“El derecho del trabajo tiene poco que ver con la destrucción de empleo”

Revista Nº 178 Jul.-Ago. 2013

Entrevista realizada por Javier N. Rojas

a Jaime Cabeza

Catedrático de la Universidad de Vigo (España)

En entrevista con la revista ACTUALIDAD LABORAL, a su paso por la Universidad La Gran Colombia, manifestó que las reformas flexibilizadoras de la normativa laboral no favorecen la recuperación económica de una nación.

ACTUALIDAD LABORAL:¿Cuáles fueron los avances más importantes del derecho laboral español en el siglo XX?

Jaime Cabeza: En definitiva, el derecho del trabajo es un producto contemporáneo. Entonces, el siglo XX empieza con una norma del año 1900, la ley de accidentes de trabajo, y eso crea un punto de partida, un hito muy interesante. Esta ley de accidentes plantea una hipótesis de responsabilidad por riesgos profesionales, lo cual, en su momento, fue muy innovador.

A. L.: ¿Cuál fue el siguiente avance?

J. C.: Nuestra historia, en el siglo XX, es muy convulsa y el derecho del trabajo es un subproducto de esta convulsión histórica. España está en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde el momento fundacional, desde el Pacto de Versalles, y la legislación laboral española se desarrolla al compás de la europea; tenemos en el año 1926 una regulación muy importante del contrato de trabajo, que es realmente la primera. Y es curioso, porque se corresponde históricamente con una dictadura. Estamos hablando de la de Primo de Rivera y ahí se regula el código del trabajo.

A. L.: ¿Fue unasituación contradictoria con el entorno político del momento?

J. C.: Probablemente sí fue contradictoria; la dictadura fue un movimiento autoritario, pero fue, de alguna forma, precipitando una regulación del contrato de trabajo. En 1931 se declara en España la Segunda República, y aparece la primera ley del contrato de trabajo, una ley moderna para su tiempo. Es la primera regulación explícita de la huelga, cuando se dice que esta no extingue el contrato de trabajo; esta es una innovación republicana. En 1936 se produce el alzamiento nacional, la Guerra Civil española, y en 1939 vence, definitivamente, el general Francisco Franco y empieza una época de eliminación de libertades.

A. L.: ¿En ese lapso no hubo normas importantes en materia laboral?

J. C.: En 1938 se publica el fuero del trabajo, pero es de corte fascista, propio de un gobierno militar y, aparte, en plena guerra civil. Evidentemente, se suprimen las libertades constitucionales que había proclamado la Constitución republicana de 1931 y empezamos con una época de gran involución; hay una ley del contrato de trabajo de 1944, pero muy restrictiva, muy antigua en su concepción, muy de corte nacional católico.

A. L.: ¿Comenzó, entonces, una era de retroceso del derecho laboral español?

J. C.: Fue una época de gran pobreza, de limitación de libertades, incluso, de gran pobreza intelectual; los intelectuales habían huido al exilio, en una inmensa mayoría. La situación empieza a cambiar a partir de los sesenta, cuando España se abre un poco al mundo. De 1941 a 1957, España estuvo fuera de la OIT, porque no era un gobierno democrático. En los sesenta este desarrollo económico se plasma, sobre todo, en que se construye la arquitectura del sistema español de seguridad social. Son años muy interesantes desde la perspectiva de esta materia de seguridad social; pondría como un hito importante, la ley de bases de la seguridad social de 1963. Desde luego, son años en que la negociación colectiva y la libertad sindical no existen. Hay un sindicato único corporativo y, por supuesto, los sindicatos están prohibidos como tales; hay algún atisbo de negociación colectiva, pero dentro de un sistema muy autoritario.

A. L.: ¿Cuándo cambia la situación?

J. C.: En 1975 muere el general Franco y empieza una época muy conflictiva, que va a culminar con la Constitución española, la vigente, de 1978. Esta es el hito fundamental. En la transición, en 1977, España había ratificado los convenios fundamentales de la OIT, en particular, los de libertad sindical y de negociación colectiva. En esa época, indudablemente, nuestro derecho del trabajo empieza a homologarse al de Europa.

A. L.: ¿España entró plenamente en la órbita de la OIT?

J. C.: Había entrado en 1957, pero los convenios fundamentales no los ratificó hasta 1977, los que constituyen lo que hoy llamamos el trabajo decente. La Constitución de 1978 propicia una serie de hitos importantes, entre otros, el primer estatuto de los trabajadores, que es de 1980 y, sobre todo, la ley orgánica de libertad sindical, que es de 1985. En este contexto, en 1986, sucede un hecho crucial que, quizás, jurídicamente, sea el más importante junto con la Constitución: se trata del ingreso de España a la Comunidad Económica Europea (hoy Unión Europea). Esto implica que todas las políticas de la comunidad y también las políticas sociales, pasan a ser parte del derecho español; es un escenario nuevo en el cual las grandes libertades comunitarias empiezan a ser verdad en España, sobre todo, la libre circulación de trabajadores. En los años ochenta empieza una legislación de seguridad social más reformista: empezamos a plantearnos la sostenibilidad del sistema de seguridad social en 1985.

A. L.: ¿Surgió una visión de naturaleza financiera?

J. C.: Sí, y más realista. Empezar a plantearnos ajustes de la seguridad social para atender la garantía del futuro del modelo. Esto es muy importante, porque a partir de los noventa, lo que hacemos es sacar a la seguridad social del juego político; les decimos que la reforma de la seguridad social tiene que producirse por consenso amplio. Generamos una subcomisión en el Parlamento español, que es la de los Pactos de Toledo, que viene a hacer realidad este sistema reformista, siempre basado en la necesidad de un acuerdo amplio, por lo menos de los dos grandes partidos mayoritarios que hay en España: el Partido Popular y el Partido Socialista.

A. L.: ¿Se puede resaltar algún otro episodio de esa época?

J. C.: También es importante reseñar que a partir de los ochenta, pero esta hipótesis se acentúa en los noventa, empezamos a introducir reformas del mercado de trabajo, reformas de la legislación laboral, en clave de flexibilización. La palabra “flexibilidad” y la palabra “adaptación” empiezan a ser importantes en la legislación laboral. Es decir, comienza a construirse un derecho del trabajo, no solo a la medida de las necesidades de los trabajadores, sino también a la medida de las necesidades y de los intereses de las empresas. Es un proceso de flexibilización de los contratos de trabajo. Aparecen más modalidades de contratos temporales, contratos a tiempo parcial, contratos atípicos, en general; es una tendencia también a la flexibilidad interna en el contrato de trabajo, más movilidad funcional y más flexibilidad en el tiempo de trabajo, más flexibilidad en la estructura salarial.

A. L.: ¿Hubo efectos negativos para los trabajadores?

J. C.: Esto fue muy paulatino, a través de reformas sucesivas. Ha habido reformas en muchas situaciones. Estas reformas han sido contestadas con diversas huelgas generales. No ha sido un proceso fácil, se ha vivido con cierto traumatismo. En este contexto, tuvimos que reconocer que nuestro sistema regulador de las relaciones laborales era demasiado rígido al contexto europeo. Hubo que flexibilizar el despido, y esto en un contexto variable de coyunturas económicas favorables y desfavorables.

A. L.: ¿Qué ha pasado en lo corrido del siglo XXI?

J. C.: Destacaría del último decenio una evidente legislación promocional de la igualdad entre mujeres y hombres, a través de una ley orgánica de igualdad, de una ley integral contra la violencia de género. Resaltaría de la década del dos mil, desde luego, la aparición de una ley de dependencia, es decir, una ley de derechos de protección a las personas dependientes y un proceso reformista, en materia laboral y de seguridad social, que acentúa estos rasgos de los que venía hablando: la flexibilización y, muy en particular, la racionalización del sistema de seguridad social a través, por lo menos en seguridad social, de grandes pactos de Estado, pues todos consideramos como un valor importante nuestro modelo de seguridad social.

A. L.: ¿De qué forma se ha racionalizado el modelo?

J. C.: Lo que hacemos es intentar reestructurar el cálculo de las pensiones, introducir un modelo más rabiosamente contributivo, tener en cuenta más años, a la hora de calcular la pensión de jubilación y en las últimas reformas se retrasa la edad de jubilación; en el 2011, a 67 años con unas reglas transitorias.

A. L.: ¿La medida aplica igual para hombres y mujeres?

J. C.: Sí, es igual. En Europa consideramos que una distinta edad de jubilación sería discriminatoria, por razón de sexo. Italia ya lo ha dejado, solo Polonia, en la Unión Europea, mantiene la diferencia de edad de retiro de mujeres y hombres.

A. L.: ¿Esta decisión fue tomada en el marco de la crisis económica en Europa?

J. C.: Me da la impresión de que la crisis económica precipita una reforma que, en todo caso, era necesaria, pero no con tanta prisa. En España, el baby boom, el incremento de la natalidad, es posterior al resto de Europa, por esa posguerra tan terrible que pasamos, por este aislamiento que hubo de Europa. La generación del baby boom es la mía, la de los que todavía no tenemos 50 años. Quiere decir que el problema financiero grande, en seguridad social, nos vendrá dentro de 15 o 20 años. Pero, para entonces, ya podremos ver qué han hecho los franceses y los alemanes.

A. L.: ¿Cómo es la situación española actual?

J. C.: Ahora estamos en una crisis profundísima y asistiendo a un Gobierno claramente defensor de los intereses de la empresa. Ha habido una reforma laboral muy profunda en el 2012 que ha perseguido, sobre todo, tres propósitos fundamentales: por una parte, reforzar el poder del empresario, reforzar la visión del empresario, por así decirlo, como el señor de su casa. Esta me parece una reforma muy antigua y regresiva. En segundo lugar, es profundamente abaratadora del despido; se está reduciendo la protección del despido. Y, en tercer lugar, pretende delimitar y erosionar la fuerza vinculante de los convenios colectivos. Estamos con un desempleo intolerable del 27,2%. Esto nos está produciendo la necesidad de reformas continuadas de seguridad social, de reordenar la protección por el desempleo.

A. L.: ¿Las crisis económicas tienen efecto casi inmediato en los derechos laborales?

J. C.: Sí, por desgracia es así. Es como si el legislador, y esto ha pasado en todas las partes del mundo, pensara que abaratando el despido se resuelve el problema del empleo. El derecho del trabajo tiene bastante poco que ver con la destrucción o la creación de empleo. Una mala regulación del mercado de trabajo produce paro (desempleo), pero no admito que se genere empleo abaratando el despido o flexibilizando el mercado de trabajo.

A. L.: ¿Cómo argumenta esa tesis?

J. C.: La realidad es muy tozuda y ningún modelo de relaciones laborales ha mejorado o empeorado, en términos de empleo o desempleo, con una reforma al mercado de trabajo. España logró un desempleo muy reducido a mediados de la década pasada. Estábamos con una tasa algo superior al 8% y teníamos una legislación bastante más rígida que la actual. Quiere decir que, al parecer, no hay una relación directa. Pero eso ha pasado en todos los países del mundo. En Latinoamérica se tiene una experiencia similar; se ha luchado, sobre todo en los noventa, contra una situación económicamente muy delicada a través de reformas flexibilizadoras que no han generado una recuperación económica.

A. L.: ¿Se avecinan más reformas en el ámbito de la seguridad social?

J. C.: España es un país con un déficit fiscal excesivo. Entonces, la Comisión Europea nos está imponiendo reformas estructurales para intentar reducirlo. En el contexto de estas reformas, uno de los ejes fundamentales es la seguridad social. Se está estudiando lo que se llama el factor de sostenibilidad, que es una regla matemática, una especie de algoritmo, que tiene en cuenta la edad, la esperanza de vida y también la situación económica para producir una reforma automática. Este es un algoritmo que se está introduciendo en Europa: el factor de sostenibilidad.