El intercambio automático de información como nuevo estándar fiscal internacional

Revista Nº 191 Sep.-Oct. 2015

Fernando R. Barrios Migliarini

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Uruguay).
Departamento Tributario de Hughes & Hughes Abogados. 

1. El refulgente nuevo estándar fiscal internacional

En el contexto de distintas reuniones mantenidas en el transcurso del año 2013 así como a principios del pasado año 2014, el grupo de economías más poderosas del globo (G-20 y G-8) hizo un llamamiento a los distintos países del globo tendiente a reforzar el compromiso con la cooperación administrativa internacional en materia tributaria y asimismo respecto de la transparencia fiscal y la lucha contra la evasión y elusión fiscales(1). A la luz de dichos propósitos, dos resultaron ser, principalmente, los ejes o consideraciones que se repetían una y otra vez en las declaraciones: por un lado, el llamado a las distintas jurisdicciones para suscribir sin más dilaciones la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, como instrumento dinamizador de dicha asistencia en virtud de su carácter multilateral(2), y por el otro, la conceptuación del intercambio automático de información como el nuevo estándar internacional en materia de transparencia fiscal(3).

Así, la efectiva implementación de procesos de intercambio informativo automáticos entre las diversas jurisdicciones del mundo constituye al presente uno de los tópicos centrales en la agenda de la OCDE, apenas opacado por el auténtico terremoto que supone para la fiscalidad mundial el proyecto BEPS(4). En este sentido, en el afán de dejar atrás el anterior estándar (intercambio de datos a solicitud o previo requerimiento) y avanzar hacia la materialización del nuevo paradigma, numerosas jurisdicciones declararon inicialmente su compromiso en la pronta aplicación del intercambio automático de datos fiscales(5), lo que fue luego refrendado y ampliado en la reunión del Foro Global de transparencia e intercambio de Información celebrada en Berlín en el mes de octubre del 2014, instancia en la que incluso tuvo lugar la concreción del primer acuerdo multilateral para esta clase de intercambio informativo(6). A la luz de tales compromisos, los primeros intercambios automáticos —a gran escala— de datos con fines fiscales tendrían lugar sobre fines del año 2017 (ver cuadro 1).

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2. Contenidos y propósitos del nuevo estándar

Por lo anterior, la generalización del intercambio automático de datos con fines fiscales constituye uno de los propósitos —y desafíos— centrales en el actual escenario fiscal internacional(7).

Tal clase de intercambio supone una sistemática y periódica transmisión en masa de informaciones del contribuyente, relativas a diversas categorías de rentas, efectuadas por el país de la fuente respecto del país de residencia(8). Se trata del “tráfico de datos, sin que haya demanda previa, y de utilidad relevante sobre la circulación de categorías de rentas entre el Estado de origen y de destino”(9).

El desarrollo —o a mejor decir, impulso— de esta forma de intercambio reconoce como factor o elemento catalizador la implementación práctica de la normativa norteamericana Fatca, en particular, tomando como punto de referencia los distintos acuerdos intergubernamentales (IGA) suscritos para los efectos(10). A partir de dichos instrumentos, se comenzó a entrever en el ámbito comunitario, primero, y luego a nivel global, la posibilidad de extender el intercambio automático de informaciones financieras con propósitos fiscales(11). Y bien, a nivel global, la base jurídica para esta forma de intercambio viene dada, básicamente, por las previsiones del artículo 26 de los modelos OCDE y ONU para evitar la doble imposición, y por lo dispuesto en el artículo 8º de la convención CE/OCDE.

Como ventajas o beneficios de esta forma de trasiego informativo se han destacado, entre otras, la tempestividad en la obtención de la información sobre fenómenos de evasión o incumplimiento impositivo, la posibilidad de detección de casos de incumplimiento en situaciones en las que las administraciones no registraran indicadores previos que sugirieran tal eventualidad, el efecto disuasivo respecto de maniobras de incumplimiento (fomentando de esa forma el cumplimiento voluntario y el reporte de informaciones por parte de los propios contribuyentes), aumento de la recaudación fiscal y contribución a la justicia fiscal (asegurando que cada contribuyente pague el importe debido, en el lugar y tiempo correspondientes, etc.)(12).

En cuanto a los aspectos operativos, el proceso de intercambio informativo automático supone, en principio, una serie de etapas que van desde la captación, recolección y/o generación de los datos e informaciones hasta su posterior remisión a otro u otros Estados (destinatarios de la información), pasando por acciones de consolidación de la información, encriptado y decodificación e incorporación de los datos en procedimientos automáticos o manuales para la obtención de resultados, etc.(13)(ver cuadro 2).

Desde que la eficacia y utilidad misma del intercambio informativo pasa, en buena forma, por lograr cierta homogeneidad en las acciones y mecanismos a adoptar por los distintos Estados al momento de cumplir con los procesos de recolección y suministro de los datos, la OCDE ha desarrollado un modelo para el intercambio automático de información financiera (CAA)(14) y asimismo un modelo sobre los procedimientos de investigación y recolección de los datos (due diligence) y ulterior reporte de la información (CRS(15). Si bien, la primera versión de tales modelos fue publicada en enero de 2014 —conteniendo tan solo el texto del CAA y del CRS—, la versión completa del Standard fue publicada recién en julio del 2014 y, amén del texto del CAA y del CRS, incluye los comentarios de ambos modelos, versiones alternativas del CAA (multilateral e, igualmente, no reciproco), así como guías técnicas y cuestionarios para la implementación práctica de las nuevas normas.

Surge de esta forma la idea de un estándar común para el intercambio automático de informaciones financieras con propósitos fiscales, cuyos detalles más salientes habremos de repasar sucintamente.

3. El modelo de acuerdo entre autoridades competentes (CAA)

El modelo de acuerdo entre autoridades competentes constituye el necesario nexo que debe mediar entre los procedimientos de obtención de la información financiera, por un lado, y las bases jurídicas del intercambio informativo, por el otro. Es a través de dicho instrumento (rectius: de los acuerdos que se celebren en función de él) que habrá de concretarse y/o materializarse en los hechos las previsiones habilitantes de intercambios informativos automáticos.

El CAA reconoce dos modalidades, bilateral y multilateral, que si bien comparten la mayor parte de las previsiones, reconocen lógicas diferencias que obedecen al distinto alcance de ambos instrumentos(16). Así mismo, el CAA admite una variante para suministros de información no recíprocos(17).

El artículo 1º define los principales conceptos que aparecerán a lo largo del articulado, principalmente los de “institución financiera” (correspondiente a cada jurisdicción)(18), “institución financiera informante”(19), “cuenta a informar” (respecto de cada jurisdicción)(20) y “persona” (también relativo a cada jurisdicción)(21). El artículo 1º de la versión multilateral agrega de la misma manera la definición de “common reporting standard(22).

El artículo 2º habilita el intercambio automático anual de información respecto de la cuenta para ser informada en cada jurisdicción. Dicho intercambio procederá en virtud de la normativa o instrumento de base que rija entre las partes (sea la CAMMF, un CDI u otro instrumento), sujeto a las reglas de reporte y due diligence que se especifiquen de conformidad con las previsiones y propósitos del CRS.

La información que va a ser intercambiada comprenderá:

i) en caso de individuos —en tanto sean personas reportables, titulares de la cuenta a reportar—, el nombre, domicilio, número o identificación fiscal y lugar de nacimiento; en caso de entidades —en tanto sean titulares de la cuenta a reportar—, el nombre, domicilio y número o identificación fiscal de la entidad, así como los mismos datos y el domicilio de la(s) persona(s) reportable(s) que tras la aplicación de los procedimientos de due diligence resulte(n) identificada(s) como controlante(s) de dicha entidad;

ii) el número de cuenta (o su equivalente funcional en caso de no existir el mismo);

iii) el nombre y, de existir, el número de identificación de la institución financiera informante;

iv) el saldo de la cuenta al final del año calendario u otro período a informar (o bien al momento del cierre de la cuenta, en caso que ello haya tenido lugar en dicho año o período)(23);

v) en el caso de cuentas de custodia: a) el monto total de intereses, dividendos y otras rentas generadas en relación con los activos o fondos mantenidos en la cuenta, pagados o acreditados a la cuenta —o respecto de la cuenta— durante el año o período a informar; b) el producto total de la venta o rescate de propiedad pagado o acreditado a la cuenta durante el año o período a informar, respecto del cual la institución financiera informante actuó como custodio, broker, representante o ya como agente titular de la cuenta;

vi) en el caso de una cuenta de depósito, el monto total de intereses pagados o acreditados a la cuenta durante el año o período a informar, y

vii) en el caso de cualquier cuenta que no sea de las precedentemente descritas, el importe total pagado o acreditado en la cuenta en favor del titular de la misma durante el año o período a informar, respecto de lo cual la institución financiera informante sea la obligada o deudora, incluyéndose asimismo el monto total de cualquier rescate pagado al titular de la cuenta durante el año o período reportable.

El artículo 3º regula lo atinente a la oportunidad y manera en que procede el intercambio informativo.

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En lo que aquí importa, la información para ser intercambiada lo será desde una fecha determinada y de allí respecto de los años subsiguientes, siendo intercambiada dentro de los nueve meses posteriores al final del año calendario a que refiere la información; todo ello supeditado, claro está, a que ambas jurisdicciones tengan normativa en vigor que ordene la provisión de información respecto de dicho año calendario(24). Esta regla general admite, sin embargo, ser modificada por las partes, quienes pueden acordar períodos más breves(25).

No obstante, lo que acaba de referirse en cuanto a la aplicación temporal de las normas que disciplinan el intercambio informativo, se aclara en los comentarios que nada impide la aplicación de aquellas respecto de informaciones obtenidas con anterioridad a la entrada en vigencia del CAA siempre y cuando tales informaciones sean proporcionadas una vez vigente el mismo(26).

Se dispone que las autoridades competentes intercambien la información ya referida en forma automática, de conformidad con un esquema informativo común con base en un especial lenguaje de datos (XML, Extensible Markup Language). Las autoridades competentes podrán acordar uno o más métodos de transmisión de los datos, incluyendo mecanismos de encriptado(27).

El artículo 4º regula lo concerniente al cumplimiento de la solicitud, estableciendo que las autoridades competentes se notificarán en cada caso cuando existan razones que indiquen que por error se remitió información incorrecta o incompleta, o ya que una institución financiera informante no cumple con los requisitos informativos y procedimientos de due diligence acordes con el CRS. La autoridad competente que recibe la notificación debe adoptar todas las medidas que correspondan de acuerdo con su derecho para enmendar los errores y/o incumplimientos referidos en la notificación(28).

El artículo 5º se ocupa de la confidencialidad y seguridad de las informaciones objeto de intercambio.

En este punto, se prescribe que toda la información intercambiada se halla sujeta a las reglas de confidencialidad y demás garantías provistas por el instrumento que opere como base jurídica para el intercambio, incluyendo aquellas que limitan el uso de la información intercambiada. Así mismo, se prevé la posibilidad de que la autoridad que suministra los datos especifique medidas requeridas por su derecho interno para efectos de asegurar la necesaria protección de la información(29).

Dicha protección reconoce como pilares básicos tanto al sistema normativo, como al manejo de prácticas y procedimientos de seguridad en la información y el posterior monitoreo de su cumplimiento o ya de imposición de sanciones para el caso de incumplimiento(30).

El artículo 6º regula lo relativo a las consultas entre las autoridades competentes y a las modificaciones o enmiendas al acuerdo.

En cuanto al primer punto, se prevé que las autoridades competentes puedan efectuar o requerir consultas ante cualquier dificultad en la implementación o interpretación del acuerdo, e incluso para el análisis de la calidad de la información intercambiada(31).

En lo que refiere al segundo aspecto, se establece la posibilidad de que el acuerdo sea modificado por consenso escrito entre las autoridades competentes, entrando en vigor dicha modificación o enmienda —salvo que otra cosa hubiere sido acordada— el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de un mes posterior a: a) la fecha de la última de las firmas del acuerdo escrito, o; b) la fecha de la última notificación cursada con propósito de dicho acuerdo.

Finalmente, el artículo 7º hace relación con la vigencia del acuerdo, estableciendo que el mismo entrará en vigor en una fecha determinada a convenir entre las partes, o ya en la fecha de la última de las notificaciones cursadas por las autoridades competentes por la cual se dé cuenta que su jurisdicción cuenta con la normativa necesaria para la implementación del acuerdo.

Asimismo, se prevé la posibilidad de que una de las autoridades competentes suspenda el intercambio de informaciones, dando noticia por escrito a la otra autoridad competente sobre la verificación de supuestos de incumplimiento significativo del acuerdo. Se establecen como ejemplos de incumplimiento significativo: el no cumplimiento de las reglas de confidencialidad y seguridad de los datos, el no cumplimiento con el suministro tempestivo y adecuado de las informaciones, la definición del estatus o condición de entidades o cuentas como “entidades financieras no informantes” o “cuentas excluidas” en una forma que frustre los propósitos del CRS, etc.(32).

La suspensión en el suministro informativo tendrá efecto inmediato.

También se establece la posibilidad para las autoridades competentes de rescindir el acuerdo dando noticia por escrito a la otra parte. La terminación del acuerdo tendrá efecto el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de doce meses posteriores a la notificación rescisoria(33). No obstante, el cese de las obligaciones para las partes, se prevé a texto expreso que todas las informaciones recibidas al amparo del acuerdo, preservarán su carácter confidencial, permaneciendo sujetas a las normas que amparan el instrumento habilitante que rija entre aquellas.

4. El modelo para la obtención y reporte de los datos (CRS)

El modelo para la obtención y reporte de los datos (common reporting standard) contiene las reglas que gobernarán los procesos de due diligence tendientes a la obtención o recolección de la información y las pautas para el ulterior reporte de la misma.

Se trata de aspectos claves para efectos de asegurar la calidad de la información reportada y, a la postre, intercambiada entre las autoridades competentes.

Para estos efectos, la jurisdicción que procure implementar el CRS deberá tener normativa en vigor que requiera a las instituciones financieras reportar información consistente con el alcance establecido en el artículo 1º de dicho modelo, así como desarrollar procesos de due diligence consistentes con aquellos previstos en los artículos 2º a 7º del mismo.

El CRS se compone de nueve artículos que cubren los siguientes tópicos: requisitos generales para el reporte de los datos y excepciones a la obligación de informar (art. 1º), reglas generales para los procesos de due diligence (art. 2º), reglas de due diligence respecto de cuentas preexistentes de personas físicas (art. 3º), reglas de due diligence respecto de nuevas cuentas de personas físicas (art. 4º), reglas de due diligence respecto de cuentas preexistentes de entidades (art. 5º), reglas de due diligence respecto de nuevas cuentas de entidades (art. 6º), reglas específicas para los procesos de due diligence (art. 7º), definiciones de los términos empleados en el modelo (art. 8º), y reglas y procedimientos administrativos para la efectiva implementación y cumplimiento del CRS (art. 9º).

Con carácter general, las instituciones financieras comprendidas en el CRS incluyen instituciones de custodia (custodial institutions)(34), instituciones de depósito (depository institutions)(35), instituciones de inversión (investment entities)(36) y ciertas compañías de seguros(37), a menos que presenten un bajo riesgo de ser utilizadas como mecanismo de evasión y por ende se hallen excluidas de reportar.

En cuanto a la información objeto de reporte, ella abarca intereses, dividendos, saldos de cuenta, renta proveniente de ciertos productos de seguro, ganancias por la venta de activos financieros y otras ganancias o rentas generadas con relación a activos mantenidos en la cuenta objeto de reporte o pagos realizados respecto de dicha cuenta(38).

Y en lo que refiere a las cuentas sujetas a reporte (reportable accounts) se incluyen cuentas mantenidas por individuos o entidades (incluyendo fideicomisos y fundaciones(39), previéndose para el caso de entidades el requisito de ir más allá de la apariencia, indagando a través de las mismas para efectos de informar sobre las personas controlantes(40).

Los procedimientos para la identificación de tales cuentas reportables principian con la distinción entre cuentas de titularidad de personas físicas y cuentas de titularidad de entidades, y luego diferencian entre cuentas preexistentes y cuentas nuevas, en el entendido de que es más dificultoso y costoso para las instituciones financieras la obtención de información sobre titulares de cuentas existentes que el requerimiento de información al momento de apertura de una nueva cuenta(41). Respecto de algunas cuentas incluso se hace el distingo entre cuentas de alta y baja cuantía.

Pues bien, para las cuentas preexistentes de individuos (pre-existing individual accounts), las instituciones financieras deben acometer la revisión sin ningún mínimo en cuanto a cuantía.

Respecto de las cuentas de baja cuantía, las normas prevén una evaluación en torno a la dirección de residencia permanente basada en evidencia documental(42), o bien la necesidad de la institución financiera de determinar dicha residencia sobre la base de una búsqueda indiciaria(43). En caso de indicios incompatibles o contradictorios, será precisa una declaración oficial hecha por la persona (self-certification) o evidencia documental y, en caso de no poder contarse con las mismas, el deber de reportar deberá cumplirse, en principio, en relación con todas las jurisdicciones reportables respecto de las cuales se hayan hallado indicios(44).

En relación con las cuentas de alta cuantía, se prevé la aplicación de procedimientos de mayor alcance, que incluyen además una búsqueda o revisión de registros en soporte papel y una evaluación sobre el conocimiento efectivo por parte del gerente de relaciones(45).

Para las nuevas cuentas de individuos (new individual accounts) se contempla la necesidad de autodeclaraciones (con confirmación de su razonabilidad o certeza), sin que exista límite mínimo en cuanto a la cuantía(46).

En torno a las cuentas preexistentes de entidades (pre-existing entity accounts), las instituciones financieras están obligadas a determinar: a) si la entidad es una persona reportable, lo que generalmente podrá hacerse recurriendo a información que se encuentre disponible a través de procedimientos antilavado de activos y de conocimiento de clientes (AML/KYC procedures)(47), o bien, en ausencia de ella, requiriendo una declaración, y; b) si la entidad no es una institución financiera (concretamente, si se trata de una passive NFE)(48) y, en tal caso, la residencia de las personas controlantes.

Como se destaca en el propio CRS, en algunos casos la evaluación del carácter activo o pasivo no ofrecerá dificultades y podrá ser realizado sobre la base de la información disponible, en tanto que en otros pueden llegar a requerir una declaración(49). Las cuentas preexistentes de entidades cuya cuantía sea inferior a USD 250.000 (o su equivalente en moneda local) no están sujetas a revisión(50).

Y en lo que respecta a las nuevas cuentas de entidades (new entity accounts), son de aplicación los mismos procesos de evaluación que en los supuestos de cuentas preexistentes. No obstante, se aclara que en tanto es más sencilla la obtención de declaraciones en caso de nuevas cuentas (dado que ellas se integran o pueden integrarse en los procesos de apertura de la cuenta), no rige aquí la cuantía mínima de USD 250.000 (o equivalente en moneda local)(51).

Finalmente, se establece en el CRS la necesidad de que las jurisdicciones cuenten con normas y procedimientos administrativos en vigor que aseguren una efectiva implementación y adecuado cumplimiento respecto de las obligaciones de reporte y due diligence sumariamente analizadas.

En este sentido resulta necesaria la existencia de: i) reglas que impidan a las instituciones financieras, a las personas o ya a cualquier intermediario la adopción de prácticas dirigidas a eludir los procesos de reporte y due diligence; ii) reglas que requieran de las instituciones financieras informantes la preservación de registros acerca de las medidas adoptadas, así como de las evidencias recogidas en el curso de los referidos procesos; iii) procedimientos administrativos tendientes a verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte de las instituciones financieras informantes, para procurar el seguimiento de cuentas indocumentadas que hayan sido informadas, y para asegurar que las entidades y cuentas conceptuadas por la normativa doméstica como entidades financieras no informantes y cuentas excluidas respectivamente mantengan un bajo nivel de riesgo en materia de evasión fiscal, y; iv) normas que permitan un efectivo remedio en casos de no cumplimiento.

5. Conclusiones

El actual escenario fiscal internacional es testigo del progresivo incremento en los requisitos y exigencias a que son sometidos los distintos Estados y sus respectivos sistemas tributarios en aras de una mayor transparencia fiscal a nivel global.

El proceso aparece como irreversible, bastando para ello con advertir lo ya destacado supra, en el sentido de haberse transitado desde el intercambio de datos a solicitud como estándar fiscal internacional, hacia el intercambio de datos de forma automática como nuevo patrón o criterio general en la materia. Y a la hora de la generalización o implementación con vocación universal del nuevo estándar, se ha pensado en la información financiera como primer universo de datos que amerita el proceso de intercambio(52).

Siendo que un buen número de Estados ha comprometido ya la puesta en marcha de los procesos de due diligence y de intercambio informativo al amparo de las reglas que han sido analizadas, posiblemente no habrá que aguardar demasiado tiempo para contemplar la operatividad del sistema y sus primeros resultados.

(1) Una revista de las distintas declaraciones puede verse en OCDE, Automatic Exchange of Information: The Next Step, 2014, pp. 10-11.

(2) Baste como ejemplo citar la declaración de los líderes del G20 de San Petersburgo, del 6 de septiembre del 2013: “We call on all countries to join the Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters without further delay. We look forward to the practical and full implementation of the new standard on a global scale”.

V. nuestro trabajo: “La Convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal: una recorrida por sus principales lineamientos”, Revista Tributaria, nº 244, enero-febrero 2015, pp. 5 y ss.

(3) Se lee en la declaración que viene de referirse: “We commend the progress recently achieved in the area of tax transparency and we fully endorse the OECD proposal for a truly global model for multilateral and bilateral automatic exchange of information. Calling on all other jurisdictions to join us by the earliest possible date, we are committed to automatic exchange of information as the new global standard which must ensure confidentiality and the proper use of the information exchanged, and we fully support the OECD work with G20 countries aimed at presenting such a new single global standard for automatic exchange of information by February 2014 and to finalizing technical modalities of effective automatic exchange by mid-2014. In parallel, we expect to begin to exchange information automatically on tax matters among G20 members by the end of 2015 (…) We also ask the Global Forum to establish a mechanism to monitor and review the implementation of the new global standard on automatic exchange of information”.

(4) Proyecto OCDE para el combate a la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. OCDE, Addressing Base Erosion and Profit Shifting, 2013, y OCDE, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, 2013.

(5) V. http://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-early-adopters-statement.pdf

(6) V. el texto del acuerdo en: http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/multilateral-competent-authority-agreement.pdf

Para el listado de firmantes del acuerdo (actualizado a junio de este año): http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/MCAA-Signatories.pdf

(7) V. OCDE, Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters, 2014, pp. 9 y ss.

(8) OCDE, Automatic Exchange of Information. What It Is, How It Works, Benefits, What Remains To Be Done, 2012, p. 7.

(9) ROSEMBUJ, T., Intercambio internacional de información tributaria, Edicions Universitat de Barcelona, 2003, p. 18.

(10) OCDE, Automatic Exchange of Financial Account Information. Background Information Brief, 2014, p. 5.

(11) OCDE, Automatic Exchange of Financial Account Information. Background Information Brief, cit., p. 6.

(12) OCDE, Automatic Exchange of Information: The Next Step, cit., p. 5; OCDE, Automatic Exchange of Information. What It Is…, cit., p. 19.

(13) El proceso de intercambio informativo automático puede ser dividido en las siguientes etapas: “1. Payer or paying agent collects information from the taxpayer and/or generates information itself. 2. Payer or paying agent reports information to the tax authorities. 3. Tax authorities consolidate information by country of residence. 4. Information is encrypted and bundles are sent to residence country tax authorities. 5. Information is received and decrypted. 6. Residence country feeds relevant information into an automatic or manual matching process. 7. Residence country analyses the results and takes compliance action as appropriate” (OCDE, Automatic Exchange of Information. What It Is…, cit., p. 9).

(14) Model Agreement between the Competent Authorities of (Jurisdiction A) and (Jurisdiction B) on the Automatic Exchange of Financial Account Information to Improve International Tax Compliance.

(15) Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information (“Common Reporting Standard”- CRS).

(16) V. Standard…, cit., p. 215.

(17) V. Standard…, cit., pp. 223 y ss..

(18) OCDE, CSR., Section I, Definitions. art.1º, lits. d) y e).

(19) OCDE, CSR., Section I, Definitions. art.1º, lit. art. 1°lit.f). Para consultar sobre las (Non-Reporting Financial Institution) ver CRS, artículo 8º, B.

(20) OCDE, CSR., Section I, Definitions. art 1º, lit. g).

(21) OCDE, CSR., Section I, Definitions. Art. 1º, lit. j).

(22) El término alude al estándar para el intercambio automático de información de cuentas financieras desarrollado por la OCDE y los países del G-20, presentado al G-20 en el 2014, y publicado en el sitio web de la OCDE.

(23) En los comentarios a este artículo (§ 4) se consigna, no obstante y conforme surge explicitado en los comentarios al artículo 1º del CRS (§ 11), la alternativa de que por acuerdo expreso entre las jurisdicciones, las instituciones financieras deban reportar un promedio del saldo o valor en la cuenta durante el año calendario u otro período, en lugar de informar el balance de la cuenta al final del año.

(24) V. Comentarios al artículo 3º del modelo de CAA, § 3 y 4, donde incluso se ofrece un ejemplo práctico de aplicación de la norma.

(25) Comentarios al artículo 3º del modelo de CAA, § 2.

(26) Similar criterio exhiben los comentarios al artículo 26 de los modelos OCDE (§ 10.3) y ONU (§ 5.5).

(27) Los comentarios a este artículo, tras reconocer la inexistencia de un sistema único para la transmisión y encriptado de los datos, reafirman la necesidad de este último para garantizar la confidencialidad e integridad de la información.

En relación con el encriptado de los datos, se reconoce la existencia de estándares utilizados a nivel internacional (Advanced Encryption Standard – AES – 256) que aseguran un adecuado nivel de seguridad respecto de la información transmitida.(comentarios, § 9-13).

(28) Si bien en el CAA no se prevé el contacto directo por parte de la autoridad competente de una jurisdicción con la o las instituciones financieras informantes de la otra jurisdicción, en los comentarios se reconoce dicha posibilidad para supuestos de errores administrativos o de pequeña entidad, debiéndose en tal caso añadirse al texto del CAA una cláusula expresa en tal sentido. El contacto directo entre la autoridad competente y la institución financiera será regido por las normas de la jurisdicción de la referida institución financiera (§ 4).

(29) No obstante ello, se lee en los comentarios (§ 4) que la especificación de dichas medidas o garantías adicionales puede no ser necesaria en supuestos en que la autoridad competente que suministra los datos se halla satisfecha con el nivel de protección de la información que garantiza la autoridad competente receptora. De cualquier manera, se aclara que las medidas que se adopten deben limitarse al aseguramiento de la integridad y confidencialidad de la información, sin impedir o dilatar indebidamente el efectivo intercambio informativo.

(30) Comentarios al artículo 5º del CAA, § 7 y ss.

(31) Comentarios al artículo 6º del CAA, § 2.

(32) No obstante, se dispone en los comentarios que previo a proceder a la suspensión del intercambio informativo, las autoridades competentes deben procurar resolver las cuestiones de incumplimiento que se presenten, por lo que la mentada suspensión aparece como solución de último recurso (comentarios al art. 7º del CAA, § 2).

(33) Los comentarios aclaran, quizás de forma innecesaria, que la terminación del tratado de base sobre el cual reposa la validez y eficacia del CAA, acarrea la automática terminación de este último (comentarios al art. 7º del CAA, § 8).

(34) Las custodial institutions son definidas como entidades que detentan activos financieros por cuenta de otros como una parte sustancial de su negocio u operativa (CRS, art. 8º, A, § 4).

(35) Las depository institutions se definen como toda entidad que acepta depósitos, en el marco de la práctica bancaria ordinaria (CRS, art. 8º, A, § 5).

En este sentido, los comentarios a este artículo establecen una serie de actividades que denotan la existencia de dicha práctica bancaria ordinaria, así como situaciones en que la misma no se verifica (comentarios al art. 8º del CRS, § 13).

(36) Consultar definición de Investment Entity o entidad de inversión en el anexo de CRS, Section VIII, Defined terms num.6.

Se aclara que el término “entidad de inversión” no incluye aquellas entidades activas que no sean instituciones financieras (Active NFE, definida en el CRS, art. 8º, D, § 9), por el hecho de que cumplan con alguno de los criterios establecidos en el CRS, art. 8º, D, § 9, literal d) a g).

(37) Las specified insurance companies implican cualquier entidad que sea una compañía de seguros (o una holding de una compañía de seguros) que emite o está obligada a realizar pagos con respecto a un contrato de seguro sobre valor en efectivo o a un contrato de renta vitalicia (ambos definidos en el CRS, art. 8º, C, § 6-7).

Los comentarios establecen los parámetros para determinar cuándo se está ante una compañía de seguros (comentarios al art. 8º del CRS, § 27).

(38) OCDE, Standard…, cit., p. 15 (§ 20).

Para el amplio concepto de activo financiero (Financial Asset): v. CRS, artículo 8º, A, § 7.

(39) Reportable Account (CRS, art. 8º, D, § 1).

(40) OCDE, Standard…, cit., p. 15 (§ 20).

Las “personas controlantes” (controlling persons) son definidas como las personas físicas que ejercitan el control sobre una entidad. En el caso de los fideicomisos, la persona controlante supone el fideicomitente, fiduciarios, el protector (en caso de existir), los beneficiarios o una clase de beneficiarios, y cualquier otra persona ejerciendo en última instancia el efectivo control sobre el fideicomiso. En el caso de un negocio distinto de un fideicomiso, el término en examen comprenderá aquellas personas en una posición similar o equivalente a las que vienen de referirse (OCDE, CRS, art. 8º, D, § 6).

(41) OCDE, Standard…, cit., p. 15 (§ 21).

(42) Se dispone en el CRS (art. 3º, B, 1) que si la institución financiera informante cuenta en sus registros con una dirección de residencia actual respecto de la persona física titular, basado ello en evidencia documental, para los efectos de determinar si el individuo es una persona informante la institución podrá tratar a dicho titular de la cuenta como si fuera un residente para efectos fiscales de la jurisdicción en la cual se localiza la dirección.

(43) OCDE, Standard…, cit., p. 15 (§ 21).

Para una revista de los indicios que deben procurarse en la revisión que debe acometer la institución financiera informante, y las acciones a tomar a partir de su obtención o inexistencia: CRS, artículo 3º, B, 2.

(44) OCDE, Standard…, cit., p. 16 (§ 21).

CRS, artículo 3º, B, 4. No obstante la regla de marras, la disposición citada en su numeral 6º establece ciertas circunstancias que operan como excepción a dicho reporte respecto de las diversas jurisdicciones sobre las que exista alguna conexión indiciaria.

(45) OCDE, Standard…, cit., p. 16 (§ 21).

CRS, artículo 3º, C, 1-4. Los efectos del hallazgo de indicios y los procedimientos a seguir a partir de ello, se describen en los numerales 5º y ss.

(46) OCDE, Standard…, cit., p. 16 (§ 21).

El artículo 4º, A, establece que la confirmación de la veracidad o razonabilidad de la declaración se realizará con base en la información obtenida por la institución en oportunidad de la apertura de la cuenta, incluyendo cualquier documentación obtenida de los procedimientos antilavado de activos y de conocimiento del cliente (AML/KYC Procedures).

(47) Las siglas consignadas en el texto se traducen como Anti-Money Laundering y Know your Customer, respectivamente.

(48) El concepto de Passive NFE supone una entidad que no es una institución financiera (NFE), no siendo una Active NFE ni una Institución de inversión descrita en el artículo 8º, A, 6º, literal b), que sea una institución financiera de una jurisdicción participante (concepto este último definido en el CRS, art. 8º, D, 6) (v. CRS, art. 8º, D, 7-8).

(49) OCDE, Standard…, cit., p. 16 (§ 21).

(50) OCDE, Standard…, cit., p. 16 (§ 21). V. CRS, artículo 5º, A.

(51) OCDE, Standard…, cit., p. 16 (§ 21).

(52) Conforme lo manifestara el subdirector de la secretaría del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con fines fiscales, Dónal Godfrey, refiriéndose al intercambio automático de datos, “Si vamos a expandir esto, la información bancaria sería el lugar por donde empezar”.