El Contrato de Primer Empleo (CPE) y el malestar social de la juventud

Revista Nº 136 Jul.-Ago. 2006

Hubieran servido estas medidas para contrarrestar el desempleo juvenil en Francia? 

Armando Novoa García 

Profesor de Derecho. Universidad Santo Tomás de Aquino 

Los pasados meses de marzo y abril, Francia vivió uno de los momentos de mayor convulsión social en varios años. Decenas de miles de jóvenes universitarios, acompañados por los líderes de las principales confederaciones sindicales ocuparon las calles de las más importantes ciudades del país galo.

El reclamo se dirigió contra la llamada “Ley por la Igualdad de Oportunidades” y, en especial, contra el Contrato de Primer Empleo (Contract de Premiére Embauche).

La Ley por la Igualdad de Oportunidades fue expedida por el gobierno del Presidente Jacques Chirac el pasado 31 de marzo. Dos semanas después, el 11 de abril, la Asamblea Nacional aprobó el retiro del aparte de la ley que establecía el nuevo contrato para los jóvenes.

¿En qué consiste la Ley por la Igualdad de Oportunidades? ¿Cuál era el alcance del Contrato de Primer Empleo (CPE) que ocasionó una reacción de gran envergadura? ¿Hubiera servido estas medidas para contrarrestar las altas tasas de desempleo juvenil existente en el país galo? ¿Pueden ser calificadas estas reformas como una radicalización de la ola neoliberal en las naciones industrializadas?

Estos son algunos de los aspectos que se examinarán en el presente artículo.

1. Los antecedentes. El malestar actual de la sociedad francesa

El Contrato de Primer Empleo (CPE) era parte de una serie de medidas anunciadas por el Primer Ministro Dominique de Villepin, para enfrentar las altas tasas de desempleo en los sectores juveniles y entre los hijos de los inmigrantes. Con anterioridad, la asamblea francesa aprobó, por iniciativa del gobierno, el denominado “Contrato de Nuevo Empleo” (CNE), que registra varias similitudes con el Contrato de Primer Empleo.

Francia, con más de cincuenta y ocho millones de habitantes, ostenta uno de los porcentajes de desocupación más altos de toda la comunidad europea, el 9,6% del total de la población en posibilidad de trabajar (4.5 millones de desempleados). El índice de desempleo juvenil está en el 22,3%, por encima del promedio europeo del 18,5%(1).

A la par con el desempleo juvenil, el mercado laboral del viejo continente, y en particular de Francia, se acompaña con la expansión de una nueva categoría de excluidos. Se trata de los “trabajadores pobres”, fenómeno que cubre una franja bastante amplia de la población, y que tiende a ampliarse. Los trabajadores pobres aparecieron a finales de los años setenta, principalmente en los Estados Unidos, y son la expresión de una situación laboral en la cual, aunque los trabajadores logran la vinculación a un nuevo empleo, reciben unos ingresos que no les permite una vida digna, ni el acceso a los beneficios básicos a que tendrían derecho como asalariados, en condiciones normales de contratación.

En la actualidad, según el observatorio francés de la pobreza, existen en ese país alrededor de 1 millón de trabajadores pobres. En este índice se ubica a los empleados que reciben un salario equivalente al 50% del promedio que recibe un trabajador sin familia, 775 dólares mensuales, esto es, 387 dólares. En esas condiciones, un salario precario significa “una vivienda precaria, atención médica limitada y la entrada segura a los guetos de pobreza”(2).

Además del creciente número de trabajadores precarios, Francia tiene alrededor de 3.7 millones de pobres. Esta cifra, aunque es menor a la que arrojan otros países como Estados Unidos (17%) o Gran Bretaña (11%), se hace más dramática debido a las altas tasas de desocupación, que rondan especialmente a los jóvenes y a los hijos de familias inmigrantes.

2. Las revueltas del otoño de 2005: La exclusión del “subproletariado” de los inmigrantes

El malestar social generado por estas realidades ha provocado distintas reacciones.

Una de ellas ocurrió en el mes de mayo del 2005, cuando el referéndum propuesto por el gobierno para la aprobación de la Constitución de la UE fue negado por la mayoría de los votantes. Entre las razones del rechazo a la integración europea, estuvo el temor a la imposición de políticas de las corrientes más radicales del liberalismo económico que desconocieran los avances sociales alcanzados en Francia(3).

Otro episodio que antecedió a las protestas de marzo del 2006, fueron los hechos de finales del mes de octubre y noviembre del 2005, cuando se produjeron decenas de disturbios en los barrios periféricos de París y de otras ciudades francesas. El punto de partida fue la reacción policial contra dos adolescentes hijos de inmigrantes que intentaron escapar a un control de las fuerzas de seguridad. El ataque ocasionó la muerte de los jóvenes.

3. Respuesta a la crisis social. La ‘Ley por la Igualdad de Oportunidades’

Para dar respuesta a la pugnacidad urbana, el parlamento francés aprobó, en marzo pasado, una iniciativa gubernamental, la Ley por la Igualdad de Oportunidades.

En términos generales, esta reglamentación se dirige a incentivar la creación de empresas en los barrios periféricos de las principales ciudades y facilitar la generación de empleo. La Ley se expidió con base en las facultades que establece el artículo 49, aparte 3 de la Constitución francesa (cláusula especial de procedimiento), según el cual el gobierno puede poner en vigencia una norma sin la aprobación de la Asamblea Nacional y sin un quórum mayoritario.

La iniciativa no fue discutida con las centrales sindicales, ni hubo proceso alguno de consulta previa en torno a su contenido a pesar de la promesa electoral del Primer Ministro Villepin de no reformar el Código de Trabajo sin diálogo con los interlocutores sociales.

El 31 de marzo, el Presidente, Jacques Chirac, promulgó el texto de la ley, pero solicitó a Villepin que adelantara ante el parlamento un nuevo trámite con el objeto de introducir algunas modificaciones a los aspectos más polémicos del texto.

La ley tiene cinco (5) objetivos centrales(4):

• Favorece la creación de empleo para los jóvenes de zonas urbanas “sensibles”.

• Refuerza la igualdad de oportunidades y la lucha contra la discriminación;

• Ayuda a los padres de familia a ejercer en forma adecuada la patria potestad sobre sus hijos;

• Refuerza el poder de las autoridades de policía para constatar la comisión de acciones delictivas y adelantar diligencias de transacción cuando se lleven a cabo actos de vandalismo e “incivilidad”(5); y,

• Crea un servicio civil voluntario.

En materia de empleo y de desarrollo económico, la Ley por la Igualdad de Oportunidades contenía varios instrumentos orientados a facilitar la creación de nuevos empleos para los jóvenes:

— Se establecía la posibilidad para los empleadores, de firmar contratos de trabajo, denominados “Contrato de Primer Empleo” con el fin de estimular la vinculación laboral de jóvenes entre 16 y 26 años;

— Con el propósito de “reducir la fractura social”, se establecía la posibilidad de crear “zonas francas urbanas” en los barrios de más de 8.500 habitantes, “particularmente desfavorecidos”, en las cuales los empresarios gozarían de un tratamiento tributario especial y más favorable. Estas zonas serían delimitadas mediante decreto gubernamental(6);

— Posibilita la formación profesional desde los 14 años, y la firma de un contrato de aprendizaje desde los 15, y estipula que las prácticas laborales en las empresas serían remuneradas cuando superaran los tres meses;

— Estableció el contrato “de responsabilidad parental” según el cual, se puede suspender o poner bajo tutela las ayudas recibidas a las familias cuando no exista respuesta de los jóvenes al ciclo educativo(7).

En lo que se refiere a la “igualdad de oportunidades” y a la “lucha contra la discriminación”(8) se consagraron varias medidas:

Se incluye en el Código de Acción Social la creación de una Agencia Nacional para la Cohesión social y la Igualdad de Oportunidades, como un establecimiento público de carácter nacional, que contribuirá a realizar acciones en favor de las personas que experimenten dificultades para la inserción social o profesional. Esta agencia se orientará a la atención de la población inmigrante residente en Francia.

Refuerza poderes de lucha contra la discriminación y por la igualdad (Halde).

Debe señalarse también que, con anterioridad, el gobierno había adoptado otras medidas similares: la expedición del llamado “Contrato de Nuevo Empleo” (CNE), orientado a desbloquear la contratación en pequeñas y medianas empresas de menos de 20 trabajadores; se anunciaron acciones de fortalecimiento de la Agencia Nacional para el Empleo (ANPE) que es en realidad una bolsa de empleo estatal, con el fin de garantizar la eficacia en la búsqueda de ocupación y la orientación adecuada para una formación profesional cualificada; se introdujeron reformas al régimen del aprendizaje y se adoptaron dispositivos para la flexibilización de la formación profesional. El Contrato de Nuevo Empleo, no tiene límites de edad, es indeterminado, y se aplica exclusivamente a empresas de menos de 20 trabajadores.

Dominique de Villepin señaló que el propósito de la ley estaba dirigido a “reconstruir las condiciones de confianza en Francia, en particular, en el ámbito del empleo”; a limitar el desempleo, especialmente, el paro juvenil; a aumentar la flexibilidad de las empresas, y a crear mecanismos para mejorar la “cohesión social”.

4. El contenido del Contrato de Primer Empleo

En lo que se refiere al Contrat de Première Embauche (CPE), Villepin defendió su inclusión en el Código Laboral francés, pues se trataba de “un verdadero contrato contra la precariedad” y de “una herramienta para combatir el paro entre los más jóvenes” que alcanza el 23% de la población juvenil(9). Para el primer ministro, el CPE, era un contrato de “inserción”, orientado a lograr “un justo equilibrio entre la protección a los empleados y el dinamismo económico”(10).

Esta nueva modalidad contractual tenía las siguientes características(11):

a) Sus destinatarios eran los jóvenes entre 15 y 26 años y debía constar por escrito y no tenía una duración definida.

b) Era un contrato de duración indeterminada en el cual, y en el lapso de los dos primeros años, la ruptura unilateral del mismo no generaba las cargas económicas e indemnizatorias a cargo del empleador, como lo dispone el código para los contratos a termino indefinido.

c) El Contrato de Primer Empleo estaría sometido a las disposiciones del Código de Trabajo, con excepción de los dos (2) primeros años, durante los cuales el empleador podía prescindir del empleado sin motivo o causa justificada. Existe una diferencia sustancial entre este tipo de contratos y los contratos indefinidos, pues durante el período de los dos (2) primeros años el empleador podría terminar el contrato sin pago de indemnización alguna. En la actualidad, el período de prueba que establece el Código de Trabajo francés para el contrato a término indefinido es de seis (6) meses, lo que significa que en la práctica, este lapso de interinidad se aumentaba a dieciocho (18) meses. Se establecía entonces un período de prueba “alargado”, mientras que en el contrato a término indefinido, una vez cumplido este período, el trabajador adquiere estabilidad plena.

d) Este lapso de dos años, durante el cual no existiría ningún tipo de estabilidad, se denominaba de “consolidación”. Para el cómputo de este término, el empleador podía tener en cuenta el tiempo que el empleado hubiera laborado en misión en otras empresas, durante los dos años anteriores a la firma del contrato de primer empleo.

e) El contrato se terminaría por iniciativa del empleador o del asalariado, para lo cual la ruptura debía notificarse previamente a la contraparte con 15 días de anticipación, siempre que se hubiera trabajado por más de 6 meses. Si el contrato terminaba por iniciativa del empleador, debía pagar al asalariado como indemnización, el equivalente al 8% de los ingresos brutos recibidos hasta la fecha de la ruptura.

f) Este contrato daba derecho al asalariado para acceder al beneficio de la formación profesional dentro de las condiciones que establece el Código de Trabajo, así como al reconocimiento de prestaciones de desempleo, algunas facilidades para alquilar vivienda y para acceder a créditos bancarios. A juicio del gobierno, este último aspecto, permitía que la reforma se insertara en la corriente de la denominada flexsegurité(12), tomada del modelo danés, en el cual se combinan fórmulas de mayor desregulación laboral con mejoras en la protección social y en las prestaciones para los desempleados.

g) La nueva modalidad contractual se aplicaría en las empresas de más de veinte trabajadores, pues para las empresas con menos trabajadores, se estableció otro modelo de contratación, denominado “Contrato de Nuevo Empleo” (CNE), el cual es considerado como una modalidad de contratación flexible.

h) Finalmente, el aparte IV del artículo 8º de la ley indicaba que las condiciones y los efectos del Contrato de Primer Empleo debían ser objeto de una evaluación, a más tardar el 31 de diciembre del 2008, por una comisión conformada por representantes de los empleadores y de los sindicatos representativos.

5. El debate sobre el alcance y los efectos del Contrato de Primer Empleo. ¿Inserción laboral para los jóvenes o contrato precario?

El Primer Ministro señaló que el CPE era una vía de acceso directo hacia una vinculación laboral a término indefinido, pues reconocía varias garantías al asalariado y facilitaba su formación profesional, en un contexto internacional altamente competitivo. Además, consagraba ventajas superiores a las que se otorgan en los contratos temporales y de duración definida, y facilitaba una vinculación de largo plazo(13). Debe recordarse que en Francia existen alrededor de 17 contratos de trabajo atípico, a los que se adicionaron el CPE y el CNE.

Por el contrario, para los opositores a la ley, como la Unión Nacional de Estudiantes Franceses (UNEF)(14), y las confederaciones sindicales más poderosas (la CGT(15) y la CFDT), el CPE y el contrato de nuevo empleo (CNE) institucionalizaban una situación de precariedad laboral que deja sin opción de futuro a las nuevas generaciones. Lo llamaron “nuevo contrato precario para los jóvenes”.

¿Cuáles fueron los argumentos esgrimidos por las organizaciones juveniles y las agremiaciones sindicales contra el CPE?

En primer lugar, se indicó que con un período de prueba de dos (2) años, durante el cual el empleador podría terminar el contrato sin justificación alguna, se desconocían las garantías en favor de la estabilidad que rigen para los contratos de duración indefinida. Esta nueva modalidad contractual, facilitaría la generalización de un tipo de vinculación inestable y precaria.

En segundo lugar, durante el período de “consolidación” de dos años, una especie de período de prueba prolongado, se generaba un vínculo autoritario de obediencia incondicional, como sustituto de las relaciones de compromiso y respeto que contempla el Código de Trabajo para los contratos de duración indefinida o, incluso, de duración determinada. Así, la amenaza permanente del despido injustificado coartaría toda posibilidad de reclamo de los derechos de los jóvenes.

En tercer lugar, aunque el Contrato de Primer Empleo no autorizaba las prácticas empresariales ilegales contra sus empleados, en muchos casos podría obligar a los trabajadores a laborar durante jornadas más extensas, pues, dadas las altas tasas de desocupación, se utilizarían como instrumento para inhibir los reclamos de los asalariados(16). En particular, se indicó que bajo las nuevas condiciones, el empleador aumentaría de facto la programación de horas suplementarias de 180 a 220 horas por año; podría incrementar subrepticiamente la jornada laboral a 48 horas semanales autorizada por la Unión Europea, desconocería las 35 horas alcanzadas durante los gobiernos socialistas, y abriría la posibilidad para discutir la instauración de jornadas de hasta 65 horas (!!!) a la semana, con lo cual se establecería una flexibilización arbitraria y dictatorial del tiempo de trabajo(17). Como consecuencia, la sociedad francesa se retrotraería a condiciones similares a las que regían en la década de los años 20, en el siglo pasado.

En cuarto lugar, existía el temor de que con el CPE, los jóvenes entre 16 y 26 años permanecerían empleados, pero con interrupciones cada dos años, hasta llegar a los 10 años en condiciones de precariedad(18). Quienes alertaron sobre esta eventualidad, señalaron que en tales condiciones no habría posibilidad alguna de acceso a bienes y servicios básicos para alcanzar la independencia familiar y la autonomía personal(19). El riesgo mayor se encontraba en el fraude a la contratación mediante el encadenamiento de sucesivos contratos en que se podría terminar el vínculo laboral antes de que se cumpliera en cada lapso el período de dos años. Incluso, se señaló que el tiempo de interinidad hubiera podido ser de hasta 12 años, pues bastaba que un trabajador próximo a cumplir 26 años fuera nuevamente enganchado, para que el contrato se extendiera hasta la edad de los 28 años. Esto permitió proyectar que la nueva modalidad contractual cubriría, adicionalmente, a cerca de 1.5 millones de jóvenes adultos. Además, en el texto de la ley no se contemplaba expresamente que el contrato se transformaría automáticamente en contrato a término indefinido.

Los jóvenes consideraron que “sin un trabajo consecuentemente remunerado y antigüedad laboral, es imposible alquilar una casa. Los salarios son bajos, los trabajos inestables, los alquileres prohibitivos y las condiciones para alquilar un departamento son simplemente descabelladas. Alquilar 15 metros cuadrados en París cuesta entre 700 y 900 dólares por mes. Las agencias inmobiliarias exigen que los candidatos ganen cuatro veces el precio de alquiler, lo que es imposible para alguien de esa edad e incluso más”(20). En tales circunstancias, un empleo inestable conduce a una situación de incertidumbre, de retardamiento de los proyectos de vida, a la “infantilización” de la vida cotidiana y a una permanente sensación de “transitoriedad”, que impediría crear vínculos estables frente al empleo y retardaría la emancipación del hogar familiar.

Por su parte, los empresarios y el gobierno señalaron que se observaría un comportamiento “ético” en el uso del contrato (CPE) y en ningún caso se afectarían las garantías laborales. Incluso, se mostraron partidarios de la disminución del período de consolidación de dos a un año y de la justificación del motivo del despido.

En quinto lugar, la adopción del Contrato de Primer Empleo, conduciría a la supresión de la figura de los licenciamientos o despidos colectivos por razones económicas, contenida en el Código de Trabajo, que están sujetos a rígidos trámites de control por las autoridades laborales. En efecto, al establecerse un contrato de duración indeterminada, durante los dos primeros años se reemplazarían de facto los licenciamientos colectivos, por despidos individuales. Tanto el CPE, como el Contrato de Nuevo Empleo permitían una modalidad de retiros “indoloros”, que anularían la acción colectiva y generarían un desequilibrio de fuerzas entre el status de protección colectiva que representan los sindicatos, y los nuevos poderes empresariales que precarizan e individualizan las relaciones laborales(21). Se trataba, en últimas, de una reforma que expresa una tendencia más general hacia la individualización y el aislamiento en la vida cotidiana de los empleados, y que anula la acción colectiva en el lugar de trabajo.

También se señaló que este tipo de contratos tiene como propósito facilitar la adaptación de las empresas y de los mercados a las fluctuaciones del ciclo económico y a la gestión eficiente de la producción, sobre la base de bajos salarios.

Y, en sexto lugar, aunque el gobierno indicó que el Contrato de Primer Empleo serviría para superar los problemas de rigidez que representa para las empresas el Contrato de Duración Indefinida (CDI), para los opositores, estas modalidades de contratación laboral conducirían a la expansión, ya no por fuera, sino dentro de la legalidad, de contratos mal remunerados, con horarios flexibles y sin ningún tipo de estabilidad, no solo para los jóvenes, sino para todos los trabajadores franceses. Es decir, la legalización de la precariedad en el empleo.

En fin, para las agremiaciones estudiantiles, para los sindicatos y para buena parte del pensamiento académico francés, la Ley por la Igualdad de Oportunidades y el Contrato de Primer Empleo, eran un paso más en una estrategia orientada a “demoler el Código del Trabajo”, con el argumento no demostrado de que la flexibilidad laboral genera más y mejores puestos de trabajo para la juventud.

De esta forma, aunque el contrato de duración indefinida no desaparece del código, su aplicación es cada vez menos atractiva para los empresarios, pues la reforma les permite acudir a nuevas formas precarias de contratación.

6. El significado actual del “inmovilismo” social

El Primer Ministro, Dominique de Villepin, acusó de “inmovilismo” a los sectores que se opusieron a la reforma. Algunos diarios europeos calificaron a la juventud francesa como “conservadora” y extremadamente resistente a las nuevas tendencias de la economía mundial.

Para los defensores del liberalismo económico, las movilizaciones estudiantiles mostraron una juventud defensora de un statu quo, que rechaza cambios necesarios ante la situación de crisis social y para enfrentar los retos de la globalización(22). El gobierno se defendió de las críticas, señalando que “el 70% de los contratos son de duración definida y la mayoría de ellos no dura más de 1 mes”, y por ello se pretendía evitar la multiplicidad de contratos de duración limitada, “para ayudar a la inserción de la juventud en el mercado de trabajo”(23).

Los jóvenes reclamaron desde el principio el retiro de la ley, pues su aplicación conduciría a una mano de obra barata, no aumentaría los puestos de trabajo e incrementaría los beneficios de los empleadores.

En un hecho insólito, y ante el crecimiento de la presión juvenil, el Presidente Chirac promulgó la ley pero solicitó que fuera modificada en dos aspectos: la reducción del período de consolidación de 2 a 1 año y la inclusión de la justificación del despido que se produzca durante este lapso. El pronunciamiento del Presidente francés suponía, como en efecto ocurrió, la devolución de la ley al parlamento para su reconsideración. Es decir, fue sancionada pero no se aplicó. Los analistas señalaron que se trató de una maniobra para desarmar a los adversarios y para aliviar las disputas entre los ministros Villepin y Sarkosy(24).

Entre tanto, este último propuso derogar el artículo de la Constitución que sirvió de fundamento para la expedición de la ley. También, sugirió la aprobación de una ley orgánica para obligar al diálogo social antes de adelantar cualquier reforma al sistema de protección laboral o a la seguridad social. Para el Ministro del Interior, el trámite errático de la ley demostró que el Estado debe intervenir en materia laboral solo cuando fracasa el diálogo o se produce el rechazo de los interlocutores sociales. Incluso planteó la posibilidad de reformar el sistema electoral para permitir la representación de las organizaciones sociales sin asiento en el Parlamento.

7. El retiro del CPE y el nuevo “Civis”

Finalmente, el 13 de abril, fue aprobada una proposición presentada por varios diputados de la coalición gubernamental, UMP, que permitió derogar el aparte relativo al Contrato de Primer Empleo, que fue reemplazado por un contrato de inserción a la vida social (Civis). El nuevo dispositivo prevé una ayuda a los empleadores que ‘enganchen’ a jóvenes entre 16 y 25 años mediante contratos a término indefinido, en zonas urbanas “sensibles”. Sus destinatarios serán jóvenes que tienen un nivel de formación profesional inferior al fin del segundo ciclo. Se calcula que los estímulos ascenderán a 150 millones de euros en el año 2006 y a 300 millones en el 2007. Para el efecto, la reforma plantea un incremento en los impuestos al consumo de tabaco(25).

Sin duda, a este punto se llegó por una acción masiva de rechazo de grandes dimensiones sociales, que tuvo alcances que desbordaron el debate sobre el aspecto puntual del Contrato de Primer Empleo. La juventud francesa rechazó un modelo social de la “precariedad”, y calificó estas nuevas modalidades de vinculación laboral, como contratos “basura” y “desechables”(26), que los condenaba indefinidamente al ostracismo social.

8. La decisión del Consejo Constitucional y el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo(27) 

Los opositores a la reforma laboral aprobada, impugnaron ante el Consejo Constitucional francés, varios apartes de la Ley por la Igualdad de Oportunidades. Entre ellos, el Contrato de Primer Empleo. La impugnación se orientó a cotejar el contenido de la ley con el principio de igualdad en el trato, el derecho al empleo, el derecho de defensa, la prevalencia del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios que deben regir la terminación del contrato de trabajo y con las normas laborales contenidas en la Carta Social Europea. Igualmente, la ley fue atacada por la forma como se llevó a cabo el trámite para su aprobación y las atribuciones que invocó el gobierno para evitar la última votación en el parlamento. En particular, se resaltó el hecho de que no existe motivo para la diferencia en el trato, entre dos asalariados que están en situación idéntica, uno vinculado con contrato a término indefinido y otro bajo las reglas del CPE.

El Convenio 158 de 1982, de la OIT “sobre la terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador”(28), establece un principio ge-neral de estabilidad en el empleo, de manera que “no se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio”.

El convenio señala que no se podrá terminar una relación de trabajo, sin que se hubiera adelantado un procedimiento previo, con observancia del derecho de defensa (art. 7º, sección B). Igualmente, contempla el derecho a recurrir el despido, cuando se considere injustificada la terminación, ante un órgano judicial o un tribunal independiente. También, establece el deber de consulta previa con los representantes de los trabajadores poniendo en su conocimiento los motivos o causas de la desición.

Al examinar los cargos que se presentaron contra el CPE, el Consejo Constitucional consideró que el artículo 8º se tramitó adecuadamente y no se configuró ningún vicio de procedimiento. Además, que el término de 2 años o período de consolidación, en el cual el empleador puede dar por terminado el contrato sin causa justificada, no es incompatible con el Convenio 158, como tampoco lo es que se libere al empresario del pago regular de una indemnización, a pesar de que en los ataques judiciales presentados se llamó la atención sobre el hecho de que dos trabajadores en la misma condición, podrían ser tratados de manera discriminatoria, por el solo hecho de la edad.

El Consejo Constitucional concluyó que el nuevo contrato tenía como finalidad facilitar la inserción profesional, especialmente de los jóvenes con baja calificación profesional, lo que justifica el trato distinto. Invocó la primacía del principio del interés general, para respaldar el modelo contractual adoptado por el parlamento francés y recordó que sus competencias son de una naturaleza diferente a las que posee el órgano legislativo.

Además, y para finalizar, señaló que el asalariado puede recurrir ante los tribunales ordinarios para que estos determinen si se debió invocar una causa para el despido.

9. Las reformas laborales en Francia y la realidad colombiana

Las protestas adelantadas en Francia indican que el camino tomado por las autoridades gubernamentales no contó con un consenso social básico para la reforma al Código Laboral. Las movilizaciones demostraron que cualquier cambio debería concertarse con los interlocutores sociales y con los gremios estudiantiles.

¿Qué enseñanzas podemos extraer en nuestro medio sobre el debate que se adelanta en Francia?

La Ley 789 del 2002, introdujo una serie de modificaciones al Código Sustantivo del Trabajo con la promesa de la generación de empleo. Esta reforma se aprobó, al igual que en Francia, sin la concertación y el diálogo social que establece el artículo 56 de la Constitución Política. Los argumentos, en uno y otro caso, han sido similares. Su pretensión fue la de facilitar la creación de empleo y mejorar las condiciones de competitividad laboral. Para el efecto, se adoptaron nuevos conceptos como el del “sistema de protección social”, “orientado a crear las condiciones para que los trabajadores puedan asumir las nuevas formas de trabajo, organización y jornada laboral y simultáneamente se socialicen los riesgos que implican los cambios económicos y sociales” (art. 1º). La Ley 789 estableció la conformación de una comisión mixta para que en un término prudente evaluara su impacto.

La reforma introdujo varios cambios al Código Sustantivo del Trabajo, como la muy controvertida fijación de nuevos períodos de trabajo ordinario (ya no diurno) y nocturno, y la reducción de esta última jornada entre las 10 p.m. y las 6 a.m. Con ello, se disminuyeron los recargos del 35%, entre las 6 p.m. y las 10 p.m. Se disminuyeron los recargos en los dominicales y festivos. Así mismo, flexibilizó las condiciones para el despido mediante la reducción de los montos de las indemnizaciones.

Estableció además una nueva reglamentación para la “relación de aprendizaje” (art. 30 de la ley), según la cual los pagos que recibe el aprendiz —concepto que se suprime de la ley— son “un apoyo de sostenimiento mensual, el cual en ningún caso constituye salario”. La remuneración es inferior al salario mínimo legal en una proporción diferente, según se trae de la fase “lectiva” (50%) o de la “fase práctica” (75%). En ningún caso esta remuneración deslaboralizada, podrá ser objeto de convenios o contratos colectivos o de laudos arbitrales derivados de la negociación colectiva. Sin duda, la reforma se orientó a sustraer la relación laboral de los aprendices, de las normas propias del mundo del trabajo.

La Ley 789 adoptó mecanismos de “protección social” para el desempleo, que no han producido los efectos esperados. Ahora, algunos plantean disminuir aún más los costos laborales, sin evaluar si el camino de reducir salarios y precarizar el empleo es la vía correcta para generar nuevos puestos de trabajo(29); y el impacto que una solución de este tipo produce sobre los ingresos de los trabajadores.

Aun no se han realizado los balances sobre sus efectos, como la propia ley lo estableció. La reforma afectó los ingresos de los trabajadores, flexibilizó algunos elementos del contrato de trabajo, y facilitó las condiciones para el despido. Algunas estadísticas señalan que el desempleo ha disminuido en algunos puntos, pero existe un amplio consenso sobre el deterioro en la calidad del empleo que se ha generado. Estamos lejos del concepto de flexseguridad que toma fuerza en el norte de Europa.

¿Ha caído realmente la tasa de desempleo?, ¿existen hoy, como consecuencia de la Ley 789, mejores condiciones de empleo para los jóvenes? Y, ¿los empleos creados, están rodeados de garantías básicas que permitan hablar de empleos decentes? ¿Las reformas al contrato de aprendizaje han permitido una mejor preparación profesional de los jóvenes ‘enganchados’ bajo las nuevas condiciones?

A propósito de las grandes convulsiones sociales que ocurren en Francia, estas preguntas son pertinentes para el caso de Colombia.

1. www.pag12.arg.com. “Non’ a la flexibilización laboral, dicen los jóvenes”, marzo 8 del 2006.

2. www.lavozdegalicia.es. Ingrid Bazinet, marzo 26 del 2006.

3. Durante el debate sobre el referéndum el tema de la globalización fue percibido como una amenaza contra la estabilidad en el empleo y como una forma de facilitar el traslado de industrias asentadas en Francia a otros países, para abaratar costos de producción. Ver www. ILO”, Peter Auer. Relocalización y pérdida de puestos de trabajo.

4. www.premier-ministre.gouv.fr.

5. www.senat.fr. Artículo 27 del proyecto adoptado por el Senado el 5 de marzo del 2006.

6. Sección tercera de la ley sobre zonas francas urbanas.

7. Artículo 24 del proyecto aprobado en el Senado.

8. Sección VI de la ley adoptada en el Senado.

9. www.elmundo.es/mundodinero/2006/03/07.

10. www.premier-ministre.gouv.fr.

11. Sección segunda de la ley, artículo 8°. Empleo y formación.

12. “Flexseguridad” es un concepto que se ha venido adoptando en los países europeos. “La flexseguridad aparece como un nuevo término clave en el debate sobre el futuro de los mercados laborales europeos y en el desarrollo de políticas sociales. Se refiere al intento de compatibilizar al tos niveles de flexibilidad laboral con altos niveles de seguridad”. En www.Barcelona.2004.org. Documentos. “Flexiseguridad”.

13. www.premier-ministre.gouv.fr.

14. www.unef.fr.

15. www.cgt.fr.

16. www.cgt.fr. Bernard Thibault, secretario general de la CGT: Ce n’est pas le contrat du travail qui fait l’embauch.

17. www.politis.fr/art 1184. Therry Brun. Loi de cohésion sociale: La révolution conservatrice.

18. “Ayer, hasta los profesores y los padres se sumaron a las marchas porque, como decía André Valain, un profesor universitario de 56 años: al ritmo actual, mis alumnos no tendrán ni una casa segura ni un trabajo digno. Dudo mucho de que las empresas jueguen el juego de la honestidad. Lo más seguro es que contraten a los jóvenes durante dos años y luego a la hora de extender el contrato, los despidan para tomar otro joven y así pagar las cotizaciones sociales correspondientes”. En www.pag12.arg.com, 8 de marzo del 2006.

19. Esta situación ha sido descrita coloquialmente así: “el dilema del Contrato de Primer Empleo es aceptar el contrato “basura” o depender indefinidamente del papá. Tal vez esta situación explica por qué los padres de familia también se han vinculado a las movilizaciones de protesta.

20. www.pag12.com.arg, 8 de marzo del 2006.

21. www.inegalités.fr. Patrick Saridan, Contrat première embauche (CPE): unau précarisation por le droit.

22. El ex director del Fondo Monetario Internacional, Michel Camdessus, señala que las acciones estudiantiles son la expresión del enorme “conservadurismo de clases y sectores tradicionalmente progresistas. En mayo del 68, querían cambiar el mundo, hoy quieren que el mundo no cambie”.

23. www.premier-ministre.gouv.fr.

24. www.lemonde.fr. Jean-Marie Colombani. Louvoiement, 31 de marzo.

25. www.senat.fr/leg/tas05-085. Proposición de ley aprobada el 13 de abril, sur l’acces des jeunes á la vie active en entreprise.

26. El concepto de contrato “basura” apareció a mediados de los 90 en Europa. “Son contratos temporales a muy corto plazo, que permiten remuneraciones inferiores al salario mínimo, que no son para la formación, que restringen las prestaciones sociales (la contingencia, por ejemplo, del desempleo) y que contemplan exenciones en la cuota empresarial a la seguridad social. En suma, estos contratos permiten todo tipo de abusos, al tiempo que inciden en una devaluación social del trabajo”. Montes, Pedro. El desorden neoliberal. Trotta, 1996, p.82.

27. www.conseil-constitucionnel.fr.

28. www.ilo.org. Aparte relativo a normas y principios y derechos fundamentales de trabajo.

29. En Reforma laboral: ¿Falta gestión y resultados? Actualidad Laboral y Seguridad Social, Legis, enero – febrero, 2006.