“El índice de negociación colectiva en Colombia es el más bajo de la región andina”

Revista Nº 153 Mayo-Jun. 2009

Entrevista realizada a José Luis Daza por Javier N. Rojas 

Especial para la Revista Actualidad Laboral 

Los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) registran el mayor número de quejas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en lo pertinente a la vulneración del derecho de libertad de asociación de los trabajadores, señaló José Luis Daza, director regional de la OIT para los países andinos.

En entrevista con ACTUALIDAD LABORAL, Daza advirtió sobre el desalentador panorama que existe en Colombia respecto a ese derecho, condición que se manifiesta en los bajos índices de sindicalización y de negociación colectiva.

ACTUALIDAD LABORAL: ¿Por qué la crisis económica podría poner en riesgo los avances en igualdad de género en el trabajo y el hogar?

José Luis Daza: La igualdad es una preocupación permanente de la OIT, porque en los sistemas clásicos de trabajo y de protección social había una visión muy masculina del tema laboral. Las viejas cadenas de producción de las grandes industrias estaban básicamente alimentadas por hombres. Progresivamente se ha ido avanzando. Ha habido normas internacionales, en todos los países, que han buscado dos objetivos: primero, una mayor inserción de la mujer en el mercado de trabajo, con mejores oportunidades para diversificar el tipo de profesiones en las que ella entra al mundo del trabajo. Y, segundo, igualdad de trato. En situaciones de crisis, puede haber una tendencia a la degradación de las condiciones de trabajo con carácter general, y las personas que estaban en peor posición en el mercado laboral la pueden sufrir más. Como no se ha logrado una equiparación generalizada de la mujer en el mercado de trabajo, puede afectarla con mayor intensidad.

A. L.: ¿Pero esa amenaza tiene otros alcances?

J. L. D.: Al mismo tiempo, ocurre otro fenómeno: si algunas industrias o sectores de alto empleo masculino se ven resentidas por la crisis, tal vez haya más mujeres que busquen entrar en el mercado de trabajo, para suplir una carencia de rentas en la familia o que quieran transitar de unos tipos de trabajos a otros. Ahí hay un riesgo importante: el de aceptar ciertas clases de empleo, con cualesquiera condiciones que se quieran poner, y eso puede ir en detrimento del progreso que se había obtenido hasta ahora, de la mejora de la condición de trabajo de la mujer, en la igualdad de trato y en las posibilidades de compaginar con mayor facilidad la vida laboral y la familiar.

A. L.: ¿Solo las mujeres son vulnerables ante la crisis económica?

J. L. D.: Esta puede llevar a un retroceso a todas las personas que se ven con problemas en el mercado de trabajo. También puede afectar a los jóvenes o a las personas mayores de 55 años de edad, que, si pierden el empleo, es muy difícil que vuelvan a obtener uno de la misma calidad. Hay toda una serie de categorías que se podrían ver perjudicadas por las crisis económicas.

A. L.: ¿Qué recomienda la OIT ante el eventual retroceso en materia de igualdad?

J. L. D.: Sobre todo, no abandonar las políticas de progreso en materia de seguridad social. Tener en cuenta que en el mercado de trabajo hay una serie de colectivos que pueden enfrentar dificultades especiales y ofrecer programas que favorezcan la permanencia en los empleos de las personas con problemas particulares en el mercado de trabajo. Por ejemplo, desarrollar políticas que incentiven la entrada de los jóvenes al mercado de trabajo o que eviten que las personas que sufren alguna minusvalía se queden de lado en estos procesos; políticas que puedan favorecer la reinserción de los mayores de 55 años que pierden su empleo, para que puedan volver a entrar en otro sector o en sectores afines.

A. L.: ¿En qué consiste el pacto mundial para el empleo?

J. L. D.: Implica, sobre todo, que las políticas económicas tengan en cuenta la dimensión del empleo en todos sus factores. Hoy, se habla mucho de las políticas anticíclicas. Muchas de ellas requieren una serie de inversiones. Y estas se pueden ejecutar con mayor o menor incidencia en el empleo. Por ejemplo, en la política de construcción de infraestructura o de vivienda, puesto que el sector de la construcción siempre moviliza mucha mano de obra, se pueden hacer unas inversiones que tengan en cuenta mayor o menor utilización de mano de obra. Cuando se realizan mejoras de infraestructura menor, como arreglos de caminos, de las redes de conducción de agua o proyectos de pequeña infraestructura a nivel local, se pueden hacer a través de un contrato con una gran empresa o es posible suscribir contratos de tramos con pequeñas empresas locales que se comprometan no solo a la mejora, sino también al mantenimiento. Y eso se puede adelantar con uso de mano de obra local.

A. L.: ¿Qué recomienda la OIT a las multinacionales que están despidiendo trabajadores en todo el mundo?

J. L. D.: No se trata de recomendaciones directas a cada empresa, sino de recomendaciones ante la crisis por la que estamos pasando. Puede que haya sectores donde el problema les afecta de tal manera que tengan que redimensionarse. Eso implica, probablemente en algunos casos, reducción de personal. La recomendación es, en primer lugar, seguir todos los procesos de ajuste de personal, a través del diálogo social: cuando esa reducción afecte a sectores enteros, con los representantes de aquellos, y cuando implique a empresas concretas, con los representantes en estas. Por supuesto, teniendo un respeto absoluto a la normativa aplicable, en los casos en que es necesaria una suspensión de contratos, una reducción de jornadas o una disminución de la planta de personal.

A. L.: ¿Qué alternativas existen para evitar los despidos?

J. L. D.: El despido es siempre una medida extrema, desde el punto de vista de una política de personal. Puede que haya otras medidas alternas, como la suspensión de contratos, durante una temporada, por un paro técnico o las reducciones de jornada. Pero todo eso se hace en un sistema de negociación colectiva o de diálogo que acompañe los procedimientos administrativos que existen para la reestructuración de las empresas.

A. L.: ¿Qué impacto tendrá la tendencia al aumento de los precios de los alimentos sobre el trabajo decente?

J. L. D.: Es un problema de análisis más complejo. En los últimos 10 años, es evidente que ha habido un progreso en la reducción de la pobreza. Esta se mide, normalmente, a través de unos parámetros monetarios, en función del costo de vida en cada país. Si se dice que a partir de un determinado nivel de ingresos per capita se sale de la línea de extrema pobreza, a través de otro se señala que se sale de la línea de pobreza a la extrema pobreza. Eso está determinado por la capacidad de consumo, en calorías, respecto de la alimentación, y de otros servicios y bienes necesarios, como la salud, la educación, la vivienda o el transporte. Si el precio de los alimentos ha subido de tal manera que con los ingresos de las personas esa proporción que ellos dedicaban a alimentos, que podía ser del 60%, ahora tiene que pasar a ser el 70% u 80% de sus ingresos, es evidente que su situación se ve deteriorada y que pueden volver a descender hacia la línea de pobreza o, incluso, a extrema pobreza. Por lo tanto, a la hora de determinar temas tales como los salarios mínimos o la negociación general de los salarios, se deben tener en cuenta el costo de vida y el de los alimentos. Para las personas de menores ingresos, estos pesan mucho más en la proporción de su gasto, que para las de ingresos medios o superiores.

A. L.: Si el desempleo ha agudizado esa situación, ¿qué ha sugerido la OIT?

J. L. D.: No ha hecho recomendaciones específicas, sino, simplemente, que se intente buscar, a través de los poderes públicos, sistemas que permitan la recolocación o la reinserción de las personas. Y aquí los sistemas de formación son muy importantes, porque la formación profesional no es solo para los jóvenes, sino también para los adultos, que deben mejorar su cualificación para reinsertarse en sectores que no estén en declive o en empresas que tengan mayores oportunidades.

A. L.: ¿Los países de la CAN han evolucionado en seguridad social?

J. L. D.: Han tenido pocos avances. No puedo dar en este momento cifras concretas. Pero los países de la región andina son los que tienen la menor cobertura de seguridad social, probablemente en el continente.

A. L.: ¿Cuál es el país de la CAN con los peores indicadores de seguridad social?

J. L. D.: La mayor cobertura existe en Venezuela y Colombia. Después están Ecuador, Perú y Bolivia.

A. L.: ¿En qué condición se encuentra la libertad de asociación en los países de la CAN?

J. L. D.: Hay pocos logros constatables. Todavía es una de las regiones que canaliza el mayor número de quejas ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT. En el mundo, América Latina figura a la cabeza y, dentro de esta parte del continente, la región andina es donde más quejas existen.

A. L.: ¿Por qué ocurre esa situación?

J. L. D.: Porque se ponen bastantes obstáculos a la creación de organizaciones sindicales. La legislación tiene una serie de trabas y, además, hay una actitud poco proclive a facilitar la organización sindical.

A. L.: ¿Pero con la globalización se puede hablar de una tendencia mundial a obstaculizar la creación de sindicatos?

J. L. D.: No. Hay muchos países que han asimilado perfectamente que las relaciones laborales se llevan a través de dos interlocutores, que son los empleadores y sus agremiaciones y los sindicatos y las organizaciones de sindicatos, sin el menor problema.

A. L.: ¿Cómo percibe a Colombia en cuanto a la libertad de asociación de los trabajadores?

J. L. D.: El índice de sindicalización es muy bajo. Y el índice de negociación colectiva es el más bajo de la región andina. Esto lo analiza el Comité de Libertad Sindical de la OIT caso por caso.

A. L.: ¿Qué puede hacer la OIT para mejorar esos indicadores?

J. L. D.: El Comité de Libertad Sindical transmite sus observaciones sobre lo que ha ocurrido en cada caso, y ahí realmente son los interlocutores sociales del país quienes deben sacar las consecuencias. En su momento, son los tribunales los que deberían tener en cuenta esta orientación, a la hora de proferir sus resoluciones.

A. L.: ¿Puede hacerle unas recomendaciones a Colombia?

J. L. D.: El diálogo social y la negociación colectiva son los mejores instrumentos que pueden existir para la redistribución de la renta. Pero tiene que haber un reconocimiento mutuo entre los actores.

A. L.: ¿Están dadas las condiciones para ese diálogo social?

J. L. D.: Condiciones siempre hay en todos los países. Los actores deben asumir, cada uno, la parte que les corresponde. Por ejemplo, las empresas tienen que asimilar que la libertad sindical es un principio fundamental, de la misma manera que las organizaciones de trabajadores también tienen que entender que la negociación colectiva es un tema que puede favorecer la mejora de las condiciones de trabajo.