El concepto de Trabajo Decente: ¿un freno a la desregulación indiscriminada?

Revista Nº 113 Sep.-Oct. 2002

Este experto sostiene que cualquier propuesta de reforma que se discuta debe estar enmarcada dentro de los objetivos de la noción de trabajo decente. 

Óscar Andrés Blanco Rivera 

Abogado laboralista 

Desde la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague de 1995 se expresó por los asistentes el anhelo general de que el crecimiento económico vaya acompañado de la justicia social mediante la salvaguardia y el respeto de los derechos básicos de los trabajadores. Un año más tarde, en 1996, la Reunión Ministerial de la Organización Mundial del Comercio celebrada en Singapur reafirmó la preeminencia de la OIT como el organismo competente en lo que se refiere a fijar y supervisar las normas fundamentales del trabajo, misión que asumió la OIT al adoptar la Declaración como orientación normativa en pro del desarrollo.

Con dichos antecedentes, el Director General de la OIT en la 87 Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra en junio de 1999, complementada en su informe a la 89 reunión en junio de 2001(1), presentó y desde entonces ha venido impulsando a través de la Oficina Internacional del Trabajo el concepto de “trabajo decente” como un nuevo criterio que le permita a los países miembros llevar a cabo la “medición” del alcance y magnitud del déficit de trabajo decente (o digno como otros prefieren denominarlo para una mayor precisión), con la finalidad de observar la realidad laboral circundante a partir de la evidencia empírica que permita indicar las falencias que habrán de superarse en el futuro para lograr que una inmensa mayoría de la población ocupada en nuestros países disponga de un trabajo decente en los términos propuestos por la OIT(2). 

No resulta fácil la comprensión de esta noción, pues su cabal entendimiento exige la utilización de estadísticas sociales, que no siempre disponemos, para poder responder a las expectativas que ha generado el concepto. Sin embargo, si nos adentramos en el concepto propuesto concluimos que la medición debe basarse en indagar en la realidad laboral nacional, qué tan DECENTE (o DIGNO) es nuestro TRABAJO en cuanto éste se desarrolla en condiciones de libertad, equidad, seguridad, dignidad, con remuneración adecuada, con protección social, con diálogo social, con promoción del empleo, con protección a grupos vulnerables, con calidad, con formación profesional, con libertad sindical, con fomento de la negociacion colectiva, con respeto a los derechos laborales, con participación, sin discriminacion de género, sin trabajo infantil, sin trabajo forzoso, etc., es decir, el trabajo que se desarrolla en condiciones de justicia, cantidad, calidad suficiente y dignidad(3).

Para una mejor comprensión del concepto propuesto, poco divulgado en Colombia, la noción de trabajo decente se clarifica con la lectura de algunos apartes del discurso pronunciado por el director general de la OIT ante la asamblea de la OIT en junio de 2001, en donde señaló lo siguiente:

(...) Cuando hablamos de trabajo decente nos referimos a empleos estables y bien remunerados, protegidos por estándares aceptables de protección social, donde la libertad sindical sea una realidad y la negociación colectiva una práctica consagrada. Cuando hablamos de trabajo decente hablamos del respeto a la igualdad de género. De crear las condiciones para que la mujer trabajadora se integre al mercado laboral sin tener que aceptar salarios menores y condiciones de trabajo desfavorables. Cuando hablamos de trabajo decente hablamos de ofrecerle a los marginados de nuestras sociedades la posibilidad de pasar de una situación de mera subsistencia a una de existencia con dignidad. El trabajo decente implica dar una batalla frontal contra las diversas formas de exclusión social. Supone devolverle a millones de niños y niñas su infancia y su derecho a una vida adulta productiva. El trabajo decente implica dotar a la globalización de un piso básico de protección social que le confiera legitimidad. Que permita que los trabajadores se reconozcan en los cambios al sentirse incluidos, protegidas sus familias, seguros de poder ejercer su oficio y de sentir el orgullo de quien con su trabajo genera riqueza”.

En ese orden de ideas, la promoción de un trabajo decente para todos, se concentra en identificar las brechas de que habla el director general en la memoria de 1999 que se han abierto entre la población desocupada y la ocupada: la brecha de los derechos, que afecta a la población infantil, a los trabajadores forzosos, a la libertad sindical y a la discriminación laboral; la brecha de la protección social, que afecta a la población con bajos ingresos, a los ancianos e inválidos, a los que sufren accidentes de trabajo y a la mujer cabeza de familia; y la brecha del diálogo social, que se refleja en las limitaciones que existen en el déficit de representación en el mundo del trabajo que afecta en forma particular a los trabajadores del campo, los trabajadores domésticos, los empleadores de pequeñas empresas y microempresas, los trabajadores migrantes, los trabajadores de zonas francas laborales, los trabajadores de la economía informal, que están excluidos del diálogo social o tienen una representación insuficiente en el mismo.

El concepto de trabajo decente como limitación a la desregulación laboral

En nuestro país viene debatiéndose una nueva oleada de reformas sociales, después de aquellas llevadas a cabo a comienzos de los noventa que abarcaron reformas de ajuste frente a la apertura de los mercados en materia de modificaciones a la contratación laboral, indemnizaciones por despido, elementos integrantes del salario, modalidad de salario integral, organización de turnos especiales de trabajo, unidad de empresa, protección a la maternidad, prelación de créditos por salario, protección del derecho de asociación sindical, supresión de la etapa de mediación, sistema general seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, entre otros importantes temas.

Sin embargo, en esta oleada la temática es distinta puesto que debe concentrarse en tres o cuatro grandes escenarios, a saber: el sistema de financiación pensional y el desmonte de los regímenes privilegiados; el sistema de seguridad social en salud y la eficiente prestación de servicios; la desregulación de la contratación laboral y el desmonte de las indemnizaciones por despido; la flexibilización de la jornada de trabajo y la reducción de los recargos al trabajo nocturno, dominicales y festivos; la reducción del costo de mano de obra y la revisión de las cargas parafiscales y prestacionales; la apertura sindical y la promoción del diálogo social.

Frente a ese panorama de posibles reformas, lo que quiere enfatizar la OIT son las prioridades que deben tenerse en cuenta para que las reformas concurran en la promoción de un trabajo decente, como sinónimo de trabajo productivo, suficiente, con ingresos adecuados, con protección de los derechos y con una protección social adecuada, sin menoscabo de las normas sociales y de los derechos de los trabajadores, para que los actores sociales se comprometan en una actuación en común.

Para que esas finalidades se cumplan la OIT señala cuatro objetivos estratégicos que deben traducirse en programas de acción nacionales a tener en cuenta en las nuevas iniciativas de reformas previstas, a saber:

1. Promoción de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo de junio de 1998 por medio de la cual la Conferencia Internacional del Trabajo reafirmó su adhesión a los ideales fundacionales de la OIT relativos a los principios y derechos fundamentales en el trabajo(4):

• La libertad de asociación, la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva (convenios 87, 98 y 154 OIT).

• La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio (convenios 29 y 105 OIT).

• La abolición efectiva del trabajo infantil (convenios 138 y 182 OIT).

• La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación (convenio 111).

2. Promoción del empleo e ingresos decentes que constituye, al decir de la OIT, el corazón mismo de su misión, pues sin un empleo productivo resulta vano pretender alcanzar los objetivos de un nivel de vida digno del desarrollo social y económico y del pleno desarrollo personal. Esta importante promoción debe abrirse paso entre quienes consideran que lo esencial es el crecimiento para lo cual se requiere de una mayor flexibilidad del mercado de trabajo; o entre quienes piensan que la solución radica en la competencia y las calificaciones de las personas; o los que abogan por un reparto simple del trabajo disponible, en una especie de abandono a su suerte de los que no tengan opción en ninguna de las anteriores.

3. Fortalecimimiento de la protección y de la seguridad social para todos que, en últimas, puedan atender las necesidades esenciales de supervivencia humana. Sin embargo, conspiran contra esta prioridad el aumento del desempleo, el envejecimiento de la población, la financiación y los costos que demanda la protección social, el creciente número de mujeres cabeza de familia y una pobreza cada vez más extendida. Lo anterior amerita un reexamen de los sistemas nacionales de protección y seguridad social que revisen su estructura, su impacto, su eficacia y su calidad con la finalidad de aminorar la crítica de ser demasiado onerosos, socavar los principios de solidaridad social y universalización y frenar el progreso económico al reducir la competitividad y el empleo.

4. Fortalecimiento y apoyo del tripartismo y del diálogo social equilibrado. La OIT parte de la base que para promover un diálogo social vigoroso se requieren interlocutores sociales vigorosos, razón por la que habrá de fortalecerse las organizaciones de empleadores, las de trabajadores y las autoridades públicas que se ocupen de los asuntos laborales.

En consecuencia, la propuesta de la OIT es la de exigir a los actores sociales una plena disposición que permita concurrir, frente a las reformas en curso o las que se propongan, hacia la generación de nuevas oportunidades de trabajo decente para mejorar la situación de las personas en el mundo del trabajo, promoviendo oportunidades para que hombres y mujeres puedan conseguir un trabajo decente en condiciones, como se ha dicho repetidamente, de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Nada se sacará hacia el futuro si se continúa privilegiando situaciones laborales consolidadas por pertenencia a sectores y grupos que tradicionalmente han gozado de todo, mientras que una masa creciente de la población desprotegida continúa sin trabajo o labora en condiciones precarias en una sociedad donde “quien no trabaja no tiene, pero —ante todo— no es”(5).

Índice de desarrollo del trabajo decente

¿En Colombia dónde se abren las brechas que antes se mencionaron?

1. En el estudio publicado por la oficina regional para América Latina y el Caribe en diciembre de 2001(6), al abordar la medición propuesta, “la OIT considera que el desarrollo económico y social son dos aspectos de un mismo proceso y que ambos se refuerzan mutuamente, como lo ponen de manifiesto los cuatro objetivos básicos de la organización (OIT, 1999): La efectiva aplicación de las normas internacionales del trabajo proporciona las reglas básicas y el marco para el desarrollo; el mejoramiento de las condiciones de empleo e ingresos es un factor que permite alcanzar los objetivos de un nivel de vida digno y el pleno desarrollo personal; la ampliación de la protección social permite un nivel mínimo de protección y de garantía de los ingresos; y el fortalecimiento del diálogo social, desarrolla mecanismos mediante los cuales los interlocutores sociales puedan crear instituciones del mercado de trabajo vigorosas y flexibles que contribuyan a una paz y una estabilidad social duradera”.

2. Con la advertencia de que el análisis publicado en Panorama Laboral 2001 presenta tan sólo una parte de algunos componentes del trabajo decente, el estudio permite observar indicadores sobre la situación del empleo y la protección social de los trabajadores de América Latina durante el período 1990-2000 en los siguientes aspectos: A. Componentes de empleo (tasa de desempleo, informalidad); B. Ingresos (salario industrial, salario mínimo y brecha de ingresos de mujeres y hombres); C. Protección social de los trabajadores (cobertura de la seguridad social y número de horas trabajadas).

3. En el cuadro siguiente, se muestra la evolución del nivel absoluto del trabajo decente en cada uno de los 15 países analizados que arrojan un resultado poco alentador: mientras siete países registraron avances en las condiciones de trabajo decente (Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá y Paraguay), en dos de ellos las condiciones permanecieron constantes (Bolivia y Perú), mientras que en los seis restantes arrojan un retroceso (Argentina, Brasil, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela) que afecta el desempeño laboral promedio de la región pues estos últimos representan cerca del 75% de la PEA.

Nivel relativo de progreso social. 1990 a/País/períodoVariación 1990-200
MayorBrasil
Costa Rica
México
-
1
-
Medio-altoArgentina
Chile
Panamá
Uruguay
-
+
+
-
MedioEcuador
Venezuela
-
-
Medio-bajoColombia
Honduras
Perú
Bolivia
+
+
0
0
BajoEl Salvador
Paraguay
+
+
Fuente: Elaboración OIT, con base en anexo estadístico.

+ significa mejora del índice de trabajo decente.

0 significa mantenimiento del índice de trabajo decente.

- significa empeoramiento del nivel de trabajo decente.

a/ Para medir el índice de trabajo decente se utilizaron los siguientes indicadores: la tasa de desocupación urbana, la brecha de ingreso entre mujeres y hombres, el porcentaje del sector formal sobre el total del empleo no agrícola, el poder adquisitivo de los salarios industriales y mínimos expresados en unidades de medida comparables en los países, porcentaje de cobertura social de los trabajadores asalariados y el número total de horas efectivamente trabajadas en cada país.

4. Agrega el estudio que en cuanto a los factores que han contribuido a la mejora de las condiciones de trabajo decente cabe mencionar la disminución de la brecha de ingresos entre mujeres y hombres; aumentos de los salarios industrial y mínimo; mejora en las condiciones de vida de los trabajadores. Mientras que el retroceso de las condiciones de vida proviene del aumento del desempleo y de la informalidad junto con la reducción de la cobertura de protección.

5. De acuerdo con el esquema anterior ¿Cómo ha sido la evolución del caso colombiano en los últimos años, después de haber mostrado avances sociales a finales de los ochenta?

• En primer lugar, la situación de desempleo y subempleo, sin paralelo en nuestra historia, afecta en especial a los jóvenes y las mujeres cuyos niveles de desempleo alcanzaron al cierre del 2000 tasas del 34.8% y 24.5% respectivamente(7); repercutiendo, incluso, en el límite mínimo de remuneración tradicionalmente impuesto y respetado en Colombia por el salario mínimo, pues ya se está presentando una ruptura en su eficacia mínima detectándose remuneraciones por debajo de dicho nivel.

En segundo lugar, los indicadores de protección social se han afectado de manera sensible. En el informe elaborado por la asociación colombiana de administradoras de fondos de pensiones y cesantía(8) se anota que “De junio de 1997 a marzo de 2001, los afiliados inactivos de los fondos de pensiones pasaron de representar el 32% al 50% del total de afiliados, período en el cual se presentaron fuertes incrementos en la tasa de desempleo, pasando de un 13.3% en junio/97 a un 15.3% en marzo de 2001, con un tope máximo de 20.4% en junio de 2000. Sin embargo, el nivel de afiliados inactivos en los fondos de pensiones ha aumentado en mayor proporción que la tasa de desempleo, situación que puede ser explicada por la crisis que atraviesan las empresas en el país, que las ha conducido al no pago de estas obligaciones; igualmente se puede explicar por la tendencia a realizar contratos de prestación de servicios, el incremento en la informalidad del empleo, la rigidez del Régimen Laboral y a los efectos del conflicto de múltiple vinculación aún no resuelto entre los dos regímenes de pensiones (ISS-fondos privados)”.

La informalidad en el trabajo que se define como “el conjunto de unidades económicas dedicadas a la producción mercantil de bienes o servicios que no cumplen las reglamentaciones legales (fiscales, laborales, administrativas, comerciales, etc.), que trabajan en pequeña escala con una organización del trabajo y administrativa rudimentarias y en las que no existe una clara separación entre capital y trabajo como factores de producción; no llevan contabilidad completa y usualmente no existen como personas jurídicas, por lo que el propietario debe celebrar contratos o contraer obligaciones en su propio nombre”(9), integrado por “aquellos trabajadores que laboran como patronos por cuenta propia o de empresas con menos de 10 empleados; obreros y empleados de entidades particulares de menos de 10 empleados; independientes no profesionales y técnicos; ayudantes familiares y empleados del servicio doméstico”, se eleva en el contexto nacional de las 10 principales áreas urbanas del país al 55.3 por ciento del total de la población ocupada cuya productividad y salarios medios son tradicionalmente bajos, debido a su baja calificación y quienes se encuentran excluidos de los parámetros de medición del trabajo decente.

La desigualdad de ingresos entre mujeres y hombres que, aunque ha disminuido enla década, sigue siendo elevada, tiene en cuenta los diferentes grupos ocupacionales por sexo, edad y nivel educativo provenientes de las encuestas de hogares. Para el caso colombiano, la relación entre ingresos promedio mujeres/hombre por hora en los sectores no agrícolas en el período 1990-2000 arrojó en promedio los siguientes resultados: relación mujer/hombre 1990-1993=0.77; relación mujer/hombre 1999-2000=0.91 donde se nota una mejoría, pero sin que llegue a ser satisfactoria para la eliminación de la discriminación de género(10).

Contrario sensu , una medición no deficitaria de trabajo decente en nuestro medio se restringiría a la población ocupada en el sector formal de la economía que representa apenas el 44.7 por ciento del total según la estadística antes señalada; razón por la cual el déficit de trabajo decente se encuentra radicado en los cerca del cincuenta y cinco por ciento restante de la población ocupada, si el mismo se traduce en una oferta de empleo insuficiente, una protección social inadecuada, la denegación de los derechos en el trabajo y deficiencias en el diálogo social.

Lo anterior se traduce en que cualquier reforma que se emprenda en Colombia en los próximos años debe tener como metas introducir cambios que mejoren la situación del empleo, flexibilizar la contratación laboral, buscar mecanismos de incorporación de los jóvenes al trabajo en condiciones dignas y de formación profesional directamente con la empresa, abaratar algunos costos laborales (los llamados impuestos a la nómina) que hagan más competitiva la empresa, acabar con la brecha en los regímenes pensionales, mejorar la prestación de los servicios de salud y afectar de manera sensible la discriminación de género para hablar de plena igualdad laboral entre los sexos, para dirigir su enfoque a la consecución de un trabajo decente para todos que nos saque de esa calificación medio-bajo entre quince naciones latinoamericanas que obtuvimos en el indicador de trabajo decente resumido en el cuadro precedente.

Marco de regulación del trabajo decente en Colombia

Desde luego que no todo es deficiente en el panorama laboral colombiano. Desde el punto de vista de la formalidad jurídica, debe afirmarse que la institucionalidad laboral en Colombia comprende el conjunto de derechos, deberes y disposiciones que regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores, los cuales en términos generales se desarrollan dentro de los parámetros propuestos para la medición del trabajo decente, como en general ocurre en América Latina, pues nuestra legislación laboral se ocupa de tiempo atrás en regular los mecanismos que permiten la protección social del trabajador, la estabilidad del empleo, el fomento del diálogo social, la libertad sindical y la negociación colectiva, entre otros.

En materia de protección a la estabilidad relativa en el empleo de duración indefinida la legislación colombiana establece una escala indemnizatoria por la ruptura unilateral del contrato de trabajo por parte del empleador, considerada una de las más altas de América Latina, que aumenta con la antigüedad del trabajador; sin embargo, no existe ninguna prestación por desempleo, sin perjuicio de la que cobija a los afiliados al ISS en cuanto al pago de los aportes en pensiones durante un tiempo limitado, lo cual justifica en parte su existencia al convertir esa escala indemnizatoria en una especie de prima de desempleo en caso de un despido sin justa causa.

En materia de seguridad social, a partir de la expedición de la ley de seguridad social integral en el año de 1993, la extensión de la cobertura logró superar el estancado 30 por ciento del total de la población ocupada que durante varias décadas gozó el sector formal de la economía en forma exclusiva, no permitiendo durante décadas que otra parte importante de la población ocupada accediera a un régimen de protección social, distinto al asistencial del Estado. Según datos de Asofondos y Superintendencia Bancaria, a octubre de 2000 teníamos un total de afiliados al sistema general de pensiones de 8.389.768 personas distribuidos así: 3.880.350 afiliados en el régimen pensional de ahorro individual; y 4.509.418 afiliados al régimen de prima media con prestación definida. Sin embargo, debido a la crisis de desempleo en el régimen de ahorro individual se encontraban inactivos, es decir, no estaban cotizando un total de 1.956.790 afiliados; y en el régimen de prima media con prestación definida se encontraban inactivos 1.508.103 afiliados, quienes seguramente resultarán afectados cuando aspiren a reclamar el reconocimiento de una pensión de vejez.

De otra parte, cabe destacar que en informe de las sociedades administradoras de fondos de pensiones a octubre de 2000 se anota que del total de afiliados en ese régimen solo lo están como trabajadores independientes 120.476; y el mayor rango de afiliados por edad se encuentra entre los 20 a los 39 años en razón de que por efectos del régimen de transición de Ley 100 de 1993 los mayores de 40 años permanecen en el régimen de prima media que les resulta relativamente más beneficioso. Y en materia de remuneración promedio de los afiliados, la mayor cantidad se encuentra en el rango de 2 salarios mínimos mensuales que contrasta con el promedio de remuneración de los afiliados al régimen de prima media que se encontraba para esa misma época por debajo de 2 salarios mínimos mensuales.

En cuanto a la protección social existente en Colombia, la población ocupada en el sector formal goza de sistemas de protección durante la incapacidad, la vejez, la supervivencia de los beneficiarios, la extensión de prestaciones al cónyuge o compañero, los padres y los hijos del trabajador. La población ocupada en el sector informal no contributiva al régimen general de salud, recibe los beneficios del régimen subsidiado y de los precarios servicios asistenciales en salud extensivos a la familia del subsidiado. En la actualidad la protección a la salud cuenta con una cobertura de afiliados al Instituto de Seguros Sociales que alcanzó en el segundo semestre de 2000 los 5.383.113 afiliados; mientras que el total de afiliados en otras entidades promotoras de salud, EPS, era para la misma fecha de 7.894.305, para una cobertura de 13.277.418 afiliados.

En materia de diálogo social, participación sindical y negociación colectiva, las cifras que permiten reflejar el nivel de acceso a esquemas participativos en lo laboral e institucional para la concertación de políticas sociales del país, tradicionalmente han sido bajas. No es desconocido que en Colombia la tasa de sindicalización se encuentra por debajo del 6 por ciento de la población ocupada sin desconocer qué tan escaso porcentaje se encuentra concentrado en sectores claves de la economía tales como hidrocarburos, minería en gran escala, banca, magisterio y trabajadores al servicio del Estado. Sin embargo, esa escasa minoría institucionalmente tiene asiento en los diferentes consejos y comités de concer-tación establecidos por ley, siendo partícipes de decisiones en materia de remuneración mínima, proyectos de leyes laborales, entidades de seguridad social como el ISS, Sena, cajas de compensación familiar, etc., que permiten coadministrar acciones en instituciones con gran inci-dencia en la ejecución de las políticas sociales del Estado. Contrario sensu, la insuficiente representación colectiva refleja una vez más la exclusión de los demás sectores de la población ocupada de la participación en las grandes discusiones y decisiones que en materia laboral puede afectarlos.

Conclusiones

Se señala hoy en día que la alta rigidez de que gozan nuestras instituciones laborales se traducen en normativas no siempre adecuadas para estas épocas de mundialización, tercerización y temporalidad en las actividades de trabajo. La falta de concertación en proyectos de reformas laborales que flexibilicen, por ejemplo, la vinculación y despido de trabajadores y disminuyan las altas tasas impositivas que afectan la nómina, entre otros temas, está conduciendo a que en forma imperceptible, pero creciente, se esté llevando a cabo una reforma laboral “por la puerta de atrás”, representada en el auge de la temporalidad y la contratación de trabajadores bajo sistemas de prestación de servicios o outsourcing a cargo de terceros empresarios, suministro de personal temporal, prestación de servicios por parte de cooperativas de trabajo asociado o de empresas asociativas de trabajo, etc., que conllevan en algunos casos a una acelerada inestabilidad y precarización del empleo de corta duración, sujeto por lo general a la duración de la labor contratada y, en muchos casos, sin derecho a recibir indemnización a la finalización del mismo.

De todos modos debe considerarse que cualquier propuesta que se discuta debe estar enmarcada dentro de los objetivos de un trabajo decente para todos en tanto que las reformas tengan como meta promover el empleo en condiciones de productividad, ingresos adecuados, seguridad, protección social, respeto a los derechos laborales mínimos en referencia al nuevo mínimo que surja de la flexibilización.

En los albores del siglo XXI nada nos asegura que el derecho del trabajo, que surgió apenas a finales del siglo XIX vaya a permanecer por siempre, a pesar de que el trabajo humano que sí ha existido desde los inicios de la civilización humana ha atravesado etapas desde la esclavitud hasta la libertad del siglo XX de que alcanzamos a gozar todos. En adelante quizas el mayor factor de cohesión del trabajador ya no sea el logro de la estabilidad dependiente sino el de la autogestión y autonomía en la prestación del servicio, sin importar la figura jurídica que se emplee para su regulación, con tal de que esa prestación de servicios cuente con las premisas de un trabajo decente.

Llamados

(1) La propuesta del director general de la OIT se encuentra consignada en los informes “Trabajo decente” y “Reducir el déficit de trabajo decente - un desafío global”, presentados a las 87 y 89 reuniones de la OIT en Ginebra, en junio de 1999 y 2001 respectivamente.

(2) El trabajo decente lo define la OIT en dichos informes como aquel sinónimo de trabajo productivo, en el cual se protegen los derechos y se engendran ingresos adecuados con una protección social apropiada. De igual manera señala que es aquel que genera un trabajo suficiente en el sentido de que todos deberían tener pleno acceso a las oportunidades de obtención de ingresos sin menoscabo de las normas sociales y de los derechos de los trabajadores.

(3) El artículo 25 de la Constitución Política establece en su aparte final que “Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”; y el inciso final del artículo 53 ibídem establece que “La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”.

(4) Según el inciso tercero del artículo 53 de la Constitución Política “Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna” (incorporación automática al “bloque de legalidad”); mientras que en virtud de lo establecido en los artículos 93 y 94 ibídem forman parte del “bloque de constitucionalidad” aquellos convenios internacionales del trabajo como los contenidos en la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de 1998 en cuanto propugnan por la igualdad de género, combaten la discriminación en materia de empleo y ocupación o se refieren a las peores formas de trabajo infantil, entre otros.

(5) Romagnoli, Umberto. Ocupación y desempleo: las metamorfosis del trabajo, clase introductoria de la XI Edición del Curso (Bologna, 10 de septiembre, 2001).

(6) Panorama Laboral 2001, OIT/Oficina Regional para América Latina y el Caribe, Lima, diciembre, 2001.

(7) Montenegro, Armando. El problema y las políticas, seminario empleo y economía, Banco de la República, Bogotá, 30 de marzo, 2001.

(8) “Siete años del régimen de ahorro individual con solidaridad”, Asofondos, boletín N° 012, julio 14, 2001.

(9) Caro, 1996. Vera y Suárez, 1996. En el empleo informal en Santafé de Bogotá: 1992-1998, Observatorio del mercado de trabajo, Cámara de Comercio de Bogotá, junio 2000, N° 2, pág. 19.

(10) Panorama Laboral 2001, OIT/op.cit., págs. 22 y ss.