El Acuerdo de Paz es positivo, pero no ha sido determinante para invertir en Colombia

Revista Nº 204 Nov.-Dic. 2017

Javier Nelson Rojas(*) 

Entrevista a Peter Blessing 

Especial Revista Impuestos 

En la tradición de negocios entre Colombia y EE. UU., el conflicto armado no llegó a impedir que las empresas estadounidenses invirtieran en Colombia, ni que dejaran de trasladar sus ejecutivos a trabajar en el país. Sin embargo, resulta favorable la firma de un acuerdo de paz, aseguró Peter Blessing, presidente de la Asociación Fiscal Internacional (IFA, por su sigla en inglés), quien visitó Colombia como conferencista del seminario internacional sobre temas tributarios de actualidad, organizado por los capítulos de IFA de ambas naciones y AP Legis.

REVISTA IMPUESTOS: ¿Qué piensa en torno a las propuestas del presidente Donald Trump en materia tributaria?

Peter Blessing: Primero se intentó establecer una especie de impuesto al valor agregado (VAT, por su sigla en inglés), pero de aplicación selectiva a las importaciones. Sin embargo, este mecanismo no se pudo implantar debido a factores de política y a que implicaría la violación de las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Esa primera iniciativa no funcionó. Luego surgió la segunda propuesta enfocada en el impuesto sobre la renta, con el objetivo de bajar la carga tributaria, mediante la reducción de la tarifa o de la base gravable. Entre las ideas que se están planteando figura la de restringir, en cierta medida, la deducción de los intereses para fines del impuesto sobre la renta en EE. UU. No se trata de una limitación completa, sino en alguna proporción. En cuanto a los dividendos, actualmente, en EE. UU., son un ingreso tributable, a diferencia de Colombia, en todos los casos. Se pretende que los dividendos sean deducibles para quien los reciba, lo cual disminuiría la base gravable.

R. I.: Entonces, ¿se busca que tanto los dividendos como los intereses tengan un tratamiento similar para efectos tributarios?

P. B.: Sí, la propuesta es hacerlos iguales, pero el norte de la propuesta no es el asunto técnico, sino bajar el impuesto sobre la renta, bien sea mediante la reducción de la tarifa o de la base gravable. Por otro lado, está el entorno político. El presidente Trump no ha tenido un año político fácil. Primero, ya intentó modificar el famoso Obama Care, el plan de salud del expresidente Obama, y no lo logró. Entonces, el ambiente político no es favorable. Sin embargo, en el campo fiscal se prevén ajustes a la estrategia política de Trump, con el fin de buscar un mayor consenso en el Senado, instancia más dispuesta a la colaboración, en estos temas, que la Cámara de Representantes. Pero es muy difícil saber si va o no a haber reforma, ejercicio que toma un tiempo largo; uno o dos años tarda el trámite de una reforma de esa índole. Pero, hay una probabilidad de aprobación en torno al cincuenta por ciento, en el Congreso, si se tiene en cuenta la dificultad política y la situación actual de EE. UU.

R. I.: ¿Luego de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, se ve al país como un destino de interés para los inversionistas estadounidenses?

P. B.: Quizás el gobierno colombiano no ha promocionado lo suficiente el tema del Acuerdo de Paz. El asunto de los rebeldes nunca ha sido un tema de consideración significativa para una empresa estadounidense al momento de enviar sus ejecutivos a Colombia, sobre todo en los últimos años. Obviamente, el Acuerdo de Paz es algo positivo, pero no ha sido un aspecto determinante a la hora de invertir y de mandar ejecutivos a Colombia, en condición de expatriados. Se consideran más importantes las circunstancias relativas a cómo se va a desarrollar la reciente reforma tributaria, la estabilidad de las políticas macroeconómicas y la estabilidad, general, de la regulación tributaria. La aplicación de la reforma tributaria colombiana constituye un factor clave para invertir.

R. I.: ¿Es posible que Colombia y EE. UU. suscriban el convenio para evitar la doble imposición?

P. B.: El proceso de negociaciones estaba muy adelantado. Ya se habían puesto de acuerdo los equipos negociadores en el texto del tratado y faltaba muy poco para la firma del instrumento. Sin embargo, en EE. UU., en los últimos años, el senador Rand Paul (del Partido Republicano) ha podido bloquear el proceso de ratificación de tratados internacionales, en el Senado. Parece imposible que un solo senador pueda hacerlo, pero así funciona el sistema político en EE. UU. Es probable que él cambie de opinión en uno o dos años. Sus objeciones, básicamente, han girado en torno al intercambio de información. El senador considera que información muy confidencial de los contribuyentes sería intercambiada en el marco de estos convenios.

R. I.: Pero, ¿cómo se explica esa actitud si Colombia y EE. UU. ya firmaron un acuerdo de intercambio de información con fines tributarios?

P. B.: Muchos lo critican, porque él no entiende cómo funcionan los tratados. Le reprocho, al senador, que no comprenda la mecánica técnica acerca de cómo funciona este tipo de convenios para evitar la doble imposición, pero creo que se va a lograr explicarle el tema para que cambie su postura y se reinicie la ratificación de tratados en un año o cuando se logre que cambie de parecer.

R. I.: ¿EE. UU. tiene previsto suscribir tratados de doble imposición con otros países de Latinoamérica?

P. B.: Hay un acuerdo firmado con Chile, pero su trámite se ha visto afectado por el bloqueo de la ratificación del senador republicano. Existen otros con Argentina, Venezuela y México que están vigentes. Se busca concluir los que se han negociado con Colombia y Brasil, las otras dos economías grandes de la región. Con Perú también se ha pensado avanzar en la negociación. Sin embargo, en el caso de Brasil, los equipos negociadores no han logrado ponerse de acuerdo en algunos aspectos que los brasileños quieren plasmar en el convenio y respecto de los cuales EE. UU. no está conforme.

R. I.: ¿Cuál es la visión de EE. UU. en relación con la tributación de la economía digital?

P. B.: Las grandes empresas estadounidenses como Yahoo y Google son las que determinan la política de la economía digital y no verían como algo bueno un tipo de gravamen a sus operaciones. EE. UU. no tiene un tipo de imposición similar a lo que Colombia acaba de introducir en el campo de la economía digital. India tiene una figura semejante a la de Colombia, en el terreno de la economía digital, respecto de la cual se discute en el contexto del tratado de doble imposición que tienen EE. UU. e India. Se debate si las transacciones de economía digital se incluyen en la tipología de servicio técnico del tratado o no. Sin embargo, en el caso de Colombia no sé si este asunto particular se ha analizado en las negociaciones con EE. UU. Pero, si se incluye, podría ser un punto importante frente al cual EE. UU. diría que no es algo aceptable. Se trata de un tema que llevaría a los negociadores estadounidenses a levantarse, eventualmente, de la mesa o a detener las negociaciones, porque las empresas estadounidenses son las que definen la política en esa materia.

R. I.: ¿Es preocupante que las empresas estadounidenses grandes creen entidades propietarias de sus patentes en países de baja imposición como Irlanda y Luxemburgo?

P. B.: El Servicio de Rentas Internas (IRS, por su sigla en inglés). La autoridad tributaria estadounidense, sí ha tratado de evitar, en los últimos años, que los contribuyentes saquen activos tales como propiedad intelectual y good will de EE. UU., pero esos intentos no han sido muy exitosos. Los contribuyentes lo han logrado hacer amparados en las reglas de valuación de intangibles. Ciertas transferencias de intangibles al exterior se consideran no gravadas, otras sí los son, pero bajo criterios de valuación del intangible que se esté transfiriendo. Es una acción que los contribuyentes han venido realizando, a pesar de los intentos del IRS de bloquear tales operaciones. Las estructuras que han conformado los contribuyentes han sido legales, hasta el momento. Pero, la política del IRS en procura de evitar que saquen los activos, no concuerda con la nueva propuesta de Trump de contener las regulaciones del IRS. Finalmente, de acuerdo con las regulaciones estadounidenses, salvo que se apliquen normas sobre entidades controladas en el exterior (CFC, por su sigla en inglés), que son para rentas pasivas, las rentas de subsidiarias extranjeras no son gravadas en EE. UU., cuando se hace la distribución efectiva.

R. I.: ¿Existe alguna iniciativa del gobierno Trump para brindar beneficios a quien repatríe capitales localizados en jurisdicciones de baja o nula imposición?

P. B.: Sí, es una propuesta del presidente Trump. Se está planteando traer todas esas utilidades o capitales a una tasa impositiva que no sea la tasa nominal, la cual es alta, de modo que favorezca el recaudo, pero no desmotive al contribuyente a repatriar su inversión. Esa medida va de la mano con la implementación de un sistema territorial de imposición. Es decir que, a futuro, solo las utilidades de fuente estadounidense estarían gravadas. Si se tienen utilidades de fuente extranjera, en compañías subsidiarias o entidades similares, cuando se trasladen a EE. UU., no pagarían impuestos en este país. Pero es una propuesta a futuro. Con respecto a las utilidades ya obtenidas se aplicaría esta iniciativa de repatriación a una tasa de compromiso de diez por ciento u otra que se defina, pero a una tasa más reducida en aras de atraer esos capitales. La propuesta inicial de Trump era fijar un impuesto con tarifa del quince por ciento para las rentas de fuente mundial, es decir, sumadas las rentas de EE. UU. y las de fuente extranjera. Pero el esquema no tuvo acogida entre los contribuyentes. Entonces, se cambió a la propuesta que acabo de comentar de un sistema territorial de imposición.

R. I.: ¿Parece que la opinión de los contribuyentes influye mucho en la política fiscal estadounidense? 

P. B.: El gobierno y la clase política tienen muy en cuenta las apreciaciones de “los campeones nacionales”, es decir, de las empresas más grandes; eso incluye al sector de internet y al de telecomunicaciones y a todos los sectores de la economía. A estas circunstancias se suma el hecho de que muchos congresistas y funcionarios de gobierno consideran que el Estado debería ser más pequeño y tener, como política económica y fiscal, menores tasas de tributación. Estas circunstancias conllevan a que se ejerza mucha presión sobre la autoridad tributaria, cuando esta pretende recaudar impuestos adicionales. Un ejemplo de esta situación sucedió en 1995, cuando el IRS y el departamento del tesoro de EE. UU. intentaron cambiar las reglas de check the box, unas normas estadounidenses definidas para que el contribuyente elija cómo va a ser tratado tributariamente: sociedad, socio de otro inversionista o ente transparente. El argumento para buscar ese cambio era que los contribuyentes podían usar esas reglas de check the box de forma agresiva, con la finalidad de reducir su carga tributaria. Sin embargo, en ese momento, el Congreso no permitió que tales modificaciones se llevaran a cabo, debido al cabildeo que adelantaron “los campeones de la industria”.

R. I.: ¿Qué opina de las reglas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dirigidas a las entidades controladas en el exterior? 

P. B.: EE. UU. está acostumbrado a las normas para las empresas controladas en el exterior (CFC, por la sigla en inglés), porque esa clase de compañías existen hace muchos años. Desde la perspectiva estadounidense, no es muy preocupante que Colombia las haya implementado, porque, en principio, este país no es utilizado como una jurisdicción holding por las empresas estadounidenses. En consecuencia, no tienen ningún efecto significativo para el empresario estadounidense. De otro lado, en relación con la interpretación que se pueda hacer de las normas internas colombianas, muy seguramente van a presentarse muchas discusiones o litigios vinculados con la implementación de esas normas para entidades controladas en el exterior que, probablemente, tendrán que ver con apreciaciones subjetivas de cuál fue la finalidad de un negocio. La única preocupación es que toma tiempo implementar bien las normas CFC. Entonces, va a pasar algún tiempo para afinar la práctica y hacer aplicable la regulación. Un ejemplo de las discusiones que pueden sobrevenir es el asunto de la sustancia económica de la entidad controlada. Ese tipo de reglas son muy subjetivas y le dejan un amplio margen de interpretación tanto al contribuyente como a la autoridad tributaria. La inseguridad jurídica que se genera no es buena para el contribuyente ni para la administración tributaria. Las reglas estadounidenses, en este campo, son más objetivas.

R. I.: ¿Qué piensa del plan BEPS de la OCDE? 

P. B.: Desde una perspectiva global es bueno, porque lo que se pretende con el plan de lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS, por la sigla en inglés) es buscar un sistema de tributación más justo. Nos encontramos en un escenario mundial donde no solo unos pocos países pueden dictar la política tributaria respecto de dónde se van a gravar las utilidades, sino que ahora hay muchos jugadores en el campo de la globalización fiscal. Resulta positivo procurar una atribución más justa de los beneficios de las empresas multinacionales, donde la fuente del ingreso toma una nueva relevancia. Pero, EE. UU. no ha tenido que adoptar formalmente el plan BEPS, porque internamente ha desarrollado muchas disposiciones antielusión propias.

(*) Entrevista que contó con el apoyo como intérprete del abogado y experto en derecho tributario, Andrés Pachón Luna.