El grado jurisdiccional de consulta también procede en los procesos laborales de única instancia

Comentarios a la sentencia C-424/2015 de la Corte Constitucional

Revista Nº 192 Nov.-Dic. 2015

Por: Carlos Ernesto Molina M.(1)

1. El Grado Jurisdiccional de Consulta

El debido proceso es un principio y un derecho fundamental, consagrado internacionalmente y en el artículo 29 de la Constitución. Es inherente al Estado de Derecho y busca poner límites a las actuaciones de las autoridades, garantizando que éstas actúen sin arbitrariedad y se ciñan a procedimientos previamente establecidos y conocidos.

Dentro del debido proceso, la doble instancia representa uno de los elementos más característicos, al concretar los derechos de defensa y de contradicción. La Carta colombiana la consagra en el artículo 31 (“Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley”).

La doble instancia requiere de la iniciativa de la parte que se considere agraviada con la primera providencia, mediante el uso y formulación del recurso de apelación. En materia laboral –por virtud del llamado principio de consonancia(2)-, el juez de segunda instancia debe limitar su examen de las providencias apeladas, a aquellas materias que hayan sido objeto del recurso o constituyan derechos inalienables del trabajador –en ambos casos, siempre que hayan sido discutidos en juicio y debidamente probados(3). Por tanto, a dejar incólumes, en principio, los asuntos no recurridos. En ese marco, el juez de alzada podrá revocar, modificar, adicionar o confirmar lo decidido por el juez de conocimiento.

De tiempo atrás, aparte de la apelación, en materia laboral se ha instituido el llamado grado de jurisdiccional de consulta (GJC). No es técnicamente un recurso procesal sino un segundo grado de competencia funcional, instituido para que el superior revise oficiosamente la sentencia del juez a quo, cuando ésta no fuere apelada. El GJC es ope legis, o sea, opera por ministerio de la Ley(4). Basada en el carácter tuitivo del Derecho del Trabajo –o sea, en el interés público de proteger a la parte débil de la relación laboral-, la consulta no está sometida al principio de non reformatio in pejus(5).

El GJC fue instituido en el primer Código Procesal del Trabajo (Decreto-Ley 2158 de 1948). Allí se dispuso que la consulta operaba sobre las sentencias de primera instancia “que no fueren apeladas (…) cuando fueren totalmente adversas a las pretensiones del trabajador”, o “fueren adversas” a la Nación, departamentos o municipios. Posteriormente, la Ley 1149/2007 modificó esta disposición, pero sólo para extenderla, tanto a los afiliados o beneficiarios de la seguridad social, como a las “entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante”.

El GJC se instituyó, entonces, como un mecanismo de revisión oficioso para proteger los derechos mínimos, ciertos e indiscutibles del trabajador(6) y también para salvaguardar el erario público.

2. La sentencia C-424/2015

Según la norma del art. 69 del CPTySS, el GJC sólo opera contra “sentencias de primera instancia”, es decir, sólo es funcional en los procesos de doble instancia, mas no para los de única instancia.

Acogiendo las pretensiones de la demanda, la Corte Constitucional decide, por medio de la sentencia C-424/2015, “declarar EXEQUIBLE (…) la expresión ´Las sentencias de primera instancia´ contenida en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo, entendiéndose que también serán consultadas ante el correspondiente superior funcional, las sentencias de única instancia cuando fueren totalmente adversas a las pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario.”

Para su decisión, la Corte se centra en el análisis de la expresión demandada frente a los artículos 13 (principio de igualdad y no discriminación) y 53 (derechos mínimos e irrenunciables del trabajador) de la Constitución.

Con respecto al art. 13, el alto tribunal examina las facultades del Legislativo en cuanto a la configuración de la Ley y afirma que esa atribución no es absoluta, ya que deberá ceñirse a las reglas, valores y principios constitucionales, que se erigen en límites a su potestad. Señala que la libertad legislativa debe observar, entre otros, los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Haciendo luego un examen basado en el llamado test de proporcionalidad, la Corte concluye que el Legislador –si bien puede crear tratos diferenciados con base en la cuantía de los procesos-, en este caso excedió sus facultades, al exigir una determinada cuantía para hacer procedente el GJC, al limitarlo a las sentencias de primera instancia. Ello constituye –según el alto tribunal-, una transgresión al principio de igualdad y no discriminación del art. 13 superior.

Para llegar a tal conclusión, examina el tertium comparationis, es decir, el factor tenido en cuenta por la Ley para justificar el trato diferente: la cuantía. La Corte analiza que, tomando tal criterio, el Legislador distingue a los trabajadores cuyas pretensiones tienen un monto mayor, de quienes las tienen por un monto menor, y de ahí deriva un trato diferente a unos y otros, concediendo a los primeros el beneficio del GJC y negándoselo a los segundos. El fin perseguido con esta medida es válido y adecuado constitucionalmente, dice la Corte. Sin embargo, no es proporcional a la luz de la Carta, porque representa un sacrificio de la parte más débil de la relación, por no ser sus derechos mínimos e irrenunciables susceptibles de tratos diferenciados, con base en el valor pecuniario que representen.

La Corte encuentra que ese trato diferente también vulnera el art. 53 CP, por cuanto este dispone que “la Ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar (…) los derechos de los trabajadores”.

Con base en lo anterior, decide declarar exequible condicionadamente la expresión “Las sentencias de primera instancia” en el art. 69 del CPTySS, siempre y cuando se entienda que también las de única instancia (cuantía hasta de 20 smlmv(7)), serán objeto del GJC, cuando sean “totalmente adversas a las pretensiones del trabajador”.

De esta manera, señala la Corte: i) si la sentencia de primera o única instancia, proferida por un juez laboral o civil de Circuito (en este último caso en lugares donde no existe el primero), resultare “totalmente adversa” a las pretensiones del trabajador, deberá enviarse a la Sala Laboral del Tribunal de su Distrito Judicial, para surtir el GJC. ii) Si el fallo es proferido en única instancia por jueces municipales de pequeñas causas, el proceso debe enviarse al juez laboral (o civil, si corresponde) del Circuito, para el mismo efecto(8).

Sin embargo, indica la Corte, este condicionamiento de la norma, no habilitará a las partes para interponer contra la respectiva sentencia recursos ordinarios, que por naturaleza proceden sólo contra sentencias de primer grado, ni tampoco el recurso extraordinario de casación.

3. Comentarios

3.1. Los efectos de esta sentencia abarcan solamente a las sentencias de única o primera instancias, que fueren totalmente adversas a las pretensiones del trabajador. No se extienden a aquellas adversas que afecten a la Nación, departamentos, municipios o entidades descentralizadas, en los que la Nación sea garante. En estas últimas, el GJC seguirá siendo procedente solamente en el caso de sentencias de primera instancia.

3.2. Es cuestionable la asimilación que hace la Corte Constitucional de la cuantía del proceso, con los derechos mínimos e irrenunciables del trabajador, pues las pretensiones en los procesos de menor cuantía no necesariamente tienen qué ver siempre con tales derechos. Si se siguiera la lógica empleada por la Corte en esta sentencia, sería más proporcionado que el GJC fuera obligatorio con respecto a sentencias de única instancia, pero solamente en cuanto ellas realmente afectaran tales derechos.

3.3. De la misma lógica observada por la Corte, podría también inferirse que no es proporcional el tope mínimo superior a 120 smlmv, que la Ley ha establecido para que proceda el recurso extraordinario de casación, pues en ocasiones la sentencia de primera instancia (casación per saltum) o la de segundo grado, pueden, al ser totalmente adversas, vulnerar derechos mínimos e irrenunciables del trabajador, aunque en cuantía inferior dicho tope. ¿Debería, por tanto, también ser procedente ese recurso cuando dichas sentencias vulneren tales derechos?

3.4. Contrario a la postura de la Corte, creemos que el criterio de cuantía, para diferenciar cuándo es procedente o no el GJC, es constitucionalmente válido y proporcional, teniendo en cuenta las circunstancias fácticas de Colombia (enorme congestión de los despachos judiciales). Es decir, en el test de proporcionalidad, que se utiliza para dilucidar las colisiones entre principios, la Corte, a más que argumentos retóricos, debió tener en cuenta las estadísticas que muestran esta circunstancia fáctica(9).

(1)Exmagistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

(2) Artículo 66A, Código de Procedimiento Laboral y de Seguridad Social.

(3)Sentencia C-662/1998.

(4) Desde el Tribunal Supremo del Trabajo y luego por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se ha sostenido que el GJC es “una verdadera apelación por ministerio de la Ley”. También han dicho que cuando se surte el GJC, ante la no interposición del recurso de apelación por el demandante, éste no pierde el interés jurídico para recurrir posteriormente en casación (sentencia 2 de septiembre de 1953 y últimamente Rad. 56708, SL 6426-2015, así como AL3806-2015, entre muchos otros).

(5) Sentencias C-055/1993 y C-583/1997.

(6)Sentencia C-968/2003.

(7)Ley 1395 de 2010, modificatoria del art. 9º de la L. 712 de 2001.

(8) Aquí la Corte agrega una competencia funcional a estos jueces, pues la norma dice que la consulta se surte “con el respectivo tribunal”.

(9) En el único salvamento de voto formulado (Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), se señala esta inconsistencia.