TÍTULO 2

Normas que regulan el comercio interno

CAPÍTULO 1

Personas jurídicas sujetas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades

SECCIÓN 1

Inspección, vigilancia y control

ART. 2.2.2.1.1.1.—Causales de vigilancia por activos o ingresos. Quedarán sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, siempre y cuando no estén sujetas a la vigilancia de otra superintendencia, las sociedades mercantiles y las empresas unipersonales que a 31 de diciembre de 2006, o al cierre de los ejercicios sociales posteriores, registren:

1. Un total de activos, superior al equivalente a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales;

2. Ingresos totales, incluidos superiores al valor de treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales.

PAR.—Para los efectos previstos en este artículo, los salarios mínimos legales mensuales se liquidarán con el valor vigente al 1º de enero siguiente a la fecha de corte del correspondiente ejercicio.

La vigilancia en este evento, iniciará el primer día hábil del mes de abril del año siguiente a aquel al cual corresponda el respectivo cierre contable. Cuando los montos señalados se reduzcan por debajo del umbral establecido en este artículo, la vigilancia cesará a partir del primer día hábil del mes de abril del año siguiente a aquel en que la disminución se registre.

(D. 4350/2006, art.1º)

ART. 2.2.2.1.1.2.—Situaciones que dan lugar a vigilancia. Quedarán sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, las sociedades mercantiles y las empresas unipersonales que, a 31 de diciembre de 2006 o al cierre de los ejercicios sociales posteriores, tengan pensionados a su cargo, siempre y cuando se encuentren en una de las siguientes situaciones:

1. Cuando después de descontadas las valorizaciones, el pasivo externo supere el monto del activo total;

2. Cuando registren gastos financieros que representen el cincuenta por ciento (50%) o más de los ingresos netos operacionales. Entiéndase por gastos financieros, los identificados con el Código 5305 del Plan Único de Cuentas;

3. Cuando el monto de las pérdidas reduzca el patrimonio neto por debajo del setenta por ciento (70%) del capital social;

4. Cuando el flujo de efectivo neto en actividades de operación sea negativo.

PAR. 1º—Respecto de los sujetos señalados en este artículo, la vigilancia iniciará el primer día hábil del mes de abril del año siguiente a aquel al cual corresponda el respectivo cierre contable, y cesará una vez transcurrido un año contado a partir de esa fecha, salvo que al vencimiento de este término subsista en los estados financieros siguientes alguna de las situaciones descritas, en cuyo caso la vigilancia se prolongará sucesivamente por períodos iguales. Lo anterior sin perjuicio de que se registre otra de las causales previstas en este decreto, caso en el cual la vigilancia continuará en consideración a ella.

PAR. 2º—Para los fines de este artículo, el representante legal de la compañía, dentro de los quince días siguientes a la ocurrencia del hecho que configura la causal de vigilancia, deberá informar dicha situación a la Superintendencia de Sociedades.

(D. 4350/2006, art.2º)

ART. 2.2.2.1.1.3.—Vigilancia en los casos de acuerdos de reestructuración y situaciones de control o grupo empresarial. Quedarán sujetas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, siempre y cuando no sean sujetos de la vigilancia de otra superintendencia, las siguientes personas jurídicas.

1. Las sociedades mercantiles y las empresas unipersonales que actualmente tramiten, o sean admitidas o convocadas por la Superintendencia de Sociedades a un proceso concursal, en los términos del artículo 89 de la Ley 222 de 1995, o que adelanten o sean admitidas a un acuerdo de reestructuración de conformidad con la Ley 550 de 1999, o las normas que las modifiquen o sustituyan, respectivamente. La vigilancia iniciará una vez quede ejecutoriada la providencia o acto de apertura del mismo. La vigilancia continuará hasta el cierre del fin de ejercicio correspondiente al año siguiente a aquel en que hubiere sido celebrado el acuerdo, salvo que se halle incursa en otra causal de vigilancia. Tratándose de liquidación obligatoria, la vigilancia se extenderá hasta el momento en que culmine el proceso.

2. Las sociedades mercantiles y empresas unipersonales no vigiladas por otras Superintendencias, que se encuentren en situación de control o que hagan parte de un grupo empresarial inscrito, en los términos de los artículos 26, 27 y 28 de la Ley 222 de 1995, en cualquiera de los siguientes casos:

2.1. Cuando uno o algunos de los entes económicos involucrados en la situación de control o de grupo empresarial tenga a su cargo pasivo pensional y el balance general consolidado presente pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del setenta por ciento (70%) del capital consolidado.

2.2. Cuando hagan parte entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia o la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios.

2.3. Cuando hagan parte sociedades mercantiles o empresas unipersonales, cuyo objeto sea la prestación de servicios de telecomunicaciones no domiciliarios.

2.4. Cuando hagan parte sociedades mercantiles o empresas unipersonales en acuerdo de reestructuración, liquidación obligatoria o en procesos concursales.

2.5. Cuando la Superintendencia de Sociedades, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 265 del Código de Comercio, modificado por el artículo 31 de la Ley 222 de 1995, compruebe la irrealidad de las operaciones celebradas entre las sociedades vinculadas o su celebración en condiciones considerablemente diferentes a las normales del mercado.

Para el evento del numeral 2.1., la vigilancia iniciará el primer día hábil del mes de abril del año siguiente a aquel al cual corresponda el respectivo cierre contable y cesará a partir del primer día hábil del mes de abril del año siguiente a aquel en que el patrimonio neto quede restablecido por encima de la proporción indicada.

En las situaciones establecidas en el numeral 2.5., la vigilancia iniciará desde el momento en el cual la Superintendencia de Sociedades establezca la irregularidad o irregularidades y cesará cuando lo determine el Superintendente de Sociedades por haber desaparecido la situación que dio origen a la vigilancia.

En los casos señalados en los demás numerales, la vigilancia iniciará desde el momento en que se presenta la respectiva causal y finalizará cuando desaparezca el presupuesto bajo el cual quedó incursa en vigilancia.

PAR. 1º—Para efectos de liquidar la contribución a cargo de las sociedades señaladas en el numeral 1º del presente artículo, la Superintendencia de Sociedades tendrá en cuenta lo establecido en el numeral 3º del artículo 88 de la Ley 222 de 1995, para lo cual fijará una tarifa inferior a la aplicada para las sociedades que no adelanten un acuerdo de reestructuración o proceso concursal.

PAR. 2º—Para los fines de este artículo, el representante legal de la compañía, dentro de los quince días siguientes a la ocurrencia del hecho que configura la causal de vigilancia, deberá informar dicha situación a la Superintendencia de Sociedades.

(D. 4350/2006, art.3º; modificado el numeral 2.1., por el D. 2300/2008, art. 5º)

ART. 2.2.2.1.1.4.—Irregularidades que dan lugar a sometimiento a vigilancia.

Quedarán sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, siempre y cuando no lo estén por otra superintendencia, aquellas sociedades mercantiles y empresas unipersonales que señale el superintendente por acto administrativo particular en los siguientes casos:

1. Cuando de conformidad con el artículo 84 de la Ley 222 de 1995, del análisis de la situación jurídica, contable y/o administrativa de la sociedad, o con ocasión de una investigación administrativa adelantada de oficio o a petición de parte, se establezca que la misma incurre en cualquiera de las siguientes irregularidades:

1.1. Abuso de sus órganos de dirección, administración o fiscalización, que implique desconocimiento de los derechos de los asociados o violación grave o reiterada, de las normas legales o estatutarias.

1.2. Suministro al público, a la superintendencia o a cualquier organismo estatal, de información que no se ajuste a la realidad.

1.3. No llevar contabilidad de acuerdo con la ley o con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

1.4. Realización sistemática de operaciones no comprendidas en su objeto social.

2. Cuando respecto de bienes de la sociedad, o de las acciones, cuotas o partes de interés que integren su capital social, se inicie una acción de extinción de dominio, en los términos del artículo 3º de la Ley 793 de 2002.

La Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación, o la entidad que haga sus veces, informará a la superintendencia dentro los cinco (5) días hábiles siguientes a que tenga conocimiento del ejercicio de la acción de extinción de dominio, cuando la misma recaiga sobre los bienes citados.

PAR.—El Superintendente de Sociedades exonerará de vigilancia a las sociedades que sean sometidas a la misma, en los términos del presente artículo, cuando desaparezcan las razones que dieron lugar ella, conforme a la ley, salvo que estén incursas en otra causal de vigilancia.

(D. 4350/2006, art.4º)

ART. 2.2.2.1.1.5.—Vigilancia especial. Estarán sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades en los términos que lo indican las normas legales pertinentes, respecto de cada una de ellas:

1. Las sociedades administradoras de planes de autofinanciamiento comercial conforme lo establece el Decreto 1941 de 1986; o la norma que lo modifique o sustituya;

2. Las sociedades prestadoras de servicios técnicos o administrativos a las instituciones financieras, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 110, parágrafo 1º, numeral 2, del Decreto 663 de 1993;

3. Los fondos ganaderos, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 15 de la Ley 363 de 1997;

4. Las empresas multinacionales andinas, conforme a la Decisión 292 de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

5. Los factores constituidos como sociedades comerciales cuya actividad exclusiva sea el factoring o descuento de cartera y que además, demuestren haber realizado operaciones de factoring en el año calendario inmediatamente anterior, por valor igual o superior a treinta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (30.000 smlmv) al corte del ejercicio.

6. Los factores constituidos como sociedades comerciales cuya actividad exclusiva sea el factoring o descuento de cartera y que además hayan realizado dentro del año calendario inmediatamente anterior contratos de mandato específicos con terceras personas para la adquisición de facturas, o que tengan contratos de mandato específicos vigentes al corte del ejercicio del año calendario inmediatamente anterior.

En este caso, la vigilancia se mantendrá mientras dichos contratos estén vigentes o se estén ejecutando.

7. (Nota: Adicionado por el Decreto 24 de 2016 artículo 2° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

PAR.—El objeto social exclusivo de actividad de factoring deberá acreditarse mediante el certificado de existencia y representación legal que expida la correspondiente cámara de comercio.

(D. 4350/2006, art.5º; nums. 5º, 6º y par. añadido por el D. 1219/2014, art. 1º)

ART. 2.2.2.1.1.6.—Facultades de la Superintendencia de Sociedades. Respecto de las sociedades mercantiles y de las empresas unipersonales a las que hace referencia el artículo 2.2.2.1.1.1 del presente decreto, la Superintendencia de Sociedades ejercerá las facultades señaladas en el artículo 84 de la Ley 222 de 1995, así:

1. Los numerales 1º, 3º, 5º y 10, de oficio o a petición de interesado;

2. Los numerales 4º, 6º, 8º y 11, únicamente por solicitud de interesado;

3. El numeral 2º mediante autorización previa;

4. El numeral 7º, impartiendo autorización previa, salvo que los participantes en la operación mercantil respectiva cumplan con las instrucciones de transparencia y revelación de la información que establezca la Superintendencia de Sociedades, en cuyo caso la operación gozará de autorización de carácter general, sin perjuicio de su verificación posterior;

5. El numeral 9º, a través de autorización de carácter general, que se entiende conferida por el presente decreto, sin perjuicio de su verificación posterior.

No obstante, cuando tales personas jurídicas incurran en cualquiera de las irregularidades establecidas en los literales a), b), c) o d), del artículo 84 de la Ley 222 de 1995, la Superintendencia de Sociedades ejercerá todas las facultades consagradas en los numerales 1 a 11, en la forma señalada en el citado artículo.

PAR. 1º—Cuando la Superintendencia de Industria y Comercio conozca de una integración empresarial, deberá informar de tal operación a la Superintendencia de Sociedades.

PAR. 2º—Para los efectos del numeral 4º del presente artículo, la Superintendencia de Sociedades expedirá las instrucciones de transparencia y revelación de la información.

PAR. 3º—Para los efectos del presente capítulo, se entiende por interesado las sociedades involucradas, los socios o accionistas, los acreedores sociales y las otras autoridades públicas que actúen en ejercicio de sus competencias legales.

(D. 4350/2006, art.6º)

SECCIÓN 2

Sucursales de sociedades extranjeras sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades

ART. 2.2.2.1.2.1.—Vigilancia de las sucursales de sociedades extranjeras. Quedarán sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades las sucursales de sociedades extranjeras cuando:

1. Incurran en alguna de las causales de vigilancia previstas para las sociedades comerciales en los artículos 2.2.2.1.1.1, 2.2.2.1.1.2 y 2.2.2.1.1.4 del presente decreto;

2. Tramiten actualmente ante la Superintendencia de Sociedades un proceso concursal, o adelanten un acuerdo de reestructuración, o sean admitidas a un proceso de reorganización o de liquidación judicial en los términos de la Ley 1116 de 2006.

En los casos de admisión a un proceso de reorganización o de liquidación judicial, la vigilancia iniciará una vez quede ejecutoriada la providencia o acto de apertura del proceso.

La vigilancia se extenderá hasta el cierre del fin de ejercicio correspondiente al año siguiente a aquel en que hubiere sido celebrado el acuerdo, salvo que se halle incursa en otra de las causales de vigilancia previstas en el presente decreto, en cuyo caso continuará. Tratándose de la liquidación obligatoria o judicial, la vigilancia permanecerá hasta cuando culmine el respectivo proceso;

3. La sociedad extranjera que estableció la sucursal se encuentre en situación de control o forme parte de un grupo empresarial inscrito en el país, siempre que se presente alguno de los siguientes casos:

3.1. Uno o algunos de los entes económicos involucrados en la situación de control o de grupo empresarial tenga a su cargo pasivo pensional y el balance general consolidado presente pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del setenta por ciento (70%) del capital consolidado.

3.2. Hagan parte entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia o la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

3.3. Hagan parte sociedades comerciales o empresas unipersonales cuyo objeto sea la prestación de servicios de telecomunicaciones no domiciliarios.

3.4. Hagan parte sociedades mercantiles o empresas unipersonales en acuerdo de reestructuración o en procesos concursales.

3.5. Sea comprobada por parte de la Superintendencia de Sociedades, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 265 del Código de Comercio, modificado por el artículo 31 de la Ley 222 de 1995, la irrealidad de las operaciones entre las sociedades vinculadas, o su celebración en condiciones considerablemente diferentes a las normales del mercado.

PAR. 1º—Para el evento del numeral 3.1 la vigilancia iniciará el primer día hábil del mes de abril del año siguiente a aquel al cual corresponda el respectivo cierre contable y cesará a partir del primer día hábil del mes de abril del año siguiente a aquel en que el patrimonio neto quede restablecido por encima de la proporción indicada.

PAR. 2º—En las situaciones establecidas en el numeral 3.5 la vigilancia iniciará desde el momento en el cual la Superintendencia de Sociedades establezca la irregularidad o irregularidades y cesará cuando esta lo determine por haber desaparecido la situación que dio origen a la vigilancia.

PAR. 3º—En los casos señalados en los demás numerales, la vigilancia iniciará desde el momento en que se presente la respectiva causal y finalizará cuando desaparezca el presupuesto bajo el cual quedó incursa en vigilancia.

PAR. 4º—En las situaciones descritas en el numeral 3º del presente artículo, la vigilancia será ejercida sobre todas las sociedades comerciales, empresas unipersonales o sucursales de sociedades extranjeras que se encuentren en situación de control o que hagan parte del grupo empresarial, salvo aquellas vigiladas por otra superintendencia.

(D. 2300/2008, art.1º)

ART. 2.2.2.1.2.2.—Obligaciones de los mandatarios de sucursales de sociedades extranjeras. Los mandatarios generales de todas las sucursales de sociedades extranjeras deberán:

1. Solicitar a la Superintendencia de Sociedades autorización para disminuir el capital asignado. No requerirá de esta autorización la disminución de la inversión suplementaria al capital asignado.

2. Comunicar a la Superintendencia de Sociedades la disminución del patrimonio de la sucursal por debajo del 50% del capital asignado, con ocasión de las pérdidas que hubieren originado dicha circunstancia.

3. Comunicar el acaecimiento de alguna de las causales de vigilancia consagradas en el presente decreto, dentro del mes siguiente a la ocurrencia de la misma.

PAR.—En todo caso, la sucursal no podrá efectuar la disminución de la inversión suplementaria al capital asignado de que trata el numeral 1º del presente artículo, si como consecuencia de la misma queda incursa en la causal prevista en el artículo 490 del Código de Comercio.

(D. 2300/2008, art.2º)

ART. 2.2.2.1.2.3.—Inspección, vigilancia y control de las sucursales de sociedades extranjeras. Las sucursales de sociedades extranjeras se sujetarán a los niveles de inspección, vigilancia o control, en los términos de los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 222 de 1995, en armonía con el artículo 497 del Código de Comercio, según el cual a aquellas les serán aplicadas las reglas de las sociedades colombianas.

(D. 2300/2008, art.3º)

ART. 2.2.2.1.2.4.—Desarrollo de la actividad de las sucursales de sociedades extranjeras. Las sucursales de sociedades extranjeras inspeccionadas, de la misma manera que las vigiladas y controladas, deberán desarrollar su actividad conforme a las exigencias previstas en el título VIII, del libro segundo del Código de Comercio.

(D. 2300/2008, art.4º)

ART. 2.2.2.1.2.5.—Vigilancia en situaciones de control o grupo empresarial. En las situaciones descritas en el numeral 2º del artículo 2.2.2.1.1.3 del presente decreto, la vigilancia será ejercida sobre todas las sociedades comerciales, empresas unipersonales o sucursales de sociedades extranjeras que se encuentren en situación de control o que hagan parte del grupo empresarial, salvo aquellas vigiladas por otra superintendencia.

(D. 2300/2008, art.5º)

SECCIÓN 3

Aprobación del inventario del patrimonio social por parte de la Superintendencia de Sociedades

ART. 2.2.2.1.3.1.—Aprobación del inventario del patrimonio social. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 1116 de 2006, deberán presentar a la Superintendencia de Sociedades para su aprobación, el inventario del patrimonio social en los términos establecidos en los artículos 233 a 237 del Código de Comercio:

1. Las sociedades mercantiles por acciones y las sucursales de sociedades extranjeras sometidas a la vigilancia o control de la Superintendencia de Sociedades, cuando una vez elaborado el inventario del patrimonio social, los activos no alcancen para cubrir el pasivo externo;

2. Las sociedades comerciales por acciones y las sucursales de sociedades extranjeras vigiladas o controladas por la Superintendencia de Sociedades que en el momento de su disolución o terminación de los negocios en el país, según sea el caso, tengan a su cargo pasivos por concepto de pensiones de jubilación, bonos o títulos pensionales.

PAR.—Cuando de conformidad con el inciso 1º del artículo 219 del Código de Comercio, la disolución o terminación de los negocios en el país provenga del vencimiento del término de duración de la sociedad o sucursal de sociedad extranjera, la fecha del inventario corresponderá al mismo mes en el cual expiró el término de duración respectivo. En los demás casos, la fecha del inventario corresponderá al mismo mes a aquel en el cual quedó inscrita en el registro mercantil la escritura pública contentiva de la disolución de la sociedad, o de la terminación de los negocios en Colombia, en el caso de las sucursales de sociedades extranjeras.

(D. 2300/2008, art.6º)

CAPÍTULO 2

Empresas de factoring sujetas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades 

ART. 2.2.2.2.1.—Ámbito de aplicación. Las disposiciones contempladas en el presente decreto se aplicarán de conformidad con las definiciones previstas en el artículo 2.2.2.2.2 de este decreto, a los factores constituidos como sociedades comerciales, que no estén bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia o de la Superintendencia de Economía Solidaria y tengan como objeto social exclusivo la actividad de factoring.

(D. 2669/2012, art.1º)

ART. 2.2.2.2.2.—Definiciones. Para los efectos de este decreto se adoptan las siguientes definiciones:

1. Actividad de factoring: Se entenderá por actividad de factoring la realización profesional y habitual de operaciones de factoring que podrá ser acompañada de las operaciones conexas a las que se refiere este decreto.

2. Operación de factoring: Aquella mediante la cual un factor adquiere, a título oneroso, derechos patrimoniales ciertos, de contenido crediticio, independientemente del título que los contenga o de su causa, tales como y sin limitarse a ellos: facturas de venta, pagarés, letras de cambio, bonos de prenda, sentencias ejecutoriadas y actas de conciliación, cuya transferencia se hará según la naturaleza de los derechos, por endoso, si se trata de títulos valores o mediante cesión en los demás casos.

3. Operaciones conexas: Son las operaciones complementarias a las operaciones de factoring, es decir, aquellas que el factor podrá incluir dentro de las prestaciones que ofrezca a su clientela. Se entienden como tales:

3.1. La administración de la cartera y el registro contable de los abonos y del pago de los títulos o de los créditos que no le pertenezcan al factor;

3.2. La cobranza de títulos o de créditos que no le pertenezcan al factor;

3.3. La asesoría en la contratación de los seguros necesarios para dispersar el riesgo de retorno de la cartera;

3.4. La custodia de títulos contentivos de créditos o de derechos que no le pertenezcan al factor, o 3.5. El otorgamiento de anticipos o avances con cargo a las operaciones de factoring, y;

3.6. El corretaje de factoring.

4. Contrato de factoring: Es el acuerdo de voluntades mediante el cual se instrumentan las operaciones de factoring definidas en este decreto.

5. Factoring sin recurso: Es la operación de factoring en la cual el factor asume el riesgo de la cobranza de los créditos que adquiere y libera al cedente o al endosante, de toda responsabilidad patrimonial relacionada con la solvencia del deudor o del pagador cedido.

6. Factoring con recurso: Es la operación de factoring en la cual el factor no asume el riesgo de la cobranza de los créditos que se le transfieren y el cedente o el endosante, responden ante los posteriores adquirientes del título por la existencia y por el pago de las acreencias objeto de negociación.

7. Actividad de corretaje de factoring: El corretaje de factoring, entendido como el contrato mediante el cual, un factor desarrolla como operación conexa el corretaje de factoring y que por su especial conocimiento de la actividad de factoring, se ocupa como agente intermediario para poner en contacto a dos o más personas, con el fin de que celebren una operación de factoring, sin estar vinculado a las partes por relaciones de colaboración, dependencia, mandato o representación, siempre y cuando dichas operaciones no requieran autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia.

(D. 2669/2012, art.2º)

ART. 2.2.2.2.3.—Límite de solvencia obligatoria para las empresas de factoring o descuento de cartera. El límite de solvencia de que trata el artículo 89 de la Ley 1676 de 2013, se calculará considerando el valor de los contratos de mandato específicos vigentes con terceras personas para la adquisición de facturas con relación al valor del patrimonio que tenga registrado la sociedad en el estado financiero de periodo intermedio del último día calendario del mes inmediatamente anterior.

(D. 1219/2014, art.5º)

ART. 2.2.2.2.4.—Incumplimiento del límite de solvencia para las empresas de factoring o descuento de cartera. Los factores constituidos como sociedades comerciales cuya actividad exclusiva sea el factoring o descuento de cartera que superen el límite de solvencia de conformidad con los parámetros establecidos en el artículo anterior, estarán obligados a adoptar las medidas tendientes a restablecerlo, desmontando la operación o mejorando su posición patrimonial en el término que establezca la Superintendencia de Sociedades. Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones sucesivas o no y actuaciones administrativas a que haya lugar por parte de la Superintendencia de Sociedades.

La Superintendencia de Sociedades podrá verificar el cumplimiento del límite de solvencia en cualquier momento.

(D. 1219/2014, art.6º)

ART. 2.2.2.2.5.—Riesgo de impago o de insolvencia. En cualquier caso, tanto el cedente o endosante, como el factor, podrán proteger el riesgo de impago o de insolvencia del obligado, mediante la contratación de un seguro.

(D. 2669/2012, art.3º)

ART. 2.2.2.2.6.—Operaciones de factoring sobre títulos de plazo que hubiere vencido. En las operaciones de factoring sobre títulos cuyo plazo hubiere vencido, las partes intervinientes podrán acordar libremente la tasa de descuento o el precio que les convenga.

(D. 2669/2012, art.4º)

ART. 2.2.2.2.7.—Cláusulas de cesión. Por lo que respecta a las relaciones entre las partes, en el contrato de factoring se tiene que:

1. Una cláusula del contrato de factoring para la cesión de créditos existentes o futuros será válida aunque el contrato no los especifique individualmente, si en el momento de la celebración del contrato o en el momento en que nacen tales créditos, ellos son determinables;

2. Una cláusula del contrato de factoring según la cual se ceden créditos futuros, transferirá los créditos al cesionario en el momento en que nazcan, sin necesidad de un nuevo acto de transferencia, y;

3. Un contrato de factoring podrá disponer válidamente la transferencia, por medio o no de un acto o contrato diferente, de la totalidad o de parte de los derechos del proveedor que derivan del contrato de compraventa de mercaderías o de prestación de servicios, incluyendo los derechos derivados de cualquier estipulación legal o contractual que reserve al proveedor el dominio de las mercaderías o que le confiera cualquier otra garantía.

(D. 2669/2012, art.5º)

ART. 2.2.2.2.8.—Endoso o cesión por parte del proveedor. El endoso de la factura de venta o la cesión de un crédito por el proveedor, surtirá efectos no obstante cualquier acuerdo entre el proveedor y el deudor que prohíba tal endoso o cesión.

(D. 2669/2012, art.6º)

ART. 2.2.2.2.9.—Registro único nacional de factores. La Superintendencia de Sociedades creará el registro único nacional de factores. Para este propósito los factores constituidos como sociedades comerciales vigiladas en los términos de los numerales 5 y 6 del artículo 2.2.2.1.1.5 del presente decreto, deberán remitir a dicha Superintendencia los estados financieros de fin de ejercicio y la información adicional; en los términos y condiciones que la misma requiera para la elaboración de dicho registro. El registro será un sistema de archivo, de acceso público a la información que no sea de reserva y tendrá por objeto dar publicidad, a través de internet, a los datos habilitados para conocimiento público.

Esta misma obligación aplicará a las sociedades comerciales que realicen la actividad de factoring a través de contratos o entidades sin personificación jurídica.

(D. 2669/2012, art.8º; modificado por el D. 1219/2014, art. 2º)

ART. 2.2.2.2.10.—Prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo. Los administradores de los factores a los que se refiere este capítulo, serán responsables de que las empresas bajo su administración cumplan con lo previsto en el artículo 8º de la Ley 1231 de 2008 y en las demás normas que regulan la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

(D. 2669/2012, art.9º)

ART. 2.2.2.2.11.—Transparencia empresarial. Los factores a quienes se refiere este capítulo, por conducto de su máximo órgano social, adoptarán un código de buen gobierno empresarial que deberá precisar, entre otras cosas, las reglas a que deben sujetarse los administradores en relación con:

1. Prácticas anticorrupción;

2. Operaciones con asociados y vinculados económicos;

3. Sus deberes y obligaciones con respecto a la clientela, a los socios de la compañía y al público en general;

4. La planeación y ejecución financiera y administrativa de los negocios sociales, con el objeto de atender oportunamente las obligaciones a cargo de la compañía;

5. Prevención, revelación y administración de los conflictos de intereses;

6. Las demás obligaciones que el factor establezca en otros códigos, manuales o instructivos internos.

(D. 2669/2012, art.10)

ART. 2.2.2.2.12.—Prácticas contables. Los factores a quienes se refiere este capítulo deberán sujetarse a las normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de información que imparta el Gobierno Nacional, así como a las normas técnicas especiales, interpretaciones y guías expedidas por las autoridades de supervisión.

(D. 2669/2012, art.11)

ART. 2.2.2.2.13.—Recursos para la realización de operaciones de factoring. Para ejercer la actividad de factoring, el factor se financiará de la siguiente manera:

1. A través de recursos aportados por los accionistas o socios del factor;

2. Con créditos obtenidos en el sistema financiero;

3. Con los recursos provenientes de mandatos específicos con terceras personas para la adquisición de facturas hasta por un monto equivalente al 10% del patrimonio que tenga registrado la sociedad en el estado financiero de periodo intermedio del último día calendario del mes inmediatamente anterior. En todo caso los factores no podrán utilizar estos recursos para realizar por cuenta propia operaciones de factoring.

4. Con los recursos provenientes de las ventas de cartera a fondeadores legalmente autorizados en el mercado de capitales.

(D. 2669/2012, art.12 modificado num. 3º, por el art. 3º, D. 1219/2014)

ART. 2.2.2.2.14.—Operaciones prohibidas.

Los factores no podrán:

1. Celebrar contratos, negocios u operaciones para el descuento de flujos futuros ofreciendo bienes, beneficios o intereses indeterminados o que no constituyan una operación de factoring en los términos definidos en el presente decreto;

2. Ofrecer la asesoría o los servicios relacionados con la adquisición o enajenación de valores inscritos en el registro nacional de valores y emisores, y;

3. Celebrar contratos de mutuo excediendo los límites establecidos en el Decreto 1981 de 1988, o la norma que lo modifique o sustituya.

(D. 2669/2012, art.13)

ART. 2.2.2.2.15.—Aplicación del Decreto 1981 de 1988 a las operaciones de sociedades comerciales cuyo objeto exclusivo sea el factoring o descuento de cartera. Los factores constituidos como sociedades comerciales vigilados por la Superintendencia de Sociedades, estarán sujetos a los límites establecidos en el artículo 1º del Decreto 1981 de 1988, o la norma que lo modifique o sustituya. El desconocimiento de estos límites los harán destinatarios de las sanciones penales y actuaciones administrativas a que haya lugar.

(D. 1219/2014, art.4º)

CAPÍTULO 3

Conflicto de interés y competencia con la sociedad por parte de los administradores de la sociedad

ART. 2.2.2.3.1.—Responsabilidad del administrador. El administrador que incurra por sí o por interpuesta persona, en interés personal o de terceros, en conductas que impliquen conflicto de interés o competencia con la sociedad en violación de la ley y sin la debida autorización de la asamblea general de accionistas o junta de socios, responderá solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasione a los asociados, a la sociedad o a terceros perjudicados, con el propósito de lograr, de conformidad con la ley, la reparación integral.

(D. 1925/2009, art.1º)

ART. 2.2.2.3.2.—Deber del administrador. Conforme al precepto legal consagrado en el último párrafo del artículo 23 de la Ley 222 de 1995, en caso de conflicto de interés o competencia con la sociedad, el administrador ordenará la convocatoria o convocará a la asamblea general o junta de socios, señalando dentro del orden del día la solicitud de autorización para la actividad que le representa conflicto de interés o competencia con la sociedad. Durante la reunión de la asamblea o junta de socios, el administrador suministrará toda la información que sea relevante para la toma de la decisión. De la respectiva determinación deberá excluirse el voto del administrador, si fuere socio.

En todo caso, de conformidad con la Ley 222 de 1995, la autorización de la junta de socios o asamblea general de accionistas solo podrá otorgarse cuando el acto no perjudique los intereses de la sociedad.

(D. 1925/2009, art.2º)

ART. 2.2.2.3.3.—Responsabilidad por autorización con información incompleta o falsa. Los administradores que obtengan la autorización con información incompleta, falsa o a sabiendas de que la operación ocasionaría perjuicios a la sociedad, no podrán ampararse en dicha autorización para exonerarse de responsabilidad por sus actos y, en consecuencia, deberán responder frente a la sociedad, los socios o terceros perjudicados.

(D. 1925/2009, art.3º)

ART. 2.2.2.3.4.—Responsabilidad por autorización que perjudique a la sociedad. Los socios que hayan autorizado expresamente la realización de un acto respecto del cual exista conflicto de interés o competencia con la sociedad, que perjudique los intereses de la sociedad, serán responsables solidaria e ilimitadamente por los perjuicios que ocasionen a esta, a los socios y a terceros, salvo que dicha autorización se haya obtenido de manera engañosa. Lo anterior, sin perjuicio de la declaratoria de nulidad que pudiese resultar de los actos amparados en tales decisiones por violación de la ley.

(D. 1925/2009, art.4º)

ART. 2.2.2.3.5.—Declaratoria de nulidad absoluta de los actos ejecutados en contra de los deberes de los administradores. El proceso judicial para obtener la declaratoria de nulidad absoluta de los actos ejecutados en contra de los deberes de los administradores consagrados en el numeral 7º del artículo 23 de la Ley 222 de 1995, se adelantará mediante el proceso legalmente establecido, de conformidad con el artículo 233 de la Ley 222 de 1995; sin perjuicio de otros mecanismos de solución de conflictos establecidos en los estatutos. Salvo los derechos de terceros que hayan obrado de buena fe, declarada la nulidad, se restituirán las cosas a su estado anterior, lo que podría incluir, entre otros, el reintegro de las ganancias obtenidas con la realización de la conducta sancionada, sin perjuicio de las acciones de impugnación de las decisiones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 y siguientes del Código de Comercio.

Mediante este mismo trámite, el administrador que obre contrariando lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 222 de 1995, será condenado a indemnizar a quien hubiese causado perjuicios. El juez competente, según lo establecido en la ley, podrá sancionar a los administradores con multas y/o con la inhabilidad para ejercer el comercio, sin perjuicio de la responsabilidad penal que dicha conducta pudiese generar.

PAR.—En el caso de que la sociedad hubiese pactado cláusula compromisoria o compromiso, se estará a las normas respectivas. En el caso de la sociedad por acciones simplificada se aplicará el artículo 44 de la Ley 1258 de 2008.

(D. 1925/2009, art.5º)

CAPÍTULO 4

Procedimiento para la modificación o cancelación obligatoria ante autoridad administrativa; y supervisión del funcionamiento del registro de garantías mobiliarias

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.1.—Objeto. El presente capítulo tiene por objeto reglamentar los artículos 5º, 8º, 12, 13, 22, 36 al 46, 48, 49, 54, 56, 72, 77, 78 y 85, los parágrafos de los artículos 11 y 14, el parágrafo 2º del artículo 65, los numerales 5 y 6 del artículo 19 y los numerales 1, 2 y 3 del artículo 65 de la Ley 1676 de 2013 y en particular:

1. La inscripción, las operaciones, funciones, administración, procedimientos y prestación de los servicios del registro de garantías mobiliarias con el fin de recibir, almacenar y permitir la consulta de la información registral vigente consignada en el registro de garantías mobiliarias.

2. La comunicación y consulta entre el registro de garantías mobiliarias y (i) el registro de propiedad industrial; (ii) el registro nacional automotor; y (iii) los demás registros que así lo soliciten.

(D. 400/2014, art.1º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.2.—Definiciones. Para efectos del presente decreto se establecen las siguientes definiciones:

Acreedor garantizado: es la persona natural, jurídica, patrimonio autónomo, encargo fiduciario, entidad gubernamental que inscribe o permite inscribir bajo esa calidad los formularios de registro.

Bienes en garantía con número de serie: corresponden a los bienes identificados con un número de serie o código alfanumérico permanentemente marcado o adherido a su parte principal, tales como: vehículos automotores, remolques, semirremolques, maquinaria agrícola y de construcción autopropulsada, marcas y patentes.

Cuenta de usuario: es el medio a través del cual los usuarios de la inscripción tienen acceso al registro de garantías mobiliarias.

Dirección: corresponde a la dirección física y electrónica consignada en los formularios de registro.

Documento de identificación: es el documento identificador único determinado para personas naturales, jurídicas y otros que sean acreedores garantizados o garantes nacionales o extranjeros según se detalla en el artículo 2.2.2.4.20 de este decreto.

Folio electrónico: es el número único asignado por el registro de garantías mobiliarias a un formulario de inscripción inicial, permanentemente asociado a este formulario y a todo otro formulario conexo. El número de inscripción inicial deberá consistir en la secuencia numérica que se adopte para el sistema de registro que al menos deberá tener dos (2) dígitos para indicar el día, dos (2) dígitos para indicar el mes, cuatro (4) dígitos para indicar el año y siete (7) dígitos para indicar el orden de recepción.

Formularios de registro: son los formatos electrónicos del registro de garantías mobiliarias previamente autorizados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que contienen los campos en los cuales se consigna la información para realizar la inscripción inicial, modificación, prórroga, transferencia, ejecución, cancelación o restitución de una garantía mobiliaria.

Gravamen judicial: es el acto que proviene de autoridad judicial o administrativa competente, como por ejemplo un embargo, y cuya inscripción en el registro de garantías mobiliarias es efectuada por el beneficiario de la medida, en cuyo favor se expide esta para efectos de oponibilidad y prelación. Lo anterior, sin perjuicio de la orden de inscripción de la medida cautelar ordenada por la autoridad en los registros correspondientes.

Gravamen tributario: es el acto que proviene de autoridad fiscal que tiene la facultad de administrar y recaudar los tributos del orden nacional, departamental, distrital o municipal en el curso de un proceso jurisdiccional coactivo, cuya inscripción se realiza en el registro de garantías mobiliarias para efectos de oponibilidad y prelación.

Información registral: son los datos y demás documentos adjuntos contenidos en los formularios de registro.

Inscripción: es la incorporación en el sistema de archivo de la información consignada en los formularios de registro.

Manual de usuario: es el manual informativo de las condiciones de uso del registro de garantías mobiliarias.

Modificación: es cualquier cambio en la información contenida en un formulario previamente inscrito en el registro de garantías mobiliarias al que se refiera la modificación.

Registro de garantías mobiliarias: es el sistema de archivo, de acceso público a la información de carácter nacional, que tiene por objeto dar publicidad a través de internet a la información contenida en los formularios de registro con el propósito de establecer la oponibilidad frente a terceros y para ello se encuentra habilitado para recibir, almacenar, certificar y permitir la consulta de la información registral vigente relativa a las garantías mobiliarias.

Registro especial de propiedad industrial: Es aquel regulado por la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y, de acuerdo con dicha regulación, el registro de la garantía en la Superintendencia de Industria y Comercio es constitutivo del derecho de garantía.

Sistema de archivo: Es la información registral, clasificada y organizada, contenida en todos los formularios que se almacenen en el registro de garantías mobiliarias.

(D. 400/2014, art.2º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.3.—Funciones del registro de garantías mobiliarias. El registro de garantías mobiliarias se llevará por Confecámaras y cumplirá las siguientes funciones:

1. Disponer para el acceso del público la información vigente de las garantías mobiliarias inscritas en el registro de garantías mobiliarias.

2. Ofrecer acceso público de sus servicios a través de Internet, así como los servicios de consulta y comunicación con los registros especiales y otros registros, de conformidad con lo dispuesto en este decreto.

3. Rechazar automáticamente y dar a conocer los motivos del rechazo de la inscripción de alguno de los formularios de registro de conformidad con lo dispuesto en este decreto.

4. Incorporar en el sistema de archivo la información contenida en los formularios presentados al registro de garantías mobiliarias y consignar la fecha y hora de cada inscripción.

El registro de garantías mobiliarias capturará la identidad de la persona que efectúe la inscripción.

5. Asignar el número de folio electrónico de inscripción inicial y los números de inscripción relacionados con este.

6. Organizar la información consignada en el sistema de archivo, como un registro de naturaleza personal, en función de la identificación del garante.

7. Garantizar la integridad de la información consignada en el registro de garantías mobiliarias y prevenir cualquier falla en el sistema que afecte sus servicios.

8. Proveer a través de internet las certificaciones y copias.

9. Conservar toda la información para mantener un registro histórico de las inscripciones de las garantías mobiliarias, que permita su recuperación de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.4.15 de este decreto.

10. Establecer los mecanismos de pago por internet de los derechos de registro.

11. Asegurar el cumplimiento de los derechos al hábeas data estableciendo los mecanismos necesarios para ello.

(D. 400/2014, art.3º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.4.—Acceso al registro de garantías mobiliarias. Todas las personas tendrán acceso a los servicios del registro de garantías mobiliarias referidos a la inscripción, consulta y/o solicitud de certificaciones y copias de conformidad con los requisitos establecidos en la Ley 1676 de 2013, en el presente decreto y en el manual de usuario. No se exigirán o impondrán requisitos o restricciones adicionales.

La presentación de los formularios de registro será electrónica y estará disponible las veinticuatro (24) horas del día, todos los días de la semana, incluyendo fines de semana y días festivos.

Cualquier persona, patrimonio autónomo o entidad podrá realizar una consulta en la información registral vigente por medio de internet, la cual se encontrará disponible veinticuatro (24) horas al día, todos los días de la semana, incluyendo fines de semana y días festivos.

El registro de garantías mobiliarias deberá prevenir cualquier falla en el sistema que afecte el acceso a sus servicios.

Las consultas al sistema de archivo, que contiene la información registral vigente se realizarán por medio de internet.

(D. 400/2014, art.4º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.5.—Creación de cuenta de usuario. Para acceder a los servicios de inscripción se deberá crear una cuenta de usuario de conformidad con el siguiente procedimiento:

El acreedor garantizado proveerá al registro de garantías mobiliarias como mínimo los siguientes datos: tipo de usuario, tipo de documento de identificación, número de documento de identificación, razón social o nombre del usuario, correo electrónico, número de celular o teléfono fijo, domicilio y datos del administrador o administradores de la cuenta de usuario.

El sistema validará que ese número de documento de identificación no haya sido previamente registrado y de estarlo indicará que ya existe.

El sistema del registro de garantías mobiliarias se interconectará con un sistema de verificación de identidad enviando los datos capturados y utilizará los medios que considere adecuados para verificar la identidad del usuario. Confirmada su identidad, el sistema le solicitará una clave y la reconfirmación de la misma.

El procedimiento de verificación de la identidad del usuario estará descrito en el manual de usuario que expedirá Confecámaras y que hará parte de las condiciones de uso del sistema del registro de garantías mobiliarias. La violación a las condiciones de uso dará lugar a la aplicación por parte del registro de garantías mobiliarias de las sanciones contractuales previstas en el manual de usuario.

(D. 400/2014, art.5º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.6.—Requisitos de inscripción. Todo acreedor garantizado o quien este autorice en calidad de administrador de la cuenta de usuario, para efectos de la inscripción de un formulario deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Haber creado una cuenta de usuario.

2. Haber diligenciado los formularios de registro y 3. Haber realizado el pago de los derechos de registro.

En cumplimiento de sus funciones, el registro de garantías mobiliarias deberá informar automáticamente el motivo por el cual niega la inscripción al momento de rechazo del formulario de registro, de conformidad con los artículos 2.2.2.4.8 y 2.2.2.4.9 de este decreto.

Corresponde al acreedor garantizado o al administrador de la cuenta de usuario efectuar la inscripción de todos los formularios de inscripción establecidos en la Ley 1676 de 2013 y será el único responsable de la información allí contenida.

En los términos del parágrafo del artículo 14 y de los artículos 40 y 48 de la Ley 1676 de 2013, la suscripción del contrato, de alguna de sus modificaciones o de algún documento mediante el cual se autorice la inscripción o se modifique la autorización previamente otorgada, habilita al acreedor garantizado para la inscripción de la garantía mobiliaria en el registro de garantías mobiliarias y así lo manifestará, bajo la gravedad del juramento, en el campo diseñado para ello en el formulario correspondiente.

El registro de garantías mobiliarias no verificará la existencia de la autorización para la presentación de los formularios de registro.

El acuerdo del titular de una cuenta de usuario principal para el establecimiento de subcuentas de usuario constituye la autorización para la inscripción de los formularios de registro a su nombre y cuenta. La presentación de un formulario de registro por el administrador de la cuenta de usuario se considerará presentada por el titular de la misma.

PAR.—Se entenderá que una persona actúa como acreedor garantizado cuando, en aplicación de lo dispuesto en el inciso 1º del artículo 48 de la Ley 1676 de 2013, la inscripción en el registro de garantías mobiliarias precede a la suscripción del contrato de garantía.

También tendrá acceso al registro de garantías mobiliarias la Superintendencia de Sociedades en el evento previsto en el artículo 2.2.2.4.28 de este decreto.

(D. 400/2014, art.6º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.7.—Funciones de inscripción. El registro de garantías mobiliarias tendrá las siguientes funciones en lo referente a la inscripción:

1. Asignar el número de folio electrónico y fecha de inscripción inicial de manera automática incluyendo año, mes, día, hora, minuto y segundo.

2. Mantener información sobre la identidad del autor de la inscripción.

3. Proceder a la inscripción de los formularios de registro sin exigir prueba de la existencia de la autorización de que trata el parágrafo del artículo 14 de la Ley 1676 de 2013.

4. Verificar automáticamente que cada uno de los campos obligatorios de los formularios de inscripción estén diligenciados y que los documentos que deban adjuntarse a los formularios de inscripción cuando corresponda, estén adjuntos sin que ello implique verificación alguna de su contenido.

5. Incorporar la información tal como la reciba por parte del usuario que realiza la inscripción. El registro de garantías mobiliarias no podrá alterar, adicionar, abreviar o sustituir la información registral que reciba.

El registro de garantías mobiliarias no verificará ni exigirá que se demuestre la exactitud de la información registral presentada en los formularios de registro o en los anexos.

No es función del registro de garantías mobiliarias velar porque la información incorporada en los formularios de registro sea completa, precisa, correcta o legalmente suficiente, ni efectuará ningún examen o calificación registral de su contenido o de los documentos anexos a los formularios de registro.

(D. 400/2014, art.7º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.8.—Rechazo automático de una solicitud de inscripción de un formulario de registro. El registro de garantías mobiliarias rechazará automáticamente la solicitud de inscripción únicamente cuando:

1. No se haya incorporado información en cada uno de los campos obligatorios de los formularios de registro de garantías mobiliarias o no se hayan adjuntado los documentos obligatorios, según lo dispuesto en el presente decreto.

2. Los derechos de registro no hayan sido pagados.

3. Tratándose de un formulario de registro de prórroga o de cancelación de la inscripción de la garantía, este haya sido presentado una vez vencido el plazo de vigencia de la garantía.

4. Tratándose de un formulario de modificación que elimine a un garante o a un acreedor garantizado cuando sea el único garante o el único acreedor garantizado en dicha inscripción.

5. El formulario de registro de cualquier acto de modificación, prórroga, cancelación, ejecución, transferencia o restitución, no identifique el número de folio electrónico o cuando suministre un número de folio electrónico que no existe en el sistema de archivo de la información registral vigente.

6. El formulario de registro de inscripción, modificación, cancelación o ejecución no lleva adjunta la orden judicial o administrativa o la protocolización notarial, según lo dispuesto en este decreto.

7. El formulario de registro de ejecución no cumple con los requisitos establecidos en los literales d) y e) del numeral 3º del artículo 65 de la Ley 1676 de 2013.

El registro de garantías mobiliarias informará automáticamente los motivos de rechazo de la inscripción, circunstancia que no implicará calificación registral alguna y por ser un acto de trámite no será objeto de recurso alguno.

(D. 400/2014, art.8º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.9.—Acceso a los servicios de consulta. Toda persona podrá consultar la información registral vigente en el sistema de archivo del registro de garantías mobiliarias. Si el registro de garantías mobiliarias niega el acceso a los servicios de consulta, informará automáticamente los motivos.

(D. 400/2014, art.9º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.10.—Inscripción de un formulario de registro y validez. La información registral deberá presentarse electrónicamente al registro de garantías mobiliarias a través de los formularios de registro correspondientes.

La inscripción de los formularios de registro será válida a partir de la fecha y hora en que el formulario sea incorporado electrónicamente al sistema de archivo y quede disponible para consulta.

El registro de garantías mobiliarias incorporará al sistema de archivo la constancia de la fecha y hora en que la información contenida en el formulario de inscripción inicial o de modificación se incorpore al sistema de archivo. La incorporación al sistema de archivo y la organización de la información se hará inmediatamente y en el orden en que sean incorporados los formularios electrónicamente.

(D. 400/2014, art.10)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.11.—Vigencia de una inscripción y prórroga. De conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 1676 de 2013, la inscripción en el registro de garantías mobiliarias tendrá vigencia hasta:

1. Por el plazo establecido por las partes, caso en el cual este plazo deberá especificarse en el formulario de inscripción inicial.

2. Por el plazo establecido por las partes como prórroga de la inscripción inicial, caso en el cual esta prórroga deberá especificarse en un formulario de modificación en cualquier momento antes de la expiración de la vigencia establecida en el formulario de inscripción inicial, por periodos de hasta tres (3) años. La prórroga se contará a partir de la fecha en que el plazo establecido en el formulario de registro de inscripción inicial hubiese vencido.

3. Por un plazo de cinco (5) años en el evento de no especificarse en el formulario de inscripción inicial. El plazo en mención puede ser prorrogado por acuerdo entre las partes.

(D. 400/2014, art.11)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.12.—Momento en que podrá efectuarse la inscripción de la garantía. Podrá inscribirse una garantía mobiliaria en el registro de garantías mobiliarias antes o después de la celebración del contrato de garantía de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 14 y en el inciso 1º del artículo 48 de la Ley 1676 de 2013.

(D. 400/2014, art.12)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.13.—Integridad del sistema de archivo. El registro de garantías mobiliarias no modificará la información consignada en el sistema de archivo. Tampoco restringirá del acceso al público información del mismo salvo los casos expresamente previstos en este decreto. El registro de garantías mobiliarias deberá proteger el sistema de archivo contra pérdida o daños y deberá proveer mecanismos de copia de seguridad que permitan su recuperación.

(D. 400/2014, art.13)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.14.—Copia de los formularios de registro. El registro de garantías mobiliarias remitirá automáticamente y por correo electrónico una copia de los formularios de registro a cada acreedor garantizado y a cada garante a las direcciones electrónicas consignadas en el formulario de inscripción. La copia incluirá la fecha y hora en la que la inscripción adquirió validez y el número de folio electrónico otorgado por el registro de garantías mobiliarias.

La dirección electrónica del garante corresponderá a la más reciente con la que cuente el acreedor garantizado y que este haya incluido en los formularios de registro.

Cualquier modificación en esta dirección deberá ser puesta en conocimiento por el garante al acreedor garantizado.

(D. 400/2014, art.14)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.15.—Archivo histórico del registro de garantías mobiliarias. El registro de garantías mobiliarias deberá conservar la información histórica del sistema de archivo. Dicha información estará disponible para la consulta de las autoridades administrativas y judiciales cuando ellas lo requieran.

(D. 400/2014, art.15)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.16.—Idioma de los formularios de registro. La información contenida en los formularios de registro deberá diligenciarse en idioma castellano. Por su parte, los formularios de registro deberán estar disponibles tanto en idioma inglés como en castellano.

(D. 400/2014, art.16)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.17.—Información del formulario de inscripción inicial. El formulario de inscripción inicial de la garantía mobiliaria de conformidad con los artículos 41 de la Ley 1676 de 2013 y 2.2.2.4.38 de este decreto deberá contener como mínimo la siguiente información:

1. Nombre, identificación y dirección física y electrónica del garante y del acreedor garantizado.

Se deberá indicar en la casilla correspondiente el número y tipo de documento de identificación.

La dirección electrónica será la que haya proveído el garante al acreedor garantizado como dirección de notificación electrónica y la dirección física será la que corresponda a su domicilio o al asiento principal de los negocios.

Cuando el garante, sea persona natural, jurídica o patrimonio autónomo, esté tramitando un procedimiento concursal o de insolvencia, en la identificación del formulario de inscripción inicial se hará constar esa situación y deberá incluirse el nombre del administrador de la insolvencia, ya sea un promotor, liquidador o interventor.

Cuando haya más de un garante o acreedor garantizado, la información de inscripción inicial deberá incluir todos los datos relativos a cada uno de estos por separado, así sea a través de un mismo formulario de registro.

2. Descripción de los bienes dados en garantía, que puede ser genérica o específica.

3. En el caso de registro de gravámenes surgidos por ministerio de la ley, se deberá especificar si el gravamen es judicial o tributario.

4. El monto máximo de la obligación garantizada o el monto máximo cubierto por la garantía. Cuando existan pluralidad de acreedores podrán determinarse los porcentajes de participación correspondientes.

Adicionalmente, el formulario de inscripción inicial contendrá el plazo de vigencia de la inscripción si ha sido determinado por las partes en el contrato de garantía o en su defecto, será el dispuesto por la Ley 1676 de 2013.

PAR.—Las garantías mobiliarias que se hayan hecho oponibles por la entrega de la tenencia o por el control de los bienes en garantía según lo establece la Ley 1676 de 2013, podrán ser inscritas en el registro de garantías mobiliarias por el acreedor garantizado.

(D. 400/2014, art.17)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.18.—Inscripción de la garantía mobiliaria prioritaria de adquisición. En el caso de registro de una garantía mobiliaria prioritaria de adquisición en el formulario de inscripción inicial el acreedor garantizado hará referencia al carácter especial de la garantía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1676 de 2013 y deberá incluir una descripción de los bienes gravados por la misma en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 1676 de 2013.

(D. 400/2014, art.18)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.19.—Inscripción por efecto de la conversión de una garantía mobiliaria. En el caso de registro de una garantía mobiliaria por efecto de la conversión de una garantía mobiliaria con tenencia a sin tenencia, el acreedor garantizado diligenciará un formulario de inscripción inicial.

(D. 400/2014, art.19)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.20.—Identificación del garante y del acreedor garantizado. Para la identificación de la persona natural o jurídica, patrimonio autónomo, encargo fiduciario, entidad gubernamental garante y del acreedor garantizado, deberá incluirse en el formulario de inscripción inicial la siguiente información:

Los nombres, los apellidos y el número de identificación, deberán diligenciarse separadamente en las casillas correspondientes del formulario de inscripción inicial, de acuerdo con las siguientes indicaciones:

1. Persona natural nacional mayor de 18 años: Cédula de ciudadanía.

2. Persona natural nacional menor de 18 años: Registro civil.

3. Persona natural extranjero residente: Cédula de extranjería.

4. Persona natural extranjera no residente: Pasaporte.

5. Persona jurídica nacional, sucursales de sociedades extranjeras o quien esté habilitado para ejercer una actividad en Colombia, patrimonio autónomo, encargo fiduciario, entidad gubernamental: NIT.

6. Persona jurídica extranjera no registrada en Colombia: Certificado de inscripción o existencia de la persona jurídica expedido por la autoridad del Estado correspondiente.

En el caso de los patrimonios autónomos y encargos fiduciarios, el sistema permitirá un mecanismo de identificación especial.

(D. 400/2014, art.20)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.21.—Descripción de los bienes dados en garantía. La descripción de los bienes en garantía estará contenida en el espacio previsto en el formulario de inscripción inicial de manera que permita su identificación.

La descripción podrá corresponder:

1. A una descripción de bienes específicos presentes y futuros en garantía.

2. A una descripción genérica que corresponda a un conjunto de bienes de una determinada categoría que puede incluir la totalidad de los bienes presentes y futuros del garante pertenecientes a esa categoría específica. Los bienes futuros serán los adquiridos durante el periodo de vigencia de la inscripción.

3. A una descripción genérica de la totalidad de los bienes del garante que incluirá todos los bienes presentes y futuros. Los bienes futuros serán los adquiridos durante el periodo de vigencia de la inscripción.

En el caso de registro de bienes inmuebles por adhesión o por destinación, se deberá identificar el tipo de bienes de que se trate, así como el folio de matrícula inmobiliaria, el nombre, identificación y dirección física y electrónica del propietario del inmueble en donde estos se encuentren o se espera que se encuentren, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 41 de la Ley 1676 de 2013.

Cuando se trate de bienes en garantía identificados con número de serie que no se ofrezcan en venta o arrendamiento en el giro ordinario de los negocios del garante, el formulario de inscripción inicial deberá contener la descripción del bien incluyendo la marca y el nombre del fabricante y su número de serie. Además, en el caso de un vehículo automotor el modelo y placa; en el caso de permisos, licencias, marcas, patentes, derechos de autor, el nombre del emisor según aparezca en los mismos.

(D. 400/2014, art.21)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.22.—Información incorrecta o insuficiente respecto de la identificación del garante que afecte la oponibilidad de la inscripción. La información incorrecta o insuficiente respecto del número de identificación del garante que imposibilite la consulta implicará la inoponibilidad de la inscripción. Cualquier otro tipo de error en la identificación del garante no afectará la oponibilidad de la inscripción.

La información incorrecta o insuficiente que genere la inoponibilidad de la inscripción respecto de un garante no afectará la oponibilidad de la inscripción de otros garantes suficientemente identificados en el formulario de registro.

(D. 400/2014, art.22)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.23.—Modificación de la información. El acreedor garantizado podrá modificar la información consignada en un formulario de inscripción inicial, mediante la inscripción de un formulario de modificación.

El formulario de modificación deberá identificar el folio electrónico correspondiente al formulario de registro de inscripción inicial de la garantía mobiliaria a la que se refiera la modificación.

Si la modificación consiste en una cesión de la garantía, la información registral deberá identificar al cedente y al cesionario en la forma establecida en el presente decreto. En caso de cesión parcial, también, de ser el caso, deberán identificarse los bienes en garantía sobre los cuales recae la cesión parcial.

Una modificación que pretenda incorporar bienes en garantía o añadir a un nuevo garante a la inscripción, será válida respecto de los nuevos bienes en garantía y el garante adicionado, solamente a partir de la hora y fecha de inscripción del formulario de registro de modificación.

Si la modificación ha sido ordenada por una autoridad judicial a través del procedimiento para la modificación o cancelación obligatorias previsto en este decreto, al formulario de modificación deberá adjuntarse el archivo electrónico que contenga la copia de la orden judicial debidamente ejecutoriada.

(D. 400/2014, art.23)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.24.—Modificación global de la información de un acreedor garantizado. El acreedor garantizado incluido en múltiples formularios de registro inscritos, puede modificar su propia información. Esta modificación afectará todos los formularios previamente inscritos, mediante la inscripción de un único formulario de modificación global que contendrá los datos de identificación del acreedor garantizado susceptibles de modificación global. En este evento el sistema solicitará automáticamente un mecanismo de reconfirmación.

(D. 400/2014, art.24)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.25.—Formulario de cancelación de la inscripción de una garantía mobiliaria. En el formulario de cancelación de la inscripción de una garantía mobiliaria, el acreedor garantizado deberá consignar el número del folio electrónico de inscripción otorgado al momento de la inscripción inicial.

(D. 400/2014, art.25)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.26.—Modificación o cancelación obligatorias. El acreedor garantizado deberá inscribir un formulario de modificación o de cancelación según proceda cuando:

1. La inscripción de un formulario de inscripción inicial o de modificación no ha sido autorizada por el garante o no ha sido autorizada en los términos descritos en el formulario, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 14 o del artículo 40 de la Ley 1676 de 2013 o cuando no se ha dado la autorización cuando el registro precede el otorgamiento del contrato de garantía.

2. La inscripción de un formulario de inscripción inicial ha sido autorizada pero no se ha celebrado el contrato de garantía o en caso de inscripción de una modificación, esta no ha sido convenida.

3. La información consignada en el formulario resulta incorrecta o insuficiente frente a lo convenido y requiere de modificación.

4. Todas las obligaciones garantizadas estén completamente extinguidas.

5. La ejecución se hubiere terminado en el caso previsto en el artículo 72 de la Ley 1676 de 2013, con pago total de la obligación garantizada.

6. Exista orden de cancelación del gravamen judicial ejecutoriada proveniente de autoridad jurisdiccional o administrativa competente.

7. Salvo pacto en contrario, algunas obligaciones del garante a favor del acreedor garantizado estén parcialmente satisfechas y se deban retirar algunos bienes en garantía o cuando proceda la rebaja del monto máximo de la obligación garantizada en los términos del numeral 6º del artículo 19 de la Ley 1676 de 2013 por lo cual procede la modificación de la inscripción.

8. Se haya procedido a la enajenación del bien en garantía en el proceso de ejecución judicial o especial de la garantía.

9. Se haya realizado el pago directo de que trata el artículo 60 de la Ley 1676 de 2013.

(D. 400/2014, art.26)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.27.—Procedimiento para la cancelación o modificación obligatoria. En caso de que el acreedor garantizado no cumpla con la obligación de cancelación o modificación en los eventos previstos en los numerales 4º, 5º, 7º, 8º y 9º del artículo anterior, el garante dará aplicación al procedimiento establecido en el artículo 76 de la Ley 1676 de 2013.

(D. 400/2014, art. 27)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.28.—Procedimiento para la modificación o cancelación obligatorias ante autoridad administrativa. En caso de que el acreedor garantizado no cumpla con la obligación de cancelación o modificación en los eventos previstos en los numerales 1º, 2º, 3º y 6º del artículo 2.2.2.4.26 de este decreto, se aplicará el siguiente procedimiento:

1. El garante deberá solicitar al acreedor garantizado el cumplimiento de la obligación de inscripción de los formularios de modificación o de cancelación de la inscripción inicial, según corresponda, a través de comunicación escrita remitida electrónicamente a la dirección reportada en el formulario de inscripción inicial.

2. Si pasados quince (15) días contados a partir del día siguiente de la comunicación electrónica indicada en el numeral anterior, el acreedor garantizado no accede a la petición realizada por el garante, este podrá presentar la solicitud de orden de modificación o cancelación de la inscripción en el registro de garantías mobiliarias, ante la Superintendencia de Sociedades, para que en ejercicio de su facultades legales y de encontrarlo procedente, inscriba la cancelación o modificación de la inscripción de la garantía e imponga las sanciones cuando corresponda. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad del acreedor garantizado, de efectuar las modificaciones o cancelaciones en cualquier momento.

3. Aceptada la solicitud, la Superintendencia de Sociedades inscribirá una alerta en el registro de garantías mobiliarias acerca del inicio del procedimiento, la cual permanecerá en dicho registro hasta su culminación, momento en el cual esta superintendencia cancelará la alerta.

4. Del escrito contentivo de la solicitud, se dará traslado al acreedor garantizado por el término de diez (10) días a fin de que controvierta los hechos en que se funde la solicitud aportando las pruebas a que haya lugar. Vencido este término y dentro de los diez (10) días siguientes, se adoptará la decisión pertinente.

PAR.—Para el ejercicio de la facultad prevista en este artículo, la Superintendencia de Sociedades tendrá una cuenta de usuario.

(D. 400/2014, art. 28)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.29.—Reglas adicionales para la modificación o cancelación de la inscripción. Para la modificación o cancelación de la inscripción de la garantía por parte del acreedor garantizado se observarán las siguientes reglas adicionales:

1. Si la inscripción identifica a más de un garante, y los requisitos del artículo referido a las causales de modificación o cancelación obligatoria han sido satisfechos únicamente en relación a uno de los garantes, dicho garante puede entregar el requerimiento escrito al acreedor garantizado solicitándole que inscriba una modificación de la inscripción inicial para eliminarlo de la misma siempre que no se haya pactado solidaridad entre los garantes.

2. El garante no podrá requerir que se cancele la inscripción respecto de otros garantes identificados en la inscripción a menos que se encuentre totalmente cancelada la obligación garantizada según lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1676 de 2013.

(D. 400/2014, art. 29)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.30.—Formulario de registro de ejecución. Para efecto de iniciar el procedimiento de ejecución y pago de la garantía oponible mediante inscripción en el registro de garantías mobiliarias previsto en los artículos 60, 61 y 65 de la Ley 1676 de 2013, el acreedor garantizado deberá inscribir un formulario de ejecución, incorporando la siguiente información:

1. Identificación del número de folio electrónico.

2. Identificación del garante a quien se dirige el aviso de ejecución.

3. Identificación del acreedor garantizado que pretende realizar la ejecución.

4. Breve descripción del incumplimiento de la obligación garantizada.

5. Descripción de los bienes en garantía o de la parte de los bienes en garantía sobre los cuales se pretende tramitar la ejecución.

6. Declaración del monto estimado que se pretende ejecutar que incluye el valor de la obligación garantizada, más los gastos inherentes a la ejecución, razonablemente cuantificados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1676 de 2013.

Para iniciar la ejecución de la garantía deberá adjuntarse al formulario de registro de ejecución una copia del contrato de garantía o una versión resumida del mismo firmada por el garante.

El formulario de ejecución debidamente diligenciado e inscrito en el registro de garantías mobiliarias presta mérito ejecutivo para iniciar el procedimiento y tendrá los efectos de notificación del inicio de la ejecución.

PAR. Identificado el folio electrónico por parte del acreedor garantizado, el registro de garantías mobiliarias proveerá la información asociada a ese folio electrónico en particular, a efecto de facilitar al acreedor garantizado el diligenciamiento del formulario de ejecución.

(D. 400/2014, art. 30)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.31.—Formulario de registro de terminación de la ejecución. Sin perjuicio del derecho del acreedor garantizado de inscribir un formulario de ejecución en cualquier momento deberá inscribir un formulario de registro de terminación de la ejecución cuando:

1. Se efectúe el pago total de la obligación antes de la disposición de los bienes en garantía, así como de los gastos incurridos en el proceso de ejecución.

2. Se efectúe pago parcial de la obligación mediando acuerdo de restablecimiento del plazo.

3. Por cualquier evento que extinga la obligación garantizada, como la compensación, condonación, confusión y los demás previstos en la ley civil y comercial, salvo en el caso de la excepción relativa al pago por subrogación previsto en el artículo 1670 del Código Civil.

4. Cuando se termine la ejecución de la garantía.

5. No se inicie el procedimiento de ejecución dentro de los treinta (30) días siguientes a la inscripción del formulario de ejecución.

En los eventos previstos en los numerales 1º, 2º, 3º y 4º el acreedor garantizado deberá efectuar la inscripción de la terminación de la ejecución dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha del pago del saldo adeudado o de la suscripción del acuerdo de pago.

En el evento en que el acreedor garantizado no cumpla con la obligación mencionada en el inciso anterior, el garante podrá solicitar su cumplimiento en los términos del 76 de la Ley 1676 de 2013.

(D. 400/2014, art. 31)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.32.—Formulario de restitución. Para efecto de iniciar el procedimiento de restitución de bienes muebles objeto de contrato de comodato precario derivado de una fiducia en garantía que se ha hecho oponible por la inscripción en el registro de garantías mobiliarias, el acreedor garantizado deberá inscribir un formulario de iniciación del proceso de restitución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 1676 de 2013, incorporando la siguiente información:

1. Identificación del número de folio electrónico, del comodatario a quien se dirige el aviso de restitución y acreedor garantizado y/o comodante que pretende iniciar el proceso de restitución.

2. Breve descripción del incumplimiento de la obligación garantizada.

3. Descripción de los bienes fideicomitidos o la parte de los bienes sobre los cuales se pretende tramitar el proceso de restitución.

Deberá adjuntarse al formulario de iniciación del proceso de restitución el contrato de fiducia con fines de garantía o una versión resumida del mismo firmado por el garante.

(D. 400/2014, art. 32)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.33.—Registro de garantías surgidas por ministerio de la ley. Los gravámenes judiciales y tributarios de que trata el artículo 9º de la Ley 1676 de 2013.

Para efectos de prelación, deberán ser inscritos en el registro de garantías mobiliarias y deberán adjuntar la orden debidamente ejecutoriada de la autoridad judicial o administrativa competente o de la autoridad fiscal que constituye el gravamen.

Para el caso de los gravámenes judiciales o tributarios los derechos y obligaciones otorgados a los acreedores garantizados por la Ley 1676 de 2013 y por este decreto, serán ejercidos por el beneficiario del gravamen judicial o por la autoridad fiscal nacional, departamental, distrital y municipal, según corresponda, quienes deberán efectuar el registro.

(D. 400/2014, art. 33)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.34.—Registro de garantías mobiliarias sobre derechos patrimoniales sobre propiedad industrial. Los formularios de inscripción, modificación, ejecución, terminación de la ejecución y cancelación de las garantías sobre bienes de propiedad industrial que se inscriben ante la Superintendencia de Industria y Comercio, seguirán las reglas contenidas en el presente decreto y el procedimiento establecido por dicha superintendencia para tal efecto.

El registro de garantías mobiliarias permitirá la consulta en línea del registro de propiedad industrial, una vez recibido el aviso por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, según lo dispuesto en el artículo 11 y 36 de la Ley 1676 de 2013.

(D. 400/2014, art. 34)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.35.—Registro de garantías mobiliarias sobre bienes sometidos a registros distintos del de propiedad industrial y del de vehículos automotores. A partir de la entrada en vigencia de la Ley 1676 de 2013 y por efecto de lo dispuesto en los artículos 82, 84 y 91 de la misma, los registros de transferencia de derechos distintos del de propiedad industrial y del de vehículos automotores se conservarán como exclusivos de la transferencia de derechos y continuarán cumpliendo las demás funciones que le son inherentes, siempre que no correspondan a las relacionadas con las garantías mobiliarias en los términos de la mencionada ley.

Las garantías mobiliarias sobre bienes cuya transferencia de derechos debe ser inscrita en los registros distintos del de propiedad industrial y de vehículos automotores, se inscribirán exclusivamente en el registro de garantías mobiliarias a partir de su entrada en funcionamiento.

El registro de garantías mobiliarias proveerá mecanismos de consulta respecto de la titularidad de los bienes inscritos en los registros de que trata este artículo, cuando estos lo soliciten.

Así mismo, el registro de garantías mobiliarias proveerá mecanismos de consulta a estos registros sobre la información vigente en él contenida, cuando estos lo soliciten.

Al momento de la inscripción, modificación, ejecución, restitución y cancelación de la garantía en el registro de garantías mobiliarias, este enviará automáticamente y por medios electrónicos la información concerniente a dichas inscripciones a los registros que así lo soliciten.

(D. 400/2014, art. 35)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.36.—Registro de garantías mobiliarias sobre vehículos automotores. La inscripción de las garantías mobiliarias sobre vehículos automotores matriculados se hará en el registro nacional automotor siguiendo las reglas y requerimientos de información establecidos en este decreto para el formulario de inscripción inicial.

El registro nacional automotor dará aviso al momento de la inscripción por medio electrónico al registro de garantías mobiliarias para la creación del folio electrónico y los demás efectos de la Ley 1676 de 2013. La inscripción de la modificación, de la ejecución, de la restitución o de la cancelación de la garantía, se hará en el registro de garantías mobiliarias en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 82 y 84 de la Ley 1676 de 2013.

El registro de garantías mobiliarias enviará automáticamente y por medios electrónicos, la información concerniente a dichas inscripciones al registro nacional automotor, salvo que dicha modificación sea de aquellas descritas en el artículo 49 de la Ley 769 de 2002, caso en el cual la modificación deberá inscribirse en el registro nacional automotor.

Para los efectos de verificación de los actos de su competencia el organismo de tránsito al momento de la inscripción, deberá consultar el registro de garantías mobiliarias a través del registro nacional de tránsito, RUNT, o directamente.

PAR. TRANS.—El Ministerio de Transporte y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo definirá los procedimientos, desarrollos, requerimiento de datos adicionales, entre ellos la determinación del tipo de bien, que deban ser efectuados para garantizar la interoperabilidad de los dos registros y el cumplimiento de las reglas y requerimientos de información para el formulario de inscripción inicial y los necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1005 de 2006.

Hasta tanto se definan dichos procedimientos, desarrollos y requerimiento de datos adicionales, la inscripción y cancelación de las garantías mobiliarias sobre vehículos automotores continuará efectuándose en el registro nacional automotor.

Lo anterior, sin perjuicio de la inscripción inicial, la inscripción de modificación, ejecución, de restitución y cancelación de la garantía que debe realizar el acreedor garantizado en el registro de garantías mobiliarias para efecto de establecer su oponibilidad, prelación y de permitir la utilización de los mecanismos de ejecución de que trata la Ley 1676 de 2013 en aplicación de los artículos 82, 84 y 91 de dicha ley.

(D. 400/2014, art. 36)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.37.—Criterios de consulta. La consulta en el sistema de archivo que contiene la información registral vigente se hará por el número de identificación del garante según lo dispuesto en este decreto. Adicionalmente, el registro de garantías mobiliarias podrá ofrecer la consulta por el nombre del garante o por el número de serie siempre y cuando el bien en garantía haya sido descrito con un número de serie.

(D. 400/2014, art. 37)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.38.—Resultado de la consulta. El resultado de la consulta deberá indicar la fecha y la hora en que se efectuó la consulta y deberá consignar la información de que trata el artículo 41 de la Ley 1676 de 2013.

El registro de garantías mobiliarias informará automáticamente si el resultado de la consulta no coincide con alguno de los criterios de consulta utilizado por el usuario previstos en el artículo anterior.

Cuando el criterio utilizado ha sido el nombre del garante, para efecto de facilitar la consulta, el registro de garantías mobiliarias informará automáticamente al usuario los resultados aproximados o que coincidan parcialmente con este.

El usuario podrá solicitar al registro de garantías mobiliarias certificaciones sobre los datos que resulten de su consulta, ya sea en papel o en forma de mensajes de datos. Las certificaciones en papel serán impresas por el usuario de la consulta.

El usuario también podrá solicitar copia de los formularios y de los documentos que según este decreto se hayan adjuntado a los formularios de registro, los cuales serán impresos por el usuario.

(D. 400/2014, art. 38)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.39.—Estructura administrativa del registro de garantías mobiliarias. Confecámaras determinará la estructura administrativa responsable del registro de garantías mobiliarias.

(D. 400/2014, art. 39)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.40.—Derechos de registro y formularios de registro. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo determinará mediante resolución los formularios de registro y los derechos a favor de Confecámaras por concepto de las inscripciones correspondientes a: Inscripción inicial, modificación, modificación global, ejecución, terminación de la ejecución, cancelación y restitución, así como por los certificados, las copias y los servicios de comunicación con los registros especiales definidos en el artículo 8º de la Ley 1676 de 2013.

Las consultas al sistema de archivo, que contiene la información registral vigente se realizarán por medio de internet sin costo alguno, al igual que la inscripción de las garantías preexistentes de que trata el artículo 2.2.2.4.41 del presente decreto que se realicen dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de la Ley 1676 de 2013.

Confecámaras determinará los medios de pago a través de los cuales los usuarios podrán cancelar los derechos de registro establecidos en el presente artículo.

Los actos del registro de garantías mobiliarias constituyen actos de trámite y en consecuencia no podrán ser objeto de recurso alguno.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo podrá incluir en los formularios, la solicitud de datos referidos a información exclusivamente para fines de implementación, impacto y seguimiento de política pública relacionada con el acceso al crédito y a las garantías mobiliarias. Los datos y reportes estarán disponibles para las mediciones que elaboren las entidades del Gobierno nacional.

PAR.—Confecámaras presentará al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, un estudio técnico soporte de la propuesta de derechos de registro, de los formularios de registro y del manual de usuario. La Superintendencia de Sociedades supervisará el funcionamiento del registro de garantías mobiliarias y el cumplimiento de sus funciones y las que corresponden al administrador del mismo.

(D. 400/2014, art. 40)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.4.41.—Registro de garantías mobiliarias constituidas antes de la vigencia de la Ley 1676 de 2013. Para efecto de la aplicación de los artículos 49 y 85 de la Ley 1676 de 2013 respecto de la prelación de las garantías mobiliarias constituidas con anterioridad a la vigencia de dicha ley, se aplicarán las siguientes reglas:

1. Para las garantías mobiliarias constituidas con anterioridad al 20 de febrero de 2014, su prelación contra otros acreedores garantizados con garantías mobiliarias registradas en el registro de garantías mobiliarias sobre el mismo bien en garantía, estará determinada por la fecha y hora que en su momento se dio por su inscripción en los registros anteriores.

Esta fecha y hora serán consignadas en el formulario de registro por el acreedor garantizado al momento de la inscripción en el registro de garantías mobiliarias.

2. Para las garantías mobiliarias constituidas antes del 20 de febrero de 2014 y que no hubieran tenido la obligación de registrarse, su prelación contra otros acreedores garantizados con garantías mobiliarias registradas en el registro de garantías mobiliarias, estará determinada por la fecha en que se hubiere celebrado el contrato. Esta fecha y hora serán consignadas en el formulario de registro por el acreedor garantizado al momento de la inscripción en el registro de garantías mobiliarias.

En los casos enunciados en los numerales 1º y 2º de este artículo, el derecho de prelación de que trata la Ley 1676 de 2013, surgirá únicamente para los acreedores garantizados que hubieran efectuado su inscripción en el registro de garantías mobiliarias antes del 20 de agosto de 2014, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 1676 de 2013 y en este decreto.

Si la garantía mobiliaria constituida con anterioridad al 20 de febrero de 2014, es una garantía mobiliaria prioritaria de adquisición según la definición de los artículos 8º y 54 de dicha ley, el acreedor garantizado deberá hacer referencia al carácter especial de la garantía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de este decreto.

Así mismo, el beneficiario de la garantía mobiliaria prioritaria de adquisición sobre bienes de inventario, deberá notificar a los acreedores precedentes una vez realizado el registro de la garantía mobiliaria constituida con anterioridad a la vigencia de la Ley 1676 de 2013, en los términos del inciso 2º del artículo 22 de la misma.

En los eventos descritos anteriormente, en los que no se haya hecho la inscripción en el registro de garantías mobiliarias antes del 20 de agosto de 2014, su prelación estará determinada según las reglas previstas en el título V de dicha ley.

El registro de garantías mobiliarias deberá proveer en el formulario de inscripción inicial de garantías mobiliarias constituidas con anterioridad a la vigencia de la Ley 1676 de 2013, como mínimo un campo que permita la consignación de la fecha de celebración del contrato, pacto o cláusula que dio origen a la garantía, o la fecha de inscripción en los registros anteriores, y al cual deberá adjuntarse una versión resumida del contrato o prueba de la inscripción en el registro anterior.

PAR. 1º—Para efecto de la aplicación de las reglas referidas a la prelación en los procesos de insolvencia de que tratan los artículos 50, 51 y 52 de la Ley 1676 de 2013, respecto de las garantías mobiliarias constituidas y efectivas con anterioridad a la vigencia de la Ley 1676 de 2013, los acreedores garantizados deberán efectuar su inscripción en el registro de garantías mobiliarias dentro de los seis (6) meses siguientes a su vigencia.

PAR. 2º—Confecámaras podrá celebrar convenios con los acreedores garantizados con el objeto de facilitar la inscripción de las garantías mobiliarias constituidas con anterioridad a la vigencia de la Ley 1676 de 2013.

(D. 400/2014, art. 41)

(Nota: Modificado por el Decreto 1835 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

CAPÍTULO 5

Insolvencia empresarial

Acuerdos de reestructuración. Publicidad en el trámite de la Ley 550 de 1999

ART. 2.2.2.5.1.—Publicidad de acuerdos de reestructuración. Para los efectos de la publicidad de la promoción de los acuerdos de reestructuración, el escrito que, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 550 de 1999 se fija en las oficinas de la respectiva entidad nominadora para informar acerca de la promoción de un acuerdo, no requiere de ninguna notificación o aviso adicional, distintos de la inscripción en el registro mercantil y de la publicación en un diario de amplia circulación previstos en ese mismo artículo.

(D. 467/2000, art.1º)

CAPÍTULO 6

Créditos posteriores al inicio del acuerdo de reestructuración

ART. 2.2.2.6.1.—Preferencia de créditos posteriores al inicio de la negociación. Los créditos que se otorguen al empresario desde el inicio de la negociación y hasta la fecha de celebración del acuerdo de reestructuración gozarán de preferencia frente a los créditos objeto del acuerdo, siempre y cuando se destinen única y exclusivamente a la compra de insumos, materias primas, repuestos y/o a cubrir los gastos administrativos relacionados con el giro ordinario de los negocios.

Los gastos de administración generados a partir de la iniciación de la negociación, en los términos del artículo 13 de la Ley 550 de 1999, no serán materia del acuerdo de reestructuración y su pago se hará de manera inmediata y a medida que se vayan causando, sin perjuicio de la aceptación expresa de un tratamiento distinto por parte del respectivo acreedor en cada caso concreto, aceptación que no podrá darse tratándose de créditos fiscales.

(D. 2250/2000, art. 1º)

ART. 2.2.2.6.2.—Reglas para calcular la prorrata. Todo acreedor que, en los términos del numeral 13 del artículo 34 de la Ley 550 de 1999 entregue nuevos recursos a la empresa que celebre un acuerdo de reestructuración, gozará de prelación respecto a las obligaciones anteriores a la negociación, consistente en compartir a prorrata el primer grado con la DIAN y demás autoridades fiscales en la proporción que corresponda según la cuantía de tales recursos. Para tal efecto, cada peso nuevo que se suministre, dará prelación a un peso de la deuda anterior.

(D. 2250/2000, art. 2º)

ART. 2.2.2.6.3.—Créditos postconcordatarios y acuerdo de reestructuración.

Cuando una compañía que esté tramitando un concordato o ejecutando un acuerdo concordatario se acoja a un acuerdo de reestructuración en los términos y condiciones a que alude el artículo 65 de la Ley 550 de 1999, los créditos postconcordatarios no formarán parte del acuerdo de reestructuración que llegue a celebrarse y su pago no estará sujeto a las reglas que allí se establezcan, salvo que el acreedor respectivo de manera individual acepte tales reglas.

(D. 2250/2000, art. 3º)

ART. 2.2.2.6.4.—Definiciones. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 550 de 1999, se establecen las siguientes definiciones:

1. Beneficiario real. Se considera beneficiario real cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente, por sí misma o a través de interpuesta persona, por poseer las acciones, cuotas o partes de interés que conforman el capital de uno o más acreedores de la empresa reestructurada, o por virtud de un negocio jurídico o de una disposición legal, tenga respecto de uno o varios acreedores, capacidad decisoria en el respectivo acuerdo de reestructuración, esto es, la facultad o el poder de votar en las deliberaciones de la reunión de acreedores, o de dirigir, orientar y/o controlar dicho voto.

Conforman un mismo beneficiario real, entre otros, los siguientes:

1.1. Las personas o entidades matrices o controlantes, en los términos establecidos en los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, respecto de sus subordinadas.

1.2. La persona o personas que, sin ser matrices o controlantes, tengan la potestad de dirigir o determinar efectivamente el sentido de los respectivos votos o las decisiones que deban adoptar uno o varios acreedores para la celebración del acuerdo de reestructuración, con ocasión del ejercicio de un derecho proveniente de una garantía, un pacto de recompra un negocio fiduciario o cualquier otro pacto, actuación o negocio que produzca efectos similares.

2. Empresarios con forma asociativa. Se entiende que son empresarios con forma asociativa, las entidades que tengan la condición de personas jurídicas a las cuales se encuentren vinculadas un número plural de personas que hubieren efectuado aportes en dinero, especie o trabajo, tales como las asociaciones, corporaciones, sociedades, fondos de empleados, asociaciones gremiales, sindicatos, cajas de compensación familiar y cooperativas.

(D. 2250/2000, art. 4º)

ART. 2.2.2.6.5.—Oportunidad y forma de acreditar la calidad de beneficiario real. Los beneficiarios reales finales deberán informar al promotor sobre su decisión de acudir a la celebración del acuerdo de reestructuración, aportando la prueba que los acredite como tales, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la inscripción en el registro mercantil del aviso señalado en el artículo 11 de la Ley 550 de 1999 y, en caso de que no asistan personalmente, podrán designar un apoderado especial, de tal manera que puedan ser incluidos en la información indicada en el inciso cuarto del artículo 23 de la Ley 550 de 1999.

PAR.—Se demostrará la condición de matriz o controlante con los certificados de existencia y representación legal en los cuales conste la inscripción de que trata el artículo 30 de la Ley 222 de 1995. En los demás casos, se demostrará la condición de beneficiario real mediante la presentación del contrato u otro documento en que se acredite en forma idónea, que se dan las circunstancias señaladas en el artículo primero del presente capítulo.

(D. 2250/2000, art. 5º)

ART. 2.2.2.6.6.—Procedimiento para determinar los derechos de voto y de acreencias. Para la determinación de los derechos de votos y acreencias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 550 de 1999, el promotor deberá seguir el siguiente procedimiento:

1. Tomará en cuenta todos los créditos anteriores a la fecha de iniciación de la negociación, incluyendo aquellos generados entre la fecha de corte de acreencias que se hubiese utilizado para presentar la solicitud de admisión al acuerdo y la fecha de iniciación de la negociación, de conformidad con las reglas establecidas en los artículos 13 y 22 de la Ley 550 de 1999. Para tal efecto, la relación de las nuevas acreencias será presentada al promotor por el empresario o los acreedores.

2. Cuando se trate de obligaciones que estén denominadas en unidades, divisas o monedas diferentes de la legal colombiana, el monto de las acreencias no será ajustado de conformidad con la regla contenida en el numeral 1º del artículo 22 de la Ley 550 de 1999, evento en el cual, el ajuste se realizará según lo previsto en el numeral 6º del mismo artículo.

3. Para efectos de lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 22 de la Ley 550 de 1999, el importe del principal de la obligación se tomará según el valor comprobable de los recursos, servicios o beneficios que el empresario efectivamente haya recibido u obtenido, independientemente de que el pago total o parcial de dicho valor sea exigible o no en la fecha de iniciación del acuerdo de reestructuración.

4. La proporción que le corresponde a cada uno de los beneficiarios reales, en los casos de control conjunto, se determinará con base en los datos que consten en documentos auténticos suscritos por todos ellos o suministrados por ellos mismos en forma unánime.

En los casos en que no lo definan, se reconocerá un derecho de voto por partes iguales.

PAR. 1º—De conformidad con lo previsto en el artículo 260 del Código de Comercio y en el parágrafo 1º del artículo 261 del Código de Comercio y para efectos del presente capítulo, se denomina control conjunto el ejercido por más de una persona y control individual el ejercido por una sola.

PAR. 2º—Las objeciones que se presenten respecto de la condición de beneficiario real final, se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 550 de 1999.

(D. 2250/2000, art. 6º)

ART. 2.2.2.6.7.—Definición de organización o grupo empresarial. Para los efectos de lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 29 de la Ley 550 de 1999, se entiende que forman parte de una organización o grupo empresarial:

1. Las personas que tengan la calidad de matrices o controlantes y sus subordinadas, en los términos de los artículos 260 y 261 del Código de Comercio.

2. Los empresarios y empresas que se anuncien ante terceros como “grupo”, “organización”, “agrupación”, “conglomerado” o expresión semejante.

3. Quienes se encuentren vinculados por medio de contratos de colaboración tales como sociedades de hecho, consorcios, uniones temporales y joint-ventures, siempre y cuando exista plena prueba sobre la existencia de tales contratos que no sea controvertida en la reunión prevista en el artículo 23 de la Ley 550 de 1999 o dentro de los cinco días hábiles siguientes a ella.

PAR.—Cuando se presenten discrepancias sobre la existencia de organización o grupo empresarial, se aplicará lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 550 de 1999.

(D. 2250/2000, art. 7º)

ART. 2.2.2.6.8.—Deber de información sobre la existencia de la organización. Cuando dos o más acreedores del empresario pertenezcan a una misma organización o grupo empresarial, deberán informar al promotor sobre el particular, dentro de los quince días hábiles siguientes a la inscripción en el registro mercantil del aviso señalado en el artículo 11 de la Ley 550 de 1999. En caso de incumplimiento de la obligación señalada, el promotor deberá informar inmediatamente conozca de tal hecho a las entidades que ejerzan la inspección, vigilancia o control sobre los acreedores participantes en el acuerdo que conforman el grupo empresarial en cuestión, para que estas realicen las investigaciones correspondientes e impongan, si es del caso, las multas a que haya lugar por dicha omisión.

PAR.—En todo caso, y antes de la celebración de la reunión para la determinación de los derechos de voto, cualquiera de los acreedores del empresario podrá informar al promotor acerca de acreedores que formen parte de una misma organización o grupo empresarial. Por lo tanto, la información que se suministre al promotor con posterioridad a la celebración de la reunión mencionada, no será considerada para efectos de la determinación de los derechos de voto ni afectará la decisión que se hubiere adoptado.

(D. 2250/2000, art. 8º)

ART. 2.2.2.6.9.—Cálculo de los votos complementarios. En los casos en que los acreedores externos pertenecientes a una misma organización empresarial representen más del 75% de los votos admisibles, se entenderá que el 25% adicional contemplado en el inciso segundo del artículo 29 de la Ley 550 de 1999 se calculará sobre el total de los votos restantes.

(D. 2250/2000, art. 9º)

CAPÍTULO 7

Suscripción de bonos de riesgo durante la negociación de un acuerdo de reestructuración de la Ley 550 de 1999

ART. 2.2.2.7.1.—Capacidad de emisión. Cualquier empresa o entidad que celebre un acuerdo de reestructuración de los previstos en la Ley 550 de 1999, tiene capacidad para emitir bonos de riesgo.

(D. 257/2001, art. 1º)

ART. 2.2.2.7.2.—Características. Los bonos de riesgo tendrán las siguientes características:

1. Pueden incorporar el reconocimiento de un rendimiento financiero, tasa de interés o cualquier otra forma de rendimiento que se convenga en el acuerdo de reestructuración.

2. Cuando la naturaleza jurídica del emisor lo permita, pueden ser convertidos, de manera total o parcial, en cuotas, partes de interés social, aportes o acciones, sean estas ordinarias, privilegiadas o con dividendo preferencial y sin derecho de voto. En el acuerdo y en el documento contentivo del bono de riesgo deberán expresarse la totalidad de las condiciones que se utilizarán para la conversión, incluyendo, entre otras, si la misma es voluntaria u obligatoria; si puede darse en forma anticipada o únicamente al vencimiento de los bonos, y las características específicas de las acciones, partes de interés social, aportes o cuotas en que se puede hacer tal conversión.

3. En caso de liquidación de la empresa reestructurada, los bonos de riesgo que se suscriban dentro de los acuerdos a que se refiere la Ley 550 de 1999, se pagarán con posterioridad a los demás pasivos externos y antes de cualquier reembolso a favor de los acreedores internos, salvo el caso de bonos que correspondan a la capitalización de acreencias laborales o fiscales, las cuales en este caso conservarán los privilegios legales que les corresponden en virtud de tal naturaleza.

4. Pueden otorgar a los tenedores el derecho privilegiado a que de las utilidades de la empresa reestructurada se les destine, en primer término, una cuota determinada, acumulable o no, según se pacte en el acuerdo de reestructuración. La acumulación no podrá extenderse a un período mayor de cinco años, contados a partir del momento en que la empresa comience a generar utilidades netas.

5. Pueden otorgar cualquier otra prerrogativa de carácter exclusivamente económico que, en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada, se establezca en el acuerdo de reestructuración de conformidad con lo previsto en la Ley 550 de 1999. En todo caso, los beneficios económicos que se incluyan en el acuerdo de reestructuración, deberán sujetarse a lo previsto en los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley 550 de 1999.

PAR. 1º—No será obligatorio que la emisión de bonos de riesgo cuente con un representante legal de tenedores de dichos títulos, salvo que así se decida en el acuerdo de reestructuración.

PAR. 2º—Cuando se trate de aprobar modificaciones que puedan desmejorar los derechos o las condiciones económicas fijados para los bonos de riesgo en el acuerdo de reestructuración, se requerirá la aprobación de una mayoría calificada de tenedores, en términos de lo dispuesto en las normas vigentes que les sean aplicables. Cualquier otra modificación que se realice respecto a las condiciones inicialmente establecidas en el acuerdo para los bonos de riesgo debe ser aprobada por cualquier número plural de tenedores que represente no menos del cincuenta y uno por ciento (51 %) del valor total de los bonos de riesgo emitidos por el respectivo empresario.

(D. 257/2001, art. 2º)

ART. 2.2.2.7.3.—Negociabilidad. Los bonos de riesgo podrán negociarse en la siguiente forma:

1. Directamente, en forma privada, o

2. A través del mercado público de valores, previa inscripción en el registro nacional de valores e intermediarios.

En el acuerdo de reestructuración deberá constar si los bonos de riesgo se inscribirán o no en el registro nacional de valores e intermediarios y en una o más bolsas de valores.

En caso afirmativo, deberá indicarse quién asume la responsabilidad por el pago de los gastos que se ocasionen como consecuencia de tal inscripción.

(D. 257/2001, art. 3º)

ART. 2.2.2.7.4.—Protección a los tenedores de bonos de riesgo. Los tenedores de bonos de riesgo que se negocien en el mercado público de valores gozarán de las garantías y protecciones previstas en las normas que rigen dicho mercado, sin perjuicio de aquellas que se pacten en el respectivo acuerdo de reestructuración.

Tratándose de bonos de riesgo que no se negocien en el mercado público de valores, en el respectivo acuerdo de reestructuración deberán estipularse las reglas sobre protección de los tenedores que se consideren pertinentes, en adición a las previstas en las normas vigentes.

(D. 257/2001, art. 4º)

ART. 2.2.2.7.5.—Del documento contentivo del bono de riesgo. Los documentos donde consten los bonos de riesgo, deberán contener como mínimo lo siguiente:

1. La denominación “bono de riesgo” debidamente destacada y la fecha de expedición.

2. La clase de bono y condiciones de conversión, cuando sea del caso, de conformidad con lo previsto en el numeral 2º del artículo 2.2.2.7.2 del presente decreto.

3. El nombre de la entidad emisora, su domicilio principal y el de las sucursales u oficinas a las cuales puede acudir el tenedor para el pago de las prestaciones que genere a su favor el bono de riesgo.

4. El capital suscrito, el pagado y la reserva legal de la sociedad emisora.

5. La serie, número, ley de circulación, valor nominal y primas, si las hubiere.

6. El número de cupones que lleva adheridos, si los hubiere. En cada cupón debe indicarse el título al cual pertenece, su número, valor y la fecha en que puede hacerse efectivo.

Además los cupones deberán tener la misma ley de circulación del bono de riesgo.

7. El rendimiento del bono o la indicación clara sobre la inexistencia del mismo.

8. El monto de la emisión, la forma, lugar y plazo para amortizar el capital y los rendimientos, si los hubiere, según lo pactado en el acuerdo de reestructuración.

9. Las medidas que proceden si, llegado el momento en que se hagan exigibles los rendimientos y/o el capital, el emisor del bono no cuenta con los recursos necesarios para atender su pago.

10. El nombre y domicilio de los avalistas o garantes, si los hubiere, así como el monto del aval respectivo.

11. La firma del representante legal de la entidad emisora y de la entidad avalista, si la hubiere, o de las personas autorizadas para ello.

12. La advertencia, debidamente destacada, respecto a que el capital de los bonos de riesgo, en caso de liquidación de la empresa reestructurada, solo se cancelará con posterioridad al pago de los otros pasivos externos y antes de cualquier reembolso a favor de los acreedores internos.

13. Las demás indicaciones que sean necesarias y aplicables de conformidad con lo pactado en el acuerdo de reestructuración y las normas legales vigentes.

(D. 257/2001, art. 5º)

ART. 2.2.2.7.6.—Suscripción de los bonos de riesgo. La suscripción de los bonos de riesgo emitidos como consecuencia de un acuerdo de reestructuración no será obligatoria.

En tal sentido, solo serán suscritos por aquellos acreedores que así lo decidan voluntariamente y que tengan capacidad legal para el efecto.

(D. 257/2001, art. 6º)

ART. 2.2.2.7.7.—Remisión de normas. En los aspectos no previstos para los bonos de riesgo en la Ley 550 de 1999, en el presente capítulo y en el respectivo acuerdo de reestructuración, a los referidos títulos se aplicarán las normas vigentes para bonos, en tanto dicho régimen no pugne con su naturaleza y con las disposiciones antes citadas.

Adicionalmente, a los bonos inscritos en el registro nacional de valores e intermediarios se aplicarán las normas expedidas por la Superintendencia de Valores en desarrollo de su facultad para señalar los requisitos y condiciones para la emisión, inscripción en el registro, negociación y oferta de títulos en el mercado público de valores.

(D. 257/2001, art. 7º)

CAPÍTULO 8

Pago de tributos nacionales por contratistas acreedores de la nación

ART. 2.2.2.8.1.—Solicitud de promoción de acuerdo de reestructuración. Para efectos de la solicitud de promoción del acuerdo de reestructuración de que trata la Ley 550 de 1999 y de conformidad con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 57 de la misma ley, el empresario deberá presentar la resolución que autoriza el pago por cruce de cuentas de las deudas fiscales administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, debidamente notificada y ejecutoriada.

(D. 2267/2001, art. 7º)

CAPÍTULO 9

Delegación en las intendencias regionales de la superintendencia de sociedades de las atribuciones necesarias para conocer los procesos de insolvencia

(Nota: Modificado por el Decreto 991 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, industria y turismo)

SECCIÓN 1

Funciones jurisdiccionales de la Superintendencia de Sociedades y de sus intendencias regionales

(Nota: Modificado por el Decreto 991 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, industria y turismo)

ART. 2.2.2.9.1.—(Modificado).* Facultades de las intendencias regionales de la Superintendencia de Sociedades en el régimen de insolvencia. Bajo los criterios establecidos en este capítulo y conforme a lo dispuesto en la Ley 1116 de 2006, las intendencias regionales de la Superintendencia de Sociedades conocerán de los procesos de reorganización y liquidación judicial del régimen de insolvencia.

(D. 2179/2007, art.1º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 991 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, industria y turismo)

ART. 2.2.2.9.2.—(Modificado).* Criterios para la delegación de funciones. Con el propósito de obtener un desarrollo eficaz y eficiente de las funciones de las intendencias regionales de la Superintendencia de Sociedades en materia de competencia para conocer de los procesos del régimen de insolvencia, de que trata el artículo anterior, el superintendente de sociedades deberá delegar en dichas Intendencias las funciones necesarias para adelantar los procesos de reorganización y liquidación judicial del régimen de insolvencia, bajo los siguientes criterios, que deberán consignarse en el acto de delegación correspondiente:

1. Determinación de las intendencias regionales que conocerán de los procesos del Régimen de Insolvencia.

2. Reglas de competencia para el conocimiento de los procesos de insolvencia por las intendencias regionales, considerando los siguientes aspectos:

2.1. El domicilio y la naturaleza jurídica del deudor insolvente;

2.2. El monto de activos expresados en salarios mínimos legales mensuales vigentes al inicio del proceso;

2.3. La jurisdicción de cada intendencia regional, de acuerdo con la organización territorial establecida por la Superintendencia de Sociedades;

2.4. La capacidad instalada de las intendencias regionales.

PAR. 1º—El Superintendente de Sociedades podrá conservar la competencia frente al conocimiento de los procesos de insolvencia que considere debe tramitar y decidir, sin perjuicio que para el seguimiento de tales procesos pueda acudirse a la delegación, de conformidad con los criterios expuestos en este artículo.

PAR. 2º—Para los efectos de este artículo, el Superintendente de Sociedades expedirá el acto de delegación de las atribuciones necesarias para que las intendencias regionales conozcan de los procesos del régimen de insolvencia.

(D. 2179/2007, art.2º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 991 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, industria y turismo)

ART. 2.2.2.9.3.—(Modificado).* Reasunción de competencia. El superintendente de sociedades podrá en cualquier tiempo reasumir la competencia por razones de orden financiero o por motivos de interés público que lo ameriten.

(D. 2179/2007, art.3º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 991 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, industria y turismo)

SECCIÓN 2

Expedientes de procesos de insolvencia

(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, industria y turismo)

ART. 2.2.2.9.2.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, industria y turismo)

ART. 2.2.2.9.2.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, industria y turismo)

ART. 2.2.2.9.2.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, industria y turismo)

ART. 2.2.2.9.2.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, industria y turismo)

ART. 2.2.2.9.2.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, industria y turismo)

ART. 2.2.2.9.2.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, industria y turismo)

SECCIÓN 3

Incidentes en los procesos de insolvencia

(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, industria y turismo)

ART. 2.2.2.9.3.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, industria y turismo)

ART. 2.2.2.9.3.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, industria y turismo)

SECCIÓN 4

Costas

(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, industria y turismo)

ART. 2.2.2.9.4.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, industria y turismo)

SECCIÓN 5

Medidas cautelares en procesos de insolvencia

(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, industria y turismo)

ART. 2.2.2.9.5.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, industria y turismo)

ART. 2.2.2.9.5.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, industria y turismo)

CAPÍTULO 10

Publicidad de los contratos de fiducia mercantil que consten en documento privado, inscripción de actas y providencias del juez en el régimen de insolvencia

SECCIÓN 1

Publicidad de los contratos de fiducia mercantil con fines de garantía que constan en documento privado

ART. 2.2.2.10.1.1.—Inscripción en el registro mercantil de los contratos de fiducia mercantil con fines de garantía que constan en documento privado. Los contratos de fiducia mercantil con fines de garantía celebrados por las personas naturales comerciantes y las jurídicas no excluidas de la aplicación del régimen de insolvencia y que consten en documento privado, así como su terminación y las modificaciones en cuanto la clase de contrato, las partes y los bienes fideicomitidos, deberán inscribirse por el fideicomitente en el registro mercantil de la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio del fiduciante, sin perjuicio de la inscripción o registro que, de acuerdo con la clase de acto o con la naturaleza de los bienes, deba hacerse conforme a la ley.

PAR. 1º—Los contratos de fiducia mercantil a que hace referencia el presente artículo, que no sean inscritos en el registro mercantil, serán inoponibles ante terceros.

PAR. 2º—La inscripción de los contratos de fiducia mercantil de garantía que consten en documento privado se hará de acuerdo con lo establecido en el artículo 7º del Decreto 650 de 1996, o la norma que lo modifique o sustituya.

PAR. 3º—Se considerarán como actos, contratos o negocios jurídicos sin cuantía y tarifa para los efectos del impuesto de registro mercantil, la inscripción de las modificaciones y la terminación de los contratos de fiducia mercantil con fines de garantía que consten en documento privado, siempre y cuando no impliquen una modificación a los derechos apreciables pecuniariamente incorporados en el contrato y en favor de particulares, caso este en el cual se deberá observar lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto 650 de 1996.

(D. 2785/2008, art. 1º)

ART. 2.2.2.10.1.2.—Certificación de la inscripción en el registro mercantil de los contratos de fiducia mercantil con fines de garantía. Con base en la inscripción del contrato de fiducia mercantil de garantía que trata el artículo anterior, las cámaras de comercio expedirán la certificación respectiva, firmada por el Secretario o quien haga sus veces, en el formato adoptado para el efecto, el cual deberá contener como mínimo la fecha de inscripción del contrato en el registro mercantil y las partes que lo suscriben.

(D. 2785/2008, art. 3º)

SECCIÓN 2

Inscripción de las actas y providencias del juez en el régimen de insolvencia

ART. 2.2.2.10.2.1.—Inscripción de la providencia de inicio de un proceso de insolvencia. La providencia de inicio del proceso de insolvencia con constancia de ejecutoria y del aviso que informa sobre el inicio del proceso, deberán inscribirse por solicitud de la parte interesada en el registro mercantil de la Cámara de Comercio del domicilio principal del deudor y en el de sus sucursales.

PAR. 1º—Tratándose de procesos de insolvencia que adelanten los jueces civiles del circuito, hecha la inscripción a la que se refiere este artículo, la Cámara de Comercio informará de ello a la Superintendencia de Sociedades y a la Superintendencia que ejerza la inspección, control o vigilancia del deudor, para que esa providencia se divulgue a través de las páginas web de tales superintendencias durante la tramitación del proceso.

PAR. 2º—Cuando un fideicomitente sea convocado a un proceso de insolvencia, en la providencia de inicio deberá indicarse por el juez del concurso los contratos de fiducia mercantil celebrados por este, los que fueron terminados por efectos de la insolvencia del fideicomitente y los contratos de fiducia mercantil que continuaron vigentes.

(D. 2785/2008, art. 4º)

ART. 2.2.2.10.2.2.—Inscripción de la providencia de confirmación del acuerdo de reorganización o de adjudicación. El juez del concurso ordenará la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio del domicilio del deudor y en el de las sucursales que este posea, de la providencia de confirmación del acuerdo de reorganización o de la de confirmación de sus reformas o de la de adjudicación, con constancia de ejecutoria, junto con la parte pertinente del acta que contenga el acuerdo.

Cuando el acuerdo tenga por objeto transferir, modificar, limitar el dominio u otro derecho real sobre bienes sujetos a registro mercantil, ordenará la inscripción en el registro mercantil de la parte pertinente del acta que contiene el acuerdo, debidamente autenticada, no siendo necesario el otorgamiento previo de ningún documento.

En el proceso de liquidación judicial, cuando se haya confirmado el acuerdo de adjudicación, para la transferencia del derecho de dominio de bienes sujetos a registro, el juez del concurso, en la providencia de confirmación ordenará a las autoridades o entidades correspondientes la inscripción de la providencia de adjudicación, que deberá llevar constancia de ejecutoria, junto con la parte pertinente del acta que contenga el acuerdo.

Para la inscripción ordenada no se requerirá el otorgamiento de ningún otro documento ni de paz y salvo alguno.

PAR.—Las providencias que ordenan o confirman la adjudicación de que trata este artículo se considerarán sin cuantía para efectos de timbre, impuestos y derechos de registro.

(D. 2785/2008, art. 5º)

ART. 2.2.2.10.2.3.—Razón social del sujeto de la insolvencia. Para los efectos de la inscripción ordenada en el último inciso del artículo 35 de la Ley 1116 de 2006, relacionada con la providencia que ordena la celebración del acuerdo de adjudicación, ante la no presentación o falta de confirmación del acuerdo de reorganización, el juez del concurso, además de ordenar la inscripción de dicha providencia en el registro mercantil, ordenará que se certifique la razón social del deudor seguida de la expresión “en liquidación por adjudicación”, y que se inscriba en el registro mercantil la designación del promotor como representante legal del deudor, condición que asumirá a partir de dicha inscripción en el registro mercantil.

(D. 2785/2008, art. 6º)

ART. 2.2.2.10.2.4.—Inscripción de la providencia que decreta la terminación del proceso de insolvencia. La providencia de terminación del proceso de insolvencia, con constancia de su ejecutoria, se inscribirá en el registro mercantil de la Cámara de Comercio correspondiente, sin cargo alguno y en el caso de liquidación judicial, dicha inscripción, implica la extinción de la entidad deudora cuando corresponda.

PAR.—Hecha la inscripción a que se refiere este artículo, la Cámara de Comercio informará de ello a la Superintendencia de Sociedades y a la Superintendencia que ejerza la inspección, control o vigilancia del deudor, para que esa providencia se divulgue a través de la página web de tales superintendencias.

(D. 2785/2008, art. 7º)

SECCIÓN 3

Inscripción de las providencias dictadas por la autoridad colombiana competente con ocasión de la aplicación del régimen de insolvencia transfronteriza

ART. 2.2.2.10.3.1.—Inscripción en el registro mercantil de las providencias sujetas a registro con ocasión del reconocimiento de un proceso extranjero. La providencia de reconocimiento de un proceso extranjero, con constancia de ejecutoria, dictada por la autoridad colombiana competente deberá inscribirse en el registro mercantil del domicilio principal del deudor y en el de sus sucursales o establecimientos de comercio, y en las de los lugares donde se halle el centro de sus principales intereses u operaciones y el deudor ejerza una actividad económica de manera permanente.

Una vez la Cámara de Comercio haya efectuado la referida inscripción, informará de ello a la Superintendencia de Sociedades para que esta le dé publicidad en su página de Internet durante la vigencia de la inscripción correspondiente.

PAR. 1º—La providencia de reconocimiento de proceso extranjero de las sociedades extranjeras sin sucursal en el país y de las personas naturales extranjeras se inscribirá en la Cámara de Comercio del domicilio del representante designado para administrar sus negocios.

PAR. 2º—Toda providencia que consigne un cambio importante respecto de la situación del proceso reconocido o del nombramiento del representante extranjero, deberá inscribirse en el libro correspondiente del registro mercantil por orden de la autoridad colombiana competente, que informará de ello a la Superintendencia de Sociedades.

(D. 2785/2008, art. 8º)

SECCIÓN 4

Disposiciones finales

ART. 2.2.2.10.4.1.—Libros. Corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio determinar los libros necesarios para cumplir con la finalidad de las inscripciones en el registro mercantil a que se refiere este capítulo.

(D. 2785/2008, art. 9º)

CAPÍTULO 11

Cargos de promotores y liquidadores de los procesos del régimen de insolvencia

(Nota: Modificados los incisos 2º y 3º del artículo 2.2.2.11.1.4 por el Decreto 991 de 2018 artículo 3º,

Adicionado el parágrafo 3º del artículo 2.2.2.11.2.5.2 por el Decreto 991 de 2018 artículo 6º,

Modificado el artículo 2.2.2.11.2.5.3 por el Decreto 991 de 2018 artículo 7º,

Modificado el numeral 3º y derogados los numerales 4° y 5° del artículo 2.2.2.11.2.5.4 por el Decreto 991 de 2018 artículo 8º,

Modificado el inciso 1º y el inciso final del artículo 2.2.2.11.3.7 por el Decreto 991 de 2018 artículo 9º,

Modificado el artículo 2.2.2.11.3.9 por el Decreto 991 de 2018 artículo 10,

Modificados el título, el primer inciso, el numeral 14 y agregado el inciso final al artículo 2.2.2.11.3.10 por el Decreto 991 de 2018 artículo 11,

Modificado el artículo 2.2.2.11.3.11 por el Decreto 991 de 2018 artículo 12,

Modificado el artículo 2.2.2.11.7.1 por el Decreto 991 de 2018 artículo 15,

Modificado el parágrafo 1º del artículo 2.2.2.11.7.3 por el Decreto 991 de 2018 artículo 16,

Modificado el primer inciso del artículo 2.2.2.11.7.4 por el Decreto 991 de 2018 artículo 17,

Modificado el inciso final del literal c) del artículo 2.2.2.11.7.5 por el Decreto 991 de 2018 artículo 18,

Modificado el primer inciso del artículo 2.2.2.11.7.9 por el Decreto 991 de 2018 artículo 19,

Modificado el parágrafo 2º del artículo 2.2.2.11.7.10 por el Decreto 991 de 2018 artículo 20,

Adicionados los artículos 2.2.2.11.7.12 y 2.2.2.11.7.13 por el Decreto 991 de 2018 artículo 21,

Modificado el artículo 2.2.2.11.8.1 por el Decreto 991 de 2018 artículo 22,

Modificada la sección 9 por el Decreto 991 de 2018 artículo 23, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

SECCIÓN 1

Naturaleza de los cargos respectivos del promotor y el liquidador

ART. 2.2.2.11.1.1.—Naturaleza de los cargos de promotor y liquidador. Los cargos de promotores y liquidadores, como auxiliares de la justicia, son oficios públicos indelegables, que deben ser desempeñados por personas de conducta intachable, excelente reputación, imparcialidad absoluta y total idoneidad. Los honorarios respectivos constituyen la totalidad de la retribución del servicio y no podrán exceder los límites establecidos en el artículo 67 de la Ley 1116 de 2006.

Si para el cumplimiento de sus funciones, el auxiliar de la justicia requiere apoyarse en terceros, no por ello se exonera de su responsabilidad y deberá sujetarse a lo establecido en los artículos 2.2.2.11.5.9 y 2.2.2.11.5.10 del presente decreto.

(D. 962/2009, art. 1º)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

(Nota: Modificado el inciso tercero y agregado el inciso cuarto por el Decreto 991 de 2018 artículo 2º del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

(Nota: Modificados los incisos segundo y tercero del artículo 2.2.2.11.1.4 por el Decreto 991 de 2018 artículo 3º del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

SECCIÓN 2

Conformación de listas de los promotores y liquidadores

ART. 2.2.2.11.2.1.—Conformación de la lista y periodicidad de la inscripción. Para la conformación de la lista de promotores y liquidadores, la Superintendencia de Sociedades hará una convocatoria pública cada seis (6) meses, con una duración no inferior a quince (15) días calendario, ni superior a un (1) mes.

No obstante, cuando en alguna de las categorías de que trata este capítulo, los auxiliares de la justicia inscritos tengan a su cargo el máximo de procesos fijados en la Ley 1116 de 2006, o no haya un número plural de auxiliares de la justicia para el sorteo, habrá lugar a efectuar de manera inmediata una convocatoria.

(D. 962/2009, art. 2º)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.11.2.2.—Criterios para la elaboración de la lista. La Superintendencia de Sociedades al momento de elaboración de la lista de promotores y liquidadores tendrá en cuenta los siguientes criterios:

1. Categorías:

La lista de promotores y liquidadores elaborada por la Superintendencia de Sociedades estará dividida en las categorías A, B y C de acuerdo con la experiencia profesional y de administradores en empresas, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 2.2.2.11.2.5 de este decreto. La experiencia acreditada por el auxiliar en el ejercicio de su cargo como promotor o liquidador mejorará su posición en las categorías definidas en la lista.

2. Naturaleza del cargo:

Deberá identificarse la lista de los auxiliares inscritos como promotores y la lista de los auxiliares inscritos como liquidadores.

3. Jurisdicciones:

Deberá especificarse el lugar en donde el promotor o el liquidador podrán desempeñarse de acuerdo con las siguientes jurisdicciones:

Jurisdicción de Medellín: Departamentos de Antioquia y Chocó.

Jurisdicción de Cali: Departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo.

Jurisdicción de Barranquilla: Departamentos del Atlántico, Cesar, Guajira, Magdalena.

Jurisdicción de Cartagena: Bolívar, Córdoba, Sucre y San Andrés y Providencia.

Jurisdicción de Manizales: Departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda.

Jurisdicción de Bucaramanga: Departamento de Santander. Jurisdicción de Cúcuta:

Norte de Santander y Arauca.

Jurisdicción de Bogotá: Bogotá, D. C., y los demás departamentos no asignados anteriormente.

4. Finalmente, en la lista se especificará el sector o sectores, según la clasificación industrial internacional uniforme, en que tenga experiencia acreditada los auxiliares de la justicia, según corresponda.

(D. 962/2009, art. 3º)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.11.2.3.—Lista de auxiliares de la justicia. La lista de auxiliares de la justicia elaborada por la Superintendencia de Sociedades deberá ser utilizada por:

1. El Juez del concurso, incluso, en uso de la facultad consagrada en el numeral 9º del artículo 5º de la Ley 1116 de 2006, para designar el reemplazo de los administradores y del revisor fiscal, según sea el caso.

2. La autoridad colombiana competente en ejercicio de las funciones relativas al reconocimiento de procesos extranjeros y en materia de cooperación con tribunales y representantes extranjeros.

3. Por los acreedores o estos y el deudor, en los casos en que de acuerdo con la Ley 1116 de 2006, deban escoger el reemplazo del liquidador o promotor, según corresponda, de conformidad con la categoría a la que pertenezca el deudor.

PAR.—La lista de auxiliares de la justicia elaborada por la Superintendencia de Sociedades es pública y estará contenida en una base de datos que podrá ser consultada y utilizada a través de la página de Internet de la Superintendencia de Sociedades.

(D. 962/2009, art. 4º)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

(Nota: Modificado el numeral 5º del presente artículo por el Decreto 991 de 2018 artículo 4º del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.11.2.4.—Requisitos para la inscripción en la lista de promotores o de liquidadores. Podrán ser inscritos como promotores y liquidadores:

Las personas naturales que cumplan los requisitos establecidos en este capítulo;

Las personas jurídicas que sean:

— Sociedades comerciales debidamente constituidas, en cuyo objeto se contemple la asesoría y consultoría en la reorganización, reestructuración, recuperación y liquidación de empresas.

— Sociedades fiduciarias, que en su estructura administrativa cuenten con una unidad de negocio especializada, con capacidad tecnológica y humana para prestar el servicio y un sistema vigente de riesgo operativo para la respectiva línea de negocio, según las reglamentaciones de la Superintendencia Financiera.

En todo caso, las personas jurídicas deberán designar la persona natural que en su nombre ejecutará el encargo, quien deberá cumplir con los requisitos aquí establecidos para las personas naturales.

1. Personas naturales y designados por las personas jurídicas. Las personas naturales que aspiren a ser inscritas en la lista de auxiliares de la justicia en el régimen de insolvencia empresarial, deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.1. Formación académica y registro profesional, matrícula profesional, o tarjeta profesional. Título profesional y registro profesional, matrícula profesional o tarjeta profesional, cuando la ley lo exija para el ejercicio profesional, en profesiones comprendidas en las áreas de ciencias económicas, administrativas, jurídicas y en las áreas afines que determine la Superintendencia de Sociedades, o título profesional en ingeniería industrial y administrativa.

El aspirante también podrá demostrar que la formación profesional que lo habilita como candidato elegible la adquirió mediante un título de postgrado en las áreas descritas en el inciso anterior.

1.2. Formación académica en insolvencia. El aspirante a formar parte de la lista de promotores y liquidadores deberá acreditar haber realizado un curso de formación en insolvencia que utilice la marca de certificación de la Superintendencia de Sociedades, en una institución de educación superior debidamente constituida y que cuente con registro calificado en Derecho, Administración de Empresas, Economía o Ingeniería.

La marca de certificación deberá indicar el contenido mínimo del curso, el cual deberá tener una duración mínima de ciento sesenta (160) horas.

La formación en insolvencia será acreditada con copia del certificado de aptitud ocupacional expedido por la institución de educación superior que la haya impartido.

PAR. 1º—Las instituciones de educación superior que ofrezcan los cursos de formación en insolvencia, podrán celebrar convenios para garantizar una cobertura en las áreas territoriales de jurisdicción definidas por la Superintendencia de Sociedades para el trámite de los procesos de insolvencia.

PAR. 2º—So pena de ser excluidos de la lista de promotores y liquidadores elaborada por la Superintendencia de Sociedades los promotores y liquidadores inscritos deberán acreditar este requisito dentro del año siguiente a la fecha en que se ofrezca al público el primer curso de formación en insolvencia, de que trata este artículo.

1.3. Experiencia.

1.3.1. Experiencia profesional. Experiencia acreditada en por lo menos dos (2) procesos concursales como contralor o liquidador, o en el mismo número de procesos de insolvencia como promotor o liquidador, o en igual número de trámites de acuerdos de reestructuración como promotor. La experiencia en procesos concursales o de insolvencia también podrá ser acreditada con por lo menos dieciocho (18) meses de ejercicio en esa clase de procesos como juez, o con el mismo número de meses como agente especial en toma de posesión para administrar o como liquidador en liquidaciones forzosas administrativas, o demostrando haber ejercido su profesión durante al menos cinco (5) años.

1.3.2. Experiencia como partícipe en la administración de empresas. Tener experiencia acreditada por lo menos de cinco (5) años como administrador en empresas, conforme a lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 2.2.2.11.2.5 de este decreto, del sector privado, público, de economía mixta o industrial y comercial del Estado.

Esta experiencia se demostrará con certificaciones expedidas por las entidades con las que haya estado vinculado el aspirante, en las que conste el tiempo del servicio prestado y las funciones desarrolladas, o a través del certificado histórico expedido por la entidad competente.

2. Personas jurídicas. La persona jurídica que aspire a ser inscrita en la lista de auxiliares de la justicia deberá cumplir los siguientes requisitos:

2.1. Estar debidamente constituida y que su objeto social contemple como una de sus actividades la de asesoría y consultoría en la reorganización, reestructuración, recuperación y liquidación de empresas, salvo las sociedades fiduciarias a que se refiere este capítulo.

2.2. Inscribir las personas naturales que en su nombre desarrollarán las funciones de promotor o liquidador, quienes deberán acreditar su vínculo con la persona jurídica aspirante y cumplir los requisitos establecidos en el numeral 1º de este artículo.

PAR.—Las personas naturales designadas por las personas jurídicas no podrán estar inscritas simultáneamente con esta, como promotores o liquidadores en la lista de auxiliares de la justicia.

(D. 962/2009, art. 5º)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

(Nota: Modificado el numeral 2º del presente artículo por el Decreto 991 de 2018 artículo 5° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.11.2.5.—Requisitos para la inscripción en las diferentes categorías según la experiencia acreditada. El aspirante podrá solicitar su inscripción en la lista de auxiliares de la justicia de promotores y liquidadores, en las siguientes categorías siempre que cumpla los requisitos que pasan a enunciarse:

Categoría A: Para la inscripción en esta categoría, el aspirante deberá acreditar:

1. Experiencia profesional. Haberse desempeñado como:

1.1. Contralor o liquidador en al menos diez (10) procesos concursales de concordato o liquidación obligatoria, o

1.2. Promotor o liquidador en al menos diez (10) trámites de acuerdos de reestructuración, o en el mismo número de procesos de insolvencia de categoría B, o 1.3. Juez civil del circuito o de procesos concursales o de insolvencia por lo menos por cinco (5) años, o 1.4. Agente especial en la toma de posesión para administrar o en liquidaciones forzosas administrativas de por lo menos cinco (5) procesos.

2. Experiencia como administrador en empresas. Haberse desempeñado como representante legal, miembro de junta o consejo directivo y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones, de por lo menos diez (10) años en personas jurídicas sujetas a supervisión estatal.

Categoría B: Para la inscripción en esta categoría, el aspirante deberá acreditar:

1. Experiencia profesional. Haberse desempeñado como:

1.1. Contralor o liquidador en al menos cinco (5) procesos concursales de concordato o liquidación obligatoria, o 1.2. Promotor o liquidador en al menos cinco (5) trámites de acuerdos de reestructuración, o en el mismo número de procesos de insolvencia de categoría C, o 1.3. Juez civil del circuito o de procesos concursales o de insolvencia por lo menos por tres (3) años, o 1.4. Agente especial en la toma de posesión para administrar o en liquidaciones forzosas administrativas de por lo menos tres (3) procesos.

2. Experiencia como administrador en empresas. Haberse desempeñado como representante legal, o miembro de junta directiva, o consejo directivo y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones, de por lo menos cinco (5) años en personas jurídicas.

Categoría C: Para la inscripción en esta categoría, el aspirante deberá acreditar:

1. Experiencia profesional. Haberse desempeñado como:

1.1. Contralor o liquidador en al menos dos (2) procesos concursales de concordato o liquidación obligatoria, o 1.2. Promotor o liquidador en al menos dos (2) trámites de acuerdos de reestructuración, o procesos de insolvencia, o 1.3. Juez civil del circuito o de procesos concursales o de insolvencia por lo menos por dieciocho (18) meses, o 1.4. Agente especial en la toma de posesión para administrar o en liquidaciones forzosas administrativas de por lo menos dieciocho (18) meses, o 1.5. Para la inscripción en esta categoría el aspirante podrá acreditar experiencia profesional, demostrando haber ejercido su profesión durante al menos cinco (5) años.

(D. 962/2009, art. 6º)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

(Nota: Adicionado el parágrafo 3º del artículo 2.2.2.11.2.5.2 por el Decreto 991 de 2018 artículo 6º del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

(Nota: Modificado el artículo 2.2.2.11.2.5.3 por el Decreto 991 de 2018 artículo 7º del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

(Nota: Modificado el numeral 3º y derogados los numerales 4° y 5° del artículo 2.2.2.11.2.5.4 por el Decreto 991 de 2018 artículo 8º del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.11.2.6.—Documentos que deben acompañar la solicitud de inscripción. En la solicitud de inscripción y en la hoja de vida según el formato suministrado por la Superintendencia de Sociedades, el aspirante deberá precisar si solicita inscripción para desempeñarse como promotor o como liquidador, o para el ejercicio de los dos cargos y especificar si se trata de un aspirante designado por una persona jurídica.

1. Personas naturales. La solicitud de inscripción de personas naturales y de los designados por las personas jurídicas según formato diseñado para el efecto por la Superintendencia de Sociedades deberá estar acompañada de los siguientes documentos, que el aspirante presentará a la Superintendencia de Sociedades:

1.1. Fotocopia del documento de identidad.

1.2. Copia de la tarjeta profesional, registro profesional o matrícula profesional, cuando la ley lo exija para el ejercicio profesional. La profesión se acreditará con copia del acta o constancia del acta de grado correspondiente, que acrediten la formación académica y profesional en Colombia, o la homologación del título respecto de los estudios realizados en el exterior.

1.3. Fotocopia de los certificados que acrediten la experiencia en administración de empresa, como juez civil del circuito o en procesos concursales o de insolvencia, con indicación del cargo desempeñado, tiempo y funciones o como agente especial en tomas de posesión para administrar o como liquidador en liquidaciones forzosas administrativas, o que acrediten su experiencia profesional.

1.4. Certificado vigente de antecedentes profesionales con una antigüedad no superior a tres (3) meses contados desde el momento de la presentación de la solicitud.

1.5. Certificado vigente de antecedentes disciplinarios con una antigüedad no superior a tres (3) meses contados desde el momento de la presentación de la solicitud.

1.6. Certificado de haber cursado y aprobado el programa de formación en insolvencia y, de haber lugar a ello, la certificación de participación en cursos, seminarios, diplomados o especializaciones referidos al tema de insolvencia.

1.7. Autorización para que la Superintendencia de Sociedades consulte los antecedentes sobre comportamiento crediticio en la Central de Información del Sector Financiero, CIFIN, de la Asociación Bancaria o en cualquier otra central de riesgos.

2. Personas jurídicas. La solicitud de inscripción de las personas jurídicas, según formato diseñado para el efecto por la Superintendencia de Sociedades, deberá estar acompañada de los siguientes documentos, que se presentarán a la Superintendencia de Sociedades:

2.1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio del domicilio social con una antigüedad no mayor de quince (15) días contados desde la fecha de la solicitud de inscripción, en cuyo objeto estén previstas expresamente las actividades inherentes al auxiliar de la justicia de que trata este capítulo.

2.2. Fotocopia de los contratos, conceptos, estudios u otros documentos que demuestren que en desarrollo de su objeto social ha obtenido experiencia de por lo menos un (1) año en actividades de asesoría en recuperación, asesoría y consultoría en la reorganización, reestructuración, recuperación y liquidación de empresas.

2.3. Autorización para que la Superintendencia de Sociedades consulte los antecedentes sobre comportamiento crediticio en la Central de Información del Sector Financiero, CIFIN, de la Asociación Bancaria y el sistema para la prevención y control del lavado de activos, SIPLA, o en cualquier otra central de riesgos.

2.4. Certificación suscrita por el representante legal y el revisor fiscal o a falta de este por un contador público independiente en la que se manifieste el cumplimiento de los deberes del comerciante contemplados en el artículo 19 del Código de Comercio.

2.5. Sobre las personas designadas por la persona jurídica, se deberán presentar los documentos de que trata este artículo para la persona natural.

PAR.—En la solicitud de inscripción el auxiliar de la justicia describirá los medios de infraestructura técnica y administrativa de que dispone para cumplir las funciones de su cargo, así como la relación del grupo de profesionales con que cuenta para desarrollar el oficio. Entre tales medios, deberá contar con los necesarios para cumplir los requerimientos de información solicitados por el Juez del concurso. La Superintendencia de Sociedades podrá, en cualquier caso, verificar que dicha infraestructura es suficiente y adecuada.

La Superintendencia de Sociedades expedirá el acto mediante el cual determinará los requisitos mínimos en cuanto a infraestructura técnica y administrativa, indispensable para el cumplimiento de sus funciones, que deberá ofrecer el auxiliar de la justicia para ser inscrito en cada una de las categorías.

(D. 962/2009, art. 7º)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.11.2.7.—Categorías de los deudores objeto del Régimen de Insolvencia. Para la designación del promotor o liquidador por sorteo, se establecen las siguientes categorías de los deudores objeto del régimen de insolvencia, según el monto de activos, o pasivos, o ingresos, o el número de trabajadores, a la fecha de la solicitud. Para definir la categoría de tales sujetos primará el criterio correspondiente a la de mayor categoría, así:

CategoríasCriterios
 activos en smlmv Pasivo externo en smlmv Ingresos (solo para proceso de reorganización). Número de trabajadores.
A 45.001 en adelante. 45.001 en adelante. 45.001 en adelante. Igual o más de 300.
B Entre 10.001- 45.000 Entre 10.001- 45.000.Entre 10.001- 45.000.Igual o más de 101 y menor de 300.
C Hasta 10.000 Hasta 10.000 Hasta 10.000 Igual o menor de 100.

Cuando el pasivo pensional o el cálculo actuarial del deudor objeto del régimen de insolvencia representen más de la cuarta parte del pasivo total del deudor o en casos de insolvencia transfronteriza, se considerará que el deudor pertenece a la categoría A, independientemente del valor de sus activos, de su pasivo, de sus ingresos o del número de trabajadores.

(D. 962/2009, art. 8º)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.11.2.8.—Solicitud de inscripción según la experiencia acreditada. El aspirante podrá solicitar su inscripción en la lista de auxiliares de la justicia de promotores y liquidadores, de acuerdo a su formación académica y su experiencia, indicando la jurisdicción para la cual se inscribe, en las categorías A, B, o C, o en las que considere y aspire a ser inscrito.

Las personas jurídicas podrán solicitar su inscripción en la lista de auxiliares de la justicia en las respectivas categorías de acuerdo con la formación y experiencia acreditada por la persona natural que en su nombre ejecutará el encargo. Se inscribirá en la lista en la categoría correspondiente a la persona jurídica, quien en cada caso se sorteará y actuará con el designado que haya acreditado el cumplimiento de los requisitos para la categoría correspondiente.

(D. 962/2009, art. 9º)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.11.2.9.—Inscripción en la lista de auxiliares de la justicia para los procesos de insolvencia. Una vez la Superintendencia de Sociedades confirme que el aspirante cumple con todos los requisitos exigidos en el presente capítulo, lo inscribirá en la respectiva lista y de ello le dará noticia mediante oficio dirigido al domicilio señalado en la solicitud de inscripción. De la misma forma procederá en caso de no aceptar la inscripción.

El auxiliar de la justicia inscrito en la lista, deberá informar a la Superintendencia de Sociedades cualquier modificación en los datos suministrados en la solicitud de inscripción y en la hoja de vida correspondiente. El incumplimiento de esta obligación permitirá a la Superintendencia de Sociedades retirar al auxiliar de la justicia de la lista, previo el cumplimiento del procedimiento establecido en el Código de General del Proceso.

Al momento de la inscripción le será asignado al inscrito un número de registro, correspondiente a un número consecutivo otorgado por la Superintendencia de Sociedades.

(D. 962/2009, art. 10)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

SECCIÓN 3

Escogencia del promotor o del liquidador, recusación y causales de impedimento para aceptar el cargo

ART. 2.2.2.11.3.1.—Escogencia, aceptación y posesión del cargo de promotor o de liquidador. Efectuada la escogencia del promotor o del liquidador, la decisión se comunicará por oficio, enviándolo a la dirección de su domicilio o correo electrónico o al número de fax que figure en la lista, de lo cual se dejará constancia en el expediente.

El cargo de promotor o el de liquidador es de obligatoria aceptación, salvo la ocurrencia de algún impedimento, y el escogido contará con cinco (5) días para posesionarse.

(D. 962/2009, art. 14)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.11.3.2.—No aceptación del cargo. Si la persona escogida tiene algún impedimento o no toma posesión en tiempo, será reemplazada por el suplente escogido.

(D. 962/2009, art. 15)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.11.3.3.—Causales de impedimento para aceptar el cargo por la persona natural designada por la persona jurídica. La persona natural o el representante legal de la persona jurídica que sea nombrada como promotor o como liquidador, deberá manifestar bajo la gravedad del juramento que acepta el cargo por no encontrarse incurso en alguna de las causales de impedimento previstas en la ley y que no tiene el máximo de procesos permitidos en la Ley 1116 de 2006.

Las causales de impedimento aplicarán, en lo pertinente, a la persona natural designada por la persona jurídica para ejecutar el encargo de promotor o liquidador, para lo cual deberá manifestar bajo la gravedad de juramento que no tiene el máximo de procesos permitidos en la Ley 1116 de 2006 y que no se encuentra incursa en alguna de las causales previstas en la ley, previamente al ejercicio de tal designación.

Al momento de aceptar el cargo o cuando durante su ejercicio se configure una causal de incompatibilidad, el auxiliar de la justicia, incluida la persona designada por el auxiliar de justicia persona jurídica, debe manifestarla de inmediato.

(D. 962/2009, art. 16)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.11.3.4.—Recusación del promotor o del liquidador. Dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de inscripción del aviso que da cuenta de la escogencia del promotor o liquidador, el deudor o cualquier acreedor que pruebe en forma siquiera sumaria su calidad de tal podrá recusar al auxiliar, precisando la causal y los hechos que lo justifican. Del escrito y sus anexos se dará traslado por tres (3) días, y vencido este término, el juez del concurso resolverá la recusación dentro de los tres (3) días siguientes a su presentación, mediante auto contra el cual no procederá recurso alguno. De encontrarla procedente, en el auto mediante el cual se pronuncie fijará la fecha para la audiencia de escogencia de su reemplazo, en caso de no haber suplente escogido.

(D. 962/2009, art. 17)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

(Nota: Modificado el inciso 1º y el inciso final del artículo 2.2.2.11.3.7 por el Decreto 991 de 2018 artículo 9º del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

(Nota: Modificado el artículo 2.2.2.11.3.9 por el Decreto 991 de 2018 artículo 10 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

(Nota: Modificados el título, el primer inciso, el numeral 14 y agregado el inciso final al artículo 2.2.2.11.3.10 por el Decreto 991 de 2018 artículo 11 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

(Nota: Modificado el artículo 2.2.2.11.3.11 por el Decreto 991 de 2018 artículo 12 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

SECCIÓN 4

Sanciones y cesación de funciones

ART. 2.2.2.11.4.1.—Remoción y sustitución. Habrá lugar a la remoción y consecuente sustitución del auxiliar de la justicia por parte del juez del concurso en aplicación de las facultades otorgadas por los numerales 8º y 9º del artículo 5º de la Ley 1116 de 2006, cuando se acredite en el proceso de insolvencia la ocurrencia de uno cualquiera de los siguientes eventos:

1. El incumplimiento grave de sus funciones, deberes u obligaciones.

2. El incumplimiento reiterado de las órdenes del juez cuando este así lo considere.

3. Cuando estando impedido guarde silencio sobre la existencia del impedimento.

4. Haber suministrado información engañosa sobre las calidades profesionales o académicas que la Superintendencia de Sociedades hubiera tenido en cuenta para incluirlo en la lista.

5. Haber hecho uso indebido de información privilegiada.

6. Por acción u omisión, haber incumplido la ley, reglamento o instructivo al que debiera someterse.

7. Haber participado en la celebración de actos encaminados a disponer, gravar o afectar negativamente los bienes que integren el activo patrimonial del insolvente.

8. Haber realizado como liquidador nombramientos o contratos que real o potencialmente afecten negativamente el patrimonio del insolvente o los intereses de los acreedores, o los hubiesen puesto en peligro.

9. No guardar la debida reserva de la información comercial, patentes, procedimientos y procesos industriales.

10. Las demás contempladas en la ley.

El auxiliar de la justicia removido será objeto de exclusión de la lista y tendrá derecho a un pago mínimo como remuneración, el cual corresponderá al monto determinado por el juez del concurso según el avance de las etapas del proceso de reorganización en término de meses, o de las de liquidación judicial y al cual adicionalmente le serán aplicables, las reglas referentes a gastos del proceso, establecidas en este capítulo.

PAR.—También serán removidas las personas jurídicas cuyos designados incurran en las causales previstas en este artículo.

(D. 962/2009, art. 18)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

(Nota: Modificados los numerales 1º, 3º y 9º del presente artículo por el Decreto 991 de 2018 artículo 13 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.11.4.2.—Cesación de funciones y sustitución. El promotor o liquidador cesará en sus funciones y será sustituido, sin necesidad de trámite incidental, en los siguientes eventos:

1. Por renuncia debidamente aceptada por el juez del concurso, la cual podrá aceptarse, una vez la persona escogida como suplente acepte el cargo.

2. En caso de remoción en un proceso de insolvencia.

3. En caso de muerte, o incapacidad física o mental permanente y tratándose de personas jurídicas entrar en estado de liquidación.

4. Cuando prospere una recusación.

5. Por una causal de impedimento sobreviniente.

6. Renuencia en renovar o constituir las pólizas.

7. Por no renovar la matrícula mercantil.

8. En caso de reemplazo por parte de los acreedores.

(D. 962/2009, art. 19)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.11.4.3.—Rendición anticipada de cuentas e informe del promotor. El liquidador que sea removido de su cargo o cese en sus funciones, dentro de los cinco (5)

días siguientes a su retiro deberá entregar a quien sea escogido en su reemplazo la totalidad de documentos que tenga en su poder con ocasión del ejercicio del cargo y presentar rendición de cuentas de su gestión, en los términos de la Ley 222 de 1995 artículo 45 y siguientes, so pena de ser sancionado por parte del Juez del concurso con multas en los términos de lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 5º de la Ley 1116 de 2006, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que puedan iniciarse en su contra.

El promotor, al término de su gestión y dentro de los cinco (5) días siguientes a su retiro, entregará la totalidad de documentos que tenga en su poder con ocasión del ejercicio del cargo y un informe correspondiente a su gestión, so pena de ser sancionado por el Juez del concurso con multas en los términos de lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 5º de la Ley 1116 de 2006, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que puedan iniciarse en su contra.

(D. 962/2009, art. 20)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

SECCIÓN 5

Honorarios y gastos

ART. 2.2.2.11.5.1.—Honorarios del promotor en la insolvencia de grupos de empresas. Cuando en aplicación del artículo 12 de la Ley 1116 de 2006, el juez del concurso designe un solo promotor sus honorarios serán fijados y pagados en un cien por ciento (100%) en relación con el deudor de mayor categoría según el monto de sus activos; en un setenta y cinco por ciento (75%) adicional en relación con el deudor de segunda mayor categoría, según el monto de sus activos, y en un cincuenta por ciento (50%) adicional en relación con el deudor de tercera categoría, según el monto de sus activos y un veinticinco por ciento (25%) por cada uno de los deudores restantes.

(D. 962/2009, art. 21)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.11.5.2.—Remuneración del promotor. Los honorarios del promotor serán fijados por el Juez del concurso en la providencia de apertura del proceso, teniendo en cuenta la categoría del deudor sometido al proceso de reorganización.

Para calcular el valor mensual de la remuneración del promotor, el juez del concurso, de acuerdo a las categorías por activos del deudor, le aplicará el porcentaje descrito en la siguiente tabla.

Remuneración mensual

Rango por categoríasActivos en smlmvRangos de fijación de honorarios
A 45.001 en adelante Hasta el 0.2% sin que sea menor a 70 smlmv ni mayor a 80 smlmv.
B Entre 10.001-45.000 Hasta el 0.2% sin que sea menor a 21 smlmv ni mayor a 70 smlmv.
C Hasta 10.000 Hasta el 0.2% sin que sea mayor a 20 smlmv.

En todo caso, el juez del concurso al momento de asignar la remuneración deberá fijarla en proporción del monto total de los activos y respetando los rangos establecidos anteriormente.

El valor total de la remuneración se fijará multiplicando el valor de la remuneración mensual por ocho meses (8) de negociación.

Dichos honorarios se pagarán en tres (3) contados. El primero, correspondiente al diez por ciento (10%) del total de la remuneración fijada, al momento de la firmeza de la escogencia del promotor; el segundo, correspondiente al treinta por ciento (30%) del total de la remuneración fijada, se pagará en cuotas mensuales iguales a partir de la firmeza de la providencia de aprobación del inventario y la calificación y graduación de créditos y derechos de voto; y, el tercero correspondiente al sesenta por ciento (60%), se pagará una vez confirmado el acuerdo celebrado o, en caso de no presentación o no confirmación del acuerdo, una vez adquiera firmeza la providencia de confirmación del acuerdo de adjudicación o de la adjudicación de los bienes del deudor.

PAR.—Cuando con ocasión de la celebración de la audiencia de incumplimiento el promotor deba actualizar la calificación, graduación y derechos de voto, aquel tendrá derecho a un pago adicional de remuneración, por un solo mes, del equivalente al porcentaje de la remuneración mensual de acuerdo con los rangos por categorías señalada en la tabla de que trata este artículo. Esta remuneración no podrá ser mayor a ochenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (80 smlmv) ni menor a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes (2 smlmv).

(D. 962/2009, art. 22)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.11.5.3.—Porcentaje de remuneración del liquidador según el monto de activos. En ningún caso, la remuneración del liquidador podrá exceder del seis por ciento (6%) del valor de los activos del deudor insolvente, sin ser inferiores a veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes (20 smlmv) ni superiores a dos mil trescientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (2.300 smlmv), conforme a los siguientes rangos:

Remuneración
Rango por CategoríasActivos en smlmvRangos para fijar la remuneración
A 45.001 en adelante Hasta el 6% sin que sea menor a 1.800 ni mayor a 2300 smlmv.
B Entre 10.001-45.000 Hasta el 6% sin que sea menor a 600 ni mayor a 1.800 smlmv.
C Hasta 10.000 Mínimo 20 smlmv hasta el 6% sin que sea mayor a

En todo caso el juez del concurso al momento de asignar la remuneración deberá fijarla en proporción del monto total de los activos y respetando los rangos establecidos anteriormente.

PAR. 1º—El activo del deudor insolvente para efecto del cálculo de los honorarios del liquidador estará compuesto por el valor de venta o de adjudicación de los bienes inventariados, el recaudo de cartera y por el dinero existente.

PAR. 2º—El liquidador que realice operaciones de conservación del activo en los términos del artículo 48 numeral 2º de la Ley 1116 de 2006, para el mantenimiento de la empresa como unidad de explotación económica, si estas implican un acuerdo de reorganización dentro del proceso de liquidación judicial o la venta de la empresa como unidad de explotación económica, previa consideración del juez del concurso, tendrá derecho a que se incremente en un diez por ciento (10%) el valor de sus honorarios, siempre y cuando no sea superior al máximo previsto en la ley.

(D. 962/2009, art. 23)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.11.5.4.—Fijación y pago de la remuneración del liquidador. Los honorarios del liquidador siempre y cuando el activo del deudor insolvente sea mayor de quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (500 smlmv) serán fijados por el juez del concurso, según la tabla de que trata el artículo anterior, y se pagarán así:

Veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes (20 smlmv), al vencimiento del término para presentación de los créditos.

Una vez quede ejecutoriada la providencia de aprobación de la calificación y graduación de créditos, se fijará y pagará el cuarenta por ciento (40%) del valor total de los honorarios, fijados con base en el valor del activo valorado, deduciendo los veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes (20 smlmv) pagados al momento de la presentación de los créditos.

Una vez proferida la providencia que apruebe las cuentas finales, se pagará el sesenta por ciento (60%) del valor total de los honorarios del liquidador, fijados con base en el valor del activo valorado, o el saldo resultante luego de deducir los dos pagos anteriores, En caso de que el liquidador enajene los activos por un valor mayor al del avalúo, se ajustará el valor de los honorarios fijados en la proporción correspondiente.

(D. 962/2009, art. 24)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.11.5.5.—Constitución del depósito para pago de honorarios. Cuando la disponibilidad de recursos lo permita, el liquidador de la sociedad procederá a constituir un depósito judicial, a nombre de la sociedad en liquidación y a órdenes del juez del concurso, por el sesenta por ciento (60%) del valor de los honorarios fijados.

Si por carencia total o parcial de liquidez el valor total o parcial de los honorarios debe cancelarse en todo o en parte con activos de la liquidación, el liquidador los incluirá en el acuerdo de adjudicación, o en su defecto el juez del concurso, en la providencia de adjudicación.

De acuerdo con lo anterior, en el balance y en el estado de liquidación de la rendición de cuenta final solo deben quedar pendientes por adjudicar los bienes destinados al pago del saldo de los honorarios del liquidador.

(D. 962/2009, art. 25)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.11.5.6.—Honorarios en caso de intervención de varios auxiliares. En caso de que en el proceso de insolvencia hayan intervenido varios auxiliares de la justicia, salvo en los casos de auxiliares removidos cuyos honorarios se sujetan a lo dispuesto en el artículo 2.2.2.11.4.1 de este decreto, los honorarios definitivos serán repartidos entre los intervinientes que no hubieren sido removidos, a criterio del juez del concurso, según hubiese sido la gestión adelantada por cada uno y teniendo en cuenta lo dispuesto en este capítulo respecto del pago mínimo como remuneración.

(D. 962/2009, art. 26)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.11.5.7.—Subsidio para pago de honorarios de liquidadores y para conservación del archivo. Con el fin de atender el pago de honorarios de los liquidadores y de los gastos para la conservación del archivo de aquellas sociedades en liquidación judicial donde no existan recursos suficientes para atender aquel concepto, la Superintendencia de Sociedades tendrá dentro de su presupuesto de funcionamiento un rubro para este propósito.

Este subsidio se pagará con el dinero proveniente de las contribuciones que sufragan las sociedades sometidas a vigilancia de esa Superintendencia, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 122 de la Ley 1116 de 2006.

Este subsidio se pagará así:

PAR. 1º—Se entenderá que una sociedad en liquidación judicial no cuenta con recursos suficientes, cuando el liquidador escogido lo acredite ante la Superintendencia de Sociedades, mediante balance debidamente certificado por el contador, o cuando el juez del concurso al momento de la apertura determine que la empresa tiene activos inferiores a la suma de doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (200 smlmv) y un pasivo externo que exceda el monto de sus activos, o, que no excediéndolos, el excedente de activos no sea suficiente para el pago de la remuneración del liquidador y los gastos por conservación del archivo.

PAR. 2º—El subsidio que se reglamenta por el presente capítulo solo se reconocerá en los procesos de liquidación judicial.

PAR. 3º—De la misma forma indicada en los literales de este artículo, se pagará la remuneración al liquidador en caso de que el activo del deudor insolvente, sea mayor o superior a los doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (200 smlmv) y menor o igual a quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (500 smlmv), hasta igualar el valor mínimo de pago a liquidadores judiciales.

(D. 962/2009, art. 27)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.11.5.8.—Pago del subsidio. La Superintendencia de Sociedades procederá a calcular el valor del subsidio con base en el balance presentado por el liquidador, incluyendo lo correspondiente a conservación del archivo y el mismo se pagará en la forma establecida en el presente capítulo.

Los pagos que requerirán de la autorización de la Superintendencia de Sociedades se harán descontando previamente el valor de la conservación del archivo.

(D. 962/2009, art. 28)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.11.5.9.—Gastos del proceso de insolvencia. Para efectos de lo establecido en este capítulo, se entenderá por gasto toda erogación que tenga relación directa con el proceso de insolvencia y deba hacerse con ocasión de la observancia de las disposiciones legales tendientes a cumplir los fines del proceso y llevarlo a su finalización.

Los gastos causados con ocasión del ejercicio de las funciones del promotor o liquidador serán a cargo del deudor, e independientes de la remuneración de aquellos.

Bajo ninguna circunstancia la infraestructura técnica o administrativa para el desarrollo de las funciones del promotor o del liquidador será suministrada por el deudor en el proceso de insolvencia, salvo previa autorización del juez del concurso.

Tratándose del proceso de reorganización, el procedimiento a seguir para fijación, reconocimiento y reembolso de gastos será definido por el deudor y el promotor y cualquier discrepancia al respecto, será resuelta por el juez del concurso.

PAR.—Los adjudicatarios en los procesos de insolvencia podrán determinar que los bienes objeto de adjudicación sean entregados por el promotor o liquidador a un fideicomiso administrado por una sociedad fiduciaria, caso en el cual no podrá imputarse gasto alguno al deudor insolvente.

(D. 962/2009, art. 29)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.11.5.10.—Gastos deducibles de la remuneración. La utilización excesiva de los recursos del deudor en insolvencia por parte del liquidador será puesta en conocimiento del juez del proceso de liquidación judicial a fin de que este determine si el exceso será deducido total o parcialmente de los honorarios del mencionado auxiliar y si además de lo anterior, hay lugar a su remoción.

Los gastos generados con ocasión de contratos efectuados por el liquidador y objetados por el Juez del concurso en los términos del numeral 3º del artículo 5º de la Ley 1116 de 2006, se deducirán de los honorarios fijados al liquidador.

(D. 962/2009, art. 30)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

SECCIÓN 6

Determinación del activo y del pasivo garantías

(Nota: Modificado por el Decreto 991 de 2018 artículo 14 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.11.6.1.—Activo y pasivo del balance. Para los efectos de la aplicación de los artículos 2.2.2.11.2.7, 2.2.2.11.5.2, 2.2.2.11.5.4, 2.2.2.11.5.7, y 2.2.2.11.6.2 de este decreto, el activo se determinará sin tener en cuenta los siguientes rubros:

1. Crédito mercantil formado.

2. Marcas formadas.

3. Know how.

4. Derechos litigiosos.

5. Good will formado.

6. Activos diferidos.

7. Cartera de más de 360 días de vencida.

8. Cuentas por cobrar a socios no garantizadas, y

9. Valorizaciones en el caso de la liquidación judicial.

Así mismo, para la aplicación de este capítulo, en las cuentas del pasivo se tendrá en cuenta el cien por ciento (100%) del valor del cálculo actuarial amortizado.

(D. 962/2009, art. 31)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

(Nota: Modificado por el Decreto 991 de 2018 artículo 14 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.11.6.2.—Constitución de garantías. El promotor y el liquidador constituirán y presentarán para su aceptación al juez del concurso las siguientes garantías, otorgadas por compañías de seguros legalmente autorizadas para operar en el país:

1. La que ampare el cumplimiento de las obligaciones legales del promotor o del liquidador como auxiliares de la justicia, cuyo incumplimiento configuran la remoción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.2.11.4.1 de este decreto; la cual deberá ser constituida y acreditada ante el juez del concurso dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del plazo para la recusación o a la notificación del auto que la niegue;

2. La que debe prestar el promotor o liquidador en los términos y condiciones exigidos en los artículos del Código General del Proceso.

El monto de las garantías será fijado por el juez del concurso, en su caso, atendiendo a las características del proceso, la clase de actividad desarrollada por el deudor, su naturaleza jurídica y el monto de sus activos, de conformidad con la metodología que para el efecto señale la Superintendencia de Sociedades.

(D. 962/2009, art. 32)

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

(Nota: Modificado por el Decreto 991 de 2018 artículo 14 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

(Nota: Modificado el artículo 2.2.2.11.7.1 por el Decreto 991 de 2018 artículo 15,

Modificado el parágrafo 1º del artículo 2.2.2.11.7.3 por el Decreto 991 de 2018 artículo 16,

Modificado el primer inciso del artículo 2.2.2.11.7.4 por el Decreto 991 de 2018 artículo 17,

Modificado el inciso final del literal c) del artículo 2.2.2.11.7.5 por el Decreto 991 de 2018 artículo 18,

Modificado el primer inciso del artículo 2.2.2.11.7.9 por el Decreto 991 de 2018 artículo 19,

Modificado el parágrafo 2º del artículo 2.2.2.11.7.10 por el Decreto 991 de 2018 artículo 20,

Adicionados los artículos 2.2.2.11.7.12 y 2.2.2.11.7.13 por el Decreto 991 de 2018 artículo 21,

Modificado el artículo 2.2.2.11.8.1 por el Decreto 991 de 2018 artículo 22,

Modificada la sección 9 por el Decreto 991 de 2018 artículo 23, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

(Nota: Modificado por el Decreto 2130 de 2015 artículo 1° y véase artículo 2.2.2.11.9.1.(sic) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

SECCIÓN 10

Informes

(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 24 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.11.10.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 24 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.11.10.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 24 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 24 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

SECCIÓN 11

Informes en los procesos de reorganización

(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 24 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.11.11.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 24 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.11.11.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 24 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.11.11.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 24 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.11.11.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 24 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.11.11.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 24 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.11.11.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 24 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.11.11.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 24 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 24 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

SECCIÓN 12

Informes en los procesos de liquidación judicial

(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 24 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.11.12.1.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 24 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.11.12.2.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 24 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.11.12.3.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 24 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.11.12.4.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 24 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.11.12.5.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 24 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.11.12.6.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 24 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.11.12.7.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 24 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.11.12.8.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 24 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.11.12.9.—(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 24 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

(Nota: Adicionado por el Decreto 991 de 2018 artículo 24 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

CAPÍTULO 12

Los patrimonios autónomos afectos a actividades empresariales pueden acceder al régimen de insolvencia empresarial. Casos en los cuales las fiducias mercantiles quedan excluidas del proceso de liquidación judicial

ART. 2.2.2.12.1.—Patrimonios autónomos afectos a actividades empresariales, sujetos al régimen de insolvencia. Para los efectos del artículo 2º de la Ley 1116 de 2006, los patrimonios autónomos afectos a actividades empresariales tienen por objeto principal adelantar en forma organizada la administración o custodia de bienes destinados a procesos de producción, transformación, circulación o prestación de servicios.

(D. 1038/2009, art. 1º)

ART. 2.2.2.12.2.—Supuestos de admisión al proceso de reorganización. Los supuestos de admisión al proceso de reorganización de los patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales, serán respecto de tales patrimonios los consagrados en el artículo 9º y en el numeral 3º del artículo 10 de la Ley 1116 de 2006. Adicionalmente, el negocio fiduciario no debe estar en ninguna de las causales de extinción de que trata el artículo 1240 del Código de Comercio.

PAR.—El acuerdo de reorganización no podrá establecer un plazo de cumplimiento mayor al término del contrato, salvo que se acuerde su prórroga, pero en ningún caso por un término superior al máximo señalado en la ley.

(D. 1038/2009, art. 2º)

ART. 2.2.2.12.3.—Administradores del patrimonio autónomo en insolvencia. Para los efectos de la aplicación de la Ley 1116 de 2006, en los procesos de insolvencia de patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales, cuando la ley habla del deudor se entenderá que se refiere al patrimonio autónomo; cuando habla de acreedor interno, se entenderá que se refiere al fideicomitente y cuando habla de administradores, se entenderá que se refiere al fideicomitente o a quien ejerce influencia dominante en sus decisiones, o control sobre el mismo, salvo cuando se haga referencia a las obligaciones formales del fiduciario, en los términos de los artículos 1233 y 1234 del Código de Comercio y de aquellas normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan, en cuyo caso se entenderá que se refiere al vocero del patrimonio autónomo o fiduciario.

(D. 1038/2009, art. 3º)

ART. 2.2.2.12.4.—Inscripción en el registro mercantil de los patrimonios autónomos afectos a actividades empresariales. Para efectos de la admisión de un patrimonio autónomo afecto a actividades empresariales a un proceso de insolvencia, será un requisito de procedibilidad, la inscripción del contrato que le dio origen junto con sus modificaciones en cuanto la clase de contrato, las partes y los bienes fideicomitidos, en el registro mercantil de la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio del fideicomitente, sin perjuicio de la inscripción o registro que, de acuerdo con la clase de acto o con la naturaleza de los bienes, deba hacerse conforme a la ley.

(D. 1038/2009, art. 4º)

ART. 2.2.2.12.5.—Certificación de la inscripción en el registro mercantil de los patrimonios autónomos afectos a actividades empresariales. Con base en la inscripción del patrimonio autónomo de que trata el artículo anterior, las cámaras de comercio expedirán la certificación respectiva, firmada por el secretario o quien haga sus veces, en el formato adoptado para el efecto, el cual deberá contener como mínimo la fecha de inscripción del contrato en el registro mercantil y las partes que lo suscriben.

(D. 1038/2009, art. 5º)

ART. 2.2.2.12.6.—Casos de vinculación con patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales. Para los efectos de este decreto, y en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1116 de 2006, se considera que existe vinculación con un patrimonio autónomo afecto a la realización de actividades empresariales, de quien ejerza influencia dominante en sus decisiones o control sobre el mismo.

(D. 1038/2009, art. 6º)

ART. 2.2.2.12.7.—Competencia. Conocerán del proceso de insolvencia de los patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales, los jueces civiles del circuito del domicilio principal de la fiduciaria.

El inicio de los procesos deberá solicitarse ante la Superintendencia de Sociedades, de existir deudores sujetos a su competencia, que tengan un vínculo de subordinación o control sobre el patrimonio autónomo objeto de la insolvencia, quien será la competente para conocer de los procesos de todos los deudores vinculados.

(D. 1038/2009, art. 7º)

ART. 2.2.2.12.8.—Legitimación. La apertura del proceso de insolvencia de un patrimonio autónomo afecto a la realización de actividades empresariales, podrá ser solicitada por el vocero o fiduciario, a iniciativa propia o porque así se lo haya requerido el fideicomitente o quien ejerza influencia dominante en las decisiones del fideicomiso según el correspondiente contrato de fiducia, por el titular de un crédito posterior a la constitución del patrimonio autónomo, vencido, exigible y a cargo del patrimonio autónomo en la fecha de la solicitud o por la Superintendencia que ejerza supervisión sobre la actividad principal que desarrolla el patrimonio autónomo.

(D. 1038/2009, art. 8º)

ART. 2.2.2.12.9.—Solicitud. La solicitud de inicio del proceso de insolvencia deberá venir acompañada de los siguientes documentos:

1. Copia notarial de la escritura pública o copia del documento privado que demuestre la constitución del patrimonio autónomo y sus modificaciones.

2. Certificado expedido por la Cámara de Comercio del domicilio del fiduciante en que conste el registro del contrato de fiducia mercantil.

3. Cualquier prueba siquiera sumaria que demuestre tanto la existencia del crédito vencido, exigible y a cargo del patrimonio autónomo, como la legitimación activa o titularidad del solicitante cuando corresponda.

4. Certificado de existencia y representación legal de la fiduciaria.

5. Prueba siquiera sumaria sobre el desarrollo de actividades empresariales del patrimonio autónomo.

6. Certificado expedido por el vocero o fiduciario en el que se indique quién es el administrador del patrimonio autónomo en los términos establecidos en el artículo 2.2.2.12.3 de este decreto.

PAR.—Cuando la solicitud de admisión al proceso de reorganización la presenten el vocero del patrimonio autónomo o este y los acreedores de dicho fideicomiso, deberá venir acompañada de los documentos a los que se refiere el artículo 13 de la Ley 1116 de 2006 y para el proceso de liquidación judicial, los documentos de que trata el parágrafo 2º del artículo 49 de la Ley 1116 de 2006, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la Resolución 4980 de 1987 de la Superintendencia Financiera, o la norma que la modifique o sustituya, de conformidad con las obligaciones propias de las sociedades fiduciarias.

(D. 1038/2009, art. 9º)

ART. 2.2.2.12.10.—Autorizaciones. El juez del concurso en el proceso de reorganización, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1116 de 2006, será el único que autorice la celebración por parte del deudor de fiducias mercantiles u otro tipo de contratos que tengan por objeto o como efecto la emisión de títulos a través del mercado público de valores en Colombia, sin perjuicio de las facultades de la Superintendencia Financiera de Colombia.

(D. 1038/2009, art. 10)

ART. 2.2.2.12.11.—Naturaleza de los cargos de promotor y liquidador de patrimonios autónomos sujetos de procesos de insolvencia. Los cargos de auxiliares de la justicia de los promotores y liquidadores para patrimonios autónomos afectos a actividades empresariales, sujetos al régimen de insolvencia, deben ser desempeñados por sociedades fiduciarias, toda vez que se pueden constituir en receptores de los derechos y obligaciones que legal y convencionalmente se derivan del contrato de fiducia, escogida de la lista elaborada por la Superintendencia de Sociedades, de conformidad con lo previsto en el artículo 67 de la Ley 1116 de 2006 y la reglamentación expedida sobre el particular por el Gobierno nacional.

(D. 1038/2009, art. 11)

ART. 2.2.2.12.12.—Exclusión de la masa de la liquidación de los bienes transferidos a título de fiducia mercantil con fines de garantía. Para efectos de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 55 de la Ley 1116 de 2006, serán excluidos de la masa de la liquidación los bienes que para obtener financiación el deudor hubiere transferido a título de fiducia mercantil con fines de garantía, siempre y cuando el respectivo contrato se encuentre inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio del fiduciante o en el registro que, de acuerdo con la clase de acto o con la naturaleza de los bienes, se hubiere hecho conforme a la ley.

Lo anterior, sin perjuicio de los acuerdos que puedan celebrarse entre el vocero del patrimonio autónomo con fines de garantía y el liquidador, cuando los bienes fideicomitidos hagan parte de la unidad de explotación económica del fideicomitente y esta pueda venderse en los términos del parágrafo del artículo 81 de la Ley 1116 de 2006.

En todo caso, lo establecido en el presente artículo no aplicará en detrimento de derechos pensionales.

PAR.—Para los efectos del parágrafo del artículo 55 de la Ley 1116 de 2006, se entienden excluidos los patrimonios autónomos constituidos como mecanismo de normalización para garantizar el pago de pasivos pensionales, en los términos del artículo 41 de la Ley 550 de 1999, del parágrafo 1º del artículo 34 de la Ley 1116 de 2006, decretos 1260 de 2000, 941 de 2002 y en aquellas normas que los reglamenten o los sustituyan.

(D. 1038/2009, art. 12)

ART. 2.2.2.12.13.—Remanente. Si una vez pagadas las obligaciones de los acreedores del contrato de fiducia mercantil de garantía de que trata el artículo anterior, quedare un remanente, este será incorporado a la masa de bienes del fideicomitente en proceso de insolvencia, los cuales responderán por las obligaciones de conformidad con las prelaciones de ley aplicables al concurso, para lo cual se aplicarán las reglas contenidas en el numeral 7º del artículo 50 de la Ley 1116 de 2006.

(D. 1038/2009, art. 13)

ART. 2.2.2.12.14.—Acción revocatoria, de simulación y de ineficacia. Podrá demandarse ante el juez del concurso en los términos de los artículos 74, 75 y 76 de la Ley 1116 de 2006, la transferencia de bienes a título de fiducia mercantil con fines de garantía, realizada durante los dieciocho (18) meses anteriores al inicio del proceso de insolvencia, contados al momento del registro del referido contrato.

(D. 1038/2009, art. 14)

ART. 2.2.2.12.15.—Transparencia empresarial. Para los efectos de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley 1116 de 2006, en el Código de Gestión Ética Empresarial y de Responsabilidad Social, incluido en el acuerdo de reorganización, se deberán señalar las reglas para modificar el contrato de fiducia.

(D. 1038/2009, art. 15)

CAPÍTULO 13

Inventario de bienes en el proceso de liquidación judicial, firmas especializadas que realizan avalúos corporativos - procedimiento de validación judicial de un acuerdo extrajudicial de reorganización

SECCIÓN 1

Inventarios, avalúos, peritos y avaluadores

(Nota: Modificado por el Decreto 991 de 2018 artículo 25 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.13.1.1.—Inventario de bienes en la liquidación judicial. El liquidador deberá elaborar el inventario de los activos del deudor, el cual contendrá la relación de los bienes y derechos del deudor que conforman la masa a liquidar, valorados acorde con lo establecido en el numeral 9º del artículo 48 de la Ley 1116 de 2006.

En relación con cada uno de los bienes, tanto en el inventario como en el avalúo, se precisarán la naturaleza jurídica que les corresponden, así como el lugar en que se encuentran y los datos que permitan su identificación o registro, tales como sexo, marca, modelo, año de fabricación, número de registro, color y características técnicas, según lo que corresponda a cada cosa o derecho.

Harán parte del inventario todos los litigios cuyo resultado pueda afectar la existencia, extensión o modalidad de los bienes inventariados y los litigios relacionados con cuentas por cobrar o derechos por reconocer.

Tanto en el inventario como en los avalúos se precisará si los bienes conforman establecimientos de comercio, unidades productivas o de explotación de bienes y servicios y en caso afirmativo, se harán las descripciones que permitan individualizarlos. Al inventario se anexará una relación de todos los procesos en curso, precisando el estado procesal de cada negocio y las expectativas sobre los resultados de cada proceso.

(D. 1730/2009, art. 1º)

(Nota: Modificado por el Decreto 991 de 2018 artículo 25 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.13.1.2.—Criterios de valoración en los procesos de liquidación judicial. Para la valoración de los bienes del deudor objeto de liquidación judicial de que trata el numeral 9º del artículo 48 de la Ley 1116 de 2006 y de conformidad con la naturaleza de los bienes objeto de valoración, se procederá así:

1. Valoración del conjunto de los establecimientos, explotaciones o unidades productivas de bienes o de servicios pertenecientes al deudor como un bloque, o

2. Valoración por establecimientos, explotaciones o unidades productivas de bienes o de servicios pertenecientes al deudor separadamente, o

3. Valoración como un conjunto de bienes aislados en sus elementos componentes cuando en el inventario elaborado por el liquidador y por ser lo más conveniente para los intereses del conjunto, estos se hayan dividido.

(D. 1730/2009, art. 2º)

(Nota: Modificado por el Decreto 991 de 2018 artículo 25 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.13.1.3.—Avalúo del inventario en el proceso de liquidación judicial. Para la valoración de los bienes de que tratan los numerales 1º y 2º del artículo precedente, procederá la elaboración de un avalúo por parte de un avaluador escogido de la lista que para el efecto haya establecido la Superintendencia de Sociedades. El liquidador deberá acudir a dicha lista y presentar una terna de posibilidades al juez del concurso para que este proceda a la designación, indicando para cada uno el término del trabajo, los gastos si a ellos hubiere lugar y el valor de la remuneración que corresponda al experticio.

El avaluador deberá declarar ante el juez del concurso que no tiene ningún interés directo o indirecto en el resultado del estudio de valoración o en sus posibles utilizaciones.

PAR.—Los peritos y avaluadores colaboran en el desarrollo de la función jurisdiccional a cargo de los jueces del concurso y para todos los efectos se tratarán como auxiliares de la justicia.

(D. 1730/2009, art. 3º)

(Nota: Modificado por el Decreto 991 de 2018 artículo 25 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.13.1.4.—Valoración de inventarios como bienes aislados. Cuando en el inventario elaborado por el liquidador se hayan considerado los bienes que conforman el activo como un conjunto de bienes aislados en sus elementos componentes y por ser lo más conveniente para los intereses del conjunto, estos se hayan dividido, la valoración de los mismos se efectuará de la siguiente manera:

El valor de los inmuebles corresponderá al avalúo comercial; a falta de este corresponderá al catastral incrementado en un cincuenta por ciento (50%). De existir tanto el avalúo comercial como el catastral, el valor del inmueble corresponderá al realizado de manera más reciente.

El valor de los vehículos automotores corresponderá al avalúo comercial o al valor fijado oficialmente para calcular el impuesto de rodamiento. De existir tanto el avalúo comercial como el valor fijado para calcular el impuesto, el valor del vehículo automotor corresponderá a aquel, siempre y cuando su elaboración no sea superior a un (1) año. En caso contrario, se tomará en cuenta el valor fijado para calcular el impuesto vigente.

El valor de los demás activos corresponderá al último avalúo comercial o a la información contable más reciente que el deudor tenga de cada activo o a cualquier otra metodología que el liquidador considere idónea para determinar el valor de mercado de tales activos.

PAR. 1º—Se entenderá que se cuenta con avalúo comercial cuando su elaboración no sea superior a un (1) año.

PAR. 2º—Si el liquidador considera necesaria la elaboración de un avalúo o si para la estimación de los valores de determinados bienes y derechos requiere la elaboración de un avalúo por parte de peritos avaluadores expertos, propondrá al juez su nombramiento y los términos del encargo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior.

(D. 1730/2009, art. 4º)

(Nota: Modificado por el Decreto 991 de 2018 artículo 25 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.13.1.5.—Objeciones al inventario en la liquidación judicial. Las objeciones al inventario valorado podrán consistir en la solicitud de la inclusión o de la exclusión de bienes o derechos o en el aumento o disminución del avalúo de los bienes incluidos o las afectaciones jurídicas y/o judiciales, las cuales se decidirán conforme con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 1116 de 2006, en aplicación del artículo 53 de la misma ley.

(D. 1730/2009, art. 5º)

(Nota: Modificado por el Decreto 991 de 2018 artículo 25 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.13.1.6.—Enajenación de activos. La enajenación de los activos por parte del liquidador se hará directamente o acudiendo al sistema de subasta privada y se preferirá en bloque o en estado de unidad productiva, por un valor no inferior al avalúo.

PAR.—En desarrollo de las facultades de representación legal, el liquidador podrá enajenar los bienes perecederos o aquellos que se estén deteriorando o amenacen deteriorarse.

La enajenación de estos bienes perecederos o aquellos que se estén deteriorando o amenacen deteriorarse, se efectuará sin necesidad de avalúo en las mejores condiciones de mercado y por el medio que considere más expedito.

Una vez realizados los bienes, el liquidador deberá informar de ello al juez del concurso acreditando el estado de deterioro o la naturaleza de los bienes enajenados.

(D. 1730/2009, art. 6º)

(Nota: Modificado por el Decreto 991 de 2018 artículo 25 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.13.1.7.—Reglas de enajenación. Los bienes del deudor insolvente se enajenarán en bloque, salvo que el inventario valorado elaborado por el liquidador y por ser más conveniente para los intereses del conjunto, se haya aprobado dividido o se haya considerado como un conjunto de bienes aislados en sus elementos componentes.

Se entenderá por bloque el conjunto de establecimientos, explotaciones, empresa o de determinadas unidades productivas o de servicios o de determinados bienes homogéneos.

(D. 1730/2009, art. 7º)

(Nota: Modificado por el Decreto 991 de 2018 artículo 25 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.13.1.8.—Avalúo comercial. Para los efectos de este capítulo se denomina avalúo comercial el estudio de carácter técnico, artístico o científico, según corresponda, adelantado por personas naturales o jurídicas de comprobada trayectoria e idoneidad profesional para determinar el valor de un bien o un conjunto de bienes materiales o inmateriales, con la finalidad específica de adjudicación o venta en los términos de la Ley 1116 de 2006.

(D. 1730/2009, art. 8º)

(Nota: Modificado por el Decreto 991 de 2018 artículo 25 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.13.1.9.—Contenido mínimo del avalúo. El avalúo que se presente deberá individualizar los bienes y en relación con cada uno deberá incluir al menos los siguientes elementos:

1. Indicación de si el avalúo de los bienes se realiza como un conjunto de bienes aislados en sus elementos componentes, en bloque o por unidades económicas y justificación de por qué es el apropiado para el propósito pretendido.

2. Explicación de la metodología utilizada.

3. Identificación y descripción de los bienes o derechos avaluados, precisando la cantidad y estado o calidad de sus componentes.

4. Los valores de referencia o unitarios que se utilicen y sus fuentes.

5. Las cantidades de que se compone el bien o derecho valorado que se utilizaron para realizar los cálculos.

6. El valor resultante del avalúo.

7. La vigencia del avalúo.

8. La identificación de la persona que realiza el avalúo.

9. Cuando la metodología del avalúo utilice un sistema de depreciación, se debe indicar el método de depreciación utilizado y la razón por la cual se considera que resulta más apropiado que los métodos alternativos.

10. Cuando la metodología utilice proyecciones, se deben señalar todos y cada uno de los supuestos y el procedimiento usados para proyectar. En el caso de variables proyectadas, se deben incluir las fuentes de donde fueron tomadas y/o los supuestos que se tuvieron en cuenta para realizar la proyección.

11. Si la metodología del avalúo utiliza índices, se debe señalar cuáles se utilizaron y la fuente de donde fueron tomados.

(D. 1730/2009, art. 9º)

(Nota: Modificado por el Decreto 991 de 2018 artículo 25 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.13.1.10.—Condiciones generales de los avalúos. En la práctica de un avalúo se deben observar las normas técnicas específicas que correspondan a los recursos o hechos que constituyan el objeto del mismo, según lo establecido en la reglamentación especial que les sea aplicable.

El avalúo debe prepararse de manera neutral y por escrito. Debe presentar el valor discriminado por unidades o por grupos homogéneos. Tratará de manera coherente los bienes de una misma clase y características.

(D. 1730/2009, art. 10)

(Nota: Modificado por el Decreto 991 de 2018 artículo 25 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

SECCIÓN 2

Firmas especializadas

ART. 2.2.2.13.2.1.—Firmas especializadas. Son aquellas que conocen una disciplina especial relativa a la elaboración y presentación de avalúos corporativos y especializados, idóneos para determinar el valor en bloque o de la empresa como unidad de explotación económica.

(D. 1730/2009, art. 11)

ART. 2.2.2.13.2.2.—Competencia. Corresponde a la Superintendencia de Sociedades establecer la lista de firmas especializadas para efectuar la valoración de los bienes del deudor en insolvencia que regirá para los efectos de la aplicación de la Ley 1116 de 2006, en el evento de que se pacte la venta de la empresa como unidad de explotación económica en el acuerdo de reorganización, de adjudicación o en la liquidación judicial.

(D. 1730/2009, art. 12)

ART. 2.2.2.13.2.3.—Conformación de la lista y periodicidad de la inscripción. La lista de firmas especializadas elaborada por la Superintendencia de Sociedades es pública y estará contenida en una base de datos que podrá ser consultada y utilizada a través de la página de internet de la Superintendencia de Sociedades.

PAR.—La Superintendencia de Sociedades fijará los términos de la convocatoria y los requisitos para la conformación de la lista que debe cumplir la firma especializada.

(D. 1730/2009, art. 13)

ART. 2.2.2.13.2.4.—Lista de firmas especializadas. La lista de firmas especializadas elaborada por la Superintendencia de Sociedades deberá ser utilizada por los acreedores que en el respectivo acuerdo de reorganización o de adjudicación hayan pactado una venta de la empresa como unidad de explotación económica en los procesos tanto de reorganización como de liquidación judicial, de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 81 de la Ley 1116 de 2006.

(D. 1730/2009, art. 14)

ART. 2.2.2.13.2.5.—Inscripción en la lista. La Superintendencia de Sociedades, una vez verifique los requisitos exigidos de experiencia e idoneidad profesional, hará la inscripción respectiva y de ello le dará noticia mediante oficio dirigido al domicilio señalado en la solicitud de inscripción. De la misma forma procederá en caso de no aceptar la inscripción.

(D. 1730/2009, art. 15)

ART. 2.2.2.13.2.6.—Requisitos para formar parte de la lista de firmas especializadas. Se acreditará la idoneidad y la experiencia con certificaciones o constancias por servicios prestados que exija la Superintendencia de Sociedades.

(D. 1730/2009, art. 16)

ART. 2.2.2.13.2.7.—Solicitud de inscripción. A partir de la convocatoria efectuada por la Superintendencia de Sociedades, quien cumpla con los requisitos previstos en este capítulo, podrá solicitar su inscripción ante la Superintendencia de Sociedades o en las oficinas de sus intendencias regionales. El interesado diligenciará el formulario elaborado por la superintendencia.

PAR.—La solicitud de inscripción se entenderá presentada bajo la gravedad del juramento.

(D. 1730/2009, art. 17)

ART. 2.2.2.13.2.8.—Causales de exclusión de la lista. Son causales de exclusión de la lista las que consagra el Código General del Proceso.

(D. 1730/2009, art. 18)

ART. 2.2.2.13.2.9.—Nombramiento de avaluador por parte de los acreedores en el proceso de reorganización o de liquidación judicial, para venta de la empresa como unidad de explotación económica. Para efectos de aplicación del parágrafo del artículo 81 de la Ley 1116 de 2006 referente a la venta de la empresa como unidad de explotación económica, la designación de las firmas especializadas atenderá la voluntad de las partes expresada en el acuerdo de reorganización o en el de adjudicación, según sea el caso.

Así mismo, el acuerdo correspondiente determinará las condiciones de elaboración del avalúo y los honorarios de las firmas especializadas, pactados como remuneración por la actividad encomendada.

El acuerdo entre las partes también puede incluir la estructuración y venta de la empresa como unidad de explotación económica, en cuyo caso la firma especializada podrá realizar también esta función.

(D. 1730/2009, art. 19)

SECCIÓN 3

Validación judicial de acuerdos extrajudiciales de reorganización

(Nota: Modificado por el Decreto 991 de 2018 artículo 26 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.13.3.1.—Requisitos para el inicio de las negociaciones. Las personas naturales comerciantes, las jurídicas no excluidas del régimen de insolvencia empresarial, las sucursales de sociedades extranjeras y los patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales de que trata el artículo 2º de la Ley 1116 de 2006, podrán, en cualquier momento y sin que sea necesaria la ocurrencia de los supuestos de admisibilidad señalados en dicha ley, iniciar negociaciones con los acreedores externos con el fin de llegar a un acuerdo extrajudicial de reorganización.

(D. 1730/2009, art. 20)

(Nota: Modificado por el Decreto 991 de 2018 artículo 26 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.13.3.2.—Inicio de las negociaciones. El inicio de las negociaciones deberá comunicársele a todos los acreedores externos del deudor que figuren con acreencias ciertas a su favor a la fecha en que se comunique dicho inicio con el fin de que todos tengan la oportunidad de participar o enterarse de los términos de la negociación o del desarrollo de la misma.

Con el mismo fin será deber del deudor informar de la existencia de las negociaciones a las personas con las que posteriormente y hasta la fecha de suscripción del acuerdo por la mayoría exigida para su celebración establezca vínculos contractuales que vayan a producir obligaciones patrimoniales a cargo del deudor.

Cuando las negociaciones se adelanten solamente con los acreedores que tengan la mayoría necesaria para la celebración del acuerdo, en todo caso deberá el deudor con suficiente antelación a la firma o suscripción del mismo y en todo caso con una antelación no menor a cinco (5) días hábiles, comunicar a los demás acreedores con acreencias ciertas a la fecha de la indicada comunicación, sobre el propósito de celebración del acuerdo y los términos y condiciones del mismo, con el fin de que todos ellos tengan la oportunidad de formular observaciones o comentarios. En este evento igualmente se procederá conforme se indica en el inciso anterior respecto a los acreedores posteriores.

Las comunicaciones a los acreedores a las que se refiere el presente artículo se surtirán mediante escritos enviados a cada uno a través de correo electrónico, correo certificado o entrega personal a las direcciones registradas en las oficinas del deudor o a la que aparezca registrada en el certificado de Cámara de Comercio para notificaciones judiciales o en directorios telefónicos.

PAR.—Cuando iniciadas las negociaciones de que trata este capítulo no haya sido posible llegar a la celebración del acuerdo por la amenaza de actos en contra del patrimonio del deudor que limiten de forma determinante la capacidad de negociación del deudor con sus acreedores, como son la práctica o ejecución de medidas cautelares o de garantías fiduciarias, se informará al juez del concurso, quien evaluará la solicitud y, de encontrarlo procedente, ordenará la apertura del proceso de validación, para que en un término de veinte (20) días, contados a partir de la apertura, el deudor o los acreedores acrediten la celebración del Acuerdo y se proceda al traslado del mismo en los términos establecidos en el presente artículo. De no presentarse el acuerdo en este término, se procederá conforme se prevé en el inciso tercero del artículo 2.2.2.13.3.8 de este decreto.

(D. 1730/2009, art. 21)

(Nota: Modificado por el Decreto 991 de 2018 artículo 26 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.13.3.3.—Celebración del acuerdo. El acuerdo se tendrá por celebrado cuando el documento escrito que lo contenga sea firmado o suscrito por el deudor y un número plural de acreedores que equivalga a la mayoría absoluta de los votos correspondientes a todos los acreedores, en los términos del artículo 31 de la Ley 1116 de 2006, para la celebración del acuerdo de reorganización. En dicho documento o en anexo del mismo deberá dejarse constancia expresa de la fecha en que se obtenga la mayoría exigida, que será la fecha de celebración del acuerdo.

Para tales efectos, el deudor elaborará una calificación y graduación de acreencias y determinación de derechos de voto, lo cual se hará conforme a las reglas previstas en la Ley 1116 y con base en un balance y en un estado de inventario de activos y pasivos, suscritos uno y otro por el deudor, el contador público que los hubiere elaborado y por el revisor fiscal, si lo hubiere, con corte al último día del mes calendario inmediatamente anterior a la fecha de inicio de las negociaciones.

Harán parte del acuerdo extrajudicial de reorganización que llegue a validarse, los acreedores titulares de acreencias patrimoniales ciertas, adquiridas hasta la fecha de la celebración del acuerdo y como tales tendrán legitimación para participar en el proceso de validación. Las obligaciones patrimoniales que adquiera el deudor después de esa fecha no estarán sometidas al acuerdo extrajudicial de reorganización y se atenderán en la forma prevista en al artículo 71 de la Ley 1116 de 2006.

(D. 1730/2009, art. 22)

(Nota: Modificado por el Decreto 991 de 2018 artículo 26 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.13.3.4.—Solicitud de validación de acuerdos extrajudiciales de reorganización. Celebrado el acuerdo extrajudicial de reorganización, el deudor o cualquiera de los acreedores que lo hubiere suscrito, podrán someterlo a validación judicial, para lo cual formulará al juez del concurso que hubiere sido competente para adelantar el proceso de reorganización, la solicitud de apertura del proceso de validación. A esta petición deberá anexarse los siguientes documentos:

1. El acuerdo extrajudicial de reorganización con constancia de presentación personal de las partes (deudor y acreedores), acreditando la capacidad para suscribirlo y la existencia y representación legal, en el caso de personas jurídicas.

2. El balance general que sirvió de base para la celebración del acuerdo y el correspondiente estado de resultados junto con el estado de inventario del activo y el pasivo, elaborado mediante la comprobación en detalle de la existencia de cada una de las partidas que componen el balance general.

3. Una calificación y graduación de créditos y de derechos de voto con base en los cuales se aprobó el acuerdo.

4. Prueba idónea de la forma en que se comunicó a los acreedores la iniciación de la negociación del acuerdo extrajudicial de reorganización o del propósito de celebrar el acuerdo, de la cual se infiera que los que no suscribieron el acuerdo tuvieron la oportunidad de participar.

5. Certificación suscrita por el representante legal, el contador y el revisor fiscal, si lo hubiere, en la que indiquen las diferencias o controversias de las que el deudor tenga conocimiento que existen en relación con la naturaleza, cuantía y voto de todos los acreedores.

6. En el evento en que el deudor tenga a cargo pasivo pensional debe acreditar que está al día en mesadas pensionales, bonos y títulos pensionales exigibles y que tiene cálculo actuarial aprobado y adjuntar concepto del Ministerio de la Protección Social para el mecanismo de normalización pensional pactado en el acuerdo. En caso de que no se cuente con este último, el mismo deberá allegarse posteriormente y en todo caso, antes de la audiencia de validación.

PAR.—La solicitud de validación de acuerdos extrajudiciales de Reorganización podrá referirse simultáneamente a varios deudores vinculados entre sí en los mismos términos establecidos en el artículo 12 de la Ley 1116 de 2006 y deberá ser solicitado ante la Superintendencia de Sociedades de existir deudores sujetos a su competencia.

(D. 1730/2009, art. 23)

(Nota: Modificado por el Decreto 991 de 2018 artículo 26 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.13.3.5.—Trámite de la solicitud. Presentada la solicitud, el juez del concurso que conozca de la misma verificará que se hayan allegado los documentos relacionados en el artículo anterior y que estos cumplan los requisitos formales pertinentes y, dentro del término establecido en el artículo 14 de la Ley 1116 de 2006, deberá decretar, mediante auto, la apertura del proceso de validación judicial, el cual notificará en la misma forma prevista en la ley para la notificación del auto de inicio de un proceso de reorganización.

En este auto deberá disponerse:

1. El traslado por el término previsto en el artículo 29 de la Ley 1116 de 2006 de los documentos indicados en el artículo anterior.

2. Ordenará la celebración de la audiencia para la validación del acuerdo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 1116 de 2006.

3. La orden al deudor de comunicar a todos los jueces y autoridades que estén conociendo de procesos ejecutivos o de ejecución coactiva en su contra, la celebración del acuerdo y del inicio del proceso de validación, a fin de que se suspendan los procesos mientras se valida el acuerdo extrajudicial de reorganización, para los efectos establecidos en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006 y en cumplimiento con lo dispuesto en el numeral 9º del artículo 19 de dicha Ley 1116 de 2006.

4. La orden de librar oficio a la Cámara de Comercio del domicilio del deudor y al de las sucursales y agencias, para que inscriban el inicio del proceso de validación del acuerdo extrajudicial de reorganización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006.

Durante el término del traslado, los acreedores que no suscribieron el acuerdo podrán presentar observaciones al acuerdo celebrado u objeciones a la calificación y graduación de créditos o a la determinación de derechos de votos, con base en los cuales se aprobó el acuerdo.

(D. 1730/2009, art. 24)

(Nota: Modificado por el Decreto 991 de 2018 artículo 26 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.13.3.6.—Requisitos del acuerdo. Las estipulaciones del acuerdo deberán tener carácter general, en la medida en que deben incluir todos los créditos ciertos que estén a cargo del deudor a la fecha de su celebración, así como todos los créditos litigiosos y contingentes. Deberá respetar, para efectos de pago, la prelación, privilegios y preferencias establecidas en la ley, otorgando los mismos derechos a los acreedores de una misma clase y, en fin, cumplir los demás requisitos señalados en el artículo 34 de la Ley 1116 de 2006. El acuerdo no podrá incluir cláusulas contrarias a la ley o que resulten abusivas para los acreedores o para el deudor.

PAR.—El deudor debe, bajo la gravedad de juramento, manifestar en el Acuerdo que se encuentra en alguno de los supuestos de que trata el artículo 9º de la Ley 1116 de 2006 y el cumplimiento de los presupuestos indicados en el artículo 10 de dicha ley, entendiendo que el requisito establecido en el numeral 4º de este artículo se entiende cumplido con la suscripción del acuerdo por parte de los acreedores de dichas obligaciones o con la incorporación al mismo del documento que contenga las facilidades celebradas con tales acreedores.

(D. 1730/2009, art. 25)

(Nota: Modificado por el Decreto 991 de 2018 artículo 26 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.13.3.7.—Efectos de la apertura del proceso de validación. A partir de la presentación de la solicitud de apertura del proceso de validación judicial, se generan los efectos previstos en el artículo 17 de la Ley 1116 de 2006 y, a partir de la fecha en que se decrete dicha apertura por parte del juez del conocimiento, se generarán los efectos propios del inicio del proceso de reorganización, con excepción del concerniente a la remisión de los procesos de ejecución, los que serán suspendidos de conformidad con las reglas establecidas en este capítulo.

(D. 1730/2009, art. 26)

(Nota: Modificado por el Decreto 991 de 2018 artículo 26 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.13.3.8.—Validación del acuerdo. Si en la audiencia de validación no habiéndose presentado objeciones a la calificación y graduación de créditos y de derechos de voto o si, presentadas estas, las mismas hubieren sido conciliadas, el juez, con base en el análisis del acuerdo extrajudicial de reorganización y tomando en cuenta las observaciones que hubieren formulado los acreedores, lo autorizará si el mismo cumple con todos los preceptos legales en cuanto a su aprobación y contenido.

Si persistieren las objeciones presentadas, previamente a la consideración del acuerdo extrajudicial de reorganización el juez suspenderá la audiencia y procederá en los términos del artículo 30 de la Ley 1116 de 2006. Reanudada la audiencia, decidirá sobre las objeciones y procederá a la autorización del acuerdo.

En caso de que el juez no autorizare el acuerdo, se procederá conforme se prevé en el artículo 35 de la Ley 1116 de 2006. Sin embargo, si finalmente el acuerdo no fuere autorizado, terminará el proceso de validación judicial y el juez informará de ello a los jueces, a la Cámara de Comercio y a las demás entidades a quienes se haya dado aviso de dicho proceso. En todo caso, el deudor podrá intentar una nueva negociación de un acuerdo extrajudicial de reorganización o solicitar la admisión a un proceso de reorganización.

(D. 1730/2009, art. 27)

ART. 2.2.2.13.3.9.—Inscripción del acuerdo y levantamiento de medidas cautelares. En firme la providencia de validación del acuerdo extrajudicial de reorganización, el juez ordenará a las autoridades o entidades correspondientes la inscripción de la providencia, junto con la parte pertinente del acta que contenga el acuerdo. Igual comunicación se librará por parte del deudor a cada despacho judicial que conozca de ejecuciones contra el deudor, informando la celebración del acuerdo y adjuntando un certificado de la entidad de registro donde conste la mencionada inscripción, para que cesen los efectos de las mismas contra el concursado y se levanten las medidas cautelares decretadas y practicadas sobre los bienes de este.

Una vez autorizado el acuerdo extrajudicial de reorganización, los procesos serán archivados por el juez de conocimiento y, en caso de incumplimiento del acuerdo, remitidos al juez del concurso en los términos establecidos en la Ley 1116 de 2006.

(D. 1730/2009, art. 28)

ART. 2.2.2.13.3.10.—Efectos del acuerdo. El acuerdo, una vez autorizado, tendrá las formalidades y efectos de que trata el capítulo VII de la Ley 1116 de 2006 y el incumplimiento del mismo dará lugar a la aplicación de las normas establecidas en dicha ley para el incumplimiento del acuerdo de reorganización.

Si el acuerdo no fuere autorizado, cesará en sus efectos frente a quienes lo suscribieron, salvo que en el mismo se hubiere dispuesto lo contrario, en cuyo caso solo tendrá efectos vinculantes en relación con quienes lo hubieren suscrito o firmado y su incumplimiento solo dará lugar a las acciones que genera cualquier incumplimiento contractual.

(D. 1730/2009, art. 29)

ART. 2.2.2.13.3.11.—Otros acuerdos con acreedores. Los acuerdos o convenios privados de reorganización o reestructuración de pasivos que un deudor celebre o pretenda celebrar con uno o más de sus acreedores y que no se vayan a someter a validación a través de un proceso de validación judicial con el fin de darle los efectos previstos en la Ley 1116 de 2006, no estarán sometidos a las reglas previstas en el presente capítulo.

(D. 1730/2009, art. 30)

SECCIÓN 4

Voto en los procesos de liquidación judicial

ART. 2.2.2.13.4.1.—Determinación de derechos de voto en los procesos de liquidación judicial. Los derechos de voto en los procesos de liquidación judicial serán calculados a razón de un voto por cada peso del valor de la acreencia cierta de los acreedores que, conforme al inventario valorado, vayan a ser objeto de pago, incluyendo los acreedores internos de acuerdo con lo dispuesto por el parágrafo del artículo 53 de la Ley 1116 de 2006. Las mayorías para la celebración del acuerdo de adjudicación se conformarán con los acreedores cuyas acreencias, según la prelación legal, se puedan pagar teniendo en cuenta el valor del activo del deudor en el inventario valorado.

(D. 1730/2009, art. 31)

CAPÍTULO 14

Insolvencia de grupos de empresas en los procesos de reorganización y liquidación judicial - figuras jurídicas y económicas que pueden aplicarse durante los procesos de insolvencia

SECCIÓN 1

Ámbito nacional

ART. 2.2.2.14.1.1.—Definiciones. Para efectos del ámbito nacional del presente capítulo establece las siguientes definiciones:

1. Grupo de empresas: Es el conjunto integrado de personas naturales, personas jurídicas, patrimonios autónomos, o entes de cualquiera otra naturaleza que intervienen en actividades de carácter económico, vinculados o relacionados entre sí por su carácter de matrices, controlantes o subordinadas, o porque la mayor parte de sus capitales pertenece o está bajo la administración de las mismas personas jurídicas o naturales, ya sea porque obran directamente o por conducto de otras personas, o de patrimonios autónomos.

Así mismo, se entiende que forman parte de un grupo de empresas aquellos vinculados entre sí porque son garantes unos de otros y las empresas que se encuentren en los supuestos establecidos en el artículo 32 de la Ley 1116 de 2006.

2. Deudor(es) vinculado(s) o partícipe(s) del grupo de empresas: Toda persona o ente, cualquiera sea su naturaleza o forma jurídica, que ejerce o desarrolla una actividad económica y se encuentra vinculada a un Grupo de Empresas por cualquiera de los supuestos descritos en el numeral 1º de este artículo.

3. Coordinación: Es la administración coordinada de dos o más procesos de insolvencia abiertos respecto de diversos deudores o empresas de un mismo grupo. Cada deudor conservará su personificación jurídica y su autonomía administrativa y patrimonial.

4. Consolidación patrimonial: Tratamiento excepcional en virtud del cual el pasivo y el activo de dos o más deudores vinculados entre sí o partícipes en un mismo grupo de empresas se entienden y tratan como parte de una única masa de la insolvencia.

5. Afinidad operativa: Empresas del mismo grupo que funcionan al mismo nivel en un determinado proceso productivo.

6. Acto o negocio sin legitimidad comercial: Acto, negocio o contrato entre varios partícipes del grupo de empresas que carece de razonabilidad jurídica o patrimonial, celebrado dentro de los veinticuatro (24) meses anteriores a la apertura del proceso de insolvencia.

7. Financiación: Aporte de nuevos recursos, entrega de dinero, constitución de garantías, obtención de un crédito para trasladarlo a otros partícipes del grupo de empresas, venta o suministro de materias primas o mercaderías con plazo para pago del precio, por parte de cualquier empresa solvente o insolvente del mismo grupo de empresas.

(D. 1749/2011, art. 2º)

(Nota: Modificado el numeral 1º del presente artículo por el Decreto 991 de 2018 artículo 27 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

ART. 2.2.2.14.1.2.—Objetivos de la solicitud conjunta. La solicitud conjunta de apertura de procesos de insolvencia se hará en los términos previstos en el artículo 12 de la Ley 1116 de 2006 y sus objetivos son:

1. Facilitar el examen coordinado de la solicitud de apertura de un proceso de insolvencia propuesto respecto de dos o más empresas o deudores vinculados de un mismo grupo de empresas.

2. Facultar al juez del concurso para obtener información acerca del grupo de empresas o de los deudores vinculados que facilite la determinación de si procede o no decretar la apertura de un proceso de insolvencia, respecto de uno o varios de los partícipes del grupo de empresas en los términos del numeral 1º del artículo 5º de la Ley 1116 de 2006.

3. Promover la celeridad y eficiencia, reducir los costos y gastos de apertura y de administración de los procesos de insolvencia.

4. Posibilitar la coordinación de los procesos de insolvencia de cada uno de los deudores que formulen la solicitud conjunta.

(D. 1749/2011, art. 3º)

ART. 2.2.2.14.1.3.—Presentación de la solicitud conjunta. La solicitud conjunta para iniciar un proceso de insolvencia podrá presentarse por:

1. Dos o más de los partícipes del grupo de empresas, siempre que ninguno de los solicitantes se encuentre excluido de la aplicación del régimen de insolvencia y todos cumplan con los supuestos de admisibilidad de que trata el artículo 9º y el parágrafo 1º del artículo 49 de la Ley 1116 de 2006.

2. El acreedor o un número plural de acreedores de cualquiera de los partícipes del Grupo de Empresas que cumpla con los supuestos del artículo 11 de la Ley 1116 de 2006.

3. El acreedor o un número plural de acreedores que en los términos del artículo 2.2.2.13.3.4 del presente decreto hubieran participado en la celebración del acuerdo extrajudicial de reorganización de los partícipes del grupo de empresas.

(D. 1749/2011, art. 4º)

ART. 2.2.2.14.1.4.—Solicitud conjunta de apertura de procesos de insolvencia. Para solicitar el inicio de un proceso de insolvencia, podrá presentarse el mismo escrito o escritos separados pero simultáneos referidos a dos o más partícipes de un mismo grupo de empresas. A la solicitud deberán acompañarse los estados financieros consolidados de los partícipes en el grupo de empresas. Para su aceptación, el juez deberá tener en cuenta los objetivos previstos en el artículo 2.2.2.14.1.2 del presente decreto.

Con la solicitud se deberán acreditar los supuestos en que se fundamenta la existencia del grupo de empresas que conformen los partícipes que formulan la solicitud conjunta o del que hagan parte.

Si algunos solicitantes estuvieren sujetos a la competencia del juez y otros no, la solicitud deberá tramitarse en todo caso ante la Superintendencia de Sociedades. Verificada la existencia del grupo de empresas, el juez del concurso lo advertirá en cada una de las providencias de apertura del proceso de insolvencia y dispondrá, de haberse solicitado, la coordinación procesal de todos ellos.

PAR.—En todo caso, cuando los partícipes del grupo de empresas no estén obligados a presentar estados financieros consolidados, se deberán revelar las operaciones entre vinculados ejecutadas durante los últimos tres (3) años, identificando, además, las empresas del grupo con afinidad operativa.

Cuando la solicitud provenga del acreedor, se procederá en los términos previstos en el inciso 4º del artículo 14 de la Ley 1116 de 2006.

(D. 1749/2011, art. 5º)

ART. 2.2.2.14.1.5.—Efectos de la aceptación de la solicitud conjunta. Decretada la apertura del proceso de insolvencia, el juez del concurso ordenará la inscripción en el registro mercantil de los insolventes que sean partícipes en el mismo grupo de empresas y que a la fecha no estuvieren inscritos.

Así mismo, una vez decretada la apertura del proceso de insolvencia, el juez del concurso informará de ello a la superintendencia correspondiente para que en ejercicio de sus funciones administrativas verifique el cumplimiento de la inscripción en el registro mercantil de la situación de control o de la existencia del grupo empresarial y si fuere el caso proceda en los términos del artículo 30 de la Ley 222 de 1995.

El trámite conjunto de un proceso de insolvencia podrá prever la posibilidad de celebrar uno solo o varios acuerdos para los deudores vinculados a los que se refiera la solicitud o un acuerdo por cada deudor vinculado.

En caso de un solo acuerdo, este incluirá a cada deudor vinculado en la medida en que se dé la aprobación de los acreedores de cada uno de ellos, conforme con las reglas de la Ley 1116 de 2006. En caso contrario, el acuerdo se entenderá referido al deudor vinculado en relación con el cual se dio dicha aprobación, quedando el deudor vinculado respecto del cual no se da la aprobación sujeto a los efectos de inicio del proceso de liquidación judicial.

(D. 1749/2011, art. 6º)

ART. 2.2.2.14.1.6.—Iniciación conjunta decretada de oficio. La iniciación conjunta del proceso de insolvencia de los partícipes de un grupo de empresas procederá de oficio por parte de la Superintendencia de Sociedades, en los términos del numeral 3º del artículo 15 de la Ley 1116 de 2006. Conforme a la regla contenida en el inciso segundo del artículo 12 de la Ley 1116 de 2006, la Superintendencia de Sociedades será la competente.

(D. 1749/2011, art. 7º)

ART. 2.2.2.14.1.7.—Coordinación. El trámite de los procesos de insolvencia, respecto de dos o más partícipes del grupo de empresas, podrá ser coordinado. La coordinación se hará sin menoscabo de la identidad jurídica propia de cada uno de los partícipes del Grupo de Empresas y tendrá por objeto facilitar el trámite de los procesos y racionalizar los gastos y lograr el aprovechamiento de los recursos existentes para alcanzar eficiencia, gobernabilidad económica y elevar la tasa de reembolso o de retorno para los acreedores.

(D. 1749/2011, art. 8º)

ART. 2.2.2.14.1.8.—Legitimación para presentar la solicitud de coordinación. La coordinación podrá ser ordenada de oficio por el juez del concurso o solicitada al juez del concurso por:

1. Cualquier partícipe del grupo de empresas que sean objeto de la solicitud de apertura del proceso de insolvencia o que ya se encuentren en un proceso de insolvencia;

2. El deudor en el caso previsto en el artículo 35 de la Ley 1429 de 2010, el promotor o el liquidador de un partícipe del grupo de empresas que esté en proceso de insolvencia;

3. Un acreedor de una empresa partícipe del grupo de empresas respecto de la cual se haya presentado una solicitud de apertura de un proceso de insolvencia o que se encuentre en un proceso de insolvencia ya iniciado.

(D. 1749/2011, art. 9º)

ART. 2.2.2.14.1.9.—Medidas de coordinación. En ejercicio de la facultad contenida en el numeral 11 del artículo 5º de la Ley 1116 de 2006, la orden de coordinación expedida por el juez del concurso conllevará, entre otras, las siguientes medidas:

1. Designar un único o el mismo promotor o liquidador. El juez del concurso, en provecho de la administración de los procesos de insolvencia, podrá designar un único promotor o liquidador si la orden de coordinación se dicta como consecuencia de una solicitud conjunta; o el mismo promotor o liquidador, respecto de dos o más partícipes de un mismo grupo de empresas, cuando la orden se profiera en forma independiente de una solicitud conjunta. En este caso, no se aplicará el límite de procesos, y la regla sobre fijación de honorarios prevista en el artículo 2.2.2.11.5.1 del presente decreto, se predicará exclusivamente respecto de la designación de un único liquidador.

2. Ordenar la coordinación de audiencias.

3. Disponer el intercambio y revelación de información relacionada con uno o varios partícipes en el mismo grupo de empresas.

4. Ordenar la coordinación de las negociaciones para la celebración de un acuerdo de reorganización o de adjudicación según el caso.

5. Disponer el envío conjunto de las comunicaciones exigibles en los procesos de insolvencia.

6. Ordenar la coordinación para la presentación y verificación de los créditos.

7. Disponer la valoración conjunta de los activos.

8. Ordenar la venta de activos en bloque o por unidades de explotación económica.

9. Disponer la coordinación de una orden de consolidación cuando los procesos de insolvencia se han iniciado por diferentes jueces del concurso, evento en el cual estos podrán tomar las decisiones necesarias para la aplicación, modificación o terminación de la orden de consolidación.

(D. 1749/2011, art. 10)

ART. 2.2.2.14.1.10.—Alcance de la orden de coordinación. En cada caso el juez del concurso especificará el alcance de la coordinación procesal decretada y ordenará la inscripción de la orden de coordinación en el registro mercantil de la Cámara de Comercio del domicilio principal de cada uno de los deudores vinculados.

La orden de coordinación se podrá modificar o se podrá terminar por decisión del juez del concurso, siempre y cuando las medidas o decisiones adoptadas a raíz de dicha orden no se vean afectadas. La decisión del juez del concurso se deberá inscribir en el registro mercantil.

(D. 1749/2011, art. 11)

ART. 2.2.2.14.1.11.—Oportunidad de la orden de coordinación. La solicitud de coordinación se podrá presentar de manera concurrente con la solicitud conjunta o en una etapa posterior, si el juez del concurso lo considerare pertinente, teniendo en cuenta el estado de los procesos.

Si los procesos de insolvencia respecto de los cuales proceda una medida de coordinación se han iniciado por diferentes jueces del concurso, estos podrán tomar las decisiones necesarias para coordinar el examen de la solicitud y las medidas aplicables referidas a la orden de coordinación procesal, su modificación o terminación.

(D. 1749/2011, art. 12)

ART. 2.2.2.14.1.12.—Competencia en la Superintendencia de Sociedades. El conocimiento de todos los procesos de insolvencia de que trata este capítulo, en los que actúe como juez del concurso la Superintendencia de Sociedades, es competencia del superintendente de sociedades.

Si la orden de coordinación se expide después de iniciado el proceso de insolvencia y alguno de los partícipes del grupo de empresas fuere competencia de alguna intendencia regional de la Superintendencia de Sociedades, se aplicará la regla prevista en el artículo 2.2.2.9.3 del presente decreto.

(D. 1749/2011, art. 13)

SECCIÓN 2

Financiación

ART. 2.2.2.14.2.1.—Objeto de la financiación posterior a la apertura de un proceso de insolvencia. La financiación o la aportación de nuevos recursos otorgados con posterioridad a la apertura de un proceso de insolvencia, en el contexto de un grupo de empresas tendrá por objeto:

1. Facilitar la obtención de recursos por cualquiera o varios de los deudores vinculados, respecto de los que se haya abierto un proceso de insolvencia, con la finalidad de asegurar la supervivencia de las empresas, incrementar el valor de su patrimonio o el de la masa de la insolvencia.

2. Facilitar la aportación de recursos por otros partícipes solventes del grupo de empresas, así como por un partícipe del mismo grupo de empresas, que a su vez sea objeto de un proceso de insolvencia.

(D. 1749/2011, art. 14)

ART. 2.2.2.14.2.2.—Condiciones para la financiación. En la financiación, el juez del concurso deberá velar por la debida protección de los intereses de los otorgantes o destinatarios de los recursos aportados tras la apertura del proceso de insolvencia y de toda parte interesada cuyos derechos puedan verse afectados por esa aportación de recursos.

Adicionalmente, deberá procurarse una distribución equitativa entre todos los partícipes del grupo de empresas que se vean afectados, de los beneficios y perjuicios que puedan derivarse de la aportación de recursos con posterioridad a la apertura de un proceso de insolvencia.

Las controversias surgidas respecto de las condiciones para la financiación serán resueltas por el juez del concurso.

(D. 1749/2011, art. 15)

ART. 2.2.2.14.2.3.—Financiación otorgada por un partícipe del grupo de empresas que sea objeto de un proceso de insolvencia a otro partícipe del grupo de empresas que también esté en insolvencia. El integrante o partícipe del grupo de empresas que sea objeto de un proceso de insolvencia podrá por decisión del promotor o liquidador en cada caso y con autorización del juez del concurso:

1. Proporcionar financiación a otro partícipe del mismo grupo de empresas que también sea objeto de un proceso de insolvencia.

2. Otorgar una garantía sobre sus propios bienes en respaldo de un crédito obtenido por otro partícipe del grupo de empresas que sea también objeto de un proceso de insolvencia.

3. Ofrecer una garantía personal del reembolso de los recursos que se hayan aportado a otro partícipe del grupo de empresas.

(D. 1749/2011, art. 16)

ART. 2.2.2.14.2.4.—Autorización del juez del concurso. El juez del concurso autorizará desde el inicio del proceso de insolvencia el otorgamiento de financiación a otro partícipe del grupo de empresas, a través de cualquiera de las operaciones descritas en el artículo anterior, cuando verifique que el deudor en los términos del artículo 35 de la Ley 1429 de 2010, el promotor o el liquidador, según el caso, haya otorgado concepto previo favorable respecto del acuerdo de financiación y que los fondos estén destinados a asegurar la supervivencia de la empresa destinataria de los recursos o a mantener o incrementar el valor de su patrimonio o el de la masa de la insolvencia, y si una vez celebrado el acuerdo de financiación, este no haya sido objetado por acreedores que representen la mayoría para celebrar el acuerdo.

La financiación pactada en el acuerdo de reorganización procederá cuando cuente con el voto favorable de los acreedores, de conformidad con la mayoría especial consagrada en el artículo 32 de la Ley 1116 de 2006.

En el caso de que el acuerdo de financiación sea posterior a la celebración del acuerdo de reorganización, se deberá contar con la autorización previa del comité de vigilancia de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 78 de la Ley 1116 de 2006.

(D. 1749/2011, art. 17)

ART. 2.2.2.14.2.5.—Beneficios para el otorgante de la financiación. Al partícipe del grupo de empresas otorgante de esta financiación se le aplicarán los beneficios consagrados en el artículo 41 de la Ley 1116 de 2006 y no se considerará que los recursos entregados después de la admisión al trámite deban tratarse como legalmente postergados según lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 69 de la Ley 1116 de 2006.

Estas ventajas se perderán cuando la financiación se destine al pago de pasivo postergado o tengan una destinación diferente al cumplimiento de la finalidad establecida en el artículo anterior.

(D. 1749/2011, art. 18)

ART. 2.2.2.14.2.6.—Otorgamiento de garantías. El otorgamiento de una garantía podrá efectuarse sobre bienes no gravados del deudor vinculado, entre ellos los adquiridos con posterioridad al inicio del proceso. El otorgamiento de una garantía sobre bienes gravados del deudor vinculado requerirá el voto del beneficiario respectivo de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 43 de la Ley 1116 de 2006.

(D. 1749/2011, art. 19)

ART. 2.2.2.14.2.7.—Financiación obtenida por un partícipe del grupo de empresas que sea objeto de un proceso de insolvencia de otro partícipe del grupo de empresas que también esté en insolvencia. El partícipe de un grupo de empresas objeto de un proceso de insolvencia podrá obtener financiación de otro partícipe del Grupo de Empresas que sea también objeto de un proceso de insolvencia, con el cumplimiento de las siguientes condiciones, según el caso:

1. Cuando con la autorización previa del juez del concurso y antes de la celebración del acuerdo, el promotor o liquidador del destinatario de la financiación haya determinado que la misma es necesaria para asegurar la supervivencia de la empresa, incrementar o mantener el valor de su patrimonio o el de la masa de la insolvencia, o en el caso de la liquidación, para asegurar la conservación del activo o el mantenimiento de la unidad de explotación económica en marcha.

2. Cuando se encuentre pactada en el correspondiente acuerdo de reorganización y cuente con el voto favorable de los acreedores, de conformidad con la mayoría especial consagrada en el artículo 32 de la Ley 1116 de 2006.

(D. 1749/2011, art. 20)

SECCIÓN 3

Procesos accesorios

ART. 2.2.2.14.3.1.—Acciones revocatorias y de simulación. Para efectos de determinar la procedencia de la acción revocatoria concursal o la que pretenda declarar la simulación, el juez del concurso, adicionalmente a lo previsto en el artículo 74 de la Ley 1116 de 2006, respecto de los actos o negocios realizados por parte de un deudor vinculado o partícipe de un grupo de empresas tendrá en consideración:

1. La finalidad de ese acto o negocio.

2. Si el acto o negocio ha contribuido al rendimiento comercial y financiero del grupo de empresas en su conjunto.

3. Si gracias a la celebración de ese acto o negocio, los partícipes del grupo de empresas u otras personas allegadas obtuvieron alguna ventaja que normalmente no se otorgaría entre partes no relacionadas especialmente con el deudor.

4. Los actos o contratos celebrados o ejecutados entre los partícipes del grupo de empresas, las contraprestaciones recíprocas, incluyendo contratos de trabajo y conciliaciones laborales.

5. La forma en que se cumplieron las obligaciones.

6. Las fechas en las que se celebraron las operaciones.

7. La imposibilidad de identificación de quienes fueran los beneficiarios reales.

8. Las participaciones sociales en las compañías involucradas.

9. Los movimientos contables entre las empresas vinculadas.

10. Las fechas de constitución de las compañías que participaron en la negociación.

11. El valor de compra y el de venta de los bienes objeto de la negociación.

(D. 1749/2011, art. 21)

ART. 2.2.2.14.3.2.—Periodo de sospecha para los deudores vinculados. Para los efectos de la aplicación del artículo 74 de la Ley 1116 de 2006, el periodo de sospecha para todos los deudores vinculados se contará a partir del inicio del proceso de insolvencia del partícipe del grupo de empresas que haya iniciado primero su proceso de insolvencia o a partir de la fecha en la que se iniciaron todos los procedimientos en caso de haber operado una solicitud conjunta. La misma regla se aplicará en caso de ordenarse una consolidación, en la que la recuperación operará en provecho de la masa consolidada.

(D. 1749/2011, art. 22)

ART. 2.2.2.14.3.3.—Efectos de la solicitud conjunta derivada del control. Para la aplicación del artículo 61 de la Ley 1116 de 2006 y si hubiere procedido la solicitud conjunta en los términos establecidos en este capítulo, no se requerirá que la situación de control haya sido declarada o inscrita previamente en el registro mercantil.

(D. 1749/2011, art. 23)

ART. 2.2.2.14.3.4.—Responsabilidad civil de los socios en el contexto de un grupo de empresas. De conformidad con el artículo 82 de la Ley 1116 de 2006, se podrán tener en cuenta las siguientes conductas, entre otras, en el contexto de un grupo de empresas:

1. Uso indebido o abuso por un partícipe del grupo de empresas del control que ejerce sobre otro partícipe del grupo de empresas, en provecho de la empresa controladora del grupo de empresas.

2. Conducta fraudulenta del socio o accionista controlante de un partícipe del grupo de empresas que consista en desviar, en provecho propio, partidas del activo de dicha empresa del grupo de empresas, aumentar su pasivo, o en administrarla con intención de defraudar a sus acreedores.

3. Explotación a un partícipe del grupo de empresas como fiduciario, agente o socio de la sociedad matriz o controladora del grupo de empresas.

4. Gestión de los negocios del grupo de empresas en su conjunto o de otro partícipe del grupo de empresas en particular, de manera que pueda implicar beneficio de ciertas categorías de acreedores.

5. Confusión de sus activos sociales o creación de una estructura social del grupo de empresas ficticia creando sociedades para eludir obligaciones legales o contractuales.

6. Descapitalización de la empresa de tal forma que no disponga del capital de trabajo requerido para la marcha de sus negocios, desde el momento de su constitución o a través del agotamiento de su capital por reembolsos indebidos a los accionistas o reparto anticipado de utilidades.

7. Manejos contables artificiosos o sin razonabilidad sobre valorizaciones, intangibles o diferidos.

8. Indebida variación de las condiciones de capitalización o capitalizaciones en especie.

9. Compensaciones, castigos de cartera, actos a título gratuito, capitalización de pasivos entre partícipes del grupo de empresas, transferencia de activos, pagos preferenciales, actos de competencia desleal así determinados por la autoridad competente, cesiones de créditos entre vinculados a favor de terceros, compra de créditos, manejo de precios, contratos excesivamente onerosos o actos de disposición entre los vinculados que no tengan justificación económica o jurídica.

10. Ocurrencia de algún evento o conducta de los previstos en el artículo 83 de la Ley 1116 de 2006.

(D. 1749/2011, art. 24)

SECCIÓN 4

Consolidación

ART. 2.2.2.14.4.1.—Consolidación patrimonial. Los procesos de insolvencia de los partícipes de un grupo de empresas deberán respetar la identidad jurídica propia de cada partícipe, salvo en el caso de una liquidación judicial en donde en relación con los deudores vinculados, el juez del concurso en ejercicio de la facultad atribuida por el artículo 5º numeral 11 de la Ley 1116 de 2006 y para el logro de la finalidad del proceso, ordene una consolidación patrimonial, siempre y cuando el solicitante acredite al menos una de las siguientes situaciones:

1. Que el activo y el pasivo del grupo de empresas en liquidación judicial están de tal forma entremezclados que no podría deslindarse la titularidad de los bienes y de las obligaciones sin incurrir en un gasto o en una demora injustificados.

2. Que el insolvente partícipe del grupo de empresas practicó alguna actividad fraudulenta o ejecutó algún negocio sin legitimidad patrimonial alguna, que impidan el objeto del proceso y que la consolidación patrimonial sea esencial para enderezar dichas actividades o negocios. Para efectos de la aplicación de este numeral, las actividades fraudulentas o los actos o negocios sin legitimidad comercial alguna son los descritos en los numerales 1º, 7º, 8º, o 9º del artículo 83 de la Ley 1116 de 2006, en el contexto de un grupo de empresas, o las conductas descritas en los numerales 1º a 9º señaladas en el artículo anterior.

Podrá solicitar al juez del concurso la consolidación patrimonial, cualquier partícipe del grupo de empresas interesado, el liquidador de alguna de ellas o un acreedor.

La solicitud o declaratoria de oficio podrá presentarse desde la apertura de los procesos de liquidación o en un momento posterior, siempre que sea posible preservar todos los derechos adquiridos frente a la masa patrimonial consolidada. Para este efecto, si la solicitud de consolidación es presentada por un acreedor, el juez del concurso solicitará al liquidador o liquidadores de las empresas objeto de la solicitud que determinen la pertinencia de la orden de consolidación.

(D. 1749/2011, art. 25)

ART. 2.2.2.14.4.2.—Efectos de la orden de consolidación patrimonial. La orden de consolidación patrimonial tendrá los siguientes efectos:

1. El activo y el pasivo de los partícipes del grupo de empresas objeto de la consolidación sean tratados como formando parte de una única masa de la insolvencia.

2. Se entiendan extinguidos los créditos y las deudas entre los partícipes del grupo de empresas que sean objeto de la orden de consolidación.

3. Los créditos contra los partícipes del grupo de empresas afectadas por dicha orden se tratarán como créditos contra una única masa patrimonial, y

4. La designación por parte del juez del concurso de un único liquidador de la masa consolidada.

(D. 1749/2011, art. 26)

ART. 2.2.2.14.4.3.—Efectos frente a la prelación y privilegios. La prelación y los privilegios de los acreedores de un grupo de empresas respecto del cual proceda una orden de consolidación, se mantendrán en idéntica forma a como se reconocerían respecto de cada partícipe del grupo de empresas antes de emitirse la orden de consolidación, salvo que se trate de deudas con trabajadores o pensionados en donde su preferencia se extenderá al activo de todas las empresas que son objeto de la consolidación o salvo que la deuda garantizada sea puramente interna entre partícipes del grupo de empresas y haya quedado cancelada por efecto de la consolidación.

Todos los acreedores de cualquiera de los partícipes del grupo de empresas objeto de una orden de consolidación patrimonial tendrán derecho a asistir a las audiencias que se celebren después de decretada la consolidación.

(D. 1749/2011, art. 27)

ART. 2.2.2.14.4.4.—Modificación de la orden de consolidación patrimonial. La orden de consolidación patrimonial podrá ser modificada, siempre y cuando no se afecten los actos o decisiones adoptados como consecuencia de esa orden.

Igualmente, procederá la modificación de la orden de consolidación patrimonial o de revocación de la misma, cuando en una intervención o liquidación judicial como medida de intervención, se hubieren devuelto la totalidad de las reclamaciones aceptadas.

(D. 1749/2011, art. 28)

ART. 2.2.2.14.4.5.—Inscripción de la orden de consolidación patrimonial. Decretada la orden de consolidación patrimonial, el juez del concurso ordenará su inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio del domicilio principal de los deudores vinculados objeto de la orden de consolidación, así como toda modificación o revocación de la misma. La notificación de la orden, su modificación o revocación procederá en cada uno de los procesos de liquidación judicial que se surtan contra los deudores vinculados.

(D. 1749/2011, art. 29)

ART. 2.2.2.14.4.6.—Tratamiento de pasivos de los vinculados. Las obligaciones entre deudores vinculados se pagarán una vez satisfecho el pasivo calificado y graduado para cada uno de los partícipes del grupo de empresas en cada uno de los procesos de insolvencia, salvo aquellas provenientes de recursos entregados después de la admisión al trámite de insolvencia.

(D. 1749/2011, art. 30)

SECCIÓN 5

Promotores y liquidadores

ART. 2.2.2.14.5.1.—Nombramiento del promotor o liquidador en un grupo de empresas. Frente a una solicitud conjunta, el juez del concurso determinará si procede nombrar un único o el mismo promotor o liquidador. De no hacerlo, los promotores o liquidadores designados deberán cooperar entre sí. La cooperación podrá consistir en alguna de las siguientes medidas:

1. Facilitar e intercambiar información acerca de los partícipes del grupo de empresas que sean objeto del proceso de la insolvencia, tomando las medidas necesarias para amparar toda información que sea confidencial.

2. Celebrar acuerdos para la distribución de funciones entre los promotores o liquidadores o, cuando sea procedente, asignar por parte del juez del concurso una función coordinadora a uno solo.

3. Coordinar la financiación tras la apertura de un proceso de insolvencia, la preservación de los bienes, el uso y la enajenación de dichos bienes, el ejercicio de las acciones revocatorias, la presentación y admisión de los créditos, la satisfacción de las acreencias y la celebración de audiencias.

4. Coordinar la propuesta y negociación de los acuerdos de reorganización o de adjudicación.

En la misma forma deberán actuar los promotores y liquidadores en caso de que el juez del concurso ordene una coordinación de los procesos de insolvencia. Los conflictos que surjan entre ellos serán resueltos por el juez del concurso.

(D. 1749/2011, art. 31)

ART. 2.2.2.14.5.2.—Conflictos de interés entre promotores o liquidadores. El juez del concurso dirimirá todo conflicto de intereses que pudiere surgir en el supuesto de que se nombre a un único o al mismo promotor o liquidador en el marco de procesos de insolvencia abiertos respecto de dos o más partícipes de un grupo de empresas, caso en el cual podrá designar a un promotor o liquidador adicional, entre otras medidas.

Los deudores, en el caso previsto en el artículo 35 de la Ley 1429 de 2010, los promotores y liquidadores deberán revelar al juez del concurso cualquier conducta que implique conflicto de intereses o competencia con el deudor en proceso de insolvencia.

(D. 1749/2011, art. 32)

SECCIÓN 6

Atribuciones del juez

ART. 2.2.2.14.6.1.—Facultad de dirección del proceso de insolvencia. En ejercicio de las atribuciones para dirigir el proceso y para lograr la finalidad de los procesos de insolvencia, el juez del concurso, para efectos de la validación de acuerdos extrajudiciales de reorganización que se celebren en el contexto de un grupo de empresas, tomará en cuenta las disposiciones establecidas en este capítulo y podrá, con base en el análisis del acuerdo extrajudicial de reorganización, abstenerse de autorizarlo y decretar el inicio de un proceso de reorganización del deudor o deudores correspondientes.

(D. 1749/2011, art. 33)

SECCIÓN 7

Ámbito internacional - cooperación transfronteriza en los casos de insolvencia de grupos de empresas

ART. 2.2.2.14.7.1.—Aplicación del régimen de insolvencia transfronteriza. Las disposiciones contenidas en el título III de la Ley 1116 de 2006, se aplicarán también en el contexto de un grupo de empresas.

(D. 1749/2011, art. 34)

ART. 2.2.2.14.7.2.—Objeto de la cooperación entre tribunales en el contexto de Grupos de Empresas multinacionales. La cooperación entre las autoridades colombianas competentes y los tribunales extranjeros tendrán por objeto:

1. Autorizar la cooperación entre los tribunales que se ocupen de los procesos de insolvencia relativos a partícipes de un grupo de empresas en diferentes Estados.

2. Autorizar la cooperación entre los tribunales, los representantes extranjeros y el promotor o liquidador, nombrados para administrar y facilitar los procesos de insolvencia, y

3. Facilitar y promover la utilización de diversas formas de cooperación para coordinar los procesos de insolvencia, relativos a diferentes partícipes de un grupo de empresas domiciliadas en diferentes Estados y determinar las condiciones y salvaguardias que deberán aplicarse en esas formas de cooperación, para proteger los derechos de las partes y la autoridad e independencia de los tribunales.

(D. 1749/2011, art. 35)

ART. 2.2.2.14.7.3.—Cooperación entre las autoridades colombianas competentes y los tribunales o representantes extranjeros. La autoridad colombiana competente en un caso de insolvencia transfronteriza que afecte a un partícipe de un grupo de empresas, deberá cooperar en el mayor grado posible con los tribunales extranjeros o los representantes extranjeros en aplicación de la facultad contenida en el artículo 110 de la Ley 1116 de 2006, ya sea directamente o por conducto del promotor o liquidador, según el caso, a fin de facilitar la coordinación de esos procesos de insolvencia iniciados en otros Estados respecto de una empresa perteneciente al mismo grupo de empresas.

Las formas de cooperación descritas en el artículo 112 de la Ley 1116 de 2006, serán aplicables en el trámite de una insolvencia transfronteriza de un grupo de empresas.

(D. 1749/2011, art. 36)

ART. 2.2.2.14.7.4.—Comunicación directa entre la autoridad colombiana competente y el tribunal o representante extranjero. En un proceso de insolvencia contra un partícipe de un grupo de empresas, la autoridad colombiana competente, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 110 de la Ley 1116 de 2006, podrá comunicarse directamente con los tribunales o representantes extranjeros para recabar información o solicitar asistencia directa de los mismos en lo que respecta a ese proceso y a los procesos que cursaren en otros Estados respecto de empresas pertenecientes a ese mismo grupo de empresas.

(D. 1749/2011, art. 37)

ART. 2.2.2.14.7.5.—Condiciones de las comunicaciones. Las comunicaciones de que trata este artículo estarán sujetas a las siguientes condiciones:

1. La fecha, el lugar y la forma de comunicación deberán ser determinados entre la autoridad colombiana competente y los tribunales extranjeros o entre la autoridad colombiana competente y los representantes extranjeros.

2. Toda propuesta de comunicación se deberá notificar a las partes interesadas en el proceso de insolvencia correspondiente.

3. La autoridad colombiana competente cuando lo estime apropiado podrá autorizar la participación personal en la comunicación del promotor o liquidador del proceso de insolvencia según corresponda, así como de alguna parte interesada en la misma.

4. La autoridad colombiana competente determinará si la comunicación puede ser objeto de grabación, en cuyo caso y de conformidad con la ley aplicable, hará parte del expediente, y

5. En toda comunicación se deberán respetar las normas de carácter imperativo de los países entre los que se realice la comunicación, así como los derechos de las partes interesadas, en particular la confidencialidad de la información.

(D. 1749/2011, art. 38)

ART. 2.2.2.14.7.6.—Comunicaciones. Las comunicaciones en que intervengan la autoridad colombiana competente y los tribunales no darán lugar a:

1. Transacción o renuncia alguna por parte de la autoridad colombiana competente de alguna facultad o responsabilidad suya ni de su autoridad.

2. Una decisión de fondo de alguna cuestión de la que conozca la autoridad colombiana competente.

3. Renuncia por alguna de las partes a alguno de sus derechos sustantivos o créditos.

4. Modificación o invalidez de una orden dictada por la autoridad colombiana competente.

(D. 1749/2011, art. 39)

ART. 2.2.2.14.7.7.—Coordinación de audiencias. La autoridad colombiana competente podrá realizar audiencias en coordinación con un tribunal extranjero siempre y cuando se salvaguarden los derechos sustantivos y procesales de las partes interesadas del proceso de insolvencia y la jurisdicción de la autoridad colombiana competente.

Para la celebración de estas audiencias se deberán acordar previamente las reglas para el desarrollo de la audiencia, los requisitos para la notificación, el método de comunicación, las condiciones que deberán regir el derecho de comparecer y de ser oído, la forma de presentación de los documentos y la limitación de la jurisdicción de cada tribunal a las partes que comparezcan ante él. Las anteriores reglas, requisitos y condiciones tendrán el alcance definido en el artículo 95 de la Ley 1116 de 2006.

(D. 1749/2011, art. 40)

ART. 2.2.2.14.7.8.—Cooperación y comunicación por parte del promotor o liquidador con representantes extranjeros o tribunales extranjeros. La cooperación y comunicación entre el promotor o liquidador y un representante extranjero o entre estos y tribunales extranjeros en el contexto de grupos de empresas multinacionales, se hará en ejercicio de la facultad otorgada por el artículo 111 de la Ley 1116 de 2006 y podrá consistir en:

1. Intercambiar o revelar información sobre los partícipes de un grupo de empresas sujetas a un proceso de insolvencia, con la condición de que se adopten las medidas oportunas para proteger la información de carácter confidencial.

2. Celebrar acuerdos de insolvencia transfronteriza, en que intervengan dos o más partícipes de un mismo grupo de empresas en Estados diferentes, a fin de facilitar la coordinación de los procedimientos de insolvencia de los partícipes de ese grupo de empresas de que trata el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 1116 de 2006.

3. Coordinar la administración y supervisión de los bienes y negocios de todo partícipe del grupo de empresas que sea objeto de un proceso de insolvencia, y

4. Las previstas en los numerales 3º y 4º del artículo 2.2.2.14.5.1 de este decreto.

(D. 1749/2011, art. 41)

CAPÍTULO 15

Intervención en captación de dineros del público - toma de posesión para intervenir las personas que captan ilegalmente dinero del público y desmonte voluntario de captación indebida

SECCIÓN 1

Toma de posesión para devolver y liquidación judicial

ART. 2.2.2.15.1.1.—Sujetos de intervención. La Superintendencia de Sociedades, ordenará la toma de posesión para devolver o la liquidación judicial, a los sujetos descritos en el artículo 5º del Decreto 4334 de 2008, medidas que, en relación con los sujetos vinculados, operarán también respecto de la totalidad de sus bienes, los que quedarán afectos a la devolución del total de las reclamaciones aceptadas en el proceso o procesos. Los agentes interventores procurarán colaborar y coordinar sus actuaciones y los conflictos que surjan entre ellos serán resueltos por la Superintendencia de Sociedades.

(D. 1910/2009, art. 1º)

ART. 2.2.2.15.1.2.—Medidas precautelativas. Para la ejecución de las medidas de intervención de que trata el Decreto 4334 de 2008, las Superintendencias de Sociedades y Financiera de Colombia, comunicarán a los comandantes de policía las órdenes Impartidas en los términos del parágrafo 3º del artículo 7º y numeral 4º del artículo 9º del Decreto 4334 de 2008, por conducto del alcalde municipal o distrital de que se trate y en concordancia con las funciones atribuidas a dichos funcionarios mediante el Decreto 4335 de 2008.

PAR.—Si en ejecución de las medidas de que trata este artículo se aprehendiera, recuperara o incautara dinero en efectivo, en la misma providencia se ordenará consignarlo en la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario a órdenes de la Superintendencia de Sociedades y a nombre del sujeto de la medida precautelativa. Una vez ordenada la medida de intervención, se pondrá a disposición si es del caso, del agente Interventor.

(D. 1910/2009, art. 2º)

ART. 2.2.2.15.1.3.—Remisión de reclamaciones y de bienes. Cualquier autoridad que reciba o haya recibido solicitud de reclamación, indemnización, pago o equivalente, relacionada con los dineros entregados a los sujetos intervenidos, o que en virtud de actuaciones administrativas o judiciales, tenga a cualquier título bienes de propiedad o aprehendidos a los sujetos intervenidos, deberán remitirlos al agente interventor, o al liquidador según corresponda, quien en aplicación del procedimiento dispuesto en el artículo 10 del Decreto 4334 de 2008, será el único competente para resolver acerca de las reclamaciones y de efectuar el inventario, en desarrollo del principio de universalidad del proceso de toma de posesión para devolver o del de liquidación judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9º del Decreto 4334 de 2008 y en el artículo 50 de la Ley 1116 de 2006.

PAR. 1º—De acuerdo con la ley, los recursos de los sujetos en proceso de toma de posesión para devolver o en proceso de liquidación, serán inembargables y no estarán sometidos a medidas diferentes a las adoptadas por la Superintendencia de Sociedades en ejercicio de las facultades jurisdiccionales, sin perjuicio de las medidas ordenadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

PAR. 2º—Cuando los bienes que se entreguen se encuentren a nombre de personas diferentes a los sujetos a los que se refiere el artículo 5º del Decreto 4334 de 2008, el tercero titular del bien que realice la entrega otorgará un poder, mediante documento privado reconocido ante notario o ante una autoridad jurisdiccional, a favor del agente interventor, que lo faculte para realizar los actos de disposición frente al bien objeto de la entrega. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de la Superintendencia de Sociedades para adoptar las medidas de que trata el numeral 3º del artículo 9º del Decreto 4334 de 2008.

(D. 1910/2009, art. 3º)

ART. 2.2.2.15.1.4.—Bienes distintos a sumas de dinero de los intervenidos. El agente interventor elaborará un inventario valorado de los bienes distintos a sumas de dinero, afectos a las devoluciones, el cual será aprobado por la Superintendencia de Sociedades.

Para la presentación y aprobación del inventario valorado de los bienes distintos a sumas de dinero, en los procesos de toma de posesión para devolver, se aplicará en lo pertinente, lo dispuesto para el proceso de liquidación judicial de la Ley 1116 de 2006 y sus disposiciones reglamentarias, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 15º del Decreto 4334 de 2008.

PAR. 1º. El término para la presentación del inventario valorado de que trata este artículo, será hasta de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que quede en firme la providencia que contiene las solicitudes de devolución aceptadas a que se refiere el literal d) del artículo 10º del Decreto 4334 de 2008.

(D. 1910/2009, art. 4º)

ART. 2.2.2.15.1.5.—Actos de conservación de los bienes. El agente interventor, en ejercicio de las facultades otorgadas por el numeral 1º del artículo 9º del Decreto 4334 de 2008, deberá efectuar todos los actos de conservación de los bienes del intervenido.

Cuando sea necesaria la prestación de un servicio público para la conservación de los activos, la Superintendencia de Sociedades podrá ordenar su prestación inmediata por tiempo definido, en los términos establecidos en el artículo 73 de la Ley 1116 de 2006, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15º del Decreto 4334 de 2008.

PAR.—En desarrollo de las facultades de representación legal o de administración de que trata el numeral 1º del artículo 9º del Decreto 4334 de 2008, el agente interventor podrá, una vez aprehendidos, enajenar los bienes perecederos o aquellos que se estén deteriorando o amenacen deteriorarse la enajenación se efectuará sin necesidad de avalúo, en las mejores condiciones de mercado y por el medio que considere más expedito. Una vez realizados los bienes, el agente interventor deberá informar de ello a la Superintendencia de Sociedades.

(D. 1910/2009, art. 5º)

ART. 2.2.2.15.1.6.—Terminación de contratos. En ejercicio de las facultades otorgadas al agente interventor, en especial la establecida en el numeral 12 del artículo 9º del Decreto 4334 de 2008, este podrá terminar, entre otros, los contratos de trabajo, sin desmedro del derecho a las indemnizaciones a favor de los trabajadores, de conformidad con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, para lo cual, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 50 de la Ley 1116 de 2006, no se requerirá autorización administrativa o judicial alguna, quedando dichos derechos como acreencias sujetas a las reglas del concurso liquidatorio.

(D. 1910/2009, art. 6º)

ART. 2.2.2.15.1.7.—Providencia que ordena la ejecución. Una vez resueltos los recursos de que trata el literal F del artículo 10 del Decreto 4334 de 2008, el agente interventor mediante providencia judicial apruebe y autorice la ejecución de los pagos de las devoluciones aceptadas por el agente interventor.

(D. 1910/2009, art. 7º)

ART. 2.2.2.15.1.8.—Rendición de cuentas del agente interventor. Efectuadas las devoluciones, hasta concurrencia de las sumas de dinero que hacen parte del activo de los intervenidos en los procesos de toma de posesión para devolver de que trata el artículo 10º del Decreto 4334 de 2008, el agente interventor, en cumplimiento de los criterios dispuestos en el parágrafo 1º del artículo 10 del Decreto 4334 de 2008, procederá a relacionar, en la rendición de cuentas, los pagos ejecutados, las devoluciones aceptadas insolutas y los bienes debidamente valorados que hacen parte del inventario y que quedan afectos a dichas devoluciones.

La rendición de cuentas, debidamente soportada, será presentada a la Superintendencia de Sociedades dentro de los quince (15) días siguientes a aquel en que se efectúen los pagos de las devoluciones aceptadas, la cual, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 12º del Decreto 4334 de 2008, declarará la terminación del proceso de toma de posesión para devolver y, de considerarlo necesario, decretará la apertura del proceso de liquidación judicial como medida de intervención.

Del proceso de liquidación judicial conocerá la Superintendencia de Sociedades, la cual adelantará la actuación en el mismo expediente del proceso de toma de posesión para devolver, bajo el procedimiento establecido en la Ley 1116 de 2006.

(D. 1910/2009, art. 8º)

ART. 2.2.2.15.1.9.—Finalidad de la liquidación judicial como medida de intervención. El proceso de liquidación judicial, como medida de intervención, persigue la liquidación pronta y ordenada del patrimonio del intervenido, mediante la enajenación o adjudicación de los bienes y su aplicación, en primera medida, a las devoluciones aceptadas insolutas, hasta concurrencia del valor de las mismas.

Para los procesos de toma de posesión para devolver, liquidación judicial como medida de intervención, reorganización y liquidación judicial, la solicitud de inicio del proceso o la intervención de las personas objeto de recaudo no autorizado y los acreedores en los mismos, podrá hacerse directamente o a través de abogado, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 11 de la Ley 1116 de 2006.

PAR.—Podrá ser designado por el Superintendente de Sociedades, como liquidador, el agente interventor que hubiera adelantado el proceso de toma de posesión para devolver.

(D. 1910/2009, art. 9º)

SECCIÓN 2

Publicidad adicional para garantizar mayor número de reclamaciones

ART. 2.2.2.15.2.1.—Garantía para recibir mayor número de reclamaciones. Para garantizar la recepción del mayor número de reclamaciones y previa solicitud el agente interventor, la Superintendencia de Sociedades podrá autorizar, en cada caso, la publicación de un aviso adicional.

En virtud de lo anterior, el término a que se refiere el literal b) del artículo 10 del Decreto 4334 de 2008, se contará a partir de la publicación del aviso adicional.

(D. 4536/2008, art. 1º)

SECCIÓN 3

Planes de desmonte voluntarios

ART. 2.2.2.15.3.1.—Planes de desmonte voluntarios. Corresponde a las Superintendencias de Sociedades y Financiera de Colombia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 4334 de 2008, según el caso y a prevención, aprobar los planes de desmonte de que trata el literal d) del artículo 7º del Decreto 4334 de 2008.

El plan que presente el captador o recaudador no autorizado de recursos del público deberá incluir, entre otros, la relación de las personas beneficiarias de las devoluciones y la determinación de los bienes afectos al plan.

La información suministrada por el captador deberá estar soportada en su contabilidad, llevada de acuerdo con los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Para los casos en que no exista contabilidad o en los que la misma no se ajuste a los principios o normas citados, el captador deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que la información reportada para efectos del plan de desmonte se ajusta a la realidad económica de las operaciones realizadas.

El plan debe cubrir la totalidad de las personas relacionadas con las operaciones de captación o recaudo sin la debida autorización estatal. Previa a su autorización, las superintendencias deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la publicidad de la propuesta, así como la efectividad de la misma.

Para otorgar la autorización las superintendencias deberán verificar que el plan cumple con:

1. Un porcentaje de aprobación equivalente al 75% de las personas afectadas por la captación o recaudo no autorizado por la ley.

2. Evidencia de que la negociación ha tenido suficiente publicidad.

3. Otorga los mismos derechos a todos los afectados.

4. No incluye cláusulas ilegales o abusivas.

5. Cumple con los preceptos legales.

Una vez autorizado el plan, será de obligatorio cumplimiento para la totalidad de personas afectadas por la captación o recaudo no autorizado por la ley.

Las Superintendencias de Sociedades y Financiera de Colombia, informarán a la Fiscalía General de la Nación de la autorización y el resultado de la ejecución de los planes de desmonte, para lo de su competencia.

PAR.—Ante la inobservancia del plan de desmonte aprobado en los términos de este artículo, se informará de ello a la superintendencia que hubiere aprobado el plan, para que declare el incumplimiento. En este evento, corresponde a la Superintendencia de Sociedades decretar la apertura de la liquidación judicial, sin perjuicio de las actuaciones administrativas y penales a que hubiere lugar.

La Superintendencia de Sociedades, en el marco del proceso de toma de posesión para devolver, podrá aprobar el plan de desmonte de que trata este artículo.

(D. 1910/2009, art. 13)

SECCIÓN 4

Revocatoria y reconocimiento de ineficacia

ART. 2.2.2.15.4.1.—Acción revocatoria y reconocimiento de los presupuestos de ineficacia. Las acciones revocatorias y de reconocimiento de los presupuestos de ineficacia, se tramitarán de conformidad con lo establecido en los artículos 74, 75 y 76 de la Ley 1116 de 2006 y procederán durante el trámite del proceso de toma de posesión para devolver o de liquidación judicial. La acción revocatoria como medida de intervención, podrá también interponerse por el agente interventor o por cualquier reclamante del proceso de toma de posesión para devolver.

PAR. 1º—Las acciones referentes a daciones en pago y a los actos de disposición a título gratuito, podrán ser iniciadas por la Superintendencia de Sociedades en los procesos de toma de posesión para devolver y se tramitarán como incidente de conformidad con el artículo 8º de la Ley1116 de 2006.

PAR. 2º—En los casos en que las acciones revocatorias sean interpuestas por los reclamantes del proceso de toma de posesión para devolver, estos tendrán derecho a la recompensa de que trata el parágrafo del artículo 74 de la Ley 1116 de 2006.

PAR. 3º—Para los efectos de este capítulo, quien interponga la acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1116 de 2006, deberá allegar prueba siquiera sumaria del acto o negocio realizado por el intervenido, so pena de rechazo.

(D. 1910/2009, art. 14)

SECCIÓN 5

Otras disposiciones

ART. 2.2.2.15.5.1.—Normas de aplicación en el tiempo de las reglas de procedimiento. Lo dispuesto en el presente capítulo se aplicará a los procesos en curso, sin perjuicio de que los recursos interpuestos y los términos que hubiesen comenzado a correr, se rijan por la ley vigente cuando se interpuso el recurso, o empezó a correr el término.

(D. 1910/2009, art. 17)

ART. 2.2.2.15.5.2.—Mecanismos de cooperación y coordinación judicial. La Superintendencia de Sociedades podrá hacer uso de los mecanismos de cooperación y coordinación judicial establecidos en el régimen de insolvencia transfronteriza establecido en la Ley 1116 de 2006 y en los tratados internacionales vigentes para Colombia.

(D. 1910/2009, art. 18)

CAPÍTULO 16

Designación de agente líder de interventores para los casos que el superintendente de sociedades lo considere necesario

ART. 2.2.2.16.1.—Designación de agente líder. La Superintendencia de Sociedades podrá designar un agente líder entre los agentes interventores, quien ejercerá las siguientes actividades, bajo las directrices del superintendente de sociedades:

1. Hacer seguimiento a las funciones de intervención, señalando las metas que deben cumplir los interventores; para tal efecto, solicitar la información que se requiera de ellos y consolidar los informes de gestión que deban presentarse ante el Superintendente de Sociedades y demás autoridades que lo requieran.

2. Proponer los parámetros generales para la ejecución de los recursos asignados a las intervenciones y adelantar las gestiones que sean necesarias para definir, de manera conjunta con la Superintendencia de Sociedades, los mecanismos necesarios para su rápida y eficaz ejecución.

3. Recibir y rendir concepto sobre los presupuestos de gastos de los demás interventores.

En cumplimiento del propósito descrito, la Superintendencia de Sociedades dará anticipos a los agentes interventores, requiriéndose para ello solamente la presentación del presupuesto de gastos y el concepto del agente líder. Dentro de los diez (10) días siguientes a cada mes calendario, cada agente interventor hará entrega de la dicha entidad la relación de gastos de ese periodo debidamente soportados.

4. Ser el vocero, cuando así lo solicite el Superintendente de Sociedades, de las actividades adelantadas por los agentes interventores y de los asuntos de que trata el presente artículo.

En desarrollo de las anteriores funciones el agente líder podrá coordinar la celebración de toda clase de contratos o convenios que deban suscribir los agentes interventores con personas naturales o jurídicas públicas o privadas.

5. Coordinar con las entidades correspondientes del nivel Nacional y con los representantes de las comunidades y regiones afectadas, la identificación de las necesidades derivadas de la crisis por la captación no autorizada, con el fin de determinar las soluciones a aplicar.

6. Las demás funciones que le sean asignadas por parte del superintendente de sociedades.

(D. 837/2009, art. 1º)

CAPÍTULO 17

De la actividad del avaluador

SECCIÓN 1

Normas generales

ART. 2.2.2.17.1.1.—Objeto. El presente capítulo tiene por objeto reglamentar la Ley 1673 de 2013.

(D. 556/2014, art. 1º)

ART. 2.2.2.17.1.2.—Ámbito de aplicación. El presente capítulo se aplicará a quienes actúen como avaluadores, valuadores, tasadores y demás términos que se asimilen a estos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1673 de 2013.

Además, aplica a las entidades de autorregulación de la actividad de valuación que soliciten y obtengan su reconocimiento y autorización de operación para los efectos de la citada ley.

PAR.—No están comprendidas dentro del ámbito de aplicación del presente capítulo las actividades que realizan los proveedores de precios para valoración en los términos establecidos en el libro 16 de la parte 2 del Decreto 2555 de 2010 y demás normas que lo reglamenten, modifiquen o sustituyan. Tampoco lo están las “firmas especializadas”.

(D. 556/2014, art. 2º)

ART. 2.2.2.17.1.3.—Definiciones. Para los efectos de este capítulo, se establecen las siguientes definiciones:

Afiliados o miembros: Son aquellas personas que en el ejercicio del derecho de asociación, son aceptados para que concurran y, de estar habilitados para ello, deliberen y voten en las decisiones del máximo órgano de dirección de una entidad reconocida de autorregulación, de conformidad con los estatutos de la respectiva entidad. Además tendrán los derechos y obligaciones que determinen las normas internas de la entidad. Los avaluadores afiliados o miembros de una entidad reconocida de autorregulación deberán estar inscritos en el registro abierto de avaluadores, a más tardar al finalizar el plazo establecido en los artículos 6º y 23 de la Ley 1673 de 2013.

Entidad gremial: Corresponde a la entidad creada por avaluadores personas naturales para el desarrollo de sus intereses comunes, por gremios de avaluadores o por asociaciones de gremios de avaluadores. Una entidad gremial de las señaladas anteriormente, podrá contar con gremios de usuarios y asociaciones de gremios de usuarios de los servicios de valuación o con personas, gremios o asociaciones de gremios que pertenezcan al sector inmobiliario.

Inscritos: Son las personas naturales que realizan las actividades de valuación y que previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley 1673 de 2013, han sido inscritos por la entidad reconocida de autorregulación en el registro abierto de avaluadores. La inscripción conlleva la obligación de autorregulación por parte de la entidad reconocida de autorregulación ante la cual el avaluador se ha inscrito.

Registro abierto de avaluadores, RAA: Es el protocolo único, de acceso abierto a cualquier interesado, a cargo de las entidades reconocidas de autorregulación de avaluadores, en donde se registra, conserva y actualiza la información relativa a la inscripción de avaluadores, a las sanciones disciplinarias a las que haya lugar en desarrollo de la actividad de autorregulación y demás información que de acuerdo con las regulaciones deba o pueda ser registrada en él.

Certificados de aptitud profesional: Los certificados de aptitud profesional de que trata el parágrafo 2º del artículo 6º de la Ley 1673 de 2013 para referirse a las certificaciones que expiden los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano al momento de su culminación, corresponden a los certificados de aptitud ocupacional que expiden las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, legalmente reconocidas por autoridad competente, de conformidad con lo ordenado por el numeral 3.3 del Decreto 4904 de 2009, o la norma que lo modifique o sustituya.

(D. 556/2014, art. 3º)

SECCIÓN 2

De la actividad de valuación

ART. 2.2.2.17.2.1.—Actividades del avaluador contempladas en el literal i) del artículo 4º de la Ley 1673 de 2013. De conformidad con lo señalado en el literal i) del artículo 4 de la Ley 1673 de 2013, a partir del 1 de febrero del año 2016, se considerarán actividades propias del avaluador la rendición de avalúos respecto de:

1. Activos operacionales y establecimientos de comercio.

2. Intangibles.

3. Intangibles especiales.

(D. 556/2014, art. 4º)

ART. 2.2.2.17.2.2.—Categorías en las que los avaluadores pueden inscribirse en el registro abierto de avaluadores. Para efectos de la inscripción en el RAA, los avaluadores podrán inscribirse en una o más categorías o especialidades señaladas en la siguiente tabla, de acuerdo con los conocimientos específicos requeridos por la Ley, aplicados a los alcances establecidos para cada categoría de bienes a avaluar, debidamente acreditados, de conformidad con lo previsto en el artículo 6º de la Ley 1673 de 2013 y en el presente capítulo:

categoríaAlcances
1 Inmuebles urbanos Casas, apartamentos, edificios, oficinas, locales comerciales, terrenos y bodegas situados total o parcialmente en áreas urbanas, lotes no clasificados en la estructura ecológica principal, lotes en suelo de expansión con plan parcial adoptado.
2 Inmuebles rurales Terrenos rurales con o sin construcciones, como viviendas, edificios, establos, galpones, cercas, sistemas de riego, drenaje, vías, adecuación de suelos, pozos, cultivos, plantaciones, lotes en suelo de expansión sin plan parcial adoptado, lotes para el aprovechamiento agropecuario y demás infraestructura de explotación situados totalmente en áreas rurales.
3 Recursos naturales y suelos de protección Bienes ambientales, minas, yacimientos y explotaciones minerales. Lotes incluidos en la estructura ecológica principal, lotes definidos o contemplados en el Código de Recursos Naturales Renovables y daños ambientales.
4 Obras de infraestructura Estructuras especiales para proceso, puentes, túneles, acueductos y conducciones, presas, aeropuertos, muelles y demás construcciones civiles de infraestructura similar.
5 Edificaciones de conservación arqueológica y monumentos históricos Edificaciones de conservación arquitectónica y monumentos históricos.
6 Inmuebles especiales Incluye centros comerciales, hoteles, colegios, hospitales, clínicas y avance de obras. Incluye todos los inmuebles que no se clasifiquen dentro de los numerales anteriores.
7Maquinaria fija, equipos y maquinaria móvil Equipos eléctricos y mecánicos de uso en la industria, motores, subestaciones de planta, tableros eléctricos, equipos de generación, subestaciones de transmisión y distribución, equipos e infraestructura de transmisión y distribución, maquinaria de construcción, movimiento de tierra, y maquinaria para producción y proceso. Equipos de cómputo: Microcomputadores, impresoras, monitores, módems y otros accesorios de estos equipos, redes, main frames, periféricos especiales y otros equipos accesorios de estos. Equipos de telefonía, electromedicina y radiocomunicación. Transporte Automotor: vehículos de transporte terrestre como automóviles, camperos, camiones, buses, tractores, camiones y remolques, motocicletas, motociclos, mototriciclos, cuatrimotos, bicicletas y similares.
8 Maquinaria y equipos especiales Naves, aeronaves, trenes, locomotoras, vagones, teleféricos y cualquier medio de transporte diferente del automotor descrito en la clase anterior.
9 Obras de arte, orfebrería, patrimoniales y similares Arte, joyas, orfebrería, artesanías, muebles con valor histórico, cultural, arqueológico, palenteológico y similares.
10 Semovientes y animales Semovientes, animales y muebles no clasificados en otra especialidad.
11 Activos operacionales y establecimientos de comercio Revalorización de activos, inventarios, materia prima, producto en proceso y producto terminado. Establecimientos de comercio.
12 Intangibles Marcas, patentes, secretos empresariales, derechos autor, nombres comerciales, derechos deportivos, espectro radioeléctrico, fondo de comercio, prima comercial y otros similares.
13 Intangibles especiales Daño emergente, lucro cesante, daño moral, servidumbres, derechos herenciales y litigiosos y demás derechos de indemnización o cálculos compensatorios y cualquier otro derecho no contemplado en las clases anteriores.

PAR.—La Superintendencia de Industria y Comercio actualizará cuando sea necesario, la tabla contenida en este artículo.

(D. 556/2014, art. 5º)

ART. 2.2.2.17.2.3.—Certificados académicos. La formación académica de los avaluadores de que trata el literal a) del artículo 6º de la Ley 1673 de 2013, se acreditará con el título y/o la certificación de aptitud ocupacional del respectivo programa académico debidamente reconocido por autoridad competente y con el correspondiente certificado de las asignaturas cursadas y aprobadas.

Las entidades reconocidas de autorregulación, ERA, tendrán en cuenta las certificaciones de asignaturas que allegue el interesado en ser inscrito como avaluador, expedidas por instituciones de educación superior y/o las instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano, debidamente reconocidas de acuerdo con las leyes vigentes.

(D. 556/2014, art. 6º)

ART. 2.2.2.17.2.4.—Régimen de transición. Durante el régimen de transición previsto en el artículo 6º de la Ley 1673 de 2013, el alcance de los certificados de calidad de personas expedidos por entidades de evaluación de la conformidad acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, y los de experiencia en la actividad de valuación, de acuerdo con lo previsto en el parágrafo 1º del artículo 6º de la Ley 1673 de 2013, deben coincidir entre sí y respecto de la tabla establecida en el artículo 2.2.2.17.2.2.

Durante el régimen de transición de la ley, los alcances de la acreditación deberán ser iguales a los establecidos en la tabla señalada en el artículo 2.2.2.17.2.2. Para ello, los organismos de certificación de personas de que trata el parágrafo 1º del artículo 6º de la ley, deberán cubrir los conocimientos establecidos en el literal a) del artículo 6º, como condición para la expedición del certificado. Quienes estén certificados por dichos organismos o quieran estarlo, deberán obtener su certificado una vez la entidad haya obtenido su acreditación en el alcance correspondiente ante el Organismo Nacional de Acreditación, ONAC.

Para obtener el respectivo certificado, los avaluadores deberán cumplir con las exigencias que la acreditación le impone a la entidad de evaluación de la conformidad de acuerdo con la Norma ISO 17024, así como con las que imponga el acuerdo de autorización que suscriban la entidad reconocida de autorregulación y el organismo de certificación de personas.

La demostración del tiempo de experiencia mínima exigida en el parágrafo 1º del artículo 6º de la Ley 1673 de 2013, se acreditará mediante uno o más certificados expedidos por empleadores o contratantes en los cuales conste haber realizado uno o más avalúos, así como las fechas de inicio y de terminación de las actividades propias del avaluador.

PAR. 1º—Los documentos que demuestren experiencia deberán referirse a actividades realizadas con anterioridad a la presentación de los documentos ante la entidad reconocida de autorregulación con la que desea adelantar su inscripción.

PAR. 2º—(Modificado).* Hasta el momento en que se autorice la operación de la primera entidad reconocida de autorregulación que desarrolle la función del registro abierto de avaluadores, cuando en virtud de una norma sea solicitada la demostración de la calidad de avaluador mediante el registro en la lista que llevaba la Superintendencia de Industria y Comercio, tal calidad se acreditará con la inscripción ante dicha entidad.

Durante el mismo plazo, quien no se haya registrado en la Superintendencia de Industria y Comercio con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, demostrará la calidad de avaluador mediante la presentación de certificado de evaluación de competencias laborales vigente expedido por el SENA, o por una entidad cuyo objeto principal sea la evaluación de avaluadores y no realice avalúos corporativos o de otra índole, o por un organismo de certificación de personas acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, bajo la Norma ISO 17024.

El plazo de que trata este parágrafo se extenderá hasta el 31 de marzo de 2016.

(D. 556/2014, art. 7º; Par. segundo modificado por el D. 2046/2014, art. 1º; modificado por el D. 458/2015 art. 1º)

*(Nota: Modificado el presente parágrafo por el Decreto 458 de 2016 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.17.2.5.—Disposiciones aplicables en materia de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Además de las disposiciones establecidas en el presente capítulo, las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano que deseen expedir certificaciones de aptitud ocupacional para avaluadores, deberán cumplir con las normas aplicables a este tipo de instituciones, en especial las establecidas en las Leyes 115 de 1994 y 1064 de 2006 y los Decretos 2020 de 2006 y 4904 de 2009 o las que las sustituyan o modifiquen.

(D. 556/2014, art. 8º)

ART. 2.2.2.17.2.6.—Requisitos para la expedición de las certificaciones de aptitud ocupacional. Las instituciones oferentes de educación para el trabajo y el desarrollo humano que deseen expedir certificaciones de aptitud ocupacional para avaluadores, deberán cumplir con los requisitos de formación para una ocupación laboral y un número de horas mínimas de estudio y prácticas requeridas, no menor a setecientas (700) horas.

(D. 556/2014, art. 9º)

ART. 2.2.2.17.2.7.—Inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos. Los avaluadores se encuentran sujetos a las inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos establecidos en el artículo 17 de la Ley 1673 de 2013 y de manera general a las inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos establecidos en el inciso final del artículo 122 de la Constitución.

Los avaluadores a los que hace referencia el artículo 8º de la Ley 1673 de 2013, estarán sujetos a lo establecido en la Ley 734 de 2002, así como en aquellas que las adicionen, modifiquen o sustituyan.

Cuando el avaluador participe en contratos o licitaciones con el Estado, además de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 1673 de 2013, le serán aplicables las inhabilidades establecidas en la Ley 80 de 1993 y las normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan.

(D. 556/2014, art. 10)

ART. 2.2.2.17.2.8.—Inscripción de personas habilitadas por ley anterior. En el caso de los arquitectos titulados, los requisitos establecidos en el literal a) del artículo 6º de la Ley 1673 de 2013 podrán ser demostrados de acuerdo con los alcances contemplados en la Ley 435 de 1998, previa la presentación del título profesional respectivo o de copia de la tarjeta de matrícula profesional de arquitecto.

PAR.—En todo caso, al final del periodo establecido en el artículo 23 de la Ley 1673 de 2013, los arquitectos que realicen actividades de valuación cubiertas por la Ley 435 de 1998, deberán quedar bajo tutela de una entidad reconocida de autorregulación, mediante inscripción al registro abierto de avaluadores.

(D. 556/2014, art. 11)

ART. 2.2.2.17.2.9.—Funcionarios públicos avaluadores. Los funcionarios públicos cuyas funciones desarrollen las actividades contempladas en el artículo 4º de la Ley 1673 de 2013 y que se hayan posesionado con anterioridad a la entrada en vigencia de la misma, están exentos de inscribirse en el registro abierto de avaluadores y no serán sujetos del régimen de autorregulación contemplado en la ley, mientras ejerzan funciones públicas.

Las personas que hayan concursado en convocatoria pública para proveer cargos del Estado con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, se les aplicará lo dispuesto en este artículo, si se posesionan en el cargo para el cual concursaron.

(D. 556/2014, art. 12)

SECCIÓN 3

Del registro abierto de avaluadores

ART. 2.2.2.17.3.1.—De la función del registro abierto de avaluadores. Una entidad reconocida de autorregulación, ERA, podrá optar por desarrollar las funciones básicas de la autorregulación o podrá, en adición a ellas, solicitar el reconocimiento de la función de registro abierto de avaluadores, RAA, con las obligaciones y cargas que ello implica, de conformidad con lo establecido en el presente capítulo.

PAR.—La Superintendencia de Industria y Comercio reconocerá a las entidades reconocidas de autorregulación que opten por no llevar el registro abierto de avaluadores, RAA, una vez se encuentre reconocida y autorizada para operar la entidad reconocida de autorregulación que haya decidido llevarlo en los términos establecidos en los siguientes artículos.

(D. 556/2014, art. 13)

ART. 2.2.2.17.3.2.—Del registro abierto de avaluadores. La base de datos única en que se lleve el registro abierto de avaluadores, RAA, será operada por una persona jurídica creada o contratada por una entidad reconocida de autorregulación que haya optado por llevar el registro abierto de avaluadores.

Las entidades reconocidas de autorregulación, ERA, serán las encargadas de alimentar la base de datos de que trata el presente artículo, remitiendo información de los avaluadores que pertenezcan a su entidad.

La alimentación continua de la base de datos será asumida por la entidad o entidades reconocidas de autorregulación, ERA, que reporten a esta, en proporción con el número de avaluadores que cada una de ellas tenga inscritos.

La Superintendencia de Industria y Comercio instruirá al operador de la base de datos y a las entidades reconocidas de autorregulación, ERA, acerca de la forma en que deberá operar y alimentarse la base datos, el contenido de los certificados, así como de los requisitos para su interconectividad para la transmisión de toda la información relacionada con los avaluadores inscritos de cada Entidad.

PAR. 1º—Una vez autorizada la entidad reconocida de autorregulación, ERA,

que haya creado o contratado a la persona que opera la base de datos de que trata este artículo, las siguientes entidades reconocidas de autorregulación que se autoricen tendrán derecho a acceder al órgano o comité de gestión y coordinación técnica entre el operador de la base de datos y las entidades reconocidas de autorregulación. Las decisiones en dicho órgano o comité se tomarán considerando la proporción de cada entidad de acuerdo con el número de avaluadores que cada una de ellas tenga inscritos en la base de datos.

PAR. 2º—No será obligatoria la creación o contratación del operador de la base de datos, mientras exista una sola entidad reconocida de autorregulación, ERA, y esta lleve los registros de no más de dos mil (2.000) avaluadores inscritos.

(D. 556/2014, art. 14)

ART. 2.2.2.17.3.3.—Obtención de certificados. Cualquier persona podrá obtener certificados de la información que obra en el registro abierto de avaluadores y de lo contenido en su protocolo. Para ello deberá diligenciar los formatos y sufragar los valores establecidos para ello.

PAR.—La Superintendencia de Industria y Comercio, así como las demás entidades que cuenten con atribuciones legales para la elaboración de listas de avaluadores tendrán acceso como usuarios a la base de datos de avaluadores de que trata este capítulo, sin que se les cobre por ello. No obstante, las entidades deberán contar con los equipos y programas informáticos que se requieran para interconectarse con la base de datos.

Las demás entidades públicas y privadas podrán celebrar acuerdos con el operador de la base de datos para obtener la información del registro abierto de avaluadores, RAA; para ello se requerirá del consentimiento del órgano o comité de gestión de las entidades reconocidas de autorregulación.

(D. 556/2014, art. 15)

ART. 2.2.2.17.3.4.—De la inscripción ante el registro abierto de avaluadores.

Los avaluadores deberán efectuar la inscripción en el registro abierto de avaluadores, RAA, por intermedio de la entidad reconocida de autorregulación, ERA, a la que han escogido pertenecer y quedar bajo su tutela disciplinaria.

La correspondiente entidad tendrá la obligación de inscribir, conservar, actualizar y reportar la información de sus avaluadores al operador del registro abierto de avaluadores, RAA.

(D. 556/2014, art. 16)

ART. 2.2.2.17.3.5.—Prueba de la inscripción y validez en el registro abierto de avaluadores. Los avaluadores deberán demostrar su calidad en las categorías y alcances en los que están inscrito, sus antecedentes disciplinarios y cualquier otra información que repose en el registro abierto de avaluadores, RAA, mediante certificación de inscripción, sanciones y registro de información de avaluadores expedida por la entidad reconocida de autorregulación, ERA, la cual tendrá vigencia de treinta (30) días contados desde su fecha de expedición.

En el certificado de que trata este artículo se anotarán también los registros voluntarios en materia de experiencia y vigencia de los certificados de calidad de personas expedidos por entidad de evaluación de la conformidad acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC.

En materia disciplinaria, el certificado indicará exclusivamente las sanciones que se encuentren en firme contra el avaluador. En ningún caso se mantendrá el reporte negativo si la sanción es levantada o si el término de la misma ha vencido.

(D. 556/2014, art. 17)

ART. 2.2.2.17.3.6.—Cancelación de la inscripción en el registro abierto de avaluadores. La inscripción ante el registro abierto de avaluadores, RAA, podrá ser cancelada voluntariamente por su titular.

No podrá ser cancelada voluntariamente una inscripción por el avaluador inscrito cuando se encuentre en curso proceso disciplinario en su contra. Para lo anterior, el entidad reconocida de autorregulación, ERA, deberá notificarle al avaluador inscrito de la existencia de investigación dentro de los noventa (90) días siguientes a la iniciación del proceso disciplinario. Vencido dicho plazo sin que el avaluador sea notificado, la entidad reconocida de autorregulación dará curso a la solicitud de cancelación voluntaria.

Antes de cancelar una inscripción de manera voluntaria, la ERA que tutela disciplinariamente al avaluador verificará ante el RAA la no existencia de procesos disciplinarios en su contra.

La inscripción será cancelada de oficio cuando la entidad reconocida de autorregulación, ERA, que lo autorregula, le imponga la sanción de cancelación de la inscripción o cuando se expulse a un avaluador en los términos de los artículos 20 y 34 de la Ley 1673 de 2013.

Así mismo, se cancelará de oficio la inscripción cuando se tenga prueba del deceso del titular o de la declaratoria de incapacidad permanente que no le permita ejercer la actividad de avaluador.

(D. 556/2014, art. 18)

SECCIÓN 4

De la autorregulación de los avaluadores

ART. 2.2.2.17.4.1.—De la autorregulación de la actividad de valuación por personas naturales. La autorregulación de la actividad del avaluador no conlleva la delegación de funciones públicas pues se trata de un sistema complementario de naturaleza privada que contribuye con la prevención de los riesgos sociales a que se refiere el artículo 1º de la Ley 1673 de 2013.

(D. 556/2014, art. 19)

ART. 2.2.2.17.4.2.—De la obligación de autorregulación. Por obligación de autorregulación se entiende el deber de un avaluador de sujetarse a la regulación, vigilancia y control disciplinario de una entidad reconocida de autorregulación, ERA, y por ende, quedar bajo su tutela disciplinaria y cumplir con las sanciones disciplinarias que se le impongan.

(D. 556/2014, art. 20)

ART. 2.2.2.17.4.3.—De las funciones básicas de autorregulación. Son funciones básicas de la autorregulación el ejercicio conjunto de las funciones normativa, de supervisión y la disciplinaria.

PAR. 1º—La Superintendencia de Industria y Comercio señalará las condiciones mínimas para el ejercicio de las funciones propias de la autorregulación.

PAR. 2º—La Superintendencia de Industria y Comercio establecerá las condiciones para que una entidad reconocida de autorregulación, ERA, pueda ceñirse en su totalidad a las normas de autorregulación de otra entidad de autorregulación de la actividad del avaluador. En todo caso, la entidad solicitante deberá suscribir un acuerdo con aquella que sea propietaria de las normas de autorregulación.

(D. 556/2014, art. 21)

ART. 2.2.2.17.4.4.—Coordinación de las funciones de autorregulación entre entidades reconocidas de autorregulación. Para el ejercicio de las funciones de coordinación establecidas en el artículo 27 de la Ley 1673 de 2013, dos o más entidades reconocidas de autorregulación, ERA, podrán por iniciativa propia o a instancias de la Superintendencia de Industria y Comercio, establecer grupos de trabajo o una confederación de entidades de autorregulación para el desarrollo común de las funciones de autorregulación establecidas en el artículo 24 la misma ley.

(D. 556/2014, art. 22)

ART. 2.2.2.17.4.5.—Violación de la obligación de autorregulación. De conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1673 de 2013, se considera falta disciplinaria la violación de la obligación de autorregulación.

(D. 556/2014, art. 23)

ART. 2.2.2.17.4.6.—Cuota de mantenimiento a la entidad reconocida de autorregulación. La obligación de autorregulación incluye la carga de contribuir al mantenimiento de la entidad reconocida de autorregulación, ERA, que lo tutela disciplinariamente, así como del registro abierto de avaluadores, RAA.

Los avaluadores inscritos deberán pagar una cuota anual de mantenimiento a la entidad reconocida de autorregulación, ERA, a la que pertenezca, y los servicios adicionales que esta les preste, en los términos que lo establezca su reglamento interno.

Para la obtención de certificados, corresponde al avaluador sufragar las tarifas señaladas por la entidad reconocida de autorregulación, ERA, ante la cual se encuentra inscrito.

PAR. 1º—Las entidades reconocidas de autorregulación, ERA podrán brindar a los avaluadores miembros de la entidad, ciertos beneficios o descuentos que se deriven de su condición de miembro o afiliado, siempre y cuando ello no vulnere sus normas sobre distribución adecuada de cobros y tarifas.

PAR. 2º—La Superintendencia de Industria y Comercio vigilará el cumplimiento de la obligación de distribución adecuada de cobros por parte de las entidades reconocidas de autorregulación, ERA.

(D. 556/2014, art. 24)

ART. 2.2.2.17.4.7.—Del traslado entre entidades reconocidas de autorregulación. La Superintendencia de Industria y Comercio determinará los términos, condiciones y plazos para que un avaluador pueda cambiar de entidad reconocida de autorregulación.

No se permitirá el cambio de entidad mientras se encuentre en curso investigación disciplinaria respecto del avaluador que solicita el cambio. Para lo anterior, el(sic) entidad reconocida de autorregulación, ERA, deberá notificarle al avaluador inscrito de la existencia de investigación dentro de los noventa (90) días siguientes a la iniciación del proceso disciplinario. Vencido dicho plazo sin que el avaluador sea notificado se procederá con el traslado solicitado.

La Superintendencia de Industria y Comercio podrá, de manera general, suspender la inscripción o el traslado de avaluadores a una entidad reconocida de autorregulación, mientras dicha entidad mantenga deficiencias que afecten las condiciones mínimas establecidas para el normal desarrollo de las funciones básicas de la autorregulación.

(D. 556/2014, art. 25)

ART. 2.2.2.17.4.8.—Notificación de sanciones a la Superintendencia de Industria y Comercio. De conformidad con el artículo 34 de la Ley 1673 de 2013, las entidades reconocidas de autorregulación, ERA, deberán informar a la Superintendencia de Industria y Comercio de la negación, suspensión o cancelación de una inscripción en el registro abierto de avaluadores, RAA, para que dicha entidad proceda a ejercer las funciones que fueren de su competencia en contra de las personas objeto de control disciplinario. Cuando del proceso disciplinario se deduzca que la actividad a ser investigada es competencia de otra entidad del Estado, se procederá a informar a dicha entidad y se enviará copia de lo informado a la Superintendencia de Industria y Comercio.

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 1673 de 2013, el avaluador podrá impugnar una sanción disciplinaria o las decisiones relativas a la inscripción únicamente ante la entidad reconocida de autorregulación que lo tutela disciplinariamente, en los términos y condiciones señalados en los procedimientos establecidos por la misma entidad.

En consecuencia, los procesos de impugnación de las decisiones finales de las entidades reconocidas de autorregulación ante los jueces de la República solamente podrán proponerse contra la entidad reconocida de autorregulación. Será improcedente la demanda, cuando se formule contra persona diferente.

(D. 556/2014, art. 26)

SECCIÓN 5

Del reconocimiento de las entidades reconocidas de autorregulación (era)

ART. 2.2.2.17.5.1.—Del reconocimiento de las entidades reconocidas de autorregulación. La Superintendencia de Industria y Comercio autorizará como entidad reconocida de autorregulación para el desarrollo de las funciones establecidas en el artículo 24 de la ley, a las entidades gremiales de avaluadores, sin ánimo de lucro, que cumplan con los requisitos establecidos en la ley, de acuerdo con lo señalado en el presente capítulo.

Se considerará información o publicidad engañosa cuando una entidad se anuncie, informe o dé a creer al público o los avaluadores que es una entidad reconocida de autorregulación sin contar con la respectiva autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio. En este caso, además de la multa, la Superintendencia impondrá la sanción de cierre temporal o definitivo del establecimiento y se emitirá orden perentoria de corrección de la información engañosa.

(D. 556/2014, art. 27)

ART. 2.2.2.17.5.2.—Requisitos para el reconocimiento de las entidades reconocidas de autorregulación. Las entidades reconocidas de autorregulación que soliciten ser reconocidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser entidades gremiales sin ánimo de lucro.

2. Demostrar que cuenta con un número mínimo de avaluadores que hayan manifestado por escrito su interés en inscribirse o en ser miembros de la entidad, en por lo menos 10 departamentos del país, con un número igual o superior a un avaluador por cada doscientos mil (200.000) habitantes o fracción del respectivo departamento o del distrito capital. En caso de que la entidad reconocida de autorregulación, ERA, tenga entre sus inscritos ciudadanos extranjeros, estos deberán cumplir con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1673 de 2013.

3. Tener un reglamento Interno de funcionamiento que establezca, como mínimo:

3.1. Reglas para la adopción y difusión de las leyes y normas de autorregulación, con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de la actividad del avaluador.

3.2. Reglas para la verificación del cumplimiento de las leyes y normas de la actividad del avaluador, del código de ética del avaluador y de los reglamentos de autorregulación.

3.3. Procedimientos que garanticen la efectiva función disciplinaria y la imposición de sanciones a sus inscritos por el incumplimiento de las normas de la actividad del avaluador y de los reglamentos de autorregulación. El procedimiento deberá garantizar el debido proceso y el derecho de defensa de los disciplinados en los términos del artículo 25 de la Ley 1673 de 2013. Las sanciones podrán consistir, inclusive de forma concurrente, en:

• Amonestación escrita.

• Suspensión en el ejercicio de la actividad de valuación hasta por tres (3) años en la primera falta y si es recurrente o reincidente o la falta lo amerita, de manera definitiva.

• Cancelación de la inscripción.

• Expulsión de la entidad reconocida de autorregulación, ERA, y del registro abierto de avaluadores, RAA, y multas.

3.4. Procedimientos para la inscripción, conservación y actualización de toda la información de sus inscritos en el registro abierto de avaluadores, RAA.

3.5. Procedimientos para que los inscritos puedan tener la calidad de miembros de las entidades reconocidas de autorregulación, ERA, y la forma en que ejercerán sus derechos, así como reglas que prevengan la discriminación entre estos.

3.6. Los órganos directivos de las entidades reconocidas de autorregulación, ERA, deberán establecerse de tal forma que aseguren una adecuada representación de sus miembros.

3.7. El comité disciplinario de las entidades reconocidas de autorregulación, ERA, deberá estar conformado por un número de personas no inferior a seis (6), y siempre se garantizará que por lo menos la mitad de ellas sean personas externas o independientes de la actividad valuadora, con las más altas calidades morales y éticas. En caso de empate en las decisiones disciplinarias serán las que adopten los miembros externos. En los procedimientos disciplinarios se podrán establecer salas de decisión, las cuales deberán observar lo establecido en este literal.

3.8. Reglas que garanticen la adecuada distribución de cobros, tarifas y otros pagos entre sus miembros e inscritos.

3.9. Reglas que prevengan la manipulación de los avalúos y el fraude en el mercado por parte de sus inscritos.

3.10. Reglas que promuevan la coordinación y cooperación con los organismos encargados de regular la actividad valuadora del país.

3.11. Reglas que promuevan la libre competencia y que eliminen barreras de acceso al mercado nacional e internacional.

3.12. Reglas que le impidan a la entidad realizar avalúos corporativos o de otra índole.

3.13. Reglas para proteger a los consumidores, a los usuarios y, en general, el interés público, de la actividad del avaluador.

3.14. Reglas que eviten los acuerdos y actuaciones que vulneren el espíritu y el propósito de las leyes y normas de la actividad del avaluador, del código de ética y del reglamento de autorregulación.

3.15. Procedimientos para atender las solicitudes de información de inscritos, miembros y terceros sobre los datos contenidos en el registro abierto de avaluadores, RAA, de forma ágil, expedita y sin requisitos innecesarios.

3.16. Procedimientos idóneos y adecuados para garantizar que una persona que se encuentre suspendida o cancelada por otra entidad reconocida de autorregulación, ERA, no sea aceptada o inscrita.

4. Tener revisor fiscal y contador público.

5. Demostrar que cuentan con las herramientas tecnológicas seguras y con una infraestructura adecuada para transmitir toda la información relacionada con sus inscritos al registro abierto de avaluadores, RAA.

PAR.—En desarrollo de lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 24 de la Ley 1673 de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá solicitar a las entidades reconocidas de autorregulación, ERA, los ajustes pertinentes a los reglamentos internos de funcionamiento.

(D. 556/2014, art. 28)

ART. 2.2.2.17.5.3.—Condición de una entidad reconocida de autorregulación para operar. Una vez reconocida, la entidad de autorregulación no podrá operar hasta que reciba de la Superintendencia de Industria y Comercio autorización de operación.

Para ello, la Superintendencia de Industria y Comercio revisará:

1. El cumplimiento del requisito de intercomunicación con el operador de la base datos del registro abierto de avaluadores, RAA, o

2. Copia del documento donde conste:

2.1. El acto de constitución o el acuerdo celebrado con el operador de la base de datos para que lleve el registro abierto de avaluadores, RAA.

2.2. Para las entidades que soliciten con posterioridad al establecimiento del operador de la base de datos, copia del documento de adhesión como miembro o contratante del operador de la base de datos.

PAR.—En el caso del parágrafo segundo del artículo 2.2.2.17.3.2, del presente decreto, la Superintendencia de Industria y Comercio revisará la operatividad de la base de datos correspondiente e interconexión con dicha entidad de control.

(D. 556/2014, art. 29)

ART. 2.2.2.17.5.4.—Procedimiento para el reconocimiento de las entidades reconocidas de autorregulación. Para el reconocimiento y autorización de operación de las entidades reconocidas de autorregulación, ERA, la Superintendencia de Industria y Comercio aplicará el procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(D. 556/2014, art. 30)

ART. 2.2.2.17.5.5.—Conformación del órgano de dirección de la entidad reconocida de autorregulación. El número de miembros del órgano directivo de la entidad reconocida de autorregulación será impar.

(D. 556/2014, art. 31)

ART. 2.2.2.17.5.6.—Representantes del Gobierno en las entidades reconocidas de autorregulación. El número de los miembros del órgano directivo de cada ERA no podrá ser inferior a tres (3). Una tercera parte de los miembros del órgano directivo será designada por el Gobierno nacional.

(D. 556/2014, art. 32)

ART. 2.2.2.17.5.7.—Calidades de los delegados del Gobierno. El Gobierno podrá nombrar a profesionales y avaluadores, quienes harán parte del órgano de dirección de la entidad reconocida de autorregulación, ERA, y deberán reunir además las siguientes calidades:

1. Ser mayor de edad.

2. No ser funcionario público o contratista del Estado.

3. Tener experiencia profesional o haber estado vinculado a la actividad de valuación la cual se acreditará mediante certificaciones expedidas por sus contratantes o empleadores en las que conste que se ha desempeñado en la actividad, por lo menos durante quince (15) años, en cualquier tiempo.

4. Tener tarjeta profesional o estar inscrito como avaluador en el registro abierto de avaluadores.

5. No haber sido condenado por delitos dolosos.

6. No tener antecedentes disciplinarios como funcionario público en su profesión o como avaluador o del gremio del que forma o ha formado parte.

(D. 556/2014, art. 33)

ART. 2.2.2.17.5.8.—De los miembros del órgano disciplinario. Los miembros del órgano disciplinario de la entidad reconocida de autorregulación, ERA, serán nombrados de acuerdo con los procedimientos internos de la entidad, deben tener las siguientes calidades:

1. Ser mayor de edad.

2. Ser profesional en las áreas en que lo determine el reglamento interno de la entidad o ser avaluador inscrito.

3. Tener tarjeta profesional o estar inscrito como avaluador en el registro abierto de avaluadores.

4. No ser funcionario público o contratista del Estado.

5. Tener experiencia en materia de valuación, como avaluador o como usuario de los servicios de valuación de por lo menos diez (10) años.

6. No haber sido condenado por delitos dolosos.

7. No tener antecedentes disciplinarios en su profesión o como avaluador.

En el reglamento de las entidades reconocidas de autorregulación, ERA, se establecerá el procedimiento de remoción del miembro del órgano disciplinario, que haya sido nombrado en violación del presente artículo.

(D. 556/2014, art. 34)

ART. 2.2.2.17.5.9.—Reportes consolidados. Para el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá establecer frente a las entidades que vigila y controla de conformidad con la Ley 1673 de 2013, reportes consolidados y periódicos.

(D. 556/2014, art. 35)

ART. 2.2.2.17.5.10.—Suspensión y terminación del reconocimiento. La orden de cierre temporal de una entidad reconocida de autorregulación, ERA, conlleva la suspensión provisional del reconocimiento emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio. La orden de cierre definitivo la terminación del reconocimiento.

El cese de actividades de la entidad reconocida de autorregulación requiere la autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio.

En caso de cierre o cese de actividades de una entidad reconocida de autorregulación, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenará el traslado de los avaluadores a otra u otras entidades.

(D. 556/2014, art. 36)

SECCIÓN 6

Disposiciones finales

ART. 2.2.2.17.6.1.—Atribuciones legales de la Superintendencia de Industria y Comercio. El Superintendente de Industria y Comercio mediante acto administrativo determinará la dependencia o dependencias dentro de su entidad que se encargarán de adelantar las atribuciones que la ley le señala a dicha entidad.

(D. 556/2014, art. 37)

CAPÍTULO 18

Premio nacional al inventor colombiano

ART. 2.2.2.18.1.—Premio nacional al inventor colombiano. Como estímulo a la actividad creadora e innovadora en favor del desarrollo Industrial y tecnológico del país.

(D. 1766/1983, art. 1º)

ART. 2.2.2.18.2.—A quienes se otorga el premio nacional al inventor colombiano. Se otorgará a los ciudadanos colombianos, sociedades comerciales o entidades públicas o privadas nacionales que a juicio del Gobierno sobresalgan de manera especial por sus actividades creativas e innovadoras concretizadas en solicitudes de patentes y de modelos industriales que por su trascendencia contribuyen en forma original al desarrollo tecnológico del país.

(D. 1766/1983, art. 2º)

ART. 2.2.2.18.3.—Cuando se confiere el premio. El premio nacional al inventor colombiano será conferido anualmente por el Gobierno nacional y consistirá en una medalla circular de plata, de cuatro centímetros de diámetro, que penderá de una cinta con los colores nacionales de cinco centímetros de largo por tres de ancho.

(D. 1766/1983, art. 3º)

ART. 2.2.2.18.4.—Diseño de la medalla. El diseño de la medalla será el siguiente:

Llevará en el centro el escudo nacional, en la parte superior de este se inscribirá la leyenda República de Colombia y en su parte inferior premio nacional al inventor.

A su vez la medalla será dividida en seis secciones donde estarán representados todos los sectores que contribuyen a la investigación y al desarrollo tecnológico del país. Siguiendo la orientación de las manecillas del reloj, los sectores se encuentran de la siguiente manera:

1. El libro abierto representa la ciencia y la investigación.

2. El átomo con sus orbitales electrónicos representa el sector de la física y la química.

3. El anillo bencénico, llevando en su interior un recipiente de laboratorio con la Serpiente, representa la ciencia médica y química farmacéutica.

4. El anillo bencénico, llevando en su interior el signo representa las ingenierías.

5. El engranaje atravesado por el rayo eléctrico representa la industria metal mecánica.

6. Por último el motor básico de la economía nacional representado por el sector industrial.

(D. 1766/1983, art. 4º)

ART. 2.2.2.18.5.—Adjudicación del premio nacional al inventor colombiano. Se hará mediante decreto y será certificada con diploma que llevará en la parte superior el Escudo de Colombia y la inscripción República de Colombia Ministerio de Comercio Industria y Turismo. El texto del diploma será el siguiente:

Gobierno de la República de Colombia, con fecha (...) otorga el premio nacional al inventor colombiano (…) como reconocimiento a su contribución al desarrollo del país mediante la invención titulada o el modelo consistente en (…) El diploma será firmado por el Presidente de la República de Colombia y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

(D. 1766/1983, art. 5º)

ART. 2.2.2.18.6.—Selección de la persona o personas o entidades que por sus méritos se haga acreedora a la distinción. Será hecha por una junta que se integrará por el Director del Departamento Nacional de Planeación, El Superintendente de Industria y Comercio y el Director del Colciencias, quienes lo presentarán al señor Presidente de la República con la documentación que haya servido de fundamento para dicha candidatura.

(D. 1766/1983, art. 6º)

ART. 2.2.2.18.7.—Entrega del premio. Se hará en ceremonia especial ante representantes de las altas autoridades y representantes de los industriales y comerciantes del país.

(D. 1766/1983, art. 7º)

ART. 2.2.2.18.8.—Requisitos que debe cumplir el candidato. Facultase a la Superintendencia de Industria y Comercio para fijar las condiciones mínimas que deban llenar los candidatos para participar en el premio nacional al inventor colombiano.

(D. 1766/1983, art. 8º)

CAPÍTULO 19

De los derechos de propiedad industrial

SECCIÓN 1

Disposiciones generales

ART. 2.2.2.19.1.1.—Prórrogas. Las prórrogas o plazos adicionales contenidos en los artículos 39, 42, 43, 45, 120, 122, 123, 146 y 148 de la Decisión 486 deberán solicitarse antes del vencimiento del término que se desea prorrogar, allegando el comprobante de pago de la tasa respectiva.

Dichas prórrogas o plazos se entenderán concedidos automáticamente por el plazo respectivo, contado a partir del día hábil siguiente a aquel en que vence el término original, siempre que ello proceda, sin que se requiera pronunciamiento expreso por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

(D. 2591/2000, art. 1º)

ART. 2.2.2.19.1.2.—Inscripción de actos. La inscripción de actos, tales como cesiones, transferencias, cambios de nombre y de domicilio, entre otros, relacionados con los derechos de propiedad industrial que deba hacerse en el registro que lleva la Superintendencia de Industria y Comercio, seguirá el trámite y cumplirá los requisitos que para ello disponga la entidad, la cual, a fin de facilitarla, diseñará un formulario único para todo tipo de inscripciones.

(D. 2591/2000, art. 2º)

ART. 2.2.2.19.1.3.—Pérdida de prioridad. Para los efectos previstos en el artículo 11 de la Decisión 486, la Superintendencia de Industria y Comercio se pronunciará sobre la pérdida de la prioridad invocada, al momento de decidir sobre la patentabilidad o registrabilidad del derecho solicitado.

(D. 2591/2000, art. 3º)

ART. 2.2.2.19.1.4.—Oposiciones. Al momento de hacer uso de la prerrogativa contemplada en los artículos 42, 95, 122, 146 y 147 de la Decisión 486, el opositor deberá, necesariamente, aportar las pruebas que tenga en su poder al momento de presentar la oposición.

(D. 2591/2000, art. 4º)

ART. 2.2.2.19.1.5.—Procedimientos no reglados. En lo no previsto en los procedimientos especiales se aplicará lo señalado en las disposiciones legales vigentes.

(Decreto 2591 de 2000. artículo 5º)

SECCIÓN 2

Patentes de invención

ART. 2.2.2.19.2.1.—Nombre de la invención. El nombre de la invención de que se trata en el artículo 27 literal d) de la Decisión 486 deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no podrá referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasía.

(D. 2591/2000, art. 6º)

ART. 2.2.2.19.2.2.—Oportunidad de conversión y división. Las facultades previstas en el inciso 3º, del artículo 35 y en el inciso 2º, del artículo 36 de la Decisión 486, se podrán ejercer por la Superintendencia de Industria y Comercio hasta antes de la concesión o negación de patente.

(D. 2591/2000, art. 7º)

ART. 2.2.2.19.2.3.—Tasas. Las conversiones, modificaciones o divisiones causarán cobro de tasa adicional independientemente del motivo que hubiera tenido el solicitante para proceder a pedir la alteración.

(D. 2591/2000, art. 8º)

ART. 2.2.2.19.2.4.—Consulta de la solicitud. La fecha a partir de la cual transcurrirá el término para la consulta de la solicitud de patente por parte de terceros de que trata el artículo 41 de la Decisión 486, se entenderá en concordancia con el artículo 40 de la misma, teniendo en cuenta que el término de los 18 meses se contará desde la fecha de la solicitud presentada o desde la fecha de la prioridad si esta hubiese sido invocada.

(D. 2591/2000, art. 9º)

ART. 2.2.2.19.2.5.—Notificaciones. La Superintendencia de Industria y Comercio determinará de manera general, según lo estime necesario, el número de notificaciones a las que haya lugar y el contenido de las mismas, según lo indicado en el artículo 45 de la Decisión 486.

(D. 2591/2000, art. 10)

SECCIÓN 3

De los modelos de utilidad y de los esquemas de trazado de los circuitos integrados

ART. 2.2.2.19.3.1.—Solicitudes. A las solicitudes de patente de modelo de utilidad y de los esquemas de trazado de los circuitos integrados, así como a los demás trámites relacionados con ellas, les serán aplicables las disposiciones de la presente capítulo en materia de patentes de invención.

(D. 2591/2000, art. 12)

SECCIÓN 4

De los diseños industriales

ART. 2.2.2.19.4.1.—Solicitud. Cada solicitud de registro deberá referirse solamente a un diseño industrial. De ser requerida la división de la solicitud de registro de diseño industrial, se aplicará lo dispuesto en el artículo 36 de la Decisión 486 y en el artículo 2.2.2.19.2.2, del presente decreto.

(D. 2591/2000, art. 13)

ART. 2.2.2.19.4.2.—Consulta de la solicitud. A la consulta de que trata el inciso 2º, del artículo 125 de la Decisión 486, se aplicará lo dispuesto en el artículo 2.2.2.19.2.4, del presente decreto.

(D. 2591/2000, art. 14)

SECCIÓN 5

De las marcas

ART. 2.2.2.19.5.1.—Prioridad. Cuando de conformidad con lo previsto en el artículo 9º de la Decisión 486, se pretenda reivindicar prioridad, la Superintendencia de Industria y Comercio comprobará que los elementos relativos al alcance y la titularidad de la certificación aportada para acreditar tal derecho y los que figuran en la solicitud, sean coincidentes, en la forma prevista en el artículo 4º, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

(D. 2591/2000, art. 15)

ART. 2.2.2.19.5.2.—Renovación del registro. En los términos del artículo 153 de la Decisión 486, la renovación de un registro marcario, solicitada por su titular o por quien tuviere legítimo interés, será concedida automáticamente, por el plazo respectivo, siempre y cuando se hubiese presentado dentro del término establecido y se hubiese pagado la tasa de tramitación correspondiente o el recargo establecido, si se solicita dentro del período de gracia.

Si no se cumpliese con los requisitos mencionados, se procederá a su negación. Sin embargo, los requerimientos efectuados sobre aspectos diferentes, se harán según lo dispuesto en las normas legales vigentes.

(D. 2591/2000, art. 16)

SECCIÓN 6

Del nombre y la enseña comercial

ART. 2.2.2.19.6.1.—Nombre comercial. De la manera permitida en el artículo 193 de la Decisión 486 y prevista en el Código de Comercio, el depósito del nombre comercial tiene carácter declarativo respecto de la fecha a partir de la cual se inicia el uso del nombre y la fecha desde la cual ese uso es conocido por terceros, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 191 de la Decisión 486.

(D. 2591/2000, art. 17)

ART. 2.2.2.19.6.2.—Enseña comercial. En desarrollo de la posibilidad prevista en el artículo 200 de la Decisión 486 la enseña comercial seguirá el tratamiento contemplado en los artículos 583 y 603 a 610 del Código de Comercio y se le continuará aplicando exclusivamente el sistema de depósito sin efecto constitutivo sobre el derecho.

(D. 2591/2000, art. 18)

SECCIÓN 7

Competencia desleal

ART. 2.2.2.19.7.1.—Aplicación del régimen de competencia desleal. Las conductas de competencia desleal previstas en el título XVI de la Decisión 486 se aplicarán en consonancia con lo dispuesto en la Ley 256 de 1996.

(D. 2591/2000, art. 22)

ART. 2.2.2.19.7.2.—Acciones por competencia desleal. Las acciones por competencia desleal a que se refiere el capítulo III del título XVI de la Decisión 486, serán las contenidas en el artículo 20 de la Ley 256 de 1996 y seguirán el trámite de la Ley 446 de 1998 y el Decreto 2153 de 1992.

El término para la prescripción de las acciones por competencia desleal será el señalado en el artículo 23 de la Ley 256 de 1996.

(D. 2591/2000, art. 23)

SECCIÓN 8

Disposiciones complementarias

ART. 2.2.2.19.8.1.—Publicación de la gaceta. La Superintendencia de Industria y Comercio publicará en la gaceta de la propiedad industrial un extracto de las solicitudes de patente o registro relativas a la propiedad industrial previstas en la Decisión 486 y en la presente sección, así mismo los títulos concedidos y las inscripciones correspondientes al registro de propiedad industrial y las sentencias sobre acciones de nulidad proferidas por el Consejo de Estado.

(D. 2591/2000, art. 24)

CAPÍTULO 20

Reglamentación parcial de las decisiones 486 y 689 de la comisión de la comunidad andina

ART. 2.2.2.20.1.—Divulgación de la invención. De conformidad con el artículo 1º, literal b) de la Decisión 689 de la Comisión de la Comunidad Andina y en consonancia con lo establecido en la Ley 463 de 1998 por medio de la cual se aprueba el “tratado de cooperación en materia de patentes, PCT”, y el reglamento del mismo, la descripción de la invención deberá incluir, además de lo establecido en el artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, aquella que indique razonablemente a una persona capacitada en la materia técnica que el solicitante estuvo en posesión de la invención reclamada en la fecha de presentación de su solicitud.

PAR. 1º—El literal e) del artículo 28 de la Decisión Andina 486 de 2000 se leerá así:

e) Una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser estos pertinentes.

Para propósitos de describir la mejor manera de llevar a cabo, ejecutar o llevar a la práctica la invención, se deberán utilizar, además de términos completos, claros y concisos que permitan a la persona capacitada en la materia realizar la invención, las previsiones que en materia de seguridad y de reproducción contenga el objeto de la invención, de manera que se pueda lograr una ejecución apta y segura de la invención.

PAR. 2º—La Superintendencia de Industria y Comercio podrá instruir la forma de presentación de la solicitud, a fin de que cumpla con los requisitos mencionados anteriormente.

(D. 729/2012, art. 1º)

ART. 2.2.2.20.2.—Subsanación de omisiones. Con independencia de la posibilidad de presentar modificaciones que no amplíen el objeto inicialmente solicitado conforme a lo previsto en el artículo 34 de la Decisión 486, la solicitud podrá ser subsanada para incorporar la materia omitida que ya fue informada dentro del trámite de una solicitud prioritaria.

La subsanación podrá presentarse a solicitud de parte o en respuesta al requerimiento expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio en virtud de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486.

En el primer caso, podrá pedirse desde la fecha de presentación de la solicitud hasta antes de su publicación en la gaceta de propiedad industrial. La subsanación con motivo del requerimiento expedido por la superintendencia deberá efectuarse durante los plazos establecidos por el mencionado artículo 39 de la Decisión Andina para dar cumplimiento al mismo.

La no subsanación de la materia omitida, pero ya informada dentro del trámite de una solicitud prioritaria no genera los efectos previstos en el citado artículo 39 con respecto a dicha materia y por tanto el expediente continuará con su trámite correspondiente.

No podrá introducirse nuevamente la materia omitida durante los plazos de requerimiento establecidos en el artículo 45 de la Decisión Andina que en adelante se apliquen a la solicitud de patente.

(D. 729/2012, art. 2º)

ART. 2.2.2.20.3.—Excepción al derecho conferido por la patente. Además de los actos previstos en el artículo 53 de la Decisión Andina 486, el titular no podrá ejercer el derecho que le confiere la patente, respecto de los actos realizados con el fin de generar la información necesaria para presentar una solicitud de aprobación requerida, para que un producto entre al mercado una vez expire la patente. En tal sentido, los terceros estarán facultados para fabricar, utilizar, vender, ofrecer en venta o importar cualquier objeto de la invención patentada exclusivamente para el fin antes mencionado.

PAR.—Si un producto es fabricado, utilizado, vendido, ofrecido en venta o importado bajo la excepción del párrafo anterior, solo podrá ser exportado con el propósito de cumplir los requisitos de aprobación en Colombia.

(D. 729/2012, art. 3º)

ART. 2.2.2.20.4.—Inscripción de afectaciones. La inscripción de una o más transferencias o cesiones de derechos en relación con nuevas creaciones concedidas o en trámite, puede ser presentada en una sola solicitud, siempre que el cedente y cesionario sean los mismos en todos los trámites, y se indiquen los números de expedientes o certificados correspondientes.

Así mismo, en una sola solicitud también puede pedirse la inscripción de uno o más cambios de nombre, cambios de domicilio o de dirección y cualquier otro acto que afecte la titularidad del derecho, en relación con varias solicitudes en trámite o con varios derechos concedidos, siempre que se trate del mismo titular o solicitante y se indiquen los números de los expedientes o certificados correspondientes.

La Superintendencia de Industria y Comercio podrá instruir sobre los requisitos de forma y el procedimiento para la presentación y trámite de estas solicitudes.

(D. 729/2012, art. 4º)

ART. 2.2.2.20.5.—Licencias de uso de marcas. El registro de los contratos de licencia de marca será opcional. En consecuencia la ausencia de dicho registro no afectará la validez u oponibilidad de tales contratos.

(D. 729/2012, art. 5º)

ART. 2.2.2.20.6.—Denominaciones de origen. Además de los eventos previstos en el artículo 202 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no se podrá declarar o reconocer la protección de una denominación de origen cuando sea susceptible de generar confusión con una marca solicitada o registrada con anterioridad de buena fe, o con una marca notoriamente conocida.

(D. 729/2012, art. 6º)

CAPÍTULO 21

Indemnización prestablecida por infracción a los derechos de propiedad marcaria

ART. 2.2.2.21.1.—Indemnización preestablecida en procesos civiles de infracción marcaria. En virtud de lo establecido por el artículo 3º de la Ley 1648 de 2013 la indemnización que se cause como consecuencia de la declaración judicial de infracción marcaria podrá sujetarse al sistema de indemnizaciones preestablecidas o a las reglas generales sobre prueba de la indemnización de perjuicios, a elección del demandante.

Para los efectos del presente capítulo, se entenderá que si el demandante al momento de la presentación de la demanda opta por el sistema de indemnización preestablecida, no tendrá que probar la cuantía de los daños y perjuicios causados por la infracción, tal como lo establece el artículo 243 de la Decisión Andina 486 y, por lo tanto, sujeta la tasación de sus perjuicios a la determinación por parte del juez de un monto que se fija de conformidad con la presente reglamentación.

(D. 2264/2014, art. 1º)

ART. 2.2.2.21.2.—Cuantía de la indemnización preestablecida. En caso de que el demandante opte por el sistema de indemnizaciones preestablecidas, dicha indemnización será equivalente a un mínimo de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta un máximo de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada marca infringida. Esta suma podrá incrementarse hasta en doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la marca infringida haya sido declarada como notoria por el juez, se demuestre la mala fe del infractor, se ponga en peligro la vida o la salud de las personas y/o se identifique la reincidencia de la infracción respecto de la marca.

PAR.—Para cada caso particular el juez ponderará y declarará en la sentencia que ponga fin al proceso el monto de la indemnización teniendo en cuenta las pruebas que obren en el proceso, entre otras la duración de la infracción, su amplitud, la cantidad de productos infractores y la extensión geográfica.

(D. 2264/2014, art. 2º)

CAPÍTULO 22

Compensación del plazo de duración de la patente mediante restauración

ART. 2.2.2.22.1.—Compensación del plazo de duración de la patente mediante restauración. De conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 1º de la Decisión 689 de 2008 de la Comunidad Andina, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio incurra en un retraso irrazonable en el trámite de una solicitud de patente siempre que esta no sea para producto farmacéutico, compensará por una sola vez al titular de la patente, previa solicitud de este, restaurando el plazo de duración de la patente.

Para efectos de calcular el término de la restauración del plazo de vigencia de la patente, la Superintendencia de Industria y Comercio tendrá presente las siguientes reglas:

Por cada día calendario de duración del retraso irrazonable se otorgará un día calendario de restauración.

El plazo de restauración otorgado comenzará a contabilizarse desde el día calendario siguiente al último día de vigencia de la patente.

Durante el término de restauración del plazo de vigencia de la patente, el titular conservará los mismos derechos y obligaciones y estará sujeto a las mismas excepciones y limitaciones que la patente le otorgó, de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.

La restauración no exceptuará del pago de las tasas de mantenimiento a que haya lugar, una vez otorgada la patente.

(D. 1873/2014, art. 1º)

ART. 2.2.2.22.2.—Términos para determinar la compensación por retrasos. Un retraso irrazonable incluye un retraso en la emisión de la patente de más de cinco años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, o de tres años, contados a partir de la fecha en que se haya pedido el examen de la solicitud, el que resulte posterior, siempre y cuando los periodos atribuibles a las acciones del solicitante de la patente no estén incluidos en la determinación de dichos retrasos.

(D. 1873/2014, art. 2º)

ART. 2.2.2.22.3.—Procedimiento para la aplicación del plazo por restauración. Para los efectos del artículo 2.2.2.22.1 del presente decreto, el titular de la patente deberá solicitar la restauración del plazo dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo que conceda la patente.

En la solicitud de restauración del plazo de duración, el titular deberá indicar el retraso que considera no le es atribuible y el plazo de restauración correspondiente.

La decisión de restauración del plazo de duración de la patente será proferida mediante acto administrativo debidamente motivado y determinará la nueva vigencia de la misma, si hay lugar a ella. Dicho acto administrativo será inscrito en el registro de la propiedad industrial a efectos de dar publicidad frente a terceros.

(D. 1873/2014, art. 3º)

ART. 2.2.2.22.4.—Término de suspensión del artículo 47 de la Decisión Andina 486. Para los efectos del procedimiento de patentes, el plazo descrito por el artículo 47 de la Decisión Andina 486 no será superior a 2 meses, contados a partir de la petición de suspensión.

(D. 1873/2014, art. 4º)

CAPÍTULO 23

Autorizaciones de uso y modificaciones al reglamento de uso de denominaciones de origen

ART. 2.2.2.23.1.—Facultad de uso de las denominaciones de origen. La facultad de autorizar el uso de las denominaciones de origen a que hace referencia el artículo 208 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá ser delegada en las entidades públicas o privadas que representen a los beneficiarios de las denominaciones de origen. Para el efecto, las entidades públicas y privadas interesadas en otorgar las autorizaciones de uso, deberán presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud en tal sentido, de conformidad con los requisitos y condiciones establecidos por esta última.

(D. 3081/2005, art. 1º)

CAPÍTULO 24

Procedimiento para la declaratoria de existencia de razones de interés público del artículo 65 de la decisión 486 de 2000

ART. 2.2.2.24.1.—Objeto. El presente capítulo tiene por objeto establecer la competencia y el procedimiento para el trámite de declaratoria de la existencia de razones de interés público, a que refiere el artículo 65 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

(D. 4302/2008, art. 1º)

ART. 2.2.2.24.2.—Definiciones. Para efectos del presente capítulo se establecen las siguientes definiciones:

Autoridad competente: Es el ministerio o el departamento administrativo encargado de la formulación y adopción de las políticas y proyectos del sector que dirigen, en los términos del artículo 58 de la Ley 489 de 1998 y, que según la materia de que se trate, debe declarar mediante resolución motivada la existencia de razones de interés público para el otorgamiento de licencias obligatorias.

Declaratoria de existencia de razones de interés público: Acto administrativo mediante el cual la autoridad competente declara la existencia de razones de interés público que soportan la necesidad de someter a licencia obligatoria las patentes de invención.

(D. 4302/2008, art. 2º)

ART. 2.2.2.24.3.—Solicitud. Las personas naturales o jurídicas interesadas en que se declare la existencia de razones de interés público con el propósito de que se otorgue una licencia obligatoria sobre productos objeto de patente o por el uso integral del procedimiento patentado, podrán solicitar dicha declaratoria ante la autoridad competente correspondiente, la cual procederá conforme al procedimiento previsto en el presente capítulo.

(D. 4302/2008, art. 3º)

ART. 2.2.2.24.4.—Procedimiento para la declaratoria de existencia de razones de interés público. Para efectos de la declaratoria de la existencia de razones de interés público, se tendrá en cuenta lo siguiente:

1. La solicitud de declaratoria de las razones de interés público para someter a una patente a licencia obligatoria se debe presentar por el interesado ante la respectiva autoridad competente, la cual contendrá como mínimo las razones que fundamentan la petición, así como la relación de la(s) patente(s) que en criterio de los solicitantes deben ser sometidas a licencia obligatoria.

2. La autoridad competente, mediante acto motivado, dispondrá adelantar o no la respectiva actuación administrativa y comunicará dicha providencia al interesado.

3. La autoridad competente procederá conforme a lo dispuesto por las normas legales vigentes, cuando terceros determinados, incluido el titular de la patente, o indeterminados, pueden estar directamente interesados o resultar afectados con la decisión.

4. Durante la actuación administrativa se podrán pedir y decretar pruebas y allegar informaciones, de oficio o a petición de los interesados. El auto que decrete la práctica de pruebas indicará el día que vence el término probatorio.

5. La autoridad competente para definir la solicitud de declaratoria de razones de interés público contará con un término de tres (3) meses para adoptar la decisión que corresponda, la cual será comunicada al solicitante y a los terceros interesados, en caso de haberlos.

6. La autoridad competente que expida la resolución de declaratoria de razones de interés público, la publicará en el Diario Oficial.

PAR. 1º—El trámite que se surta ante la autoridad competente, en los aspectos procedimentales no previstos en el presente capítulo se regirá por lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes.

PAR. 2º—El procedimiento previsto en el presente capítulo podrá ser también iniciado de oficio por la autoridad competente.

(D. 4302/2008, art. 4º, modificado por el D. 4966/2009)

ART. 2.2.2.24.5.—Contenido del acto administrativo de declaratoria. La resolución expedida por el correspondiente ministerio o departamento administrativo en la que se declare que existen razones de interés público que ameriten la expedición de licencia(s) obligatoria(s) deberá identificar la situación que afecta el interés general; establecer las circunstancias que llevaron a la declaratoria y los motivos por las cuales se debe licenciar la patente; además, indicará las medidas o mecanismos necesarios que se deban adoptar para conjurar dicha afectación. Los aspectos relacionados con el alcance específico de la(s) licencia(s) obligatoria(s) que se concederán serán concretados por la Superintendencia de Industria y Comercio con base en lo previsto en la referida resolución, dentro del trámite a que se refiere el artículo 2.2.2.24.7 del presente decreto.

PAR.—(Derogado).* Sin perjuicio de lo aquí dispuesto, el ministerio o departamento administrativo que declare la existencia de razones de interés público, en el marco de sus competencias, podrá establecer medidas diferentes a la concesión de licencia(s) obligatoria(s).

(D. 4302/2008, art. 5º)

*(Nota: Derogado el parágrafo del presente artículo por el Decreto 670 de 2017 artículo 2º del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.24.6.—(Modificado).* Comité técnico. Para efectos de la declaratoria de razones de interés público de que trata el artículo 2.2.2.24.4, del presente capítulo, el respectivo ministerio o departamento administrativo dispondrá de un comité técnico creado mediante resolución expedida por estas entidades, que deberá:

1. Examinar y evaluar los documentos que se presenten.

2. Solicitar la información que deba ser presentada por el interesado, así como la adicional o complementaria a la misma.

3. Solicitar conceptos o apoyo técnico de otras entidades.

4. Recomendar al ministro o director de departamento administrativo la decisión de declarar o no la existencia de razones de interés público y, la consecuente expedición del acto administrativo a que se refiere el artículo 2.2.2.24.4, del presente capítulo.

PAR. 1º—El comité podrá convocar a sus reuniones a funcionarios de cualquier entidad cuyo acompañamiento resulte pertinente o necesario (de conformidad con el mercado a que se refiere la solicitud), a efectos de analizar los asuntos que se le sometan a su consideración. Igualmente podrá invitar al peticionario para que amplíe los detalles de su solicitud, así como a los terceros interesados que se hagan parte en la actuación.

PAR. 2º—El término previsto en el artículo 2.2.2.24.4 del presente capítulo se suspenderá mientras el peticionario allegue la información adicional solicitada por el Comité o se aportan los conceptos solicitados a otras entidades.

PAR. 3º—El comité elaborara un informe de recomendación y lo pondrá a disposición del peticionario, del titular de la patente, de las autoridades públicas pertinentes y de cualquier tercero interesado para que en el término de diez (10) días hábiles presenten observaciones. Vencido este término dentro de los tres (3) días siguientes, el comité remitirá al ministro o director administrativo correspondiente, el informe de recomendación y las observaciones presentadas si las hubiere.

(D. 4302/2008, art. 6º; adicionado por el D. 4966, art. 2º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 670 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.24.7.—Trámite ante la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio, una vez se publique en el Diario Oficial y se comunique el acto administrativo a que se refiere el artículo 2.2.2.24.4 del presente capítulo, adelantará el trámite correspondiente para el otorgamiento de la(s) licencia(s) obligatoria(s) que se le soliciten, de acuerdo con el procedimiento que para el efecto se establezca.

La autoridad competente prestará el apoyo que la Superintendencia de Industria y Comercio requiera durante dicho trámite, particularmente en lo relacionado con la determinación del período por el cual se concederá la licencia y el monto y las condiciones de la compensación económica.

(D. 4302/2008, art. 7º)

CAPÍTULO 25

Reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012

SECCIÓN 1

Disposiciones generales

ART. 2.2.2.25.1.1.—Objeto. El presente capítulo tiene como objeto reglamentar parcialmente la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.

(D. 1377/2013, art. 1º)

ART. 2.2.2.25.1.2.—Tratamiento de datos en el ámbito personal o doméstico. De conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 2º de la Ley 1581 de 2012, se exceptúan de la aplicación de dicha ley y del presente capítulo, las bases de datos mantenidas en un ámbito exclusivamente personal o doméstico. El ámbito personal o doméstico comprende aquellas actividades que se inscriben en el marco de la vida privada o familiar de las personas naturales.

(D. 1377/2013, art. 2º)

ART. 2.2.2.25.1.3.—Definiciones. Además de las definiciones establecidas en el artículo 3º de la Ley 1581 de 2012, para los efectos del presente capítulo se entenderá por:

1. Aviso de privacidad. Comunicación verbal o escrita generada por el responsable, dirigida al titular para el tratamiento de sus datos personales, mediante la cual se le informa acerca de la existencia de las políticas de tratamiento de información que le serán aplicables, la forma de acceder a las mismas y las finalidades del tratamiento que se pretende dar a los datos personales.

2. Dato público. Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son considerados datos públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a su profesión u oficio y a su calidad de comerciante o de servidor público. Por su naturaleza, los datos públicos pueden estar contenidos, entre otros, en registros públicos, documentos públicos, gacetas y boletines oficiales y sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva.

3. Datos sensibles. Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos.

4. Transferencia. La transferencia de datos tiene lugar cuando el responsable y/o encargado del tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia, envía la información o los datos personales a un receptor, que a su vez es responsable del tratamiento y se encuentra dentro o fuera del país.

5. Transmisión. Tratamiento de datos personales que implica la comunicación de los mismos dentro o fuera del territorio de la República de Colombia cuando tenga por objeto la realización de un tratamiento por el encargado por cuenta del responsable.

(D. 1377/2013, art. 3º)

SECCIÓN 2

Autorización

ART. 2.2.2.25.2.1.—Recolección de los datos personales. En desarrollo de los principios de finalidad y libertad, la recolección de datos deberá limitarse a aquellos datos personales que son pertinentes y adecuados para la finalidad para la cual son recolectados o requeridos conforme a la normatividad vigente. Salvo en los casos expresamente previstos en la ley, no se podrán recolectar datos personales sin autorización del titular A solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio, los responsables deberán proveer una descripción de los procedimientos usados para la recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión de información, como también la descripción de las finalidades para las cuales la información es recolectada y una explicación sobre la necesidad de recolectar los datos en cada caso.

No se podrán utilizar medios engañosos o fraudulentos para recolectar y realizar Tratamiento de datos personales.

(D. 1377/2013, art. 4º)

ART. 2.2.2.25.2.2.—Autorización. El responsable del tratamiento deberá adoptar procedimientos para solicitar, a más tardar en el momento de la recolección de sus datos, la autorización del titular para el tratamiento de los mismos e informarle los datos personales que serán recolectados así como todas las finalidades específicas del tratamiento para las cuales se obtiene el consentimiento.

Los datos personales que se encuentren en fuentes de acceso público, con independencia del medio por el cual se tenga acceso, entendiéndose por tales aquellos datos o bases de datos que se encuentren a disposición del público, pueden ser tratados por cualquier persona siempre y cuando, por su naturaleza, sean datos públicos.

En caso de haber cambios sustanciales en el contenido de las políticas del tratamiento a que se refiere a la sección 3 de este capítulo, referidos a la identificación del responsable y a la finalidad del tratamiento de los datos personales, los cuales puedan afectar el contenido de la autorización, el responsable del tratamiento debe comunicar estos cambios al titular antes de o a más tardar al momento de implementar las nuevas políticas. Además, deberá obtener del titular una nueva autorización cuando el cambio se refiera a la finalidad del tratamiento.

(D. 1377/2013, art. 5º)

ART. 2.2.2.25.2.3.—De la autorización para el tratamiento de datos personales sensibles. El tratamiento de los datos sensibles a que se refiere el artículo 5º de la Ley 1581 de 2012 está prohibido, a excepción de los casos expresamente señalados en el artículo 6º de la citada ley.

En el tratamiento de datos personales sensibles, cuando dicho tratamiento sea posible conforme a lo establecido en el artículo 6º de la Ley 1581 de 2012, deberán cumplirse las siguientes obligaciones:

1. Informar al titular que por tratarse de datos sensibles no está obligado a autorizar su Tratamiento.

2. Informar al titular de forma explícita y previa, además de los requisitos generales de la autorización para la recolección de cualquier tipo de dato personal, cuáles de los datos que serán objeto de tratamiento son sensibles y la finalidad del tratamiento, así como obtener su consentimiento expreso.

Ninguna actividad podrá condicionarse a que el titular suministre datos personales sensibles.

(D. 1377/2013, art. 6º)

ART. 2.2.2.25.2.4.—Modo de obtener la autorización. Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley 1581 de 2012, los responsables del tratamiento de datos personales establecerán mecanismos para obtener la autorización de los titulares o de quien se encuentre legitimado de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.4.1, del presente decreto, que garanticen su consulta. Estos mecanismos podrán ser predeterminados a través de medios técnicos que faciliten al titular su manifestación automatizada.

Se entenderá que la autorización cumple con estos requisitos cuando se manifieste (i) por escrito, (ii) de forma oral o (iii) mediante conductas inequívocas del titular que permitan concluir de forma razonable que otorgó la autorización. En ningún caso el silencio podrá asimilarse a una conducta inequívoca.

(D. 1377/2013, art. 7º)

ART. 2.2.2.25.2.5.—Prueba de la autorización. Los responsables deberán conservar prueba de la autorización otorgada por los titulares de datos personales para el tratamiento de los mismos.

(D. 1377/2013, art. 8º)

ART. 2.2.2.25.2.6.—Revocatoria de la autorización y/o supresión del dato. Los titulares podrán en todo momento solicitar al responsable o encargado la supresión de sus datos personales y/o revocar la autorización otorgada para el tratamiento de los mismos, mediante la presentación de un reclamo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 1581 de 2012.

La solicitud de supresión de la información y la revocatoria de la autorización no procederán cuando el titular tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos.

El responsable y el encargado deben poner a disposición del titular mecanismos gratuitos y de fácil acceso para presentar la solicitud de supresión de datos o la revocatoria de la autorización otorgada.

Si vencido el término legal respectivo, el responsable y/o el encargado, según fuera el caso, no hubieran eliminado los datos personales, el titular tendrá derecho a solicitar a la Superintendencia de Industria y Comercio que ordene la revocatoria de la autorización y/o la supresión de los datos personales. Para estos efectos se aplicará el procedimiento descrito en el artículo 22 de la Ley 1581 de 2012.

(D. 1377/2013, art. 9º)

ART. 2.2.2.25.2.7.—Datos recolectados antes del 27 de junio de 2013. Para los datos recolectados antes del 27 de junio de 2013, se tendrá en cuenta lo siguiente:

1. Los responsables deberán solicitar la autorización de los titulares para continuar con el tratamiento de sus datos personales del modo previsto en el artículo 2.2.2.25.2.4, a través de mecanismos eficientes de comunicación, así como poner en conocimiento de estos sus políticas de tratamiento de la información y el modo de ejercer sus derechos.

2. Para efectos de lo dispuesto en el numeral 1º, se considerarán como mecanismos eficientes de comunicación aquellos que el responsable o encargado usan en el curso ordinario de su interacción con los titulares registrados en sus bases de datos.

3. Si los mecanismos citados en el numeral 1º imponen al responsable una carga desproporcionada o es imposible solicitar a cada titular el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales y poner en su conocimiento las políticas de tratamiento de la información y el modo de ejercer sus derechos, el responsable podrá implementar mecanismos alternos para los efectos dispuestos en el numeral 1º, tales como diarios de amplia circulación nacional, diarios locales o revistas, páginas de Internet del responsable, carteles informativos, entre otros, e informar al respecto a la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de los cinco (5) días siguientes a su implementación.

Con el fin de establecer cuándo existe una carga desproporcionada para el responsable se tendrá en cuenta su capacidad económica, el número de titulares, la antigüedad de los datos, el ámbito territorial y sectorial de operación del responsable y el mecanismo alterno do comunicación a utilizar, de manera que el hecho de solicitar el consentimiento a cada uno de los titulares implique un costo excesivo y que ello comprometa la estabilidad financiera del responsable, la realización de actividades propias de su negocio o la viabilidad de su presupuesto programado.

A su vez, se considerará que existe una imposibilidad de solicitar a cada titular el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales y poner en su conocimiento las políticas de tratamiento de la información y el modo de ejercer sus derechos cuando el responsable no cuente con datos de contacto de los titulares, ya sea porque los mismos no obran en sus archivos, registros o bases de datos, o bien, porque estos se encuentran desactualizados, incorrectos, incompletos o inexactos.

4. Si en el término de treinta (30) días hábiles, contado a partir de la implementación de cualesquiera de los mecanismos de comunicación descritos en los numerales 1º, 2º y 3º, el titular no ha contactado al responsable o encargado para solicitar la supresión de sus datos personales en los términos del presente capítulo, el responsable y encargado podrán continuar realizando el tratamiento de los datos contenidos en sus bases de datos para la finalidad o finalidades indicadas en la política de tratamiento de la información, puesta en conocimiento de los titulares mediante tales mecanismos, sin perjuicio de la facultad que tiene el titular de ejercer en cualquier momento su derecho y pedir la eliminación del dato.

5. En todo caso el responsable y el encargado deben cumplir con todas las disposiciones aplicables de la Ley 1581 de 2012 y el presente capítulo. Así mismo, será necesario que la finalidad o finalidades del tratamiento vigentes sean iguales, análogas o compatibles con aquella o aquellas para las cuales se recabaron los datos personales inicialmente.

PAR.—La implementación de los mecanismos alternos de comunicación previstos en esta norma deberá realizarse a más tardar dentro del mes siguiente de la publicación del Decreto 1377 de 2013.

(D. 1377/2013, art. 10)

ART. 2.2.2.25.2.8.—Limitaciones temporales al tratamiento de los datos personales. Los responsables y encargados del tratamiento solo podrán recolectar, almacenar, usar o circular los datos personales durante el tiempo que sea razonable y necesario, de acuerdo con las finalidades que justificaron el tratamiento, atendiendo a las disposiciones aplicables a la materia de que se trate y a los aspectos administrativos, contables, fiscales, jurídicos e históricos de la información. Una vez cumplida la o las finalidades del tratamiento y sin perjuicio de normas legales que dispongan lo contrario, el responsable y el encargado deberán proceder a la supresión de los datos personales en su posesión. No obstante lo anterior, los datos personales deberán ser conservados cuando así se requiera para el cumplimiento de una obligación legal o contractual.

Los responsables y encargados del tratamiento deberán documentar los procedimientos para el tratamiento, conservación y supresión de los datos personales de conformidad con las disposiciones aplicables a la materia de que se trate, así como las instrucciones que al respecto imparta la Superintendencia de Industria y Comercio.

(D. 1377/2013, art. 11)

ART. 2.2.2.25.2.9.—Requisitos especiales para el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes. El tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes está prohibido, excepto cuando se trate de datos de naturaleza pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 7º de la Ley 1581 de 2012 y cuando dicho tratamiento cumpla con los siguientes parámetros y requisitos:

1. Que responda y respete el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

2. Que se asegure el respeto de sus derechos fundamentales.

Cumplidos los anteriores requisitos, el representante legal del niño, niña o adolescente otorgará la autorización previo ejercicio del menor de su derecho a ser escuchado, opinión que será valorada teniendo en cuenta la madurez, autonomía y capacidad para entender el asunto.

Todo responsable y encargado involucrado en el tratamiento de los datos personales de niños, niñas y adolescentes, deberá velar por el uso adecuado de los mismos. Para este fin deberán aplicarse los principios y obligaciones establecidos en la Ley 1581 de 2012 y el presente capítulo.

La familia y la sociedad deben velar porque los responsables y encargados del tratamiento de los datos personales de los menores de edad cumplan las obligaciones establecidas en la Ley 1581 de 2012 y el presente capítulo.

(D. 1377/2013, art. 12)

SECCIÓN 3

Políticas de tratamiento

ART. 2.2.2.25.3.1.—Políticas de tratamiento de la información. Los responsables del tratamiento deberán desarrollar sus políticas para el tratamiento de los datos personales y velar porque los Encargados del Tratamiento den cabal cumplimiento a las mismas.

Las políticas de tratamiento de la información deberán constar en medio físico o electrónico, en un lenguaje claro y sencillo y ser puestas en conocimiento de los titulares.

Dichas políticas deberán incluir, por lo menos, la siguiente información:

1. Nombre o razón social, domicilio, dirección, correo electrónico y teléfono del Responsable.

2. Tratamiento al cual serán sometidos los datos y finalidad del mismo cuando esta no se haya informado mediante el aviso de privacidad.

3. Derechos que le asisten como titular.

4. Persona o área responsable de la atención de peticiones, consultas y reclamos ante la cual el titular de la información puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir el dato y revocar la autorización.

5. Procedimiento para que los titulares de la información puedan ejercer los derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir información y revocar la autorización.

6. Fecha de entrada en vigencia de la política de tratamiento de la información y período de vigencia de la base de datos.

Cualquier cambio sustancial en las políticas de tratamiento, en los términos descritos en el artículo 2.2.2.25.2.2 del presente decreto deberá ser comunicado oportunamente a los titulares de los datos personales de una manera eficiente, antes de implementar las nuevas políticas.

(D. 1377/2013, art. 13)

ART. 2.2.2.25.3.2.—Aviso de privacidad. En los casos en los que no sea posible poner a disposición del Titular las políticas de tratamiento de la información, los responsables deberán informar por medio de un aviso de privacidad al titular sobre la existencia de tales políticas y la forma de acceder a las mismas, de manera oportuna y en todo caso a más tardar al momento de la recolección de los datos personales.

(D. 1377/2013, art. 14)

ART. 2.2.2.25.3.3.—Contenido mínimo del aviso de privacidad. El aviso de privacidad, como mínimo, deberá contener la siguiente información:

1. Nombre o razón social y datos de contacto del responsable del tratamiento.

2. El Tratamiento al cual serán sometidos los datos y la finalidad del mismo.

3. Los derechos que le asisten al titular.

4. Los mecanismos dispuestos por el responsable para que el titular conozca la política de tratamiento de la información y los cambios sustanciales que se produzcan en ella o en el aviso de privacidad correspondiente. En todos los casos, debe informar al titular cómo acceder o consultar la política de tratamiento de información.

No obstante lo anterior, cuando se recolecten datos personales sensibles, el aviso de privacidad deberá señalar expresamente el carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que versen sobre este tipo de datos.

En todo caso, la divulgación del aviso de privacidad no eximirá al responsable de la obligación de dar a conocer a los titulares la política de tratamiento de la información, de conformidad con lo establecido en este capítulo.

(D. 1377/2013, art. 15)

ART. 2.2.2.25.3.4.—Deber de acreditar puesta a disposición del aviso de privacidad y las políticas de tratamiento de la información. Los responsables deberán conservar el modelo del aviso de privacidad que utilicen para cumplir con el deber que tienen de dar a conocer a los titulares la existencia de políticas del tratamiento de la información y la forma de acceder a las mismas, mientras se traten datos personales conforme al mismo y perduren las obligaciones que de este se deriven. Para el almacenamiento del modelo, el responsable podrá emplear medios informáticos, electrónicos o cualquier otra tecnología que garantice el cumplimiento de lo previsto en la Ley 527 de 1999.

(D. 1377/2013, art. 16)

ART. 2.2.2.25.3.5.—Medios de difusión del aviso de privacidad y de las políticas de tratamiento de la información. Para la difusión del aviso de privacidad y de la política de tratamiento de la información, el responsable podrá valerse de documentos, formatos electrónicos, medios verbales o cualquier otra tecnología, siempre y cuando garantice y cumpla con el deber de informar al titular.

(D. 1377/2013, art. 17)

ART. 2.2.2.25.3.6.—Procedimientos para el adecuado tratamiento de los datos personales. Los procedimientos de acceso, actualización, supresión y rectificación de datos personales y de revocatoria de la autorización deben darse a conocer o ser fácilmente accesibles a los titulares de la información e incluirse en la política de tratamiento de la información.

(D. 1377/2013, art. 18)

ART. 2.2.2.25.3.7.—Medidas de seguridad. La Superintendencia de Industria y Comercio impartirá las instrucciones relacionadas con las medidas de seguridad en el tratamiento de datos personales.

(D. 1377/2013, art. 19)

SECCIÓN 4

Ejercicio de los derechos de los titulares

ART. 2.2.2.25.4.1.—Legitimación para el ejercicio de los derechos del titular. Los derechos de los titulares establecidos en la ley, podrán ejercerse por las siguientes personas:

1. Por el titular, quien deberá acreditar su identidad en forma suficiente por los distintos medios que le ponga a disposición el responsable.

2. Por sus causahabientes, quienes deberán acreditar tal calidad.

3. Por el representante y/o apoderado del titular, previa acreditación de la representación o apoderamiento.

4. Por estipulación a favor de otro o para otro.

Los derechos de los niños, niñas o adolescentes se ejercerán por las personas que estén facultadas para representarlos.

(D. 1377/2013, art. 20)

ART. 2.2.2.25.4.2.—Del derecho de acceso. Los responsables y encargados del tratamiento deben establecer mecanismos sencillos y ágiles que se encuentren permanentemente disponibles a los titulares con el fin de que estos puedan acceder a los datos personales que estén bajo el control de aquellos y ejercer sus derechos sobre los mismos.

El titular podrá consultar de forma gratuita sus datos personales: (i) al menos una vez cada mes calendario, y (ii) cada vez que existan modificaciones sustanciales de las políticas de tratamiento de la información que motiven nuevas consultas.

Para consultas cuya periodicidad sea mayor a una por cada mes calendario, el responsable solo podrá cobrar al titular los gastos de envío, reproducción y, en su caso, certificación de documentos. Los costos de reproducción no podrán ser mayores a los costos de recuperación del material correspondiente. Para tal efecto, el responsable deberá demostrar a la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando esta así lo requiera, el soporte de dichos gastos.

(D. 1377/2013, art. 21)

ART. 2.2.2.25.4.3.—Del derecho de actualización, rectificación y supresión. En desarrollo del principio de veracidad o calidad, en el tratamiento de los datos personales deberán adoptarse las medidas razonables para asegurar que los datos personales que reposan en las bases de datos sean precisos y suficientes y, cuando así lo solicite el titular o cuando el responsable haya podido advertirlo, sean actualizados, rectificados o suprimidos, de tal manera que satisfagan los propósitos del tratamiento.

(D. 1377/2013, art. 22)

ART. 2.2.2.25.4.4.—Medios para el ejercicio de los derechos. Todo responsable y encargado deberá designar a una persona o área que asuma la función de protección de datos personales, que dará trámite a las solicitudes de los titulares, para el ejercicio de los derechos a que se refiere la Ley 1581 de 2012 y el presente capítulo.

(D. 1377/2013, art. 23)

SECCIÓN 5

Transferencias y transmisiones internacionales de datos personales

ART. 2.2.2.25.5.1.—De la transferencia y transmisión internacional de datos personales. Para la transmisión y transferencia de datos personales, se aplicarán las siguientes reglas:

1. Las transferencias internacionales de datos personales deberán observar lo previsto en el artículo 26 de la Ley 1581 de 2012.

2. Las transmisiones internacionales de datos personales que se efectúen entre un responsable y un encargado para permitir que el encargado realice el tratamiento por cuenta del responsable, no requerirán ser informadas al titular ni contar con su consentimiento cuando exista un contrato en los términos del artículo 2.2.2.25.5.2.

(D. 1377/2013, art. 24)

ART. 2.2.2.25.5.2.—Contrato de transmisión de datos personales. El contrato que suscriba el responsable con los encargados para el tratamiento de datos personales bajo su control y responsabilidad señalará los alcances del tratamiento, las actividades que el encargado realizará por cuenta del responsable para el tratamiento de los datos personales y las obligaciones del encargado para con el titular y el responsable.

Mediante dicho contrato el encargado se comprometerá a dar aplicación a las obligaciones del responsable bajo la política de tratamiento de la información fijada por este y a realizar el tratamiento de datos de acuerdo con la finalidad que los titulares hayan autorizado y con las leyes aplicables.

Además de las obligaciones que impongan las normas aplicables dentro del citado contrato, deberán incluirse las siguientes obligaciones en cabeza del respectivo encargado:

1. Dar tratamiento, a nombre del responsable, a los datos personales conforme a los principios que los tutelan.

2. Salvaguardar la seguridad de las bases de datos en los que se contengan datos personales.

3. Guardar confidencialidad respecto del tratamiento de los datos personales.

(D. 1377/2013, art. 25)

SECCIÓN 6

Responsabilidad demostrada frente al tratamiento de datos personales

ART. 2.2.2.25.6.1.—Demostración. Los responsables del tratamiento de datos personales deben ser capaces de demostrar, a petición de la Superintendencia de Industria y Comercio, que han implementado medidas apropiadas y efectivas para cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 1581 de 2012 y este capítulo, en una manera que sea proporcional a lo siguiente:

1. La naturaleza jurídica del responsable y, cuando sea del caso, su tamaño empresarial, teniendo en cuenta si se trata de una micro, pequeña, mediana o gran empresa, de acuerdo con la normativa vigente.

2. La naturaleza de los datos personales objeto del tratamiento.

3. El tipo de tratamiento.

4. Los riesgos potenciales que el referido tratamiento podrían causar sobre los derechos de los titulares.

En respuesta a un requerimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, los responsables deberán suministrar a esta una descripción de los procedimientos usados para la recolección de los datos personales, como también la descripción de las finalidades para las cuales esta información es recolectada y una explicación sobre la relevancia de los datos personales en cada caso.

En respuesta a un requerimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, quienes efectúen el tratamiento de los datos personales deberán suministrar a esta evidencia sobre la implementación efectiva de las medidas de seguridad apropiadas:

(D. 1377/2013, art. 26)

ART. 2.2.2.25.6.2.—Políticas internas efectivas. En cada caso, de acuerdo con las circunstancias mencionadas en los numerales 1º, 2º, 3º y 4º del artículo 2.2.2.25.6.1 las medidas efectivas y apropiadas implementadas por el responsable deben ser consistentes con las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Dichas políticas deberán garantizar:

1. La existencia de una estructura administrativa proporcional a la estructura y tamaño empresarial del responsable para la adopción e implementación de políticas consistentes con la Ley 1581 de 2012 y este capítulo.

2. La adopción de mecanismos internos para poner en práctica estas políticas incluyendo herramientas de implementación, entrenamiento y programas de educación.

3. La adopción de procesos para la atención y respuesta a consultas, peticiones y reclamos de los titulares, con respecto a cualquier aspecto del tratamiento.

La verificación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la existencia de medidas y políticas específicas para el manejo adecuado de los datos personales que administra un responsable será tenida en cuenta al momento de evaluar la imposición de sanciones por violación a los deberes y obligaciones establecidos en la ley y en el presente capítulo.

(D. 1377/2013, art. 27)

CAPÍTULO 26

Registro nacional de bases de datos

SECCIÓN 1

Disposiciones generales

ART. 2.2.2.26.1.1.—Objeto. El presente capítulo tiene como objeto reglamentar la información mínima que debe contener el registro nacional de bases de datos, creado por la Ley 1581 de 2012, así como los términos y condiciones bajo las cuales se deben inscribir en este los responsables del tratamiento.

(D. 886/2014, art. 1º)

ART. 2.2.2.26.1.2.—(Modificado).* Ámbito de aplicación. Serán objeto de inscripción en el registro nacional de bases de datos, las bases de datos que contengan datos personales cuyo tratamiento automatizado o manual se realice por personas naturales o jurídicas, de naturaleza pública o privada, en el territorio colombiano o fuera de él, en este último caso, siempre que al responsable del tratamiento o al encargado del tratamiento le sea aplicable la legislación colombiana en virtud de normas y tratados internacionales. Lo anterior sin perjuicio de las excepciones previstas en el artículo 2º de la Ley 1581 de 2012.

(D. 886/2014, art. 2º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 90 de 2018 artículo 1º del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.26.1.3.—Deber de inscribir las bases de datos. El responsable del tratamiento debe inscribir en el registro nacional de bases de datos, de manera independiente, cada una de las bases de datos que contengan datos personales sujetos a tratamiento.

(D. 886/2014, art. 3º)

ART. 2.2.2.26.1.4.—Consulta del registro nacional de bases de datos. Los ciudadanos podrán consultar en el registro nacional de bases de datos, la información mínima prevista en el artículo 2.2.2.26.2.1 del presente decreto con el fin de facilitar el ejercicio de sus derechos a conocer, actualizar, rectificar, suprimir el dato y/o revocar la autorización.

(D. 886/2014, art. 4º)

SECCIÓN 2

Del registro nacional de bases de datos

ART. 2.2.2.26.2.1.—Información mínima del registro nacional de bases de datos. La información mínima que debe contener el registro nacional de bases de datos es la siguiente:

1. Datos de identificación, ubicación y contacto del responsable del tratamiento de la base de datos.

2. Datos de identificación, ubicación y contacto del o de los encargados del tratamiento de la base de datos.

3. Canales para que los titulares ejerzan sus derechos.

4. Nombre y finalidad de la base de datos.

5. Forma de tratamiento de la base de datos (manual y/o automatizada), y

6. política de tratamiento de la información.

La Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad de protección de datos personales, podrá establecer dentro del registro nacional de bases de datos información adicional a la mínima prevista en este artículo, acorde con las facultades que le atribuyó la Ley 1581 de 2012 en el literal h) del artículo 21.

(D. 886/2014, art. 5º)

ART. 2.2.2.26.2.2.—Responsable del tratamiento de la base de datos. Cuando el responsable del tratamiento de la base de datos sea una persona jurídica, deberá indicar su denominación o razón social y su número de identificación tributaria, así como sus datos de ubicación y contacto. Cuando el responsable del tratamiento sea una persona natural, inscribirá sus datos de identificación, ubicación y contacto.

(D. 886/2014, art. 6º)

ART. 2.2.2.26.2.3.—Encargado del tratamiento de la base de datos. Cuando el encargado o los encargados del tratamiento de la base de datos sean o sea una persona jurídica, el responsable del tratamiento deberá indicar en el registro nacional de bases de datos la denominación o razón social completa y el número de identificación tributaria de dicho encargado o encargados, así como sus datos de ubicación y contacto. Cuando el o los encargados del tratamiento sean o sea una persona natural, se inscribirán sus datos de identificación, ubicación y contacto.

(D. 886/2014, art. 7º)

ART. 2.2.2.26.2.4.—Canales para ejercer derechos. Son los medios de recepción y atención de peticiones, consultas y reclamos que el responsable del tratamiento y el encargado del tratamiento deben poner a disposición de los titulares de la información, con los datos de contacto respectivos, por medio de los cuales el titular puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales contenidos en bases de datos y revocar la autorización que haya otorgado para el tratamiento de los mismos, cuando esto sea posible. Estos canales deben prever, por lo menos, la posibilidad de que el titular ejerza sus derechos a través del mismo medio por el cual fue recogida su información, dejando constancia de la recepción y trámite de la respectiva solicitud.

En los casos en los que el tratamiento de datos lo realice el encargado, el responsable del tratamiento registrará la información de contacto del encargado para que el titular pueda adelantar ante este el ejercicio de sus derechos, sin perjuicio de la posibilidad que tiene de acudir directamente al responsable del tratamiento.

(D. 886/2014, art. 8º)

ART. 2.2.2.26.2.5.—Nombre y finalidad de la base de datos. El responsable del tratamiento identificará cada una de las bases de datos que inscriba, de acuerdo con la finalidad para la cual fue creada.

(D. 886/2014, art. 9º)

ART. 2.2.2.26.2.6.—Formas de tratamiento. Los datos personales contenidos en bases de datos podrán ser tratados de manera automatizada o manual. Son bases de datos manuales los archivos cuya información se encuentra organizada y almacenada de manera física y bases de datos automatizadas aquellas que se almacenan y administran con la ayuda de herramientas informáticas.

(D. 886/2014, art. 10)

ART. 2.2.2.26.2.7.—Política de tratamiento de la información. La inscripción de la política de tratamiento de la información en el registro nacional de bases de datos no exime al responsable del tratamiento de su deber de ponerla en conocimiento de los titulares.

La información mínima que debe contener dicha política corresponde a la prevista en el artículo 2.2.2.25.3.1 del presente decreto.

(D. 886/2014, art. 11)

SECCIÓN 3

Términos y condiciones de inscripción en el registro nacional de bases de datos

ART. 2.2.2.26.3.1.—(Modificado).* Plazo de inscripción. Los responsables del tratamiento deberán inscribir sus bases de datos en el registro nacional de bases de datos dentro del año siguiente a la fecha en que la Superintendencia de Industria y Comercio habilite dicho registro, de acuerdo con las instrucciones que para el efecto imparta esa entidad. Las bases de datos que se creen con posterioridad a ese plazo, deberán inscribirse dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de su creación.

(D. 886/2014, art. 12)

(Nota: Modificado el presente artículo por el Decreto 1115 de 2017 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

*(Nota: Modificado por el Decreto 90 de 2018 artículo 2º del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.26.3.2.—Inscripción de las bases de datos. La Superintendencia de Industria y Comercio establecerá el procedimiento de inscripción en el registro nacional de bases de datos que deberán cumplir los responsables del tratamiento, previa validación de su identidad, de acuerdo con lo que para el efecto establezca esa entidad.

(D. 886/2014, art. 13)

ART. 2.2.2.26.3.3.—Actualización de la información contenida en el registro nacional de bases de datos. Los responsables del tratamiento de las bases de datos deberán actualizar en el registro nacional de bases de datos la información inscrita cuando haya cambios sustanciales, según sean definidos por la Superintendencia de Industria y Comercio.

(D. 886/2014, art. 14)

ART. 2.2.2.26.3.4.—Facultad sancionatoria de la Superintendencia de Industria y Comercio. La facultad sancionatoria le corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando se incumpla la Ley 1581 de 2012.

(D. 886/2014, art. 15)

CAPÍTULO 27

Contenido mínimo de las historias crediticias

ART. 2.2.2.27.1.—Requisitos mínimos de información. Para los efectos de lo consagrado en el artículo 14 de la Ley 1266 de 2008, los operadores de bancos de datos de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, al presentar la información de los titulares deberán adoptar un formato que contenga, como mínimo, los datos requeridos en el presente capítulo, según el sector al cual pertenezca la fuente de información.

La información a la que se refiere el presente capítulo deberá atender las características y particularidades de cada contrato celebrado.

I. Información general del titular de la información:

1. Nombre y apellidos completos o razón o denominación social: Deberá indicarse el nombre y apellidos o razón o denominación social del titular de la información, según se trate de persona natural o jurídica.

2. Tipo y número de identificación: Deberá indicarse el tipo de documento y número de identificación del titular: Cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, NIT.

3. Fecha de corte de la información: Deberá indicarse la fecha a la cual corresponde la información que se reporta.

4. Registro últimas consultas: Deberá indicarse el número de consultas realizadas en los últimos seis (6) meses.

5. Fecha de la consulta: Deberá indicarse la fecha en la cual se lleva a cabo la consulta de la información.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1266 de 2008, en el encabezado de cada reporte de información deberá indicarse lo siguiente: “Se presenta reporte negativo cuando la(s) persona(s) naturales y jurídicas efectivamente se encuentran en mora en sus cuotas u obligaciones. Se presenta reporte positivo cuando la(s) persona(s) naturales y jurídicas están al día en sus obligaciones”.

II. Sector financiero:

Comprende todos los productos adquiridos y las obligaciones contraídas por el titular de la información con entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia y aquellas a que se refiere el artículo 39 de la Ley 454 de 1998 o normas que la sustituyan o modifiquen.

1. Tipo de contrato: Deberá indicarse el tipo de contrato celebrado por el titular de la información con la fuente de información.

2. Número y estado del contrato: Deberá indicarse el número del contrato, ocultando algunos dígitos por efectos de seguridad. Así mismo, deberá indicarse si el contrato se encuentra vigente o no.

3. Condición o calidad: Deberá indicarse la condición o calidad en que actúa el titular de la información; es decir, si es deudor principal, deudor solidario, fiador, avalista u otro.

4. Fuente de información: Deberá indicarse el nombre de la persona natural o jurídica que suministra la información al operador del banco de datos, así como la sucursal, agencia o el establecimiento de comercio donde se celebró el contrato.

5. Fecha de inicio de la obligación, apertura o activación del producto: Deberá registrarse la fecha de inicio de la obligación, apertura o activación del producto adquirido.

6. Cupos aprobados: En el caso de créditos rotativos y tarjetas de crédito deberá indicarse el cupo total aprobado.

7. Cupo utilizado: En el caso de créditos rotativos y tarjetas de crédito deberá especificarse el cupo utilizado.

8. Saldo a la fecha de corte: En el caso de créditos o productos diferentes a créditos rotativos y tarjeta de crédito, deberá indicarse el saldo que registre la obligación al momento del corte.

9. Número de cuotas pactadas: Deberá indicarse el número de cuotas pactadas para el pago de la obligación correspondiente, excepto en el caso de tarjetas de crédito.

10. Número de cuotas pagadas: Deberá indicarse el número de cuotas pagadas por el titular de la información a la fecha de corte, excepto en el caso de tarjetas de crédito.

11. Estado de la obligación: Deberá indicarse si la obligación está al día o en mora.

12. Saldo en mora: Deberá indicarse el saldo total en mora de la obligación a la fecha de corte.

13. Situación o estado del titular: Deberá indicarse si el titular de la información se encuentra en alguna de las siguientes situaciones: Concordato, liquidación forzosa, liquidación voluntaria, proceso de reorganización u otra. En caso de no encontrarse el titular en ninguna de las anteriores situaciones, deberá indicarse en forma expresa dicha circunstancia.

14. Pago de la obligación: En el evento de extinción de la obligación mediante pago, deberá indicarse si el pago se realizó de forma voluntaria o no. De conformidad con el parágrafo 1º del artículo 14 de la Ley 1266 de 2008, “se entiende que una obligación ha sido voluntariamente pagada cuando su pago se ha producido sin que medie sentencia judicial que así lo ordene”.

15. Fecha de pago o extinción de la obligación: Deberá indicarse la fecha en la cual se pagó o extinguió la obligación.

16. Reestructuración: Deberá indicarse si el crédito ha sido objeto de acuerdo de reestructuración, de conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de Sistema de Administración de Riesgo de Crédito.

17. Reclamo o discusión judicial: Deberá indicarse si existe un “reclamo en trámite” sobre la información pendiente de resolución o si la misma es una “información en discusión judicial”.

III. Sector real:

Comprende todas las obligaciones contraídas por el titular de la información con personas naturales o jurídicas diferentes a las señaladas en el numeral anterior.

1. Tipo de contrato: Deberá indicarse el tipo de contrato, bien se trate de adquisición de bienes o de prestación de servicios, de los que se derive la obligación adquirida por el titular de la información con la fuente de información.

2. Número del contrato: Deberá indicarse el número del contrato o el número de suscripción o cualquier otro dato que permita la identificación del contrato respecto del titular de la información, ocultando algunos dígitos por razones de seguridad.

3. Condición o calidad: Deberá indicarse la condición o calidad en que actúa el titular de la información; es decir, si es deudor principal, deudor solidario, fiador, avalista u otro.

4. Fuente de información: Deberá indicarse el nombre de la persona natural o jurídica que suministra la información al operador del banco de datos, así como la sucursal, agencia o el establecimiento de comercio donde se celebró el contrato.

5. Fecha de inicio de la obligación o activación del producto o servicio adquirido: Deberá registrarse la fecha de inicio de la obligación o activación del producto o servicio adquirido.

6. Término o vigencia del contrato: Deberá indicarse si el contrato es a término indefinido o definido y, en este último caso, el número de meses que lleva celebrado el contrato.

7. Valor del cargo fijo: Deberá indicarse el valor del cargo fijo, si es del caso.

8. Cupo de crédito: Deberá indicarse el cupo de crédito utilizado, si es del caso.

9. Cláusula de permanencia: Deberá indicarse en número de meses, el término de la cláusula de permanencia mínima pactada, si es del caso.

10. Saldo a la fecha de corte: Deberá señalarse el saldo que registre la obligación al momento del corte, cuando sea del caso.

11. Valor de la cuota: Deberá indicarse el valor de la cuota y/o del consumo del contrato de bienes o servicios al momento del corte, cuando sea del caso.

12. Número de cuotas pactadas: Deberá señalarse el número de cuotas pactadas para el pago de la obligación.

13. Número de cuotas pagadas: Deberá indicarse el número de cuotas pagadas al momento del corte.

14. Estado de la obligación: Deberá indicarse si la obligación está al día o en mora.

15. Saldo en mora: Deberá indicarse el saldo total en mora de la obligación al momento del corte.

16. Pago de la obligación: En el evento de extinción de la obligación mediante pago, deberá indicarse si el pago se realizó de forma voluntaria o no. De conformidad con el parágrafo 1º del artículo 14 de la Ley 1266 de 2008, “se entiende que una obligación ha sido voluntariamente pagada, cuando su pago se ha producido sin que medie sentencia judicial que así lo ordene”.

17. Fecha de pago o extinción de la obligación: Deberá indicarse la fecha en la cual se pagó o extinguió la obligación.

18. Refinanciación: Deberá indicarse si hubo una modificación a las condiciones de pago inicialmente pactadas.

19. Reclamo o discusión judicial: Deberá indicarse si existe un “reclamo en trámite” sobre la información pendiente de resolución o si la misma es una “información en discusión judicial”.

Adicionalmente, el reporte deberá permitir al titular de la información o usuario visualizar el tiempo o período de mora de la obligación, las cuotas en mora y el tiempo restante de permanencia de la información negativa.

En tratándose de ventas de cartera de cualquiera de los dos sectores arriba mencionados, no resultarán aplicables los requerimientos de los numerales 9º y 10 del aparte II y de los numerales 12 y 13 del aparte III.

(D. 1727/2009, art. 1º)

ART. 2.2.2.27.2.—Requerimientos de entidades de supervisión. Previo al ejercicio de las funciones establecidas en la Ley 1266 de 2008 para las Superintendencias Financiera y de Industria y Comercio, estas podrán solicitar información a los operadores y a las fuentes de información sobre los avances en el cumplimiento de la ley en mención y sus decretos reglamentarios.

(D. 1727/2009, art. 2º)

CAPÍTULO 28

Se reglamentan los artículos 12 y 13 de la Ley 1266 de 2008

ART. 2.2.2.28.1.—Incumplimiento de las obligaciones por fuerza mayor. En el evento en que el incumplimiento de la(s) obligación(es) dineraria(s) a cargo de un titular de información se origine en una situación de fuerza mayor causada por el secuestro, la desaparición forzada o el desplazamiento forzado de dicho titular, este tendrá derecho a que el incumplimiento no se refleje como información negativa en su reporte.

El titular o las personas con las cuales tenga parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien esté ligado por matrimonio o unión permanente, según sea el caso, podrán solicitar la actualización del reporte ante los operadores de información, observando el procedimiento previsto en el numeral II del artículo 16 de la Ley 1266 de 2008.

En el caso de que el titular se encuentre secuestrado, deberá allegarse al operador, la certificación judicial de la que trata el artículo 5º de la Ley 986 de 2005.

Si el titular ha sido desplazado forzosamente, deberá acreditarse ante el operador de la información, la inscripción en el registro único de población desplazada, RUPD, administrado por la agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional o la entidad que haga sus veces.

Las condiciones de víctima de secuestro, desaparición forzosa o la condición de desplazamiento forzado también podrán ser acreditadas por otros medios, tales como una certificación expedida por la Fiscalía General de la Nación, o quien haga sus veces, de la denuncia formalmente presentada del secuestro o de la desaparición forzada.

En todo caso, los documentos que se alleguen al operador deberán contener la identificación de la persona víctima del secuestro o desaparición forzada, nombres completos y documento de identidad, así como la fecha probable de ocurrencia del hecho.

Cuando la solicitud cumpla con los requisitos legales, los operadores procederán de la siguiente manera, según el caso:

1. Actualización del reporte de titulares secuestrados o desaparecidos forzosamente. Los operadores deberán inactivar u ocultar toda la información comercial y crediticia del titular (positiva y negativa) de manera que los usuarios no puedan tener acceso a ella.

El operador volverá a reflejar la información del titular cuando le sea acreditada la cesación del hecho. En todo caso, solamente podrá volver a incluir los datos negativos de la persona víctima de secuestro una vez haya transcurrido el término previsto en el inciso primero del artículo 11 de la Ley 986 de 2005.

2. Actualización del reporte de titulares desplazados forzosamente. Los operadores deberán eliminar del reporte del titular las obligaciones dinerarias vigentes cuyo incumplimiento se haya causado a partir de la fecha en que se produjo el desplazamiento y con ocasión de dicha situación. Los reportes de las obligaciones dinerarias que se adquieran con posterioridad a dicha fecha, se ajustarán a las disposiciones previstas en la Ley 1266 de 2008 y sus decretos reglamentarios.

(D. 2952/2010, art. 1º)

ART. 2.2.2.28.2.—Reporte de información negativa. En desarrollo de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, el reporte de información negativa sobre incumplimiento de obligaciones solo procederá previa comunicación al titular de la información, la cual podrá incluirse en los extractos periódicos que las fuentes de información envíen a sus clientes, siempre y cuando se incluya de manera clara y legible.

Las fuentes de información podrán pactar con los titulares, otros mecanismos mediante los cuales se dé cumplimiento al envío de la comunicación en mención, los cuales podrán consistir, entre otros, en cualquier tipo de mensaje de datos, siempre que se ajusten a lo previsto en la Ley 527 de 1999 y sus decretos reglamentarios y que la comunicación pueda ser objeto de consulta posteriormente.

En el evento en que se presenten moras sucesivas y continuas, la obligación de comunicar previamente al titular de la información, se entenderá cumplida con la comunicación correspondiente a la mora inicial.

(D. 2952/2010, art. 2º)

ART. 2.2.2.28.3.—Permanencia de la información negativa. En caso de mora inferior a dos (2) años, el término de permanencia de la información negativa no podrá exceder el doble de la mora.

Para los demás eventos, el término de permanencia de la información negativa será de cuatro (4) años contados a partir de la fecha en que la mora se extinga por cualquier modo.

En el caso de incumplimiento de obligaciones en las cuales no se puedan computar tiempos de mora, tal como sucede con las cuentas corrientes canceladas por mal manejo, el término de permanencia de la información negativa será de cuatro (4) años contados a partir de la fecha en que cese el incumplimiento o sea cancelado el producto.

(D. 2952/2010, art. 3º)

CAPÍTULO 29

(Nota: Modificado por el Decreto 1523 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

Prácticas comerciales restrictivas de la competencia

SECCIÓN 1

Objeto y definiciones

ART. 2.2.2.29.1.1.—Objeto. El presente capítulo establece las condiciones generales y la forma en la que la Superintendencia de Industria y Comercio, en desarrollo del artículo 14 de la Ley 1340 de 2009 podrá, en casos concretos, conceder beneficios a las personas naturales y jurídicas que colaboren en la detección y represión de acuerdos restrictivos de la libre competencia.

Las reglas contenidas en este capítulo serán aplicables con igual fin por parte de otras autoridades de vigilancia y control que ejerzan esa función, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 1340 de 2009.

(D. 2896/2010, art. 1º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1523 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.29.1.2.—Definición. Para los efectos del presente capítulo instigador o promotor es la persona que coacciona o activamente induce otra u otras personas con el objeto de que participen en un acuerdo restrictivo de la libre competencia.

(D. 2896/2010, art. 2º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1523 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

SECCIÓN 2

Condiciones generales para recibir beneficios por colaboración

ART. 2.2.2.29.2.1.—Participación voluntaria en un acuerdo restrictivo de la libre competencia. Para efectos de conceder beneficios por colaboración en desarrollo del artículo 14 de la Ley 1340 de 2009 y demás normas concordantes y complementarias, se tendrá, conforme al inciso 3º de este artículo, que el partícipe de un acuerdo restrictivo de la libre competencia, solicitante de tales beneficios, no actúa o actuó como su instigador o promotor.

El partícipe de un acuerdo restrictivo de la libre competencia que afirme que otro actuó como instigador o promotor de su celebración y/o en su ejecución deberá probar esos hechos.

La persona que solicite beneficios por colaboración a la Superintendencia de Industria y Comercio declarará que no actuó como instigador o promotor del acuerdo restrictivo de la libre competencia que denuncia. Esa declaración se entenderá prestada por el solo hecho de solicitar beneficios por colaboración.

(D. 2896/2010, art. 3º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1523 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.29.2.2.—Personas que pueden recibir beneficios. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas del presente capítulo, la Superintendencia de Industria y Comercio solo podrá conceder beneficios por colaboración a la persona que reúna las siguientes condiciones:

1. Que colabore durante el curso de la actuación mediante el suministro de información y elementos probatorios útiles que se encuentren a su disposición en relación con el acuerdo o acuerdos restrictivos de la libre competencia que denuncia, en las condiciones establecidas en este capítulo.

Se considerará que el solicitante de beneficios colabora a lo largo de la actuación cuando:

1.1. Suministre información y pruebas que estén a su disposición, relacionadas con el presunto acuerdo o acuerdos restrictivos de la libre competencia y facilite la práctica de testimonios de sus empleados o administradores si se trata de una persona jurídica;

1.2. Responda los requerimientos que realice la Superintendencia de Industria y Comercio para el esclarecimiento de los hechos;

1.3. Se abstenga de destruir, alterar u ocultar información o elementos de prueba relevantes en relación con el presunto acuerdo o acuerdos restrictivos de la libre competencia.

1.4. Que no haya sido el instigador o promotor del acuerdo o acuerdos restrictivos de la libre competencia que denuncia, y

2. Que ponga fin a su participación en el acuerdo o acuerdos restrictivos de la libre competencia que denuncia.

(D. 2896/2010, art. 4º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1523 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

SECCIÓN 3

Condiciones y trámite para otorgar exoneración total de multa

ART. 2.2.2.29.3.1.—Condiciones para conceder una exoneración total de multa. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá conceder exoneración total de la multa que autoriza imponer los artículos 25 y 26 de la Ley 1340 de 2009, si el solicitante de beneficios por colaboración reúne las siguientes condiciones:

1. Que sea el primero en el tiempo en:

1.1. Reconocer que participó o participa en el acuerdo o acuerdos restrictivos de la libre competencia que denuncia.

1.2. Suministrar información sobre el conjunto de los siguientes aspectos: objetivos, principales actividades, funcionamiento, nombre de todos los partícipes, grado de participación, domicilio, producto(s) o servicio(s), área geográfica afectada y duración estimada del presunto acuerdo o acuerdos restrictivos de la libre competencia que denuncia;

1.3. Suministrar, de inmediato o dentro del plazo acordado con el superintendente delegado para la protección de la competencia, las pruebas que obren en su poder sobre todos y cada uno de los aspectos antes indicados.

2. Que cumpla las condiciones descritas en el artículo 2.2.2.29.2.2 del presente decreto.

(D. 2896/2010, art. 5º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1523 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.29.3.2.—Trámite aplicable para determinar la primera solicitud de beneficios por colaboración.

1. Cuando un solicitante cumpla las condiciones indicadas en el numeral 1º del artículo 2.2.2.29.3.1 del presente decreto se levantará un acta entre este y el superintendente delegado para la protección de la competencia, en la que se indicará la fecha y hora en que se recibe la solicitud y el plazo dentro del cual el solicitante se obliga a suministrar las pruebas a que se refiere el numeral 1.3. del artículo 2.2.2.29.3.1 del presente decreto en el caso de que no las aporte al momento del levantamiento del acta.

2. La fecha y hora del acta permitirá establecer el orden cronológico de prelación de la respectiva solicitud, respecto de las demás solicitudes de beneficios por colaboración que se presenten en relación con un mismo acuerdo o acuerdos presuntamente restrictivos de la libre competencia.

3. Si el solicitante que se presente primero se abstiene de entregar las pruebas dentro del plazo fijado en el acta, la solicitud presentada por la persona que siga según el orden cronológico de presentación de las solicitudes de beneficios, tendrá prelación para la suscripción del convenio de colaboración que se indica más adelante, según las reglas del presente capítulo.

Esta regla se aplicará en cualquier evento en que la persona que siga en orden de prelación, se abstenga de suministrar las pruebas dentro del plazo convenido con la Superintendencia de Industria y Comercio.

4. Una vez se reciban las pruebas que suministre el solicitante que tenga prelación, el superintendente delegado para la protección de la competencia evaluará si se refieren a todos y cada uno de los aspectos previstos en el numeral 1.2. del artículo 2.2.2.29.3.1 del presente decreto y verificar si se cumplen las condiciones a las que se hace referencia en el numeral 2º del artículo 2.2.2.29.3.1 del presente decreto.

En caso afirmativo, suscribirá un convenio de colaboración con el solicitante. De lo contrario, se aplicará lo dispuesto en los incisos 2º y 3º del artículo 2.2.2.29.3.3 y examinará la solicitud por beneficios presentada por la persona que siga en el orden de prelación determinado de acuerdo con las reglas de este artículo.

5. El convenio de colaboración al que se hace referencia en el numeral 3º del presente capítulo contendrá:

5.1. Descripción general de los datos y pruebas que aportó el solicitante;

5.2. La mención según la cual el solicitante de beneficios por colaboración tiene la calidad de primero en el tiempo en cumplir las condiciones previstas en el numeral 1º del artículo 2.2.2.29.3.1 del presente decreto para obtener la exoneración total de la multa o multas aplicables que al final se llegaren a aplicar;

5.3. La indicación de que la exoneración total de multa o multas por la participación en el acuerdo o acuerdos restrictivos de la libre competencia denunciados, queda condicionada únicamente a que el solicitante cumpla las condiciones a que se refiere el artículo 2.2.2.29.2.2 del presente decreto.

6. Si el solicitante se abstiene de suscribir el convenio de colaboración dentro del plazo que señale el superintendente delegado para la protección de la competencia, el acta suscrita con ese solicitante no se tendrá en cuenta para establecer el orden de prelación de su solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Por consiguiente, la solicitud presentada por la persona que siga según el orden cronológico de presentación, tendrá prelación para la suscripción del convenio de colaboración según las reglas del presente capítulo.

(D. 2896/2010, art. 6º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1523 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.29.3.3.—Evaluación condicional y preliminar del mérito para conceder o negar exoneración total de multa. La evaluación preliminar para establecer si existe fundamento o no para conceder la exoneración de la multa o multas, a que se refiere el artículo anterior, deberá realizarla el superintendente delegado para la protección de la competencia una vez se presenten las pruebas a que se refiere el numeral 1.3 del artículo 2.2.2.29.3.1.

En caso de que el superintendente delegado para la protección de la competencia concluya que no existe fundamento para otorgar la exoneración total de la multa, el solicitante de beneficios podrá retirar los elementos de prueba presentados, incluyendo la solicitud de beneficios por colaboración y el acta a que se refiere el numeral 1º del artículo 2.2.2.29.3.2 del presente decreto, o podrá pedir a la Superintendencia de Industria y Comercio que los evalúe como una solicitud de beneficios por colaboración para pedir una reducción de la multa.

Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en la cual se comunique la decisión a que se refiere el inciso anterior, el solicitante se abstiene de retirar los elementos de prueba, se entenderá que autoriza irrevocablemente a la Superintendencia de Industria y Comercio para incorporarlos al expediente de la investigación. En todo caso, la abstención de retirar los elementos de prueba aportados se entenderá como una solicitud de reducción de la multa aplicable.

(D. 2896/2010, art. 7º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1523 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.29.3.4.—Solicitudes sucesivas o simultáneas de beneficios por colaboración. Podrán presentarse ante la Superintendencia de Industria y Comercio solicitudes sucesivas o simultáneas de beneficios por colaboración.

Sin embargo, cuando se conceda plazo a un solicitante para la entrega de las pruebas, se le respetará el plazo acordado consignado en el acta de que trata el numeral 1º del artículo 2.2.2.29.3.1 de este decreto.

PAR.—Suscrito el convenio de colaboración entre la Superintendencia de Industria y Comercio y un solicitante, las demás solicitudes recibidas hasta ese momento o las que posteriormente se reciban, se evaluarán de acuerdo con las reglas previstas en este capítulo para una reducción de multa.

(D. 2896/2010, art. 8º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1523 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.29.3.5.—Decisión final. En la oportunidad en la que la Superintendencia de Industria y Comercio adopte la decisión definitiva sobre la existencia y consecuencias de un acuerdo restrictivo de la libre competencia, se pronunciará sobre la solicitud de beneficios por colaboración presentada por la persona con quien suscribió el convenio de colaboración. Si esta cumplió las condiciones a que se refiere el artículo 2.2.2.29.2.2 del presente decreto, el superintendente de industria y comercio lo exonerará del pago total de la multa o multas imponibles por su participación en un acuerdo restrictivo de la libre competencia.

(D. 2896/2010, art. 9º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1523 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.29.3.6.—Consecuencia de la exoneración total. La exoneración total de multa o multas concedida a una persona jurídica por colaborar bajo las condiciones del artículo 2.2.2.29.3.1 del presente decreto, implicará automáticamente la exoneración total de la multa o multas que resulten aplicables para todas las personas naturales que actúan para aquella como administradores o empleados y que en tal condición faciliten, autoricen, ejecuten, toleren o colaboren en un acuerdo o acuerdos restrictivos de la competencia.

PAR.—Cuando el primero en presentarse a colaborar bajo las condiciones del artículo 2.2.2.29.3.1 del presente decreto, es una persona natural que actúa en nombre propio, pero está o estuvo vinculada como administrador o empleado a la persona jurídica partícipe en un acuerdo restrictivo de la libre competencia, la exoneración de la multa otorgada a la persona natural no implicará exoneración total de la multa o multas para la persona jurídica. Sin embargo, si esta última colabora, podrá obtener una reducción de la multa, siempre y cuando cumpla con las condiciones que para el efecto establece este capítulo.

(D. 2896/2010, art. 10)

(Nota: Modificado por el Decreto 1523 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

SECCIÓN 4

Condiciones y trámite para otorgar una reducción de multa

ART. 2.2.2.29.4.1.—Condiciones para conceder una reducción de multa. Cuando un solicitante de exoneración total de multa por colaboración no reúna las condiciones establecidas en el numeral 1º y 2º del 2.2.2.29.3.1 del presente decreto, o cuando un solicitante directamente pida una reducción de la multa que autorizan imponer los artículos 25 y 26 de la Ley 1340 de 2009, podrá concederse una reducción de la multa aplicable, siempre y cuando el solicitante cumpla las siguientes condiciones:

1. Reconozca que participó o participa en el acuerdo o acuerdos restrictivos de la libre competencia que denuncia.

2. Suministre pruebas que agreguen valor significativo con respecto a las que ya obren en poder de la Superintendencia de Industria y Comercio al momento en que el colaborador las aportó, en relación con los aspectos del acuerdo restrictivo de la libre competencia indicados en los numerales 1º y 2º del 2.2.2.29.3.1, del presente decreto.

3. Cumpla las condiciones del artículo 2.2.2.29.2.2, del presente decreto.

(D. 2896/2010, art. 11)

(Nota: Modificado por el Decreto 1523 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.29.4.2.—Trámite y condición para determinar el margen de reducción. Las solicitudes de beneficios por colaboración en las condiciones del artículo 2.2.2.29.4.1 del presente decreto estarán sujetas a las siguientes reglas:

1. El solicitante de beneficios por colaboración:

1.1. Suministrará la información que considere pertinente sobre el presunto acuerdo o acuerdos restrictivos de la libre competencia que denuncia, y

1.2. Aportará las pruebas con las que desee colaborar.

2. A solicitud de la persona que ofrece colaboración, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá conceder un plazo para entregar las pruebas con las que desea colaborar, de lo cual se dejará constancia en el acta que se levante al momento de la presentación de la solicitud.

3. En la oportunidad que corresponda decidir sobre la existencia y consecuencias por el presunto acuerdo o acuerdos restrictivos de la libre competencia denunciados, el superintendente de industria y comercio determinará, en relación con cada una de las solicitudes, si procede una reducción de la multa o multas imponibles y el margen de reducción aplicable a cada solicitante.

4. El margen de reducción de la multa aplicable a cada solicitante se determinará de acuerdo con el orden de prelación dado por la fecha y hora del acta que se levante al momento de la presentación de cada solicitud de beneficios por colaboración que corresponda calificar conforme al artículo 2.2.2.29.4.1 del presente decreto, así como sobre la base del valor agregado que aporte con la información y pruebas que suministre.

(D. 2896/2010, art. 12)

(Nota: Modificado por el Decreto 1523 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.29.4.3.—Margen de reducción de las multas. Si se concluye que un solicitante de beneficios por colaboración cumple las condiciones establecidas en el artículo 2.2.2.29.4.1 de este capítulo, el superintendente de industria y comercio podrá reducir el valor de la multa que se impondría en el evento de no existir colaboración alguna.

La reducción la concederá bajo las siguientes condiciones:

1. La primera persona que cumpla las condiciones previstas en el artículo 2.2.2.29.4.1 del presente decreto podrá recibir una reducción hasta del 70%.

2. La segunda persona que cumpla las condiciones del artículo 2.2.2.29.4.1, del presente decreto podrá recibir una reducción hasta del 50%.

3. Las demás personas que cumplan las condiciones del artículo 2.2.2.29.4.1 del presente decreto podrán recibir una reducción hasta del 30%.

(D. 2896/2010, art. 13)

(Nota: Modificado por el Decreto 1523 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.29.4.4.—Consecuencia de la reducción de la multa. La reducción de la multa o multas concedida a una persona jurídica por colaborar bajo las condiciones del artículo 2.2.2.29.4.1 del presente decreto, implicará automáticamente la reducción, en igual porcentaje, de la multa o multas aplicables a todas las personas naturales que actúan para aquella, como administradores o empleados y que en tal condición faciliten, autoricen, ejecuten, toleren o colaboren en un acuerdo o acuerdos restrictivos de la competencia.

PAR.—Cuando el primero en presentarse a colaborar bajo las condiciones del artículo 2.2.2.29.4.1 del presente decreto, es una persona natural que actúa en nombre propio, pero está o estuvo vinculada como administrador o empleado a la persona jurídica partícipe en un acuerdo restrictivo de la libre competencia, la exoneración de multa otorgada a la persona natural no implicará exoneración total de la multa o multas para la persona jurídica. Sin embargo, si esta última colabora, podrá obtener una reducción de la multa, siempre y cuando cumpla con las condiciones que para el efecto establece este capítulo.

(D. 2896/2010, art. 14)

(Nota: Modificado por el Decreto 1523 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.29.4.5.—(Modificado).* Tránsito de legislación. El presente capítulo se aplica a las solicitudes de beneficios por colaboración presentadas con posterioridad a su vigencia.

Las solicitudes de beneficios por colaboración presentadas con anterioridad a la vigencia de este capítulo se regirán por las disposiciones previstas al momento de la solicitud de beneficios por colaboración.

(Nota: Adicionado por el Decreto 1523 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

*(Nota: Modificado por el Decreto 2093 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

SECCIÓN 5

Reglas comunes para la exoneración total de multa y para la reducción

ART. 2.2.2.29.5.1.—Presentación de una solicitud de beneficios por colaboración.

1. A elección del interesado, la solicitud de beneficios por colaboración podrá presentarse por el solicitante por escrito o mediante una declaración verbal.

2. Si la solicitud se presenta mediante una declaración verbal, se dejará constancia únicamente de las declaraciones que el solicitante considere directamente relevantes para los fines de la colaboración.

(D. 2896/2010, art. 15)

(Nota: Modificado por el Decreto 1523 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.29.5.2.—Oportunidad para ofrecer colaboración. Las solicitudes de beneficios por colaboración podrán presentarse hasta antes de la fecha en la cual el superintendente delegado para la protección de la competencia presente el informe motivado a que se refiere el artículo 52 del Decreto 2153 de 1992.

(D. 2896/2010, art. 16)

(Nota: Modificado por el Decreto 1523 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.29.5.3.—Expediente separado por cada solicitud de beneficios. Cada solicitud de beneficios por colaboración se tramitará en expediente separado del que corresponda a la investigación.

(D. 2896/2010, art. 17)

(Nota: Modificado por el Decreto 1523 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.29.5.4.—Reserva. Cuando el solicitante acredite la procedencia de la reserva de acuerdo con el parágrafo segundo del artículo 15 de la Ley 1340 de 2009, se tendrá en cuenta lo siguiente:

1. La reserva comprenderá el nombre del colaborador, la existencia y número de solicitudes de beneficios por colaboración que se presenten y el orden de prelación entre ellas.

2. La reserva se mantendrá durante el curso de la investigación, salvo que el solicitante renuncie a ella.

(D. 2896/2010, art. 18)

(Nota: Modificado por el Decreto 1523 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.29.5.5.—Investigaciones en curso. En las investigaciones en curso al 5 de agosto de 2010 será aplicable lo dispuesto en materia de exoneración y reducción de multas.

(D. 2896/2010, art. 19)

(Nota: Modificado por el Decreto 1523 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

SECCIÓN 6

Acuerdos para la estabilidad de un sector de la economía sectores básicos.

ART. 2.2.2.29.6.1.—Objeto. Para los efectos del parágrafo del artículo 1º de la Ley 155 de 1959, considérense sectores básicos de la producción de bienes o servicios de interés para la economía general y el bienestar social, todas aquellas actividades económicas que tengan o llegaren a tener en el futuro importancia fundamental para estructurar racionalmente la economía del país y abastecerlo de bienes o servicios indispensables al bienestar general, tales como:

1. El proceso de producción y distribución de bienes, destinados a satisfacer las necesidades de la alimentación, el vestido, la sanidad y la vivienda de la población colombiana.

2. La producción y distribución de combustibles y la prestación de los servicios bancarios, educativos, de transporte, energía eléctrica, acueducto, telecomunicaciones y seguros.

(D. 1302/1964, art. 1º)

(Nota: Modificado por el Decreto 1523 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

CAPÍTULO 30

Abogacía de la competencia

ART. 2.2.2.30.1.—Objeto. El presente capítulo establece las autoridades que deberán informar a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre los proyectos de acto administrativo que se propongan expedir con fines de regulación, así como las reglas aplicables para que esta entidad pueda rendir concepto previo acerca de la potencial incidencia de la regulación sobre la libre competencia económica en los mercados, de acuerdo con el artículo 7º de la Ley 1340 de 2009.

(D. 2897/2010, art. 1º)

ART. 2.2.2.30.2.—Autoridades que deben informar sobre proyectos de regulación. Para los fines a que se refiere el artículo 7º de la Ley 1340 de 2009 deberán informar a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre los proyectos de acto administrativo con fines regulatorios que se propongan expedir los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias con o sin personería jurídica, unidades administrativas especiales con o sin personería jurídica y los establecimientos públicos del orden nacional.

PAR.—No estarán sujetos al presente capítulo los organismos y entidades a que se refiere el artículo 40 de la Ley 489 de 1998.

(D. 2897/2010, art. 2º)

ART. 2.2.2.30.3.—Proyectos de regulación que deben informarse a la Superintendencia de Industria y Comercio. Las autoridades indicadas en el artículo 2.2.2.30.2 del presente decreto deberán informar a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre los proyectos de acto administrativo con fines de regulación que puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados. Se entenderá que un acto tiene esa incidencia cuando independientemente del objetivo constitucional o legal que persiga:

1. Tenga por objeto o pueda tener como efecto limitar el número o variedad de competidores en uno o varios mercados relevantes; y/o

2. Imponga conductas a empresas o consumidores o modifique las condiciones en las cuales serán exigibles obligaciones previamente impuestas por la ley o un acto administrativo, cuando el acto tenga por objeto o pueda tener como efecto limitar la capacidad de las empresas para competir, reducir sus incentivos para competir, o limitar la libre elección o información disponible para los consumidores, en uno o varios mercados relevantes relacionados.

(D. 2897/2010, art. 3º)

ART. 2.2.2.30.4.—Excepciones al deber de informar. No se requerirá informar a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre un proyecto de regulación cuando la autoridad que se propone expedirlo considere que se presenta cualquiera de las siguientes condiciones:

1. Cuando el acto tenga origen en hechos imprevisibles y/o irresistibles a partir de los cuales resulte necesario adoptar una medida transitoria con el fin de:

1.1. Preservar la estabilidad de la economía o de un sector, o

1.2. Garantizar la seguridad en el suministro de un bien o servicio público esencial, sea o no domiciliario.

2. Cuando el acto busque simplemente ampliar plazos, aclarar las condiciones en que son exigibles conductas previamente impuestas o corregir errores aritméticos o tipográficos.

3. Cuando se trate de un acto de carácter particular y concreto que tenga por finalidad resolver un conflicto entre empresas.

4. Cuando resulte necesario cumplir una orden judicial o una norma legal o reglamentaria de vigencia inmediata, si tal cumplimiento no es posible sin la expedición del acto.

5. Cuando el acto establezca un área de servicio exclusivo según los artículos 40 y 174 de la Ley 142 de 1994.

PAR.—En cualquiera de los anteriores eventos la autoridad de regulación deberá dejar constancia expresa en el acto administrativo de la razón o razones que sustentan la excepción que invoca para abstenerse de informar a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el proyecto.

(D. 2897/2010, art. 4º)

ART. 2.2.2.30.5.—Evaluación que debe realizar la autoridad que proyecta expedir un acto. La autoridad que se proponga expedir un acto administrativo con fines regulatorios deberá evaluar su posible incidencia sobre la libre competencia con base en el cuestionario que adoptará la Superintendencia de Industria y Comercio mediante una resolución de carácter general. Esa evaluación deberá realizarla antes de someter a consideración de la Superintendencia de Industria y Comercio el proyecto de acto regulatorio.

La resolución que expida la Superintendencia de Industria y Comercio establecerá las preguntas centrales que deberá formularse la autoridad que proyecta expedir un acto administrativo. Con el fin de facilitar la evaluación, las preguntas podrán complementarse con ejemplos o situaciones que sirvan para ilustrar el tipo de efectos de una regulación, perseguidos o no, que puedan restringir indebidamente la libre competencia.

(D. 2897/2010, art. 5º)

ART. 2.2.2.30.6.—Reglas aplicables para informar sobre un proyecto de acto administrativo. La autoridad que se proponga expedir un acto administrativo con fines regulatorios que pueda tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados aplicará las siguientes reglas:

1. Cuando la respuesta al conjunto de las preguntas centrales contenidas en el cuestionario resulte negativa, podrá considerar que el proyecto de regulación no plantea una restricción indebida a la libre competencia. En consecuencia, no tendrá que informarlo a la Superintendencia de Industria y Comercio. Sin embargo, si la autoridad decide informarlo para los fines del artículo 70 de la Ley 1340 de 2009, corresponderá a la Superintendencia de Industria y Comercio evaluar si se pronuncia o no.

2. Cuando la respuesta que dé a cualquiera de las preguntas centrales contenidas en el cuestionario resulta afirmativa, antes de enviar el proyecto a la Superintendencia de Industria y Comercio, podrá modificarlo o considerar otras opciones regulatorias.

En uno u otro caso procurará compensar o mitigar las restricciones de la libre competencia de manera que logre los fines regulatorios que se propone pero con las menores restricciones posibles sobre la libre competencia en el mercado o mercados relevantes relacionados en los cuales el acto puede producir efectos.

Si después de realizar el análisis a que se refiere este numeral la autoridad considera que el proyecto final que encuentra más conveniente adoptar aún produce los efectos a que se refiere una o más de las preguntas centrales contenidas en el cuestionario, deberá informar a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el proyecto.

3. Para responder fundadamente las preguntas contenidas en el cuestionario y respaldar los análisis previstos en este artículo, la autoridad de regulación que pretende expedir el acto realizará los estudios necesarios.

4. Cuando considere que el proyecto de acto puede tener efectos sobre la libre competencia que no puedan evaluarse de acuerdo con los criterios a que se refiere el artículo 2.2.2.30.3 y el cuestionario que lo desarrolle, informará a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el proyecto e indicará cuál es la naturaleza y alcance de sus efectos.

En este caso la Superintendencia de Industria y Comercio podrá evaluar la incidencia previsible del proyecto de acto sobre la libre competencia y rendir el concepto previo al que se refiere este capítulo teniendo en cuenta el impacto previsible sobre la estructura del mercado, el proceso competitivo y/o los consumidores en el mercado o mercados relevantes en los cuales el acto pueda producir estos efectos.

(D. 2897/2010, art. 6º)

ART. 2.2.2.30.7.—Constancia de consulta en el acto administrativo. En todo acto administrativo con fines regulatorios que pueda tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados, la autoridad que lo expida deberá dejar constancia expresa en la parte considerativa acerca de si consultó a la Superintendencia de Industria y Comercio o no y si esta emitió concepto o no.

(D. 2897/2010, art. 7º)

ART. 2.2.2.30.8.—Documentos que la autoridad debe suministrar a la Superintendencia de Industria y Comercio. Cuando una autoridad informe sobre un proyecto de acto administrativo que se proponga expedir con fines regulatorios y pueda tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados, deberá poner en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio:

1. El proyecto de acto administrativo que se propone expedir.

2. La respuesta dada al cuestionario a que se refiere el artículo 2.2.2.30.5, y las opciones de regulación de que trata el numeral 2º del artículo 2.2.2.30.6 del presente decreto, cuando sea el caso.

3. Los estudios técnico económicos realizados sobre el proyecto, los cuales deberán incluir el análisis a que se refiere el numeral 3º del artículo 2.2.2.30.6 del presente decreto.

4. Las observaciones y sugerencias que haya recibido de terceros interesados si las hubo.

(D. 2897/2010, art. 8º)

ART. 2.2.2.30.9.—Procedimiento para rendir concepto. Cuando la Superintendencia de Industria y Comercio reciba un informe sobre un proyecto de acto administrativo con fines regulatorios, acompañado de los documentos que exige el artículo 2.2.2.30.8 del presente decreto, previo examen de esos elementos de juicio, podrá:

1. Rendir concepto en el sentido de que el proyecto de acto carece de incidencia sobre la libre competencia.

2. Manifestar que el proyecto tiene una incidencia negativa sobre la libre competencia, caso en el cual la autoridad de regulación podrá, conforme al artículo 7º de la Ley 1340 de 2009, apartarse del concepto de la Superintendencia.

En ese evento, la entidad que se propone adoptarlo deberá manifestar, de manera expresa dentro de las consideraciones del acto administrativo, los motivos de su decisión.

3. Abstenerse de rendir concepto, caso en el cual se considerará, para todos los efectos legales, que no tiene observaciones sobre el proyecto.

(D. 2897/2010, art. 9º)

ART. 2.2.2.30.10.—Plazo para rendir concepto. Cuando la Superintendencia de Industria y Comercio considere pertinente rendir concepto sobre un proyecto de acto administrativo con fines regulatorios, se aplicará lo siguiente:

1. Cuando se trate de un proyecto de regulación de cualquiera de las autoridades a que se refiere este capítulo, diferente de las comisiones de regulación, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá pronunciarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en la cual aquella someta el proyecto de acto administrativo a su consideración, junto con los demás documentos a que se refiere el artículo 2.2.2.30.8 del presente decreto.

2. Cuando se trate de una comisión de regulación:

2.1. Si el proyecto se refiere a un asunto diferente de tarifas, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá pronunciarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en la cual aquella ponga el proyecto de acto administrativo en su conocimiento, junto con los demás documentos a que se refiere el artículo 2.2.2.30.8 del presente decreto.

2.2. Si el proyecto se refiere a tarifas, la Superintendencia podrá rendir concepto dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha en que la comisión de regulación le suministre el documento final preparado por el comité de expertos a que se refiere el numeral 11.6 del artículo 11 del Decreto 2696 de 2004, o la norma que lo modifique o sustituya.

PAR.—Cuando a pesar de no estar obligada a informar a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre un proyecto de acto con fines regulatorios, una autoridad de regulación le solicite concepto, el plazo para rendirlo será el previsto en el numeral 1º de este artículo con sujeción a las condiciones previstas en él.

(D. 2897/2010, art. 10)

ART. 2.2.2.30.11.—Publicación de conceptos. La Superintendencia de Industria y Comercio adoptará un sistema que permita la consulta pública de los conceptos que rinda sobre proyectos de acto administrativo con fines regulatorios, salvo que por norma legal deba mantenerlos bajo reserva total o parcial.

(D. 2897/2010, art. 11)

CAPÍTULO 31

Defensa del consumidor.

ART. 2.2.2.31.1.—Criterios para graduar las sanciones administrativas. Para efectos de imponer las sanciones previstas en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio aplicará los criterios establecidos para la graduación de las multas, previstos en el parágrafo 1º del mismo artículo.

(D. 704/2012, art. 1º)

CAPÍTULO 32

Efectividad de la garantía.

SECCIÓN 1

Objeto

ART. 2.2.2.32.1.1.—Objeto. Mediante el presente capítulo se establecen las reglas para hacer efectiva la garantía legal y las suplementarias a esta.

(D. 735/2013, art. 1º)

SECCIÓN 2

Solicitud, procedimiento, cumplimiento y plazos para la efectividad de la garantía legal

ART. 2.2.2.32.2.1.—Solicitud de la efectividad de la garantía legal. Para solicitar la efectividad de la garantía legal, el consumidor estará obligado a informar el daño que tiene el producto, ponerlo a disposición del expendedor en el mismo sitio en el que le fue entregado al adquirirlo o en los puntos de atención dispuestos para el efecto, a elección del consumidor, y a indicar la fecha de la compra o de la celebración del contrato correspondiente.

En caso de que desee hacer efectiva la garantía legal directamente ante el productor, el consumidor deberá entregar el producto en las instalaciones de aquel.

El producto reparado o el de reposición deberán ser entregados al consumidor en el mismo sitio en donde solicitó la garantía legal, salvo que el consumidor solicite otro sitio y el productor o expendedor así lo acepte. Si se requiere transporte para el bien, los costos deberán ser asumidos por el productor o expendedor, según el caso.

PAR.—El consumidor que ejerza la acción jurisdiccional de protección al consumidor deberá haber surtido previamente la reclamación directa prevista en el numeral 5º del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011.

(D. 735/2013, art. 2º)

ART. 2.2.2.32.2.2.—Decisión del productor o expendedor. De conformidad con lo dispuesto en el literal c del numeral 5º del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011, cuando se niegue o se haga efectiva una garantía legal, el productor o el expendedor, según corresponda, debe expresar por escrito y de manera sustentada las razones para aceptarla, hacerla efectiva de forma diferente a la solicitada o negarla, con las pruebas que justifiquen su decisión. El escrito y las pruebas deben ser entregados al consumidor al momento de informarle la decisión correspondiente.

El término para resolver la reclamación directa presentada por el consumidor empezará a contarse a partir del día siguiente en que el consumidor presente la solicitud de efectividad de la garantía legal con los requisitos establecidos en el artículo 2.2.2.32.2.1.

del presente decreto.

PAR.—En los casos de efectividad de la garantía legal, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1º del artículo 11 de la Ley 1480 de 2011, como regla general, procederá la reparación totalmente gratuita de los defectos del bien y el suministro oportuno de los repuestos. Si el bien no admite reparación, se procederá a su reposición o a la devolución del dinero.

(D. 735/2013, art. 3º)

ART. 2.2.2.32.2.3.—Imposibilidad de reparación o repetición de la falla. En caso de repetirse la falla o cuando el bien no admite reparación, el productor o el expendedor, deberá dejar constancia escrita de la elección del consumidor sobre la forma de hacer efectiva la garantía legal, ya sea con la devolución del dinero o con el cambio del bien por otro, en los términos del artículo 12 de la Ley 1480 de 2011.

(D. 735/2013, art. 4º)

ART. 2.2.2.32.2.4.—Imposibilidad de reposición o cambio del bien. Cuando el consumidor opte por la reposición o cambio por un bien de las mismas características, en los casos en los que exista imposibilidad de la reparación o se repita la falla y no exista disponibilidad de bienes idénticos o similares, se procederá a la devolución del dinero.

(D. 735/2013, art. 5º)

ART. 2.2.2.32.2.5.—Devolución del dinero por efectividad de la garantía legal. Cuando el consumidor opte por la devolución del dinero, en los casos en los que exista imposibilidad de reparar o se repita la falla, deberá hacerse sobre el precio de venta, previa entrega del bien objeto de garantía libre de gravámenes. En caso que el bien esté sujeto a registro para la transferencia del derecho de dominio, los costos del registro serán asumidos por el productor o expendedor.

(D. 735/2013, art. 6º)

ART. 2.2.2.32.2.6.—Controversia entre el monto de la devolución del dinero y la reposición o cambio del bien. En los eventos de controversia sobre el monto de la devolución, sobre la equivalencia del bien de reposición o cambio, o respecto del funcionamiento del bien entregado en reposición, la efectividad de la garantía legal se hará mediante la devolución del precio de venta efectivamente pagado por el producto. En todo caso, el productor o expendedor y el consumidor podrán solucionar sus controversias a través de cualquier método alternativo de solución de conflictos.

(D. 735/2013, art. 7º)

ART. 2.2.2.32.2.7.—Plazo para la reparación del bien. La Superintendencia de Industria y Comercio determinará, de acuerdo con la naturaleza del bien y la falla que esté presente, el plazo máximo dentro del cual se deberá cumplir con la reparación para la efectividad de la garantía legal. En los casos para los cuales la superintendencia no haya fijado un plazo distinto, la reparación deberá realizarse dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes, contados a partir del día siguiente a la entrega del bien para la reparación.

En los casos en los que el productor o proveedor dispongan de un bien en préstamo para el consumidor mientras se efectúa la reparación del mismo, el término para la reparación podrá extenderse hasta por sesenta (60) días hábiles.

(D. 735/2013, art. 8º)

ART. 2.2.2.32.2.8.—Plazo para la reposición del bien por la efectividad de la garantía legal. De acuerdo con la naturaleza del bien, la Superintendencia de Industria y Comercio determinará el plazo máximo dentro del cual se deberá realizar la reposición del mismo para la efectividad de la garantía legal, cuando el consumidor haya optado por esta modalidad o cuando el bien no sea susceptible de ser reparado, según corresponda.

Para los casos en que la Superintendencia no fije un plazo distinto, la reposición deberá realizarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al momento en que el consumidor ponga a disposición del productor o expendedor el bien objeto de la solicitud de efectividad de la garantía legal.

En caso de bienes cuya tradición esté sujeta a registro, la reposición se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la decisión adoptada por el productor o expendedor en la reclamación directa.

En cualquier caso, una vez el consumidor sea informado de la decisión adoptada por el productor o expendedor en la reclamación directa, tendrá un término de quince (15) días hábiles para poner a disposición del productor o expendedor el bien objeto de la solicitud de efectividad de la garantía legal, el cual deberá estar libre de gravámenes. En caso que el bien esté sujeto a registro para la transferencia del derecho de dominio, los costos del registro serán asumidos por el productor o expendedor.

En caso que el consumidor no cumpla con dicho término, el productor o expendedor no podrá ser sujeto de las multas previstas en el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011, a menos que dicha demora sea imputable al productor o expendedor como consecuencia de no haber asumido efectivamente los costos de registro mencionados en el inciso anterior.

(D. 735/2013, art. 9º)

ART. 2.2.2.32.2.9.—Plazo para la devolución del dinero por la efectividad de la garantía legal. Cuando el bien no sea susceptible de ser reparado o en caso de repetirse la falla, y el consumidor haya optado por la devolución del dinero para la efectividad de la garantía legal, según corresponda, esta deberá producirse a más tardar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al momento en que el consumidor ponga a disposición del productor o expendedor el bien objeto de la solicitud de efectividad de la garantía legal, libre de gravámenes.

En cualquier caso, una vez el consumidor sea informado de la decisión adoptada por el productor o expendedor en la reclamación directa, tendrá un término de quince (15) días hábiles para poner a disposición del productor o expendedor el bien objeto de solicitud de efectividad de la garantía legal, el cual deberá estar libre de gravámenes.

En caso que el bien esté sujeto a registro para la transferencia del derecho de dominio, los costos de dicho registro serán asumidos por el productor o expendedor.

En caso que el consumidor no cumpla con dicho término, el productor o expendedor no podrá ser sujeto de las multas previstas en el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011 a menos que dicha demora sea imputable al productor o expendedor como consecuencia de no haber asumido efectivamente los costos de registro mencionados en el inciso anterior.

En los casos en que la devolución del dinero se realice mediante consignación bancaria, el consumidor deberá suministrar los datos necesarios para el efecto, una vez le sea informada la decisión del productor o proveedor.

PAR.—Para efectos de este capítulo y en los casos en que el bien mueble haya sido adquirido a través de un medio de financiación, se aplicará lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 2.2.2.32.3.3 del presente decreto.

(D. 735/2013, art. 10)

SECCIÓN 3

Particularidades de la garantía para ciertos bienes

ART. 2.2.2.32.3.1.—Garantía de disponibilidad de repuestos, partes, insumos y mano de obra capacitada. La Superintendencia de Industria y Comercio fijará el término durante el cual los productores o expendedores deben garantizar la disponibilidad de repuestos, partes, insumos y mano de obra capacitada para la reparación de los productos, de acuerdo con la naturaleza de los mismos y, además, establecerá la forma en la que los productores o expendedores deberán informar a los consumidores sobre dicho término.

(D. 735/2013, art. 11)

ART. 2.2.2.32.3.2.—Garantía de bienes usados. La garantía de los bienes usados en los que haya expirado el término de la garantía legal, estará a cargo únicamente del proveedor o expendedor. Los bienes usados podrán ser vendidos sin garantía, circunstancia que debe ser informada y aceptada por escrito y de manera expresa por el consumidor. En caso contrario, se entenderá que el producto tiene garantía de tres (3) meses.

(D. 735/2013, art. 12)

ART. 2.2.2.32.3.3.—Garantía legal de bienes inmuebles. En el caso de bienes inmuebles, para solicitar la efectividad de la garantía legal sobre acabados, líneas vitales del inmueble (infraestructura básica de redes, tuberías o elementos conectados o continuos, que permiten la movilización de energía eléctrica, agua y combustible) y la afectación de la estabilidad de la estructura, definidos en la Ley 400 de 1997, el consumidor informará por escrito dentro del término legal de la garantía, al productor o expendedor del inmueble el defecto presentado.

El productor o expendedor, entregará una constancia de recibo de la reclamación y realizará, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, una visita de verificación al inmueble para constatar el objeto de reclamo.

PAR. 1º—Cuando la solicitud de la garantía legal sea sobre los acabados y las líneas vitales, el productor o expendedor deberá responder por escrito al consumidor, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la visita de verificación del objeto del reclamo.

Este término podrá prorrogarse por un período igual al inicial, cuando la complejidad de la causa del reclamo así lo requiera, situación que deberá ser informada por escrito al consumidor.

A partir de la fecha de la respuesta positiva dada al consumidor, el productor o expendedor reparará el acabado o línea vital objeto de reclamo, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la respuesta.

Si una vez reparado el acabado o la línea vital, se repite la falla, el consumidor a su elección, podrá solicitar una nueva reparación, la reposición del acabado o la línea vital afectados o la entrega de una suma equivalente al valor del acabado o línea vital afectados.

PAR. 2º—Frente a la reclamación por la afectación de la estabilidad de la estructura del inmueble, el productor o expendedor deberá responder por escrito al consumidor, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la realización de la visita de verificación señalada en el presente artículo. Este término podrá ser prorrogado por un periodo igual al inicial, cuando la complejidad de la causa del reclamo así lo requiera. En todo caso, deberá ser informado por escrito al consumidor.

A partir de la fecha de la respuesta positiva dada al consumidor y dentro del plazo que señalen los estudios técnicos que definan la solución a implementar, el productor o expendedor reparará el inmueble, restituyendo las condiciones de estabilidad requeridas conforme a las normas de sismorresistencia vigentes con que fue diseñado.

De no ser posible la reparación del inmueble ni restituir las condiciones de estabilidad que permitan la habitabilidad del mismo, el productor o expendedor del bien procederá a la devolución del valor total recibido como precio del bien. Para tal efecto, y en caso de existir crédito financiero, reintegrará al consumidor tanto el valor cancelado por concepto de cuota inicial así como la totalidad de las sumas de dinero canceladas por concepto de crédito a la entidad financiera correspondiente, debidamente indexado con base en la variación del IPC. Así mismo, deberá cancelar a la entidad financiera, el saldo total pendiente del crédito suscrito por el consumidor. Una vez realizada la devolución del dinero al consumidor y a la entidad financiera, se producirá la entrega material y la transferencia del derecho dominio del inmueble al productor o expendedor.

En caso de no existir crédito financiero, el productor o expendedor deberán reintegrar el valor total cancelado por concepto del bien, debidamente indexado con base en la variación del IPC.

En todo caso, el consumidor devolverá el inmueble libre de cualquier gravamen y deuda por concepto de impuestos, servicios públicos o cánones de administración.

La devolución del dinero se hará dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que el productor o expendedor y el consumidor suscriban la escritura pública de transferencia de la propiedad del inmueble a la persona indicada por el productor o expendedor y siempre que se hubiere procedido con el registro de la correspondiente escritura.

Los gastos de la escritura pública y registro correrán por cuenta del productor o expendedor.

PAR. 3º—Para los bienes inmuebles, el término de la garantía legal de los acabados y las líneas vitales será de un (1) año y el de la estabilidad de la obra diez (10) años, en los términos del artículo 8º de la Ley 1480 de 2011.

(D. 735/2013, art. 13)

ART. 2.2.2.32.3.4.—Garantía legal de bienes comunes de propiedades horizontales. En los bienes inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal, la garantía legal sobre los bienes comunes deberá ser solicitada por el administrador designado en los términos del inciso 1º del artículo 50 de la Ley 675 de 2001 o las normas que la modifiquen o adicionen.

El procedimiento y términos para hacer efectiva la garantía legal de estos bienes, será el establecido en el artículo 2.2.2.32.3.3 del presente decreto, según corresponda.

(D. 735/2013, art. 14)

ART. 2.2.2.32.3.5.—Garantía de bienes de único uso o desechables. Respecto de los bienes de único uso o desechables, no resultará procedente a título de efectividad de la garantía, la reparación del bien ni el suministro de repuestos.

Las formas de efectividad de garantía procedentes para estos bienes son el cambio del bien por otro o la devolución del dinero en los términos de la Ley 1480 de 2011.

(D. 735/2013, art. 15)

SECCIÓN 4

Particularidades de la garantía legal para la prestación de servicios

ART. 2.2.2.32.4.1.—Garantía legal en los casos de prestación de servicios. En los casos de prestación de servicios, el proveedor del servicio deberá dejar constancia escrita de la elección del consumidor sobre la forma de hacer efectiva la garantía legal, la cual puede ser la repetición del servicio o la devolución del dinero. La Superintendencia de Industria y Comercio establecerá los requisitos de la constancia escrita prevista en este artículo.

Cuando se opte por la repetición del servicio, el proveedor asumirá el costo de todos los materiales o insumos que le hubieren sido suministrados inicialmente por el consumidor y no podrá cobrarle suma alguna por ellos ni por los demás materiales o insumos que sin haber sido suministrados por el consumidor se hubieren requerido para la prestación del servicio.

Cuando se opte por la devolución del dinero, esta incluirá el monto de todos los materiales o insumos que hubieran sido suministrados por el consumidor para la prestación del servicio.

(D. 735/2013, art. 16)

ART. 2.2.2.32.4.2.—Garantía legal en la prestación de servicios que suponen la entrega de un bien. La garantía legal en la prestación de servicios que suponen la entrega de un bien, será la de reparación, cuando ello resulte procedente. En los casos en que no resulte procedente la reparación, el bien se deberá sustituir por otro de las mismas características o se deberá pagar su equivalente en dinero en los casos de destrucción total o parcial causada con ocasión del servicio defectuoso. Cuando el consumidor opte por el pago del equivalente en dinero, el valor del bien se determinará según sus características, estado y uso. Si se presenta controversia sobre el monto, el productor o expendedor deberá dejar constancia por escrito sobre la diferencia y la explicación o sustentación de su valoración.

Cuando el juez competente o la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de facultades jurisdiccionales encuentren que se incumplieron las exigencias de información o de emisión de las constancias, informarán a la Superintendencia de Industria y Comercio para que en ejercicio de facultades administrativas adelante la investigación correspondiente.

(D. 735/2013, art. 17)

SECCIÓN 5

Garantías suplementarias

ART. 2.2.2.32.5.1.—Garantías suplementarias. De conformidad con el artículo 13 de la Ley 1480 de 2011, las garantías suplementarias gratuitas y onerosas podrán ser otorgadas siempre y cuando amplíen o mejoren la cobertura de la garantía legal.

Las garantías suplementarias onerosas que pretendan extender en el tiempo los efectos de la garantía legal, pueden ser ofrecidas cuando el término de la garantía legal sea de un año o en los casos en que el término haya sido establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio, en virtud del numeral 16 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011.

(D. 735/2013, art. 18)

SECCIÓN 6

Responsabilidad por la garantía y sus acciones

ART. 2.2.2.32.6.1.—Responsables de la garantía legal. El productor o proveedor están en la obligación de atender la solicitud de efectividad de la garantía legal que presente el consumidor. Si el productor, proveedor o expendedor no proceden de conformidad con lo anterior, se entenderá surtido el requisito de procedibilidad previsto en el literal f del numeral 5º del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar por la negativa a atender la reclamación en garantía.

(D. 735/2013, art. 19)

ART. 2.2.2.32.6.2.—Ejercicio de las acciones jurisdiccionales y administrativas de protección al consumidor. El ejercicio de la acción de protección del consumidor relacionada con la pretensión de hacer efectiva una garantía, ante el juez competente o ante la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de facultades jurisdiccionales, no impide el adelantamiento ante la autoridad administrativa competente de las investigaciones e imposición de las sanciones administrativas a que haya lugar.

(D. 735/2013, art. 20)

ART. 2.2.2.32.6.3.—Ejercicio de acciones civiles y comerciales. Si con posterioridad al vencimiento del término de la garantía legal se presentan defectos en el producto, el consumidor podrá acudir ante la jurisdicción ordinaria en ejercicio de acciones civiles y comerciales pertinentes.

(D. 735/2013, art. 21)

ART. 2.2.2.32.6.4.—Indemnización de perjuicios. El reconocimiento de la garantía por parte de los obligados o por decisión judicial no impide que el consumidor persiga la indemnización por los daños y perjuicios que haya sufrido por los mismos hechos, ante la jurisdicción ordinaria.

(D. 735/2013, art. 22)

SECCIÓN 7

Disposiciones finales y vigencia

ART. 2.2.2.32.7.1.—Término y condiciones de la garantía fijada por el productor. Cuando el productor haya fijado el término y las condiciones de garantía de su producto, estas no podrán ser disminuidas o desmejoradas por los proveedores o expendedores.

(D. 735/2013, art. 23)

ART. 2.2.2.32.7.2.—Manuales de instrucciones. Los manuales de instrucciones sobre el uso e instalación del producto, deberán ser entregados físicamente al consumidor.

Sin perjuicio de lo anterior, también podrán ser puestos a disposición del consumidor a través de canales virtuales.

PAR.—En el caso de bienes inmuebles el manual del propietario contendrá la información relevante del inmueble que se está entregando, las obligaciones de mantenimiento y conservación que debe adelantar el consumidor.

(D. 735/2013, art. 24)

CAPÍTULO 33

Casos, contenido y forma en que se deben presentar la información y la publicidad dirigida a los niños, niñas y adolescentes en su calidad de consumidores

ART. 2.2.2.33.1.—Objeto. El objeto del presente capítulo es reglamentar los casos, la forma y el contenido en que se deberá presentar la información y la publicidad dirigida a los niños, niñas y adolescentes en su calidad de consumidores por cualquier medio, sea impreso, electrónico, audiovisual, auditivo, entre otros.

(D. 975/2014, art. 1º)

ART. 2.2.2.33.2.—Ámbito de aplicación. El presente capítulo es aplicable en general a las relaciones de consumo, a la responsabilidad de los productores, proveedores y en particular a quienes intervengan en el suministro de información a niños, niñas y adolescentes en calidad de consumidores.

(D. 975/2014, art. 2º)

ART. 2.2.2.33.3.—Derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a la información y la publicidad. La información dirigida a los niños, niñas y adolescentes deberá ser clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea.

Toda forma y contenido de comunicación que tenga por finalidad influir en las decisiones de consumo de los niños, niñas y adolescentes no podrá inducir a error, engaño o confusión.

Los anuncios publicitarios dirigidos a niños, niñas y adolescentes no contendrán ninguna forma de violencia, discriminación, acoso y en general, cualquier conducta que pueda afectar la vida o integridad física de una persona.

(D. 975/2014, art. 3º)

ART. 2.2.2.33.4.—Deberes del anunciante respecto de la información y publicidad dirigida a los niños, niñas y adolescentes. Toda información y publicidad, dirigida a niños, niñas y adolescentes deberá ser respetuosa de sus condiciones de desarrollo mental, madurez intelectual y comprensión media propias de personas de su edad. Por lo tanto, frente a dicha publicidad e información, el anunciante deberá cumplir con las siguientes condiciones:

1. Evitar el uso de imágenes, textos, expresiones visuales o auditivas o representaciones que no correspondan a la realidad del producto en lo relacionado con su funcionamiento o características.

2. En toda información o publicidad en la que se exponga el funcionamiento o uso de un producto, se encuentra prohibido:

2.1. Indicar o representar una edad diferente de la requerida para que el niño, niña y/o adolescente ensamble las piezas u opere el producto.

2.2. Exagerar el verdadero tamaño, naturaleza, durabilidad y usos del producto.

2.3. No informar que las baterías o accesorios que se muestran en el anuncio no están incluidos en el empaque del producto o que se venden por separado.

2.4. No informar que para el funcionamiento de un producto se requiere de baterías o algún elemento complementario.

3. En todos los eventos en los que se informe o anuncie un bien o servicio para cuya adquisición se deban realizar llamadas o enviar mensajes de texto o multimedia que supongan un costo para el consumidor, deberá informarse expresamente su valor y advertir al niño, niña y/o adolescente, que previo a realizar la llamada o enviar el mensaje, debe solicitar autorización de sus padres.

4. No deberá contener imágenes o información de contenido sexual, violento, discriminatorio o que promueva conductas contrarias a la moral y a las buenas costumbres.

5. No deberá contener imágenes o información relacionadas con el consumo de estupefacientes y/o bebidas alcohólicas, salvo que se trate de campañas de prevención.

6. No deberá usar imágenes, textos, expresiones visuales o auditivas o representaciones que sugieran al niño, niña y/o adolescente, que no adquirir o usar un producto, puede generar efectos tales como rechazo social o falta de aceptación por parte de un grupo.

7. No deberá afirmar ni insinuar que el consumo de un alimento o bebida sustituye alguna de las tres comidas principales del día (desayuno, almuerzo y cena).

8. No podrá utilizar expresiones cualitativas, diminutivos o adjetivos respecto del precio del producto.

PAR.—En los términos del artículo 30 de la Ley 1480 de 2011, el medio de comunicación será responsable solidariamente de los perjuicios que cause la publicidad engañosa, solo si se comprueba dolo o culpa grave.

(D. 975/2014, art. 4º)

ART. 2.2.2.33.5.—Anuncios publicitarios dirigidos a niños, niñas y adolescentes emitidos durante un programa de radio o televisión. En todos aquellos eventos en los que un anuncio publicitario dirigido exclusivamente a niños, niñas y adolescentes se incorpore en el contenido editorial de una producción nacional de radio o de televisión emitida durante la franja u horario infantil o adolescente y cuyo público objetivo sean niños, niñas y adolescentes, deberá precisarse por parte del medio de comunicación, de forma expresa, que el anuncio no hace parte del contenido de dicho programa. Para estos efectos, toda publicidad que se incorpore en el contenido editorial deberá estar precedida de la leyenda “el presente es un anuncio publicitario que no hace parte del contenido de este programa”, la cual deberá anunciarse de viva voz, así como en caracteres visibles en el caso de los programas emitidos en medios audiovisuales.

(D. 975/2014, art. 5º)

ART. 2.2.2.33.6.—Información en la comercialización de juguetes. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 1480 de 2011 y en el presente capítulo la información relacionada con los juguetes que se comercialicen u ofrezcan al público en Colombia, deberá cumplir con lo previsto de manera especial en el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios de los juguetes, sus componentes y accesorios, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 3388 de 2008 del Ministerio de la Protección Social o la que la sustituya, modifique o adicione.

(D. 975/2014, art. 6º)

ART. 2.2.2.33.7.—Información y publicidad en el entorno digital. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 1480 de 2011, lo dispuesto en este capítulo y demás normas aplicables, la publicidad y oferta de productos dirigidos exclusivamente a niños, niñas y adolescentes, o aquellos que sean publicitados u ofertados en entornos o plataformas cuyo público objetivo y exclusivo sean aquellos o que puedan ser adquiridos, descargados, o a los que se pueda tener acceso por Internet o a través de dispositivos móviles, deben incluir advertencias claras sobre la necesidad de contar con la autorización de sus padres o representantes para realizar la transacción.

(D. 975/2014, art. 7º)

ART. 2.2.2.33.8.—Procedimiento prevalente. La Superintendencia de Industria y Comercio, las alcaldías municipales y las demás autoridades que tengan asignadas competencias de protección al consumidor, deberán tramitar, de forma prevalente, las quejas que se relacionen con los derechos que como consumidores tienen los niños, niñas y/o adolescentes.

(D. 975/2014, art. 8º)

ART. 2.2.2.33.9.—Sanciones. El incumplimiento de lo establecido en este capítulo dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en los artículos 61 y 62 de la Ley 1480 de 2011.

(D. 975/2014, art. 9º)

CAPÍTULO 34

Etapa previa de reclamación directa para ejercer la acción jurisdiccional de protección al consumidor de servicios turísticos o aéreos

SECCIÓN 1

Objeto y ámbito de aplicación

ART. 2.2.2.34.1.1.—Objeto. El objeto del presente capítulo es reglamentar la etapa previa de reclamación directa que deben agotar los consumidores de servicios turísticos y aéreos ante los prestadores de servicios turísticos y ante las empresas de transporte aéreo, para ejercer la acción jurisdiccional de protección al consumidor prevista en el artículo 56 numeral 3º de la Ley 1480 de 2011 —Estatuto del Consumidor— ante la Superintendencia de Industria y Comercio o ante el juez competente, según su elección.

(D. 1097/2014, art. 1º)

ART. 2.2.2.34.1.2.—Ámbito de aplicación. El presente capítulo aplica para los consumidores de servidos turísticos y aéreos y para los prestadores de estos servicios.

(D. 1097/2014, art. 2º)

SECCIÓN 2

De la reclamación directa

ART. 2.2.2.34.2.1.—Presentación de la reclamación. Los consumidores de servicios turísticos o aéreos podrán presentar personalmente o a través de representante o apoderado reclamación directa por escrito, telefónica o verbalmente ante los prestadores de estos servicios cuando se vulneren sus derechos como consumidor, contenidos, respectivamente, en la Ley 300 de 1996 y las normas que la modifiquen o reglamenten; o en el Código de Comercio, las leyes especiales sobre la materia, los reglamentos aeronáuticos, y las disposiciones que los modifiquen o reglamenten. En todo caso, conforme con el artículo 2º de la Ley 1480 de 2011, esta se aplicará supletoriamente a las normas especiales que regulan los servicios turísticos y aéreos.

(D. 1097/2014, art. 3º)

ART. 2.2.2.34.2.2.—Requisitos de la reclamación directa. En la reclamación directa se señalarán los motivos o razones que la justifiquen, lo que pretende el reclamante, las pruebas que la soportan y la dirección física o electrónica donde recibirá las notificaciones.

Cuando la reclamación directa se presenta en forma verbal, el prestador del servicio turístico o la empresa de transporte aéreo deberá expedir constancia escrita de su recibo, con indicación de la fecha de presentación, el objeto del reclamo y la pretensión del consumidor del servicio turístico o aéreo.

(D. 1097/2014, art. 4º)

ART. 2.2.2.34.2.3.—Respuesta a la reclamación directa. La reclamación deberá contestarse máximo dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su presentación, y la respuesta deberá remitirse a la dirección física o electrónica dispuesta por el consumidor para el efecto. En la respuesta deberá mencionarse en forma expresa si se accede o no a la pretensión del consumidor. De no accederse a su pretensión, deberá indicarse los fundamentos de hecho y de derecho que motivan la negativa.

Si la respuesta no es satisfactoria, o no se produce dentro del término señalado, o no se cumple lo acordado entre el consumidor y el prestador del servido, el consumidor de servicios turísticos o aéreos podrá acudir ante los jueces de la República o ante la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de la acción jurisdiccional de protección al consumidor, instituida en el numeral 3º del artículo 56 de la Ley 1480 de 2011, para que se resuelva conforme con las facultades jurisdiccionales conferidas a estas autoridades por la ley.

La etapa de reclamación directa se entenderá surtida por el consumidor con el cumplimiento de lo dispuesto en el presente capítulo, quien adjuntará a su reclamación judicial la respuesta del prestador del servicio turístico o aéreo. En caso de no haber obtenido respuesta, así lo manifestará bajo la gravedad del juramento.

PAR. 1º—Los acuerdos logrados prestarán mérito ejecutivo y el usuario podrá demandar su cumplimiento.

PAR. 2º—Los arreglos sobre derechos patrimoniales obtenidos a través de cualquiera de los mecanismos alternativos de solución de conflictos previstos en la ley son válidos.

(D. 1097/2014, art. 5º)

ART. 2.2.2.34.2.4.—Aspectos no previstos. En los aspectos no previstos en este capítulo se aplicará en lo que corresponda las reglas señaladas en el numeral 5º del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011 y lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 1558 de 2012.

(D. 1097/2014, art. 6º)

CAPÍTULO 35

Operaciones de crédito mediante sistemas de financiación

ART. 2.2.2.35.1.—Objeto. El presente capítulo tiene por objeto reglamentar las operaciones de crédito otorgadas por personas naturales o jurídicas cuyo control y vigilancia sobre su actividad crediticia no haya sido asignada a alguna autoridad administrativa en particular y los contratos de adquisición de bienes o prestación de servicios en los que el productor o proveedor otorgue de forma directa financiación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 1480 de 2011.

(D. 1368/2014, art. 1º)

ART. 2.2.2.35.2.—Ámbito de aplicación. El presente capítulo se aplicará a:

1. Todas las operaciones de crédito otorgadas por personas naturales o jurídicas cuyo control y vigilancia sobre su actividad crediticia no haya sido asignada a alguna autoridad administrativa en particular, y

2. A los contratos de adquisición de bienes o de prestación de servicios en los que el productor o proveedor otorguen de forma directa financiación.

PAR.—Quedan excluidos de la aplicación de este capítulo, por no ser ventas financiadas, los contratos de adquisición de bienes o prestación de servicios en los que se otorgue plazo para pagar el precio sin cobrar intereses.

(D. 1368/2014, art. 2º)

ART. 2.2.2.35.3.—(Modificado).* Definiciones. Para la correcta aplicación e interpretación de este capítulo se entenderá por:

1. Interés: el concepto de interés se someterá a las disposiciones legales y/o reglamentarias que lo definen para el crédito otorgado por entidades sometidas a vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Interés remuneratorio: Es el porcentaje sobre el valor prestado que recibirá el acreedor durante el tiempo que el dinero está en poder del deudor, es decir, durante el plazo que se le otorga a este último para restituir el capital debido.

3. Interés de mora: Es aquel valor al que el deudor queda obligado desde el momento en que se produce el retraso en el cumplimiento del pago de la obligación.

4. Tasa de interés: Es una relación porcentual que permite calcular los intereses, tanto remuneratorios como moratorios, que causa un capital en un periodo determinado.

5. Tasa de interés efectiva anual: Es aquella expresada en términos equivalentes de la tasa de interés que causaría un capital al concluir un periodo de un (1) año.

6. Tasa de interés nominal anual: Es aquella expresada como resultado del número de períodos en que se causa el interés en el año, multiplicado por la tasa de interés del periodo de causación. Esta tasa indica el periodo de causación del interés, así como el momento en que se causa el mismo, ya sea al inicio o al final del período.

7. Tasa de interés variable: Aquella que se ajusta periódicamente y que se encuentra referenciada a un tipo de indicador, como el interés interbancario, IPC u otros, con el fin de reflejar las condiciones actuales del mercado.

8. Tasa de interés vencida: Es aquella que indica que los intereses se causan al final de cada periodo.

9. Período: Intervalo de tiempo durante el cual se causa o liquida el interés.

10. Cuota: Valor del pago periódico a que se obliga el deudor.

11. Límite legal para el cobro de la tasa de interés: El límite máximo legal para el cobro de la tasa de interés tanto remuneratoria como moratoria, es el establecido en el artículo 884 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 2231 del Código Civil y el artículo 305 del Código Penal.

12. Descuento: Cantidad que se rebaja del precio del bien o servicio, por liberalidad del proveedor o expendedor. El descuento puede estar asociado a la forma de pago, por ejemplo, al hecho de que el valor se pague de contado.

13. Cláusula aceleratoria: Pacto celebrado entre las partes del contrato en virtud del cual, ante el incumplimiento por parte del deudor del pago de uno o varios de los instalamentos o cuotas debidos, se hace exigible la totalidad de la obligación por parte del acreedor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 45 de 1990.

(D. 1368/2014, art. 3º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1702 de 2015 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.35.4.—Publicidad de la información sobre sistemas de financiación. Todo aquel que ofrezca sistemas de financiación a los que se refiere el presente capítulo, deberá disponer de manera permanente de una cartelera o tablero visible, que deberá situarse en los lugares de atención al público o de exhibición, en forma tal que atraiga su atención y resulte fácilmente legible. Sin perjuicio de lo anterior, podrán utilizarse otros mecanismos adicionales que permitan el acceso a esta información.

En dichos medios deberá anunciarse:

1. Tasa de interés que se esté cobrando para el mes en curso, expresada en términos efectivos anuales.

2. Plazos que se otorgan.

3. Cuando se trate de contratos de adquisición de bienes y de prestación de servicios, adicionalmente deberá indicarse: i) el porcentaje mínimo que debe pagarse como cuota inicial, y ii) los incentivos que se ofrezcan, que en caso de tratarse de descuentos, deberán expresarse sobre el precio.

(D. 1368/2014, art. 4º)

ART. 2.2.2.35.5.—(Modificado).* Información que debe constar por escrito y ser entregada al consumidor. La información que deberá suministrarse al consumidor cuando adquiera bienes o le sean prestados servicios mediante sistemas de financiación o una operación de crédito que se enmarque en lo descrito en el artículo 2.2.2.35.2. del presente decreto será la siguiente:

1. Lugar y fecha de celebración del contrato.

2. Nombre o razón social y domicilio de las partes.

3. Si se trata de un contrato de adquisición de bienes o de prestación de servicios, se deberá describir plenamente el bien o servicio objeto del contrato, con la información suficiente para facilitar su identificación inequívoca. Esta obligación podrá ser cumplida en las facturas o en documentos separados que se anexen al contrato. Adicionalmente, se deberá indicar el precio, así como los descuentos concedidos.

4. En caso de tratarse de una operación de crédito, deberá indicarse tal situación. Esta obligación podrá ser cumplida en las facturas o en documentos separados que se anexen al contrato. Adicionalmente, se deberá informar el valor total a financiar.

5. La indicación de si se trata de una tarjeta de crédito emitida por una entidad que no se encuentre bajo el control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia y el valor y la periodicidad de la cuota de manejo si existe.

6. El valor de la cuota inicial, su forma y plazo de pago o la constancia de haber sido cancelada.

7. El saldo del precio pendiente de pago o el monto que se financia, el número de cuotas en que se realizará el pago de financiación y su periodicidad. El número de cuotas de pago deberá ser pactado de común acuerdo con el consumidor. Queda prohibida cualquier disposición contractual que obligue al consumidor a la financiación por un mínimo de cuotas de pago.

8. La tasa de interés remuneratoria que se cobrará por la financiación del pago de la obligación adquirida, expresada como tasa de interés efectiva anual; la tasa de interés moratoria, la cual podrá expresarse en función de la tasa remuneratoria o de otra tasa de referencia y la tasa de interés máxima legal vigente al momento de celebración del contrato de adquisición de bienes o de prestación de servicios o de la operación de crédito. En todo caso, deberán observarse los máximos legales previstos.

El otorgante del crédito deberá poner a disposición del consumidor, si este lo solicitare, las fórmulas matemáticas que aplican para calcular el crédito. En aquellos contratos en los que se haya pactado una tasa de interés remuneratoria variable, se deberá poner a disposición del consumidor, la fuente y la fecha de referencia. Si la tasa así pactada, incluye un componente fijo, este último se deberá informar expresamente. En los casos de interés moratorio, en los que se pacte con una tasa de referencia diferente a la tasa remuneratoria, se deberá poner a disposición del consumidor la fuente y la fecha referidas.

9. Se deberá informar el monto de la cuota. En el evento en que la cuota o la tasa pactada sea variable, el acreedor deberá informar el valor de la primera cuota y mantener a disposición del deudor, la explicación de cómo se ha calculado la cuota en cada periodo subsiguiente, así como la fórmula o fórmulas que aplicó para obtener los valores cobrados.

Dichas fórmulas deberán ser suficientes para que el deudor pueda verificar la liquidación del crédito en su integridad.

10. Si como mecanismo de respaldo de la obligación se extienden títulos valores, se deberá dejar constancia de ello en el contrato, identificando su número, fecha de otorgamiento, vencimiento y demás datos que identifiquen a las partes de la obligación contenida en el título.

11. La enumeración y descripción de las garantías reales o personales del crédito.

12. La indicación del monto que se cobrará como suma adicional a la cuota por concepto de cuota de manejo, contratos de seguro si se contrataren y los que corresponden a cobros de IVA.

13. La indicación de todo concepto adicional al precio. Para este efecto se señalará tanto el motivo del cobro como el valor a pagar. En el caso de los contratos de adquisición de bienes o de prestación de servicios en los que el productor o proveedor otorguen de forma directa financiación, la indicación de los conceptos adicionales al precio deberá realizarse de la misma manera como se informa el precio. Los conceptos adicionales al precio que se presenten en las demás operaciones de crédito, deberán informarse de la misma manera como se informa el valor del crédito.

14. La indicación sobre el cobro de gastos de cobranza, cuando ello resulte aplicable y su forma de cálculo. Se precisa que los cobros por cobranza deben estar directamente relacionados y ser proporcionales con la actividad desplegada, y en ningún caso podrá hacerse cobro automático por el solo hecho de que el deudor incurra en mora.

15. En los contratos de adquisición de bienes o de prestación de servicios mediante sistemas de financiación ofrecidos directamente por el productor o proveedor, se deberá informar el derecho de retracto que le asiste al consumidor y la forma de hacerlo efectivo.

En ningún caso podrá exigir condiciones adicionales a las descritas en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011 y las demás normas aplicables.

16. El derecho que le asiste al deudor, de efectuar pagos anticipados de las cuotas o saldos en forma total o parcial con la consiguiente liquidación de intereses al día del pago, sin que en ningún caso pueda exigírsele intereses no causados ni sanciones económicas.

La información señalada en el presente artículo deberá constar por escrito, firmada a entera satisfacción por el consumidor y entregada a este a más tardar en el momento de la celebración del contrato correspondiente.

(D. 1368/2014, art. 5º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1702 de 2015 artículo 2° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.35.6.—Información de permanente disponibilidad al consumidor. La información que el proveedor deberá tener a disposición del consumidor de manera permanente durante la jornada de atención al público por concepto de una operación mediante sistemas de financiación será la siguiente:

1. El monto a cancelar por concepto de la cuota del mes o periodo, con la discriminación del pago de capital, intereses, cuota de manejo y seguros, si los hay.

2. El capital pendiente de pago al inicio y al final del período.

3. La tasa de interés aplicada en dicho periodo y la tasa de referencia utilizada en el caso en que se haya pactado una tasa de interés variable. Se deberá además indicar si con ocasión de la revisión del límite legal se presentó modificación de la tasa de interés.

4. Una explicación acompañada de los datos necesarios para la liquidación de la respectiva cuota con el fin de que el consumidor pueda verificar la exactitud de los cálculos y constatar dichos datos con el contrato y las fuentes oficiales que los producen.

5. Cuando el plazo del crédito otorgado sea superior a doce (12) meses, o la cuantía del crédito o el monto adeudado sea superior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, la información indicada en los numerales anteriores de este artículo deberá ser remitida al domicilio del consumidor y entregada en un plazo no inferior a los (5) días hábiles anteriores a la fecha del pago de la cuota correspondiente. En los mismos casos, deberá informarse al consumidor de los eventos en que haya la necesidad de reliquidar los períodos restantes cuando la tasa de financiación cambie como consecuencia de variaciones de la tasa máxima legal. Cuando el proveedor o expendedor disponga de dicha información en medios electrónicos, el consumidor, a su elección podrá optar por esta modalidad para acceder a la información.

6. El proveedor o expendedor estará exento de la obligación prevista en el numeral 5º anterior en los casos en que el crédito sea de cuota y tasa fija y se le entregue al consumidor la liquidación completa del crédito al momento de otorgarlo, lo cual se podrá hacer mediante talonarios u otro medio escrito que incluya toda la información señalada en los numerales 1º, 2º, 3º y 4º de este artículo, para cada uno de los períodos del crédito. Deberá obrar constancia escrita y suscrita por el consumidor en donde se señale que recibió dicha información.

En todo caso, se deberá tener a disposición del público puntos de información con personal que cuente con la capacitación y conocimientos requeridos para informar al cliente la integridad de las obligaciones que contrae con la firma del correspondiente contrato, la forma como se van a calcular y liquidar los intereses, la cuota y el crédito.

(D. 1368/2014, art. 6º)

ART. 2.2.2.35.7.—(Modificado).* Reglas generales para la celebración de contratos mediante sistemas de financiación. Conforme a lo dispuesto en la Ley 1480 de 2011, los contratos de operaciones mediante sistemas de financiación estarán sujetos a las siguientes reglas generales:

1. Las partes podrán pactar libremente la tasa de interés tanto remuneratoria como moratoria que será cobrada al consumidor. Las tasas de interés que se pacten al momento de la celebración del contrato, no podrán sobrepasar en ningún periodo de la financiación, el límite máximo legal de acuerdo con lo establecido en el numeral 11 del artículo 2.2.2.35.3 del presente decreto.

2. En los casos de contratos de adquisición de bienes o prestación de servicios, el monto financiado se calculará tomando como base el precio menos la cuota inicial si la hubiere.

Si el precio anunciado se incrementa por razón o causas asociadas a la financiación, la diferencia se reputará como interés. En consecuencia, no podrá anunciarse con proclamas publicitarias como “cero interés” o “sin interés”. El monto financiado para las operaciones de crédito de consumo será el valor total del crédito.

3. Está prohibido el cobro simultáneo de intereses remuneratorios y moratorios respecto del mismo saldo o cuota y durante el mismo periodo.

4. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 886 del Código de Comercio, los intereses pendientes no generarán intereses.

5. En ningún caso se podrá exigir por adelantado el pago de intereses moratorios.

6. Tanto en las operaciones de crédito otorgadas por personas naturales o jurídicas cuyo control y vigilancia sobre su actividad crediticia no haya sido asignada a alguna autoridad administrativa en particular, como en los contratos de adquisición de bienes o prestación de servicios en el que el productor o proveedor otorgue de forma directa financiación, el consumidor podrá pagar anticipadamente, de forma parcial o total el saldo pendiente de su crédito y por lo tanto, no podrán establecerse cláusulas penales o sanciones por pago anticipado ni exigirse el pago de intereses durante el periodo restante.

7. Salvo que se haya pactado la cláusula aceleratoria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 69 de la Ley 45 de 1990, los intereses moratorios solo se causarán respecto del monto de las cuotas vencidas.

8. Podrán contratarse seguros cuyo objeto sea amparar el pago del crédito en caso del fallecimiento del deudor o de la pérdida de la garantía del bien dado en garantía. En tales casos se podrá presentar al consumidor una o varias cotizaciones de compañías de seguros, en las que se le informen los riesgos cubiertos, los beneficiarios, las exclusiones, la suma asegurada y el monto de la prima. En todo caso, deberá advertirse al consumidor que no es obligación contratar con dichas compañías y que por lo tanto está en libertad de escoger otra aseguradora de su preferencia. Si el consumidor elige la aseguradora sugerida por el proveedor o expendedor, este deberá entregar a aquel, un documento mediante el cual se pueda probar la existencia del contrato de seguro y en el que se indique la información antes mencionada. El pago de los seguros podrá realizarse de manera diferida. Si no se entrega al consumidor la constancia o certificado del seguro donde se señale el valor de la prima o certificado, las sumas cobradas por tal concepto se reputarán intereses.

(D. 1368/2014, art. 7º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1702 de 2015 artículo 3° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.35.8.—Obligación de verificación de límites máximos legales de tasas de interés. Respecto de la verificación de los límites máximos legales de la tasa de interés, el proveedor o expendedor en los contratos de operaciones de crédito mediante sistemas de financiación a los que se refiere este capítulo, deberá:

1. Verificar mensualmente que los intereses cobrados están dentro del límite máximo legal vigente para el cobro de intereses.

2. Si concluye que la tasa de interés pactada está por encima del máximo legal permitido por la ley, la misma deberá ser reducida a dicho límite de forma automática sin necesidad de requerimiento del consumidor, retroactivamente a partir del momento en que se certificó un interés inferior.

3. Si el límite máximo legal en un periodo siguiente vuelve a ser superior a la tasa inicialmente acordada se podrá liquidar y cobrar para dicho periodo la tasa inicialmente pactada.

(D. 1368/2014, art. 8º)

ART. 2.2.2.35.9.—Obligaciones especiales del productor o proveedor. Las empresas que ofrezcan financiación al consumidor, en los términos descritos en el artículo 2.2.2.35.2 del presente decreto deberán conservar a disposición de la Superintendencia de Industria y Comercio la historia de cada crédito que se haya otorgado, por un término mínimo de tres (3) años, contados a partir de la fecha de vencimiento del último pago. La obligación de conservación se podrá cumplir con medios tecnológicos siempre y cuando se observe lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y demás normas que la sustituyan o modifiquen.

Lo anterior, sin perjuicio de lo consignado en las disposiciones legales vigentes sobre conservación y archivo de documentos.

PAR.—El micro y pequeñas empresas, definidas por la Ley 590 de 2000, deberán conservar la historia del crédito por un término de un (1) año, a partir de la fecha de vencimiento del último pago.

(D. 1368/2014, art. 9º)

ART. 2.2.2.35.10.—Sistemas de financiación que utilizan tablas con factores determinados. Para ofrecer sistemas de financiación utilizando una tabla con factores determinados en función de la tasa de interés y/o el periodo, se deberán observar las siguientes instrucciones:

1. La tabla deberá ser revisada dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que la Superintendencia Financiera de Colombia certifique el interés bancario corriente, señalando la fecha en la cual fue efectuada la revisión. En ella se deberá expresar, con caracteres destacados y negrilla, la tasa de interés en términos efectivos que para el periodo respectivo se esté cobrando al público y que haya servido para el cálculo de los factores.

2. Las tablas de factores de por lo menos los últimos tres (3) años, deberán permanecer a disposición de la Superintendencia de Industria y Comercio.

(D. 1368/2014, art. 10)

ART. 2.2.2.35.11.—Sanciones. En caso de incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente capítulo, la Superintendencia de Industria y Comercio impondrá las sanciones previstas en la Ley 1480 de 2011.

(D. 1368/2014, art. 11)

CAPÍTULO 36

Publicidad alusiva a cualidades, características o atributos ambientales de los productos

ART. 2.2.2.36.1.—Objeto. El presente capítulo tiene por objeto establecer los requisitos que deberá cumplir la publicidad alusiva a cualidades, características o atributos ambientales de los productos que generen beneficios ambientales.

PAR.—Las cualidades, características o atributos ambientales de un producto que se anuncien o publiciten, además de cumplir con las normas vigentes, deberán generar beneficios ambientales reales, de conformidad con la reglamentación de que trata el artículo 2.2.2.36.4 del presente decreto.

(D. 1369/2014, art. 1º)

ART. 2.2.2.36.2.—Ámbito de aplicación. El presente capítulo se aplicará a todas las personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades publicitarias alusivas a las cualidades, características o atributos ambientales de los productos.

(D. 1369/2014, art. 2º)

ART. 2.2.2.36.3.—Requisitos. La publicidad de las cualidades, características o atributos ambientales de cualquier producto, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Deberá tratarse de una aseveración objetiva y comprobada.

2. Las pruebas, investigaciones, estudios u otra evidencia deben basarse en la aplicación de procedimientos técnicos y científicos reconocidos. El anunciante mantendrá a disposición de la Superintendencia de Industria y Comercio, la información que demuestre sus afirmaciones.

3. La afirmación debe ser completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, actualizada, comprensible, precisa e idónea y no omitir información relevante que pueda inducir en error a los consumidores.

4. Las afirmaciones ambientales deben indicar si la cualidad, característica o atributo publicitado se predica del producto, de su embalaje o de una porción o componente de ellos, y además especificar el beneficio ambiental que representa.

5. En caso de que la publicidad se fundamente en la comparación de un producto antiguo con uno nuevo de la misma marca, deberán especificarse las características ambientales del producto anterior y las del nuevo producto.

6. Si se desarrolla publicidad comparativa con fundamento en marcas distintas, deberán especificarse las características ambientales de los productos comparados.

(D. 1369/2014, art. 3º)

ART. 2.2.2.36.4.—Reglamentación de las cualidades, características o atributos ambientales. Para efectos de lo dispuesto en el presente capítulo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecerá las definiciones y los requisitos que deberán aplicarse para anunciar un producto que genere beneficios ambientales.

Previa expedición, las definiciones y requisitos establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, deberán surtir el proceso de notificación internacional, a través del punto de contacto, ante la Organización Mundial del Comercio y demás socios comerciales.

(D. 1369/2014, art. 4º)

ART. 2.2.2.36.5.—Competencia. La Superintendencia de Industria y Comercio vigilará la publicidad regulada por el presente capítulo e impondrá las sanciones establecidas en la Ley 1480 de 2011.

(D. 1369/2014, art. 5º)

CAPÍTULO 37

Ventas que utilizan métodos no tradicionales y las ventas a distancia

ART. 2.2.2.37.1.—Objeto. El presente capítulo tiene por objeto reglamentar:

1. Las ventas que utilizan métodos no tradicionales.

2. Las ventas a distancia.

(D. 1499/2014, art. 1º)

ART. 2.2.2.37.2.—Ámbito de aplicación. El presente capítulo es aplicable a las relaciones de consumo que se efectúen a través de ventas a distancia o de aquellas que utilizan métodos no tradicionales.

PAR.—Las disposiciones contenidas en el presente capítulo no son aplicables a las relaciones de consumo respecto de las cuales exista regulación especial en materia de ventas a distancia o ventas que utilizan métodos no tradicionales.

(D. 1499/2014, art. 2º)

ART. 2.2.2.37.3.—Modalidades de ventas que utilizan métodos no tradicionales. De acuerdo con lo previsto en el numeral 15 del artículo 5º de la Ley 1480 de 2011, se entenderán como ventas que utilizan métodos no tradicionales aquellas que se celebran sin que el consumidor las haya buscado, tales como:

1. Las ventas realizadas en el lugar de residencia o de trabajo del consumidor.

2. Las ventas en las que el consumidor es abordado de forma intempestiva por fuera del establecimiento de comercio.

3. Las ventas en las que el consumidor es llevado a escenarios dispuestos especialmente para aminorar su capacidad de discernimiento.

PAR.—El vendedor, al entrar en contacto con el consumidor, deberá informarle expresamente y de manera inequívoca que se trata de una oferta comercial.

(D. 1499/2014, art. 3º)

ART. 2.2.2.37.4.—Ventas no tradicionales por abordaje intempestivo. Se considera que existió una venta no tradicional por abordaje intempestivo cuando, sin ser propiciado por el consumidor, el primer contacto entre este y el vendedor se da por fuera del establecimiento de comercio, aun cuando la operación se concluya en el establecimiento de comercio del vendedor o en instalación provisional o temporal acondicionada para el efecto.

En estos términos, se consideran ventas no tradicionales por abordaje intempestivo, entre otras situaciones, aquellas en las que el consumidor es abordado en espacios públicos abiertos o en corredores o lugares de desplazamiento público de instalaciones comerciales o institucionales, o las que usualmente ocurren para la venta de colecciones de libros o enciclopedias, revistas, suscripciones, cursos o materiales para el aprendizaje de idiomas, tiempos compartidos, planes vacacionales o de turismo, seguros, planes funerarios, acciones de clubes, afiliaciones a gimnasios, entre otros.

(D. 1499/2014, art. 4º)

ART. 2.2.2.37.5.—Ventas no tradicionales en las que el consumidor es llevado a escenarios dispuestos especialmente para aminorar su capacidad de discernimiento. Podrán considerarse como ventas en las que el consumidor es llevado a escenarios dispuestos especialmente para aminorar su capacidad de discernimiento y se sujetarán a las disposiciones previstas en este capítulo, entre otras, las ventas que:

1. Utilicen técnicas de ventas con sistemas de escalonamiento de vendedores para oponerse o desvirtuar las negativas del consumidor y dilatar o dificultar el rechazo de la oferta, o

2. Utilicen expresiones o actos que ridiculicen o discriminen al consumidor para oponerse o desvirtuar su negativa y dilatar o dificultar el rechazo de la oferta, entre otras.

(D. 1499/2014, art. 5º)

ART. 2.2.2.37.6.—Ventas a distancia. De acuerdo con lo establecido en el numeral 16 del artículo 5º de la Ley 1480 de 2011, se consideran ventas a distancia las realizadas sin que el consumidor tenga contacto directo con el producto que adquiere, a través de correo, teléfono, catálogo, comercio electrónico o con la utilización de cualquier otra técnica de comunicación a distancia.

(D. 1499/2014, art. 6º)

ART. 2.2.2.37.7.—Responsabilidad. Para efectos del presente capítulo, se entenderá que las obligaciones previstas en los numerales 3º y 4º del artículo 46 de la Ley 1480 de 2011, son exigibles exclusivamente a quien realiza la operación de venta en forma directa al consumidor. Sin perjuicio de lo anterior, el productor es responsable del cumplimiento de dichas obligaciones, cuando un tercero realiza la operación de venta en su nombre y representación.

Respecto de las obligaciones previstas en los numerales 1º y 2º del artículo 46 de la Ley 1480 de 2011, en lo que tiene que ver con la entrega del bien o servicio y la posibilidad de presentar reclamaciones y solicitar devoluciones, el productor y el proveedor serán solidariamente responsables, de conformidad con los artículos 10 y 11 de la misma ley.

(D. 1499/2014, art. 7º)

ART. 2.2.2.37.8.—Información previa que el vendedor debe suministrar al consumidor en las transacciones de ventas a través de métodos no tradicionales o a distancia. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 23, 24 y 37 de la Ley 1480 de 2011, en las ventas por métodos no tradicionales o a distancia, el vendedor, con anterioridad a la aceptación de la oferta, debe suministrar al consumidor como mínimo la siguiente información:

1. Su identidad e información de contacto.

2. Características esenciales del producto.

3. El precio, conforme con las reglas previstas en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011.

4. Los gastos de entrega y transporte, cuando corresponda.

5. Las formas de pago que se pueden utilizar.

6. Las modalidades de entrega del bien o prestación del servicio.

7. La disponibilidad del producto.

8. La fecha de entrega o de inicio de la prestación del servicio, cuando corresponda.

9. La existencia del derecho de retracto previsto en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011.

10. La existencia del derecho a la reversión del pago en los casos previstos en el artículo 51 de la Ley 1480 de 2011.

11. El plazo de validez de la oferta y del precio.

12. Las cláusulas y condiciones relativas a renovación automática o permanencia mínima, esta última en caso de que proceda en los términos del artículo 41 de la Ley 1480 de 2011.

(D. 1499/2014, art. 8º)

ART. 2.2.2.37.9.—Contenido mínimo de los contratos de ventas que utilizan métodos no tradicionales o a distancia. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 1480 de 2011, los contratos de ventas no tradicionales o a distancia deberán incorporar como mínimo las siguientes condiciones:

1. Identidad del vendedor y su información de contacto.

2. Características esenciales del producto.

3. El precio, conforme con las reglas previstas en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011.

4. Los gastos de entrega y transporte, cuando corresponda.

5. Las formas de pago que se pueden utilizar.

6. Las modalidades de entrega del bien o prestación del servicio.

7. La fecha de entrega o de inicio de la prestación del servicio, cuando corresponda.

Salvo pacto en contrario, el vendedor deberá entregar el bien o iniciar la prestación del servicio a más tardar en el plazo de treinta (30) días calendario contados a partir de la celebración del contrato.

8. Información suficiente sobre las condiciones y modalidades de ejercicio de los derechos de retracto y reversión del pago, de acuerdo con lo establecido en los artículos 47 y 51 de la Ley 1480 de 2011.

9. La identificación e información de contacto del prestador de los servicios posventa, así como la forma de acceder a dichos servicios.

10. Las condiciones de terminación cuando se trate de contratos de duración indeterminada o superiores a un año.

11. Las cláusulas y condiciones relativas a renovación automática o permanencia mínima, esta última en caso de que proceda en los términos del artículo 41 de la Ley 1480 de 2011, las cuales deberán constar en documento aparte y ser aceptadas expresamente por el consumidor.

PAR. 1º—Cuando en algún sector de la economía exista regulación especial en la que se establezcan condiciones contractuales aplicables a ventas que utilizan métodos no tradicionales o a distancia, y diferentes de las indicadas en este artículo, las contenidas en el régimen especial se aplicarán de manera preferente. En lo no previsto en el régimen especial en materia de ventas que utilizan métodos no tradicionales o a distancia, se aplicarán de manera suplementaria las condiciones establecidas en el presente artículo.

PAR. 2º—El vendedor deberá utilizar mecanismos que permitan conservar la constancia de la aceptación o consentimiento expreso de las condiciones del contrato por parte del consumidor.

PAR. 3º—De conformidad con lo previsto en el artículo 35 de la Ley 1480 de 2011, en ningún caso la falta de respuesta a la oferta de venta no tradicional o a distancia podrá considerarse como aceptación de la misma.

(D. 1499/2014, art. 9º)

ART. 2.2.2.37.10.—Registros sobre la transacción y la entrega. En el evento que el consumidor requiera copia de las condiciones bajo las cuales se celebró y ejecutó el contrato, el vendedor deberá entregarla dentro de los tres (3) días siguientes a la solicitud.

(D. 1499/2014, art. 10)

ART. 2.2.2.37.11.—Sanciones. El incumplimiento de lo establecido en este capítulo dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en los artículos 61 y 62 de la Ley 1480 de 2011.

(D. 1499/2014, art. 11)

CAPÍTULO 38

Cámaras de comercio

SECCIÓN 1

Régimen legal de las cámaras de comercio

ART. 2.2.2.38.1.1.—Naturaleza jurídica. Las cámaras de comercio son personas jurídicas de derecho privado, de carácter corporativo, gremial y sin ánimo de lucro, administradas y gobernadas por los comerciantes matriculados en el respectivo registro mercantil que tengan la calidad de afiliados. Son creadas de oficio o a solicitud de los comerciantes mediante acto administrativo del Gobierno nacional y adquieren personería jurídica en virtud del acto mismo de su creación, previo cumplimiento de los requisitos legales exigidos para el efecto y verificación de su sostenibilidad económica que garantice el cumplimiento eficiente de sus funciones.

(D. 2042/2014, art. 1º)

ART. 2.2.2.38.1.2.—Jurisdicción. Corresponde al Gobierno nacional fijar los límites territoriales dentro de los cuales cada cámara de comercio desarrollará sus funciones y programas, teniendo en cuenta la continuidad geográfica, los vínculos económicos y comerciales de cada región.

La circunscripción territorial de una cámara de comercio podrá comprender el territorio de varios municipios. No obstante lo anterior, en el área de un municipio, distrito o área metropolitana, deberá funcionar solo una cámara de comercio. Se exceptúan de esta regla los casos en que con anterioridad al 15 de octubre de 2014 ya existieran varias cámaras de comercio en una misma área metropolitana.

(D. 2042/2014, art. 2º)

ART. 2.2.2.38.1.3.—Sedes, seccionales y oficinas. Con el objetivo de facilitar la prestación y acceso a sus servicios, las cámaras de comercio podrán abrir sedes, seccionales y oficinas en diferentes lugares, dentro de su circunscripción territorial.

(D. 2042/2014, art. 3º)

ART. 2.2.2.38.1.4.—Funciones de las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio ejercerán las funciones señaladas en el artículo 86 del Código de Comercio y en las demás normas legales y reglamentarias y las que se establecen a continuación:

1. Servir de órgano consultivo del Gobierno nacional y, en consecuencia, estudiar los asuntos que este someta a su consideración y rendir los informes que le soliciten sobre la industria, el comercio y demás ramas relacionadas con sus actividades.

2. Adelantar, elaborar y promover investigaciones y estudios jurídicos, financieros, estadísticos y socioeconómicos, sobre temas de interés regional y general, que contribuyan al desarrollo de la comunidad y de la región donde operan.

3. Llevar los registros públicos encomendados a ellas por la ley y certificar sobre los actos y documentos allí inscritos.

4. Recopilar y certificar la costumbre mercantil mediante investigación realizada por cada cámara de comercio dentro de su propia jurisdicción. La investigación tendrá por objeto establecer las prácticas o reglas de conducta comercial observadas en forma pública, uniforme, reiterada y general, siempre que no se opongan a normas legales vigentes.

5. Crear centros de arbitraje, conciliación y amigable composición por medio de los cuales se ofrezcan los servicios propios de los métodos alternos de solución de conflictos, de acuerdo con las disposiciones legales.

6. Adelantar acciones y programas dirigidos a dotar a la región de las instalaciones necesarias para la organización y realización de ferias, exposiciones, eventos artísticos, culturales, científicos y académicos, entre otros, que sean de interés para la comunidad empresarial de la jurisdicción de la respectiva cámara de comercio.

7. Participar en la creación y operación de centros de eventos, convenciones y recintos feriales de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1558 de 2012 y las demás normas que las sustituyan, modifiquen o adicionen.

8. Promover la formalización, el fortalecimiento y la innovación empresarial, así como desarrollar actividades de capacitación en las áreas comercial e industrial y otras de interés regional, a través de cursos especializados, seminarios, conferencias y publicaciones.

9. Promover el desarrollo regional y empresarial, el mejoramiento de la competitividad y participar en programas nacionales de esta índole.

10. Promover la afiliación de los comerciantes inscritos que cumplan los requisitos señalados en la ley, con el fin de estimular la participación empresarial en la gestión de las cámaras de comercio y el acceso a los servicios y programas especiales.

11. Prestar servicios de información empresarial originada exclusivamente en los registros públicos, para lo cual podrán cobrar solo los costos de producción de la misma.

12. Prestar servicios remunerados de información de valor agregado que incorpore datos de otras fuentes.

13. Desempeñar y promover actividades de veeduría cívica en temas de interés general de su correspondiente jurisdicción.

14. Promover programas, y actividades en favor de los sectores productivos de las regiones en que les corresponde actuar, así como la promoción de la cultura, la educación, la recreación y el turismo.

15. Participar en actividades que tiendan al fortalecimiento del sector empresarial, siempre y cuando se pueda demostrar que el proyecto representa un avance tecnológico o suple necesidades o implica el desarrollo para la región.

16. Mantener disponibles programas y servicios especiales para sus afiliados.

17. Disponer de los servicios tecnológicos necesarios para el cumplimiento y debido desarrollo de sus funciones registrales y la prestación eficiente de sus servicios.

18. Publicar la noticia mercantil de que trata el numeral 4º del artículo 86 del Código de Comercio, que podrá hacerse en los boletines u órganos de publicidad de las cámaras de comercio, a través de internet o por cualquier medio electrónico que lo permita.

19. Realizar aportes y contribuciones a toda clase de programas y proyectos de desarrollo económico, social y cultural en el que la Nación o los entes territoriales, así como sus entidades descentralizadas y entidades sin ánimo de lucro tengan interés o hayan comprometido sus recursos.

20. Participar en programas regionales, nacionales e internacionales cuyo fin sea el desarrollo económico, cultural o social en Colombia.

21. Gestionar la consecución de recursos de cooperación internacional para el desarrollo de sus actividades.

22. Prestar los servicios de entidades de certificación previsto en la Ley 527 de 1999, de manera directa o mediante la asociación con otras personas naturales o jurídicas.

23. Administrar individualmente o en su conjunto cualquier otro registro público de personas, bienes, o servicios que se deriven de funciones atribuidas a entidades públicas con el fin de conferir publicidad a actos o documentos, siempre que tales registros se desarrollen en virtud de autorización legal y de vínculos contractuales de tipo habilitante que celebren con dichas entidades.

(D. 2042/2014, art. 4º)

ART. 2.2.2.38.1.5.—Prohibiciones a las cámaras de comercio. A las cámaras de comercio les queda prohibido realizar cualquier acto u operación que no esté encaminado al exclusivo cumplimiento de sus funciones. Las cámaras de comercio no podrán desarrollar ninguna actividad con fines políticos. Los miembros de junta directiva y los empleados de las cámaras de comercio no podrán sacar provecho o ventaja de los bienes, información, nombre o recursos de las cámaras de comercio para postularse, hacer proselitismo y obtener beneficios políticos de ninguna clase en nombre propio o de un tercero.

(D. 2042/2014, art. 5º)

ART. 2.2.2.38.1.6.—Desarrollo de las funciones. las cámaras de comercio podrán celebrar convenios entre ellas, asociarse o contratar con cualquier persona natural o jurídica para el cumplimiento de sus funciones. También podrán cumplir sus funciones mediante la constitución o participación en entidades vinculadas. Ningún mecanismo de asociación o vinculación que celebren las cámaras de comercio podrá ser alegado como causal eximente de responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones. La participación de las cámaras de comercio en cualquiera de estas actividades, deberá ser en igualdad de condiciones frente a los demás competidores, incluso en cuanto al manejo de la información.

(D. 2042/2014, art. 6º)

SECCIÓN 2

Junta directiva

ART. 2.2.2.38.2.1.—(Modificado).* Integración de la junta directiva. Cada cámara de comercio tendrá una junta directiva que será el máximo órgano de administración, conformada por comerciantes inscritos que tengan la calidad de afiliados y una tercera parte por representantes del Gobierno nacional, teniendo en cuenta la importancia comercial de la correspondiente circunscripción y el número de comerciantes inscritos que tengan la calidad de afiliados, así:

1. Las cámaras de comercio que tengan entre doscientos (200) y menos de mil (1.000) afiliados, seis (6) miembros principales y seis (6) suplentes personales.

Las juntas directivas de las cámaras de comercio de Buga; San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas; Dosquebradas; Sincelejo; Urabá; Cartago; Duitama; Arauca; La Guajira; Florencia para el Caquetá; Putumayo; Chocó; Sogamoso; Tumaco; Girardot; Ipiales; sur y oriente del Tolima; Aguachica; Magdalena Medio y nordeste Antioqueño; La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas; Piedemonte Araucano; Honda; Chinchiná; Santa Rosa de Cabal; Magangué; Sevilla; Ocaña; Pamplona; San José; y, Amazonas tendrán, con independencia del número de afiliados, seis (6) miembros principales y seis (6) suplentes personales, salvo que tengan el número de afiliados a que se refieren los numerales 2º y 3º de este artículo.

2. Las cámaras de comercio que tengan entre mil (1.000) hasta dos mil quinientos (2.500) afiliados, nueve (9) miembros principales y nueve (9) suplentes personales.

Las juntas directivas de las cámaras de comercio Aburrá Sur; Palmira; Cúcuta; Facatativá; Manizales por Caldas; Cauca; Santa Marta por el Magdalena; Pereira; Neiva; Villavicencio; Ibagué; Oriente Antioqueño; Montería; Tuluá; Pasto; Buenaventura; Armenia y del Quindío; Tunja; Valledupar; Barrancabermeja; y Casanare tendrán, con independencia del número de afiliados, nueve (9) miembros principales y nueve (9) suplentes personales, salvo que tengan el número de afiliados a que se refiere el numeral 3º de este artículo.

3. Las cámaras de comercio que tengan más de dos mil quinientos (2.500) afiliados, doce (12) miembros principales y doce (12) suplentes personales.

Las juntas directivas de las cámaras de comercio de Bogotá, Medellín para Antioquia, Cali, Barranquilla, Cartagena y, Bucaramanga tendrán, con independencia del número de afiliados, doce (12) miembros principales y doce (12) suplentes personales.

PAR. 1º—No podrán participar en la junta directiva de manera permanente, personas ajenas a sus integrantes.

PAR. 2º—No podrán efectuarse nominaciones honorarias de miembros de junta directiva y, quienes ostenten actualmente dicha calidad, no podrán continuar asistiendo a las reuniones de junta directiva, salvo que hayan sido elegidos o sean representantes del Gobierno nacional.

PAR. 3º—El número de comerciantes inscritos que tengan la calidad de afiliados a los que se refiere este artículo serán los existentes al 31 de marzo del año de la elección.

PAR. 4º—Las cámaras de comercio que cuenten con menos de doscientos (200) afiliados al 31 de marzo del año de la elección, podrán ser suspendidas o cerradas por el Gobierno nacional.

(D. 2042/2014, art. 7º)

*(Nota: Modificado por el Decreto 1995 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

ART. 2.2.2.38.2.2.—Integración de junta directiva 2014 2018. Las juntas directivas de las cámaras de comercio que se elijan para el período 2014-2018 conservarán el número de integrantes vigentes a la fecha de la expedición de la Ley 1727 de 2014.

(D. 2042/2014, art. 8º)

ART. 2.2.2.38.2.3.—Representantes del Gobierno nacional. Los miembros de las juntas directivas de las cámaras de comercio designados por el Gobierno nacional son sus voceros y, por consiguiente, deberán obrar consultando la política gubernamental y el interés de las cámaras de comercio ante las cuales actúan. Tales miembros deberán cumplir los requisitos señalados en la ley para ser afiliado o tener título profesional con al menos cinco (5) años de experiencia en actividades propias a la naturaleza y las funciones de las cámaras de comercio, y les será aplicable el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto para miembros elegidos por los comerciantes afiliados, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1727 de 2014.

(D. 2042/2014, art. 9º)

ART. 2.2.2.38.2.4.—Deberes de los miembros de junta directiva. Los miembros de las juntas directivas de las cámaras de comercio deberán velar por la eficiente administración de sus recursos, priorizando la visión regional, la gestión empresarial y la competitividad, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 86 del Código de Comercio, el artículo 7º de la Ley 1727 de 2014, y demás normas que establezcan o reglamenten las funciones a cargo de las cámaras de comercio.

PAR.—Los miembros de la junta directiva y los presidentes ejecutivos, en su calidad de administradores, estarán sujetos al régimen de responsabilidad previsto en la ley y deberán conocer y respetar las responsabilidades legales y reglamentarias que impone el ejercicio de sus funciones.

(D. 2042/2014, art. 10)

ART. 2.2.2.38.2.5.—Representante legal de persona jurídica elegida como miembro de junta directiva. El representante legal de la persona jurídica elegida como miembro de la junta directiva es el único autorizado para asistir a las reuniones de la junta directiva y deberá cumplir con las calidades y condiciones de afiliado, salvo la de ser comerciante.

En caso de existir varios representantes legales podrá asistir a las reuniones de junta directiva cualquiera de ellos.

Los derechos, obligaciones, inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y demás limitaciones aplicables a los miembros de la junta directiva de la cámara de comercio, serán también aplicables al representante legal de la persona jurídica que sea miembro de una junta directiva.

(D. 2042/2014, art. 11)

ART. 2.2.2.38.2.6.—Sesiones de la junta directiva. La junta directiva de cada cámara de comercio se reunirá ordinariamente, por lo menos una vez al mes, y será convocada por escrito, vía fax o correo electrónico. La citación deberá indicar el día, hora y lugar en que se realice la reunión y el orden del día.

La junta directiva se reunirá extraordinariamente por convocatoria de su presidente, del presidente ejecutivo de la cámara o de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Así mismo, estos deberán realizar dicha convocatoria cuando lo soliciten, al menos, la tercera parte de sus miembros.

La convocatoria deberá efectuarse en un término no inferior a ocho (8) días calendario para las reuniones ordinarias y tres (3) días calendario para las reuniones extraordinarias.

La presencia o participación concurrente de miembros principales y suplentes en las reuniones de las juntas directivas se regirá por lo dispuesto en los estatutos de la respectiva cámara de comercio.

PAR.—Las juntas directivas de las cámaras de comercio podrán efectuar reuniones presenciales y no presenciales y tomar decisiones por voto escrito de acuerdo con lo que señalen sus estatutos o, en su defecto, por lo dispuesto en el Código de Comercio y la Ley 222 de 1995.

(D. 2042/2014, art. 12)

ART. 2.2.2.38.2.7.—Período de la junta directiva. Los miembros de la junta directiva tendrán un período institucional de cuatro (4) años, pudiendo ser reelegidos de manera inmediata por una sola vez.

Los miembros designados por el Gobierno nacional no tendrán período y podrán ser removidos en cualquier tiempo.

PAR.—En el evento de renuncia, vacancia automática, revocatoria total o parcial de los miembros de junta directiva por impugnación de las elecciones o cualquier otra circunstancia legal que implique la ausencia definitiva, los nuevos miembros designados o elegidos concluirán el respectivo período.

(D. 2042/2014, art. 13)

ART. 2.2.2.38.2.8.—Dignatarios. El presidente y vicepresidente de cada junta directiva deberán elegirse entre sus miembros principales para un período institucional de un (1) año, pudiendo ser reelegidos indefinidamente, como también removidos en cualquier momento.

El período del presidente y vicepresidente, se inicia una vez sean nombrados en la primera reunión del mes de enero de cada año. En el evento de ser reemplazados antes del vencimiento del periodo, los nuevos terminarán dicho período.

(D. 2042/2014, art. 14)

ART. 2.2.2.38.2.9.—Actas. De las reuniones de junta directiva se levantará un acta firmada por el presidente y por el secretario de la misma, en la cual deberá dejarse constancia de la fecha de la reunión, de los miembros que asistan, de los ausentes, de las excusas presentadas, de los asuntos sometidos a su conocimiento, de las decisiones que se adopten, y de los votos a favor o en contra que se emitan para cada una de ellas.

Las actas deberán ser aprobadas en la siguiente reunión o por una comisión nombrada para tal efecto. Un resumen de las conclusiones adoptadas será enviado a la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los diez (10) días siguientes a la aprobación del acta respectiva.

(D. 2042/2014, art. 15)

ART. 2.2.2.38.2.10.—Carácter individual de la afiliación. La solicitud y trámite de afiliación a la cámara de comercio es de carácter individual. Estas se abstendrán de aceptar y tramitar solicitudes colectivas de afiliación.

(D. 2042/2014, art. 16)

ART. 2.2.2.38.2.11.—Comité de afiliación. El comité de afiliación previsto en el artículo 18 de la Ley 1727 de 2014, estará integrado por el presidente ejecutivo o su delegado y, como mínimo dos (2) funcionarios del nivel directivo de la cámara de comercio, designados por aquel.

PAR.—Los miembros de la junta directiva no podrán integrar el comité de afiliación por no ostentar la calidad de funcionarios.

(D. 2042/2014, art. 17)

ART. 2.2.2.38.2.12.—Afiliación por vencimiento de término. Cuando la cámara de comercio no resuelva la solicitud de afiliación dentro del término señalado en el artículo 16 de la Ley 1727 de 2014, el solicitante adquirirá automáticamente la calidad de afiliado.

Sin perjuicio de lo anterior, la cámara de comercio deberá proceder, dentro de los tres (3)

días siguientes al vencimiento de dicho término, a liquidar los derechos de afiliación, y el afiliado efectuará el pago en el término establecido en el reglamento, el cual no podrá ser inferior a cinco (5) días hábiles. En el evento en que el comerciante no realice el pago dentro del plazo señalado, se entiende que desiste de su petición.

(D. 2042/2014, art. 18)

ART. 2.2.2.38.2.13.—Revisión e impugnación de las decisiones de desafiliación en la depuración del censo electoral. En los eventos previstos en el artículo 28 de la Ley 1727 de 2014, la cámara de comercio procederá a comunicar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes la decisión de desafiliación al interesado.

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación antes mencionada, el interesado podrá solicitar por escrito la revisión de la decisión ante la cámara de comercio, mediante escrito en el cual justifique los motivos de su inconformidad. La revisión se decidirá dentro de un término no mayor de tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud y se notificará a través de su publicación en la página principal del sitio web de la cámara de comercio y envío por correo electrónico, si existiere.

Contra la decisión que resuelve la solicitud de revisión procede impugnación ante la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

La Superintendencia de Industria y Comercio deberá resolver la impugnación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 1727 de 2014.

(D. 2042/2014, art. 19)

SECCIÓN 3

Elecciones

ART. 2.2.2.38.3.1.—Oportunidad de las elecciones. Las elecciones de los miembros de las juntas directivas de las cámaras de comercio se llevarán a cabo cada cuatro (4) años, el primer jueves hábil del mes de diciembre del año de la elección.

La jornada electoral se llevará a cabo entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

(D. 2042/2014, art. 20)

ART. 2.2.2.38.3.2.—Inscripción de listas de candidatos. Las listas de candidatos a miembros de junta directiva de las cámaras de comercio podrán ser inscritas por uno o varios de sus candidatos allí postulados, durante la segunda quincena del mes de octubre del año de las elecciones, ante la secretaría general o la oficina jurídica de la cámara de comercio.

La inscripción de listas de candidatos se sujetará al cumplimiento de las siguientes reglas:

1. Las listas deberán contener uno o varios renglones. En todo caso, la lista solo podrá contener como máximo tantos renglones de candidatos como miembros de junta directiva a elegir.

2. Cada renglón deberá inscribirse con un miembro principal y un suplente personal.

3. Tanto el principal y el suplente deben cumplir la totalidad de los requisitos para participar en las elecciones.

4. Ningún candidato podrá aparecer en más de una lista.

5. Los candidatos que integran la lista se identificarán de la siguiente manera:

5.1. Cuando el candidato sea persona natural: el nombre completo y la cédula de ciudadanía.

5.2. Cuando se trate de una persona jurídica únicamente se indicará la razón social y su NIT; y,

6. Con la inscripción de listas se debe adjuntar la aceptación de la postulación de los candidatas principales y suplentes, identificando la calidad bajo la cual se inscriben como persona natural o jurídica, declarando bajo la gravedad del juramento que cumplen todos los requisitos exigidos y los demás establecidos en las normas correspondientes, incluido no encontrarse incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad.

La inscripción de listas de candidatos se podrá realizar ante la secretaría general o la oficina jurídica de la cámara de comercio, o a través de medios electrónicos, adjuntando los documentos y acreditando los requisitos exigidos en la ley para participar en las elecciones.

No se requerirá la presentación personal de los candidatos que integran las listas.

PAR.—Los representantes legales de las personas jurídicas inscritas como candidatos, deberán acreditar las calidades y condiciones exigidas para ser afiliados previstas en la ley, salvo el requisito de la matrícula mercantil y su renovación.

(D. 2042/2014, art. 21)

ART. 2.2.2.38.3.3.—Modificación de las listas inscritas. Las listas inscritas podrán ser modificadas hasta el último día hábil del mes de octubre del año de las elecciones, para lo cual se requiere que la solicitud sea presentada por las personas que realizaron la inscripción.

(D. 2042/2014, art. 22)

ART. 2.2.2.38.3.4.—Revisión de las listas de candidatos. La cámara de comercio deberá verificar el cumplimiento de las condiciones para la inscripción de las listas de candidatos y el cumplimiento de los requisitos exigidos para participar en las elecciones, de cada uno de los candidatos inscritos, así como las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 9º de la Ley 1727 de 2014.

La verificación efectuada por la cámara de comercio implicará la aplicación de las siguientes reglas:

1. En el evento que se inscriban más renglones al número de miembros de junta directiva a elegir, la lista será rechazada.

2. Cuando no se inscriba completo el renglón, con principal y suplente, se procederá al rechazo de todo el renglón.

3. Cuando alguno de los candidatos no cumpla con la totalidad de los requisitos para participar en las elecciones o se encuentre incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, se rechazará la totalidad del renglón correspondiente.

4. Cuando el candidato aparezca en más de una lista, bien sea como principal o suplente, se procederá al rechazo de su inscripción en todas las listas y los renglones correspondientes.

5. Cuando los datos aportados en la lista de postulación no permitan individualizar al candidato, se rechazará el renglón correspondiente, y

6. Cuando se omita la aceptación de postulación del candidato, en los términos previstos en el numeral 6º del artículo 2.2.2.38.3.2 del presente decreto, se rechazará su inscripción y el renglón correspondiente.

PAR.—Cuando se rechace uno o varios renglones, la lista se entenderá conformada por los restantes renglones.

(D. 2042/2014, art. 23)

ART. 2.2.2.38.3.5.—Remisión de las listas inscritas a la Superintendencia de Industria y Comercio. De conformidad con lo establecido en el numeral 11 del artículo 10 del Decreto 4886 de 2011, el presidente ejecutivo de la cámara de comercio remitirá a la dirección de cámaras de comercio de la Superintendencia de Industria y Comercio, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de inscripción, la relación de las listas de candidatos inscritos, adjuntando los correspondientes soportes, precisando justificadamente cuáles han sido rechazados y los motivos de la decisión. La dirección de cámaras de comercio tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles para estudiar la conformación de las listas y ordenar de ser el caso revocar la decisión de considerar o no candidatos o listas, decisión contra la cual no procede recurso alguno.

(D. 2042/2014, art. 24)

ART. 2.2.2.38.3.6.—Depuración del censo para fines electorales. En el año de las elecciones la cámara de comercio deberá efectuar la depuración del censo electoral de que trata el inciso primero del artículo 28 de la Ley 1727 de 2014, a más tardar el último día hábil del mes de agosto de dicho año electoral.

Efectuada la depuración, la cámara de comercio procederá a conformar el censo electoral y lo publicará en la página web y/o un lugar visible de las oficinas de la cámara de comercio dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.

Publicado el censo electoral, y de ser necesario, la cámara de comercio deberá efectuar, a más tardar el último día hábil del mes de octubre, la revisión de que trata el inciso 3º del artículo 28 de la citada ley.

Cuando como consecuencia de la depuración o revisión del censo electoral proceda la desafiliación, la cámara de comercio comunicará esta decisión a cada uno de los afectados dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la misma.

(D. 2042/2014, art. 25)

ART. 2.2.2.38.3.7.—Publicidad de las elecciones. El presidente ejecutivo de la cámara de comercio deberá dar a conocer la siguiente información:

1. Requisitos legales para ser miembro de junta directiva; el número de miembros a elegir; el procedimiento, lugar y fecha límite para la inscripción o modificación de listas; y que en las elecciones podrán elegir y ser elegidos aquellos que ostenten ininterrumpidamente la calidad de afiliado durante los dos (2) últimos años calendario, previos al 31 de marzo del año correspondiente a la respectiva elección, y que a la fecha de la elección conserven esta calidad.

A partir de las elecciones que tengan lugar en el año 2018, esta información deberá publicarse por lo menos, una vez en la primera quincena del mes de octubre del año en que se realicen las elecciones.

2. Fecha, horario y lugar o lugares en donde se llevarán a cabo las elecciones, número de miembros de junta directiva a elegir; requisitos para sufragar; la lista de candidatos; y que en las elecciones podrán elegir y ser elegidos aquellos que ostenten ininterrumpidamente la calidad de afiliado durante los dos (2) últimos años calendario, previos al 31 de marzo del año correspondiente a la respectiva elección y que a la fecha de la elección conserven esta calidad.

Esta información deberá publicarse, por lo menos, una vez en la primera quincena del mes de noviembre del año en que se realicen las elecciones.

PAR. 1º—Las publicaciones a que se refieren los numerales 1º y 2º del presente artículo, se realizarán a través de:

1. Un periódico local o nacional de amplia circulación en la jurisdicción de la cámara de comercio, mediante aviso visible y notorio.

2. Una emisora local o nacional de amplia cobertura en la jurisdicción de la cámara de comercio, en horas hábiles de la mayor audiencia.

3. En la web, boletines y demás órganos de publicidad de cada cámara de comercio, de manera visible y resaltada en la primera página, y

4. En los sitios de atención al público de cada cámara de comercio, sus oficinas seccionales y receptoras.

Cuando las listas de candidatos hayan sido revisadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, deberán publicarse en la página web de la respectiva cámara de comercio, así como en los sitios de atención al público de cada cámara de comercio, sus oficinas seccionales y receptoras, y en otros medios que considere pertinentes para darle la debida publicidad.

PAR. 2º—Durante el período comprendido entre el 1 de agosto y el día de las elecciones, las cámaras de comercio deberán:

1. En todos los certificados de registro mercantil que se expidan, incluir en la parte superior de la primera página, en mayúsculas de un tamaño por lo menos igual al resto del texto y caracteres resaltados la siguiente leyenda:

“EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE (…)

LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE.

PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO... O

DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW (…)”,

2. Disponer de una persona para que atienda adecuadamente las consultas que se formulen personalmente, por correo electrónico o por medio de la línea de teléfono asignada, para el proceso electoral.

(D. 2042/2014, art. 26)

ART. 2.2.2.38.3.8.—Autoridades electorales. En cada cámara de comercio el presidente ejecutivo será el responsable de todo el proceso electoral, incluyendo la integración y depuración del censo electoral, la inscripción de candidatos, así como de la realización del escrutinio final.

A más tardar en la primera quincena del mes de noviembre del año de la elección, el presidente ejecutivo de cada cámara de comercio, elegirá mediante sorteo, de la lista de comerciantes afiliados con derecho a sufragar, un jurado con su correspondiente suplente para cada mesa de votación que proyecte instalar. La fecha y día en que se efectúe dicho sorteo deberá ponerse en conocimiento de los aspirantes a miembros de junta directiva quienes podrán asistir.

No podrán ser jurados de votación los candidatos a la junta directiva, los miembros de la junta directiva, el presidente ejecutivo de la cámara de comercio, cualquier empleado o persona vinculada bajo cualquier modalidad contractual con la cámara de comercio, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de la misma.

El presidente ejecutivo de la cámara de comercio dispondrá todo lo necesario para que se imparta capacitación previa a los jurados de votación.

Si los jurados elegidos no aceptan o no se presentan a cumplir con sus funciones el día de la elección de miembros de junta directiva, el suplente elegido conforme a lo dispuesto en el presente artículo, ocupará su lugar.

(D. 2042/2014, art. 27)

ART. 2.2.2.38.3.9.—Reglas adicionales para las elecciones de junta directiva. Para las elecciones de junta directiva, se observarán las siguientes reglas:

1. Las elecciones se efectuarán en las respectivas sedes físicas o virtuales de la cámara de comercio, o en los lugares de su jurisdicción habilitados para tal efecto. En cada sitio se dispondrá de un número adecuado de mesas.

La cámara de comercio deberá informar a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se pretenda efectuar las elecciones en lugar distinto a sus sedes físicas o virtuales, especificando el número de afiliados que integran el censo electoral en la correspondiente localidad, así como las condiciones que garanticen la transparencia, igualdad y seguridad para la realización de las elecciones y su escrutinio;

2. Cada comerciante afiliado tendrá derecho a un voto. Las sociedades comerciales que tengan matriculadas y afiliadas sucursales por fuera de su domicilio principal tendrán derecho a un voto en la respectiva cámara de comercio, con independencia del número de sucursales que tenga matriculadas.

3. Las personas naturales afiliadas votarán personalmente. Las personas jurídicas afiliadas votarán a través de cualquiera que ostente la calidad de representante legal inscrito en el registro mercantil.

En ambos casos, se efectuará la identificación del sufragante al momento de la votación con la cédula de ciudadanía, extranjería o pasaporte.

4. La cámara de comercio, para cada mesa de votación, debe proveer como mínimo:

4.1. Urnas para depositar los votos;

4.2. Listado de las personas con derecho a votar, el cual debe contener el nombre del o de los representantes legales, tratándose de personas jurídicas, el número del documento de identificación y un espacio para la firma de cada sufragante.

4.3. Papeletas de votación que incluyan el nombre de los integrantes de cada lista o tarjetones con el nombre de quien aparezca como candidato principal y suplente en el primer renglón de la lista. Si el candidato es una persona jurídica, se relacionará la razón social de la misma y no el nombre de sus representantes legales, y

4.4. Formatos para la contabilización de votos en cada mesa, que incluyan el nombre de la cámara de comercio, número de mesa, votos obtenidos por cada lista, votos en blanco, votos nulos, número total de votos obtenidos en la mesa y nombre y firma del jurado.

(D. 2042/2014, art. 28)

ART. 2.2.2.38.3.10.—Prohibición. Ninguna persona que ejerza cargo público podrá participar ni hacer proselitismo en el proceso electoral de las cámaras de comercio.

(D. 2042/2014, art. 29)

ART. 2.2.2.38.3.11.—Votación por mecanismos electrónicos. Las cámaras de comercio podrán disponer de una sede virtual para la votación electrónica, siempre y cuando se garantice la identificación plena del votante, la integridad de las comunicaciones electrónicas, la indelegabilidad y el secreto del voto, y la seguridad del sistema en la cual se encuentra contenida la aplicación.

Para las elecciones que se lleven a cabo a partir del año 2018, las cámaras de comercio que decidan aplicar este mecanismo darán a conocer a la Superintendencia de Industria y Comercio, a más tardar el 15 de septiembre del año correspondiente a la elección, las características técnicas de la operatividad del voto electrónico, haciendo especial énfasis en los sistemas de seguridad.

En caso en que la Superintendencia de Industria y Comercio estime que el sistema no ofrece las condiciones descritas en el primer inciso, la cámara de comercio se abstendrá de utilizar los mecanismos electrónicos.

La sede virtual habilitada por la cámara de comercio se considerará como una mesa de votación.

Una impresión de los resultados de la votación realizada a través de este medio se adjuntará al acta de escrutinio parcial de esa mesa con fines meramente informativos, y se tendrá como copia simple de los resultados originales electrónicos, que serán verificados como mensajes de datos, estableciendo su integridad, de conformidad con el artículo 8º de la Ley 527 de 1999.

(D. 2042/2014, art. 30)

ART. 2.2.2.38.3.12.—Reglas para el escrutinio. Al momento de efectuarse el escrutinio deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

1. Para la determinación del cociente electoral se tendrán en cuenta la totalidad de los votos válidos emitidos a favor de los candidatos y los votos en blanco. Para el efecto, se tendrán en cuenta hasta dos (2) decimales.

2. El voto que contenga tachaduras o supresiones de nombres no se tendrá en cuenta.

3. Si al momento de contabilizarse los votos hubiese un número mayor que el de sufragantes, se introducirán todos de nuevo en la urna y se sacarán a la suerte tantos votos cuantos sea el excedente, sin abrirlos y se quemarán, procediendo luego al conteo definitivo.

4. En el evento en que un candidato que asista al escrutinio solicite de manera justificada el reconteo de los votos de una mesa en particular, se procederá en el mismo acto a repetir el conteo de la mesa correspondiente dejando constancia en el acta, y

5. En caso de empate la elección se decidirá a la suerte, para lo cual la cámara de comercio colocará en una urna las papeletas que hubiesen obtenido igual número de votos y uno de los jurados extraerá de la urna una papeleta que será la lista a cuyo favor se declare la elección. De lo anterior se dejará constancia en el acta de escrutinio.

(D. 2042/2014, art. 31)

ART. 2.2.2.38.3.13.—Escrutinio y declaratoria de la elección. Una vez cerrada la votación se realizará el escrutinio parcial en cada mesa y se diligenciarán y firmarán por cada jurado los formatos adoptados para el efecto. En caso de existir mesas fuera de la sede principal de la cámara de comercio, los formatos serán remitidos a esa sede dentro del día hábil siguiente al de la elección.

Los sitios de mesa que cuenten con correo electrónico o fax informarán a la sede principal los resultados del escrutinio parcial a través de este medio, sin perjuicio de la entrega de la documentación soporte de la elección.

Recibida la información, el presidente ejecutivo procederá al escrutinio y declaratoria final de la elección, aplicando el sistema de cociente previsto en el artículo 197 del Código de Comercio, en presencia de los candidatos cabeza de lista que asistan a la diligencia.

De lo ocurrido durante la elección y el escrutinio, el presidente ejecutivo de la cámara de comercio levantará un acta, en la cual se consignará la conformación de la junta directiva, teniendo en cuenta que el voto es personal, indelegable y secreto.

Copia del acta de escrutinio y declaratoria final de elecciones deberá ser enviada a la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha del escrutinio, anexando una certificación suscrita por el presidente ejecutivo, en la cual se dé constancia del cumplimiento de todos los requisitos previstos en las normas pertinentes.

(D. 2042/2014, art. 32)

ART. 2.2.2.38.3.14.—Notificación a los elegidos y posesión. El presidente ejecutivo de cada cámara de comercio notificará a los elegidos su designación dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al escrutinio final, quienes se posesionarán en la reunión de junta directiva ordinaria del mes siguiente a la elección.

(D. 2042/2014, art. 33)

ART. 2.2.2.38.3.15.—Trámite de impugnación de las elecciones. La impugnación de las elecciones de miembros de junta directiva solo podrá instaurarse por los afiliados que hayan sufragado en la correspondiente elección, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cierre del escrutinio final, mediante escrito en el cual se indiquen las anomalías que fundamentan el motivo de la inconformidad, las disposiciones vulneradas y las pruebas pertinentes que se pretenden hacer valer.

Cuando el escrito de impugnación se radique ante la cámara de comercio en donde tuvo lugar la elección, este se remitirá a la Superintendencia de Industria y Comercio, a más tardar en un término de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de su recibo, indicando si los impugnantes sufragaron en la correspondiente elección. Adicionalmente, deberá informar el nombre, identificación, correo electrónico y dirección de los miembros de junta directiva elegidos.

Las impugnaciones contra las elecciones serán tramitadas ante el superintendente delegado para la protección de la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio en única instancia, quien ordenará los correctivos pertinentes.

De la impugnación que reúna los anteriores requisitos, se dará traslado tanto a la cámara de comercio como a los miembros electos de junta directiva para que se manifiesten dentro de un término de cinco (5) días y aporten y soliciten las pruebas que pretendan hacer valer.

Vencido el plazo para la práctica de pruebas, el superintendente delegado para la protección de la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidirá en un término no superior a dos (2) meses.

Cuando la impugnación prospere parcialmente sobre la integración de la junta Directiva se aplicará lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 11 de la Ley 1727 de 2014, para suplir las vacantes de junta directiva.

Si como resultado de la impugnación se ordena repetir la elección, en esta decisión se señalará el procedimiento a seguir. En todo caso, el procedimiento de elección deberá adelantarse en un plazo máximo de dos (2) meses contados a partir de la fecha de ejecutoria de la decisión que resuelve la impugnación.

Las nuevas elecciones se llevarán a cabo con los afiliados habilitados para participar en la elección impugnada, siempre que a la fecha de la nueva elección conserven esta calidad.

PAR.—La presentación de la impugnación no suspenderá la posesión de los miembros de junta directiva electos. En el evento de prosperar la impugnación, las decisiones adoptadas por la junta directiva impugnada tendrán plena validez.

(D. 2042/2014, art. 34)

ART. 2.2.2.38.3.16.—Postergación de las elecciones. Cuando en una cámara de comercio se presenten circunstancias que evidencien actos de manipulación de la información llevada a los registros respecto de los afiliados, que afecte la transparencia, objetividad e imparcialidad del proceso electoral, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá postergar la realización de las elecciones en cualquier cámara de comercio y ordenar la actualización y depuración del censo electoral. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

En este evento, las elecciones deberán realizarse a más tardar el primer jueves hábil del mes de marzo del año siguiente a la elección ordinaria, según lo determine la Superintendencia de Industria y Comercio.

La cámara de comercio deberá comunicar a los comerciantes afiliados habilitados para elegir y ser elegidos la decisión adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio de postergar la elección, indicando la nueva fecha. Esta comunicación se entenderá surtida con la publicación a través de la web de la respectiva cámara de comercio.

La cámara de comercio modificará las listas de los candidatos cuando haya lugar a ello, e informará a la Superintendencia de Industria y Comercio para lo de su competencia, a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles previos a la nueva fecha de la elección.

PAR. 1º—Cuando en una cámara de comercio no se inscriban aspirantes o listas, se deberán agotar las elecciones de acuerdo con las instrucciones que para el efecto la Superintendencia de Industria y Comercio imparta.

PAR. 2º—En los casos señalados en la ley, en que la Superintendencia de Industria y Comercio establezca un calendario diferente para la realización de una elección, le corresponderá fijar las fechas en las que se realizarán las distintas etapas del procedimiento, así como las publicaciones.

PAR. 3º—En tales casos, los miembros de la junta directiva vigente al momento de producirse la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, prolongarán su periodo hasta el momento en que sea elegida la nueva junta directiva y se posesionen sus miembros.

(D. 2042/2014, art. 35)

ART. 2.2.2.38.3.17.—Medidas cautelares de carácter electoral. Las medidas cautelares de carácter electoral previstas en el inciso sexto del artículo 28 de la Ley 1727 de 2014, podrán decretarse por el superintendente delegado para la protección de la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio.

(D. 2042/2014, art. 36)

SECCIÓN 4

Revisor fiscal

ART. 2.2.2.38.4.1.—Elección y período. Cada cámara de comercio tendrá un revisor fiscal, persona natural o jurídica con uno o varios suplentes, elegidos en la misma oportunidad de los miembros de la junta directiva, por los comerciantes afiliados por la mayoría relativa de votos presentes, para períodos de cuatro (4) años, pudiendo ser reelegidos.

El período del revisor fiscal coincidirá con los años fiscales correspondientes.

PAR.—En el evento en que el voto en blanco obtenga la mayoría de votos, se repetirá la elección por los comerciantes afiliados, de acuerdo con el procedimiento que para el efecto establezca la junta directiva en los términos del artículo 2.2.2.38.4.2 del presente decreto.

(D. 2042/2014, art. 38)

ART. 2.2.2.38.4.2.—Inscripción de candidatos. La junta directiva de cada cámara de comercio fijará los términos de invitación para los candidatos a revisores fiscales, principal y suplente, en la que establecerá los requisitos y condiciones mínimas para postularse.

El representante legal de la cámara de comercio deberá publicar al menos una vez durante el mes de septiembre por los mismos medios de publicidad de las elecciones de junta directiva, un aviso de invitación a todas las persona naturales o jurídicas interesadas en asumir la revisoría fiscal de la entidad.

Los candidatos deberán inscribirse ante la secretaría general o la oficina jurídica de la respectiva cámara, durante la primera quincena del mes de octubre, acreditando los requisitos señalados en la invitación aprobada por la junta directiva de la cámara de comercio.

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al plazo señalado para la inscripción de los candidatos, el representante legal de la cámara de comercio verificará que las personas que se postulen reúnan los requisitos exigidos en los términos de la invitación. La relación de los candidatos que cumplan con los requisitos deberá ser publicada una vez en la primera quincena del mes de noviembre del año de la elección, por los mismos medios de publicidad señalados para la elección de junta directiva.

(D. 2042/2014, art. 39)

ART. 2.2.2.38.4.3.—Vacancia de la revisoría fiscal. Cuando se presente la vacancia del cargo de revisor fiscal principal y suplente, se reemplazará por el candidato que le siga en orden de votación.

Cuando no existan más candidatos en el orden de elección, los comerciantes afiliados realizarán una nueva elección, de acuerdo con el procedimiento que para el efecto establezca la junta directiva en los términos del artículo 2.2.2.38.4.2 del presente decreto.

(D. 2042/2014, art. 40)

ART. 2.2.2.38.4.4.—Alcance de las funciones del revisor fiscal. A la revisoría fiscal de las cámaras de comercio se les aplicarán las normas legales sobre revisores fiscales de las sociedades mercantiles y demás normas concordantes, particularmente las normas que rigen el ejercicio de la revisoría fiscal en Colombia.

Al revisor fiscal, le queda prohibido ejercer actividades que impliquen coadministración o gestión en los asuntos propios de la ordinaria administración de la cámara de comercio.

El revisor fiscal solo podrá participar en las reuniones de junta directiva por invitación expresa de la misma o cuando alguna circunstancia particular lo amerite.

(D. 2042/2014, art. 41)

SECCIÓN 5

Estatutos

ART. 2.2.2.38.5.1.—Contenido. La junta directiva de cada cámara de comercio aprobará sus estatutos y reformas, siempre que ellos se sujeten a las leyes y demás disposiciones reglamentarias y contemplen por lo menos los siguientes puntos:

1. Naturaleza jurídica y creación.

2. Objeto y funciones.

3. Estructura organizacional:

• Junta directiva y sus funciones.

• Comisión de la mesa y sus funciones.

• Presidente y vicepresidente(s) de la junta directiva y sus funciones.

• Revisor fiscal y sus funciones.

• Presidente ejecutivo y sus funciones.

• Del secretario.

4. Del patrimonio.

5. Del régimen de afiliados y el reglamento de afiliación.

6. De las inhabilidades e incompatibilidades de los empleados de la cámara.

7. Política de riesgo y sistema de control interno.

8. Gobierno corporativo y régimen disciplinario, y

9. De la reforma de los estatutos.

PAR. 1º—La comisión de la mesa y sus funciones será facultativo para cada cámara de comercio.

PAR. 2º—Los estatutos y sus reformas deberán ser publicados en el medio de publicidad que tenga la respectiva cámara de comercio, dentro del mes siguiente a su aprobación, de conformidad con lo señalado en el presente capítulo.

(D. 2042/2014, art. 42)

ART. 2.2.2.38.5.2.—Aprobación de las reformas estatutarias. Las reformas estatutarias de las cámaras de comercio deberán ser aprobadas con el voto favorable de por lo menos las dos terceras partes de los miembros de la junta directiva.

(D. 2042/2014, art. 43)

SECCIÓN 6

Disposiciones comunes

ART. 2.2.2.38.6.1.—Representación legal. El presidente ejecutivo de la respectiva cámara de comercio será su representante legal, quien tendrá los suplentes que determinen sus estatutos.

El presidente ejecutivo será nombrado con el voto favorable de por lo menos las dos terceras partes de los miembros de la junta directiva, y no podrá ser miembro de esta. Los suplentes del representante legal serán elegidos en la forma establecida en los estatutos.

El presidente ejecutivo asistirá a las reuniones de la junta directiva con voz pero sin voto.

(D. 2042/2014, art. 47)

ART. 2.2.2.38.6.2.—Abogado de registros públicos. Cada cámara de comercio deberá tener al menos un abogado titulado con tarjeta profesional vigente, vinculado laboralmente, quien será responsable de la operación jurídica de los registros públicos. Este funcionario deberá acreditar capacitación y actualizaciones en materia de registros públicos.

(D. 2042/2014, art. 48)

ART. 2.2.2.38.6.3.—Contador de la cámara de comercio. Cada cámara de comercio deberá tener al menos un contador público con tarjeta profesional vigente, vinculado laboralmente, encargado de las funciones contables.

(D. 2042/2014, art. 49)

ART. 2.2.2.38.6.4.—Trámites de registro e inscripción por medios electrónicos. La petición de matrícula, su renovación y en general la solicitud de inscripción de cualquier acto o documento relacionado con los registros públicos o la realización de cualquier otro trámite ante las cámaras de comercio, podrá efectuarse mediante el intercambio electrónico de mensajes de datos o a través de formularios prediligenciados según lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto-Ley 19 de 2012, o cualquier otra norma que las sustituya, complemente o reglamente.

PAR.—(Nota: Adicionado por el Decreto 1875 de 2017 artículo 2° del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

(D. 2042/2014, art. 50)

ART. 2.2.2.38.6.5.—Cancelación de matrícula mercantil con pago de años no renovados. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 35 del Código de Comercio, la matrícula mercantil se cancelará definitivamente a solicitud de quien la haya obtenido una vez pague los derechos correspondientes a los años no renovados, los cuales serán cobrados de acuerdo con la tarifa vigente en cada año causado.

(D. 2042/2014, art. 51)

ART. 2.2.2.38.6.6.—Control de homonimia. En aplicación del control de homonimia establecido en el artículo 35 del código de comercio, se entenderá que se trata de nombres idénticos, sin tener en cuenta la actividad que desarrolla el matriculado.

(D. 2042/2014, art. 52)

ART. 2.2.2.38.6.7.—Vigilancia administrativa y contable de las cámaras de comercio. El Gobierno nacional ejercerá la vigilancia administrativa y contable de las cámaras de comercio a través de la Superintendencia de Industria y Comercio.

(D. 2042/2014, art. 53)

CAPÍTULO 39

Registro de libros electrónicos

ART. 2.2.2.39.1.—Archivo electrónico. Para efectos del presente capítulo, se entiende por archivo electrónico cualquier documento en forma de mensaje de datos, generado, enviado, recibido, almacenado o comunicado en medios electrónicos, ópticos o similares, garantizando las condiciones y requisitos para su conservación de conformidad con el artículo 12 de la Ley 527 de 1999.

(D. 805/2013, art. 1º)

ART. 2.2.2.39.2.—Libros de comercio en medios electrónicos. Se entiende por libros de comercio en medios electrónicos, aquellos documentos en forma de mensajes de datos, de conformidad con la definición de la Ley 527 de 1999, mediante los cuales los comerciantes realizan los registros de sus operaciones mercantiles, en los términos del presente capítulo.

El registro de los libros de comercio en medios electrónicos deberá surtirse ante la cámara de comercio del domicilio del comerciante, de conformidad con las plataformas electrónicas o sistemas de información previstos para tal efecto mediante las instrucciones que, sobre el particular imparta la Superintendencia de Industria y Comercio. En todo caso, deberán sujetarse a lo dispuesto en este capítulo y en el inciso 2º del artículo 56 del Código de Comercio, de manera que se garantice la inalterabilidad, integridad y seguridad de la información, así como su conservación en forma ordenada.

El diligenciamiento y la veracidad de los datos de la información registrada, serán responsabilidad única y exclusiva del comerciante, de conformidad con las normas que regulan la materia.

(D. 805/2013, art. 2º)

ART. 2.2.2.39.3.—Inscripción de los libros de comercio en medios electrónicos en las cámaras de comercio. Los libros de comercio en medios electrónicos, sujetos a dicha formalidad, deberán ser inscritos en la cámara de comercio correspondiente al domicilio de cada comerciante y para ello, las cámaras de comercio a través de sus servicios registrales virtuales, habilitarán las plataformas electrónicas o sistemas de información autorizados, de conformidad con los parámetros señalados en el presente capítulo.

(D. 805/2013, art. 3º)

ART. 2.2.2.39.4.—Registro de libros de comercio en medios electrónicos. Los libros de registro de socios o accionistas y los de actas de asamblea y junta de socios, que deban ser inscritos en el registro mercantil, podrán llevarse por medio de archivos electrónicos y para su inscripción en el registro mercantil, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Inclusión de un mecanismo de firma digital o electrónica, a elección del comerciante, en el archivo electrónico enviado para registro en los términos de la Ley 527 de 1999.

2. Inclusión de un mecanismo de firma digital o electrónica por parte de la cámara de comercio correspondiente. La cámara de comercio devolverá al solicitante el archivo electrónico a la dirección electrónica que esté registrada. Para ello, deberá firmarlo y dejar constancia electrónica de la fecha y la hora en que fue enviado o remitido el archivo, por cualquier medio tecnológico disponible.

3. Constancia electrónica expedida por la cámara de comercio correspondiente, de la siguiente información:

Cámara de comercio receptora.

Fecha de presentación del libro para registro;

Fecha de inscripción.

Número de inscripción.

Identificación del comerciante o persona obligada a registrar; nombre del libro, y uso al que se destina.

4. Al registrar un libro electrónico las páginas del libro físico que le antecedió, que no hubieran sido empleadas, deberán ser anuladas. Para efectos de lo anterior, deberá presentarse el libro, o un certificado del revisor fiscal cuando exista el cargo, o en su defecto de un contador público, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 126 del Decreto 2649 de 1993.

(D. 805/2013, art. 4º)

ART. 2.2.2.39.5.—Actuaciones sujetas a registro. Cuando se trate de actas de junta de socios o de asamblea general de accionistas que contengan decisiones y/o actuaciones sujetas a registro, adicional a su asiento en el respectivo libro de manera electrónica, el comerciante deberá solicitar el registro individual de las mismas ante la correspondiente cámara de comercio. En todo caso, el comerciante podrá elegir entre el registro en medios electrónicos o en medios físicos. En el evento en que este decida utilizar los medios electrónicos, deberá firmar digital o electrónicamente, a elección del comerciante, la respectiva solicitud de inscripción y el extracto o copia del acta correspondiente. Para los casos en que se elija la firma electrónica, se hará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.2.47.1 y siguientes del presente decreto.

Para los casos en que el comerciante decida hacer uso de la firma digital, deberá hacerlo mediante el uso de un certificado digital emitido por una entidad de certificación digital autorizada o acreditada en Colombia, quien garantizará la autenticidad, integridad y no repudio del documento.

Para tal efecto, la cámara de comercio competente procederá a registrar electrónicamente las decisiones y/o actuaciones sujetas a registro contenidas en tales actas, previa verificación de los requisitos de ley para su inscripción. Asimismo, notificará al comerciante a través de los mecanismos técnicos que permitan garantizar la fecha y hora en que fue enviado, remitido o se encuentre disponible las actualizaciones registradas para que el comerciante proceda a su verificación.

PAR.—La Superintendencia de Industria y Comercio fijará el procedimiento y la forma de aplicación de lo dispuesto en este artículo.

(D. 805/2013, art. 5º)

ART. 2.2.2.39.6.—Orden consecutivo de los registros desarrollados en los libros de comercio inscritos. Para garantizar el orden en el desarrollo de los registros de los libros de comercio en medios electrónicos, se tendrá en cuenta el criterio cronológico en su asentamiento, para lo cual las plataformas o sistemas electrónicos deberán incorporar un mecanismo de estampado cronológico, cuya fuente sea la hora legal colombiana.

(D. 805/2013, art. 6º)

ART. 2.2.2.39.7.—Seguridad e inalterabilidad de la información. Para efectos del presente capítulo, las cámaras de comercio deben garantizar que la información contenida en el registro de libros electrónicos sea completa e inalterada de manera que su conservación cumpla con las siguientes condiciones, además de aquellas señaladas en el artículo 12 de la Ley 527 de 1999:

1. Que la información que contenga sea accesible para su posterior consulta.

2. Que se garantice su integridad, confidencialidad, autenticidad y conservación, mediante la inclusión del contenido del libro a registrar, en un sistema de conservación de mensajes de datos. Para este efecto, la cámara de comercio correspondiente deberá disponer de las aplicaciones, servicios y medios tecnológicos que permitan el cumplimiento de este numeral.

3. Que la cámara de comercio garantice los mecanismos que impidan el registro de forma simultánea de un mismo libro, en medios electrónicos o copia física. En cualquier caso, será responsabilidad del comerciante o de la persona obligada, escoger e informar a la cámara de comercio respectiva, si utilizará el mecanismo físico o electrónico para realizar el registro.

4. Que se verifique la autenticidad del libro objeto de registro, en medios electrónicos, de conformidad con los procedimientos de verificación de firmas digitales o electrónicas, según sea el caso.

(D. 805/2013, art. 7º)

ART. 2.2.2.39.8.—Sobre la inalterabilidad, integridad y seguridad de los libros inscritos. Las plataformas o sistemas electrónicos deberán incorporar un mecanismo de firma electrónica o digital, a afectos de garantizar la autenticidad, integridad e inalterabilidad de los diferentes registros efectuados por parte de quien diligencia los libros de comercio electrónicos.

Los libros de comercio electrónico inscritos, deberán contar en sus registros con un mecanismo de firma digital o electrónica de las personas que intervengan en su diligenciamiento. Es responsabilidad de cada comerciante la provisión de las firmas y estampas cronológicas necesarias.

Las plataformas o sistemas electrónicos, deberán garantizar el cifrado de los datos que en estos se incorporan, a efectos de lograr la confidencialidad de la información, que podrá ser consultada única y exclusivamente por el comerciante y/o por las autoridades judiciales y administrativas que requieran dicha información para el cumplimiento de sus funciones.

(D. 805/2013, art. 8º)

ART. 2.2.2.39.9.—Servicios de archivo y conservación de libros electrónicos. Las cámaras de comercio podrán ofrecer aplicaciones y servicios basados en plataformas electrónicas o sistemas de información, que permitan al comerciante crear libros electrónicos, registrar sus anotaciones, solicitar y registrar enmendaduras, siempre que garanticen los requisitos previstos en el artículo 2.2.2.39.2 del presente decreto.

Para estos efectos se deberá dar cumplimiento a las disposiciones previstas en el presente capítulo.

PAR. 1º—Las condiciones para la prestación del servicio y su verificación serán establecidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Parágrafo 2º. Las cámaras de comercio que ofrezcan este servicio deberán garantizar su disponibilidad y facilitar el acceso a sus contenidos a las personas debidamente autorizadas conforme a la ley o a la orden de autoridad competente.

(D. 805/2013, art. 9º)

ART. 2.2.2.39.10.—Oponibilidad. Los libros electrónicos de que trata el artículo 173 del Decreto 19 de 2012, son oponibles frente a terceros siempre que se inscriban en el registro mercantil, de conformidad con el procedimiento descrito en el presente capítulo.

(D. 805/2013, art. 10)

ART. 2.2.2.39.11.—Conservación de libros electrónicos. El comerciante que opte por el registro de libros en medios electrónicos, de que trata el artículo 173 del Decreto 19 de 2012, deberá garantizar, en todo caso, la conservación de los mismos, durante los términos previstos legalmente para ello.

(D. 805/2013, art. 11)

ART. 2.2.2.39.12.—Validez probatoria de los registros de libros en medios electrónicos. Los libros registrados en medios electrónicos, en virtud del presente capítulo, serán admisibles como medios de prueba y, para su valoración, se seguirán las reglas de la sana crítica y demás criterios reconocidos legalmente para la apreciación de las pruebas, de conformidad con los artículos 10 y 11 de la Ley 527 de 1999.

(D. 805/2013, art. 12)

CAPÍTULO 40

Registro de entidades sin ánimo de lucro

SECCIÓN 1

Disposiciones generales

ART. 2.2.2.40.1.1.—Registro de las personas jurídicas sin ánimo de lucro. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro de que tratan los artículos 40 a 45 y 143, a 148 del Decreto 2150 de 1995, en concordancia con el artículo 146 del Decreto 19 de 2012, se inscribirán en las respectivas cámaras de comercio en los mismos términos, con las mismas tarifas y condiciones previstas para el registro mercantil de los actos de las sociedades comerciales.

Para el efecto, el documento de constitución deberá expresar cuando menos, los requisitos establecidos por el artículo 40 del citado decreto y nombre de la persona o entidad que desempeña la función de fiscalización, si es del caso. Así mismo, al momento del registro se suministrará a las cámaras de comercio la dirección, teléfono y fax de la persona jurídica.

PAR. 1º—Para los efectos del numeral 8º del artículo 40 del Decreto 2150 de 1995, las entidades de naturaleza cooperativa, los fondos de empleados, las asociaciones mutuales y las fundaciones deberán estipular que su duración es indefinida.

PAR. 2º—Las entidades de naturaleza cooperativa, los fondos de empleados y las asociaciones mutuales, así como sus organismos de integración y las instituciones auxiliares del cooperativismo, para su registro presentarán, además de los requisitos generales, constancia suscrita por quien ejerza o vaya a ejercer las funciones de representante legal, según el caso, donde manifieste haberse dado acatamiento a las normas especiales legales y reglamentarias que regulen a la entidad constituida.

(D. 427/1996, art. 1º)

ART. 2.2.2.40.1.2.—Personas jurídicas sin ánimo de lucro que se deben registrar. Conforme a lo dispuesto por los artículos 40 a 45 y 143 a 148 del Decreto 2150 de 1995, se registrarán en las cámaras de comercio las siguientes personas jurídicas sin ánimo de lucro:

1. Entidades de naturaleza cooperativa.

2. Fondos de empleados.

3. Asociaciones mutuales, así como sus organismos de integración.

4. Instituciones auxiliares del cooperativismo.

5. Entidades ambientalistas.

6. Entidades científicas, tecnológicas, culturales, e investigativas.

7. Asociaciones de copropietarios, coarrendatarios, arrendatarios de vivienda compartida y vecinos, diferentes a los consagrados en el numeral 5º del artículo siguiente.

8. Asociaciones agropecuarias y campesinas nacionales y no nacionales.

9. Corporaciones, asociaciones y fundaciones creadas para adelantar actividades en comunidades indígenas.

10. Gremiales.

11. De beneficencia.

12. Profesionales.

13. Juveniles.

14. Sociales.

15. De planes y programas de vivienda.

16. Democráticas, participativas, cívicas y comunitarias.

17. Promotoras de bienestar social.

18. De egresados.

19. De rehabilitación social y ayuda a indigentes, drogadictos e incapacitados, excepto las del numeral 1º del artículo siguiente.

20. Asociaciones de padres de familia de cualquier grado.

21. La representación de personas jurídicas extranjeras y organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro.

22. Las demás organizaciones civiles, corporaciones, fundaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro no sujetas a excepción.

23. Las demás organizaciones civiles, corporaciones, fundaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro no sujetas a excepción.

(D. 427/1996, art. 2º)

ART. 2.2.2.40.1.3.—Excepciones. Se exceptúan de este registro, además de las personas jurídicas contempladas en el artículo 45 del Decreto 2150 de 1995, adicionado por el artículo 1º de la Ley 537 de 1999, las siguientes:

1. Entidades privadas del sector salud de que trata la Ley 100 de 1993.

2. Las asociaciones de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos de que trata la Ley 44 de 1993.

3. Establecimientos de beneficencia y de instrucción pública de carácter oficial y corporaciones y fundaciones creadas por leyes, ordenanzas, acuerdos y decretos regulados por las disposiciones pertinentes.

4. Las propiedades regidas por las leyes de propiedad horizontal, reguladas por las por las disposiciones pertinentes

5. Cajas de compensación familiar reguladas por la Ley 21 de 1982.

6. Cabildos indígenas regulados por la Ley 89 de 1890.

7. Entidades que conforman el sistema nacional del deporte de los niveles nacional, departamental y municipal regulados por la Ley 181 de 1995 y Decreto-Ley 1227 de 1995.

8. Organizaciones gremiales de pensionados de que trata la Ley 43 de 19.

9. Las casas cárcel de que trata la Ley 65 de 1993.

(D. 427/1996, art. 3º)

ART. 2.2.2.40.1.4.—Abstención de registro. Las cámaras de comercio se abstendrán de inscribir a una persona jurídica sin ánimo de lucro, con el mismo nombre de otra entidad ya inscrita, mientras este registro no sea cancelado por orden de autoridad competente o a solicitud del representante legal de la última.

PAR.—En cuanto fuere acorde con su naturaleza, las personas jurídicas a que se refiere este capítulo deberán observar en lo relacionado con su nombre y sigla, o razón social, según el caso, las reglas previstas para el nombre comercial de las sociedades. Las cooperativas que presten servicios de ahorro y crédito observarán, igualmente, lo previsto para instituciones financieras.

(D. 427/1996, art. 4º)

ART. 2.2.2.40.1.5.—Publicidad del registro. El registro de las personas jurídicas de que tratan los artículos 40 y 143 del Decreto 2150 de 1995 es público. Cualquier persona podrá examinar los libros y archivos en que fuere llevado, tomar anotaciones de sus asientos o actos y obtener copias o certificaciones de los mismos.

(D. 427/1996, art. 5º)

ART. 2.2.2.40.1.6.—Solicitudes en trámite. Las autoridades que venían conociendo solicitudes para el otorgamiento de personerías jurídicas de las entidades de que trata el artículo 2º, que no se encuentren resueltas a la vigencia del presente capítulo, devolverán a los interesados los documentos allegados para tal el efecto, con el fin de que estos procedan a registrarse ante las cámaras de comercio en los términos previstos en este capítulo.

(D. 427/1996, art. 6º)

ART. 2.2.2.40.1.7.—Inscripción de las personas jurídicas actualmente reconocidas. La inscripción de las personas jurídicas actualmente reconocidas a que se refiere el parágrafo del artículo 40 y el artículo 148 del Decreto 2150 de 1995, deberá hacerse a partir del 2 de enero de 1997, en los libros que para el efecto llevarán las cámaras de comercio.

(D. 427/1996, art. 7º; modificado por el D. 2376/1996, art. 7º; modificado por el D. 2574/1998, art. 1º)

ART. 2.2.2.40.1.8.—Certificación y archivo. A partir del registro correspondiente, las cámaras de comercio certificarán sobre la existencia y representación de las entidades de que trata el presente capítulo, así como la inscripción de todos los actos, libros o documentos respecto de los cuales la ley exija dicha formalidad.

Las entidades que certificaban sobre la existencia y representación de las personas jurídicas de que trata este capítulo, solamente podrán expedir el certificado especial con destino exclusivo a la cámara de comercio respectiva. Sin embargo, dichas autoridades conservarán los archivos con el fin de expedir, a petición de cualquier interesado, certificaciones históricas sobre las reformas de estatutos u otros eventos que consten en los mismos.

(D. 427/1996, art. 8º)

ART. 2.2.2.40.1.9.—Lugar de inscripción. La inscripción deberá efectuarse únicamente ante la cámara de comercio que tenga jurisdicción en el domicilio principal de la persona jurídica.

(D. 427/1996, art. 9º)

ART. 2.2.2.40.1.10.—Verificación formal de los requisitos. Para la inscripción del documento de constitución de las entidades de que trata este capítulo las cámaras de comercio verificarán el cumplimiento formal de los requisitos previstos en el artículo 2.2.2.40.1.1 del presente decreto.

Para efecto de la inscripción de los demás actos y documentos de las entidades sin ánimo de lucro, las cámaras de comercio deberán constatar el cumplimiento de los requisitos formales para su procedencia, en la misma forma establecida en el Código de Comercio para las sociedades comerciales.

Las entidades de naturaleza cooperativa, los fondos de empleados y las asociaciones mutuales, inscribirán en las cámaras de comercio sus demás actos de acuerdo con las normas especiales que las regulan.

(D. 427/1996, art. 10)

ART. 2.2.2.40.1.11.—Procedimientos y recursos. El trámite de la inscripción se realizará siguiendo el procedimiento previsto para las actuaciones iniciadas como derecho de petición en interés particular, en las disposiciones legales vigentes.

Las notificaciones de los actos de inscripción se surtirán de conformidad con lo establecido en el artículo 70 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la de los demás actos en la forma general establecido en dicho código.

Contra los actos administrativos relacionados con el registro de las personas jurídicas de que trata este capítulo, procederán los recursos previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

La Superintendencia de Industria y Comercio conocerá de las apelaciones interpuestas contra los actos de las cámaras de comercio. Surtido dicho recurso, quedará agotada la vía gubernativa.

(D. 427/1996, art. 11)

ART. 2.2.2.40.1.12.—Vigilancia y control. Las personas jurídicas a que se refiere el presente capítulo continuarán sujetas a la inspección, vigilancia y control de las autoridades que venían cumpliendo tal función.

PAR.—Para efectos de lo previsto en el presente artículo y en el artículo 2.2.2.40.2.2 de este decreto, las personas jurídicas sin ánimo de lucro deberán presentar ante la autoridad que le competa la inspección, vigilancia y control, el certificado de registro respectivo expedido por la correspondiente cámara de comercio, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la inscripción, más el término de la distancia cuando el domicilio de la persona jurídica sin ánimo de lucro que se registra es diferente al de la cámara de comercio que le corresponde. En el caso de reformas estatutarias además se allegará copia de los estatutos. Las entidades de vigilancia y control desarrollarán mecanismos para que las obligaciones se puedan cumplir por correo.

(D. 427/1996, art. 12)

ART. 2.2.2.40.1.13.—Licencia o permiso de funcionamiento. Toda autorización, licencia o reconocimiento de carácter oficial se tramitará con posterioridad a la inscripción de las personas jurídicas sin ánimo de lucro en las cámaras de comercio, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 y 41 del Decreto 2150 de 1995.

(D. 427/1996, art. 13)

ART. 2.2.2.40.1.14.—Entidad encargada de supervisar el registro. La Superintendencia de Industria y Comercio impartirá las instrucciones dirigidas a que el registro de las personas jurídicas sin ánimo de lucro, que se realiza en las cámaras de comercio, se lleve de acuerdo con la ley y los reglamentos que lo regulen, adoptando para ello, las medidas necesarias para su correcto funcionamiento.

(D. 427/1996, art. 14)

ART. 2.2.2.40.1.15.—Informes. Sin perjuicio de la obligación de las entidades registradas de presentar a la correspondiente entidad de vigilancia y control los informes y documentos que esta solicite en cualquier momento, las cámaras de comercio suministrarán cada tres meses a las autoridades que ejercen la vigilancia y control sobre las personas jurídicas a que se refiere este capítulo, una lista de las reformas de estatutos y entidades inscritas durante este período. Esta lista solo mencionará las inscripciones realizadas, sin alusión a su contenido. Además, se podrá remitir por medio magnético, si lo acuerda la cámara de comercio con la respectiva entidad de vigilancia y control.

Para efectos de agilidad en la elaboración de la lista, al momento de la inscripción, el solicitante indicará a las cámaras de comercio la entidad de vigilancia y control a las que se informará sobre sus inscripciones.

Los trámites de registro ante las cámaras de comercio, que regula este capítulo, no requieren la presencia del representante legal, ni de los miembros de la persona jurídica sin ánimo de lucro.

(D. 427/1996, art. 15)

ART. 2.2.2.40.1.16.—Correo, pagos y corresponsalías. Las cámaras de comercio estudiarán mecanismos para implementar inscripciones, solicitud de certificaciones y demás trámites, de registro por correo; hacer pagos de los derechos de registro a través de entidades financieras, especialmente las ubicadas en municipios alejados de sus sedes, mediante acuerdos con dichas entidades; y establecer corresponsalías en donde no tengan sedes.

(D. 427/1996, art. 16)

SECCIÓN 2

Normas especiales referentes a personas jurídicas vigiladas por el departamento administrativo nacional de cooperativas

ART. 2.2.2.40.2.1.—Facultades de supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Corresponde a la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias ejercer el control y vigilancia sobre las entidades de naturaleza cooperativa, de los fondos de empleados y asociaciones mutuales, para que su funcionamiento se ajuste a las disposiciones legales sobre el particular y a los intereses de los asociados. Cuando una entidad esté sujeta al control de una Superintendencia, las acciones de salvaguarda de la naturaleza jurídica de las vigiladas se adelantarán por intermedio de esta última.

PAR.—Para efectos de lo previsto en el presente artículo la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias acordará con cada superintendencia las acciones que, enmarcadas en el artículo 209 de la Constitución Política, permitan a cada organismo cumplir sus funciones y ejercer sus competencias. En desarrollo de lo anterior, Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias podrá prestar colaboración de orden técnico a las superintendencias.

(D. 427/1996, art. 17)

ART. 2.2.2.40.2.2.—Reformas estatutarias. Corresponde a las cooperativas y organismos vigilados por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias informar a esa unidad la reforma de estatutos.

(D. 427/1996, art. 18)

CAPÍTULO 41

Registro mercantil formalización empresarial

SECCIÓN 1

Focalización de los programas de desarrollo empresarial

ART. 2.2.2.41.1.1.—Garantía especial otorgada por el Fondo Nacional de Garantías. En cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 3º del artículo 3º de la Ley 1429 de 2010, el Fondo Nacional de Garantías S. A., ofrecerá un descuento no inferior al veinte por ciento (20%) en el valor de las comisiones de las garantías que se dirijan a las empresas creadas por jóvenes menores de veintiocho (28) años tecnólogos, técnicos o profesionales de que trata la Ley 1429 de 2010, frente a las tarifas establecidas por el Fondo Nacional de Garantías S. A., para otros productos dirigidos a emprendedores. Lo anterior, bajo las condiciones y características especiales que establezca la junta directiva del fondo en la creación de este producto de garantía, que cubra el ochenta por ciento (80%) del valor del crédito requerido.

La junta directiva del Fondo Nacional de Garantías S. A., pondrá en funcionamiento este producto de garantía dentro de los tres (3) meses siguientes al 14 de marzo de 2013.

(D. 489/2013, art. 1º)

ART. 2.2.2.41.1.2.—Aplicación de los beneficios para sociedades creadas por menores de 28 años tecnólogos, técnicos o profesionales. Para efectos de la aplicación de los beneficios en materia de emprendimiento para empresas creadas por jóvenes menores de veintiocho (28) años tecnólogos, técnicos o profesionales de que trata la Ley 1429 de 2010, se entenderá que se cumple el requisito respecto de sociedades constituidas con participación en el capital social de uno o varios jóvenes menores de 28 años, siempre y cuando esta participación represente no menos de la mitad más uno de las cuotas, acciones o participaciones en que se divide el capital social.

PAR.—Las cámaras de comercio harán los ajustes necesarios al formulario de registro, según las instrucciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de reflejar la situación de empresa creada por jóvenes menores de veintiocho (28) años.

(D. 489/2013, art. 2º)

SECCIÓN 2

Aplicación parcial de los beneficios

ART. 2.2.2.41.2.1.—Aportes a las cajas de compensación familiar. En el evento en que el empresario no desee acogerse a los beneficios del artículo 5º de la Ley 1429 de 2010 con respecto al aporte para las cajas de compensación familiar, deberá manifestarlo expresamente al momento del pago de la seguridad social a través de los operadores de información de la planilla integrada de liquidación de aportes, PILA. Los trabajadores de las empresas que renuncien al beneficio del artículo 5º de la Ley 1429 de 2010 y que aporten a las cajas de compensación familiar, accederán inmediatamente a la plenitud de los servicios del sistema, incluyendo la cuota monetaria y el subsidio de vivienda que otorgan las cajas de compensación familiar

(D. 489/2013, art. 3º)

SECCIÓN 3

Facultades de la superintendencia de industria y comercio

ART. 2.2.2.41.3.1.—Competencias de la Superintendencia de Industria y Comercio. En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 42 de la Ley 1429 de 2010, corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, impartir las instrucciones respecto de los requerimientos mínimos que deben adoptar las cámaras de comercio, a fin de prevenir fraudes en los registros públicos que administran, en procura de garantizar seguridad y confiabilidad de la información que reposa en los mismos, tanto para los usuarios del servicio de registro, como para los terceros a los que le son oponibles dichos actos.

(D. 489/2013, art. 4º)

ART. 2.2.2.41.3.2.—Obligatoriedad de las instrucciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. Las instrucciones que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio en desarrollo del parágrafo del artículo 2.2.2.41.1.2, y del artículo 2.2.2.41.3.1 de este decreto, serán de obligatorio cumplimiento para las cámaras de comercio y su inobservancia dará lugar a las sanciones previstas en el ordenamiento jurídico de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 11 del Decreto 2153 de 1992 y demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen.

(D. 489/2013, art. 5º)

ART. 2.2.2.41.3.3.—Abstención del registro. Las cámaras de comercio se abstendrán de inscribir los actos, libros y documentos sujetos a registro, cuando la ley las autorice para ello y, además en los casos en que la Superintendencia de Industria y Comercio así lo disponga, al momento de impartir las instrucciones generales para la prevención del fraude en los registros públicos que están a su cargo.

(D. 489/2013, art. 6º)

SECCIÓN 4

Aplicación de progresividad, conservación de beneficios y función de seguimiento

ART. 2.2.2.41.4.1.—Aplicación de la progresividad. Los beneficios de que tratan los artículos 5º y 7º de la Ley 1429 de 2010 tienen aplicación desde de la fecha de entrada en vigencia de la misma, esto es desde el 29 de diciembre de 2010. Las cámaras de comercio, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, las cajas de compensación familiar y demás entidades encargadas de efectuar los recaudos, deberán devolver a los titulares que reúnen las condiciones de pequeñas empresas beneficiarias, constituidas desde el 29 de diciembre de 2010, los dineros pagados por error por concepto de matrícula mercantil, parafiscales y otras contribuciones de nómina, de conformidad con la progresividad que aplica para el primer año.

Para efectos de la aplicación de los beneficios del artículo 7º de la Ley 1429 de 2010, las cámaras de comercio incorporarán la condición de pequeña empresa de aquellas empresas creadas entre el 29 de diciembre de 2010 y el 25 de febrero de 2011 que así lo soliciten, siempre y cuando acrediten tal condición, de conformidad con los requisitos establecidos para el efecto, en aplicación del siguiente capítulo.

Es deber de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, impartir las instrucciones relativas a la operación de devolución de dineros por concepto de la matrícula mercantil y la compensación de dichas sumas.

(D. 489/2013, art. 10)

ART. 2.2.2.41.4.2.—Conservación de los beneficios. De conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Ley 1429 de 2010, los beneficios de que tratan los artículos 5º y 7º de la Ley 1429 de 2010 no podrán conservarse en el evento de incumplimiento de la renovación de la matrícula mercantil dentro de los tres primeros meses del año, el impago de los aportes al sistema de seguridad social integral y demás contribuciones de nómina y el incumplimiento de las obligaciones en materia de impuesto de renta. Este último evento se configurará a partir del incumplimiento en la presentación de las declaraciones tributarias y de los pagos de los valores en ellas determinados, cuando los mismos no se efectúen dentro de los términos legales señalados para el efecto por el Gobierno nacional.

Tratándose de otras declaraciones tributarias, será a partir del incumplimiento de cualquiera de los plazos establecidos por el Gobierno nacional.

(D. 489/2013, art. 11)

ART. 2.2.2.41.4.3.—Traslado de información. Las entidades promotoras de salud, el Sena, el ICBF, las cajas de compensación familiar, la DIAN y las cámaras de comercio, cuando tengan conocimiento de cualquier circunstancia que dé lugar al retiro de los beneficios de la Ley 1429 de 2010, deberán informar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, para que dicha entidad reporte esta información de manera consolidada a las demás entidades encargadas de aplicar los beneficios y para que estas últimas adelanten las acciones a que hubiere lugar de acuerdo con sus competencias. Este reporte de información se realizará acorde con los criterios, condiciones y periodicidad acordados previamente por dichas entidades.

(D. 489/2013, art. 12)

ART. 2.2.2.41.4.4.—De la función de seguimiento de la UGPP. En cumplimiento de lo establecido en el parágrafo del artículo 48 de la Ley 1429 de 2010, el especial seguimiento ejercido por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, consistirá en adelantar los cruces y análisis de información y de bases de datos, generar las alertas e informar las inconsistencias que resulten de los mismos, que permitan establecer indicios de que el objeto social, la nómina, el o los establecimientos de comercio, el domicilio, los intangibles o los activos, que conformen la unidad de explotación económica de las pequeñas empresas constituidas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1429 de 2010, podrían corresponder a los de una empresa disuelta, liquidada, escindida o inac