“El desafío es mantener el sistema pensional en Brasil”

Revista Nº 196 Jul. - Ago. 2016

El modelo de pensiones en Brasil afronta serias dificultades financieras a raíz de la caída de las cotizaciones por parte de empleadores y trabajadores, situación derivada de los obstáculos económicos que atraviesa ese país.

Entrevista Realizada a Carlos Eduardo Gabas

Ex Ministro de Previsión Social del Gobierno de Dilma Rousseff 

Aseguró Carlos Eduardo Gabas, ex Ministro de Previsión Social del Gobierno de la Presidenta Dilma Rousseff, quien agregó en entrevista con ACTUALIDAD LABORAL que el aumento general de la expectativa de vida obliga a encontrar fórmu­­las permanentes que alarguen el periodo requerido para la jubilación de los brasileros. Gabas participó como conferencista en el seminario iberoamericano sobre protección social en población rural, realizado en Bogotá por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y el Ministerio para el Posconflicto.

ACTUALIDAD LABORAL: ¿Cuáles son los desafíos de Brasil en materia de previsión social? 

Carlos Eduardo Gabas: en especial, una ampliación de la protección social en un momento de crisis en que se pierden empleos formales. Y la sostenibilidad del sistema porque nuestra recaudación está fundamentada en la masa salarial, es un porcentaje en el que contribuyen los empleados y los empleadores. Y con la crisis económica la recaudación está disminuyendo por el desempleo y porque los empleadores tienen que tomar una decisión: mantener el dinero en caja o pagar las obligaciones de seguridad social, y la opción que eligen es mantener su plata en caja y no pagan la seguridad social.

A. L.: ¿Cómo lograr la sostenibilidad? 

C. E. G.: eso lleva a una discusión con las personas que históricamente vienen criticando el modelo de reparto en Brasil que protege a los más pobres, que distribuye, de alguna manera, ciudadanía. Estas personas, en especial la oposición al Gobierno de Dilma Rousseff, han criticado mucho este sistema y tienen ahora la oportunidad de empezar cambios en el Congreso Nacional para disminuir la protección social. Entonces, el desafío es el mantenimiento del sistema con algunos cambios necesarios, porque con la mejoría en la calidad de vida, con la disminución de la miseria, de la desigualdad, con más clase media, las personas están viviendo más y la población está envejeciendo. En consecuencia, reciben pensiones durante más tiempo. Y tenemos, de alguna manera, que retardar las jubilaciones.

A. L.: ¿Cómo opera el sistema de pensiones? 

C. E. G.: en Brasil, las personas se jubilan por tiempo de contribución o por edad. En el primer caso, la edad media es de 54 años. Las mujeres con una edad un poco menor de 52 años, los hombres con 55 años y la media de los dos es 54 años. Es una edad joven porque sobreviven y reciben las pensiones hasta los 84 años. Es una cuenta que no está equilibrada. Tenemos que retardar las jubilaciones de alguna manera.

A. L.: ¿Y cuáles son las exigencias de la jubilación por edad? 

C. E. G.: el hombre a los 65 años de edad y la mujer a los 60 años de edad. En el caso de los trabajadores rurales: hombres a los 60 años de edad y mujeres a los 55 años de edad. Los profesores también se jubilan con cinco años menos, con respecto a los trabajadores de la ciudad. Tenemos el régimen general de los trabajadores del sector privado que es de administración pública; la contribución es obligatoria y la afiliación también. Tenemos regímenes propios de previsión social para todos los servidores públicos federales, estatales y municipales. Y tenemos un régimen complementario no obligatorio y que es de administración privada; son fondos privados que pagan pensiones complementarias.

A. L.: ¿De dónde surge el problema financiero? 

C. E. G.: el régimen general de la mayoría de la población, con más de 60 millones de personas, tiene 32 millones de beneficiarios que reciben pensiones por muerte (de quien cotizó) o un beneficio temporal por discapacidad. Entonces, están disminuyendo las cotizaciones y los costos suben. Por lo tanto, se debió crear una forma para que el porcentaje de jubilados por tiempo de contribución se retarde un poco más.

A. L.: ¿Cuál fue el mecanismo para conseguirlo? 

C. E. G.: la idea consistió en sumar la edad y el tiempo de contribución (como en un sistema de puntaje) para lograr una fórmula que permita retardar las jubilaciones.

A. L.: ¿Y ya está en operación el esquema? 

C. E. G.: se presentó al Congreso Nacional y fue aprobado en el 2015, pero como una forma de cálculo de las pensiones. Entonces, un hombre con 60 años de edad debe tener 35 años de contribución (que sumarían el equivalente a 95 puntos) para que su pensión sea de 100%. Si no suma 95 puntos, aún se puede jubilar, pero con un valor por debajo del 100% de la pensión que varía desde 60 hasta 100%, lo cual depende de la sumatoria de los años de cotización y de la edad del trabajador. Esta es una fórmula de cálculo que influye en el valor de la pensión. El Gobierno de Dilma Rousseff quería que se aprobara en el Congreso Nacional este mecanismo como una regla de acceso al sistema pensional, o sea, que no fuera posible jubilarse si no sumaban 95 puntos los hombres y 90 las mujeres.

A. L.: ¿Brasil tiene problemas con el trabajo informal? 

C. E. G.: sí, en especial por la crisis económica. Creamos varios mecanismos de inclusión de los trabajadores informales, particularmente, de los pequeños negocios. Por ejemplo, se incorporaron las personas que se ocupan de la reparación de las llantas de los vehículos y que no tienen protección social porque trabajan por su propia cuenta. También se incluyeron los vendedores ambulantes que ofrecen perros calientes, los peluqueros, los artesanos. En Brasil se estima que tenemos 11 millones de trabajadores informales. Empezamos un programa de inclusión especial que formaliza e implica hacer un pago pequeño para previsión social del trabajador informal y así tiene derecho a la jubilación y a una pensión por discapacidad. Conseguimos incluir 5.5 millones de personas.

A. L.: ¿Y pagan impuestos? 

C. E. G.: el impuesto es simbólico, un real de impuesto para el Estado.

A. L.: ¿La formalización incluye que se cotice a salud? 

C. E. G.: no, la salud en Brasil es un derecho universal. No hay cotización de nada. El Estado la financia.

A. L.: Entonces, ¿ese sector también enfrenta dificultades?

C. E. G.: tenemos muchos problemas financieros.

A. L.: ¿Cómo funciona el esquema pensional para el campo? 

C. E. G.: tenemos una figura que se llama asegurado especial. Es una forma de protección para los pequeños productores. Hay una medida para recibir el beneficio que son cuatro hectáreas, se trata de pequeñas propiedades. En estas se produce a través de la economía familiar. El productor trabaja la tierra con su familia, no puede tener empleados, excepto eventualmente. Por ejemplo, si un campesino tiene un cultivo de naranja y cuatro hijos y su pareja no son suficientes para coger toda la cosecha, entonces, puede contratar un empleado por 20 días. Pero una vez por cosecha. Ese productor rural trabaja la tierra, tiene su producción y 2.1% del resultado de la venta de esta es la contribución a pensiones.

A. L.: ¿Pero es obligatorio ese pago? 

C. E. G.: no, porque puede presentarse una estación muy seca y no tener cosecha. Sin embargo, está protegido de la misma manera. Cuando hay producción y venta, se paga contribución, cuando no hay, no se contribuye.

A. L.: ¿Cuáles son los requisitos para obtener ese beneficio? 

C. E. G.: la persona debe probar que vive en la pequeña propiedad rural, que la trabaja y que no tiene un empleo urbano. Si tuviera una relación de empleo urbano deja de ser asegurado especial.

A. L.: ¿Cuántas personas están en ese régimen? 

C. E. G.: 7.6 millones de personas que trabajan y contribuyen. Con las ya jubiladas y las que reciben pensión por viudez alcanzan a ser 9 millones de personas.

A. L.: ¿O sea que también hay desequilibrio financiero en este esquema? 

C. E. G.: mucho. En el 2015 se recaudaron 7.400 millones de reales (2.140 millones de dólares) y se pagaron 102 mil millones de reales (29.140 millones de dólares). Entonces tiene un déficit de 95 mil millones de reales (27.140 millones de dólares), casi 1% del PIB de Brasil. Es una política que tiene un costo muy alto, pero brinda resultados. 73% de lo que se come en Brasil viene de las pequeñas propiedades. La producción de alimentos se encuentra estrechamente relacionada con los productores rurales asegurados especiales porque las haciendas muy grandes producen granos para la exportación.

A. L.: ¿Eso ha evitado la emigración de los campesinos? 

C. E. G.: no solo la ha evitado, sino que las personas que habían salido empezaron a volver porque, además, tienen energía eléctrica. 12 millones de propiedades en el campo no tenían energía eléctrica antes del 2003 ahora casi todas la tienen. También se abrieron líneas de financiación para la producción destinadas a los pequeños cultivadores, porque quienes tienen acceso a los bancos son los grandes agricultores. En el 2002, antes del Gobierno de Lula da Silva, teníamos una inversión de 2.000 millones de reales (571 millones de dólares) para la financiación de los pequeños empresarios rurales. Lula creó un programa de financiación de agricultura familiar que hoy tiene más de 40 mil millones de reales (11.430 millones de dólares) del Gobierno para financiación subsidiada. Este cuenta con la asistencia técnica de los órganos de Gobierno y, asimismo, con la garantía de la compra de la producción, porque tenemos un programa de merienda escolar, cuyos alimentos son obligatoriamente comprados a los asegurados especiales.

A. L.: ¿Se paga pensión a quienes nunca cotizaron para obtenerla? 

C. E. G.: para los pobres hay un beneficio de prestación continuada que es de un salario mínimo mensual (unos 800 reales equivalentes casi a 230 dólares). Cinco millones de personas reciben ese beneficio. Con ese ingreso se puede vivir si no es una familia muy grande. Pero, en la misma familia, el hombre y la mujer pueden percibir el beneficio porque la regla es por renta per cápita. Entonces, en una familia grande y pobre los dos pueden tener ese ingreso.

A. L.: ¿Cómo ve el régimen voluntario de pensiones? 

C. E. G.: Está creciendo. Es complementario. Tiene 6 millones de personas. Es poco; la población de Brasil es de más de 200 millones de personas. Afilia algo como 3% de la población. Este esquema voluntario representa otra forma que concurre con los fondos de pensiones (públicos) que no tienen ánimo de lucro; todo el resultado es de los fondos. Pero los bancos, como iniciativa privada, tienen fondos de pensiones abiertos (voluntarios) que sí tienen ánimo de lucro. Entonces, para la persona que se afilia el costo es mayor. Este régimen está creciendo mucho, porque los bancos se ponen sus metas de ventas.

A. L.: ¿Cómo se define el salario mínimo en Brasil?

C. E. G.: En el 2007 hubo una negociación del salario mínimo, en el gobierno de Lula Da Silva, que resultó en una política de crecimiento real del salario mínimo. Históricamente se negociaba el salario mínimo y los gobiernos pasados siempre hacían la corrección del salario por la inflación. Muchas veces era por debajo de esta; no era ni el equivalente a la inflación total anual. Lulla impulsó el aumento real del salario mínimo para ampliar la distribución de la renta en el país. Los economistas le decían que no podía subir el salario mínimo en forma real, porque se quebraría el país. Y Lulla les dijo que eso no ocurriría y que iba a probarlo.

A. L.: ¿Por qué se creó una Secretaría Especial de Previsión Social en Brasil?

C. E. G.: Fue una creación personal de la presidenta Dilma Rousseff, porque fue presionada para disminuir la cantidad de ministerios. En Brasil teníamos una estructura muy grande con 39 ministerios. Y había una presión del Parlamento para que hiciéramos una reducción de los mismos. Históricamente, tuvimos un Ministerio de Trabajo y un Ministerio de Previsión Social que tienen estructuras comunes, responsabilidades muy parecidas. En casi todo el mundo, el Ministerio del Trabajo también es responsable por la previsión social. Entonces, la presidenta Dilma decidió hacer la fusión de los ministerios. Yo estaba de ministro de Previsión Social y teníamos otro ministro de Trabajo. Y por la coyuntura política, por una ‘conveniencia política’, tuvimos que nombrar a otro ministro de Trabajo; no pude quedar allí. Pero hay una relación de confianza muy grande de la presidenta conmigo y no me dejó salir del ministerio, porque, incluso, soy un servidor de carrera. Participé en un concurso en 1985 y hace más de 30 años que trabajo en previsión social, con todos los gobiernos que pasaron. Y por toda esta historia, la presidenta me pidió crear una secretaria especial; es una especie de viceministerio. Y se creó también un secretario especial para asuntos de trabajo.