Ministerio de Hacienda y Crédito Público

DECRETO 1266 DE 2020

(Septiembre 17)

“Por el cual se adiciona el Título 4 a la Parte 4 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015 Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, en lo correspondiente a los aportes al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales por concepto de los procesos judiciales que se adelantan en contra de las Entidades Estatales que conforman una sección del Presupuesto General de la Nación”.

El Presidente de la República de Colombia,

en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, la Ley 448 de 1998 y los artículos 194 y 195 de la Ley 1437 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley 448 de 1998, se adoptan medidas en relación con el manejo presupuestal de las obligaciones contingentes de las entidades estatales para la administración de los recursos; y se crea el Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales con el objetivo de atender dichas contingencias, promoviendo la disciplina fiscal de la Nación.

Que el artículo 194 de la Ley 1437 de 2011, señala que todas las Entidades Estatales que constituyan una sección del Presupuesto General de la Nación, deberán efectuar una valoración de sus contingencias judiciales, en los términos que defina el Gobierno Nacional, para todos los procesos judiciales que se adelanten en su contra. En desarrollo de lo anterior, las entidades estatales deberán efectuar aportes, por dicho concepto, al Fondo de Contingencias de que trata la Ley 448 de 1998, o las normas que la modifiquen o sustituyan, en los montos, condiciones, porcentajes, cuantías y plazos que determine el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el fin de atender oportunamente las obligaciones dinerarias contenidas en las providencias judiciales en firme.

Que el artículo 195 de la Ley 1437 de 2011, prevé las reglas de pago de las sentencias y conciliaciones; y en su parágrafo 1º establece que el Gobierno Nacional reglamentará el procedimiento necesario, con el fin de que se cumplan los términos para el pago efectivo a los beneficiarios de los procesos judiciales.

Que en cumplimiento del artículo 8º de la Ley 1437 de 2011 y de lo dispuesto por el Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015, modificado por el Decreto 270 de 2017, el proyecto de decreto fue publicado en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

ART. 1º—Adición del título 4 a la parte 4 del libro 2 del Decreto 1068 de 2015 Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público. Adiciónese el título 4 a la parte 4 del libro 2 del Decreto 1068 de 2015 Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, así:

“TÍTULO 4

Contingencias judiciales de las entidades estatales

ART. 2.4.4.1.—Pasivos contingentes judiciales. Para los efectos del presente Título, se entiende por pasivos contingentes judiciales, las obligaciones pecuniarias que surgen por las sentencias y conciliaciones judiciales desfavorables de las entidades estatales a las que les aplica el presente decreto.

ART. 2.4.4.2.—Ámbito de aplicación. El presente título se aplica a las entidades estatales que constituyen una sección del Presupuesto General de la Nación y se aplica para los procesos judiciales cuya notificación del auto admisorio de la demanda se dio a partir del 1º de enero de 2019.

PAR. 1º—Los procesos judiciales que se encuentren notificados con anterioridad al 1º de enero de 2019, continuarán con el manejo presupuestal habitual que se ha venido efectuando.

PAR. 2º—El presente título no se aplica a conciliaciones prejudiciales, controversias internacionales, acciones populares y acciones de grupo, las cuales seguirán rigiéndose por las normas aplicables, en especial, por lo dispuesto en la Ley 472 de 1998.

ART. 2.4.4.3.—Valoración de los pasivos contingentes judiciales. Las pérdidas probables anuales en que puedan incurrir las entidades estatales por sentencias y conciliaciones judiciales, se estimarán de acuerdo con la metodología de valoración que expida la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

PAR.—La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuando lo considere pertinente, actualizará las metodologías de valoración de pasivos contingentes judiciales y de aportes al fondo de contingencias de las entidades estatales, con miras a mantenerlas en consonancia con las necesidades reales de defensa judicial del Estado.

ART. 2.4.4.4.—Aprobación de la valoración del pasivo contingente judicial. Las entidades estatales valorarán su pasivo contingente judicial y con base en dicha valoración determinarán el plan de aportes al fondo de contingencias de las entidades estatales. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público aprobará las valoraciones de los pasivos contingentes judiciales.

ART. 2.4.4.5.—Aprobación del plan de aportes al fondo de contingencias de las entidades estatales por concepto del pasivo contingente judicial. Las entidades estatales deberán allegar el plan de aportes a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para su aprobación, para lo cual deberán tener en cuenta la metodología determinada por dicha dirección. Los montos de los aportes aprobados se transferirán al fondo de contingencias de las entidades estatales.

ART. 2.4.4.6.—Apropiaciones presupuestales de los aportes al fondo de contingencias de las entidades estatales. Las entidades estatales de que trata el artículo 2.4.4.2 de este título, deberán apropiar en su presupuesto anual, en el rubro de servicio de la deuda, las partidas necesarias para dar cumplimiento al plan de aportes aprobado por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

ART. 2.4.4.7.—Aportes al fondo de contingencias de las entidades estatales. Las entidades estatales deberán realizar anualmente los aportes al fondo de contingencias de las entidades estatales por procesos judiciales, en concordancia con el plan de aportes aprobado por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Los aportes se entenderán ejecutados una vez sean transferidos al Fondo de conformidad con lo previsto en el artículo 4º de la Ley 448 de 1998 o las normas que la complementen, modifiquen o sustituyan.

ART. 2.4.4.8.—Administración de los aportes. Los aportes de las entidades estatales sujetas al presente título se administrarán de acuerdo con los términos de que trata la Ley 448 de 1998, o las normas que la complementen, modifiquen o sustituyan. Para estos efectos, el administrador del fondo de contingencias creará una subcuenta denominada “Procesos judiciales” en la cual se llevará control separado por entidad estatal aportante.

En los demás aspectos no regulados en el presente título, la administración de los recursos se regirá por lo previsto en el título 1 de la parte 4 del libro 2 del Decreto 1068 de 2015.

ART. 2.4.4.9.—Obligación de mantener los aportes realizados en el fondo de contingencias de las entidades estatales. Dados los altos niveles de riesgo a los que las entidades estatales están expuestas por procesos judiciales en su contra, y con el fin de preservar los objetivos del fondo y que las entidades estatales mantengan su solvencia financiera y presupuestal que sustente su capacidad de pago, los aportes efectuados deberán mantenerse en la subcuenta “Procesos judiciales” del fondo de contingencias de las entidades estatales, con el fin de poder atender oportuna y permanentemente las contingencias actuales y futuras provenientes de procesos judiciales.

La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar la reducción del plan de aportes a cargo de las entidades estatales, cuando el valor total de los aportes efectuados sea igual o superior al total de sus contingencias por procesos judiciales.

ART. 2.4.4.10.—De la existencia de recursos en el fondo de contingencias de las entidades estatales o en otros mecanismos de ahorro. Si las entidades estatales han constituido algún mecanismo de ahorro con el objeto de cubrir las contingencias derivadas por procesos judiciales, podrán destinar esos recursos a la subcuenta “procesos judiciales”, con el fin de dar cumplimiento a los planes de aportes que requieran ejecutar según lo dispuesto en este título.

ART. 2.4.4.11.—Inversión de los recursos. Los recursos administrados por el fondo de contingencias de las entidades estatales en virtud de lo señalado en el presente título serán invertidos en depósitos remunerados administrados por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

ART. 2.4.4.12.—De los rendimientos y costos de administración. Los rendimientos que genere la inversión de los recursos procedentes de los aportes de las entidades estatales se destinarán, en primer término, a cubrir los costos en los que se hayan incurrido por su administración, y su remanente será abonado a cada entidad estatal en la subcuenta “procesos judiciales”, en proporción directa al monto de sus aportes.

PAR.—En ningún caso, podrá exigirse de las entidades aportantes la transferencia de suma alguna con destino al administrador por concepto de costos de administración.

ART. 2.4.4.13.—Del registro de los aportes. El administrador del fondo de contingencias de las entidades estatales llevará un registro de los planes de aportes con el propósito de requerir a las entidades estatales el giro correspondiente en los montos y fechas previstas.

ART. 2.4.4.14.—Reconocimiento de la contingencia. Para el desembolso de los recursos, la entidad estatal aportante deberá remitir al administrador del fondo de contingencias de las entidades estatales, la resolución ejecutoriada mediante la cual se reconoce la suma de dinero declarada en la sentencia judicial o en el auto que apruebe la conciliación judicial y los intereses a pagar si los hubiere, junto con la documentación que respalde la solicitud de desembolso de recursos.

La resolución emitida por el funcionario competente de la Entidad Estatal se expedirá con fundamento en el auto que apruebe la conciliación judicial o en la sentencia que imponga el pago de una suma de dinero, la cual deberá encontrarse debidamente ejecutoriada.

PAR. 1º—La entidad estatal correspondiente será responsable por la veracidad de la información que suministren al administrador del fondo al momento de solicitar el desembolso, así como de la autenticidad del acto debidamente motivado que declara la ocurrencia de la contingencia y la de los documentos que acompañen la solicitud de desembolso.

PAR. 2º—En aquellos eventos en que la providencia que imponga la condena o apruebe la conciliación judicial no disponga la liquidación por tratarse de una condena en abstracto, la entidad estatal allegará al administrador del fondo de contingencias de las entidades estatales, notificación sobre la condena en contra, cuya contingencia fue provisionada, en el plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la providencia. Una vez se obtenga la liquidación de la condena en abstracto, la entidad estatal allegará al administrador del fondo dicha liquidación junto con la respectiva resolución ejecutoriada emitida por el funcionario competente de la entidad estatal, mediante la cual se reconoce la suma de dinero que se imponga en la liquidación.

ART. 2.4.4.15.—Desembolsos. Los desembolsos consecuencia de la activación de la contingencia serán hasta por el monto de los aportes y los rendimientos de los recursos existentes en la subcuenta “procesos judiciales” del fondo de contingencias de las entidades estatales, que la correspondiente entidad estatal haya aportado. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante acto administrativo de carácter general, determinará el procedimiento operativo para el giro efectivo de los recursos.

PAR. 1º—Cuando los recursos de cada entidad estatal aportante existentes en la subcuenta “procesos judiciales” del fondo sean insuficientes para el pago de sus obligaciones contingentes, se efectuará el pago parcial hasta por la totalidad de los aportes de cada entidad estatal aportante. En consecuencia, cada entidad estatal tendrá la responsabilidad de procurar los recursos necesarios para atender el saldo de la obligación que no alcanza a ser cubierto con recursos del Fondo, mediante el uso de otros mecanismos presupuestales.

PAR. 2º—Los pagos realizados por el fondo de contingencias de las entidades estatales provenientes de la subcuenta “procesos judiciales”, en nombre de las correspondientes entidades, a los beneficiarios de las sentencias y conciliaciones judiciales ejecutoriadas en contra de ellas, no constituirán una afectación presupuestal de gasto para las entidades estatales, y solo deberán realizar los registros contables a los que haya lugar.

ART. 2.4.4.16.—Obligaciones de pagos solidarios y/o conjuntos en los procesos judiciales. En aquellos procesos judiciales donde dos o más entidades estatales sean notificadas del auto admisorio de la demanda, cada una de ellas como sección presupuestal deberá estructurar el correspondiente plan de aportes.

Si la sentencia ejecutoriada proferida determina el monto exacto de la obligación dineraria impuesta a cada una de ellas, o el porcentaje respectivo, o la forma en que debe liquidarse, de tal manera que permita el pago individual e independiente por cada una de ellas, la entidad estatal deberá tramitar ante el fondo de contingencias de las entidades estatales el desembolso de los recursos correspondientes dentro de los siguientes diez (10) días hábiles a la notificación de la respectiva sentencia o conciliación judicial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 195 de la Ley 1437 de 2011.

Si la sentencia ejecutoriada determina que, entre las entidades estatales condenadas al pago de obligaciones dinerarias determinadas para cada una de ellas, el beneficiario pueda exigir el pago de la totalidad de las mismas a cualquiera de dichas entidades; la entidad estatal que realice el pago deberá obtener el reembolso de las cifras canceladas por parte de las entidades respectivas, con tal fin será obligatorio que las entidades estatales actúen coordinadamente, de tal manera que la entidad estatal que realice el pago en virtud de la solidaridad, obtenga el reembolso que le corresponda.

Para el efecto, las entidades estatales aportantes deben presentarle al administrador del Fondo, un documento por medio del cual indican el consenso de pagos en la proporción que le corresponda, indicando el monto de los aportes a trasladar a la subcuenta de la entidad estatal.

PAR.—Las entidades estatales aportantes podrán solicitar al administrador del Fondo el traslado de recursos entre subcuentas en caso de que una de estas realice el pago de forma solidaria o conjunta, en proporción mayor a la que le corresponde. Esto procederá, según instrucción de las entidades estatales y con el debido acto administrativo de pago ejecutoriado.

ART. 2.4.4.17.—Titularidad del cobro. La entrega de recursos por concepto del desembolso para el pago de las conciliaciones judiciales y las sentencias ejecutoriadas en contra de las entidades estatales, solamente podrá solicitarse por el funcionario competente de la entidad estatal siguiendo el trámite señalado anteriormente.

Los beneficiarios de las conciliaciones judiciales y las sentencias ejecutoriadas de entidades estatales aportantes, no podrán reclamar directamente al administrador del fondo de contingencias de entidades estatales. Todas las acciones relacionadas con dichas obligaciones deberán ejercerse ante la respectiva entidad estatal aportante.”.

ART. 2º—Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y adiciona el título 4 a la parte 4 del libro 2 del Decreto 1068 de 2015 Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 17 de septiembre de 2020.