su programa de trabajo y reglamento de funcionamiento.

(D. 3050/2002, art. 5º)

ART. 2.2.11.2.5.—Función. La comisión de estudios para la formulación del plan de desarrollo de las comunidades negras, será la responsable de la formulación y la consolidación del plan de desarrollo de las comunidades negras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 de la Ley 70 de 1993.

El plan de desarrollo de las comunidades negras deberá ser entregado al Departamento Nacional de Planeación al menos un mes antes de la presentación del plan nacional de desarrollo al Conpes, de manera que sea factible presentar sus propuestas como insumo para el Plan Nacional de Desarrollo.

(D. 3050/2002, art. 6º; D. 4007/2006, art. 3º)

ART. 2.2.11.2.6.—Sede. La comisión de estudios para la formulación del plan de desarrollo de las comunidades negras tendrá como sede la ciudad de Bogotá, D. C. y sesionará en las oficinas que le asigne el Departamento Nacional de Planeación.

(D. 3050/2002, art. 7º)

TÍTULO 12

Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes)

(Nota: Sustituído el presente título por el Decreto 1869 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

CAPÍTULO 1

Sesiones no presenciales del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes)

(Nota: Sustituído por el Decreto 1869 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.12.1.1.—Sesiones no presenciales. Las sesiones que de conformidad con lo preceptuado por la Ley 527 de 1999 se lleven a cabo de forma no presencial en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), y en el Conpes para la política social (Conpes social), deberán regirse por el siguiente procedimiento:

1. Convocatoria.

El secretario del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) informará al Presidente de la República, la existencia de la circunstancia específica por la cual se requiere una sesión no presencial, planteada por al menos uno de sus miembros, siempre y cuando el asunto se haya concertado previamente por las entidades responsables del tema.

La petición de la sesión no presencial al secretario podrá hacerse mediante cualquier medio de transmisión de mensajes de datos, en el cual se anexen los documentos e informes que vayan a ser sometidos a consideración, por lo menos con tres (3) días de antelación a la sesión.

El secretario convocará la sesión no presencial mediante cualquier medio de transmisión de mensajes de datos a los miembros del Conpes o del Conpes social indicando día y hora en que iniciará, con los asuntos e información requerida para adoptar las decisiones respectivas.

Se dará inicio a la sesión no presencial, en la fecha y hora señalada en la convocatoria, cuando el secretario mediante cualquier medio de transmisión de mensajes de datos, declare inaugurada la sesión y ponga a disposición de los miembros, la agenda y documentos a discutir, de lo cual solicitará constancia.

2. Deliberación y toma de decisión.

Durante el transcurso de la sesión, los miembros del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) deberán en forma clara y expresa, manifestar su posición frente a los asuntos sometidos a su consideración y remitir sus comentarios o decisión por cualquier medio de transmisión de mensajes de datos al secretario, con nota de constancia.

Adoptada la decisión por la mayoría de los miembros con voz y voto del Conpes o del Conpes social, el secretario les informará las determinaciones aprobadas por cualquier medio de transmisión de datos.

En el acta de la sesión no presencial se indicarán las intervenciones de los miembros e invitados y las decisiones adoptadas.

(D. 4487/2009, art. 1º)

(Nota: Sustituído por el Decreto 1869 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.12.1.2.—(Nota: Sustituído por el Decreto 1869 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.12.1.3.—(Nota: Sustituído por el Decreto 1869 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

(Nota: Sustituído por el Decreto 1869 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

CAPÍTULO 2

Funcionamiento del Conpes

(Nota: Sustituído por el Decreto 1869 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.12.2.1.—(Nota: Sustituído por el Decreto 1869 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.12.2.2.—(Nota: Sustituído por el Decreto 1869 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.12.2.3.—(Nota: Sustituído por el Decreto 1869 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.12.2.4.—(Nota: Sustituído por el Decreto 1869 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.12.2.5.—(Nota: Sustituído por el Decreto 1869 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.12.2.6.—(Nota: Sustituído por el Decreto 1869 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

(Nota: Sustituído por el Decreto 1869 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

CAPÍTULO 3

Documentos Conpes

(Nota: Sustituído por el Decreto 1869 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.12.3.1.—(Nota: Sustituído por el Decreto 1869 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

PAR. 2º—(Nota: Adicionado por el Decreto 988 de 2018 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.12.3.2.—(Nota: Sustituído por el Decreto 1869 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.12.3.3.—(Nota: Sustituído por el Decreto 1869 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.12.3.4.—(Nota: Sustituído por el Decreto 1869 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.12.3.5.—(Modificado).* (Nota: Adicionado por el Decreto 988 de 2018 artículo 2° del Departamento Nacional de Planeación)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1357 de 2019 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

(Nota: Sustituído por el Decreto 1869 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

CAPÍTULO 4

Seguimiento a documentos Conpes

(Nota: Sustituído por el Decreto 1869 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.12.4.1.—(Nota: Sustituído por el Decreto 1869 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.12.4.2.—(Nota: Sustituído por el Decreto 1869 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

(Nota: Sustituído por el Decreto 1869 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

Capítulo 5

Sistema de gestión de documentos Conpes (Sisconpes)

(Nota: Sustituído por el Decreto 1869 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.12.5.1.—(Nota: Sustituído por el Decreto 1869 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.12.5.2.—(Nota: Sustituído por el Decreto 1869 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.12.5.3.—(Nota: Sustituído por el Decreto 1869 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

(Nota: Sustituído el presente título por el Decreto 1869 de 2017 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

TÍTULO 13

Contratos Plan

(Nota: Adicionado por el Decreto 740 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

CAPÍTULO 1

Contratos Plan para el desarrollo del territorio

Sección 1

Disposiciones generales

ART. 2.2.13.1.1.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 740 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.13.1.1.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 740 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

(Nota: Modificado por el Decreto1675 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación )

ART. 2.2.13.1.1.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 740 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.13.1.1.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 740 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.13.1.1.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 740 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.13.1.1.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 740 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

Sección 2

Fondo Regional para los Contratos Plan

ART. 2.2.13.1.2.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 740 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.13.1.2.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 740 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.13.1.2.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 740 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.13.1.2.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 740 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.13.1.2.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 740 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.13.1.2.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 740 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.13.1.2.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 740 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.13.1.2.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 740 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.13.1.2.9.—(Nota: Adicionado por el Decreto 740 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.13.1.2.10.—(Nota: Adicionado por el Decreto 740 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

CAPÍTULO 2

Contratos Plan para la asociatividad territorial y la delegación de competencias

ART. 2.2.13.2.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 740 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.13.2.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 740 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.13.2.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 740 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.13.2.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 740 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.13.2.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 740 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.13.2.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 740 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.13.2.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 740 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

ART. 2.2.13.2.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 740 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

(Nota: Adicionado por el Decreto 740 de 2016 artículo 1° del Departamento Nacional de Planeación)

LIBRO 3

Disposiciones finales

PARTE I

Derogatoria y vigencia

ART. 3.1.1.—Derogatoria integral. Este decreto regula íntegramente las materias contempladas en él. Por consiguiente, de conformidad con el artículo 3º de la Ley 153 de 1887, quedan derogadas todas las disposiciones de naturaleza reglamentaria relativas al sector administrativo de planeación nacional que versan sobre las mismas materias, con excepción, exclusivamente, de los siguientes asuntos:

1. No quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos relativos a la creación y conformación de comisiones intersectoriales, comisiones interinstitucionales, consejos, comités, sistemas administrativos y demás asuntos relacionados con la estructura, configuración y conformación de las entidades y organismos del sector administrativo.

2. Tampoco quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos que desarrollan leyes marco.

3. Igualmente, quedan excluidas de esta derogatoria las normas de naturaleza reglamentaria de este sector administrativo que, a la fecha de expedición del presente decreto, se encuentren suspendidas por la jurisdicción contencioso administrativa, las cuales serán compiladas en este decreto, en caso de recuperar su eficacia jurídica.

4) Exceptúense de la derogatoria integral prevista en el presente artículo, los decretos 600 de 1996, 3176 de 2002, 4479 de 2009, 51 de 2012, así como los artículos 1º a 11 y 19 del Decreto 1399 de 2013 y los artículos 1º a 12 y 18 del Decreto 722 de 2015.

Los actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones compiladas en el presente decreto mantendrán su vigencia y ejecutoriedad bajo el entendido de que sus fundamentos jurídicos permanecen en el presente decreto compilatorio.

ART. 3.1.2.—Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 26 de mayo de 2015.