El crédito de libranza en la relación laboral

Revista Nº 202 Jul. - Ago. 2017

Históricamente, el crédito de libranza ha estado ligado a la autorización legal de efectuar descuentos al salario de los trabajadores, según lo previsto en el artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo.

Óscar Andrés Blanco Rivera(1) 

Abogado Universidad Externado de Colombia. Conjuez Sala Laboral Corte Suprema de Justicia y Tribunal Superior de Bogotá 

Un vistazo a sus orígenes

La libranza se define como una “Orden escrita dada generalmente por carta, para que una persona pague determinada cantidad al sujeto a cuyo favor se expide este documento de crédito”(2). Agrega el autor que se trata de una institución genuinamente española que data de las Ordenanzas de Bilbao de 1737, parecida a la letra de cambio, pero que se distingue de ella porque puede ser al portador, por el imperativo de la aceptación de las letras, por no ser siempre mercantil y porque el nombre de libranza debe aparecer siempre en la carta.

El diccionario de la lengua española la describe como la “Orden de pago que se da, ordinariamente por carta, contra uno que tiene fondos a disposición del que la expide, la cual, cuando es a la orden, equivale a la letra de cambio” (RAE, 1992, p. 1253).

En Wikipedia encontramos la siguiente definición: “La libranza es un instrumento financiero que consiste en un crédito o préstamo de dinero, facilitado por una entidad prestadora a un deudor, y respaldado en el flujo de caja proveniente del sueldo de ese deudor. En la práctica, esto significa que los pagos de cuotas e intereses de la libranza se debitan automáticamente del sueldo del deudor. Esto hace que la libranza sea un préstamo, en promedio, con menor riesgo para la entidad prestadora, comparado a otro tipo de préstamos. Debido a este respaldo basado en el sueldo, la libranza es muchas veces otorgada sin codeudor” (https//es.wikipedia.org/wiki/libranza).

Históricamente, el crédito de libranza ha estado ligado a la autorización legal de efectuar descuentos al salario de los trabajadores, según lo previsto en el artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo desde su expedición en 1950, donde en sus literales a) y b) faculta al empleador para efectuar las deducciones, retenciones o compensaciones del salario en los casos establecidos en los artículos 113, 150, 151, 152 y 400; y cuando se trata de cooperativas, a ordenar retenciones hasta de un 50% de salarios y prestaciones para cubrir sus créditos en la forma y en los casos que la ley los autorice. Es importante agregar que desde los orígenes del cooperativismo en Colombia hacia 1935 el crédito de libranza permitió que los trabajadores accedieran a un crédito respaldado por la garantía de una libranza que autorizaba expresamente al empleador a descontar de su sueldo las sumas debidas y, en caso de retiro del trabajador, a descontar el saldo adeudado. Así transcurrieron por varias décadas esta modalidad crediticia básicamente orientada al sector laboral del país, conocidas como “cajas de ahorro”, que fueron paulatinamente sustituidas por las secciones de ahorro de los bancos, lo que permitió que el sector financiero se hiciera a este mecanismo de pago en condiciones similares, pero sin las prerrogativas de las cuales gozaban las cooperativas, de acuerdo con lo dispuesto en el liberal b) del citado artículo 59 del CST.

Sobre su regulación

Con base en el artículo 619 del Código de Comercio se define la libranza como un título valor que legitima el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellas se incorpora y, para este caso, es de contenido crediticio; y cuando son expedidos a favor de determinada persona, en los cuales se agregue la palabra “a la orden” o se exprese que son transferibles por endoso, o se diga que son negociables, etc., se podrán transferir mediante endoso que subroga al adquirente (C. Co., arts. 651 y 652), que la asimila a la letra de cambio.

La Ley 1527 del 2012, conocida como “Ley de libranza”, la define en su artículo 2º literal a) como “la autorización dada por el asalariado o pensionado, al empleador o entidad pagadora, según sea el caso, para que realice el descuento del salario, o pensión disponible por el empleado o pensionado, con el objeto de que sean giradas a favor de las entidades operadoras para atender los productos, bienes y servicios objeto de libranza”.

Distingue tres sujetos: i) el beneficiario, que es la persona empleada o pensionada, titular de un producto, bien o servicio que se obliga a atender a través de la modalidad de libranza o descuento directo de su nómina. Según el artículo 1º de la citada ley, es cualquier persona natural asalariada, contratada por prestación de servicios, asociada a una cooperativa o precooperativa, fondo de empleados o pensionada, que podrá adquirir productos y servicios financieros o bienes y servicios de cualquier naturaleza, acreditados con su salario, sus honorarios o su pensión, siempre que medie autorización expresa de descuento dada al empleador o entidad pagadora, quien en virtud de la suscripción de la libranza o descuento directo otorgada por el asalariado, contratista o pensionado, estará obligado a girar los recursos directamente a la entidad operadora, dándole al acceso de esta modalidad de crédito un alcance universal, pues cualquier persona natural que tenga ingresos provenientes de alguna actividad económica en la cual se desempeñe, puede adquirir productos o servicios, así obtenga ingresos mínimos, puesto que su garantía de pago es el salario o remuneración que obtenga de su actividad laboral o de pensionado; ii) el empleador o entidad pagadora, que es la persona natural o jurídica, de naturaleza pública o privada, que tiene a su cargo la obligación del pago del salario o remuneración, cualquiera sea su naturaleza, pues es claro que el beneficiario es el prestador de un servicio a un empleador, cooperativa o precooperativa, fondo de empleados, pensionado, contratista independiente persona natural, que obtiene sus ingresos provenientes de una actividad laboral; y, iii) la entidad operadora, que es la persona jurídica o patrimonio autónomo conformado en desarrollo del contrato de fiducia mercantil que realiza operaciones de libranza o descuento directo, por estar autorizada legalmente para el manejo del ahorro del público o para el manejo de los aportes o ahorros de sus asociados, o aquella que sin estarlo, realiza dichas operaciones, disponiendo de sus propios recursos o a través de mecanismos de financiamiento autorizados por la ley.

Al definir la “ley de libranza o descuento directo” en la forma como lo hizo el sujeto entidad operadora, abrió el mercado financiero que antiguamente estaba monopolizado por algunos bancos que tenían la sección de créditos de libranza, dirigido esencialmente a los trabajadores y pensionados, es decir, a personas naturales con ingresos fijos o permanentes para mayor seguridad del otorgamiento del crédito y su recaudo y las cooperativas de ahorro y crédito, junto con los fondos de empleados.

En virtud de la nueva ley, el crédito de libranza debe otorgarse bajo las siguientes condiciones que resumimos (art. 3º), así:

1. Que exista autorización expresa e irrevocable del beneficiario del crédito a la entidad pagadora de efectuar descuento respectivo de su remuneración o ingreso periódico.

2. Que la tasa de interés correspondiente a los productos y servicios no supere la tasa máxima permitida legalmente.

3. Que la tasa de interés pactada solo sea modificada en los eventos de novación, refinanciación o cambios en la situación laboral del beneficiario, con su expresa autorización.

4. Que para adquirir o alquilar vivienda, el beneficiario podrá tomar un seguro de desempleo, contra el cual podrá repetir la entidad operadora en caso de incumplimiento, y

5. Que la libranza o descuento directo se efectúe, siempre y cuando el asalariado o pensionado no reciba menos del cincuenta por ciento (50%) del neto de su salario o pensión, después de los descuentos de ley, las cuales quedarán exceptuadas de la restricción contemplada en el numeral segundo del artículo 149 del Código Sustantivo del Trabajo.

Visto lo anterior, la ley trae unas cargas administrativo-laborales a las empresas, que en el pasado no existían. El artículo 4º faculta al trabajador a escoger libre y gratuitamente cualquier entidad operadora para efectuar operaciones de libranza, así como aquella a través de la cual se realiza el pago de su nómina, honorarios o pensión. De igual forma, también autoriza a que el trabajador indique que los recursos descontados de su salario, pago de honorarios o pensión, sean destinados a una cuenta AFC o a otra de igual naturaleza, que convierte al empleador en un administrador de los créditos y dineros que desee ahorrar el trabajador, siendo que se trata de una obligación propia de cada persona.

En el mismo sentido, el artículo 6º dispone que todo empleador o entidad pagadora está obligado a deducir, retener y girar de las sumas de dinero que haya de pagar a sus trabajadores, contratistas, afiliados o pensionados, los valores que estos adeuden a la entidad operadora escogida por el beneficiario para ser depositados a órdenes de esta, previo consentimiento expreso y escrito del trabajador, contratista o pensionado. El empleador no podrá negarse injustificadamente a la suscripción de dicho acuerdo, asumiendo la obligación de verificar en todos los casos que la entidad operadora se encuentra inscrita en el registro único nacional de entidades operadoras de libranza. En caso de incumplimiento, del empleador o pagador de tales obligaciones, será responsable por los valores dejados de descontar al asalariado por los perjuicios imputables a su descuido.

Son tareas y obligaciones que en la práctica se traducen en nuevas gestiones administrativas de la nómina, adicionales a las que tradicionalmente se obliga toda empresa, como el pago de los aportes al sistema general de seguridad social, los parafiscales, las cuotas sindicales y la retención en la fuente. Además, se hace responsable al empleador respecto de valores no descontados, imputándole presuntos perjuicios por valores imputables a su descuido, lo que ha llevado a que algunas empresas eludan o nieguen bajo diferentes pretextos, la autorización del crédito de libranza, precisamente para no ver comprometida su responsabilidad sobre asuntos que realmente pertenecen a la disposición de los dineros que son del trabajador y sobre los cuales el empleador o el pagador cumple con el abono en cuenta y efectúa los descuentos de ley, como los antes mencionados.

El artículo 19 de la Ley 1429 del 2010 modificatorio del artículo 151 del CST, establece que para el trámite de los préstamos, “el empleador y su trabajador podrán acordar por escrito el otorgamiento de préstamos, anticipos, deducciones, retenciones o compensaciones del salario, señalando la cuota objeto de deducción o compensación y el plazo para la amortización gradual de la deuda”; pero, agrega que “cuando pese a existir el acuerdo, el empleador modifique las condiciones pactadas, el trabajador podrá acudir ante el inspector de trabajo a efecto de que exija su cumplimiento, so pena de la imposición de sanciones”.

Sobre esta disposición y los descuentos aplicables a los trabajadores que devengan un salario mínimo, que estaban excluidos de esta clase de descuentos, se eliminó la barrera de autorización especial del inspector de trabajo de realizar descuentos de nómina a los trabajadores que, por ejemplo, devengaran el salario mínimo. Al respecto, antes de la reforma del artículo en el año 2010, si bien estaba restringida la posibilidad de afectar el salario mínimo legal, o convencional o aquella parte del salario declarada inembargable, se preveía que tal deducción se podía realizar siempre y cuando la deuda no superara el monto del salario del trabajador en tres meses, pero al haber eliminado esa autorización, generó el acceso al crédito de libranza para este importante grupo de trabajadores y pensionados. En ese sentido, hay que reconocer que la norma en comento introdujo un beneficio a favor de dichos trabajadores y pensionados, lo que incrementó en cuatro años, según los expertos, más de doce puntos porcentuales en la cartera de consumo.

Crisis del crédito de libranzas

Se atribuye la crisis de las libranzas a la proliferación de entidades operadoras que surgieron con la expedición de la Ley 1527 del 2012, pues antes de su vigencia, solo las secciones de crédito de los bancos, las cooperativas y los fondos de empleados, otorgaban el crédito de consumo por libranza.

Veamos lo que dice el literal c) del artículo 2º: “c) Entidad operadora. Es la persona jurídica o patrimonio autónomo conformado en desarrollo del contrato de fiducia mercantil que realiza operaciones de libranza o descuento directo, por estar autorizada legalmente para el manejo del ahorro del público o para el manejo de los aportes o ahorros de sus asociados, o aquella que, sin estarlo, realiza dichas operaciones disponiendo de sus propios recursos o a través de mecanismos de financiamiento autorizados por la ley. En estos casos deberá estar organizada como Instituto de Fomento y Desarrollo (Infis), sociedad comercial, sociedades mutuales, o como cooperativa, y deberá indicar en su objeto social la realización de operaciones de libranza, el origen lícito de sus recursos y cumplir con las demás exigencias legales vigentes para ejercer la actividad comercial. Estas entidades operadoras estarán sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades”.

Más adelante, complementa las operaciones permitidas para las entidades creadas para desarrollar el contrato de fiducia mercantil el parágrafo 1º del artículo 3º que permite la cesión de créditos objeto de libranza, así: “Parágrafo 1º.—La cesión de créditos objeto de libranza otorgados por las entidades operadoras implicará, por ministerio de la ley, la transferencia en cabeza del cesionario del derecho a recibir del empleador o entidad pagadora el pago del bien o servicio que se atiende a través de la libranza o autorización de descuento directo sin necesidad de requisito adicional. En caso de que tales créditos se vinculen a los procesos de titularización, el monto del descuento directo correspondiente a dichos créditos será transferido con sujeción a lo dispuesto en esta ley, por la entidad pagadora a favor de la entidad legalmente facultada para realizar operaciones de titularización que tenga la condición de cesionario, quien lo podrá recibir directamente o por conducto del administrador de los créditos designado en el proceso de titularización correspondiente”.

Es decir, se convirtieron las libranzas en una especie de moneda de transacción comercial bajo la figura del endoso entre cedentes y cesionarios autorizados para desarrollar el contrato de fiducia mercantil que, bajo un principio de liberación del mercado que era restringido, avanzó por caminos irregulares que derivaron en la llamada crisis de las libranzas.

En la Convención Financiera Cooperativa 2016, celebrada en octubre del mismo año, la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito —Fecolfin—, propuso que sean solo las cooperativas vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria y la Supersociedades las que puedan operar el crédito de libranza y no otros actores como las sociedades por acción simplificada, como lo permite la Ley 1527 del 2012, que al decir de la federación no están vigiladas, y otorgan lo que ellos llaman “créditos en la calle”.

En informe de la revista Dinero de 7 de julio de 2016, “Libranzas en alerta: el factor Estraval”, señala que “desde finales de la década pasada, a raíz de la crisis financiera en el mundo, las autoridades aumentaron las exigencias a las entidades bancarias y financieras requiriéndoles más capital y mejores mecanismos para prevenir riesgos y escenarios de iliquidez. Esto hizo que los bancos no pudieran pagar altas rentabilidades, sino que empezaran a disminuirlas. Es allí donde comienzan a aparecer actividades que generan negocios interesantes para inversionistas, conocidas como shadow banking (banca en la sombra), entre ellas el modelo de libranzas.

Se preguntan: ¿En qué consiste? A lo que responden: “Un trabajador o pensionado solicita un crédito ante sociedades comerciales, cooperativas o bancos y contra ese crédito ofrece como flujo los pagos de sueldos, salarios o mesadas pensionales mensuales, con lo que garantiza que el pago se cumpla en un plazo determinado. De hecho, cálcu­­los de jugadores y autoridades del sector estiman que casi dos terceras partes de los deudores pertenecen al sector público —pensionados, militares, personas vinculadas al magisterio y a la rama de justicia— y una tercera parte es de empleados del sector privado. Una vez el crédito de libranza es otorgado, se expide un pagaré que se convierte en un título valor negociable y basta con endosarlo para transferirlo. Aunque los riesgos son bajos, pues se cobra directamente en la fuente, el modelo no es infalible y los factores como el fallecimiento del deudor, que se quede sin empleo o que la empresa se liquide, que sea embargado su sueldo por factores que tienen prelación —como demandas por alimentos— y uno de los más complejos, el prepago de las deudas, producen cortocircuitos en el proceso de los pagos, (…) que genera una situación compleja porque las expectativas de los retornos a los inversionistas en determinados plazos se diluyen, generando huecos y baches en la operación. “Puede suceder que cuando se prepaga una libranza a un originador, en lugar de informar que ya se pagó y entregar los recursos a los inversionistas, se quede con ellos y mande la cuota. Se tiene un papel que no sirve porque ya se prepagó y hay que ver en qué se invirtieron los recursos del prepago”, explica un experto del sector”.

Agrega el informe que “también hay procedimientos que están siendo investigados por las autoridades y que en el mercado se conocen como gemeleo: tomar un pagaré y venderlo dos veces. Si se llegara a presentar esta situación, podría constituir un fraude y se correría traslado a la Fiscalía”.

Para la revista Dinero, el negocio de libranzas en Colombia se caracteriza por estar bajo dos modelos: el bancario y el extrabancario. En el primero, la cartera de libranzas bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera asciende a unos $ 37 billones en más de 60 entidades originadoras. De ellos, $ 35 billones son originados directamente por establecimientos de crédito —bancos y compañías de financiamiento—, $ 1,4 billones corresponden a compras de cartera de estos establecimientos a otras entidades; y los cerca de $ 600.000 millones restantes están representados en compras de cartera de Fondos de Inversión Colectivas (FIC) administrados por sociedades fiduciarias, sociedades comisionistas de bolsa o sociedades administradoras de inversión.

El otro mercado, el extrabancario, supervisado por la Superintendencia de Sociedades, de acuerdo con la Ley 1527 del 2012, permite a las entidades comerciales no vigiladas por la Superfinanciera ser originadoras de libranzas. En este grupo hay sociedades comerciales, como Estraval, y cooperativas, estas últimas bajo la vigilancia de la Superintendencia de Economía Solidaria. Los cálculos establecen que la cartera en este subsector asciende a unos $ 10 billones.

Lo que podemos llamar como un “guerreo” entre el mercado bancario y el extrabancario, originó que el mercado extrabancario, por su deficiente control, se extralimitara en las operaciones de endosos, comprometiendo y afectando sensiblemente a muchos inversionistas atraídos por altas tasas de interés del mercado, al punto de que la clásica frase “de eso tan bueno no dan tanto” se hizo realidad ante quienes no atendieron el viejo pero siempre presente refrán para todo negocio.

En informe de www.eltiempo.com, del 14 de septiembre de 2016, atribuyen la crisis a que “mientras la ley de libranzas permitió que, una vez colocado el crédito, los pagarés puedan comercializarse, con el respectivo endoso, y emitir títulos sobre estos documentos, (…) las anomalías en la manera de llevar la contabilidad, con las consecuentes fallas de gobierno corporativo, llevó a que “por ejemplo, un pagaré de 20 millones de pesos podía ser vendido a varios inversionistas en su totalidad, o vender una parte de este”, señaló una fuente”.

La Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop) —agrega eltiempo.com— dice “que el problema se dio con la creación de firmas que ofrecen productos soportados en créditos recaudados por libranza, con tasas muy atractivas, a inversionistas que desconocen que adquieren en su totalidad el riesgo de crédito de los pagarés. Y ante cualquier evento que afecte el normal recaudo del crédito, se da un incumplimiento para quien adquirió el título ofrecido por la firma de inversión”. Pero aclara, que es muy importante, que los asociados o deudores de estas obligaciones —trabajadores y pensionados—, no tienen por qué responder por los negocios que las firmas como Estraval hicieron, ya que la prueba del pago de los créditos está precisamente en los descuentos mensuales que les hicieron sus empresas. Y señaló que las libranzas no están para irse al mercado secundario, lo cual no lo produjeron las cooperativas”. Según la ANIF, “no solo los riesgos fueron mal evaluados, sino que se disfrazó la captación de recursos del público a través de la reventa de la cartera de libranza al inversionista, incluyendo a los fondos de inversión colectiva.

Como la Ley 1527 del 2012 en el artículo 14 crea el Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza, hoy día existen 405 sociedades que otorgan créditos de libranza. De estas, una está en liquidación judicial; seis, en liquidación voluntaria, y cuatro han cancelado su registro mercantil. Es decir, hay 394 sociedades facultadas para recibir pagos en operaciones de libranzas, a las cuales la Superintendencia de Sociedades ya les pidió, de manera formal, que informaran si entre sus actividades estaban la compra y venta de pagarés-libranzas, remata el informe de eltiempo.com.

Después de la quema se ve el humo

Para ponerle orden al mercado de entidades operadoras de libranzas no vigiladas por la Superintendencia Financiera, y como es “normal” en Colombia que después de la crisis “surgen” las soluciones por doquier, el Gobierno Nacional dictó el Decreto 1348 de agosto 22 del 2016 “por el cual se reglamentan la revelación de información y la gestión de riesgos en la venta y administración de operaciones de libranza efectuadas al amparo de la Ley 1527 del 2012, se adiciona un capítulo al título 2 de la parte 2 del libro 2 y se modifica la sección 2 del capítulo 49 del título 2 de la parte 2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, 1074 del 2015”.

Señala el artículo 2.2.2.54.1 que el objeto “es reglamentar la revelación de información y la administración de riesgos en la venta y administración de cartera correspondiente a operaciones de libranza efectuadas al amparo de la Ley 1527 de 2012, bien sea que la venta se haga con responsabilidad cambiaria del vendedor o sin ella, o en el caso de cesión, con garantía de solvencia del deudor o sin ella. Las disposiciones contempladas en el presente decreto se aplicarán siempre que el comprador y el vendedor sean personas no sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, de conformidad con las definiciones aquí previstas”.

Se deja advertido que en adelante, previo a la celebración del contrato de venta y administración, el vendedor del título de crédito libranza que deberá informar al comprador sobre los riesgos de la operación, de lo cual deberá quedar una constancia escrita firmada por el comprador sobre los riesgos de la operación de libranza que puedan afectar el recaudo de las amortizaciones del crédito, como aquella que antes se anotó, puede ocurrir cuando el deudor beneficiario trabajador o pensionado paga anticipadamente el crédito de libranza, que ocurre cuando el trabajador, por ejemplo, se retira de la empresa y le descuentan el saldo adeudado.

En síntesis, advierte la Superintendencia de Sociedades en explicación al decreto en mención, los administradores de las sociedades comerciales, asociaciones mutuales, precooperativas o cooperativas, fondos de empleados y cajas de compensación familiar, que se dediquen a la venta de cartera correspondiente a operaciones de libranza a favor de personas naturales o jurídicas no inscritas en el Runeol, deberán implementar los controles necesarios sobre sus operaciones, cuya implementación podrá ser verificada por las entidades de supervisión.

En nuestra opinión, y sin demeritar el recorrido andado en las reglamentaciones de la ley de libranzas, resulta más transparente para la bondad del crédito de libranza como opción al crédito de trabajadores y pensionados, en especial los de bajos ingresos que poco o nada tienen acceso al crédito bancario ordinario, que las aguas regresarán a su estado original, es decir, que solamente las secciones de crédito de libranzas de los bancos, las cooperativas de ahorro y crédito y los fondos de empleados, fueran las únicas que operen esta modalidad crediticia, eliminando las nuevas sociedades que florecieron al amparo de la esa ley, sin posibilidades de entrar en una cadena sin fin de negociaciones como lo han hecho los nuevos operadores auspiciados por la Ley 1527 del 2012 y que trajo como consecuencia, que muchos inversionistas atraídos por altas tasas de rendimientos se sintieran atraídos sin tomar las previsiones que “todo buen padre de familia” debe ser diligente en la administración de sus negocios.

1. Abogado Universidad Externado de Colombia. Asesor de empresas en derecho laboral y seguridad social. Conjuez Sala Laboral Corte Suprema de Justicia y Tribunal Superior de Bogotá. Profesor de posgrado de la especialidad en las universidades Externado de Colombia, Rosario e ICESI Cali.

2. Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Buenos Aires: Editorial Heliasta S.R.L. 1981, p. 432.