El Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en los procesos concursales y el cierre de empresas

Revista Nº 198 Nov. - Dic. 2016

La Ley de Garantías Mobiliarias no puede desconocer el orden de prelación de pago para los créditos laborales, los principios constitucionales fundamentales del trabajo aplicables a tal prerrogativa.

Álvaro Isaza Upegui 

Abogado especialista en Derecho Comercial. Docente de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Árbitro de las Cámaras de Comercio de Bogotá y Medellín. Tiene una amplia experiencia como asesor de empresas en crisis financiera

Mauricio Lenis Gómez 

Abogado especialista en Derecho Empresarial. PhD en Sociología Jurídica.

Docente investigador en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Icesi

Introducción 

En los últimos años se han incrementado los procesos concursales establecidos en la Ley 1116 del 2006 o Ley de Insolvencia, en adelante LDI, tal y como se evidencia de las estadísticas que sobre el particular lleva la Superintendencia de Sociedades de Colombia. En el cuadro 1 se puede observar la evolución de las solicitudes en relación con el proceso de reestructuración empresarial, en adelante PRE; Por otra parte, este año la Ley 1676 del 2013 o Ley de Garantías Mobiliarias, en adelante LGM, ajustó 2 de años de expedición y esta norma ha tenido una importante incidencia en los procesos concursales de insolvencia.

Este artículo tiene por objeto hacer un análisis del estado actual de la regulación laboral (normatividad y jurisprudencia de la Corte Constitucional) referente al pago de los créditos laborales y los de la seguridad social en los procesos concursales y el cierre de empresas; regulación que bien podríamos denominar Derecho Concursal Laboral. Este análisis se justifica por varias razones. En primer lugar, porque en los procesos concursales los créditos laborales tienen una preferencia para su pago y la garantía de tal privilegio es un asunto de gran importancia para los trabajadores de las empresas que inician dichos procesos. En segundo lugar, porque la LGM introdujo una modificación en el orden de prelación de los créditos laborales, que en la práctica está siendo aplicada por los operadores jurídicos encargados de dirigir los procesos concursales; y en nuestro criterio, tal modificación es inconstitucional si consideramos el Derecho Constitucional Laboral, los principios constitucionales fundamentales del trabajo aplicables a los procesos concursales, y el precedente judicial sobre este asunto desarrollado por la Corte Constitucional colombiana.

El Derecho Concursal regula las actividades y decisiones del empresario-deudor cuando afronta una crisis financiera, con el fin de atender el cumplimiento de sus obligaciones, los derechos de sus acreedores para recuperar el crédito y el de los trabajadores para proteger sus fuentes de empleo. En este sentido, el Derecho Concursal tiene el obje­to de atender situaciones de anormalidad no reguladas por el Derecho Civil y comercial como áreas propias. Esta es la razón por la cual las normas concursales se caracterizan por la no aplicación de las reglas generales del sistema legal(1).

Es preciso anotar que, en principio, las disposiciones jurídicas concursales en el PRE no establecen normas o reglas especiales diferentes a las establecidas en la legislación para el pago de los créditos laborales y los de la seguridad social (C.C., art. 2495; L. 1098/2006, art. 134; L. 50/90, art. 36; y L. 100/93, arts. 126 y 270), en clave de derechos, principios y valores constitucionales(2) y de normas internacionales del trabajo(3); y de la jurisprudencia constitucional (T-458/97; T-606/99; T-167/2001; T-240/2001;
T-242/2001; SU-897/2001; C-092/2002; T-503/2002; T-1033/2007; T-568/2011; T-760/2013). El acreedor titular de una obligación de carácter laboral goza de la prelación para el pago de su crédito, con carácter preferente porque recae sobre todos los bienes de propiedad del deudor, con cobertura tanto para los salarios, las cesantías, las prestaciones sociales e indemnizaciones; y tal prelación para el pago no se pierde por la aplicación del principio de atracción en el Derecho Concursal (integración de todas las acreencias del empresario en la masa pasiva del concurso, independientemente de su naturaleza). En relación con el cierre de empresas, en el PLJ, la ley concursal si establece una regulación diferente para dicha figura jurídica, en relación con las normas jurídicas laborales que regulan la misma materia, como se analizará posteriormente.

Por otra parte, en el Derecho Concursal se establecen normas jurídicas y complementarias protectoras de los créditos laborales y de los de la seguridad social, con especial incidencia en el pago oportuno de las pensiones. Por ello, la regulación establecida para el pago de aquellos créditos en la legislación concursal, permite afirmar que el principio protector del trabajador, característica del Derecho Constitucional Laboral vigente, permanece incólume en el Derecho Concursal, salvo lo previsto en el ejercicio de una garantía mobiliaria.

En lo que sigue, este artícu­lo se organiza en tres partes con el fin de analizar la regulación de los créditos laborales y de seguridad social en el PRE, en el PLJ y el cierre de empresas, y el caso específico de los derechos de los pensionados. Por último, se presentan algunas conclusiones sobre la aplicación del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en los procesos concursales y el cierre de empresas.

1. Los derechos laborales y de la seguridad social en el proceso de reorganización empresarial

El PRE tiene por finalidad hacer sostenible una empresa en el tiempo con el fin de satisfacer el pago a sus acreedores, cualquiera que ellos sean. En esta modalidad de concurso se protege el crédito y la persona jurídica continúa ejerciendo su actividad económica y generando los recursos necesarios para mantener no solo su operación, sino también la fuente de empleo, siempre bajo el criterio de la agregación de valor. Salvo excepciones, la empresa como ente productivo no sufre ninguna variación distinta a los eventuales recortes de costos y gastos que demanda el plan de negocios para superar su propia crisis y las que sobre el particular dispongan los acreedores en el acuerdo de reorganización.

Desde el punto de vista procedimental, la aplicación del principio de atracción en el Derecho Concursal asigna competencia al juez del concurso en el PRE para continuar con todos los procesos de ejecución de obligaciones ciertas y exigibles, o cualquier proceso de cobro en contra del patrimonio del empresario-deudor, incluidos los procesos ejecutivos laborales. La jurisdicción laboral y las autoridades administrativas laborales mantienen su competencia para decidir sobre controversias jurídico-laborales (procesos declarativos) o tomar decisiones administrativas que el empresario no puede tomar unilateralmente y que pueden tener incidencia en el proceso concursal, tales como suspensiones de contratos de trabajo por 120 días, terminaciones de algunos contratos de trabajo de trabajadores constitucionalmente protegidos, o despidos colectivos.

Ha de advertirse que los procesos declarativos iniciados antes de la admisión a un proceso concursal deben ser relacionados en este como derechos litigiosos; si el trabajador obtiene una sentencia estimatoria de su pretensión, ese crédito se pagará conforme a lo previsto en el acuerdo, en condiciones iguales a los mismos de su misma clase y prelación legal. Por el contrario, si el proceso declarativo se inicia después de la admisión del proceso concursal, ese crédito se pagará al finalizar dicho proceso concursal con los bienes que le queden al empresario. Situación similar debe considerarse en el caso de la subrogación legal o cesión de créditos en el proceso concursal. Si bien al deudor solidario que paga la obligación le traspasan todos los derechos, acciones y privilegios en los términos del artícu­lo 1670 del Código Civil, aquel debe denunciar tal circunstancia al juez del concurso para efectos de la graduación y calificación de los créditos (LDI, art. 70, par.). En todo caso, el deudor solidario que paga la obligación, que al inicio de un proceso concursal no hubiere iniciado un proceso ejecutivo en contra del deudor, podrá hacerlo por fuera del concurso contra los demás garantes o deudores. Por el contrario, si el pago de la obligación solidaria sucede con posterioridad a la admisión del concurso, se puede presentar el problema práctico donde el nuevo acreedor no pueda hacer valer su derecho en el proceso concursal y pierda la prelación en el pago que tenía el crédito.

En el Derecho Concursal la regulación para el PRE establece varias protecciones a los créditos laborales, entre las que se destacan las siguientes:

En primer lugar, el deudor debe estar a paz salvo con sus aportes al sistema de seguridad social para que el juez del concurso pueda confirmar el acuerdo celebrado por los acreedores. No obstante, en el inciso 3 del artículo 32 de la Ley 1429 del 2010 se permite al deudor que en la solicitud de admisión al proceso concursal informe sobre la existencia de estos pasivos y presente un plan de pago, que debe estar satisfecho al momento de la confirmación del acuerdo por el juez. En este caso, dichas obligaciones no se incluyen en el pasivo a reestructurar sino que se les da el tratamiento preferente asignado a los gastos de administración. En general, la obligación de aportes a la seguridad social puede cumplirse por dos vías: a) cancelar las sumas debidas hasta el momento; o, b) celebrar un acuerdo o facilidad de pago con el respectivo Fondo de Pensiones y Cesantías con el propósito de obtener el paz y salvo que le permi­ta la cancelación futura de las obligaciones adeudadas para que el juez pueda aprobar el acuerdo celebrado.

En segundo lugar, las acreencias de carácter laboral(4) no quedan congeladas en la fecha de presentación de la solicitud y pueden pagarse hasta la fecha en que se produzca la admisión al proceso concursal. Esto significa que cualquier obligación laboral vencida al momento de presentar la solicitud para acceder al PRE podrá ser cancelada antes de que sea admitida la solicitud. Esto no sucede para otros acreedores, a quienes el deudor, a partir de la fecha de presentación de la solicitud, no les puede cancelar, compensar, transigir, ni hacer cualquier clase de arreglo con ellos. La razón de la norma es clara y lógica: el derecho al trabajo y los derechos de los trabajadores tienen protección constitucional.

En tercer lugar, los acreedores tienen derecho a voto, aun en circunstancias en las que el empresario-deudor se encuentre a paz y salvo en el pago de los salarios y demás obligaciones laborales. Esto es posible porque la ley concursal dispone que el derecho al voto se ejerce al tener como base las acreencias ciertas, aunque no sean exigibles, pero estén establecidas en el contrato de trabajo, la convención colectiva, el pacto colectivo o el laudo arbitral (LDI, art. 27, num. 1).

En cuarto lugar, se consagra a favor de los acreedores laborales el derecho a capitalizar total o parcialmente sus acreencias. Los respectivos titulares de estos créditos deben convenir de manera individual y expresa las condiciones y cuantía en que se realizará la capitalización. En este caso se trata de acciones ordinarias. Tal capitalización se constituye en una prerrogativa exclusiva para los acreedores laborales, pues en el evento en que la empresa supere su crisis financiera, quien capitalizó tiene derecho a gozar de la valorización de la acción, pero si no la supera y se produce como consecuencia de ello la liquidación judicial, dicha capitalización quedará sin efecto. Asimismo, se constituye en una excepción al régimen societario porque bajo ninguna otra circunstancia la ley comercial permite reversar una capitalización. Ello se permite con el único fin de que el trabajador recupere su derecho preferente de primer grado para la cancelación de su acreencia (LDI, art. 41, par. 2º).

Cuadro 1
Cuadro 1
 

En quinto lugar, en el PRE se puede modificar la prelación de créditos establecida en la legislación, para lo cual le concede a quien facilite nuevos recursos al empresario-deudor, la opción de mejorar o compartir la prelación para el pago, pero siempre dejando a salvo el pago de los créditos de los pensionados, de los acreedores laborales, de las entidades de seguridad social y de los adquirentes de vivienda (LDI, art. 41, num. 4). Significa lo anterior que bajo las reglas de la prelación de créditos tradicionales ningún acreedor podrá ser satisfecho por encima de quien tenga acreencias de carácter laboral reconocido como tal en el concurso (Superintendente de Sociedades, Oficio 220-033322, 2013-04-09).

En sexto lugar, si bien la Ley 550 de 1999 fue derogada y solo tiene aplicación restringida para algunas entidades del sector público, aunque la LDI no reprodujo el artículo 42 de aquella norma que establecía la posibilidad de que el empresario y los trabajadores pudieran pactar condiciones laborales temporales especiales, las cuales podían versar exclusivamente sobre beneficios extralegales, nada impide que empleador y trabajador puedan celebrar acuerdos sobre el pago de beneficios extralegales desde que los mismos no transgredan las normas constitucionales y legales.

Finalmente, en relación con este proceso concursal, la LGM modificó el orden de prelación de créditos definido en la legislación porque estableció que quien sea titular de cualquier clase de garantía mobiliaria “tendrá derecho a que se le pague su crédito con preferencia a los demás acreedores que hacen parte del acuerdo, salvo que se trate de un acreedor pensionado” (LGM, art. 50, inc. 6). No se conoce con certeza si se trató de una omisión de la ley o de una regulación explicita que solo pretendió proteger el derecho del acreedor pensionado frente al acreedor con garantía mobiliaria. Pero es claro que en la forma en que está redactada la norma se infiere que el crédito laboral no tendría un pago preferente frente al crédito con garantía mobiliaria. Debe advertirse que la LGM al regular temas relacionados con el concurso no se refiere a garantías mobiliarias sino, en general, a garantías y que tal regulación no puede desconocer el orden de prelación de pago para los créditos laborales, los principios constitucionales fundamentales del trabajo aplicables a tal prerrogativa, ni el precedente judicial desarrollado sobre dicho asunto por parte de la Corte Constitucional colombiana. Del análisis de las sentencias proferidas por dicha corporación y mencionadas en la introducción, se puede inferir que en los créditos de la primera clase tienen privilegio en su pago, y en su orden, los créditos de alimentos a favor de los menores, los de los pensionados, los laborales y los de entidades de seguridad social, frente a todos los demás créditos de la primera clase. Por tanto, la LGM no puede desconocer los derechos de los acreedores laborales y el crédito con garantía mobiliaria debería cancelarse una vez se satisfagan los créditos anteriormente mencionados.

2. Los derechos laborales y de la seguridad social en el proceso de liquidación judicial y el cierre de las empresas

Tratándose del concurso liquidatorio, bajo su modalidad reglamentada de PLJ, con la apertura de dicha liquidación se ordena la disolución de la persona jurídica y el cierre de la empresa. La desaparición de la empresa es consecuencia inmediata del primer efecto que se produce por mandato de la ley cuando al ordenar la disolución inmediata de la persona jurídica (LDI, art. 50, num. 1). Asimismo, el auto de apertura del PLJ produce la cesación de funciones de los órganos sociales y de fiscalización, si los hubiere (LDI, art. 50, num. 2).

Desde una perspectiva procedimental, en el PLJ, incluyendo la modalidad de liquidación por adjudicación, y en virtud del fuero de atracción de que goza el concurso liquidatorio, al juez del concurso hay que remitirle todos los procesos de ejecución que se estén adelantando contra el empresario (LDI, art. 50, num. 3), incluyendo los procesos ejecutivos laborales en curso. En razón de ello no le es posible a los jueces laborales aceptar procesos ejecutivos laborales contra del deudor, pues la ley pretende que sea el concurso el único escenario donde se deben ventilar todas las reclamaciones contra el empresario (C. Const., Sent. SU-773/2014).

En el PLJ la liquidación judicial implica la terminación de todos los contratos que se encuentren en curso, incluidos los contratos de trabajo y la exigibilidad de todas las obligaciones que se encuentren pendientes de plazo(5). Uno de los efectos de la providencia que decreta la apertura de la liquidación judicial es la terminación de los contratos de trabajo con el correspondiente pago de las indemnizaciones a favor de los trabajadores y de conformidad con lo previsto en el Código Sustantivo del Trabajo (LDI, art. 50, num. 5).

En relación con el cierre de la empresa, la LDI estableció un cambio respecto a los anteriores estatutos concursales (L. 222/95 y D. 410/71) al establecer que la apertura del PLJ implica la terminación de todos los contratos de trabajo sin que sea necesaria autorización administrativa o judicial alguna. Esto aplica incluso para la terminación de los contratos de trabajo de empleados que gozan de una protección constitucionalmente especial, como en el caso de quienes cuentan con estabilidad laboral reforzada (trabajadoras en estado de embarazo, trabajadores con fuero sindical, en situación de discapacidad, entre otros). Dicha norma fue declarada constitucional por la Corte Constitucional (C-071/2010) en razón a que se trata de una medida que no obedece a la voluntad omnímoda e incontrolada del empleador; por el contrario, se encuentra justificada en la necesidad de proteger el crédito y de propiciar un mejor aprovechamiento de los activos en beneficio de todos los acreedores; además, la empresa no continuará ejerciendo su actividad económica y se hará la disolución de la personería jurídica.

En relación con lo anterior, ¿hasta qué momento tiene vigencia el fuero sindical de un trabajador de una empresa a la que se le profiere la apertura de un PLJ? Como el artículo 50 de la LDI no hace mención a ello, regula la extinción de la personería jurídica y además autoriza el cierre de la empresa, el fuero sindical debe concluir coetáneamente y no habrá lugar al inicio del levantamiento judicial del referido fuero ante los jueces laborales, ni acción de reintegro, como se mencionó anteriormente.

Es preciso señalar que cuando la liquidación ha sido solicitada por el empresario-deudor y no es consecuencia del incumplimiento del acuerdo de reorganización o de su fracaso, los trabajadores vinculados a la empresa y aquellos extrabajadores cuyas acreencias todavía estuvieren pendientes de pago, deberán presentarse en el término establecido por la ley (10 días de fijación del aviso y 20 días más) y quienes no lo hagan no serán reconocidos como acreedores, no harán parte del concurso liquidatorio y perderán por tanto el derecho a reclamar su acreencia (LDI, art. 48, nums. 4 y 5). Situación distinta sucede cuando al PLJ le ha precedido un proceso de reorganización que ha fracasado por falta de acuerdo o cuando celebrado este, se incumplió. En este caso, aquellos acreedores, incluidos los laborales, que ya hubieren sido calificados y graduados en ese proceso no tienen la carga de presentarse a hacer valer sus créditos(6).

En relación con las garantías mobiliarias en el PLJ, al igual que sucede en el PRE, los acreedores que tienen una garantía mobiliaria debidamente registrada conforme a la ley, tienen un tratamiento preferencial respecto a los otros acreedores, excepto cuando se trate de acreedores pensionados (LDI, art. 52). Esta regulación dispone que los bienes sobre los cuales recae la garantía mobiliaria se excluyen del patrimonio a liquidar para lo cual dicha garantía debe estar debidamente inscrita en el registro de garantías mobiliarias que lleva Confecámaras. El juez del concurso adjudicará directamente al beneficiario de la garantía los bienes cuyo valor del bien es igual o inferior al valor reconocido al crédito en el proceso concursal. Si el valor del bien objeto de la garantía es superior al crédito reconocido, se procederá a enajenar el bien y el producto de la enajenación se pagará primero al beneficiario y el remanente será para los demás acreedores en el orden de prelación. El acreedor garantizado puede optar por quedarse con el bien y entregar el saldo al liquidador para que lo entregue a los demás acreedores respetando la prelación. Si se adjudica el bien al acreedor garantizado se formará una comunidad con otros acreedores adjudicatarios que, respetando la prelación, compartirán la titularidad del mismo. Es preciso reiterar que quien sea beneficiario de una garantía mobiliaria nunca tendrá mejor derecho que un acreedor pensionado (Superintendencia de Sociedades, Oficio 220-226554, 2014-12-12). Para el PLJ también son pertinentes las mismas observaciones que se hicieron para la protección de la preferencia de los créditos laborales en el PRE.

Finalmente, en el PLJ, el pago de los salarios y prestaciones debidas hacen parte de los créditos calificados y graduados en primer grado dentro de la liquidación judicial y así habrá de cancelarse. Sin embargo, el pago de las indemnizaciones se considera como gastos de administración, razón por la cual el Liquidador deberá proceder a cancelarlos con la preferencia que a esta clase de gastos le asigna la LDI.

3. Los derechos de los pensionados

Hasta la expedición de la Ley 550 de 1999 no había en los anteriores estatutos concursales normas específicas que regularan sobre los derechos de los pensionados en los procesos concursales, aunque si innumerables pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre el particular (C-299/97; T-458/97; T-734/98; T-024/99; C-1641/2000; T-503/2002). Dicha Corte, sin perder de vista que todas las acreencias de carácter laboral gozan de preferencia y privilegio legal para su pago, ha sentado su doctrina a favor de los créditos de los pensionados sustentándola en su cancelación prioritaria, con fundamento en las normas constitucionales que regulan el derecho al mínimo vital y la protección a la vejez y dispone que llegado el evento de la cancelación de las acreencias en cumplimiento de la prelación de pago, el reparto en la liquidación debe ser prioritaria para el pasivo pensional sobre las demás deudas laborales originadas en los contratos de trabajo.

Fue en la referida Ley 550 de 1999 (art. 41) cuando el legislador, en desarrollo a los pronunciamientos de la Corte Constitucional, reglamentó en dicho estatuto concursal el tratamiento que se debe dar a los derechos de los pensionados cuando el empleador-deudor ingrese a un PRE. Cuando se derogó la Ley 550 de 1999, el legislador previó la importancia de mantener en la Ley de Insolvencia la protección de los pensionados (art. 34, par. 1º). Este asunto está reglamentado por el Decreto 1270 del 2009.

Para que el juez del concurso pueda confirmar el acuerdo de reorganización es necesario que para dicho momento el Ministerio del Trabajo haya dado su aprobación al mecanismo de normalización incluido en el acuerdo. En la práctica, si dicha autorización no se profiere oportunamente en el término de 4 meses que tienen los acreedores para la celebración del acuerdo de reorganización, después de calificados y graduados los créditos, la Superintendencia de Sociedades no convoca a la audiencia de confirmación, o accede a la suspensión del proceso. También es importante destacar que en la normatividad concursal vigente, los pensionados a los cuales no se les adeude mesadas pensionales, no hacen parte del concurso y por consiguiente no votan el acuerdo. De ahí que la norma disponga que las mesadas futuras se deben atender con carácter de gastos de administración (LDI, art. 10, num. 3).

La disposición anterior no admite ninguna duda sobre la garantía de los derechos de los pensionados, pero un interrogante que puede formularse es ¿qué sucede cuando fracasa el acuerdo de reorganización o no es confirmado por el juez, y se decreta la apertura de la liquidación por adjudicación, toda vez que la ley no abre el espacio para que los pensionados comparezcan a hacer valer sus derechos? El artículo 37 de la LDI establece que “el acuerdo de adjudicación debe ser aprobado por las mayorías y en la forma prevista para la aprobación del acuerdo de reorganización, respetando en todo caso las prelaciones de ley y, en especial, las relativas a los pasivos pensionales. Para el efecto, el deudor acreditará el estado actual de los gastos de administración y los necesarios para la ejecución del acuerdo y la forma de pago, respetándoles su prelación” (resaltado ajeno al texto).

Sobre este asunto es pertinente hacer las siguientes observaciones: (i) no hay duda de que estarían mejor protegidos los pensionados si la ley les permitiera concurrir para votar el acuerdo de adjudicación, pues al no hacerlo, los bienes que se les llegaran a adjudicar son los que dispongan los demás acreedores; (ii) si los créditos de acreedores pensionados tienen preferencia sobre todos los demás créditos, incluidos los laborales, al menos los pensionados debieran tener el derecho a ejercer veto al contenido del acuerdo de adjudicación, si los bienes que se disponen les son entregados y no les garantizan su subsistencia futura; (iii) cuando el cálcu­lo actuarial sobre el valor de las pensiones a cargo del deudor en concurso supere el valor de los activos habrá que aplicar lo dispuesto en el artícu­lo 7º del Decreto 1260 del 2000, cuando al regular la materia determina que se “procederá a efectuar un pago único a los distintos trabajadores y pensionados, distribuyendo los activos entre ellos en proporción al monto de sus acreencias pensionales”.

También puede afirmarse que ante esta aparente omisión legislativa relativa en la protección de los créditos de los pensionados, para resolver cualquier afectación que pueda presentarse, desde una perspectiva constitucional puede acudirse al ejercicio de la acción de tutela para proteger el derecho al mínimo vital por ser los pensionados sujetos constitucionalmente protegidos y su crédito gozar de preferencia, pero el alcance de dicha protección en el PLJ va a estar limitado por el valor de los activos del empresario-deudor.

Conclusiones

La crisis financiera de la empresa siempre entraña riesgo para sus acreedores, pues tratándose de procesos de reorganización, la suerte de estos depende en gran parte de que se puedan superar las dificultades para recuperar la capacidad de pago y satisfacer las deudas reconocidas. En relación con los trabajadores, estos tienen un doble interés. De un lado, que se le cancelen las obligaciones adeudadas. Por el otro, que la empresa no sucumba ante las dificultades para mantener sus puestos de trabajo e ingresos para su subsistencia y la de sus familias. Pero tratándose del proceso de liquidación judicial los efectos son otros, pues la fuente de empleo termina y el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones por el cierre de la empresa, dependen de la suerte de que el patrimonio a liquidar sea suficiente para cubrir el importe de sus deudas, con el imperativo derecho de respetar primero los derechos de los pensionados, si los hubiera. La ley concursal solo facilita el procedimiento para lograr la protección del crédito y la supervivencia de la empresa como fuente de trabajo y de riqueza.

Por último, la regulación establecida para el pago de los créditos laborales y los de la seguridad social en los procesos concursales garantizan el principio protector de la regulación laboral, en clave de derechos, principios y valores constitucionales y de normas internacionales del trabajo, salvo lo previsto en el ejercicio de una garantía mobiliaria; aunque dicha excepción es contraria a la preferencia que se establece en el ordenamiento jurídico a los créditos laborales.

1. Los procesos concursales responden principalmente a la necesidad social de minimizar las implicaciones que supone la crisis de una empresa sobre la economía y la sociedad en general, en la medida en que se involucra no solo a la empresa y a sus propietarios, sino también a los pensionados; a los trabajadores; a sus familias; a las personas que se benefician o participan de manera indirecta en la cadena de producción; a los bancos y demás entidades crediticias; a sus ahorradores; y al Estado mismo que ve reducida la capacidad contributiva de todos los implicados (Superintendencia de Sociedades, Oficio 100-26120, 2001-06-20).

2. En el Derecho Concursal hay aplicación de los principios constitucionales fundamentales del trabajo, tales como remuneración mínima vital y móvil; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales; facultades para transigir y conciliar; garantía a la seguridad social; y el pago oportuno de las pensiones. Así como la garantía de derechos fundamentales como el trabajo y el mínimo vital.

3. Ver por ejemplo el Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, que está ratificado por Colombia y contiene disposiciones protectoras del crédito laboral en los procesos concursales.

4. La Ley 1429 de 2010 extendió este beneficio a los proveedores y a las obligaciones fiscales.

5. Este vencimiento acelerado no afecta a los terceros obligados, razón por la cual el acreedor que posea la firma de un tercero deberá esperar el vencimiento de la obligación para hacerle exigible el cobro a estos.

6. Hay que considerar solamente si existen obligaciones posteriores sobre cuyo reconocimiento en la liquidación judicial si corre la carga para el acreedor de presentarse al concurso para que sean reconocidas dichas acreencias.