El desafío de la inclusión laboral de personas con discapacidad

Revista Nº 177 Mayo-Jun. 2013

Javier N. Rojas 

Especial para la revista Actualidad Laboral 

La Ley 1618 del 2013 se puede considerar una caja de herramientas que busca la aplicación efectiva, en Colombia, de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, incluido el del trabajo, meta que si se llega a alcanzar, convertiría en realidad el sueño de los activistas que luchan por la inclusión laboral de aquellas en igualdad de condiciones frente a los demás trabajadores. No obstante, todavía existen temores y resistencia en el medio empresarial para incorporar este tipo de empleados a sus nóminas.

Inés Elvira Restrepo, médica pediatra y presidenta de la Corporación Transiciones Crecer, explica que se constituyeron formalmente en el 2009 “como una organización de familias de jóvenes con discapacidad intelectual que buscan cómo mediar alianzas y espacios de inclusión y de formación para estos muchachos, con miras a que hayan más opciones de vida adulta productiva, digna y con calidad”.

“En este momento, la corporación vincula aproximadamente a 35 familias. Además, soy mamá de un joven de 20 años con discapacidad intelectual, con síndrome de Down. En el 2010, presentamos a la Universidad del Rosario un proyecto de investigación que quería medir el impacto del modelo de inclusión, de formación en esta institución, de un grupo piloto que comenzó con 15 jóvenes, entre 18 y 25 años de edad”.

Esa iniciativa “tuvo un impacto muy importante y estamos consolidando el tercer año del programa en la universidad; ya tenemos aproximadamente 30 muchachos”. Insiste en que el objetivo es contribuir a que las personas con esta discapacidad tengan una vida productiva digna.

Sostiene que los recientes cambios normativos sobre discapacidad, “no son nuevos realmente”. Al hablar de discapacidad, en el siglo XXI, se deben tener en cuenta distintas perspectivas sobre la materia. “Afortunadamente, han surgido conceptos y marcos jurídicos innovadores. En la historia, se partió de ver a las personas con discapacidad bajo el modelo de prescindencia. Es decir, se prescindía de ellas, porque socialmente no eran consideradas útiles, ni valiosas para la sociedad”.

Por ejemplo, en la época de los espartanos (siglo VII a. C.), “estas personas, bajo una medida eugenésica (aplicación de las leyes biológicas de la herencia al perfeccionamiento de la especie humana, según el Diccionario de la Real Academia Española)”, se eliminaban de la sociedad mediante el infanticidio, decisión que se aceptaba moralmente, pues se consideraban individuos sin utilidad alguna.

Luego, surgió una época de marginación, cuando estas personas fueron acogidas de manera caritativa por el cristianismo. “La caridad era parte de la estructura social; las personas con discapacidad eran pobres y se tenía que ser generoso con ellos”.

Restrepo anota que, en el siglo XXI, aparece un enfoque que trasciende aquella visión histórica basada en asistir a quien no se podía valer por sí mismo y se comienza a conformar un modelo social de discapacidad. Entonces, “se empieza a mirar desde la perspectiva de los derechos y no del favor que socialmente se hace para asistir a un grupo minoritario en riesgo”. La persona con discapacidad pasa a ser sujeto de derechos, es decir, un ciudadano con igualdad de oportunidades como cualquier otro.

El modelo social también cambia la definición. Se pone en evidencia que la discapacidad surge de los obstáculos que enfrenta una persona en esa condición para “ser partícipe en una sociedad”. En consecuencia, el problema no está en ella, sino en el entorno que levanta barreras para que el individuo con diversidad funcional se vincule activamente a aquella.

Este nuevo modelo conduce a que el objeto de intervención no sea la persona, sino el entorno. “Podemos trabajar mucho en darle todo el apoyo a esa persona con discapacidad, pero si, paralelamente, el contexto no acepta un cambio en cuanto a las barreras, que no son solamente físicas, sino actitudinales, legales, éticas, morales, económicas o políticas, vamos a seguir teniendo un colectivo segregado, confinado en espacios especiales, violando los derechos humanos”.

Visión propia

Esta nueva mirada se apoya en los siguientes avances: el conceptual, que empieza a promover el modelo social con respecto a la discapacidad, y el jurídico, que se enmarca en el Convenio sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), adoptado por la Asamblea General en el 2006, el cual fue aprobado por Colombia mediante la Ley 1346 del 2009 y se ratificó en el 2011. En ese contexto, se promulga la Ley Estatutaria 1618 del 27 de febrero del 2013.

Restrepo destaca el hecho de que esa convención se hubiese elaborado, por primera vez, a partir del criterio de personas en situación de discapacidad, bajo el lema: “Nada sobre nosotros, sin nosotros”, pues, históricamente, se ha creído que no tienen capacidad de autodeterminación y que “están enfermas”, razón por la cual otros deben decidir por ellas. Esta convención recoge, en esencia, los derechos humanos fundamentales y universales, que también cobijan a las personas con discapacidad. La ratificación de esta convención de la ONU le plantea al país el desafío de lograr que aquellos se cumplan.

“Hemos cambiado de paradigmas”, dice la médica. Sin embargo, advierte que lo escrito en las leyes y en los convenios internacionales no necesariamente corresponde a la realidad. En la historia de la discapacidad, se han visto “modelos eugenésicos, de marginación, modelos clínicos y, a pesar de que conceptualmente son antiguos, los vivimos en el día a día”.

Con el desarrollo normativo internacional y nacional, “estamos hablando de derechos universales, transversales, que se aplican de manera longitudinal a lo largo de la vida”. O sea que se trata del respeto a unos derechos con validez desde el momento de la gestación hasta la culminación del ciclo vital de un ser humano con discapacidad, pues va a pasar por las etapas de niño, joven, adulto y viejo.

En el campo de la discapacidad intelectual, se ha incurrido en el error de considerar que una persona en esa condición es un niño eterno, por lo cual no se ha visto la necesidad de poner en marcha planes encaminados a educarla para el trabajo y a rehabilitarla de manera integral (multidimensional), con el fin de enseñarle a desempeñarse en las distintas circunstancias que experimenta cualquier adulto que labora.

Afirma que un individuo en situación de discapacidad no puede ser sujeto de derechos, si no tiene acceso a educación, a salud, a empleo y no puede proyectar un futuro de acuerdo con su libre elección vocacional. Además, se debe garantizar el acompañamiento a la familia para que con su apoyo la persona logre el pleno disfrute de tales derechos.

En el 2011, recuerda Restrepo, un informe de la ONU puso en evidencia la dificultad en que se encuentra el mundo para cumplir, en el 2015, según lo previsto, el primero de ocho objetivos de desarrollo del milenio que busca erradicar la pobreza extrema. De acuerdo con estadísticas del mismo organismo, el 15% de la población mundial tiene alguna condición de discapacidad y una de sus principales fuentes es la pobreza, dado que esa circunstancia hace más vulnerables a los individuos frente a las enfermedades causantes de discapacidad. En consecuencia, no parece probable que se logre acabar con este círculo vicioso.

Anota, además, que el panorama se torna desalentador si se toma en cuenta que la población en situación de discapacidad tiende a aumentar, debido a que los pobladores del planeta, en general, están envejeciendo y, por lo tanto, se incrementa el riesgo de que padezcan diversas clases de discapacidad, mientras los niños que nacen con alguna discapacidad han mejorado el promedio de vida gracias a los avances médicos.

“El 15% de la población mundial con discapacidad ha sido sistemáticamente excluido de las políticas de desarrollo de los países”, a pesar de que estos han adelantado planes estatales de asistencia. “Es decir que son personas a las que se les ha excluido del derecho a tener un proyecto de vida, a tener un sueño, independientemente de su condición”.

Restrepo espera que los recientes avances normativos del país sobre discapacidad, además de impulsar la adopción de parámetros universales en el diseño arquitectónico de las edificaciones y del espacio público, contribuyan a abrir, sin prejuicios, las puertas del sistema educativo y del mundo empresarial a los pobladores en situación de discapacidad, con la implementación de los recursos de apoyo necesarios, de modo que se favorezca su verdadera integración al curso normal de la sociedad.

Afianzar valores

Buscar que se abran esas puertas requiere educar a la sociedad en “otros paradigmas, en otros valores morales”, con el fin de enseñarle que no solamente tiene valor social quien es productivo y competitivo, sino que también resulta valiosa la práctica de virtudes como la solidaridad y la bondad en favor de personas como aquellas con discapacidad.

Restrepo sostiene que el gran desafío de las empresas consiste en adoptar, por auténtica convicción en el logro de una sociedad mejor, una política de incorporación de personal con discapacidad, sin otorgarle mayor grado de importancia a los beneficios tributarios o al afán por exhibir indicadores positivos de responsabilidad social empresarial.

Por su parte, Soraya León, coordinadora del programa de inclusión social del Centro Integral de Rehabilitación de Colombia (Cirec), destaca la importancia de la Ley 1618 del 2013, por disponer “medidas para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad”, por las definiciones que contempla y por la ratificación de los principios de “dignidad humana, respeto, autonomía individual, independencia, igualdad, equidad, justicia, inclusión, progresividad en la financiación, equiparación de oportunidades, protección, no discriminación, solidaridad, pluralismo, accesibilidad, diversidad, respeto, aceptación de las diferencias y participación de las personas con discapacidad, en concordancia con Ley 1346 del 2009”.

A pesar de la aprobación de estas leyes, “nunca estaremos conformes”, porque quisiera que el esfuerzo de instituciones como el Cirec, en la promoción de la inclusión laboral, “se viera reflejado en que las empresas tuvieran la confianza” plena para emplear personas con discapacidad en mayor número. Asegura que todavía son muy fuertes las barreras de actitud al respecto por parte de los empleadores.

Todavía existen ideas erradas respecto al tema. En el imaginario social persiste el concepto de que la persona con discapacidad no puede realizar ciertas tareas, la ven desde la perspectiva de las carencias y no desde sus capacidades, las cuales muchas veces corresponden a las de mano de obra calificada que se subvalora.

Identifica como debilidad el hecho de que una amplia proporción de los empresarios desconozca las leyes sobre discapacidad y los beneficios que conceden a quienes contraten trabajadores con esa condición, ante lo cual reclama el desarrollo de campañas de divulgación que, adicionalmente, sensibilizarían a las empresas respecto a las organizaciones que promueven la inclusión laboral de este segmento de la población.

Comenta que el Cirec forma parte del denominado Pacto de Productividad, auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un programa empresarial de promoción laboral para personas con discapacidad que pretende el desarrollo de un modelo de inclusión laboral, con alcance nacional, que pueda apoyar en la búsqueda de empleo a aquellos ciudadanos con cualquier situación de discapacidad. Una de las metas de la iniciativa se enfoca en lograr la integración permanente de los esfuerzos de las distintas instituciones, a fin de que actúen armónicamente y en red por la inclusión laboral de esta población.

Después de 13 años de promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el Cirec, León considera que el medio empresarial se ha vuelto un poco más permeable a la idea de emplearlas, gracias a la divulgación de experiencias en ciertas compañías, a la fuerza que ha ido tomando el modelo de responsabilidad social empresarial, a los beneficios tributarios y a la ventaja que representa en los procesos de contratación pública.

El Cirec actúa como un punto de encuentro entre la demanda de trabajadores que originan los empleadores y la oferta de mano de obra por parte de las personas con discapacidad. A ellas las capacita en cuanto a habilidades sociales de desempeño durante las entrevistas para aspirar a un trabajo, a presentar hojas de vida y sobre los medios para buscar empleo. Entre tanto, a las empresas se les brinda asesoría en los aspectos de contratación, adecuación de las instalaciones, salud ocupacional, responsabilidad social y análisis de los cargos que se adecúan al perfil laboral de los aspirantes.

León reconoce que el nivel de educación del individuo con discapacidad se ha convertido en factor determinante para conseguir empleo, puesto que se evidencia la tendencia del mercado laboral a preferir mano de obra mejor calificada. Aunque se mantiene la demanda de las empresas por personal con discapacidad para cargos operativos, que requieren poca educación, han ido en aumento las ofertas de trabajo que exigen formación superior.

Mejorar perfil educativo

Esa realidad ha hecho que el Cirec se preocupe por motivar a la gente con discapacidad a que se vincule a la educación formal e, incluso, que aspire a obtener un grado universitario. No obstante, manifiesta que uno de los principales obstáculos para alcanzar el objetivo es la falta de dinero, circunstancia que la entidad intenta superar mediante acuerdos con universidades. Los ciudadanos con discapacidad pertenecen mayoritariamente a los estratos bajos y sus familias han tenido que destinar sumas importantes a la rehabilitación. En consecuencia, el nivel promedio de educación no es muy alto.

Juan Pablo Salazar, presidente del Grupo Empresarial Arcángeles, expresa que esta organización busca la inclusión de las comunidades vulnerables en la sociedad y enfatiza que sus miembros se catalogan a sí mismos como “activistas de los derechos humanos, en particular, por la causa de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Trabajamos con todas las personas con discapacidad, incluso, con comunidades vulnerables que no tienen discapacidad, como desplazados, desmovilizados y jóvenes en riesgo”.

“Estamos constituidos como una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, y nos financiamos a través de convenios con empresas promotoras de salud, con el Estado, con organismos de cooperación internacional o, incluso, mediante la venta de algunos servicios”. Se tienen cinco líneas de acción: salud, deporte, capital social, construcciones y comunicaciones, que constituyen “herramientas para lograr el fin de la inclusión”, por ejemplo, mediante la consecución de empleo o la participación de atletas con discapacidad en certámenes deportivos.

A pesar de que Colombia ha ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y ha promulgado dos normas sobre la materia, estos avances legales “no van a cambiar realidades por sí mismos”, sino que se deben llevar a la práctica en la cotidianidad, con el propósito de generar un cambio cultural, conforme al cual todas las personas “tengan igualdad de oportunidades; por eso luchamos”, asegura Salazar, quien sentado en su silla de ruedas realiza frecuentes ejercicios de estiramiento muscular de brazos y espalda.

El programa de inclusión laboral forma parte de la línea de capital social que “busca la reintegración socioeconómica de estas comunidades”, lo cual se logra al participar en la formulación de políticas públicas sobre discapacidad y al generar ingresos mediante proyectos microempresariales y la promoción de empleo que “dignifique a estas personas”, favorezca su independencia económica y las haga partícipes de la comunidad con su aporte laboral y la respectiva remuneración digna.

Cree que en el país existe suficiente legislación relativa a discapacidad, pero el aspecto neurálgico es la aplicación de esta. El punto fundamental se localiza en la ausencia de una cultura de la discapacidad más que en la adecuación de edificaciones y del espacio público, cultura que engloba educación, infraestructura, deporte, sociedad y economía. “El verdadero cáncer está en la mente y los corazones de las personas a quienes no les parece un problema esa realidad”.

“En el tema de discapacidad me gusta más la zanahoria que el garrote y debemos lograr estos pequeños cambios a través de símbolos, del empoderamiento de las comunidades base, y por eso con las herramientas de Arcángeles buscamos, poco a poco, impactar en la sociedad para que la gente no piense que es un favor diseñar una rampa, sino un derecho. Hemos ganado terreno importante, aunque todavía falta mucho espacio por recorrer. Pero ya hemos sembrado alguna conciencia. Ahora no estamos solos, hay muchísimas ONG, activistas y personas con discapacidad que están haciendo parte de este cambio”.

Salazar recuerda que activista es cualquier persona con discapacidad que se levanta por la mañana y vale, no porque esté ciego o en una silla de ruedas, “sino porque es profesor, profesional, papá, senador o médico que vale por su talento y no porque tiene una discapacidad. Sin embargo, esto es un tema de toda la sociedad, como el racismo o el machismo, que habla mal de todos como colombianos”.

Entre tanto, Paula Castro, coordinadora del programa de inclusión laboral de la institución Arcángeles, anota que se tienen dos frentes de acción: con las empresas y con la población en situación de discapacidad. Con el primer grupo se adelanta una estrategia de sensibilización y asesoría para que la incorporación al trabajo de estos ciudadanos se adopte como política de las organizaciones, de modo que se convierta en un proceso de mayor impacto y que sea sostenible.

Ocupación sin límites

Se trata de estimular la implantación de “una política que garantice que desde el cargo de recepción hasta el de presidencia de una entidad puede ser ocupado por una persona con discapacidad y, basándose en el marco normativo, con los ajustes razonables necesarios”.

Explica que estos corresponden a aquellas medidas que se deben tomar a fin de adecuar los espacios de la empresa al trabajo de una persona con discapacidad, al igual que las relativas al acceso al mercado laboral en igualdad de condiciones. Es decir que comprenden asuntos arquitectónicos como una rampa, al igual que el aspecto actitudinal que involucre, por ejemplo, la capacitación del personal de recursos humanos para evitar que rechacen las hojas de vida de las personas con discapacidad.

Castro lamenta que, en algunas empresas, los abogados laboralistas recomienden no emplear a personas con discapacidad apoyándose en el argumento de que la estabilidad reforzada constituye una barrera difícil de salvar, en caso de que el empleador deba recurrir al despido, hecho que interfiere con aquel proceso de sensibilización mencionado.

Al respecto, precisa: “No se trata de que no se pueda prescindir de ellas, ni del aparente amplio alcance de la estabilidad reforzada, sino que se deben seguir todos los procedimientos comunes y corrientes en el caso de despedir empleados en esa situación, es decir, que haya justa causa. Se quiere evitar que sean despedidos por su circunstancia atípica, y así lo han comenzado a comprender en las empresas”.

“Nosotros”, agrega, “somos un puente entre el sector empresarial, que tiene el interés en iniciar una estrategia de inclusión laboral y la población con discapacidad que también está empoderada para participar en ese proceso”. La base de datos de la entidad tiene unos 800 postulantes con diferentes tipos de discapacidad y perfiles ocupacionales.

Además de los beneficios de distinto orden, “está demostrado que contratar personas con discapacidad baja los niveles de rotación general del personal en las empresas”. El proyecto de inclusión social de Arcángeles se traza de acuerdo con las características de cada compañía y cuando se comprueba que el clima de la compañía es el adecuado, se les acompaña en el proceso de elección e incorporación de los empleados con discapacidad. “Primero se conoce detalladamente el entorno empresarial y, luego, se mira qué perfiles se pueden adecuar a este”.

Desde el 2006, el Grupo Arcángeles ha realizado ejercicios de sensibilización en unas 120 empresas en Bogotá y, de estas, cerca de 30 han enganchado casi 430 personas con discapacidad, de las cuales alrededor del 5% han sido despedidas por causa justa. La organización le hace el seguimiento a estos casos, pero Castro enfatiza en que “tampoco podemos ser sobreprotectores”. De otro lado, comenta que, en ciertos casos, las familias no saben apoyar el proceso de inclusión laboral del individuo con discapacidad.

En cuanto a las iniciativas para generar ingresos de manera independiente, Castro explica que existen dos opciones: comenzar un proyecto de emprendimiento o fortalecer una unidad de negocio en operación. Se hace una convocatoria de selección de las personas que “deben cumplir unos requisitos para participar de nuestros proyectos; tienen un ciclo de formación de cara a la sostenibilidad del negocio, pues no montamos unidades productivas que a los seis meses ya no estén funcionando”.

Según Castro, varias de las empresas que han hecho alianza con el Grupo Arcángeles minimizan la importancia de los beneficios tributarios, al igual que de los puntos a favor que se otorgan en los procesos de contratación pública, ambos derivados de la vinculación laboral de empleados con discapacidad, y a cambio destacan su papel de liderazgo en un mercado laboral con un impacto social favorable, la mejora sustancial de la productividad en la empresa y el efecto positivo en el clima laboral de esta, aspectos que reconocen como ganancias de mayor valía para la organización.

En un mundo que ha logrado avances sustantivos en torno al respeto de los derechos fundamentales de diversos grupos minoritarios, Colombia está frente al reto de adaptar su modelo de educación para acoger a las personas con discapacidad, prepararlas con el fin de que puedan competir en igualdad de condiciones en el mercado laboral y, así, forjar un proyecto de vida digno, mientras las empresas deben empezar a valorar el impacto positivo que generaría en la sociedad el hecho de establecer una política generosa de apertura ante la mano de obra con discapacidad.


 

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