El medio ambiente en la contabilidad de las empresas*

Revista N° 2 Abr.-Jun. 2000

Leandro Cañibano C. 

Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid 

* Texto de la conferencia pronunciada en el curso sobre “Medio ambiente, factor de competitividad: Propuestas económicas para el nuevo siglo. Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander”. 

Ámbitos de la contabilidad empresarial

Existen dos ámbitos de la contabilidad empresarial, la contabilidad financiera y la contabilidad de gestión. El primero de ellos, la contabilidad financiera, tiene por objeto la preparación de la información contable dirigida a terceros, es decir, a los accionistas, a los acreedores, a las bolsas de valores, etc. El segundo ámbito mencionado, la contabilidad de gestión, produce información para la dirección de la empresa. Mientras que la información contable financiera es pública, la relativa a la gestión pertenece al contexto interno de la empresa.

La información pública requiere ciertas exigencias, como por ejemplo que sea comparable entre empresas, que unas y otras empleen criterios análogos para valorar e informar sobre las mismas transacciones, que la intervención de diferentes profesionales no lleve a resultados distintos, en otras palabras, que sea lo más objetiva posible. Para ello es preciso que existan normas de índole general que guíen a los profesionales que han de enfrentarse a la preparación de las cuentas. En esto consisten los principios de contabilidad generalmente aceptados, PCGA, cuya aplicación garantiza la correcta expresión del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de las compañías a través de sus cuentas.

Los PCGA son un producto del presente siglo, nacieron en los Estados Unidos, durante la década de los 30, para tratar de superar las secuelas de la gran depresión y, posteriormente, la idea de los mismos, o sea, la regulación contable, fue extendiéndose por todos los países económicamente avanzados. En la Unión Europea, dicha regulación ha sido introducida mediante directivas que forman parte del derecho de sociedades. Los Estados miembros han adaptado sus respectivas leyes al contenido de dichas directivas, lo que supone un cierto nivel de armonización contable en el espacio europeo.

España, tras su incorporación a la Comunidad Económica Europea en 1986, reformó en 1989 sus principales leyes mercantiles, así modificó el Código de Comercio y la Ley de Sociedades Anónimas y, posteriormente, la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Para desarrollar los aspectos contables contenidos en dichas leyes, el gobierno promulgó un plan general de contabilidad en 1990, al que le han seguido más tarde numerosas disposiciones complementarias o aclaratorias del mismo.

Las Directivas europeas han supuesto un gran paso armonizador, pero ello no significa uniformidad de criterios contables en todos los países de la Unión Europea. Ciertos temas controvertidos, el medio ambiente entre ellos, son objeto de diferente tratamiento contable, según cada país. Ello supone dificultades de comparabilidad entre las principales magnitudes contables; un beneficio de 1.000 Euros no supone lo mismo en España, que en Francia, que en Gran Bretaña, porque los elementos que intervienen en su cálculo no son apreciados con el mismo criterio contable en los mencionados países.

Es preciso un lenguaje contable universal único, y en ello se está, pero no resulta fácil llegar al acuerdo de todos los implicados. El camino está siendo recorrido para llegar a hacer de las NIC (normas internacionales de contabilidad) la base fundamental del acuerdo, dada la aceptación de las mismas por parte de la Comisión Europea y su reconocimiento legal por parte de importantes países europeos para la formulación de las cuentas anuales consolidadas de sus grupos de sociedades transnacionales. El debate está hoy situado entre los PCGA emitidos en USA y las citadas NIC, es todavía pronto para predecir el final del proceso, pero es fácil intuir que alguna solución ecléctica será la que permita lograr finalmente el consenso.

Alguien dijo hace años que la contabilidad es el lenguaje de las finanzas, resulta difícilmente concebible, en la economía globalizada de nuestros días, la existencia de muchos y muy diversos lenguajes contables, incluso entre aquellos que parecemos más próximos. Las cuentas de las empresas dirigidas a sus accionistas y otros terceros, requieren normas claras y uniformes, ese es el actual reto de la contabilidad financiera en nuestros días.

Las referencias contables al medio ambiente que abordaremos en próximos epígrafes, serán realizadas desde la perspectiva de la contabilidad financiera, por lo tanto se referirán a las normas contables emitidas por los organismos competentes para la preparación de las cuentas de las compañías.

El modelo contable de rendición de cuentas

El tradicional modelo contable de rendición de cuentas está integrado, básicamente, por tres documentos, a saber: balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria. El conjunto de los anteriores se denomina legalmente en España cuentas anuales; otra denominación muy habitual es la de estados financieros.

El balance es la expresión del conjunto de los activos y pasivos de una compañía. Forman parte de los activos, los bienes y los derechos, como por ejemplo son el dinero, los saldos a cobrar a clientes, las existencias o los edificios. Forman parte de los pasivos las obligaciones, como por ejemplo son las deudas bancarias o los compromisos de pensiones suscritos con los empleados. La diferencia entre activos y pasivos, o sea, entre bienes y derechos de un lado y obligaciones de otro, son los fondos propios o patrimonio neto, el cual está integrado por las cuentas de capital, reservas y pérdidas y ganancias pendientes de distribución.

La cuenta de pérdidas y ganancias informa sobre los ingresos generados durante el ejercicio y los gastos correlacionados con dichos ingresos para, por diferencia, establecer el resultado: beneficio o pérdida. Suele distinguirse entre resultados ordinarios y extraordinarios.

La memoria está integrada por un conjunto de notas explicativas de los criterios contables utilizados para la preparación de las cuentas anteriores, de notas ofreciendo desgloses de las principales partidas contables, y de otras menciones que tratan sobre hechos significativos o sobre compromisos y contingencias. Conjuntamente con el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, la Memoria debe proporcionar una visión suficiente para comprender la situación patrimonial y los resultados de la compañía a la que se refieran las cuentas anuales.

Junto a los anteriores documentos contables, integrantes de las cuentas anuales, las compañías publican otro documento informativo, que nuestra legislación denomina informe de gestión (Ley S.A., art. 202). Dicho informe hace uso de la información contable contenida en las anteriores cuentas anuales, pero no es un documento contable en sentido estricto, dado que, en ciertos aspectos, tiene que ir más allá del contenido de las citadas cuentas, como cuando se refiere a la evolución previsible de la sociedad.

El producto final de la contabilidad financiera son las reiteradamente citadas cuentas anuales, por ello debe prestarse atención a los criterios contables existentes para la preparación de las mismas, pero sobre todo debe tenerse en cuenta cuál es el objetivo básico de la contabilidad financiera a este respecto. Dicho objetivo consiste en asignar temporalmente los costes incurridos e ingresos generados por la empresa, con el fin de determinar los beneficios periódicos. A largo plazo, todos los costes e ingresos intervendrán en el cálculo del beneficio, pero mediante la imputación temporal de unos y otros, establecemos el beneficio periódico, base del consiguiente reparto de dividendos y otras retribuciones basadas en dicha magnitud, como son los impuestos sobre beneficios, las retribuciones de los consejeros, ciertas retribuciones de los altos directivos, etc.

De acuerdo con lo anterior, todos los costes en que incurre una empresa, acabarán pasando por su cuenta de pérdidas y ganancias, pero el problema es cuándo. A tal efecto, conviene señalar que aquellos costes reconocidos contablemente como activos del balance serán imputados de forma diferida a la cuenta de pérdidas y ganancias, mientras que aquellos otros que sean reconocidos contablemente como gastos, serán imputados de forma inmediata a la antedicha cuenta o, lo que es lo mismo, al cálculo del resultado periódico. Dilucidar sobre si ciertos costes deben ser reconocidos como activos o como gastos, es uno de los principales problemas contables que atañen al cálculo del beneficio periódico. Es fácil entender que un edificio cuya vida útil es de 40 años debe ser reconocido como un activo e imputarse a resultados a través de la amortización del mismo durante el plazo indicado. También resulta sencillo comprender que el sueldo de un conductor en una empresa de transportes debe ser reconocido como gasto e intervenir de manera inmediata en el cálculo del resultado del ejercicio. Pero esta distinción entre lo que puede ser un activo y lo que es un gasto, no resulta siempre tan clara, por ello necesitamos acudir a las definiciones conceptuales de ambos términos, con el fin de analizar a la luz de las mismas otros supuestos más complejos.

De acuerdo con el marco conceptual para la información financiera emitido por la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA 1999; p. 69 y 76):

“Un activo es un recurso controlado económicamente por la entidad como resultado de sucesos pasados, del cual resulta probable la obtención en el futuro de rendimientos por la entidad.

Un gasto es un decremento de los recursos económicos de la entidad, producido a lo largo del ejercicio contable, en forma de salidas o depreciación de los activos, o un incremento de pasivos exigibles, que originan disminuciones en los fondos propios y no están relacionados con las distribuciones realizadas a los partícipes en dicho neto patrimonial”.

De acuerdo con lo anterior, el punto crucial para distinguir entre activos y gastos está en su vinculación o no con rendimientos futuros. Si se trata de costes incurridos para solucionar situaciones pasadas o de rendimientos difícilmente previsibles estaríamos ante gastos, mientras que si se trata de costes incurridos hoy que darán lugar a probables rendimientos futuros nos encontraríamos ante auténticos activos. El reconocimiento contable de tales activos exigiría, además, que las expectativas de rendimientos futuros pudieran asegurarse con un grado razonable de probabilidad y que el valor de los mismos pudiera ser medido con fiabilidad.

Estas cautelas para el reconocimiento de activos están asociadas a una tradición contable: el principio de prudencia. Dicho principio consiste, en síntesis, en reconocer las pérdidas aun cuando sean latentes, pero no los beneficios hasta tanto se encuentren materializados. Ante la duda, según dicho principio, sería preferible reconocer un importe como gasto antes que como activo, lo que supone no diferir su imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias. Otra manifestación del principio de prudencia nos la encontramos en la forma de tratar contablemente ciertos compromisos o riesgos futuros, no esperando a que llegue el momento de su asunción u ocurrencia para reconocer el gasto, sino reconociéndolo desde que dicho compromiso o riesgo pueda estimarse y creando un pasivo, que se denomina “Provisión”, al que habrá que hacer frente llegado el momento de asumir el compromiso u ocurrir el riesgo correspondiente.

Los tres conceptos contables antedichos, activos, gastos y provisiones son aplicables al tratamiento de los costes medioambientales en las cuentas anuales de las compañías, sobre los que vamos a tratar en el próximo epígrafe.

Costes medioambientales

De acuerdo con lo que acabamos de indicar, los costes medioambientales en que incurre una empresa podrían ser reconocidos contablemente de la forma siguiente:

Como un activo dentro del balance, cuando dichos costes se encuentran vinculados con beneficios medioambientales que reducen o evitan la contaminación futura.

Como gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias en los siguientes casos:

• Cuando dichos costes no se encuentran asociados con beneficios medioambientales futuros.

• Cuando se imputan los costes previamente reconocidos como activos, a medida que se producen los beneficios medioambientales correspondientes.

• Cuando se reconocen contablemente los futuros compromisos contraídos o riesgos de ocurrencia previsible en materia de medio ambiente, dotando como pasivo del balance las provisiones para riesgos y gastos correspondientes.

Los costes medioambientales son los originados por las medidas adoptadas por una empresa, o por otra en nombre de esta, para prevenir, reducir o reparar daños al medio ambiente que resulten de sus actividades ordinarias o para la conservación de sus recursos renovables o no renovables. Dichos costes son de muy variada naturaleza, pudiendo incluir entre otros los derivados de las siguientes actividades: gestión de residuos, protección de aguas superficiales y subterráneas, conservación y mejora de la calidad del aire, reducción del ruido, eliminación de la contaminación en edificios, investigación sobre productos, materias primas, o procedimientos de producción menos perjudiciales para el medio ambiente, etc.

Regulación contable internacional

Directivas europeas sobre cuentas anuales y consolidadas

Las directivas europeas sobre cuentas anuales y cuentas consolidadas no contienen referencias expresas al tratamiento contable de los costes medioambientales, posiblemente debido a sus respectivas fechas de promulgación: 1978 y 1983. Más recientemente, en 1997, se ha producido una “Comunicación interpretativa sobre determinados artículos de la cuarta y la séptima directivas del Consejo relativas a las cuentas” en la que se abordan los temas contables relativos al medio ambiente, con referencias expresas a los temas antes indicados, o sea, reconocimiento de tales costes como activos o como gastos y dotación de provisiones para riesgos y gastos futuros.

Por lo que se refiere al reconocimiento de dichos costes como activos, este tendrá lugar, si los mismos están destinados a servir de forma duradera las actividades de la empresa y si se cumple adicionalmente uno de los siguientes requisitos:

Están vinculados a beneficios medioambientales futuros y amplían la vida, aumentan la capacidad o mejoran la seguridad o eficacia de los activos propiedad de la empresa, o

Reducen o evitan la contaminación medioambiental que podría generarse debido a futuras actividades.

Frente a la alternativa contable anterior, se encuentra la consistente en reconocer los costes medioambientales como gastos del ejercicio, que es lo que deberá ocurrir en la mayoría de los casos. Cuando el citado gasto no supone paralelamente la minoración de otro activo, sino la constitución de un pasivo, nos encontramos frente a la dotación de la provisión para riesgos y gastos medioambientales. Dicha provisión podrá constituirse para aquellos riesgos y gastos medioambientales que tengan su origen en transacciones o acontecimientos pasados cuando:

La empresa esté obligada, por la ley o por un contrato, a prevenir, reducir o reparar daños al medio ambiente, o

La dirección de la empresa tiene el compromiso de prevenir, reducir o reparar un daño medioambiental por ejemplo cuando su política o sus objetivos, la práctica del sector, o las expectativas públicas, dejan a la dirección poco margen de maniobra para no intervenir, o cuando esta ha comunicado que prevendrá, reducirá o reparará un daño al medio ambiente, bien internamente a otro órgano de la empresa, o bien externamente.

Lógicamente, la incorporación al balance y los resultados del ejercicio de partidas relativas a los costes medioambientales, trae como consecuencia la incorporación a la memoria de las explicaciones y desgloses correspondientes, por ello la “comunicación interpretativa” a que venimos haciendo referencia trata sobre ello. Señala a dicho respecto que se harán públicas las normas de valoración aplicadas, las partidas consideradas como extraordinarias, el desglose de las correspondientes provisiones y las contingencias existentes, de forma tal que pueda comprenderse la naturaleza de los imprevistos.

También se perfila la información medioambiental que debe formar parte del informe de gestión, señalándose a este respecto las menciones siguientes:

Cuando los aspectos medioambientales sean importantes para la situación financiera de la empresa, una descripción de los mismos y de la respuesta de la empresa.

La política adoptada por la empresa respecto a las medidas de protección del medio ambiente.

Las mejoras introducidas en los ámbitos fundamentales de la protección medioambiental.

Los incentivos públicos utilizados, tales como subvenciones y desgravaciones fiscales.

El grado de aplicación de las medidas de protección medioambiental impuestas por modificaciones de la legislación.

En caso de publicarse un informe medioambiental separado, debe hacerse referencia al mismo.

Normas internacionales de contabilidad

La Norma Internacional de Contabilidad número 37 sobre provisiones e información sobre activos y pasivos contingentes, aprobada en julio de 1998, trata, entre otras provisiones y contingencias, sobre las relativas al medio ambiente. Inclusive incluye algunos ejemplos explicativos que tratan sobre operaciones relacionadas con la protección, la reducción o la reparación de daños medioambientales, como son los relativos a terrenos contaminados sujetos a una legislación cuya aprobación es prácticamente segura o cuya obligación de saneamiento ha sido asumida por la empresa de forma efectiva, restauración del fondo marino a la retirada de una plataforma petrolífera marina y colocación de filtros de humo. En el anexo reproducimos los mencionados ejemplos, que incluyen la presentación del caso correspondiente, su análisis contable y la conclusión sobre el tratamiento que debe darse a los costes correspondientes en las cuentas anuales.

Normas internacionales de auditoría

Independientemente de las anteriores normas contables, también la auditoría de los aspectos medioambientales contenidos en las cuentas anuales ha sido objeto de atención en el ámbito internacional.

La Federación Internacional de Contadores, IFAC, emitió en 1998 la Norma Internacional de Auditoría, NIA, 1010 relativa a consideraciones sobre el medio ambiente en la auditoría de estados financieros, la cual contiene criterios que permiten aplicar las NIA previas a las actividades medioambientales. Dichas NIA son las siguientes: conocimiento de la actividad del cliente (NIA 310), evaluación del riesgo y control interno (NIA 400), consideración de la legislación y la regulación (NIA 250) y otros procedimientos sustantivos (NIA 620). Además, a través de dos anexos, introduce sendos cuestionarios dirigidos a la obtención del conocimiento sobre la actividad del cliente desde el punto de vista del medio ambiente y sobre procedimientos sustantivos para detectar irregularidades significativas debidas a cuestiones medioambientales.

La federación internacional antedicha, a través de otro de sus comités, el de contabilidad de gestión, ha elaborado en 1998 un estudio sobre gestión medioambiental en las organizaciones: el papel de la contabilidad de gestión, en el que se hace referencia a las principales prácticas de gestión e información empresariales relativas al medio ambiente, así como a los modelos de costes aplicados para el cálculo de los de índole medioambiental.

Regulación contable en España

Como hemos visto con anterioridad, la regulación contable europea sobre medio ambiente data de 1997, por ello no es de extrañar que en España no haya sido contemplada hasta momentos posteriores. En efecto, el Plan General de Contabilidad, PGC, de 1990 no contiene mención alguna al respecto, ha sido necesario esperar hasta que se produjeran ciertas adaptaciones sectoriales del mismo, a partir de 1998, para que se contemplara alguna referencia sobre este particular. Así, en la adaptación sectorial del PGC a las empresas del sector eléctrico promulgada en marzo de 1998, se contempla por vez primera la provisión para actuaciones medioambientales, aunque el desarrollo que se ofrece sobre la misma resulta algo escaso. En posteriores adaptaciones sectoriales del PGC a las sociedades concesionarias de autopistas, túneles, puentes y otras vías de peaje (diciembre de 1998) y empresas del sector de abastecimiento y saneamiento de aguas (diciembre de 1998), se sigue en idéntica línea.

Desde un ámbito profesional, la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, AECA, emitió en 1996, a través de su Comisión de Contabilidad de Gestión, el Documento numero 13 sobre contabilidad de gestión medioambiental, el cual supone una guía para las empresas sobre el cálculo de dichos costes, poniendo especial énfasis en los informes medioambientales para la gestión, a cuyos efectos se presenta un cuadro de mando integrado por indicadores financieros y no financieros. Como su nombre indica, el citado documento está más orientado hacia el ámbito de la contabilidad de gestión que hacia el de la contabilidad financiera, dado que es este último el que constituye el objeto de este artículo, consideramos suficiente la mención anterior, para no desviarnos de nuestro objetivo principal.

En los informes anuales de algunas empresas españolas, de los que forman parte sus cuentas anuales, se contienen ciertas menciones a algunos estudios medioambientales realizados sobre sectores: peligrosos, eléctrico y químico. No obstante, conviene señalar que, hasta el momento, las menciones contenidas dentro del informe de gestión al que se refiere el artículo 202 de la Ley de Sociedades Anónimas son más bien escasas y puramente descriptivas; otro tanto ocurre con las cuentas anuales, en cuya memoria no suelen existir menciones expresas a la provisión para actuaciones medioambientales, aunque dicha partida se encuentre dotada en algún importe, por lo general, otras provisiones son objeto de mayores detalles y explicaciones.

A modo de conclusión

La creciente conciencia social sobre la necesidad de preservar y proteger el medio ambiente, ha originado la promulgación de leyes que tratan de atender dicha finalidad. España, como miembro de la Unión Europea, debe acomodar su legislación a las disposiciones emanadas de Bruselas. Dichas disposiciones tienen una indudable vertiente económica, puesto que originan costes e ingresos a favor o en contra de los diferentes agentes sociales implicados.

Uno de estos agentes sociales son las empresas, quienes deben asumir los compromisos económicos derivados de las actividades a desarrollar en pro de la protección, la conservación o la reparación del medio ambiente. Dichos compromisos se traducen en costes, que darán lugar a gastos medioambientales de forma inmediata o diferida, y en obligaciones, que deberán ser reconocidas como pasivos exigibles en cuanto sean susceptibles de estimación racional. Unos y otros, costes y obligaciones, deberán formar parte del balance y cuenta de pérdidas y ganancias incluidas en las cuentas anuales de las empresas.

Con independencia de lo anterior, cualquier contingencia u otra información relevante que pudiera afectar al medio ambiente como consecuencia de las actividades de la empresa, deberá ser objeto de cumplida información en la memoria de las citadas cuentas anuales, así como en el informe de gestión que, junto con las anteriores cuentas, deben publicar las sociedades.

Dada la trascendencia que actualmente tienen para las empresas, las citadas actividades dirigidas a la preservación y conservación del medio ambiente, y la política de transparencia económica en que las citadas empresas deben desenvolver sus actividades, los organismos internacionales emisores de normas de contabilidad financiera, están prestando atención preferente a la contabiliza-ción e información sobre las actividades medio ambientales desarrolladas por las empresas, siendo buena prueba de ello la regulación procedente de la Comisión Europea y del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad.

Por lo que atañe a nuestro país, con una muy incipiente regulación contable sobre este particular, que se inicia en 1998, debe profundizarse en esta, siguiendo los pasos ya establecidos en el ámbito internacional. Con ello será posible que la información contable financiera contenida en las cuentas anuales de las sociedades españolas permita formarse una idea más cabal, de cuáles son los costes incurridos y los compromisos asumidos en materia medioambiental por nuestras compañías.

Anexo

Norma Internacional de Contabilidad número 37. Provisiones e información sobre activos y pasivos contingentes

NIC 37, Apéndice C: Ejemplos de reconocimiento de provisiones

Ejemplo 2A: Terrenos contaminados, con una legislación cuya aprobación es prácticamente segura

Una empresa petrolífera produce contaminación, pero no sanea los terrenos que ha utilizado más que cuando la legislación del país en el que opera obliga a ello. Un determinado país en el cual tiene explotaciones no cuenta, hasta el momento presente, con legislación que le obligue al saneamiento de los terrenos utilizados. Sin embargo, es prácticamente seguro que, poco antes del 31 de diciembre del año 2000, se aprobará en el país en cuestión una ley, ahora en proyecto, que obligará a la empresa a sanear y limpiar los terrenos ya contaminados.

Obligación actual como consecuencia de un suceso pasado que ha dado origen a la misma: el suceso que da origen a la obligación es la contaminación de los terrenos, a causa de la práctica seguridad de la aprobación de la legislación que exige su saneamiento y limpieza.

Salida de recursos que incorporan beneficios económicos: Probable.

Conclusión: Se tiene que reconocer la oportuna provisión, por importe de la mejor estimación de los costes de saneamiento y limpieza de los terrenos

Ejemplo 2B: Caso de una obligación asumida de forma efectiva para sanear terrenos contaminados

Una empresa petrolífera, que produce contaminación en los terrenos que explota, opera en un país donde no existe legislación medioambiental. No obstante, la empresa cuenta con una bien conocida política medioambiental, según la cual toma bajo su responsabilidad la limpieza de toda la contaminación que produce su actividad. La empresa hace honor a sus compromisos.

Obligación actual como consecuencia de un suceso pasado que ha dado origen a la misma: El suceso que ha dado origen al compromiso es la contaminación de los terrenos, produciendo una obligación asumida de forma efectiva, puesto que la conducta de la empresa ha creado una expectativa válida, ante los afectados, de que procederá al saneamiento de la contaminación causada.

Una salida de recursos que incorporan beneficios económicos: Probable.

Conclusión: Se tiene que reconocer la oportuna provisión, por importe de la mejor estimación de los costes de saneamiento y limpieza de los terrenos.

Ejemplo 3: Plataforma petrolífera marina

Una empresa explota un yacimiento marino, y la concesión que tiene para hacerlo le exige retirar la plataforma petrolífera al final del período de producción y restaurar el fondo marino. El noventa por ciento de los eventuales costes tienen relación con la retirada de la plataforma y con la restauración de los daños causados por su instalación, mientras que solo el diez por ciento de los citados costes se derivan de la extracción del crudo. En la fecha de cierre del balance, ha sido construida e instalada la plataforma, pero no se ha comenzado la extracción de petróleo.

Obligación actual como consecuencia de un suceso pasado que ha dado origen a la misma: Es la construcción e instalación de la plataforma, según las condiciones de la concesión, el suceso que produce la obligación legal de retirarla y restaurar el fondo marino, y por tanto este es el suceso que da origen a la obligación. A la fecha de cierre del ejercicio, no obstante, no hay ninguna obligación de reparar los daños que se deriven de la extracción del crudo.

Una salida de recursos que incorporan beneficios económicos: Probable.

Conclusión: Se tiene que reconocer una provisión, por importe del noventa por ciento de la mejor estimación de los eventuales costes, que corresponde a los de retirada de la plataforma petrolífera y restauración de los daños causados por su construcción e instalación. Estos costes se sumarán al resto de los que compongan el valor contable de la plataforma. El restante diez por ciento de los costes, que surgirán por la obtención del crudo, se reconocerán cuando el petróleo sea extraído.

(...).

Ejemplo 6: Obligación legal de colocar filtros para el humo

Según la legislación recién aprobada, la empresa está obligada a colocar filtros para el humo en las chimeneas de sus fábricas antes del 30 de junio del año 2000. La empresa no ha colocado tales filtros:

a) A la fecha de cierre del balance, el 31 de diciembre del año 1999.

Obligación actual como consecuencia de un suceso pasado que ha dado origen a la misma: No hay suceso alguno que de origen a la obligación de incurrir en el coste de los filtros para el humo ni en las multas que la legislación prevea de no colocarlos.

Conclusión: No hay que reconocer provisión por el coste de los filtros para el humo.

b) A la fecha de cierre del balance, el 31 de diciembre del año 2000.

Obligación actual como consecuencia de un suceso pasado que ha dado origen a la misma: No se ha producido todavía ningún suceso que haya dado origen a una obligación en lo que se refiere a los costes de colocar los filtros para el humo, puesto que no se ha procedido a colocarlos. No obstante, y en virtud de lo que prevea la legislación, ha podido surgir una obligación de pago de multas o sanciones, puesto que se ha producido el suceso que da origen a la sanción (el incumplimiento de las normas de funcionamiento en las fábricas).

Salida de recursos que incorporan beneficios económicos: La evaluación de la probabilidad de incurrir en multas o sanciones por el incumplimiento de las normas de funcionamiento en las fábricas, depende de los detalles concretos de la legislación, así como de la seriedad del régimen de vigilancia y aplicación de la normativa.

Conclusión: No hay que reconocer provisión alguna por los costes de los filtros para el humo. No obstante, se ha de reconocer una provisión por importe de la mejor estimación de las multas o sanciones, siempre que haya más posibilidad de que sean impuestas a la empresa que de lo contrario.

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