El derecho del trabajo y de la seguridad social se desenvuelve en un entretejido de constante cambio

Revista Nº 181 Ene.-Feb. 2014

Entrevista realizada por Javier N. Rojas a Diana María Gómez 

Gobernadora del Colegio de Abogados del Trabajo 

En entrevista con la Revista ACTUALIDAD LABORAL, Diana María Gómez, gobernadora del Colegio de Abogados del Trabajo de Colombia habló de los propósitos institucionales para el 2014.

ACTUALIDAD LABORAL: ¿Cómo surgió el Colegio de Abogados del Trabajo?

Diana María Gómez: El Colegio de Abogados Especializados en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de Colombia nació en 1948. Pero en 1945 un grupo de abogados, desde el Ministerio del Trabajo, comenzaba a adentrarse en la rama bajo la guía de Adán Arriaga Andrade, que fue Ministro del Trabajo, Higiene y Previsión Social y primer gobernador del Chocó. En 1945, con la colaboración de otros jóvenes abogados laboralistas como él (Blas Herrera Anzoátegui, Alberto Aguilera Camacho, Guillermo González Charry, Carlos Restrepo Piedrahita, Carlos Angulo Garavito y José Gregorio Díaz, entre otros), se dio vida al Código Sustantivo del Trabajo, que ha servido de base a muchos otros códigos laborales de la región. Adán Arriaga se considera el padre del derecho laboral en Colombia y es, precisamente, uno de los fundadores del colegio. Junto con los juristas mencionados y otros, también grandes personajes del derecho del trabajo, como Francisco Yesid Triana, Enrique Arrázola, Aydé Anzola, Alfonso Meluk, Ernesto Herrnstadt y Crótatas Londoño, entre otros, fundaron el Colegio de Abogados del Trabajo de Colombia, en octubre de 1948.

A. L.: ¿Qué ha ganado el país con la creación del colegio?

D. M. G.: Si nos remontamos a la historia y revisamos las hojas de vida de los aludidos laboralistas, podemos concluir que el colegio es una institución que nació para ser grande, para permanecer. Han pasado por la agremiación reconocidos expertos en derecho laboral y de la seguridad social que, de una u otra manera, han hecho importantes aportes al país y a la institución en las áreas de la investigación, la docencia, la magistratura, el poder ejecutivo y el ejercicio profesional independiente. Entre los objetivos que debe cumplir el colegio, los cuales se mantienen desde sus inicios, están el de fomentar y defender los principios de probidad, integridad, lealtad y demás que son propios de la función social que entraña el ejercicio del Derecho y ejercer la vigilancia que el honor de los colegiados o el interés del colegio hagan necesaria y conocer de todo aquello que interese al ejercicio de la profesión de abogado, tanto en lo que concierne a la defensa de los derechos de los colegiados como en lo que se refiere a la estricta observancia de sus deberes profesionales.

El colegio siempre ha sido fuerte. Ha estado presente en los distintos escenarios del país, bien como persona jurídica o bien a través de sus colegiados. Entre los sinónimos de “fortalecer”, están “mejorar” y “consolidar”. Todos, personas, instituciones, somos susceptibles de mejorar, y la consolidación del colegio se da día a día a través de sus publicaciones, de su congreso anual, de su concurso de ensayo jurídico.

A. L.: ¿Cuáles fueron los principales logros del Colegio de Abogados del Trabajo en el 2013?

D. M. G.: El contacto con colegiados de diversas regiones del país. Los espacios de integración. La realización de 12 eventos académicos (conversatorios, tertulias, cursos, talleres, foros), dos de ellos con Legis: riesgos laborales y casación laboral. La coordinación y puesta en marcha de las publicaciones para el 2014. El mantener el seguro de vida colectivo para los colegiados y fijar, para ser implementado en el 2014, el asesoramiento en la contratación de seguros con excelente cobertura y precios competitivos para los colegiados.

A. L.: ¿Cómo se está fortaleciendo la gestión del colegio en las distintas regiones del país?

D. M. G.: El consejo directivo de la organización aprobó la designación de colegiados como coordinadores en varias regiones del país (Cartagena, Barranquilla, Ibagué, Cali, Bucaramanga, Pereira y otras) para llevar hasta estos lugares eventos académicos de actualidad en temas de derecho laboral y de seguridad social, entre otros. En el 2013 se hicieron dos certámenes académicos en Cartagena: uno de ellos con la asistencia de magistrados de tribunal y jueces laborales, litigantes y asesores empresariales sobre normas internacionales del trabajo (NIT), y un seminario internacional en la Universidad de Cartagena con el Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (ILTRASS) y la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Guillermo Cabanellas (AIDTSS), en homenaje al socio honorario del colegio, el importante doctrinante cartagenero Guillermo Guerrero Figueroa. Se ha previsto para el 2014 realizar un seminario de actualización en riesgos laborales en Pereira, cursos de casación en Cali (con la Universidad Icesi) y en Santa Marta, un evento académico en Ibagué y otro de actualización laboral en Bucaramanga. Estamos iniciando el contacto con oficinas de abogados laboralistas, facultades de derecho del país y otras entidades para presentar el colegio y promocionar el ingreso de nuevos colegiados.

A. L.: ¿De qué manera el colegio ha estrechado la relación con las altas cortes y con el Congreso de la República?

D. M. G.: Varios colegiados son o han sido magistrados o magistrados auxiliares de la Corte Suprema de Justicia (Sala de Casación Laboral), del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional. Esos colegiados, incluso, han ocupado el cargo de gobernador del colegio o han integrado el consejo directivo. Con ellos hay excelentes relaciones y nos colaboran constantemente a través de publicaciones y conferencias en los eventos académicos que organizamos. Por otro lado, en esta gobernación se conformó un comité que se ha denominado de relaciones con los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, encargado de estrechar los lazos con las entidades que integran esos tres poderes para favorecer el diálogo académico y encontrar la forma a través de la cual el colegio puede contribuir a la solución de los problemas del país, atendiendo a sus estatutos. El colegio ha intervenido ante la Corte Constitucional en demandas de inexequibilidad y también ha presentado conceptos sobre proyectos de ley que cursan en el Congreso en temas de derecho laboral y de seguridad social.

A. L.: ¿Por qué es importante promover semilleros de investigación en las áreas de derecho laboral y de seguridad social en las universidades?

D. M. G.: El proceso de acreditación de las instituciones educativas, que empezó hace algunos años, tiene como exigencia la investigación, tanto la formativa como la científica. La formativa, basada en enseñanza-aprendizaje, favorece que el estudiante aprenda a formular problemas, plantear hipótesis, recopilar información y descubrir soluciones capacitándolo para la toma de decisiones. Crea en el estudiante la cultura de la investigación, con lo cual se mejora la calidad académica. Y cultiva en él virtudes tales como responsabilidad, trabajo en equipo, honradez y humildad intelectual, creatividad y laboriosidad. Debe pensarse en qué implica enseñar derecho laboral y para qué se quiere formar a los profesionales. Desde las aulas de clase debe investigarse para aprender a aportarle a la sociedad y contribuir con su desarrollo. Y concretamente en derecho laboral y de seguridad social para que el estudiante vaya adquiriendo conocimientos más sólidos con el fin de que en un futuro, desde su ejercicio profesional, pueda aportar al fortalecimiento de las relaciones de trabajo y en el derecho a la seguridad social.

A. L.: ¿Cuáles son los frentes de investigación más apremiantes de abordar en materia de derecho laboral y de la seguridad social?

D. M. G.: Como bien lo manifestamos en el 2010, en el décimo Encuentro de la red de grupos y centros de investigación jurídica y sociojurídica, en la mayoría de las universidades del mundo, el derecho laboral y de la seguridad social no pasa de ser un asunto tradicional. Si se trata de docencia, basta con referirse a individual, colectivo, procesal y seguridad social y, si es sobre investigación, sería recoger doctrina, resumir, criticar y hacer árboles de líneas jurisprudenciales. Se olvida que el derecho del trabajo y de la seguridad social se desenvuelve en un entretejido social, político y económico de constante cambio. Consideramos que, en Colombia, la investigación relevante y con impacto se refiere fundamentalmente a aquella que concluye en desarrollos técnicos y tecnológicos y es por ello que las ciencias sociales no encuentran un espacio generalizado y, peor aún, en el derecho, pues se concibe a la ley como su único objeto y sobre la cual no cabe hacer ningún tipo de trabajo de investigación distinto a su actualización.

Debemos tener una identidad sobre lo propio y mirar también otras áreas del derecho, con lo cual se abrirán nuevos campos de investigación y también otras disciplinas para erigir nuevos encuentros de diálogo. La investigación en el derecho laboral tiene poco desarrollo y, por ello, se debe hacer un llamado de atención institucional sobre estímulos a la investigación, creación y fortalecimiento de redes, logro de dinámicas más abiertas entre distintas universidades, facultades y diversos actores sociales. El derecho laboral no puede ser solo interés de los empresarios y de los dirigentes sindicales, ni una materia propia dentro del pensum; debe demostrarse que es un derecho con trascendencia y parte de la ciudadanía social. La investigación en laboral no ha sido profusa ni profunda. Y por ello me atrevo a afirmar que cualquier problema jurídico que se desee abordar será importante para la consolidación de la disciplina. Sin ser una lista inagotable, los temas en los que podría investigarse serían los referidos a discapacidad, inclusión laboral, cambios en el campo laboral para la creación de empleos dignos, promoción de derechos humanos, internacionalización laboral, interdisciplinariedad, políticas y estrategias para la inserción laboral, informalidad laboral, entre otros.

A. L: ¿Cuáles son los propósitos del colegio para el 2014?

D. M. G.: Son varias las metas que esta gobernación tiene fijadas y que se dieron a conocer en el programa de gobierno 2013-2014: organizar el primer Encuentro de semilleros de investigación en derecho laboral y de seguridad social (conjuntamente entre el colegio y las universidades de La Sabana, Los Andes, del Rosario, la Javeriana y el Externado). Seguir consolidando la relación con las altas cortes y con el Congreso. Continuar con la organización de eventos académicos que contribuyan al conocimiento del área, propiciando el estudio científico de los problemas del trabajo y de la seguridad social. Atender a los colegiados de las diversas regiones del país, al igual que promover la organización de eventos académicos en sus lugares de residencia, motivándolos a que participen de forma más decidida en las diversas tareas del colegio para el cumplimiento de los estatutos de la agremiación.

A. L.: ¿Cuáles serán los principales temas de análisis en el ‘Congreso nacional de derecho del trabajo y de la seguridad social del 2014’?

D. M. G.: El consejo académico del colegio denominó el congreso El derecho laboral y la seguridad social en los nuevos tiempos, pues, como bien se resalta en los objetivos, se quiere proyectar el derecho del trabajo y la seguridad social en la dinámica de la coyuntura presente, recuperar la función del derecho laboral y la seguridad social para la nueva realidad imperante y retomar la relevancia del derecho social como protagonista en la construcción de la paz efectiva. Es así como los interesantes temas que se abordarán serán las relaciones laborales y el proceso de paz, la discriminación e inclusión en el empleo, la estabilidad en el empleo por razones de salud, la administración de la información (hábeas data) en la relación de trabajo, las nuevas realidades de la negociación colectiva y la huelga, realidad-utopía del principio de universalidad en la seguridad social, análisis crítico al sistema de salud y los instrumentos de protección de derechos.