El incidente de impacto fiscal

Revista Nº 196 Jul. - Ago. 2016

El artículo 334 de la Constitución Política señala el marco de sostenibilidad fiscal como el derrotero dentro del cual debe intervenir el Estado para efecto de racionalizar la economía —cuya dirección general está a su cargo— en procura de alcanzar de manera progresiva los objetivos del estado social de derecho.

Con la finalidad de prevenir alteraciones serias de la sostenibilidad fiscal, la misma disposición consagra un mecanismo de protección denominado incidente de impacto fiscal, dirigido a que se modulen, modifiquen o difieran los efectos de las sentencias de las máximas corporaciones judiciales del nivel nacional que conlleven consecuencias para las finanzas públicas, bajo la previsión expresa de que la sostenibilidad fiscal no puede ser invocada para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva.

La Ley 1695 del 2013 regula el trámite incidental, fijando los requisitos para solicitar inicialmente la apertura y la necesidad de sustentarlo con miras a su eventual admisión, ampliando la cobertura del mismo a los autos que se profieran con posterioridad a las sentencias(sic), manteniendo la iniciativa para proponerlo en cabeza exclusiva del Procurador General de la Nación o de cualquiera de los ministros del gobierno y exigiendo la participación como parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público —adicional a que en todos los casos debe emitir concepto como requisito para la sustentación del incidente—, señalando que con la sola admisión se suspenden los efectos de la providencia hasta tanto se profiera una decisión.

Un reciente ejemplo del ejercicio de esta herramienta constitucional, lo protagonizó el ministro de Hacienda y Crédito Público quién —no conforme con la modulación inicial del fallo— solicitó a la Corte Constitucional la apertura de un incidente de impacto fiscal respecto de la Sentencia C-492 del 2015, que declaró la exequibilidad condicionada del artículo 10 (integral) de la Ley 1607 del 2012, pretendiendo diferir los efectos de la sentencia por un período gravable adicional a lo resuelto, atendiendo fundamentalmente al costo fiscal que implicaría la aplicación del fallo, calculado en un valor aproximado a los 335.000 millones de pesos por año.

Recordemos que por virtud de esta providencia el cálculo de la renta gravable alternativa para empleados —obtenida en virtud de los sistemas IMAN e IMAS—, debe permitir la sustracción de las rentas de trabajo exentas en los términos previstos por el artículo 206-10 del estatuto tributario, todo ello para evitar una interferencia en el goce efectivo del mínimo vital de un grupo relevante de contribuyentes provocado por el injustificado carácter regresivo de la norma, vale decir, la Corte actuó en función de la protección del derecho constitucional al mínimo vital, reconocido sin duda alguna como derecho fundamental (C. Const., Sent. SU-995/99), aunado al hecho de que para armonizar el principio de supremacía constitucional con los de planeación, presupuesto y sostenibilidad fiscal, moduló los efectos de la sentencia en el tiempo, en el sentido de que tal decisión solo empezaría regir desde el período gravable 2016, a menos que se volviera a legislar sobre la materia con apego a la Constitución.

Aun así, mediante auto 233 del 1º de junio del 2016 la Corte decidió el incidente de impacto fiscal —de manera favorable a los intereses del Gobierno Nacional—, difiriendo los efectos de la mencionada sentencia hasta el 31 de diciembre del 2016, lo que se traduce en que solo sería aplicable desde la vigencia fiscal 2017, teniendo en cuenta que “… ya desde la propia sentencia se había anticipado el impacto fiscal de la determinación adoptada, razón por la cual su vigencia se había diferido por un periodo de un año, y que debido a diversas circunstancias de coyuntura, dicho impacto sobre las finanzas públicas, con el consiguiente efecto sobre los objetivos del Estado, se había visto severamente agravado, al paso que no había sido posible adoptar las medidas alternativas que permitieran enfrentarlo en el mediano plazo”. (C. Const. Comunicado 24/2016).

La decisión no fue unánime, y como lo advierten los magistrados que salvaron el voto, la viabilidad de este incidente está condicionada a que solo cuando se demuestre que —por serias alteraciones a la sostenibilidad fiscal— está en peligro cierto, probado y relevante la realización del estado social de derecho, es que procede ponderar si tienen mayor peso estos principios que los que están amparados por la decisión judicial que provoca el incidente, y poder así concluir que el proyecto constitucional es objetivamente inviable, situación que aseguran, no resultó probada en esta oportunidad.

Pudo más el argumento del impacto fiscal anual de 335.000 millones de pesos que el respeto por el derecho fundamental al mínimo vital, si bien discutible, no hay duda que fue el sustento que sirvió de base para la expedición de la sentencia —desde un principio modulada en consideración al instrumento de sostenibilidad fiscal—, burlando de nuevo la expresa prohibición constitucional, no solo por menoscabar tal derecho fundamental, sino por restringir su alcance, lo que, incluso, en esta oportunidad conllevará a negar su protección efectiva, ante la inminente regulación legislativa sobre la materia con ocasión de la anunciada reforma tributaria estructural, aplicable desde la misma vigencia fiscal 2017.