“El derecho a la huelga se consideraba en contra de la economía nacional”

Revista Nº 197 Sep. Oct. 2016

Desde 1989, tras la caída del modelo soviético y del régimen comunista de Nicolae Ceausescu, Rumania ha intentado establecer los pilares del

derecho laboral y de la seguridad social en medio de las dificultades que le generan las multinacionales, las cuales presionan por mano de obra barata y normas laborales flexibles.

Entrevista realizada a DAN TOP

Profesor rumano, vicedecano de la facultad de Derecho y Ciencias Administrativas de la Universidad Valahia de Targoviste, Rumania 

El abogado rumano y doctor en derecho, Dan Top, vicedecano de la facultad de Derecho de la Universidad Valahia de Targoviste, en Rumania, quien participó en el séptimo Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, realizado en Bogotá en abril del 2016, habló con ACTUALIDAD LABORAL sobre la realidad de su país en estas materias.

ACTUALIDAD LABORAL: ¿Qué es el derecho social?

Dan Top: Este es visto en Europa como una rama que reúne dos vertientes del derecho, la laboral y la de seguridad social, que son complementarias. El derecho social se desprende del derecho laboral. La política social de una nación reúne aquellos dos bajo el nombre de derecho social y se manifiesta como la protección social. En la alianza de ambos está la política social. Esta es la manera de ejercer el derecho social con el fin de garantizar una vida digna para los hombres y evitar la exclusión social y la pobreza. Esa es la misión del derecho social.

A. L.: ¿Qué contempla el derecho social? 

D. T.: Aquí se incluyen las formas generales de protección de los asalariados en las relaciones laborales; la protección de los trabajadores contra el despido ilegal, la de los jóvenes y la correspondiente a la maternidad en el trabajo. Están también las figuras relacionadas con la seguridad social y las de asistencia social. Una persona puede estar en cualquiera de estas condiciones. Por ejemplo, puede ser un asalariado protegido por un convenio colectivo contra los abusos del empleador o ser el asegurado que paga la contribución cada mes para obtener su jubilación o puede ser sujeto de asistencia social por parte del Estado en situaciones difíciles.

A. L.: ¿En qué momento surgió esa rama del derecho en Rumania? 

D. T.: Recientemente, en el 2000. Pero en la doctrina rumana no existe el derecho social puro; todo está reunido en el derecho del trabajo y de la seguridad social. Sin embargo, el derecho de trabajo es privado y el derecho de la seguridad social es de naturaleza pública. Las normas de este son obligatorias. Por ejemplo, una persona no puede negarse a pagar la cotización para obtener su pensión de jubilación, porque está obligada por el principio de la contribución. Pero, en un contrato de trabajo, ella puede acordar con el empleador el tiempo de descanso y la remuneración.

A. L.: ¿A quién se le puede atribuir la creación del concepto de derecho social? 

D. T.: Es de la doctrina francesa. Algunos dicen que es una idea redundante, porque todos los derechos son sociales y tienen como destinatarios a los hombres.

A. L.: ¿Y cómo han acogido esa visión en el medio académico de Rumania? 

D. T.: Soy uno de los profesores que defienden la concentración de las instituciones importantes del derecho de trabajo, de la protección social de los asalariados y de la seguridad social en esa rama del derecho social.

A. L.: Pero, en definitiva, ¿qué alcance puede tener el derecho social? 

D. T.: Se crea una nueva línea de interpretación, porque es necesario hacer una delimitación clara para que no se confunda la política social con el derecho social. La política social brinda la estrategia mientras que el derecho social ofrece normas jurídicas para alcanzar las metas de aquella.

A. L.: ¿El derecho social tiene una dimensión más amplia que el derecho de trabajo y de la seguridad social? 

D. T.: Sí, porque interviene en todos los momentos de la vida de una persona, desde su nacimiento hasta después de su muerte.

A. L.: ¿Cuáles son los problemas de una sociedad que justifican la existencia del derecho social?

D. T.: La idea de crear una vida digna para cada uno de los ciudadanos. Puede estar presente en grupos vulnerables como jóvenes, mujeres y grupos étnicos.

A. L.: ¿Por qué Rumania se interesó en el derecho social?

D. T.: Por la pobreza y la exclusión social que hay en el país. Por ejemplo, un joven que se gradúa de la universidad no tiene ofertas de trabajo. El porcentaje de los estudiantes graduados de la universidad que no tienen empleo es superior al 20%.

A. L.: ¿Cómo ha cambiado la legislación laboral en Rumania después de 1989, cuando se desintegró la Unión Soviética? 

D. T.: Antes de ese año la legislación en este campo era limitada. El modelo comunista se basaba en que cada individuo debía trabajar, era una obligación general. No trabajar estaba penalizado. No se tenía la libertad para no trabajar.

A. L.: ¿Qué pasa en la actualidad? 

D. T.: La Constitución establece que cada persona tiene la libertad de trabajar o de no hacerlo. Antes no existían problemas de despidos colectivos. Tampoco se podía promover un movimiento de trabajadores. La economía socialista era planificada y cada individuo tenía que producir.

A. L.: ¿Cuándo se aprobó la nueva Constitución? 

D. T.: En 1991.

A. L.: ¿Y cuáles son los pilares de esa Constitución en materia de derecho laboral? 

D. T.: Está consagrada la libertad de trabajo, la no discriminación en el trabajo. También está el principio de libertad de asociación para asalariados y empleadores. Se contempla el derecho al descanso y a la huelga. En el régimen comunista no existía este derecho. La huelga se consideraba en contra de la economía nacional y era un problema penal. Ahora existe la garantía del derecho a la huelga. Todos los derechos y libertades sociales de los ciudadanos son, actualmente, una parte importante del derecho de trabajo en Rumania.

A. L.: ¿Qué contempla esa Constitución en cuanto a seguridad social? 

D. T.: Incluye, por ejemplo, el principio de que la cotización a la seguridad social es obligatoria. Quien tiene un contrato de trabajo o tiene ingresos de otras actividades independientes debe estar vinculado al sistema de seguridad social por dos conceptos: pensión y salud.

A. L.: ¿Qué otros derechos figuran en la Constitución? 

D. T.: Está consagrado el principio de universalidad en cuanto a asistencia social. Cada persona, sin tener en cuenta si se trata de un ciudadano rumano o de otra nacionalidad, si reside en Rumania o si es refugiada, tiene derecho a la asistencia social.

A. L.: ¿Qué otra evolución ha tenido Rumania en los aspectos laboral y de seguridad social? 

D. T.: Desde el 2007 estamos integrados a la Unión Europea, conformada por 28 países (está pendiente el retiro del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) que se deben alinear en torno a una política común. Cada estado miembro tiene su propia política social nacional, pero existen unas directrices comunitarias, para todos, que contemplan el marco general. Hay un reglamento de la Unión Europea que se aplica directamente por la justicia de cada nación de esa organización, el cual protege el derecho de libre circulación de los asalariados y de sus familias por los países de esa unión, los protege contra el despido ilegal y contra abusos del empleador.

A. L.: ¿En qué momento acogió Rumania esas disposiciones laborales y de seguridad social europeas? 

D. T.: Antes de ingresar a la Unión Europea se deben cumplir unos parámetros mínimos y después se debe tener en cuenta todo lo que dispone la Unión Europea en la materia; es una soberanía limitada.

A. L.: ¿Y qué otros efectos ha tenido la incorporación a la Unión Europea? 

D. T.: Hay aspectos buenos de la integración y también malos que no se pueden reglamentar con alcance europeo. Por ejemplo, no existe una directiva de la Unión Europea con respecto a la huelga. Esta no se puede organizar en toda la unión. Cada país tiene su propia reglamentación sobre la misma.

A. L.: ¿Y eso que implicación tiene? 

D. T.: Es negativo. No hay protección de ese derecho. Los ciudadanos rumanos no pueden hacer huelga de solidaridad con ninguno de los sindicatos de trabajadores de otro país europeo. Falta una directiva al respecto.

A. L.: ¿Está a favor de una reglamentación que favorezca la solidaridad entre los países europeos en torno a la huelga? 

D. T.: Sí, porque existen empresas que tienen filiales en cada uno de los países de la Unión Europea. Entonces, por qué no se puede hacer una huelga de manera solidaria. Otro problema es la falta de un salario mínimo para los países de la unión. No existe una directiva europea que establezca ese salario. Cada país tiene su salario mínimo.

A. L.: ¿Cuál es el valor del salario mínimo en Rumania? 

D. T.: 250 euros al mes. El más alto es el de Luxemburgo que corresponde a 1.800 euros al mes.

A. L.: ¿Qué consecuencia tiene esa diferencia sustancial de salarios mínimos entre los países de la Unión Europea? 

D. T.: Es negativo frente al nivel mínimo de calidad de vida digna. Incide en la migración, porque un trabajador no está conforme con ganar 250 euros en Rumania. Una persona se va a Francia y gana 800 euros mensuales. También es una ventaja, porque los inversionistas van a estos países. La mano de obra es barata.

A. L.: ¿Los inversionistas han llegado a Rumania por la mano de obra barata? 

D. T.: Sí, por ejemplo, están en la industria textil y en la de automóviles.

A. L.: ¿Qué otro aspecto destaca en cuanto al derecho laboral en Rumania? 

D. T.: No se le da importancia. Al contrario, está restringido. Desde el 2011 no se aplica el convenio colectivo con cobertura nacional. Las multinacionales han intervenido para que no exista. El convenio colectivo de trabajo contenía disposiciones favorables a los trabajadores; podían negociar con su empleador muchos aspectos. Por ejemplo, varios días de descanso y un salario mayor que el mínimo. Un asalariado que trabajara en una empresa que no había suscrito un convenio colectivo con sus empleados, tenía protección de sus derechos laborales mediante el convenio laboral nacional. Ahora, si no tiene ninguno de los dos convenios, no cuenta con protección. Le queda el código de trabajo que contempla una mínima protección de sus derechos laborales.

A. L.: Entonces, ¿cuál es su balance sobre el derecho laboral colectivo?

D. T.: Ha perdido mucho espacio, desde el 2011, por la presión de las firmas multinacionales que han visto un peligro en el convenio colectivo. Este se firmaba por dos o más años y el empleador no podía modificarlo. Por eso desean eliminarlo. Ahora no existe convenio colectivo nacional. Se aplicaba a todas las actividades y a todos los asalariados del país. El último estuvo vigente del 2007 al 2011.

A. L.: ¿Hay presión política para restablecer el convenio colectivo nacional? 

D. T.: Existen los sindicatos, pero en Rumania no tienen fuerza, son decorativos; están sometidos al empleador y los líderes sindicales no luchan por los derechos del trabajador.

A. L.: ¿Están de espaldas a los trabajadores? 

D. T.: Hay duras críticas en ese aspecto. Es una paradoja; los líderes sindicales se han convertido en líderes políticos al cabo de los años.

A. L.: ¿Por qué se ha llegado a tal situación? 

D. T.: Existe la prohibición a los sindicalistas de hacer actividad política, pero no acatan la norma. Después de que pierden la calidad de líderes sindicales son nombrados miembros de un partido político. En el régimen comunista anterior no existía eso. Los sindicatos solo se ocupaban de los derechos culturales, deportivos y económicos de los trabajadores. No atendían todas las condiciones de trabajo como ahora.

A. L.: ¿El poder legislativo ha mostrado interés en reivindicar los derechos de los trabajadores? 

D. T.: Ha influido durante los periodos electorales. Cuando los legisladores están en elecciones prometen mucho y después se olvidan de esas promesas.