El fin del procedimiento concursal peruano por mandato judicial

Revista Nº 46 Ene.-Mar. 2015

por Anthony Lizárraga Vera-Portocarrero(1)

1. Introducción

En el Perú, las funciones de la autoridad concursal recaen en un órgano administrativo (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Indecopi, el cual tramita, conduce, fiscaliza y resuelve las controversias existentes entre los sujetos intervinientes en un procedimiento concursal de un deudor.

El sistema concursal peruano ha sido uno de los primeros, por no decir el primero, en sustraer del fuero judicial los procedimientos concursales e implantarlos y acondicionarlos en la vía administrativa, siendo el Indecopi el encargado de dicha actividad.

Asimismo, este sistema concursal contiene características propias y sui generis, tan es así que, producto de esta desjudicialización, la autoridad concursal ha visto reducidas sus facultades y atribuciones en el concurso en favor de la junta de acreedores del deudor. En este sentido, nuestra normativa concursal ha establecido disposiciones destinadas a regular las relaciones existentes entre el órgano administrativo y el jurisdiccional.

Tales actuaciones limitadas del órgano jurisdiccional podrían resumirse en: la declaratoria de quiebra del deudor, el análisis de los actos jurídicos realizados por el deudor con algún acreedor o tercero poco antes del inicio del concurso o luego de este hasta que ocurra el desapoderamiento de la administración del deudor fallido, la responsabilidad de impulsar los procesos constitucionales dentro del procedimiento concursal y declarar la disolución y liquidación del patrimonio del deudor derivadas del artículo 692-A —antes 703— del Código Procesal Civil peruano —en adelante, CPC—.

Luego, el 28 de mayo del 2014, mediante Ley 3020(1) —en adelante, la ley—, se creó el registro de deudores judiciales morosos y entre las importantes modificaciones que realizó dicha ley se encuentra el artículo 692-A del CPC. En el presente trabajo abordaremos la importancia actual de la modificación del referido artículo, así como la trascendencia que esto implica en el sistema concursal peruano.

2. Antecedentes de la ley

El 13 de diciembre del 2013, se presentó el Proyecto de Ley 3076/2013-PE, en el cual se detalló la propuesta de modificatoria del artículo 692-A del CPC, los artículos de la ley concursal peruana referidos al procedimiento concursal por mandato judicial y la creación del registro de deudores judiciales morosos.

Lo destacable del referido proyecto está en el contenido de la exposición de motivos, donde se detalla por qué se deben eliminar los procedimientos concursales impulsados por la autoridad jurisdiccional, describiendo los principales resultados y conclusiones obtenidos por el Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno peruano a través del Consejo Nacional de Competitividad, que, en 2011, encargó la ejecución de una “Consultoría individual para evaluar los procedimientos de liquidación derivados de la aplicación del artículo 692-A del Código Procesal Civil y presentar una propuesta de reforma”.

La consultoría se basó en la recopilación y análisis de la normativa aplicable, entrevistas a entidades del sector público, privado y particulares usuarios del sistema concursal peruano. Entre los principales problemas que se derivan de los procedimientos concursales por mandato judicial figuraron los siguientes:

(i) El 71% de estos procedimientos surgían de procesos ejecutivos por parte de los acreedores, en incumplimiento del pago de deuda originada en títulos ejecutivos de diversa naturaleza; siendo el 48% derivados de incumplimiento de pago de títulos valores y 21% surgidos por fuente obligacional, sea civil o comercial;

(ii) La mayor parte —63%— de las acreencias adeudadas eran de naturaleza comercial —operaciones de empresas privadas con fines mercantiles— y entre entidades financieras y personas jurídicas o naturales;

(iii) Solo el 3% de estos procedimientos seguían su curso regular y culminaban con la liquidación del patrimonio del deudor concursado;

(iv) El 73% de estos procedimientos se iniciaron sobre la base de que las acreencias no cumplían con la cuantía que exige el artículo 26 de la Ley Concursal peruana para el inicio de un procedimiento concursal ordinario a pedido del acreedor(2);

(v) Los costos de estos procedimientos eran asumidos por el Indecopi; desde el inicio de un procedimiento hasta la convocatoria a junta de acreedores dicho costo asciende aproximadamente a S/. 1680,17; teniendo en cuenta que esa cuantía no puede ser trasladada a los sujetos involucrados mediante tasas administrativas, porque es un proceso derivado de un mandato judicial;

(vi) Estos procedimientos duraban entre 0 a 24 meses, aunque la mayoría culminaron dentro de los primeros seis meses, toda vez que concluían por inexistencia de concurso —no pluralidad de acreedores—; y,

(vii) Finalmente, dicho análisis permitió evidenciar que el apercibimiento referido en el artículo 692-A genera una distorsión en el sistema de tutela del derecho del crédito, pues genera severas dificultades para la recuperación del crédito en el ordenamiento peruano.

3. La eliminación del procedimiento concursal por mandato judicial

En nuestra legislación concursal existían dos causales de disolución y liquidación directa del patrimonio del deudor, teniendo en cuenta que la ley surtió sus efectos el 1º de agosto del 2014: i) cuando el deudor indicara pérdidas acumuladas deducidas las reservas superiores al total del capital social, con lo que se entiende que las personas naturales que realicen actividad empresarial no entran en este supuesto, y ii) cuando se realice por mandato judicial(3).

No obstante lo anterior, para determinar la transcendencia de la eliminación de los procesos concursales iniciados por mandato judicial en el Perú, explicaremos en qué consistía este procedimiento y lo que realmente ocurría en la práctica.

La liquidación directa realizada por mandato judicial se refería, en estricto, al supuesto en el que al deudor, mediante resolución judicial, se le imponía el cumplimiento de obligaciones frente a un acreedor y no habiendo acatado dicho mandato judicial, el juez le solicitaría que dentro del quinto día señalara sus bienes libres de gravamen para la respectiva ejecución judicial, de lo contrario, la autoridad judicial declararía la disolución y liquidación del patrimonio del deudor.

Asimismo, consentida o firme dicha resolución, concluiría la ejecución que no tuvo éxito, por lo que el juez remitiría de oficio los actuados a la Comisión de Procedimientos Concursales del Indecopi —autoridad concursal— para que sea esta la que publique la disolución y liquidación del deudor concursado(4).

Debemos precisar que, por lo estipulado en el artículo 32 de la Ley Concursal peruana, la autoridad concursal debe publicar un anuncio en el Diario Oficial “El Peruano” en el cual se informe a la población en general de los nuevos deudores sometidos a concurso, dicho aviso se publica los días lunes.

En ese sentido, luego de la difusión de la disolución y liquidación del deudor concursado por la autoridad concursal, el procedimiento concursal continuaría con su trámite, es decir, los acreedores tendrían que apersonarse del procedimiento concursal para el respectivo reconocimiento de créditos, la instalación de la junta de acreedores, la suscripción del convenio de liquidación, etc.(5).

No obstante, debemos precisar que, incluso en un procedimiento concursal ordinario derivado de un mandato judicial, en aplicación del artículo 50.6 de la Ley Concursal peruana, la junta de acreedores del deudor concursado tenía la posibilidad de variar el destino del mismo, para lo cual previamente debería haber efectuado las acciones necesarias para dejar el estado de insuficiencia patrimonial o cesación de pago, lo cual debería ser demostrado ante la autoridad concursal(6).

Este tipo de liquidaciones intentaban depurar a aquellos agentes económicos falenciales del mercado, toda vez que se encontraban en una etapa de crisis empresarial muy severa, difícil de revertir o, como la mayoría de casos que provienen de una liquidación por mandato judicial, su actividad empresarial había cesado.

No era un secreto que la mayoría de procedimientos concursales en el Perú cuyo destino era la disolución y liquidación tramitadas en el Indecopi que se iniciaban por mandato judicial, en muchos casos, por no decir todos, eran declarados inexistentes por no existir pluralidad de acreedores, lo cual se debía a los pocos incentivos que tenía un acreedor al cobrar a un deudor en este tipo de liquidaciones, tal como lo señala Guillermo Puelles (7):

“(...) estos procedimientos ni siquiera son redituables para la autoridad concursal dado que, siendo por lo común inexistente el patrimonio del deudor concursado, son escasos los incentivos para que otros acreedores se apersonen al concurso, incurriendo en los costos que implican el reconocimiento de sus créditos y la participación en juntas de acreedores”.

En el mismo sentido, de lo señalado anteriormente desde el punto de vista de la autoridad concursal peruana:

“(...) convirtiéndose la autoridad concursal peruana en una que acumula carga procesal con estos casos, desviando recursos humanos y económicos —costos de transacción— para administrar procedimientos de liquidación de personas naturales absurdos en su gran mayoría y sin una real finalidad concursal, lo cual entendemos es probable que desmotive también a quienes trabajan estos casos desde la autoridad concursal(8).

Este tipo de procedimientos concursales ocasionaba que los acreedores y el propio Indecopi —autoridad concursal— asumieran los costos de transacción, que de por sí eran altos, de iniciar el cobro de sus acreencias vía judicial. Sin embargo, cuando este proceso era derivado a la autoridad concursal, los acreedores modificaban, por decirlo de una forma, su expectativa de cobro —en términos del pago de sus créditos de manera líquida— y buscaban que el juez, al declarar la quiebra del deudor, emitiera los certificados de incobrabilidad correspondientes para al menos con ellos obtener beneficios tributarios y, de alguna manera, cobrar en parte sus acreencias adeudadas. Al respecto Paolo del Águila indica lo siguiente:

“El móvil principal del acreedor que decide tramitar el proceso de insolvencia derivado del artículo 703 del CPC es culminar las formas necesarias impuestas por la legislación vigente para obtener el certificado de incobrabilidad respectivo, luego de la declaración judicial de quiebra.

En efecto, consideramos bastante alejado de la realidad pensar que tal acreedor que ya pasó todas las etapas del proceso judicial y ha verificado la imposibilidad de pago de su deudor y la carencia de bienes libres de gravamen con los cuales poder (sic) cobrar su acreencia, piense siquiera de reestructurar un negocio que se muestra a todas luces inviable en el mercado”(9).

Por otro lado, lo anterior no era la única consecuencia del sistema concursal peruano, sino que éste no era canalizado de acuerdo a su finalidad y objetivo trazados, toda vez —como veremos más adelante con las estadísticas— que quienes utilizaban los mecanismos concursales no eran empresas en crisis, sino, en su mayoría, personas naturales que no pudieron honrar sus deudas en la vía judicial —derivados de procesos ejecutivos, de ejecución de obligaciones de dar sumas de dinero o cualquier otro tipo de proceso en etapa de ejecución—.

Al respecto, José Jiménez señala que:

“La Ley General del Sistema Concursal se ha desnaturalizado en cuanto a su uso y finalidad, ya que lejos de servir como herramienta que coadyuve a la solución de crisis empresariales, se ha convertido en una norma para servir del final de los procesos judiciales de cobro de dinero de personas naturales cuando en los mismos la cobranza es imposible, y creemos que el sistema concursal no debe servir como cajón de sastre de dichos proceso judiciales”(10).

Recopilando, este procedimiento consistía en una etapa extensa en el Poder Judicial que concluía con la resolución de la autoridad jurisdiccional declarando la disolución y liquidación del deudor y remitiendo los actuados de dicho proceso al Indecopi para que éste, a su vez, difundiera el inicio del procedimiento concursal del referido deudor, los acreedores se apersonaban al procedimiento concursal, se instalaba la respectiva junta, se realizaba la designación de la respectiva entidad liquidadora y de ser el caso —la mayoría de ellos— se declaraba la quiebra del deudor.

3.1. La actual regulación del artículo 692-A del Código Procesal Civil peruano

El artículo 692-A del CPC establece en lo referente al señalamiento de bien libre y procedimiento de declaración de deudor judicial moroso lo siguiente:

“Si al expedirse el auto que resuelve la contradicción y manda llevar adelante la ejecución en primera instancia, el ejecutante desconoce la existencia de bienes de propiedad del deudor, aquel solicitará que se requiera a este para que dentro del quinto día señale uno o más bienes libres de gravamen o bienes parcialmente gravados, a efectos que, con su realización, se cumpla el mandato de pago, bajo apercibimiento establecido por el juez, de declarársele deudor judicial moroso e inscribirse dicho estado en el registro de deudores judiciales morosos, a solicitud del ejecutante.

El apercibimiento contenido en el presente artículo también será de aplicación en la etapa procesal de ejecución forzada de sentencia derivada de un proceso de conocimiento, abreviado o sumarísimo”.

Con esta modificación, el legislador peruano ha prescindido del apercibimiento de la situación patrimonial del deudor al Indecopi, eliminando así los procedimientos concursales por mandato judicial, toda vez que cuando el deudor no realice el señalamiento de los bienes, el juez procederá a declarar el estado de deudor judicial moroso e inscribir dicho estado en el registro de deudores judiciales a pedido del solicitante.

Debemos señalar que la segunda disposición complementaria final de la Ley 30201 establece que el poder ejecutivo peruano reglamentará la referida ley dentro de los treinta (30) días hábiles de su entrada en vigencia, la cual, al cierre del presente trabajo, no había sido promulgada.

Por otro lado, los artículos 34.2, 50.5 y 97.4 de la Ley Concursal peruana fueron modificados por la referida ley, asimismo, los artículos 30, 31 y 36.2 de la Ley Concursal peruana fueron derogados.

Artículos derogados de la Ley Concursal peruana
ART. 30.—Ejecución del apercibimiento dictado en aplicación del artículo 703 del Código Procesal Civil. Recibidas las copias certificadas del expediente judicial, la comisión, en ejecución del apercibimiento hecho efectivo por el juez en aplicación del artículo 703 del Código Procesal Civil, dispondrá la publicación en el Diario Oficial “El Peruano” del nombre de las personas sometidas a la disolución y liquidación, siendo de aplicación las disposiciones contenidas en el artículo 32.
ART. 31.—Obligación del deudor de presentar información. Efectuada la publicación referida en el artículo 30, el deudor deberá presentar a la comisión, si no lo ha hecho antes, en un plazo no mayor de diez (10) días, la totalidad de la información y documentación señaladas en el artículo 25, bajo apercibimiento de multa contra sus administradores y representantes legales.
ART. 36.—Inexistencia de concurso. (...) 36.2. Cuando el procedimiento concursal ordinario se haya iniciado al amparo del artículo 703 del Código Procesal Civil, y se verifique la inexistencia de concurso, la comisión declarará el fin del procedimiento y remitirá los actuados al juzgado de origen para la declaración de quiebra del deudor.

Artículos modificados en la Ley Concursal peruana
Ley 27809Ley 30201
ART. 34.—Apersonamiento de acreedores al procedimiento. (...) 34.2. Igual derecho corresponde al acreedor cuyo crédito dio lugar a la declaración de situación de concurso o al apercibimiento en aplicación del artículo 703° del Código Procesal Civil. En ambos casos los créditos correspondientes serán reconocidos de oficio por la comisión.ART. 34.—Apersonamiento de acreedores al procedimiento. (...) 34.2. Igual derecho corresponde al acreedor cuyo crédito dio lugar a la declaración de situación de concurso, en cuyo caso los créditos correspondientes serán reconocidos de oficio por la comisión.
ART. 50.—Instalación de la junta de acreedores. (...) 50.5. En caso de que la disolución y liquidación del deudor se haya iniciado en aplicación del artículo 703 del Código Procesal Civil, o de los supuestos previstos en el literal b) del numeral 24.2 del artículo 24 y en el numeral 28.4 del artículo 28, la junta se desarrollará en el lugar, día y hora señalados en única convocatoria. La junta se podrá instalar con la asistencia de cualquier acreedor reconocido y los acuerdos se adoptarán con el voto favorable del acreedor o acreedores que representen créditos superiores al 50% de los créditos asistentes a la junta de acreedores.ART. 50.—Instalación de la junta de acreedores. (...) 50.5. En caso de que la disolución y liquidación del deudor se haya iniciado en aplicación de los supuestos previstos en el literal b) del párrafo 24.2 del artículo 24 y en el párrafo 28.4 del artículo 28, la junta se desarrollará en el lugar, día y hora señalados en única convocatoria. La junta se podrá instalar con la asistencia de cualquier acreedor reconocido y los acuerdos se adoptarán con el voto favorable del acreedor o acreedores que representen créditos superiores al 50% de los créditos asistentes a la junta de acreedores.
ART. 97.—Nombramiento del liquidador y aprobación del convenio de liquidación. (...) 97.4. En el caso de que dicha junta no se instale o instalándose no adopte el acuerdo pertinente a la liquidación, la comisión podrá designar, de oficio, al liquidador responsable, previa aceptación de este. Si no hay liquidador interesado, renuncia el designado por la comisión o queda sin efecto su designación de conformidad con el numeral 120.5 del artículo 120, se dará por concluido el proceso. En los casos en que el proceso se hubiese iniciado en virtud de lo dispuesto en el artículo 703 del Código Procesal Civil, se remitirán los actuados al juzgado de origen para la declaración de quiebra del deudor.ART. 97.—Nombramiento del liquidador y aprobación del convenio de liquidación. (...) 97.4. En el caso de que dicha junta no se instale o instalándose no adopte el acuerdo pertinente a la liquidación, la comisión podrá designar, de oficio, al liquidador responsable, previa aceptación de este. Si no hay liquidador interesado, renuncia el designado por la comisión o queda sin efecto su designación de conformidad con el párrafo 120.5 del artículo 120, se dará por concluido el proceso.

4. Rápida mirada a la actualidad de los procedimientos concursales por mandato judicial en el Perú

Durante los primeros años de implementarse el sistema de insolvencia en nuestro país, las medianas y grandes empresas que se encontraban en una crisis patrimonial y/o económica se sometían al Indecopi. Ello porque el sistema concursal era atractivo para el reflotamiento o la salida ordenada del mercado de una empresa peruana.

Sin embargo, en los últimos años, el concurso en el Perú no ha sido utilizado de acuerdo a su finalidad(11), la de garantizar un ambiente idóneo entre el deudor(12) y los acreedores para adoptar la mejor decisión sobre el destino del primero; ello porque las grandes y medianas empresas utilizan en menor medida este sistema.

Se comprueba lo señalado no por la baja cantidad de procedimientos concursales impulsados en el Indecopi, sino porque, en su mayoría, son procedimientos liquidatorios derivados de un mandato judicial, donde el deudor no tiene patrimonio para responder con sus obligaciones, siendo su consecuencia la quiebra judicial, pues acá no hay crédito que recuperar ni resguardar.

En ese sentido, como bien señala Paolo del Águila

“(...) no se debe medir la efectividad del sistema por cuántos casos de reestructuración y cuántos se liquidan, sino por si efectivamente el sistema está cumpliendo con su función de asignar los activos de las empresas en crisis a usos más valiosos”(13).

En virtud de lo anterior, pasaremos a revisar unas breves estadísticas elaboradas por la autoridad concursal correspondientes a los años 2012 y 2013.

En referencia al año 2012, los solicitantes del inicio de un procedimiento concursal a nivel nacional fueron los siguientes: en dicho período se iniciaron trescientos sesenta y tres (363) procedimientos concursales, el 92,01% iniciados por mandato del poder judicial; mientras que el 4,41% y el 3,58%, a pedido de los acreedores y a solicitud de los deudores, respectivamente(14).

Tipo de solicitanteEne-12Feb-12Mar-12Abr-12May-12Jun-12Jul-12Ago-12Sep-12Oct-12Nov-12Dic-12Total%
1Acreedor —692-A o 703— 1/32232926262435242131342933492.01
2Acreedor--1412-11321164.41
3Deudor121113111-1-133.58
Total332531312829362623343730363100.00
1/ Se refiere el artícu­lo 692-A —antes 703— del Código Procesal Civil.

Fuente: Comisiones de procedimientos concursales en la sede central y sede Lima norte, y gerencia de oficinas regionales del Indecopi.

Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.

Asimismo, para el año 2013, en un contexto de cuatrocientos catorce (414) procedimientos concursales iniciados, el 95,41% fueron iniciados por mandato del poder judicial, mientras que el 2,66% y el 1,93% lo fueron a solicitud de los deudores y pedido de los acreedores, respectivamente(15).

Tipo de solicitanteEne-13Feb-13Mar-13Abr-13May-13Jun-13Jul-13Ago-13Sep-13Oct-13Nov-13Dic-13Total%
1Acreedor —692-A o 703— 1/32173427173238293653354539595.41
2Deudor 2/1-1---3111-3112.66
3Acreedor-1---2-22-1-81.93
Total331835271734413239543648414100.00
1/ Se refiere el artícu­lo 692-A —antes 703— del Código Procesal Civil.
2/ Incluye un procedimiento preventivo iniciado en el mes de julio.

Fuente: Comisiones de procedimientos concursales en la sede central y sede Lima norte, y gerencia de oficinas regionales del Indecopi.

Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.

De lo descrito, podemos ver que las grandes y medianas empresas utilizan muy poco el sistema concursal como una alternativa para su reestructuración o su salida ordenada del mercado, ya que prefieren mantenerse al margen del ámbito concursal, el por qué lo explica Huáscar Ezcurra: “(…) La razón es simple: el procedimiento concursal resulta más oneroso frente al valor esperado que le genera a estos agentes”(16).

De las estadísticas del Indecopi arriba expuestas, los procedimientos concursales tramitados ante la autoridad concursal peruana iniciados por mandato judicial en muchos casos, por no decir todos, son declarados inexistentes por no existir pluralidad de acreedores, lo cual se debe a los pocos incentivos que tiene un acreedor al cobrar a un deudor en este tipo de liquidaciones.

Como resalta Ezcurra

“(...) los procesos concursales que hoy se presentan son los de ‘menor cuantía’. Fundamentalmente, terminan ante el Indecopi los procesos iniciados bajo el Código Procesal Civil. El resultado es que, contrariamente a su objetivo inicial, el sistema concursal se ha convertido en un mecanismo de cobranzas de poco monto. El sistema concursal es hoy por hoy, en lo que a cobranzas respecta, un simple brazo del poder judicial. El fracaso es visible. Y si el estado de las cosas se mantiene, el fin del sistema es inevitable”( 17).

Tal como se señaló en su momento, en nuestro ordenamiento jurídico era preciso y urgente adoptar cambios, no necesariamente en la legislación concursal peruana, sino en apoyo al propio sistema concursal(18).

5. Proyecciones a nivel internacional

En el verano del 2014, la EAE Business School elaboró un ranking(19) en el que indicó que en el Perú la tasa de recuperación de las inversiones de las empresas que se encuentran en proceso de liquidación bajo un régimen concursal corresponde al 28%.

Esta es una cifra baja, teniendo en cuenta que solo la cuarta parte de los acreedores de un deudor concursado recupera sus créditos, no debemos olvidar el objeto del sistema concursal peruano(20). Igualmente, en dicho ranking también señaló que el tiempo de duración de un proceso de liquidación en el Perú ascendía a 3.1 años.

Al respecto, debemos señalar que, con la eliminación del procedimiento concursal peruano iniciado por mandato judicial, lo que ocurrirá, no en un futuro inmediato, pero sí a mediano plazo, es que dichas cifras se sincerarán y arrojarán estadísticas acordes con la realidad económica del país, teniendo en cuenta que el ranking descrito fue elaborado incluyendo agentes económicos cuyo patrimonio se encontraba en liquidación por mandato judicial, pero que, en la práctica, no ejercían actividad económica como tal.

6. Conclusiones

Un cambio de este tipo era absolutamente necesario para cumplir con el objetivo y finalidad del sistema concursal peruano y así lograr que este sea un vehículo de solución de crisis empresariales de los agentes económicos.
A partir de la entrada en vigencia de Ley 30201, la Ley Concursal peruana podrá ser canalizada para demostrar las verdaderas liquidaciones y reestructuraciones ocurridas en el Perú en aplicación de una institución como el Derecho Concursal; situación que se buscó y que se venía trabajando desde hace muchos años atrás por los poderes Ejecutivo y Legislativo del Perú(21).

(1) Si los lectores del presente trabajo tienen alguna crítica y/o comentario, el autor agradece dirigirlas al siguiente correo electrónico: anthony.lizarraga@pucp.edu.pe

(2) Ley 27809, Ley General del Sistema Concursal Peruano. ART. 26.—Inicio del procedimiento a solicitud de acreedores.26.1. Uno o varios acreedores impagos cuyos créditos exigibles se encuentren vencidos, no hayan sido pagados dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a su vencimiento y que, en conjunto, superen el equivalente a cincuenta (50) unidades impositivas tributarias vigentes a la fecha de presentación, podrán solicitar el inicio del procedimiento concursal ordinario de su deudor. El desistimiento de alguno de los acreedores que presentó la solicitud, luego de emplazado el deudor, no impedirá la continuación del procedimiento.

(…).

(3) Este artículo fue derogado anteriormente por el Decreto Legislativo 1069 del 28 de junio del 2008, regulando la liquidación directa derivada por el juez en el artículo 692-A del Código Procesal Civil.

“Artículo 692-A del Código Procesal Civil peruano. Señalamiento de bien libre.

Si al expedirse el auto que resuelve la contradicción y manda llevar adelante la ejecución en primera instancia el ejecu­tante desconoce la existencia de bienes de propiedad del deudor, solicitará que se le requiera para que dentro del quinto día señale uno o más bienes libres de gravamen o bienes parcialmente gravados cuyo saldo de cobertura posible resulte cualitativamente suficiente para cuando menos igualar el valor de la obligación materia de ejecución, bajo apercibimiento del juez declararse su disolución y liquidación.

Consentida o firme la resolución, concluirá el proceso ejecutivo y el juez remitirá copia certificadas de los actuados a la Comisión de Procedimientos Concursales del Indecopi o a la comisión delegada que fuera competente, la que, conforme a la ley, de la materia, procederá a publicar dicho estado, debiendo continuar con el trámite legal.

El apercibimiento contenido en el presente artículo también será de aplicación en la etapa procesal de ejecución forzada de sentencia derivada de un proceso de conocimiento, abreviado o sumarísimo”.

(4) “La actual redacción ha mejorado a la originaria, que solo contemplaba la posibilidad de señalar un bien libre de gravamen, ello implicaba que si el ejecutado tenía un edificio sobre el cual se había constituido una hipoteca por un monto reducido al valor comercial de dicho inmueble, no se aceptaba se ofrezca (sic) dicho bien para la ejecución forzada porque no cumplía el supuesto que señalaba la norma: ‘libre de gravamen’; felizmente, la norma ha superado esta limitación y contempla la posibilidad de incorporarlo a la ejecución, pero con la condición de que el saldo de cobertura posible resulte cuantitativamente suficiente para cuando menos igualar el valor de la obligación materia de ejecución. Por otro lado, nótese que la norma hace referencia a bienes libres de gravamen, no de cargas”. Ledesma Narváez, Marianella. Comentarios al Código Procesal Civil. Vol. II. 2ª Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2009, p. 675.

Ley 27809, Ley General del Sistema Concursal Peruano. ART. 30.—Ejecución del apercibimiento dictado en aplicación del artículo 703 del Código Procesal Civil —artículo derogado por la L. 30201—.

Recibidas las copias certificadas del expediente judicial, la comisión, en ejecución del apercibimiento hecho efectivo por el juez en aplicación del artículo 703 del Código Procesal Civil, dispondrá la publicación en el Diario Oficial “El Peruano” del nombre de las personas sometidas a la disolución y liquidación, siendo de aplicación las disposiciones contenidas en el artículo 32.

(5) Ley 27809, Ley General del Sistema Concursal Peruano, —artículos modificados por la L. 30201—.

ART. 34.—Apersonamiento de acreedores al concurso.

(...).

34.2. Igual derecho corresponde al acreedor cuyo crédito dio lugar a la declaración de situación de concurso o al apercibimiento en aplicación del artículo 703 del Código Procesal Civil. En ambos casos los créditos correspondientes serán reconocidos de oficio por la comisión.

ART. 50.—Instalación de la junta de acreedores

(…).

50.5. En caso de que la disolución y liquidación del deudor se haya iniciado en aplicación del artículo 703 del Código Procesal Civil, o de los supuestos previstos en el literal b) del numeral 24.2 del artículo 24 y en el numeral 28.4 del artículo 28, la junta se desarrollará en el lugar, día y hora señalados en única convocatoria. La junta se podrá instalar con la asistencia de cualquier acreedor reconocido y los acuerdos se adoptarán con el voto favorable del acreedor o acreedores que representen créditos superiores al 50% de los créditos asistentes a la junta de acreedores.

ART. 97.—Nombramiento del liquidador y aprobación del convenio de liquidación.

(…).

97.4. En el caso de que dicha junta no se instale o instalándose no adopte el acuerdo pertinente a la liquidación, la comisión podrá designar, de oficio, al liquidador responsable, previa aceptación de este. Si no hay liquidador interesado, renuncia el designado por la comisión o queda sin efecto su designación de conformidad con el numeral 120.5 del artículo 120, se dará por concluido el proceso. En los casos en que el proceso se hubiese iniciado en virtud de lo dispuesto en el artículo 703 del Código Procesal Civil, se remitirán los actuados al juzgado de origen para la declaración de quiebra del deudor.

(6) Ver Resolución 396-2014/SCO-Indecopi del 15 de julio del 2014, emitida por la Sala Especializada en Procedimientos Concursales del Indecopi, correspondiente al procedimiento concursal ordinario de Farmacia San Juanito S.A., En Liquidación.

(7) Puelles Olivera, Guillermo. “Al filo de la sospecha. La ineficacia de actos del deudor en concurso”, Advocatus, Revista Editada por los Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, (18), 2008, p. 286.

(8) Jiménez Chocano, José Antonio. “¿Ley General del sistema concursal o ley de liquidaciones por mandatos judiciales?: sobre el uso del sistema concursal peruano en una década sin crisis empresariales”, Revista El Derecho, Colegio de Abogados de Arequipa, 2012. p. 109.

(9) Del Águila Ruíz de Somocurcio, Paolo. “Aumentando los costos en el sistema concursal: la insolvencia en aplicación del artículo 703 del Código Procesal Civil”. Advocatus, Revista editada por los Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, (5) 5, 2000, p. 327.

(10) Ibídem.

(11) Ver las estadísticas de las comisiones de procedimientos concursales Lima Sur y Norte del Indecopi:

http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/publicacionesqs/Compendio Estadistico_Indecopi2006-2010.pdf, visitado el 7 de julio de 2014.

(12) Ley 27809, Ley General del Sistema Concursal Peruano. Título preliminar. ART. II.—Finalidad de los procedimientos concursales.

Los procedimientos concursales tienen por finalidad propiciar un ambiente idóneo para la negociación entre los acreedores y el deudor sometido a concurso, que les permita llegar a un acuerdo de reestructuración o, en su defecto, a la salida ordenada del mercado, bajo reducidos costos de transacción.

(13) Del Águila Ruíz de Somocorcio, Paolo. En: Semana Económica del 9 de octubre de 2005. p. 5.

(14) http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/estadisticas_portal_principal/ANUARIO2012.pdf, p. 189. Consultado el 7 de julio de 2014.

(15) http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/estadisticas_portal_principal/ANUARIO2013(1).pdf, pág. 195. Visitado el 7 de julio de 2014.

(16) Ezcurra Rivero, Huáscar. “La muerte del sistema concursal”, Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual del Indecopi, (12), noviembre 2011, p. 157. Disponible en: http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/recompi/ castellano/articulos/otono2011/HuascarEzcurra.pdf

(17) Ibídem, pp. 157 y 158.

(18) Lizárraga Vera-Portocarrero, Anthony. “Esperando que la oportunidad llame dos veces. Pasado, presente y futura de la Ley General del Sistema Concursal”, Foro Jurídico, Revista editada por los Alumnos de la Facultad de Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú (10), 2010, pp. 287-302.

(19) Ver diario Gestión: http://gestion.pe/economia/peru-tiene-segundo-costo-mas-bajo-liquidar-empresa-2088502

(20) Ley 27809, Ley General del Sistema Concursal Peruano. Título preliminar. ART. I.—Objetivo de la ley.

El objetivo de la presente ley es la recuperación del crédito mediante la regulación de procedimientos concursales que promuevan la asignación eficiente de recursos a fin de conseguir el máximo valor posible del patrimonio del deudor.

(21) El Ministerio de Economía y Finanzas del gobierno peruano venía trabajando en un paquete legislativo de modificaciones a los procedimientos concursales, como, por ejemplo, hacer más expeditivos los procesos de liquidación ante el Indecopi. A mayor profundidad ver: Diario Gestión del 7 de diciembre del 2009.