El derecho del trabajo enfrenta incertidumbre sobre su destino

Revista Nº 173 Sep.-Oct. 2012

Entrevista realizada por Javier N. Rojas a Adrian Goldin 

Catedrático de Derecho Laboral de la Universidad de Buenos Aires 

En entrevista con la revista ACTUALIDAD LABORAL, Goldin sostuvo que las exigencias de la competencia económica, junto con otros fenómenos, suscitan gran preocupación e incertidumbre sobre el destino del derecho del trabajo.

ACTUALIDAD LABORAL: ¿Cuáles cree que han sido las principales transformaciones del derecho del trabajo derivadas de la globalización económica?

Adrián Goldin: Si el derecho del trabajo ha operado históricamente como un derecho propio de la economía de mercado y, en tal carácter, su principal modo de operar ha sido el de “sacar” de la competencia una serie de estipulaciones que se han considerado necesarias para asegurar condiciones adecuadas de trabajo para los trabajadores dependientes (salarios mínimos, jornadas máximas, condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, entre otras), habrá que admitir que esa tarea de los ordenamientos laborales nacionales se ha complicado seriamente.

Abiertas las economías —condición necesaria para participar en los hipotéticos beneficios de la internacionalización de los flujos del comercio y la inversión directa— hubo de suceder, entre otros fenómenos, que las empresas sujeten sus inversiones a la condición de que los ordenamientos de los países en que se proponen efectuarlas no las sometan a estándares laborales exigentes, que prefieran retirarse o no acceder a los países que más les requieran en términos de protección del trabajo, y que obliguen a las sociedades nacionales que quieran atraer esas inversiones a limitar sus niveles de protección.

Por otra parte, el ingreso en los mercados internacionales, y también en los mercados internos de cada país, de productos elaborados en países de reducida protección laboral, pone a los productos nacionales, “cargados” con los mayores costos y precios que determinan sus propias normas, en competencia desventajosa con los que provienen de países que protegen el trabajo y cuestan menos, dificultando el sostenimiento de aquellas normas de protección. Esos y otros fenómenos de efectos análogos sugieren que los procesos de globalización han puesto en problemas a los derechos del trabajo nacionales e inducen a pensar en que una respuesta social internacional es indispensable para sostenerlos.

A. L.: ¿Cuáles han sido los efectos particulares de la globalización en el derecho del trabajo de los países latinoamericanos?

A. G.: Precisamente, también lo sugiere la respuesta anterior. Tal vez, para distinguirlos de los que afectan a las sociedades más industrializadas, pueda decirse que el principal problema en estas últimas es la tendencia a “exportar puestos de trabajo” (la llamada “deslocalización”) a países de más bajos estándares laborales, lo que agudiza el flagelo del desempleo, en tanto que nuestros países padecen más intensamente la presión a la baja, operada sobre sus sistemas de protección, la inaplicación de sus normas y la informalidad. Ha de tenerse en cuenta, además, que aquellos países —los más avanzados— tienen recursos sistémicos para afrontar la competencia de los bajos niveles de protección, recursos de los que los países latinoamericanos no disponen en la misma medida: innovación tecnológica, infraestructura, alta formación de su mano de obra, estabilidad política y social, seguridad jurídica, etc. Por ello, puede decirse que son los países menos desarrollados, entre ellos los nuestros, los que soportan con más intensidad los efectos particulares de la globalización.

A. L.: ¿Por qué piensa que el derecho del trabajo enfrenta la incertidumbre sobre su destino?

A. G.: Ello obedece a que debe afrontar los gravosos desafíos que plantean los procesos de internacionalización a los que tan sintéticamente me referí en las respuestas anteriores, junto al cambio de los paradigmas ideológicos predominantes, en particular, la fuerte instalación del pensamiento económico que considera que las normas laborales expresan la vana pretensión de interferir los procesos de ajuste de la economía en términos de precios y cantidades. En el mismo sentido, operan los otros reclamos de la economía y de las exigencias de la competencia —flexibilidad, desregulación, reducción de la protección—, en suma, la necesidad frecuentemente traumática de ajustar los ordenamientos a las nuevas formas de organizar el trabajo y la producción, y a la nueva base tecnológica de los procesos. Esos fenómenos, junto a otros, generan preocupación e incertidumbre sobre el destino del derecho del trabajo.

A. L.: ¿Cuál fue el aporte más significativo del derecho del trabajo europeo al derecho del trabajo de los países latinoamericanos?

A. G.: El aporte ha sido muy amplio. Los derechos del trabajo de los países latinoamericanos se adscriben a la cultura jurídica continental y, por tanto, replican “estilos” europeos del derecho del trabajo. Tal vez, el dato más significativo consista en el hecho de que en los países de la región, como en los de Europa continental, la ley es la fuente de más vasto alcance (la “experiencia jurídica primaria”, en palabras de Díez Picazo), íntimamente constituida por su pertenencia al ámbito del orden público laboral y la consiguiente imperatividad de sus normas.

Esa adscripción explica también que sea posible decir: los ordenamientos laborales de nuestra región tienen en común entre sí lo que a su vez tienen en común con los regímenes europeos. Hay que decir, además, que en nuestros países han sido extremadamente influyentes los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en los que expresan la experiencia universal en materia de protección laboral que, en última instancia, tiene procedencia predominantemente europea. Por otra parte, debe tomarse en cuenta que los derechos colectivos de algunos de nuestros países —señaladamente Argentina y Brasil— han sufrido una fuerte influencia de los ordenamientos autoritarios y corporativos europeos de los años 1930 y 1940 que, exhibiendo una sorprendente capacidad de reproducción, perduran en esos países hasta nuestros días bajo la forma de regímenes de sindicatos únicos. Ese tipo de regímenes, paradójicamente, fueron abandonados en sus países de origen en el preciso instante en que abandonaran sus experiencias autoritarias.

A. L.: ¿Qué aspectos del derecho del trabajo latinoamericano considera producto de un desarrollo propio?

A. G.: Existen, sin duda, aspectos que pueden considerarse desarrollos propios del derecho del trabajo de algún país latinoamericano, sobre todo en materia de derecho y relaciones colectivas del trabajo, los más próximos a los rasgos culturales y políticos idiosincráticos de cada una de nuestras sociedades. Es difícil, no obstante, calificarlos como desarrollos propios del derecho del trabajo latinoamericano, suponiendo que este exista como categoría abarcadora. Sí pueden reconocerse algunas características que comparten los derechos sociales de la región. Por ejemplo, puede decirse que los derechos del trabajo de América Latina son derechos fuertemente influenciados (recuérdese, por ejemplo, la influencia europea de la que hablamos), pero no derechos trasplantados, como sí lo son los de otros países, que han incorporado vastos contenidos de los derechos sociales de sus potencias coloniales.

Las naciones latinoamericanas, en su vasta mayoría, han obtenido tempranamente su independencia, dentro de las primeras tres décadas del siglo XIX, cuando no se habían iniciado aún los procesos de industrialización y, por tanto, los derechos del trabajo no habían nacido todavía. Otro de los rasgos, más bien generalizados, que se han atribuido a los derechos del trabajo de la región es su alta inefectividad. Se trata de la brecha entre derecho y realidad de la que hablara Oscar Ermida, o de la “crisis de autenticidad” de los derechos del trabajo latinoamericanos, en palabras de Mario Deveali. Inaplicación de las normas e importantes tasas de informalidad son manifestaciones de esa crítica condición.

A. L.: ¿Por qué cree que el derecho del trabajo está en una “zona de tormenta”?

A. G.: Decimos que está en “zona de tormenta”, por las mismas razones por las que dijimos antes que existe una cierta incertidumbre sobre su destino; son dos modos de aludir a un mismo conjunto de fenómenos y a una misma preocupación.

A. L.: ¿Qué evolución se está presentando en las funciones protectoras del derecho del trabajo?

A. G.: La finalidad del derecho del trabajo ha sido siempre la de proteger al trabajador, sujeto débil del vinculo laboral. Pero sus funciones han sido diversas: integrar a la clase trabajadora, juridificar (y de ese modo “civilizar” el conflicto laboral), y también, aunque no siempre se hable de ello, legitimar de ese modo la economía de mercado. Por eso, pudo hablarse de una cierta ambivalencia del derecho del trabajo, que ha servido simultáneamente a objetivos de progreso social y también de preservación del sistema económico. Ha sucedido, sin embargo, que esta última función ha devenido menos relevante; la caída del socialismo real ha liberado a los defensores de la economía de mercado de la necesidad de buscar legitimación en la protección laboral; ya no hay —por lo menos, no de modo desafiante— un sistema económico, social y político alternativo con el cual competir. El interés por la función legitimadora del derecho del trabajo tiende entonces a decrecer y, por tanto, el apoyo crítico del que los sectores de capital hicieron objeto al derecho del trabajo, también. Eso explica conductas empresariales de menor apego al sistema de protección, como el reciente cuestionamiento al derecho de huelga y al sistema de control de la OIT, que se manifestara en la última Conferencia Internacional del Trabajo, y es uno de los fenómenos que también pone en problemas al derecho del trabajo.

A. L.: ¿Qué efectos ha tenido en el derecho del trabajo el debilitamiento jurídico de la dependencia laboral entre el trabajador y el empleador?

A. G.: Lo que se advierte es una dificultad creciente para reconocer como vínculos susceptibles de ser objeto de tutela a un número cada vez mayor de relaciones laborales que la OIT, precisamente por ello, tiende a llamar “relaciones ambiguas”. Ese tipo de vínculo se suma a otros fenómenos, como los de la tercerización y consiguiente desintegración vertical de las empresas, la deslaboralización (tratamiento de un vínculo dependiente como si no lo fuera, por decisión de la ley), la llamada huida del derecho del trabajo, el recurso más frecuente a las relaciones autónomas, por no mencionar además la informalidad y el desempleo. Fenómenos todos ellos que han dado lugar a una situación que he denominado de “debilitamiento subjetivo del derecho del trabajo”, que implica la cancelación de la fuerza expansiva de ese ordenamiento y, por el contrario, el advenimiento de un proceso de contracción de su ámbito.

A. L.: ¿Los países latinoamericanos deben empezar a proteger el trabajo autónomo?

A. G.: Si se hace más difícil distinguir el trabajo dependiente del autónomo —ese es uno de los problemas que plantean esos vínculos que la OIT calificara de “ambiguos”— la protección del trabajo autónomo y la asignación a estos trabajadores de aquellos recursos de tutela que son compatibles con el modo en que se los contrata, tiende a atenuar la principal preocupación que plantea aquella dificultad: la existencia de un conjunto de vínculos que necesitan protección y que no logran acceder a ella por la vía del tradicional mecanismo de reconocimiento (el de la determinación de la dependencia). Sin embargo, este proceso —el de la aparición de vínculos de no fácil calificación— es aún incipiente en nuestros países, por lo que los mecanismos de tratamiento de estos deben ir arbitrándose de modo gradual, a medida que la realidad de cada país lo haga necesario o conveniente.

A. L.: ¿El mundo avanza a la conformación de un sistema internacional de protección laboral?

A. G.: Como señalé al responder la primera pregunta, los fenómenos de globalización de los flujos del comercio, de las finanzas y de la inversión directa reclaman la conformación de una respuesta social también de carácter internacional que sostenga y respalde a los ordenamientos laborales nacionales. Esa respuesta puede estar conformada por los capítulos laborales de los procesos de integración, las cláusulas sociales de los acuerdos comerciales internacionales (en particular de los acuerdos internacionales de libre comercio), por la acción sindical internacional, por las iniciativas voluntarias de muy diverso tipo (códigos de conducta, certificaciones internacionales, acciones de comercio ético, etc.), por la acción señera de la OIT entre otros mecanismos orientados en el mismo sentido. Ciertamente, se han producido hechos y acciones de gran eficacia en ese marco, pero estamos aún muy lejos de que se pueda entender materializada la conformación de un sistema internacional de protección laboral.